La convocatoria de Blumberg, el jueves pasado, puede llamar la atención por su número, y más aún cuando se la contrasta con la patoteada oficial de D’Elia y la payasada de Pérez Esquivel, que como ocurre siempre en estas circunstancias acaba en una pelea entre los patoteros. D’elia, ex monaguillo y todavía agente de la Pastoral Social ,pretende hacer creer que apoyando a un gobierno que encubre al ‘gatillo fácil’ está defendiendo los derechos humanos. Finge ignorar que el embajador de Kirchner en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas vota siempre a favor de las tropelías que exige la pareja Bush-Rice, incluidos los crímenes de guerra cometidos por el sionismo. Pero la convocatoria no abrió ninguna perspectiva de salida a los llamados problemas de seguridad, ni tampoco sirvió para algo, ostensiblemente menor, como reforzar las posibilidades electorales de la oposición patronal al gobierno. El propio Blumberg se avivó de esta situación cuando reiteró que no era todavía candidato a nada, con el argumento de que él sólo se mete en empresas triunfadoras. Las contradicciones internas de la oposición derechista son todavía numerosas como para que puedan ser superadas por un Blumberg. Que éste haya ocupado un ostentoso espacio político demuestra, por el contrario, la falta de iniciativa de la oposición derechista y su necesidad de esconder la cara. Mientras los balances de las empresas registren abultadas ganancias; mientras la deuda externa se pague en tiempo; y, por sobre todo, mientras el orden capitalista necesite la protección que ofrece una gran dosis de demagogia y el apoyo militante de los burócratas sindicales y del centroizquierdismo — único medio disponible en el corto plazo para contener la agitación popular; mientras esto ocurra, en el campo capitalista Kirchner ocupa la ‘pole position’. Incluso con sus enormes contradicciones. Blumberg quiere resolver los problemas de la inseguridad cotidiana con las mismas propuestas con que Bush quiere manejarse para imponer ‘el nuevo orden mundial’. Así lo demuestra su exigencia de una renovación de los DNI y el establecimiento de una base de datos, que Menem intentó concretar en su hora y que Kirchner ya tiene en estado avanzado de realización, que otorgará al Estado una información completa del pasado, presente y futuro de cada ciudadano y la posibilidad por lo tanto de conspirar permanentemente contra los derechos y libertades individuales. Clarín (4/9) la caracteriza como “una suerte de ficha personal de cualquier ciudadano (a disposición del Estado) que resultará una radiografía sobre su vida”. La base, además de la información de rutina, incorporará los datos financieros, impositivos, comerciales y por supuesto policiales, además de las andanzas de las personas por el mundo y su ADN (además del control de internet). De este control totalitario quedarán naturalmente excluidos todos los delincuentes, que aparentemente preocupan a Blumberg, porque la esencia del delito es la clandestinidad de los datos y la falsificación de los movimientos, y la asociación íntima con los organismos que los confeccionan. En la jerarquía delictiva los más beneficiados serán los altos funcionarios y los grandes capitalistas, que nunca podrían ejercer plenamente sus oficios sin recurrir a esos métodos. Toda esta información estará en manos de los servicios secretos y de seguridad y en manos de las redes internacionales que los conectan. El estado de derecho se transformará en un estado de policial o de emergencia — o sea donde la arbitrariedad será impuesta por razones de ‘necesidad y urgencia’. Como Blumberg ya ha dicho que “si cumplen, no me meto en política”, la circunstancia de que el gobierno ya tiene adelantados los proyectos que pretende el ingeniero, está indicando que, en lo político-electoral, estaría al servicio del mejor postor. Otro conjunto de informaciones muestran que la ‘movida’ de Blumberg tiene relación con una interna del peron-kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, donde son muchos los que piden la cabeza de Solá (no solamente Macri, Carrio o Storani, sino más que nadie Aníbal Fernández y Pampuro). No es casual que Blumberg la emprenda contra un ministro de aquel — Arslanian, quien ¡como jurista! ha sentenciado que Solá está habilitado para la reelección. Desde el punto de vista policial, Blumberg y Arslanian representan a dos ‘lobbys’ policiales rivales. De acuerdo a una información de DyN, dos mil policías desplazados de la bonaerense custodiaron el acto de Blumberg. Las ‘depuraciones’ de Arslanian no acaban de otorgar seguridad a nadie, como lo prueba su reciente reclamo de cincuenta mil policías más en la provincia. De este modo se va a confirmar un viejo relato de Marx, que a partir de un delincuente y de la necesidad de un policía para combatirlo, mostraba una vía capitalista para superar la desocupación. Una información oficial acerca de la separación de más de dos mil policías bonaerenses revela que casi ninguno fue llevado a la justicia, o sea que reina la impunidad más completa en la institución encargada de impedirla. Más que una depuración tenemos un pacto de complicidad entre el gobierno y los funcionarios que cometieron delitos en sus funciones o fuera de ellas. La inseguridad cotidiana parte, en primera instancia, de esta complicidad. ¿Por qué debería sorprender, entonces, la información de que, en los últimos diez años, “hubo 576 armas de guerra involucradas en robos a bancos, blindados y secuestros. Se puede suponer que todas, o la mayoría de ellas pertenecieron a arsenales de las fuerzas armadas o de seguridad”? (Perfil, 3/9). Ni Kirchner ni Blumberg pueden ir hasta el final en la pelea porque desatarían una guerra entre aparatos policiales y ex o para-policiales interrelacionados. Este fue el sentido de la advertencia de Blumberg de que la salida “es el voto”. La lucha contra la inseguridad cotidiana es una lucha contra el Estado y sus aparatos de espionaje y persecución; sólo entendida de este modo puede ser consecuente. No es que el tema seguridad ‘no sea de derecha ni de izquierda’, ni tampoco que lo sea sólo de derecha; la derecha toma la cuestión de la inseguridad para evitar que se ponga de manifiesto que es el resultado del Estado capitalista y de sus agencias. La izquierda no lo toma porque no propugna la destrucción del Estado capitalista, sino su revoque (ya no se puede hablar de reforma). En Europa encabeza a las fuerzas de ocupación en Afganistán y Líbano, y en nuestro continente en Haití. La inseguridad ha cobrado una magnitud inusitada en la vida cotidiana como consecuencia del crecimiento descomunal de los aparatos conspirativos del Estado, es decir que no rinden cuenta a nadie más que a su propia burocracia. Estos aparatos no se han desarrollado como una respuesta a la delincuencia, sino que el crecimiento de la delincuencia es el resultado del crecimiento monstruoso de los aparatos de coerción estatales. Estos aparatos han crecido en forma descomunal para ejercer la represión política y social; han crecido debido al armamentismo, a la defensa del ‘frente interno’ durante las guerras o durante su periodo de preparación; se han desarrollado para una acción de espionaje y el control popular. O sea que son una expresión de la necesidad de convertir al Estado en un órgano de contención y control debido de la agudización de la crisis social y de la polarización social, y al derrumbe social y a los conflictos terribles que emergen de ese derrumbe. Más que nunca ubicados por encima de la sociedad en su conjunto, estos aparatos, que pasan a ser incontrolables, han armado sus propias redes, sus cajas recaudadoras, sus negocios, sus propias conexiones delictivas o aparatos de delito. De esta manera, la ‘lucha’ contra la delincuencia se ha convertido en un combate entre aparatos delictivos de los propios organismos de seguridad y ‘prevención’. El Estado capitalista ha entrado, en estas condiciones, en contradicción consigo mismo, porque para asegurar el orden social sobre el que se asienta, se ve obligado a minar o sabotear el principio básico de cualquier organización social — la seguridad individual. Lejos de ser un asunto entre policías y ladrones es una expresión poderosa de la tendencia a la disolución del Estado a partir de sus propias premisas. Se trata de una expresión negativa, porque no tiende a la abolición de ese Estado, sino a su recreación sobre bases aún más disolventes. Refleja también una insuficiente actividad política de las masas, la cual plantearía la supresión positiva del estado capitalista, o sea por medio de una revolución social. Como decía un informe de la policía de Berlín, quince días antes de la revolución del 19 de marzo de 1848: La situación es grave, no se reportan delitos, la gente está preparando una revolución. Hoy, en Argentina, nos encontramos ante un cruzamiento excepcional de las tendencias indicadas. Una fuerte tendencia disolvente en los aparatos de la policía, los servicios, la justicia, por un lado, y una fuerte lucha popular contra ese Estado, que se expresa en las movilizaciones contra el ‘gatillo fácil’, la desaparición de jóvenes, el escrache a jueces y funcionarios, por el otro — incluida la caída de algunos gobiernos locales. Los Blumberg pretenden desviar esta acción popular hacia un objetivo de reforzamiento de los aparatos responsables de la inseguridad; en esto ha coincidido y sigue coincidiendo con Kirchner, el cual, sin embargo, está obligado al mismo tiempo a ensayar tentativas inconsecuentes y escamoteadoras de depuración, incluso en algunos sectores de las fuerzas armadas, pero confinándola, por sobre todo, al personal que ya está en retiro. Kirchner fue uno de los grandes represores de las asambleas populares de 2002, en Río Gallegos; el que envió a la Gendarmería a Las Heras; y el que acaba de organizar, infructuosamente, el apaleamiento de una movilización multi-sindical, de nuevo en Río Gallegos, o sea siempre en la provincia de Santa Cruz. Kirchner ha llegado a la Rosada con una patota propia de represión, por lo que sólo está en condiciones de dar lecciones de democracia a D’Elia y Pérsico. Los trabajadores tenemos que tomar la cuestión de la inseguridad en nuestras manos, no dejársela a los Blumberg, ni tampoco a los ‘derecho-humanistas’ que se han pasado al campo del gobierno o que se limitan a reclamar derecho al poder judicial, no solamente corrupto, sino, peor, defensor de los aparatos represivos. Tomar la cuestión en nuestras manos quiere decir, en primer lugar, con nuestra organización y con nuestro programa, que en esencia es la disolución de los aparatos represivos y el reemplazo de los gobiernos capitalistas que se apoyan en organismos burocráticos de coerción, por gobiernos de trabajadores basados en comités o asambleas de obreros y del pueblo que trabaja. Es lo que ha ocurrido y debe seguir ocurriendo con la movilización junto a los familiares de Cromañón o por el crimen de la Dársena en Santiago del Estero o, ahora, por el asesinato de Paulina Lebbos, la desaparición de Beatriz Argañaraz y de Marita Verón y tantos otros, en Tucumán; o como ocurre en el Bajo Flores, Esteban Echeverría, Ingeniero Budge, Lanús, Solano y tantos y tantos rincones de la Argentina obrera y popular.