Prensa Obrera N° 958

-¿Cuáles son los reclamos que los llevaron a organizarse? -Nosotros reclamamos nuestra jubilación. En septiembre de 2004, Kirchner firmó el decreto 1197, un decreto con grandes deficiencias discriminatorias, para los compañeros de la Terminal 6 y para dos empresas. Quedaron en condiciones de jubilarse unos 150 compañeros. Nosotros presentamos una denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos, y salió una resolución que dice que nosotros debemos ser incluidos en los alcances del decreto en las mismas condiciones que los compañeros de la Terminal 6. Con esa resolución fuimos a la Administración General de Puertos (AGP), y nos dijeron que nosotros no éramos estibadores. Así tuvimos que empezar la lucha con los primeros compañeros que habíamos podido convocar. Salimos a buscar al resto, por todo el conurbano, y nos fuimos juntando (…) Y el decreto fue y vino un montón de veces desde la AGP a la secretaría de Transporte, y siempre faltaba algo. Empezaron las movilizaciones, el corte de las avenidas y accesos portuarios. No estamos dispuestos a que nos manoseen porque estamos reclamando lo que nos corresponde. Hubo idas y venidas, hubo refriegas con la policía, y en el curso de esta lucha murieron quince compañeros, por enfermedad, porque muchos ya venían muy mal (…). Consideramos que esta tardanza tuvo que ver con maniobras dilatorias (…) Jaime, de Transportes, está más preocupado por privatizar la Terminal 6 que por dar el beneficio a los trabajadores... El miércoles pasado fuimos a la Plaza de Mayo con todos nuestros compañeros y ahí chocamos con la Federal. La firma del decreto se está dilatando. En este proceso de lucha hemos hecho la unidad con apuntadores marítimos, con los rachines, que son los trabajadores del Saon, con los maquinistas y con todos los trabajadores portuarios, que también han sido afectados por el decreto 817. Consideramos que la unidad debe ser amplia. También charlamos con la nueva conducción del Supa y con la Federación. Hicimos plenarios con los delegados que están trabajando y ahora estamos preparando otro. Estamos muy interesados en el destino de los compañeros nuevos que están trabajando y ellos están muy interesados en lo que nos está pasando a nosotros. El miércoles pasado vinieron compañeros de todas las terminales para acompañarnos en la marcha, exigiendo la firma de este decreto. El 12 de julio fuimos al Senado a repudiar a Menem, que con el decreto 817 mandó a la muerte a 4.800 estibadores, de un padrón de 8.000. El 60% de nuestros compañeros han fallecido porque quedaron sin trabajo, fueron abandonados, fueron víctimas de este genocidio del Partido Justicialista: Duhalde , Menem, Ruckauf y toda la mierda del PJ. Mandaron a la muerte a nuestros compañeros. Nosotros ya no hablamos sólo de estibadores; hablamos de trabajadores portuarios, porque hay compañeros de otros gremios. El decreto va a salir como una victoria de la lucha de los portuarios, y tenemos como convicción de todos los compañeros, que ninguno de nosotros nos vamos a ir a casa sin la jubilación digna.

Desde hace casi tres semanas, 12 delegados de las comunidades wichi, toba y pilagá están en huelga de hambre, prácticamente secuestrados en un cuarto de 3x3 de la Casa de Gobierno. Algunos de los huelguistas tienen tuberculosis y chagas, y los médicos han indicado que su salud está en grave riesgo. Duermen en el suelo y la luz eléctrica está permanentemente encendida, lo que les dificulta descansar y provoca fatiga adicional a los huelguistas. A pesar del deterioro físico, los ayunantes reafirmaron su decisión de continuar con la medida de lucha y se niegan a ser hospitalizados. La estrategia del gobernador radical Roy Nikisch fue aislarlos: impidió la entrada a legisladores y la prensa. Recién en estos últimos días, ante la repercusión nacional de la lucha de los indígenas chaqueños, autorizó el ingreso de los abogados. Está convocada una gran movilización, para la que están en camino “a pata y pulmón” todas las comunidades del Chaco. Mártires López, de la Unión Campesina, ha denunciado que la policía les está impidiendo el paso en algunos lugares. Las comunidades declararon la huelga el 21 de julio, después de cortes de ruta y una gran marcha a Resistencia. En la plaza de Casa de Gobierno acampan cerca de un millar, acompañados por otras organizaciones, entre ellas el Polo Obrero. Orlando Charone, dirigente del Idach (Instituto del Aborigen y representante de los aborígenes) electo en asamblea anunció que “nos estamos organizando para volver a cortar las rutas”. El 92% de los aborígenes chaqueños vive en la indigencia. Los gobiernos radicales de Nikisch y de Rozas les han robado 2,5 millones de hectáreas del Impenetrable, entregándolas a la especulación inmobiliaria, a los terratenientes madereros y sojeros, y a sus testaferros. Los wichis, tobas y pilagás exigen la devolución de sus tierras, la entrega de títulos de propiedad, la renuncia del intendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner (que los excluyó de la ayuda por las inundaciones), mayor presupuesto para el Idach (Instituto del Aborígen); entrega de 500 viviendas anuales; la intervención del Instituto de Colonización por la entrega ilegal de tierras en la última década, y títulos oficiales para docentes bilingües. El gobierno de Nikisch — que puso en venta por decreto incluso tierras catalogadas como de reserva — contestó aislándolos y con una feroz campaña racista. Los huelguistas de hambre anunciaron que levantarán su ayuno si el gobierno cumple al menos una de las reivindicaciones planteadas. Bonafini desautorizada La semana pasada, Hebe de Bonafini visitó Resistencia y prometió la “intermediación” del gobierno nacional. Pero Luis D’Elía, funcionario oficial, ya había advertido que “el problema no involucra al gobierno nacional porque tiene carácter provincial” (DyN, 31/7). Bonafini exigió la renuncia de Nikisch, un radical que no aceptó la propuesta de concertación de Kirchner. Cuatro comunidades han desautorizado su gestión declarando que están “en contra de que algunos quieran montarse en nuestra lucha (...) Si hay que sacar al gobierno provincial, deberá ser como consecuencia de la lucha unida de todos los sectores de nuestro pueblo para construir un gobierno de emergencia que exprese a todos los sectores que se han unido. No estamos de acuerdo en un cambio por arriba de quienes no muestran políticas diferentes, porque benefician a un puñado de poderosos, de la tierra ni habla y el superávit del presupuesto nacional no es para las necesidades del pueblo”.

El jueves 3 de agosto comenzó a dictarse el curso “Clase obrera y sindicatos” en el local de San Justo. El curso está destinado a la formación de nuevos cuadros obreros con los que tomamos contacto durante el último año a través de una permanente agitación en puertas de fábrica y nuestra presencia en todas las luchas distritales. Participan catorce compañeros de diferentes gremios (metalúrgicos, gráficos, plásticos, televisión). Una parte son delegados; la otra, jóvenes activistas que en su gran mayoría trabajan en importantes empresas que no permiten la organización gremial y tienen a los trabajadores tercerizados, contratados o como monotributistas. La actividad, con esa calificada concurrencia, será el punto de partida para la formación de nuevos círculos obreros en la zona.

El conflicto se inicia con el despido de nuestro compañero Matías Marzoratti, uno de los compañeros más representativos; por eso lo echaron. Los trabajadores realizamos una asamblea y allí decidimos un paro dentro de la fábrica que se inició el 28 de julio. Lo acompañamos con movilizaciones al Ministerio, cortes de dos carriles de Camino de Cintura, frente a la fábrica. La empresa nos intimó a desistir de nuestras acciones pero decidimos continuar porque lo nuestro es un reclamo justo. Ayer, el ministerio dictó la conciliación obligatoria y el mismo día la empresa despidió a 30 compañeros. -En total, ¿cuántos despidos hay? -Mirá, estamos entre los 40 y los 45 despedidos. Los telegramas todavía están llegando... -¿Cuáles son las perspectivas a partir de ahora? -Lo más importante es ampliar, llevar el conflicto a todos lados. Es importante aclarar que los trabajadores acataron la conciliación, apenas fue dictada, en un 100%. Apenas salió nosotros volvimos a nuestros puestos de trabajo; la empresa la violó con los nuevos despidos. -¿Qué pasa con el sindicato? -El sindicato brilla por su ausencia y eso es lo que nosotros vemos mal. Porque todo esto sería más fácil si contáramos con su apoyo. Pero ellos ni siquiera reconocen el conflicto, por eso todo es más complicado. -¿Cuál es la relación con los compañeros que no se suman a la lucha? -Ellos dicen que no participan "porque tienen familia". Pero los que estamos acá también tenemos familia. Y tenemos bronca... pero nunca utilizamos ni vamos a utilizar la violencia, no es lo que queremos hacer. Tenemos aguante y nos vamos a defender pero no vamos a recurrir a la violencia. Y si no participan que dios los ayude porque nosotros no los vamos a ayudar; lo único que queremos es terminar con las injusticias de la patronal, nada más. -¿Qué es lo que hay planteado?; ¿Cómo sigue la lucha a partir de ahora? Con movilizaciones a la planta, con cortes para revertir esta situación. Nosotros somos trabajadores: queremos trabajar.

El movimiento de lucha por el reclamo de pase a planta permanente de los trabajadores que con un plan jefa/as de hogar para desocupados cubre cargos en el estado provincial y municipal realizará una Asamblea Provincial el próximo sábado 12 de agosto para unificar las experiencias y luchas que se vienen desarrollando desde hace un mes, afianzar la organización extenderla provincialmente y votar un Pan de Lucha hasta conseguir el reclamo. En los últimos días en el departamento San Martín se realizaron masivas movilizaciones y asambleas por este reclamo. Por la zona estuvo uno de los coordinadores del movimiento Rubén Morales, quien en la conferencia de prensa expondrá los avances de esta lucha y la importancia de la asamblea provincial. También estarán presentes los concejales Carlos López y Diego Toro, impulsores de la Campaña nacional contra el trabajo en negro que lleva adelante el PO. LUNES 7 DE AGOSTO 10,30 HS. EN PLAZA GÜEMES- FRENTE A LA LEGISLATURA Pablo Avila Prensa PO — 0387-4322247 ____________________________________________________ Notas: Diego Toro: 154-043740 Carlos López: 155-008605

Ante el empantanamiento de las negociaciones para la renovación de su contrato colectivo, los mineros sindicalizados de La Escondida, una de las mayores minas de cobre del mundo, han salido a la huelga. Reclaman un 13% de aumento y una bonificación de unos 30.000 dólares por trabajador. Son dos mil mineros en una huelga que ya lleva tres días. Desde el último acuerdo salarial, hace ya tres años, el precio internacional del cobre se quintuplicó. Los beneficios amasados por la empresa en estos tres años han sido extraordinarios. El bono que reclaman los mineros equivale, apenas, al 7% de las ganancias líquidas mensuales de la mina. Escondida, de propiedad de un consorcio que incluye a las multinacionales BHP Billiton y Río Tinto (y al Estado chileno como socio minoritario), es la mayor mina de cobre privada en Chile y una de las mayores en el mundo. De Escondida sale 8% de la producción mundial total de cobre. La huelga disminuyó el abastecimiento mundial del mineral en casi 10%. Hasta el momento, la patronal ofrece 3% y un bono de 16.000 dólares. El sindicato minero rechazó esta oferta. El año pasado, fueron a la huelga los trabajadores tercerizados de La Escondida en reclamo de un bono (de algo menos de 1.000 dólares) y su pase a planta permanente (las diferencias entre sus salarios y el de los sindicalizados es enorme). El pliego del sindicato no contempla la situación de estos trabajadores.

De esta manera se puede sintetizar el monumental fraude que acaba de perpetrar la Corte Suprema con relación a los jubilados. Porque, como señalan todos los diarios, después de reconocer algo tan obvio como imposible de ocultar, nos referimos a la confiscación de las jubilaciones perpretada desde 1994 en adelante — ¡durante 12 años! — la Corte no repara el agravio sino que le vuelve a pasar la responsabilidad a los poderes políticos que consumaron esa confiscación. Es decir, al Gobierno y al Congreso, cuya mayoría oficialista viene de delegar sus poderes presupuestarios en el Ejecutivo. La Corte ha producido una insólita ‘no-sentencia’, que representa un violento ataque contra los derechos de los jubilados ¿Habrá que procesarla por “incumplimiento de los deberes” y por violación a la división de poderes? Pero la Corte no sólo ha facultado a los confiscadores de las jubilaciones, sin fijarles siquiera un plazo, a que dictaminen sobre la movilidad jubilatoria derogada por Menem-Cavallo, sino que además les preparó el terreno para que lo hagan en conformidad con la violación de los derechos que supuestamente deberían proteger. A tal fin, el llamado Alto Tribunal revisó los criterios de actualización y de movilidad de las jubilaciones, dándole un aval a la ley confiscatoria madre. Aunque desde EEUU, Cavallo debe estar festejando esta reivindicación histórica y judicial, el periodista vocero del Boletín oficial Mario Wainfeld tiene la desfachatez de decir que la decisión de la Corte le imprime “un rumbo al país distinto al que le impuso el neoconservadurismo” (Página/12, 9/8). La verdad es que, de acuerdo a toda la legislación previsional, las jubilaciones deben actualizarse por el índice de salarios, lo cual no impide, por otra parte, el deterioro de los haberes, cuyo poder adquisitivo depende de la inflación. Pero en lugar de decirle al gobierno que aplique el criterio legal, como sí lo hicieron los jueces de primera y segunda instancia, que “ajustaban los haberes con índices salariales que iban del 35 al 45%, para el período enero 2002 a julio 2005” (Clarín, 9/8), la Corte “deja a la prudencia legislativa la determinación del método” (ídem). Pero, ¿por qué es necesaria en este caso una ‘prudencia’, que sería completamente particular? Respuesta: por “la trascendencia de la resolución”, “la complejidad de la gestión del gasto público”, “las actuales condiciones económicas que requieren de una evaluación cuidadosa”, “las múltiples necesidades” que debe atender el gasto público. En función de esto, la Corte se estaría ‘autolimitando’, para evitar la intromisión de la Justicia en “las funciones de otros poderes”. Pero a esos mismos ‘factores’ de ‘prudencia’ han recurrido los gobiernos capitalistas desde el de Menem-Cavallo, para violar la movilidad jubilatoria y de este modo deprimir las jubilaciones y generar un superávit fiscal que permita pagar la deuda pública al capital financiero. Por eso en el gobierno saludaron el fallo. “En los despachos oficiales creen que la Corte Suprema le hizo un guiño al gobierno (...) La versión oficial es que la cuestión se resolvió mejor de lo esperado, si se tienen en cuenta fallos anteriores, de primera y segunda instancia, que obligaban al gobierno a actualizar jubilaciones en casos particulares por un índice salarial” (Página/12, 9/8). “El fallo es positivo porque establece que la movilidad de las jubilaciones no es facultad de la Justicia, como decían fallos de primera y segunda instancia, sino del Congreso”, dijo el titular de la Anses, Sergio Massa (Página/12, 9/8). “La Corte supo preservar la función de cada uno de los poderes del Estado”, señaló Massa. En ese punto, los jueces supremos se diferenciaron de las diferentes salas de la Cámara de la Seguridad Social, que dictaron fallos definiendo qué índice de actualización debía utilizarse. De haber seguido la Corte ese criterio, los jubilados con juicio que obtuvieran su fallo sí habrían tenido un efecto más directo reflejado en sus bolsillos, sin tener que esperar un debate de los legisladores” (La Nación, 9/8). ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Seguramente el gobierno incluirá en el Presupuesto de 2007 alguna partida de aumento de las jubilaciones que le permita decir que cumplió con lo que le marcó la Corte. De la retroactividad por el período de 1995 a 2006 no habrá nada y para adelante el aumento quedará absorbido por la propia inflación de 2007. Para seguir pagando la deuda pública financiera, el gobierno no tiene inconvenientes en desconocer, aquí sí, la deuda pública que se ha acumulado con los jubilados desde 1995. En lo inmediato, el fallo de la Corte ‘garantista’ produce, además del congelamiento de todas las causas en trámite, inclusive con fallos de Cámara favorables a los jubilados, la paralización de cualquier reclamo judicial por parte de los jublados, que han sido anoticiados de que no prosperarán. Por todo eso, decir que, “nuevamente, la Corte amplía la agenda en un sentido progresivo” es aplaudir la mayor confiscación de las jubilaciones de toda la historia argentina, del orden de los 9.000 millones de pesos anuales durante cinco años. Proponemos, concretamente, preparar una gran movilización de protesta contra este fallo inicuo y un plan de lucha por el reconocimiento integral del 82% móvil y el reconocimiento de toda la deuda acumulada por el Estado en perjuicio de los jubilados desde 1995. No hay ningún inconveniente en que esta deuda se pague en forma integral, para lo cual sólo se necesitaría gravar directamente a los grandes pulpos por una suma equivalente, en momentos en que están obteniendo las ganancias más grandes de la historia.

El 1º de agosto, la dirección celeste del sindicato de trabajadores de la educación, encabezada por Gustavo Maure, se proponía reformar los estatutos para anular el plenario provincial de delegados escolares, su instancia más democrática. Para lograr su objetivo, armó el plenario en San Rafael, la ciudad más alejada del centro de Mendoza que pudo encontrar. Desde un principio, se vio que había preparado todo: llevó al menos 200 delegados truchos con automandato o que se afiliaban al sindicato en la fila de acreditaciones. Para aprobar la reforma, debía obtener los dos tercios de la votación. Se votaron dos propuestas: la celeste y otra presentada por la "Asamblea por la Recuperación del Sute", formada por delegados independientes y todas las agrupaciones de oposición. La votación se produjo en medio de un clima de tensión. Al final, ni siquiera con trampa le dieron los números. Los rostros de los burócratas anticiparon el resultado. No pudimos evitar, en medio de la alegría por haber derrotado la maniobra, que se nos escapara un "se va a acabar, se va a acabar la burocracia sindical", que retumbó como una hermosa melodía en el Teatro Roma de San Rafael.

Para el sábado 12 está convocada la asamblea de trabajadores de los planes que cumplen funciones en organismos del Estado. Las experiencias vividas en cada localidad de la provincia donde el movimiento se pone en pie son enriquecedoras y muestran la necesidad de una lucha a fondo y de conjunto. En el Departamento San Martín, venimos de tener una movilización y acto-asamblea el jueves 3 en Tartagal y una asamblea y movilización en Mosconi el viernes 4. De estas experiencias se resolvió de conjunto llamar a una nueva asamblea Departamental para el jueves 10 de Agosto en la Plaza Central del Tartagal. La deliberación y el intercambio de propuestas fueron de gran importancia. Los compañeros de la escuela De León de Mosconi están vendiendo empanadas para pagar el pasaje a Salta. Los de la escuela Milanessi de Tartagal hacen colectas y recibieron la adhesión de los docentes. Lo mismo en la Uriburu y en sectores del hospital. La experiencia de la organización no es nueva para los compañeros de los planes. Pero es la primera vez que se emprende un movimiento de conjunto con los métodos de la clase obrera. Claro que las asambleas por lugar de trabajo deben ser más sistemáticas. El cuerpo de delegados debe convertirse en una verdadera dirección del movimiento, tomando en sus manos las iniciativas de la lucha y la organización. Además estamos recibiendo presiones por parte del estado y de los partidos del régimen. Incluso, en Mosconi, de la propia UTD. Los diputados del Frente de la Victoria están intentando cooptar a los compañeros del APS para que abandonen la lucha y vayan detrás de ellos. Les “recomiendan” que no se junten con los del PO. Por otra parte, la UTD de Pepino Fernández les dijo que si se "metían" con el PO ellos no se hacían responsables de posibles bajas. De todas formas en la asamblea del viernes en Mosconi, se reivindicó la unidad y la necesidad de sumar amas compañeros a la lucha. Por iniciativa de la bancada del Partido Obrero se aprobó en el Concejo Deliberante una declaración de solidaridad con la lucha de los trabajadores de los planes sociales, contratados y subcontratados que cumplen funciones en el estado. En Tartagal, la participación directa de nuestro concejal, Pepe Barraza, en la organización de los compañeros ha tomado una gran importancia. La Asamblea Provincial del 12 en Salta será un gran salto político en la intervención de los trabajadores de los planes en situación provincial.

En el diario Río Negro (21/7), tras una larga nota, destacando de manera jocosa y hasta con un toque de simpatía hacia la candidata del Psol, Heloísa Helena hace declaraciones que caen como una bomba difícil de digerir. Se afirma que “Tampoco ha tenido problema en oponerse a causas clásicas de las mujeres de izquierda (...) En un debate en el Senado proclamó que no hay nada mas primitivo que el aborto y criticó su despenalización....” (Río Negro, 21/7). Cuando un medio burgués como el diario Río Negro destaca lo “simpático” del discurso “rebelde” de la candidata, hay que empezar a preocuparse. De igual modo, esto no es algo que preocupe al Psol, ya que como bien proclamaron en su programa (Programa do Partido Socialismo e Liberdade) ellos pelean por la defensa del socialismo con democracia, pero lógico, con la democracia burguesa que hace de las mujeres trabajadoras la fábrica de mano de obra barata. Y defienden tan consecuentemente la democracia que entre sus filas se encuentra Plínio de Arruda Sampaio, reconocido cuadro de la Iglesia católica. Cualquier coincidencia no es mera casualidad. De igual manera que sus representantes en Argentina, el MST-1 (Alternativa) reculan en chancletas frente a la Iglesia y la burguesía. No olvidemos que el MST-1 no sólo llevó de candidato al ultra clerical Mario Cafiero, sino que no dijo una sola palabra frente a las posiciones reaccionarias de éste ante el aborto, los travestis y la comisión que impulsó durante el año 2000 para recibir confesiones de religiosos que colaboraron con la dictadura. Las declaraciones de Heloísa se parecen mucho a la expresión de Cafiero en el tratamiento del proyecto de ley de salud y procreación responsable en el año 2001 cuando el “progre” declaró: “Sinceramente este proyecto me da ganas de vomitar”. Ni socialistas, ni de izquierda Cuando el aborto clandestino es una de las principales causas de muerte de las mujeres trabajadoras en América Latina, es una verguenza escuchar estas opiniones por parte de organizaciones que se reivindican de izquierda. Las mujeres trabajadoras debemos ir por nuestra organización independiente del Estado y el clero, principales responsables de nuestra opresión de genero y de clase. Ni los Cafiero con su proyecto nacionalista burgués, ni las Heloísa con sus frentes populares son la salida. Nuestra salida es la construccion de una alternativa realmente obrera y socialista.

Hasta en los matrimonios más exitosos las relaciones carnales sufren un desgaste cuando se ven sometidos a crisis como la de 2001. No hay psicólogo que albergue dudas al respecto. ¿Pero es cierto lo que pretende Kirchner de que el lecho se ha deshecho? Respuesta: Argentina sigue siendo una “aliada extra Otan” de Estados Unidos, como lo estableciera el pasado gobierno de Menem. Kirchner nunca revisó este acuerdo firmado por su predecesor. Esta condición se manifiesta en un punto que ni Kirchner ni Bush contradicen: la colaboración de Argentina en la ‘lucha contra el terrorismo’. Traducido al criollo, se refiere a la colaboración de la CIA y el FBI con los ‘servicios’ de Argentina. No hay comunicado conjunto que no ratifique esta relación. Pero no solamente esto. La semana pasada, el representante no permanente de Argentina en el Consejo de Seguridad firmó la resolución que exige a Irán que cese sus investigaciones nucleares, una piedra fundamental de la política de Estados Unidos. Visto esto, lo más que se puede decir es que las relaciones carnales de Kirchner vienen acompañadas de preservativos. Siempre con relación al Medio Oriente, Kirchner ha juntado al Consejo Islámico con la Daia, por instigación del Consejo Judío Mundial, la cabeza del ‘lobby’ sionista en Estados Unidos. Esta coalición innoble convoca a una ‘paz’ sobre las espaldas y la sangre de las masas palestinas y árabes. ¿Y la presencia represiva del ejército argentino en Haití? ¿Están ahí para expresar una lucha antiimperialista? Al contrario, sirven para preservar a Estados Unidos de la necesidad de mandar tropas propias y para evitar una salida en masa de haitianos hacia las costas norteamericanas. Vista la campaña de Bush contra Cuba, a raíz de la operación médica que debió enfrentar Fidel Castro, una presencia militar internacional en el Caribe es perfectamente funcional para controlar una crisis en la región. Kirchner rechaza las relaciones carnales, pero mejor hubiera hecho en decirnos cómo va a votar Argentina en la ONU cuando Bush y Chirac presenten en el Consejo de Seguridad el proyecto de resolución que apunta a estabilizar la ocupación militar que Israel fue incapaz de conseguir en el terreno. Se bate mucho el parche (y con razón) por las relaciones de Argentina con Cuba. Pero entonces preguntamos: ¿por qué Wall Street sigue comprando, y a buen precio, los Boden 2012 que el gobierno de Venezuela y los bancos privados de ese país revenden en Nueva York? Chávez está metido en una pelea real por la autonomía de la política petrolera venezolana, pero no es el caso de Kirchner, que ha dado el visto bueno para que sus gobernadores ‘amigos’ (¡incluido Sobisch!) liciten las áreas petroleras no explotadas que habían sido concedidas por el gobierno nacional. El gobierno de Cobos, en Mendoza, va a firmar un acuerdo con Repsol para ese fin. En los medios financieros internacionales hay coincidencia de que el mejor negocio en Argentina es la minería — y no solamente porque sus precios subieron incluso más que los del petróleo. Sino principalmente porque está en vigencia un régimen de inamovilidad fiscal y cambiaria que protege a los pulpos de cualquier cambio impositivo o de variación de la moneda. Los pulpos mineros ganan como animales, pero hay que decir que están controlados por los fondos de inversión de Estados Unidos. Donde más ganan es en Catamarca, San Juan y... Santa Cruz — donde están asociados a una empresa ‘estatal’ de Kirchner (Fomicruz). Relaciones carnales hay. Lo más que se puede decir es que no la ventilan como los gatos.

En la tapa de su última edición, el periódico de Convergencia Socialista publica ocho fotos. En una fila, las de Jorge Altamira, Vilma Ripoll, Cristian Castillo y el Perro Santillán; en otra, las de Kirchner, Carrió, Lavagna y Macri. El título: “¿Por qué no se unen estos dirigentes contra estos otros?”. La aparente preocupación unitaria es apenas una excusa para tirar mierda sobre todos y cada uno. Estos “campeones de la unidad” acaban de exponer su política real en las elecciones del pescado en Mar del Plata. Contra los esfuerzos del activismo, agrupado en la Marrón-Bordó, para recuperar el gremio de manos de la burocracia, armaron una lista divisionista, junto con el MTR-Cuba y ex militantes del PC. El único papel de esta lista en las elecciones del pescado, en la que salió séptima (y última, lejos de la sexta), fue impedir el triunfo del activismo y de la izquierda. La Marrón-Bordó perdió por apenas 12 votos. Con mucho menos de los 68 votos que sacó la lista de Convergencia, el activismo y la izquierda se habrían alzado con un triunfo espectacular en las elecciones del sindicato industrial más importante de Mar del Plata. Convergencia Socialista lo impidió. La burocracia se los agradece. Convergencia Socialista, sin embargo, tiene razón en algo. En su artículo “unitario” afirma que “para hacer avanzar el movimiento” hay que “desenmascarar a los hipócritas entre nosotros”. Hay que empezar por la propia Convergencia.

El viernes 4, los artistas despedidos de la Secretaria de Cultura, junto al grupo de artistas plásticos Cien Ojos, la UJS y LuchArte realizamos una intervención artística en el principal paseo céntrico de la ciudad. En la Peatonal de Mendoza y Muñecas, los bailarines invitaban al público a dejar su huella en la escena y en la lucha de los artistas por una verdadera cultura popular. A la consigna “En defensa de la cultura y por la reincorporación de los bailarines”, sumamos la exigencia de espacios para los artistas. Contra las persecuciones oficiales a los artistas, incorporamos la consigna de libertad a los compañeros de Los Ralos, que por esas horas estaban detenidos por luchar contra el boletazo. Planteamos que quienes si deben ser despedidos son los 'capataces' culturales al servicio de los negocios y de un gobierno que reprime y persigue a los trabajadores. Levantamos firmas para el pronunciamiento por la reincorporación de los bailarines. Con la convicción de que esta lucha recién empieza, estamos preparando nuevas acciones. El ataque a la cultura es un aspecto más del ataque generalizado que el gobierno de Alperovich contra el pueblo tucumano. Es por eso que nuestra lucha debe confluir, necesariamente, con las luchas por las libertades democráticas, contra la inseguridad, contra la contaminación y a los pueblos que se levantan contra los impuestazos.

El PSol de Heloísa Helena, como lo comprobaron las encuestas de opinión, le ha sacado votos a Geraldo Alckmin del PSDB, gracias al carácter abiertamente derechista de su campaña. Sus apariciones y propaganda no sólo no están centradas en ninguna defensa de las reivindicaciones de los trabajadores sino que, además, están enderezadas a levantar reivindicaciones abiertamente patronales, como la reducción de tasas de interés, los subsidios para los empresarios, el desvío de las partidas públicas para las terminales a través del BNDES, y al tiempo que levanta planteos contra la organización de los trabajadores para atraer un electorado de derecha. Una de las últimas declaraciones de Heloísa Helena en la prensa es que su gobierno “no va a tener invasiones de tierra” (www.ig.com.br, 1/8). Se justificó enseguida diciendo que hará un gobierno “más competente” y que hará la reforma agraria conforme lo establece la ley, y que para el PSol “los criterios definidos por la legislación son exactos, objetivos, no cabe especulación ideológica o programática (...) Hay que hacer como manda la ley, que no es genérica” (ídem). Vale aquí resaltar que las “leyes” fueron elaboradas durante el período de la dictadura militar y que están lejos de significar alguna solución para los sin tierra. Completó diciendo además que “infelizmente, la reforma pasó a ser vista como una bandera de izquierda por la incompetencia, irresponsabilidad e incapacidad de los gobiernos de cumplir lo que manda la Constitución, el orden jurídico vigente”. Fue a mediados de los años ’80 cuando el gobierno de José Sarney del PMDB, aprobó el estatuto de la Reforma Agraria que se encuentra vigente en la legislación asumiendo así, bajo la crisis del gobierno militar, el papel de defensor de las clases dominantes y de los elementos de la dictadura, en una supuesta apertura del régimen político, contra decenas de miles de huelgas que paralizaban la producción del país. Desde entonces se ha puesto en práctica el programa que el PSol defiende hoy. La completamente fracasada distribución de algunas tierras improductivas, mientras en el campo se les dan los mayores subsidios de todos los tiempos al agronegocio y al latifundio, es el programa sin excepciones de todos los gobiernos burgueses desde entonces. La única propuesta en defensa de las familias sin tierra es la defensa de la movilización de millones de familias contra el latifundio para tirar abajo la verdadera barrera que impide actualmente la distribución de tierras. La verdadera reforma agraria supone, por lo tanto, la expropiación de todas las tierras de los latifundistas a través, no sólo de ocupaciones de tierras, sino de una revolución social en el campo contra la burguesía, cuyos pasos deberán ser definidos y organizados por los propios trabajadores de la ciudad y del campo, que deberá poner por encima de todo la supervivencia de la inmensa mayoría explotada del campo en primer lugar.

Todo el cabildeo entre el gobierno, las patronales y la burocracia sindical en torno de la llamada ley de riesgos del trabajo gira en torno a tres puntos centrales: cómo mantener y defender a las ART como un negocio capitalista que lucra con los accidentes y la vida de los trabajadores; cómo impedir que los trabajadores accidentados o sus familiares puedan cobrar un resarcimiento integral, como ocurre con cualquier persona que sufre un daño; y cómo liberar a las patronales de las responsabilidades civiles. Si a una persona le es infringido un daño, ella puede demandar ante la Justicia el pago de una indemnización integral, incluido lucro cesante y daños morales y punitivos. En cambio, por la ley de riesgos del trabajo, el trabajador está obligado a cobrar una indemnización o renta tarifada, muy inferior a la que establecería la Justicia civil. Con esto, las patronales se aseguran varias cosas: un bajo “costo laboral”; que el trabajador no vaya a la Justicia, eximiendo al patrón de responsabilidades civiles; que se estructure un negocio de seguros a cargo de las ART. Ese fue el gran objetivo de la Ley de Riesgos del Trabajo sancionada bajo el menemismo. Ahora, como la Corte Suprema declaró que esa ley es inconstitucional, el kirchnerismo quiere hacer una reforma que mantenga los objetivos centrales de aquélla. Veamos cómo. 1) Aumentan las indemnizaciones y rentas que fueron fijadas en 2000 y que por la inflación ya están superadas incluso para las propias patronales. Como esas indemnizaciones eran muy bajas, aún con este aumento, una muerte por accidente podrá rondar los 250.000 pesos cuando un resarcimiento integral por la vía civil es dos o tres veces mayor a ese importe. Recientes fallos por incapacidad absoluta fijaron indemnizaciones de 600.000 a 700.000 pesos. 2) Para que el trabajador accidentado no se presente en la Justicia, se establece que “el trabajador deberá elegir entre cobrar la indemnización del sistema o reclamar ante la Justicia Civil —no laboral— por todos los daños. Aun si gana el juicio se deberá contemplar como ‘pago a cuenta’ los pagos en concepto de ‘incapacidad laboral transitoria’, así como las ‘prestaciones en especie, recibidas y a otorgar’. O sea, “la atención médica dada y valorizada por la ART”, dice Clarín (8/8). En otras palabras, si el trabajador incapacitado, o sus familiares en caso de fallecimiento, ganan el juicio, le descontarán lo que le pagó en sustitución del salario la ART durante la atención médica y por la propia atención médica. Lógicamente, el precio de esa atención médica lo pondrá la ART, con lo cual el trabajador no cobrará nada o muy poco. En lugar de estimular que actúe la Justicia, lo que se busca es “desalentar” a que lo haga el trabajador, y si aún así va a la Justicia y gana el juicio, que cobre lo menos posible. Lo que correspondería es que lo pagado por la ART sea a cuenta de lo que fije la Justicia. 3) “Las indemnizaciones no cambian si la empresa cumple o no con las normas de seguridad. En España, Brasil y Francia el empleador, si no cumple, responde más allá de la tarifa” (Clarín, ídem). Este punto es central porque al no existir el llamado “daño punitivo”, las patronales no tendrán ningún castigo si no cumplen con las normas de seguridad laboral. 4) Se establece una indemnización más baja aún si el accidente se produjo en la vía pública entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. Según los diarios, fijar dos escalas de indemnizaciones para una misma incapacidad es inconstitucional. 5) Para asociar a la burocracia, “se crean comités patronal-sindicales de seguridad laboral” (ídem). Los representantes de los trabajadores en esos comités serán los delegados sindicales o los que nombre la burocracia sindical. 6) Se eliminan las responsabilidades de las ART que pasarán a ser asesoras de las empresas. Con esto se quiere evitar que los eventuales juicios de los trabajadores puedan afectar el negocio de las ART. El Partido Obrero plantea: • Todo el sistema de Seguridad Laboral debe estar a cargo del Estado, bajo administración obrera, financiado por las patronales. • Formación de comités obreros encargados de controlar los ritmos de trabajo (causa de los accidentes) y las normas de seguridad. • Aumento de las indemnizaciones y responsabilidad civil de las patronales para que se vean obligadas a invertir en prevención y seguridad laboral.

El viernes 4, en el marco de la movilización piquetera provincial, se movilizó el Polo de Bahía Blanca. Con un pliego de reclamos, que incluye el incremento de los alimentos para los comedores, la duplicación de la partida para la compra de alimentos frescos y el trabajo genuino, mantuvimos una reunión, horas antes, con la secretaria de Desarrollo Humano y Social. Estamos a la espera de la respuesta. Vamos por el empadronamiento por trabajo genuino y por organizar más y más barrios.

Los vecinos de Tafí Viejo vienen reuniéndose en una asamblea popular y movilizándose contra la contaminación producida por las citrícolas. Luego de la movilización a la citrícola Citromax, una nueva asamblea vecinal realizada el sábado 29, decidió, después de un largo debate, presentar un documento a la Municipalidad de Tafí Viejo, con el respaldo de una gran movilización de los vecinos. Se aprobaron exigir el cese inmediato y definitivo de la contaminación, y que una comisión conformada por los propios vecinos controle todas las medidas implementadas desde la Municipalidad para erradicar los factores contaminantes. El documento se denuncia a la arquitecta Zerpa, quien participó como representante del gobierno municipal, que en lugar de defender los intereses de los vecinos declaró que “los propios vecinos somos quienes contaminamos a Tafí”. Señalamos también que, “tal como está demostrado por la experiencia a nivel internacional, los grandes factores de destrucción ambiental son la explotación irracional de los grandes capitales, quienes en su lógica interna de lograr mayores beneficios, no invierten lo necesario para subsanar la contaminación inherente a su propia actividad. En consecuencia, somos los propios vecinos quienes tenemos que soportar la contaminación ambiental y ver afectada nuestra calidad de vida”. En los próximos días, tenemos la siguiente tarea: reunirnos con los vecinos de aproximadamente diez barrios, para conformar una coordinadora de barrios movilizados. La idea es hacer extensiva la convocatoria para la movilización, no sólo a aquellos barrios afectados por Citromax, sino también a todos los barrios aledaños a las otras empresas citrícolas de Tafí. Una vez constituida la Coordinadora barrial, se fijará el día y la hora de la movilización. Hasta ahora, el intendente se limitó a actuar como vocero de la empresa. Denunciamos el intento de la Municipalidad, a través de presiones y reuniones individuales que mantuvo con algunos vecinos, de dividir a la comisión de vecinos autoconvocados. El gobierno provincial, frente al impacto de nuestra lucha en la opinión pública, se limitó a poner una multa irrisoria a Citromax. Tenemos que extender la organización popular independiente de los gobiernos (municipal y provincial) e ir a fondo con la movilización.

Respaldado por el Vaticano y por su “adversario” Silvio Berlusconi, el gobierno “centroizquierdista” de Romano Prodi y Fausto Bertinotti se indultó a sí mismo: aprobó dejar en libertad, mediante un recurso parlamentario de reducción de penas, “a los principales protagonistas de los escándalos de corrupción, financieros y delitos contra la administración pública, además de a los responsables del ‘voto de intercambio’, o sea a los políticos y mafiosos que venden y compran los sufragios en las elecciones” (Clarín, 2/8). En este caso, como se dijo, votaron junto con Forza Italia, el partido de Berlusconi. Entre otros, quedan en libertad Cesare Previti, abogado de Berlusconi y ex ministro de la Defensa, condenado por haber corrompido a varios jueces en escándalos diversos. El propio Berlusconi está procesado en esa causa, pero este indulto lo libera por anticipado de cualquier pena. También quedará libre de culpa y cargo Callisto Tanzi, responsable de estafar por 14 mil millones de euros a miles de accionistas que quedaron en la ruina tras la compra de acciones de la multinacional láctea Parmalat. Tanzi adquirió esas acciones a precio vil y las vendió al público cuando en los corrillos financieros ya se conocía que Parmalat estaba en quiebra. En la sesión parlamentaria que aprobó esta canallada, resultó un espectáculo educativo ver las manos alzadas al mismo tiempo de los diputados de Forza Italia, de los demócratas “de izquierda” del ex primer ministro Massimo D’Alema, de la Margherita de Romano Prodi, de Refundación Comunista de Fausto Bertinotti y de los radicales. Sólo votaron en contra los fascistas de la Liga del Norte, conducida por Umberto Bossi.

La claridad conceptual del discurso de la titular de Apemia, Laura Ginsberg, al cumplirse 12 años del atentado contra la Amia, no puede discutirse: el Estado argentino, en complicidad con el Estado sionista, deja en manos de los masacradores del pueblo palestino la “solución final” del crimen cometido contra la mutual judía. Esos dichos de Laura tienen pruebas materiales, contantes y sonantes, que se desprenden incluso de la farsa de juicio oral contra un grupo de policías bonaerenses dedicados desde siempre a organizar el delito en diversas ramas —por tanto, fáciles de entregar— y contra Carlos Telleldín, nazi, delincuente polirrubro y conocido proxeneta. También surgen pruebas de la complicidad estatal de los pocos archivos de la Side que, a cuentagotas, Kirchner puso a disposición de los “investigadores”. Toda la mentira queda al descubierto apenas se da un vistazo al expediente de la causa. La “historia oficial” del asunto tiene su punto de partida en la famosa camioneta Trafic que se habría usado a modo de coche bomba, conducida por un “suicida”. Esa presunta camioneta y su conductor permitieron formular acusaciones generales, retóricas y sin sustento alguno, contra Irán y la guerrilla de Hezbollah. He ahí lo “políticamente correcto” y conveniente para el Pentágono y el Estado sionista; éste, mediante el Consejo Judío Mundial —rector de negocios y negociados del sionismo en todo el mundo—, exige ahora la ruptura de relaciones diplomáticas con Teherán. Esa fue la línea secundada por el estafador Raúl Beraja y por Carlos Menem, con el respaldo del conjunto de las organizaciones sionistas. De certezas y falsedades Los testimonios que intentaron dar probanza a la “pista iraní” no son otros que las declaraciones del fantasmal “testigo C”, supuesto espía iraní desertor. Sólo sucede que, según admiten ellos mismos, el tal “C” desertó mucho antes del atentado. Sobre esa base, raquítica hasta el ridículo, se escribió la novela que Washington, Israel y el Estado argentino quisieron venderle al mundo. Sin embargo, apenas se escudriña un poco en el asunto, todo el esquema se cae a pedazos. Diana Malamud, portavoz de Memoria Activa, declaró al programa radial El Tren, conducido por los periodistas Gerardo Yomal y Hugo Presman: “Tengo muy pocas certezas. Sólo sé que la Amia fue volada por una Trafic y que su conductor se inmoló”. En otra entrevista con Página/12, Malamud añadió que el atentado fue cometido por “fundamentalistas”. Se trata de una versión falsa de toda falsedad. Por debajo de tales cuentos, las cosas hieden. Pobre, por ejemplo, de quien rememore la traición de Menem a Siria. Como se recordará, el ex Presidente había prometido a Damasco asistencia nuclear y, lejos de cumplir, festejó su victoria electoral de 1989 en Israel. Menem también se había comprometido a vender misiles Cóndor II a Irak, pero los desmanteló y entregó sus piezas más importantes a la inteligencia militar norteamericana. Demasiadas cuentas a pagar, y no puede menos que tenerse en cuenta el encubrimiento de Menem a los asesinos de su propio hijo. Además, pueden contarse otras turbiedades: por ejemplo, los miles de millones de dólares “mejicaneados” por la CIA y el Mossad a Pablo Escobar, tras el asesinato del narcotraficante colombiano, víctima de una “cama” tendida por quienes hasta la víspera habían sido sus aliados. Con esas maniobras estuvieron vinculados Menem, su socio y contrabandista de armas Monzer al-Kassar, banqueros sionistas de Panamá y hasta el Banco Mayo de Beraja. Una buena porción de ese dinero desapareció cuando se desbarató aquella triangulación de cocaína que viajaba en las recordadas valijas de Amira Yoma, apañada por su marido Ibrahim al Ibrahim, único funcionario en la historia del Estado argentino que no sabía hablar castellano. Ese negocio estaba manejado por una banda de cubanos agusanados de Miami y narcos panameños, de viejos vínculos con la CIA y expertos en lavado de narcodólares. Semejantes traiciones entre mafiosos se pagan, pero nadie investigó esas pistas porque podían ir presos hasta los investigadores. Muertos que conducen camionetas La “investigación” desechó pericias, algunas de Gendarmería, que negaban la presencia de camioneta alguna y aseguraban en cambio que la Amia “implotó”; es decir, que los explosivos fueron ingresados en el edificio, mientras otra carga producía una segunda detonación desde el volquete instalado a las puertas de la mutual judía. En otras palabras: la camioneta no fue otra cosa que una coartada de los asesinos, preparada por la Daia, la Amia, el Estado Argentino, la CIA y el Mossad. Así fue que el general “rescatista” israelí, Zeev Livne, dijo haber “descubierto” los restos del vehículo, pero sólo pudo mostrar un pequeño pedazo de motor que cualquiera pudo haber llevado hasta allí en un bolsito de mano. Por lo demás, se demostró judicialmente que el acta del “hallazgo” era fraudulenta. En definitiva, jamás hubo rastro alguno de la camioneta ni del fantasma que la conducía. Tampoco se investigó nunca la “zona liberada” que la Policía Federal dejó ese día en los alrededores de la Amia, aunque pudo comprobarse la falsedad de los informes sobre la ubicación de los policías que supuestamente estaban de custodia (de haber estado donde se dijo, por lo menos uno de ellos no podría haber sobrevivido en modo alguno). Laura Ginsberg denuncia correctamente la continuidad de aquel encubrimiento sionista-menemista con el actual de Kirchner, y cita, por ejemplo, la presencia al frente del Ministerio de Justicia de Alberto Iribarne, viceministro del Interior durante las gestiones de Corach y Ruckauf en tiempos de Menem. Pero no es todo: más sugestiva aún resulta la permanencia durante varios gobiernos del ingeniero eléctrico Antonio Stiusso, (a) “Jaime”, especialista en escuchas clandestinas, en la Dirección de Contrainteligencia de la Side. Aquel pacto político entre el Estado sionista, la inteligencia norteamericana y el gobierno de Menem se mantiene hoy en todos sus términos, como se mantiene la continuidad judicial tras el relevamiento de Galeano por otros dos jueces “de la servilleta”: Claudio Bonadío y Canicoba Corral. Ahora, “periodistas” como Daniel Hadad, socio de Menem en el pasado y de Kirchner en la actualidad, dicen que antes de fin de año podría producirse la extradición de los iraníes acusados. Mienten con descaro, puesto que Interpol ya ha dicho que el libramiento de esas órdenes de captura no tiene sustento alguno. Ni podría tenerlo, añadimos nosotros, porque varios de los “imputados” jamás pisaron Buenos Aires. Esas órdenes judiciales se libraron mal a propósito, sólo son un taparrabos que se cae a la primera brisa. En cuanto al “conductor” de la camioneta, como dice Ginsberg, su identificación sólo permitiría culminar el encubrimiento, porque se podría dar por concluida la causa echando las culpas a un muerto y todos tranquilos. Pero aun en ese punto las acusaciones sobrepasan el límite del absurdo. Primero se dijo que el conductor sería Imad Mugniyé, combatiente libanés que condujo la operación de voladura del cuartel de marines en Beirut. Mugniyé cayó en batalla contra las tropas sionistas hace casi veinte años. Derrumbada esa “hipótesis”, se habló de otro guerrillero libanés de apellido “Herro” o “Berro”, pero sus familiares en los Estados Unidos hicieron saber que, cuando voló la Amia, ese hombre había muerto en combate hacía años. En cuanto a los testigos, la enfermera que declaró haber visto la Trafic cometió mendacidad manifiesta: dijo haber visto una camioneta beige, no blanca, mientras su hermana, que la acompañaba, no vio vehículo alguno de ese tipo. En el juicio oral la enfermera se quebró y confesó que su primera declaración la hizo bajo presión de una compañera, esposa de un comisario de bomberos de la Federal. Otro fiscal de la Side El fiscal Alberto Nisman no sólo formó parte del fraude pergeñado por Galeano con los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Además, Nisman es antiguo compinche de Stiusso, quien, a su vez, coordina con norteamericanos e israelíes las maniobras para cargar culpas sobre Irán y Hezbollah. La guerra en Oriente Medio refuerza ese propósito. La única “gran” diferencia entre Nisman y sus antecesores fue que pertenecen a bandos distintos en las peleas de perros entre camarillas de la Side. Mullen y Barbaccia, junto con Galeano, trabajaron con los perdidosos de la llamada “Sala Patria”, uno de cuyos comandos secuestró a Gorriarán Merlo en México. “Sala Patria” organizó el encubrimiento con los comisarios Adrián Pelacchi y Jorge Palacios, (a) “El Fino”, y con el enriquecido embajador israelí Isaac Avirán. En cambio, Stiusso, enemigo de los anteriores, trabaja en la facción de espías llamada “Estados Unidos”, por la calle en la cual tienen su cueva. Pero, chanchullos al margen, los objetivos de unos y de otros son los mismos. Kirchner, en el teatro de tironeos que armó durante los últimos días con organismos sionistas, dijo con tono enojado: “Nunca avalé la investigación del juez Galeano, Cristina tampoco lo hizo”. Mentira. Cristina Kirchner firmó el informe de la Bicameral que avalaba todo el fraude de Galeano respecto de la Trafic y el pedazo de motor, aunque ahora dice estar arrepentida... Tiene razones irrefutables Laura Ginsberg cuando dice: “Impunidad al servicio de Bush, Blair y Olmert” (véase PO N° 955). Ésa es la verdadera “política de Estado” en este asunto, y va más allá de Menem o de Kirchner. Se trata de la política de un Estado sometido irremediablemente al imperialismo y a sus masacres, corrompido hasta la médula. Queda para reflexionar, nuevamente, sobre la condición profundamente antisemita del sionismo, que no defiende al pueblo judío en parte alguna del mundo: sólo lo impulsa a trasladarse, cual fuerza invasora, a un Estado usurpador. El sionismo, racista por definición, históricamente novedoso y parido por el imperialismo a fines del siglo XIX, es un obstáculo para el desarrollo nacional, cultural y social del pueblo judío.

La marcha de unidad piquetera del 4 de agosto no dejó dudas. La periodista de La Nación en La Plata exageró: “Nunca vi algo así en La Plata, son 20.000 personas”. El fotógrafo de Clarín buscó infructuosamente un ángulo para sacar toda la marcha desde lo alto, algo que solo se pudo apreciar sobre la Plaza Moreno, de un kilómetro de diámetro, rodeada por completo por la manifestación. No menos de 15.000 compañeros llegaron a la capital bonaerense desde todos los distritos del Gran Buenos Aires, con el sacrificio que ello implica, en trenes y más trenes, partiendo en algunos casos a las 6 de la mañana para llegar al mediodía. La columna del Polo Obrero, de las más numerosas (seguida por las del MTD Aníbal Verón y la CCC), congregó compañeros hasta de Zárate y de Luján. La juventud del Polo fue un componente destacado en la movida. El Bloque Piquetero Nacional tuvo la iniciativa y con él se movilizaron una veintena de agrupaciones. La unidad alcanzó a corrientes que no se movilizan hace años en común, como el MTR (Martino) y la Agrupación de Trabajadores Varelenses. Todos aportaron con fuerza. Simultáneamente, las agrupaciones cortaron la Ruta 2 en la entrada a Mar del Plata y el Polo Obrero se movilizó en Bahía Blanca y Pehuajó, confiriendo un carácter totalmente provincial a un movimiento con un pliego único de reclamos. Los 600 policías antimotines emplazados sólo le dieron marco al recorrido de más de 20 cuadras que culminó recién a las cinco de la tarde paralizando el centro platense. El hambre de Solá El 10 de julio habíamos enviado una carta documento pidiendo reunión con el gobernador Solá ante la emergencia de no menos de 1.000 comedores de la provincia organizados por nuestras agrupaciones. En el caso del Polo Obrero hemos recibido en lo que va del año el 40% del tonelaje comprometido de asistencia alimentaria. Un rápido relevamiento entre las organizaciones hermanas nos permitió corroborar una situación similar desde la asunción del ministro Varela, representante de los “intendentes bonaerenses”, en Desarrollo Social. ¿Qué pasó? ¿Se trata de la caída del hambre en la provincia? ¿Es meramente una discriminación contra los movimientos sociales opositores al gobierno? Sabemos de cierres de comedores amparados por las intendencias en Matanza y otros distritos. Un día antes de la marcha se produjo un saqueo al depósito central por parte de grupos afines al gobierno que denunciaron que hace tres meses esperaban los alimentos (ver nota). Esto, mientras el hambre en las barriadas más sumergidas arrecia. “A las villas de Bahía Blanca la reactivación económica no les ha llegado”; “atendimos 400 chicos más en las vacaciones que el año pasado, provenientes de los barrios Rivadavia, Saladero, Villa Nocito, Villa Miramar, Villa Floresta, Avellaneda y San Roque”, denunció una de las directoras del Servicio Alimentario Escolar, para sentenciar como conclusión: “Ya no es el problema si vienen más chicos y el dinero no alcanza. En realidad, el problema es que no se puede resolver, es un tema general” (La Nueva Provincia, 6/8). Los funcionarios de Desarrollo Social estiman entre 90 y 130 millones el recorte del presupuesto social de este año. Fábricas bajo gestión obrera y puestos genuinos Una docena de empresas bajo gestión obrera, cuya sujeción a expropiación fue prorrogada por las cámaras legislativas, entre ellas Sasetru, han sido vetadas por el gobernador por “falta de presupuesto”. Reclamo incorporado por las organizaciones. La provincia más rica del país, con exportaciones récord de los terratenientes y las siderúrgicas, que recauda más cada mes a pesar de la descomunal evasión del impuesto rural o del “negro” de la actividad exportadora de la pesca, está esparciendo desocupación y hambre por un flamante “déficit” fiscal. La deuda externa y los subsidios a los capitalistas han pasado a ser prioridad. Una realidad ampliamente conocida por los maestros, los estatales, los médicos y los Jefes y Jefas de Hogar superexplotados en la función pública por importes de hambre. La disputa entre Kirchner y Solá por la refinanciación de la provincia, mediante la cual el Presidente digita el futuro candidato K, es pagada con el hambre de los más necesitados. A esta denuncia política, la acompañamos de un programa expresado en el pliego de reclamos. Alimentos ya, regularización y aumento en los planes sociales, becas y planes de inserción escolar y laboral para la juventud, puestos genuinos en la obra pública, plan de refacción de escuelas ejecutado por la Provincia, cumplimiento del Plan Federal de Vivienda, en todos los casos mediante bolsas de trabajo obreras y piqueteras y bajo control obrero, de afectados y adjudicatarios. A la par reclamamos el pase a planta de los jefas y jefes que se desempeñan en la función pública. Exito de la movilización La marcha fue el comienzo de un plan de lucha. Una batalla que estamos dispuestos a seguir con todos los métodos del movimiento piquetero y en todos los distritos de la provincia. Convocando a más y más organizaciones sociales, sociedades de fomento, comedores comunitarios de todo orden, a fábricas en lucha como el frigorífico Tonasello de La Plata, y por sobre todo convocando en los barrios a desocupados, jóvenes y mayores sin cobertura jubilatoria, incorporando todos los reclamos vecinales por contaminación, falta de salud y educación que asolan la provincia. La Gobernación sintió el golpe. “Varias reuniones del gobernador con sus ministros se sucedieron en los días previos al desembarco piquetero en La Plata” (revista La Tecla, 3/8). Un par de días antes, Emilio Pérsico, vicejefe de Gabinete, ofreció una reunión el mismo viernes si se levantaba la movilización, maniobra naturalmente desechada. Finalmente, con los compañeros en la puerta de la Gobernación, las organizaciones fueron recibidas por el secretario de Gobierno en nombre de Solá, quien comprometió una reunión con el ministro Varela (al que nadie vio nunca la cara) y los ministros o representantes suyos de Trabajo y Obras Públicas para tratar la totalidad del pliego. Un paso importante ha sido dado. La continuidad del plan de lucha estará sujeta a las soluciones.

La lucha contra el boletazo en el Este tucumano entró en una nueva etapa. El gobierno de Alperovich y la camarilla del transporte estrechan filas contra los trabajadores y el pueblo. Cuando se les acabaron las maniobras, nos mandaron la policía. Actúan como verdaderas bandas de asaltantes. Quieren quitarnos las monedas de los bolsillos aplicando tarifazos. Prepararon la represión con las declaraciones del ministro de Seguridad, que el día anterior había anunciado que el conflicto ya estaba “arreglado” y que sólo protestaba “un grupo minoritario” que respondía a un partido político. Lo mismo dijeron los dueños de la empresa La Florida y la burocracia de la UTA, denunciando “actos de vandalismo”. La patronal y la burocracia tomaron la terminal de ómnibus reclamando que el gobierno despejara las rutas con la policía. Así procedieron. La lucha une y enseña Pero las Asambleas de Los Ralos y La Florida ya sabemos bien todo esto. En sólo veinte días de lucha contra el boletazo, hemos ganado en organización; con el debate abierto en la Plaza, dejamos atrás años de divisiones alentadas por los punteros. Encontramos la confianza que sólo se da en la unidad de trabajadores, estudiantes y vecinos de Los Ralos, de La Florida y de Delfín Gallo. Al segundo día de cortes consecutivos, la Asamblea de la ruta ya sabía de qué tamaño era el garrote que tenían preparado para Los Ralos: Alperovich, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Trabajo, la UTA y la Cámara de los patrones del transporte de Tucumán, la mafia de la Dirección de Transporte (que controla las rutas), la empresa Florida SRL y la policía estaban todos unidos contra el pueblo trabajador. En la Asamblea de la noche del jueves, en la Plaza, analizamos detenidamente la situación y decidimos no dar ni un paso atrás, y confiar en los vecinos que siempre apoyaron la lucha y se bancaron los cortes. Resolvimos volver a cortar a las 4 de la mañana del día siguiente y pusimos en alerta al pueblo. Represión y lucha por la libertad A las 6 de la mañana, cuando éramos sólo nueve (cuatro, compañeros del Partido Obrero) y empezábamos a concentrarnos junto a la ruta, en una verdadera emboscada, más de 50 policías antimotines nos levantaron en camionetas y nos llevaron. Inmediatamente, el Partido y el Polo Obrero de Los Ralos organizaron la recorrida por los barrios para llamar a luchar por la libertad de los compañeros. A las 9 de la mañana, eran más de 100 personas en la Plaza, sin contar los 100 ó 150 compañeros del Polo y el Partido que estaban por los barrios convocando a la gente. Las escuelas suspendieron las clases; las maestras y los chicos fueron a la Plaza. En el hospital, los directivos aceptaron que los trabajadores no podían estar separados de esta lucha y dieron el permiso para salir. A todo esto, en Lastenia, el Partido y el Polo preparaban la marcha desde la Capital hacia el Este. Como detenidos, nuestra confianza estaba en nuestro partido y en la movilización de la gente. A las 12 marchaban hacia la Comisaría de Los Ralos, para rodearla, más de 2.000 personas. La consigna era: libertad a los presos por luchar. Más de 400 policías, con escudos y palos, los esperaban. La pelea estaba definida. Sólo un renglón merecen los Comisionados Comunales de La Florida, Las Cejas y Delfín Gallo: van por el mismo camino del Comisionado de Los Ralos. La presión sobre la Comisaría llevó al comisario a proponer una negociación directa entre el jefe de Policía y una comisión que debía trasladarse a la capital. No se aceptó. Que el jefe de Policía se traslade a los Ralos o se parlamente por teléfono. Simultáneamente, se anunciaba que si no liberaban a los detenidos se iba a marchar a la capital y empalmar con la marcha en reclamo de la aparición de Betty Argañaraz y el propio llamado del Partido y el Polo de Tucumán de movilizarse para esa jornada. La victoria A esa hora, llegaron a la Comisaría los abogados que mandó algún legislador para decir que “liberó” a los presos. ¡Qué lejos están los partidos patronales de la realidad! El pueblo de Los Ralos es el único dueño de la victoria contra la represión a su lucha. Antes de la liberación se hizo la denuncia, que fue verificada por un médico forense, de los golpes recibidos durante la detención y el traslado. En todo este trámite, se comprobó que el operativo fue realizado sin ordenes judiciales, o sea que era ilegal y con apremios. A la noche, hubo una marcha y acto con más de 4.000 personas... ¡en un pueblo de 10.000! José Kobak, dirigente del Partido Obrero local y uno de los liberados, explicó en el acto la importancia de este 4 de agosto para la historia de Los Ralos y de toda la provincia. Ratificamos la continuidad de la lucha contra el boletazo, resaltando la necesidad de estrechar la unidad con otros pueblos. Aunque el gobierno nos amenace, vamos este martes a un corte en unidad con La Florida y lanzamos con todo la Marcha a Pata y a Pulmón contra el Hambre, el Boletazo y la Represión, hacia Plaza Independencia.

El Club del Prisionero Palestino denunció que las autoridades carcelarias israelíes utilizan el abuso sexual como método para intimidar a los prisioneros palestinos —especialmente los menores de 18 años– con el objetivo de obligarlos a declarar. En un estudio publicado el 20 de octubre, se denuncia que ese método inmoral se ha convertido en una base fija y una parte fundamental para presionar a los detenidos. Los casos estudiados en la investigación evidencian la práctica del abuso sexual contra menores detenidos durante la segunda Intifada. Las autoridades de la ocupación amenazan a los prisioneros mayores con arrestar y violar a sus esposas y hermanas si no confiesan; con los menores hay amenazas y abusos directos. De esta manera, se los fuerza a reconocer hechos que no han cometido. Entre los casos estudiados se encuentran el menor Anas Ahmad Younis Al Jawabri, de 16 años, de Hebrón, quien fue amenazado por un interrogador en la cárcel Itsion, lo que provocó un gran pánico en la víctima, que lo llevó a reconocer forzosamente las acusaciones. El niño Rakan Nosairat, de la ciudad de Jericó, fue violado por los soldados israelíes en la prisión de Ofar y posteriormente intentó suicidarse en dos ocasiones. En la cárcel de Kadomim un soldado amenazó con violar al menor de 16 años Orwah Kaadan, de la ciudad de Tulkarem. Acto seguido varios soldados abusaron sexualmente del prisionero. El prisionero M.G, de Hebrón, quien permanece en la cárcel de Ofar, también fue violado por tres soldados el 8 de abril último, mientras lo trasladaban del desierto de Al Naqab a dicha prisión. Los interrogadores del campo de concentración de Al Majnuna amenazaron el 15 de agosto de 2002 al prisionero Amjad Khader Abu Samra, residente en Hebrón, con agredirlo física y sexualmente y expulsar a su familia a Gaza si no confesaba su “crimen”. El prisionero M.S., de 16 años, de la ciudad de Belén, arrestado el 27 de marzo, atestiguó que fue objeto de abuso sexual en un jeep militar cuando fue arrestado; luego los soldados sionistas lo obligaron a confesar. Libertad ya a los presos políticos palestinos en cárceles israelíes.

Tuvieron que pasar exactamente 30 años desde el golpe de los Videla y Massera para que se produzca la primera condena contra un represor de la última dictadura militar. Pasaron, además, diez años desde que al ahora condenado “Turco Julián” se le iniciara una causa, luego de que pasara por distintos programas de televisión para reivindicar su labor criminal en varios de los campos de concentración de la época. Esta bestia dijo entonces “que volvería a hacerlo”, siendo que se le acusa, entre otras cosas, de torturar hasta la muerte a un secuestrado en silla de ruedas, de abusar de la mujer y secuestrar a su hija. Esta rata de albañal era, de todos modos, un sádico más de la numerosa tropa de acción de los genocidas que siguen impunes. Ahora uno de los subordinados va a la cárcel como si se castigara simplemente un “exceso”. Un comunicado de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos concluye con toda razón: “regla de tres simple: una condena después de un proceso de ocho años; 30.000 desparecidos... 240.000 años”. El juicio al “Turco Julián” tuvo inclusive algo de farsa siniestra cuando se puso de relieve que el fiscal acusador — que pidió la mínima pena aplicable al caso— fue un colaborador del Ejército durante la dictadura, según consta en la causa sobre los crímenes en el I Cuerpo de Ejército. La “Justicia”, entonces, es también un aguantadero. No hace mucho tiempo un comunicado de varios organismos de derechos humanos denunciaba el bloqueo sistemático a las causas contra los genocidas en la Cámara de Casación, que es el tribunal que recibe los recursos jurídicos destinados a la Corte Suprema y es utilizado por los defensores de los milicos y sus cómplices para dilatar las causas. Son integrantes de este “ilustre” tribunal figuras como el juez Bisordi, que califica de “delincuentes terroristas” a las víctimas de la dictadura. Por eso, si la “primera condena” demoró 30 años, el viejo diario colaboracionista de los Mitre tiene que admitir ahora que “en las demás investigaciones el panorama es aún peor: en el expediente de robo de bebés, la Cámara Federal dispuso ya el año pasado la liberación de ocho militares por el vencimiento de sus prisiones preventivas...; a ese fallo les siguieron y les seguirán otros similares” (La Nación, 5/8). Así, “primero” comienza a llegar la muerte de los criminales (ídem). Kirchner se lamentó públicamente de la “lentitud” de los juicios, pero ni siquiera dio curso al pedido de remoción de los jueces y fiscales de la Cámara de Casación. Treinta años y una condena: ¿no es una radiografía lapidaria de la miseria moral y política de nuestros “demócratas”?

Un día antes de la movilización piquetera, “unas trescientas personas saquearon el depósito central de la Provincia en Tolosa, La Plata, cargando dos camiones, un micro y una camioneta de alimentos, colchones y otras mercaderías" (diario Hoy, 4/8). Los participantes dijeron estar esperando “hace tres meses la asistencia”. Horas después, el gobierno indentificaba al MP 29, el MUP y grupos de Florencia Varela, como los responsables. Se trata de grupos pejotistas escindidos del movimiento piquetero hace varios años, que hoy revistan en las filas afines a Kirchner y Solá. La filiación explica la “zona liberada” que tuvo esta caravana para desaparecer sin dejar “rastros”, incluyendo 70 personas que se fueron a pie a tomar el tren a la estación más cercana. El hecho habla de la magnitud del “recorte” y de la virulencia y los métodos que asume la interna del kirchnerismo. También de la fragilidad de las bases sociales y políticas del Frente para la Victoria. El movimiento piquetero inició un plan de lucha con sus métodos, los de la clase obrera, de lucha y acción directa, para quebrar el ajuste contra la asistencia social, planteando un programa de salida para todos los explotados de la provincia, sin distinción.

La desaparición de la docente Bety Argañaraz ha causado una verdadera conmoción en la provincia. Esto ocurrió una mañana cuando iba a su trabajo. Tiene 45 años. Esta desaparición tiró abajo todo el discurso oficial relativo a la “seguridad ciudadana” bajo control. El gobierno pretendió ocultar el proceso de encubrimiento que envuelve el crimen de Paulina Lebbos. Anunció un plan para reorganizar el transporte público y terminar con la ilegalidad de los remises, lo que fue aprovechado para imponer un boletazo con la promesa de mejores servicios de colectivos y ómnibus. Ahora que la docente Argañaraz desaparece, luego de tomar un ‘remis’ ilegal, sale a luz que el sistema “trucho” sigue vigente. Es que este sistema sigue alimentando a la “Municipalidad paralela”. “Tolerancia cero” El gobierno plantea una política de “tolerancia cero”. Desplegó miles de policías, sitiando a los barrios pobres. Fue a la caza de los luchadores de Los Ralos que resisten el aumento del boleto. Tolerancia cero contra los trabajadores y completa impunidad para los negociados del poder. El gobierno dio el aval a los créditos del Banco de Tucumán (o sea, del Macro), para los planes del Instituto de la Vivienda y las contratistas. Pero vacía los bolsillos del pueblo con tarifazos, como los del agua, que acaba de aumentar un 15%, y el boletazo. Crisis política La desaparición de Bety Argañaraz se produce en un momento de enorme tensión dentro del gobierno. Alperovich está apurando una definición del vice, Juri, y de sus seguidores para que avalen su plan político de copar la reelección de 2007. Alperovich pretende imponer el diseño de las listas y crear partidos provinciales y municipales para acoplarlos a sus candidaturas, y reforzar por esa vía el futuro control de la Legislatura y los concejos. La Legislatura no funciona desde hace semanas porque están en juego las porciones de poder del Estado que cada camarilla va a conservar. Se plantea la alternativa de la ruptura del PJ. En ese caso, Juri reuniría en un frente desde los bussistas hasta el centroizquierda. Estas disputas tienen paralizado a todo el arco de partidos, que están a la espera de una definición de la interna del oficialismo. La reacción popular Las que no esperan son las masas populares. Todos los martes, miles marchan para reclamar el castigo a los responsables de centenares de crímenes impunes. En esas marchas confluyen los reclamos por todos los viejos y nuevos crímenes, y se han transformado en caja de resonancia de todos los reclamos sociales. Para el martes 29 de agosto, al cumplirse seis meses del crimen de Paulina, se ha convocado a una gran Marcha a la Plaza Independencia. Contra la impunidad. Que se vayan todos los encubridores, por el juicio y castigo a todos los criminales. Contra todas las disposiciones que cercenan los derechos y las libertades democráticas (de organización y expresión) del pueblo trabajador. Por la disolución del aparato represivo. Contra los tarifazos y el boletazo. Por una reorganización del transporte público bajo control obrero y de las asambleas populares de usuarios. Por la reincorporación de los artistas despedidos. Por un plan cultural bajo control de los artistas y trabajadores de la cultura. Basta de contaminación: por comités obreros y populares electos en asambleas populares de control ambiental. Por el trabajo, por el salario, por las libertades.

Luego de tres semanas de ataques brutales al Líbano y a Gaza, el gobierno de Olmert-Peretz se encuentra en una situación sin salida. El ejército no consigue parar los ataques de Hezbollah y defender los asentamientos del norte y los que están cercanos a la Franja de Gaza. Esto a pesar de que Israel destrozó la mayor parte de la infraestructura del Líbano y de la Franja, asesinó a conciencia a cientos de personas, niños y adultos (en Kafer, en Qana), y ha obligado a más de 800 mil libaneses a ser refugiados en su propio país. Los verdaderos propósitos de la guerra ya han quedado al descubierto: la liquidación de la resistencia a los planes norteamericanos e israelíes en la región —promoviendo un golpe de Estado en la Autoridad Palestina contra el gobierno de Hamas–; la destrucción de Hezbollah, y la aplicación de un duro golpe al Líbano y quizás a Siria. La vida de los tres soldados capturados y los habitantes judíos no está en el centro de la preocupación del gobierno. Como siempre, el sionismo utiliza a los judíos, y por supuesto a los árabes, como carne de cañón en pos de los planes del imperialismo en Medio Oriente. No por casualidad Israel recibió desde el primer momento el completo apoyo de Bush. Hay que parar los crímenes de guerra del gobierno Kadima-Laborista en contra de los pueblos libanés y palestino y oponerse a todo plan político que intente imponer los objetivos de Israel y Estados Unidos al Líbano por medios diplomáticos luego que fracasaron los medios militares. Luego de los primeros fracasos militares el gobierno israelí decidió una invasión masiva que transformará el Líbano en el Vietnam del sionismo. Como dijo un comentarista del diario Haaretz: "Si Hezbollah no va a sentir que fue derrotado en la guerra, este será en los hechos el fin del poder de persuasión militar israelí frente a sus enemigos". El gobierno está imponiendo el costo económico de la guerra y la crisis que ésta desata sobre las espaldas de los trabajadores y los pobres. La "retaguardia", como denominan el gobierno y el ejército a las masas en los refugios, deberá entender que el enemigo "está entre nosotros": la burguesía sionista que oprime al pueblo palestino y a los trabajadores judíos. Por ello, si queremos vencer en la guerra hay que abrir camino a una lucha común entre los judíos y las masas árabes de la región, en contra del gobierno que amenaza llevar a los pueblos de Medio Oriente a nuevas catástrofes y por un Estado democrático y laico, de judíos y palestinos, en el marco de una Federación Socialista de Medio Oriente, la única solución para una paz y un desarrollo de los pueblos de nuestra tierra y toda la región. · Fuera el ejército israelí y el imperialismo del Líbano, Gaza y todos los territorios ocupados. · Libertad a todos los presos políticos a cambio de los soldados capturados. · Abajo el gobierno de Olmert, Peretz y Bush. 4 de agosto 2006

Sin embargo, cuando Pino Solanas y Hebe de Bonafini se entrevistaron con Kirchner no le reclamaron la nacionalización sin pago de indemnización alguna de los monopolios de gas y petróleo. En una Carta del Moreno (que reproduce los términos de la Carta al Presidente, Realidad Económica, 15/5) le pidieron que “retomara la tradicional política del Estado (...) pasando por el presidente Alvear..., Perón que crea Gas del Estado, Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín; todos defendieron una gran política de Estado...”. Pero Alvear defendió las empresas mixtas contra las propuestas de nacionalización integral del petróleo. Perón entregó las famosas concesiones petroleras a la Standard Oil Company (California) en 1955. Frondizi profundizó ese rumbo, abriendo las concesiones petroleras a los monopolios internacionales. Y Alfonsín empezó con el camino de las privatizaciones (plan Houston), que luego consumó Menem. La orientación petrolera de la burguesía nacional argentina fue ‘estatista’; perseguía el saqueo de las empresas estatales para llenar los bolsillos de la burguesía contratista, pagar la deuda externa y ‘hacer la caja’ de diferentes negociados. El Moreno propone que Enarsa, la empresa creada para entregar la plataforma continental a los pulpos petroleros, sea una de las bases de un plan energético nacional. Por esta razón, retiró de su plataforma el reclamo de la disolución de Enarsa. “Es preocupante que... el Gobierno nacional no tenga políticas activas para convertir a Enarsa en una gran petrolera nacional”, afirma Pino Solanas en el reportaje antes citado. Kirchner ha sido cómplice activo de toda la entrega de YPF a Repsol, cuando era gobernador. La izquierda (PC, PCR, MST-Alternativa) hacen de furgón de cola de Pino Solanas. En la reciente cumbre de Córdoba en el marco de la reunión de presidentes del Mercosur, dice el MST (Alternativa, 26/7), “las conclusiones de los talleres pusieron de manifiesto que las opiniones mayoritarias no eran a favor de la política de gobierno”. Pero el Taller denominado “Foro energético de los pueblos del Sur” dijo lo contrario: “Nos comprometemos a (...) empujar al gobierno nacional a diseñar políticas de recuperación de nuestros recursos energéticos y naturales”. El PC hizo un ‘Foro’ con Pino Solanas como figura central, en la sede de su comité central, con la presencia de delegaciones del MST, PCR y otros (Propuesta, 13/7). Allí, el propio Solanas se encargó de “instar a la construcción de una gran fuerza popular, nacional, democrática, de auténtica izquierda...” (ídem). Solanas ingresó en 1993 al Congreso con Meijide y Chacho Alvarez, con el Frente Grande y el Frepaso. La lucha por la nacionalización integral del petróleo sin pago de indemnización y bajo control directo de sus trabajadores, no podrá avanzar “empujando” al gobierno nacional.

En su último periódico, el PTS confirmó la denuncia del PO de que tanto el MST-1 como el PCR estaban dispuestos a votar al decano de Medicina, Buzzi, como rector de la UBA. Pero el PTS no se limita a esta denuncia. No puede con su genio intrigante y aprovecha la situación para llamar al PO a que “romper su subordinación” al MST-1 y el PCR. Ofrecen a cambio un frente con ellos y con otros grupos, como el Viejo Topo y el otro MST. Pero lo cierto es que la propuesta de romper la dirección de la Fuba (que otra cosa es sino que el PO rompa con el MST y la Cepa) es, antes que nada, una propuesta kirchnerista. Sólo el gobierno y las camarillas profesorales que dirigen la Universidad pueden beneficiarse con la división de la dirección de la Fuba. El PTS debería denunciar que los grupos que querían votar Buzzi ponen en peligro la unidad de la Fuba. ¡Eso sí es una buena denuncia! Si el PO estuviera subordinado al MST y al PCR, la Fuba ya hubiera votado a Buzzi, cosa que no hizo; y no debería haber ocupado el Nacional Buenos Aires, cosa que si hizo. ¡Cuando todos los medios de comunicación señalaron que el PO fue el responsable de que la Fuba no pacte con Buzzi el PTS denuncia que “estamos subordinados”! El PTS nos ‘tienta’ con la propuesta de que hagamos un frente con ellos y con otros grupos menores. ¿Pero cuál sería la naturaleza de esos frentes? Recientemente, en las elecciones de la AGD-UBA, el PTS formó lista con parte de esos grupos, que apoyaban a la lista Violeta de Filo, que denunciaba las huelgas del sindicato AGD, pero nunca al gobierno. Luego armó un bloque sin principios con el PCR, que dirige la lista “opositora” de Exactas, para oponerse a la Mesa Ejecutiva del sindicato alegando interpretaciones diversas del estatuto. ¿El PTS nos llama a integrarnos al frente de derechistas y carneros?

El viernes 11 de agosto, en la Unión Vecinal del Barrio Mirador, se realizará un festival solidario por la libertad de Cristian Ruiz y de todos los presos políticos, y por la reincorporación de los compañeros despedidos de Oil M&S, Esteban Mata, Juan Carlos Baigorri y Norma Villamayor, y de Luis Guineo, delegado de Bolland en Las Heras. El festival se desarrollará en el marco de una campaña que se ha sostenido, pese a las inclemencias del invierno patagónico, con pintadas, afiches y conferencias de prensa, y que logrado que la “Justicia” hiciera lugar a algunas concesiones para los compañeros. En el caso de Cristian Ruiz, la Cámara hizo lugar a algunas nulidades planteadas por la defensa, y después de la feria la causa volvió al Juzgado de Instrucción, para ser recaratulada, lo que permitiría reclamar su excarcelación. En el caso de Guineo, ante la apelación presentada oportunamente, la jueza dispuso que se le abonara el salario, pero no permite el ingreso del compañero delegado a la base de la empresa. Con los compañeros de Oil, presentado el recurso de amparo, la Justicia estableció que la relación laboral no está cortada, pero no avanza hacia el fondo de la cuestión. Estamos esperando los plazos de ley, para que la empresa apele la medida judicial o deseche su pretensión de despedir a los compañeros. Vamos a este festival en el marco del reclamo de las compañeras que ganaron su puesto laboral con piquetes de Plastisud y Transecológica por el convenio laboral y un mínimo de 1.300 pesos. Por los reclamos por las condiciones laborales en varias empresas petroleras y de la construcción, porque nuevamente empezó el debate entre los petroleros sobre el impuesto al salario (mínimo no imponible), porque la inflación ya se comió lo ganado en la lucha de comienzo de año. Ya han comenzado a llegar las adhesiones, entre otros, del Movimiento de Derechos Humanos de Río Gallegos, de organizaciones de Comodoro Rivadavia y de las bandas que se harán presentes en el festival. Vamos juntos porque la lucha por la reincorporación de los compañeros y la libertad de los presos es una sola.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —que no encuentra el tiempo ni la ocasión para condenar la agresión sionista contra Palestina y el Líbano, la masacre de Qana o el asesinato de sus propios enviados por el ejército israelí– acaba de imponerle un ultimátum a Irán. Si antes del 31 de agosto Irán no suspende sus actividades de enriquecimiento de uranio, será objeto de sanciones económicas, diplomáticas y políticas. El Consejo de Seguridad, incluso, amenaza a Irán con “el uso de la fuerza” (aunque cualquier decisión en este sentido deberá ser objeto de una nueva resolución). El Consejo de Seguridad le exige la inmediata suspensión de las actividades de “investigación y desarrollo”. Irán, que ha reiterado que sus actividades nucleares apuntan a la generación de energía con fines pacíficos, se encuentra rodeado por potencias nucleares: India, Pakistán, Israel y Estados Unidos (que tiene emplazados submarinos con misiles nucleares en la zona). El Consejo de Seguridad, al que tanto le preocupa la proliferación nuclear en Medio Oriente, ha pasado completamente por alto la utilización masiva de municiones de “uranio empobrecido”, que provocan una amplia contaminación radioactiva, por Estados Unidos en Irak y Afganistán y, ahora, por Israel en Líbano y la Franja de Gaza. Argentina La resolución del Consejo de Seguridad fue aprobada con el voto de 14 de sus 15 miembros; Argentina votó a favor del ultimátum contra Irán. Esto, en medio de la guerra criminal de Israel. Era lo que el Estado sionista demandaba.

A pesar de la “discreción” y “mesura” con que fue tratado en todos los medios, el sobreseimiento a Anibal Ibarra constituye un verdadero escándalo jurídico. En un expediente judicial que lleva ya más de un año y medio, la jueza Crotto nunca citó a Ibarra a declaración indagatoria. En esas condiciones, desconoció las numerosas evidencias respecto de las “alertas” recibidas por el propio Ibarra, durante meses y años, sobre el funcionamiento ilegal de los boliches en la Ciudad. La jueza alegó que “las competencias específicas correspondían a cada área”, es decir, que sobreseyó a Ibarra en nombre de la “descentralización” del aparato administrativo de la Ciudad. Toda la investigación legislativa, sin embargo, ha demostrado lo contrario: es decir, que Ibarra y su camarilla centralizaron al extremo la relación con los boliches, al punto de armar un acuerdo con la cámara empresaria respectiva para que “los propietarios se autocontrolen”. Aunque el gobierno de Kirchner se “llamó a silencio” frente al fallo, nadie puede llamarse a engaño. José Iglesias, familiar de Cromañón, denunció que Ibarra participará de la lista kirchnerista que llevará en Capital a Miguel Bonasso como candidato a diputado y, seguramente, a Scioli como candidato jefe de Gobierno. Ibarra ha sido sobreseído por una Justicia borocotizada. El fallo sirvió, también, para mostrar la pusilanimidad de toda la oposición porteña, particularmente de aquellos que — bajo la presión popular — terminaron votando la destitución de Ibarra. “Una cosa es la responsabilidad penal y otra la responsabilidad política”, dijeron en supuesta defensa del juicio de la Legislatura. El fallo de Crotto, sin embargo, cuestiona los propios argumentos del juicio político, ya que sostiene que “en 2004 hubo más inspecciones y clausuras que en el año anterior”, sin importarle, por supuesto, que dichas “inspecciones” se realizaban con previa “consulta” con el Ejecutivo municipal. Lo cierto es que el fallo judicial cuestiona al juicio legislativo, y que Ibarra lo utilizará para reforzar su presentación ante la corte porteña en favor de su restitución. Es que el principio de la “descentralización de responsabilidades” sirve para encubrir todas las corruptelas de la burocracia del Estado capitalista: por eso, todos ellos fueron “solidarios” con la jueza Crotto.

Desde hace catorce años, un grupo de seis familias (con 15 niños), viene ocupando un viejo conventillo en el centro de la ciudad, por falta de vivienda y de recursos para poder afrontar un alquiler. La Justicia ordenó su desalojo para el 18 de agosto. Los compañeros han decido organizarse para detener el desalojo y luchar para que el Estado resuelva el problema del techo, no sólo de ellos sino de las más de 2.000 familias que se encuentran, dentro del mismo casco céntrico, en esta situación. Los compañeros se han organizado para exigirle al intendente Alak y al gobernador una resolución para sus familias y para el conjunto de los sin techo en la ciudad. Más de 2.000 familias han ocupado viviendas para que sus hijos puedan acceder a las escuelas del centro. Dentro del derrumbe educativo, son las que todavía mantienen un poco de presupuesto. También lo hacen porque el costo del transporte local es uno de los más altos del país. Las familias han decidido defender su derecho a la vivienda digna, organizarse y luchar. Por ello este viernes 4 de agosto marcharon junto a la Unidad Piquetera. El lunes 7 hacia los Tribunales de La Plata, y el 10 hacia la Secretaría de Tierra y Vivienda de la provincia.

El 28 de junio, luego de un veloz trámite, el Senado aprobó un proyecto de Ley para crear una aduana en el Puerto de Caleta Paula en Caleta Olivia. El senador Tito Fernández (PJ) justificó la medida por el crecimiento de las exportaciones pesqueras en la región y la necesidad de efectivo control de la actividad a través del asiento físico del guarda aduanero. Le recordamos al senador que el año pasado no se exportó un solo langostino desde el puerto de Caleta Olivia. Elisa Carrió calificó la iniciativa como “escandalosa” y denunció que se pretende crear una “zona liberada” para la pesquera Conarpesa. Le recordamos a la diputada que la planta de secado de calamar no pasó de ser un bluff mediático y jamás se secó un solo calamar en Caleta Olivia. Otros negocios Recientemente, el director del Sedronar (la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico) confirmó que Río Gallegos es la ciudad con mayor consumo promedio de drogas entre los jóvenes. La vicepresidenta de la Legislatura (a cargo de la Gobernación) lo confirmó con la insólita explicación de que “se debe a la mayor cantidad de horas nocturnas que existen en estas regiones del país”. En Santa Cruz, con 15 años de gobierno K, existe una zona liberada para el tráfico. ¿Quién la controla y por dónde entra la droga? El senador Fernández le retrucó a Carrió “que la actividad pesquera es generadora de exportación de productos y de empleo... y a pocos kilómetros está la única planta procesadora en el país de aceite Omega 3”. Le recordamos al senador que la planta de Omega 3, propiedad de Conarpesa, está dentro del puerto, pero se encuentra vaciada: trabajan allí sólo tres personas. La aduana podría favorecer a los chacareros de Perito Moreno y Los Antiguos para sacar sus cosechas de cereza por Caleta Olivia, pero el volumen exportado no pasa de un container por año. La zona norte de Santa Cruz está plagada de explotaciones petroleras. No queda una sola oveja, ya no se esquila, no hay exportación de lana. Las estancias que producen están al sur del Río Deseado y exportan por aquella ciudad. Sin embargo, vemos pasar los camiones desde Chubut a Santa Cruz (de norte a sur). Con el 9% de reintegro por exportación por puertos patagónicos, es muy apetecible exportar desde Puerto Deseado, a tal punto que algunos “conocidos muchachos” venden la lana dos veces, embarcan en Deseado, cobran el reintegro, la descargan en Buenos Aires, las traen en camiones y la vuelven a vender desde Deseado, para embolsarse nuevamente el reintegro. Con la aduana en Caleta (más cercana a Chubut) se favorece el negocio. La cementera Petroquímica (Grupo Fortabat), que se instaló en Pico Truncado, recibió 38 millones de los fondos repatriados por Santa Cruz desde el exterior y pronto estará en funcionamiento. Ya Acevedo había licitado la pavimentación de la Ruta 43, para sacar el cemento por Deseado; ahora le instalan la aduana en Caleta (achican costos de transporte y reciben reintegro del 7%). A los capitalistas todo, a los desocupados nada, señalamos nosotros. Lo que Carrió y Fernández omiten es que las más favorecidas por la aduana serán las compañías mineras que ya se están instalando cerca de Perito Moreno, muy cerca de las Cueva de las Manos y del Río Pinturas. Estos sitios fueron declarados patrimonio histórico de la humanidad, pero los capitalistas los están contaminando y destruyendo, con el emprendimiento minero San José-Huevos Verdes. Las mismas mineras que hacen desastres en Catamarca, La Rioja o más cerca, asociadas con el gobierno en San Julián. De esto, ni una sola palabra. Las empresas que no pagan derecho de exportación y de importación se beneficiarán achicando la distancia entre el yacimiento y el Puerto, y recibirán el 7% de reintegro por exportación por puertos patagónicos. El puerto y la aduana sólo pueden ser una herramienta de desarrollo para una región si están bajo control obrero. Por la nacionalización y el control obrero del comercio exterior. Por una alternativa obrera y socialista. Fuera los saqueadores y sus cómplices.

Cuando se cumple un mes de la guerra criminal desatada por Israel contra Líbano, el gobierno sionista se apresta a ordenar una invasión terrestre en mayor escala. Hasta ahora las tentativas de ocupar el sur libanés han fracasado, como lo demuestran dos cosas: el imbatible disparo de cohetes por parte de Hezbollah y los reiterados choques entre milicianos e invasores en poblados que los sionistas habían proclamado definitivamente conquistados. Mientras el mundo tiene sus ojos puestos en esta guerra, el gobierno sionista libra otra, incluso más importante: la que apunta al asesinato y a las masacres en Gaza, donde ha matado a doscientos palestinos en los últimos treinta días. El objetivo de la guerra contra Hezbollah y Líbano no es otro que crear las condiciones políticas y nacionales propicias para una mayor expulsión de residentes en Gaza y Cisjordania, o sea para ampliar la colonización violenta del territorio por parte del sionismo. Los palestinos se encuentran confinados, en la actualidad, al 28% de la geografía que les había reconocido la partición decretada por la ONU en 1948. La orden de ampliar la guerra no fue votada, sin embargo, por unanimidad: tres ministros del gobierno sionista se abstuvieron. Asimismo, afloró una seria crisis militar, como consecuencia de la destitución del comandante de la ofensiva israelí, por parte del comandante en jefe del ejército. Ha quedado en evidencia el fracaso de la ofensiva agresora y se ha profundizado una grieta en sus fuerzas armadas. Los mandos del ejército norte de Israel han respaldado al oficial castigado (YZNews, 9/8). La escalada bélica en proceso es un resultado del miserable fracaso de la propuesta de resolución que habían confeccionado Francia y Estados Unidos para presentar al Consejo de Seguridad de la ONU. En un principio, Francia había condicionado un cese del fuego al acuerdo previo de los actores en la guerra, lo que suponía un derecho a veto por parte de Hezbollah. En la versión final, sin embargo, Chirac se inclina ante Bush y respalda la ocupación militar israelí hasta su reemplazo por una fuerza internacional. El planteo fue rechazado de plano, incluso por la derecha del gobierno libanés y la Liga Arabe. Los sionistas se han quedado sin operación de rescate, mientras sus planes militares no conducen a ningún lado, salvo, claro, a sembrar una destrucción sin precedentes. El gobierno francés, por su lado, se acerca al final del mandato presidencial completamente en ruinas, luego de este derrumbe internacional. Lamentablemente, sólo la extrema derecha está explotándolo. Para que la orden de ampliar la ofensiva pueda dar algún resultado, debería ir acompañada de la decisión de ocupar integralmente el Líbano, con vistas a imponer un recambio político completo del Estado. Pero para esto debería contarse con la posibilidad de reclutar una fuerza internacional para relevar a Israel una vez cumplida la operación militar del emprendimiento. Sin embargo, esta alternativa no existe, porque Bush no cuenta siquiera con la variante que utilizó en Irak de armar “una coalición de los países voluntarios”, sea al margen de la ONU como de la Otan. Si esto es así, no debería sorprender que asistamos en las próximas semanas a la caída del gabinete israelí y a la remoción de los jefes militares comprometidos con el inicio de la guerra. La crisis que se incuba en Israel ha quedado perfectamente demostrada por el creciente número de personas que participan en las movilizaciones contra la guerra de su propio gobierno en Tel Aviv — donde ya han aparecido las consignas: “Fuera el gobierno de Olmert-Peretz”. El curso de la guerra ha mostrado tanto la extraordinaria independencia política como operacional de Hezbollah. Después de liquidada toda la infraestructura que liga al Líbano con el exterior, la milicia nacional libanesa sigue peleando sin tregua y defendiendo también sus planteos políticos. Hezbollah salió en defensa del pueblo palestino y de Hamas — sometidos a una política implacable de crímenes y de ocupación por parte del sionismo — , con la perfecta comprensión de que el objetivo último de Israel era incompatible con la preservación de la más mínima independencia nacional en Medio Oriente. Los derechos palestinos son la clave de toda la crisis, e Israel los ha declarado desde siempre, pero aún más en el curso del presente conflicto, incompatibles con su propia existencia. La guerra es un factor acelerador de la lucha de clases y de las crisis sociales. Desde la guerra contra Yugoslavia y la ocupación militar de su territorio, el imperialismo mundial se ha ido metiendo en un pantano histórico cada vez más profundo, a través de Irak, de Afganistán e incluso de Haití y también de Chechenia (una guerra que pone potencialmente en conflicto a todo el Cáucaso, donde se han afirmado los intereses del imperialismo anglo-norteamericano). No puede valerse de los recursos militares potenciales con los que cuenta para hacer frente al conjunto de esta situación, pues para ello debería proceder a una militarización más acentuada de sus Estados y economías, o sea, quebrar los derechos que las masas consideran más consagrados. Pero es esta contradicción precisamente la que está provocando el debilitamiento de todos los gobiernos en funciones y su necesidad de recurrir a apoyos en el centroizquierda — sean los demócratas en Estados Unidos o la refundación comunista en Italia. El imperialismo se ha enfrascado en un período de guerras y, en consecuencia, de crisis políticas crecientes y de grandes rupturas internacionales. A esto hay que añadir las perspectivas de nuevas crisis económicas y del estallido de la burbuja especulativa en China y en Estados Unidos. En este marco llamamos a redoblar la lucha por la derrota de la nueva tentativa sionista en Palestina y Medio Oriente, lo que sería una descomunal derrota para el imperialismo yanqui. Por el retiro de las tropas israelíes de Gaza, Cisjordania y Líbano, por la libertad de los diez mil presos palestinos y libaneses que se encuentran en las cárceles sionistas.

El gobernador Solá acaba de vetar la ley de expropiación de Sasetru. La decisión coincide con vetos similares a la clínica de Lavallol, a la fábrica de jugos Suin y a otras dos empresas del Gran Buenos Aires. El fundamento utilizado en todos los casos es el mismo: la falta de presupuesto. El argumento es llamativo. Estas leyes no pasan de una declaración de utilidad pública y no implican un compromiso efectivo de concretar la expropiación. Hasta el día de hoy, nos vamos acercando al centenar de expropiaciones pero el gobierno de Sola no ha puesto un peso para comprar las fabricas. Por otra parte, las leyes plantean un lapso de cinco años para concretar las expropiaciones. La excusa de que no hay recursos en el presente ejercicio no sirve. Además, las expropiaciones no son un regalo; son a título oneroso, es decir, que los trabajadores están obligadas devolverle al estado lo que éste hubiera adelantado. La razón del veto hay que buscarla en otro lado. Solá, que había dado un guiño a la bancada oficialista para aprobar estas leyes, pegó un giro en momentos que han entrado en colapso las finanzas provinciales. Los vetos se inscriben en esta intransigencia y recorte general que el gobierno provincial está promoviendo con los reclamos sociales, al mismo tiempo que utiliza esa hecho como un fantasma para agitar las aguas y como factor adicional de presión hacia el gobierno nacional en vista a arrancar un auxilio económico a la provincia .Solá necesita contar mas que nunca con un caja superavitaria , más ahora que entra en la cuenta regresiva por su sucesión. Llamamos a redoblar la movilización por la defensa de las fábricas recuperadas, para terminar con la precariedad legal y exigir sus expropiaciones definitivas y sin resarcimiento económico a los patrones, por subsidios no reintegrables para ponerlas en marcha y hacerlas producir, para poner fin a la autoexplotacion y luchar por un salario equivalente a la canasta familiar. La denuncia del veto y el reclamo de la expropiación de Sasetru fue colocada en la agenda de la multitudinaria movilización piquetera del 4 de agosto a La Plata. Llamamos a profundizar ese camino y formar un frente común de todas las fábricas recuperadas en torno a este programa.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires otorgó el servicio de limpieza del Hospital Interzonal Penna a una cooperativa que ganó la licitación sobre la base de pulverizar los derechos de sus trabajadores: el ingreso mensual será de 590 pesos más 100 pesos por presentismo, no hay ART sino un seguro inferior, y no hay posibilidad de aumento por un año hasta la próxima licitación. La “cooperativa” es trucha: se trata de un artilugio utilizado por la misma patronal de la tercerizada que prestaba el servicio para flexibilizar, todavía más. Después de una larga lucha por el pase a planta permanente, los compañeros que trabajaban para la anterior empresa de limpieza decidieron ingresar como “socios” de la cooperativa ante la amenaza de quedar sin trabajo. Su lucha fue aislada por el gremio de maestranza (al que están afiliados) y el resto de los sindicatos del Hospital. El PO de Bahía peleó cada centímetro de estos conflictos junto a los compañeros del Hospital. Hemos logrado instalar con pintadas, volantes, declaraciones y asambleas la necesidad de terminar con el negociado privado de la salud y organizar el hospital público al servicio de los intereses populares. Terminó sólo una batalla. Los trabajadores lograron una precaria continuidad laboral tras una dura lucha. Todos sus reclamos están pendientes.

Los trabajadores de “Promoción Familiar”, dependientes de la Secretaría de Minoridad y Familia, están en lucha, hace meses, contra el trabajo en negro. Un alto porcentaje de los trabajadores de esa dependencia revistan como “contratados”, con salarios que no llegan a los 500 pesos. Aprovechando la existencia en General Roca de la carrera de Asistente Social en la Facultad de la Universsidad del Comahue, decenas de estudiantes avanzados realizan pasantías cubriendo una jornada laboral completa por 250 pesos mensuales. Los salarios de los empleados de planta permanente están por debajo de la “línea de pobreza”, en consonancia con la miseria salarial que caracteriza al empleo público en Río Negro. El pase a planta de todos los contratados y pasantes y el aumento general de salarios son los dos reclamos que impulsan la movilización. El viernes 21 de julio, los trabajadores “tomaron” las sedes de Promoción Familiar de Viedma, Roca y Bariloche y colocaron “ollas populares” para “aguantar” el intenso frío a puro mate cocido. Durante toda la jornada se repartió un volante explicando la medida y se recogió la solidaridad de la población. Una decena de compañeros Partido Obrero acompañaron en todo momento la medida, participando con un orador de la Asamblea de cierre. El viernes 28 de julio se cumplió otra etapa del plan de lucha. Un colectivo con 40 compañeros de Promoción Familiar de Roca fue hasta el puente que separa Río Negro y Neuquén, donde confluyeron con trabajadores de ATE de Cipolletti, Cinco Saltos y Allen. Se ocupó el peaje, se levantaron las barreras y se realizó una intensa agitación. La actividad duró toda la mañana. Nuevamente una decena de compañeros del PO participaron solidariamente. Al regreso a Roca, empanadas por medio, se hizo un balance de la lucha en el local de ATE, y se comenzó a organizar con todo la próxima movilización.

El 4 de agosto, los compañeros de la UJS y el Polo Obrero nos plantamos en la Peatonal Córdoba y, entre gritos, cánticos y redoblantes, repudiamos la guerra que el Estado israelí junto con el imperialismo yanqui están llevando a cabo en el Líbano.

La lucha de los portuarios de Buenos Aires está ingresando en una nueva etapa. Una vez vencida la conciliación obligatoria con los despedidos adentro, arrancada con un paro de 48 horas, las patronales portuarias mantuvieron los despidos y no dieron respuesta a los reclamos planteados por los trabajadores en sus asambleas. La provocación no podía ser mayor. Frente a la huelga contra los despidos, las cámaras portuarias suspendieron a decenas de trabajadores y delegados combativos. La respuesta obrera fue inmediata y unitaria. La provocación patronal fortaleció la huelga. Los piquetes disuadieron a los carneros. La huelga, que comenzó en la Terminal 5, se extendió a las terminales 1 y 4, obligando al Ministerio de Trabajo a dictar una nueva conciliación obligatoria. La patronal, con el aval del gobierno, dejó sentada su posición de “licenciar con goce de sueldo” a los once despedidos iniciales de la Terminal 5, más los 6 despedidos de la Terminal 1, incluyendo al delegado. Una trampa que pretendía desarticular la lucha a través del aislamiento de los delegados y principales activistas. La Federación de Gremios Marítimos ‘bajó’ a las asambleas para informar lo resuelto y levantar los piquetes y la huelga. Logró desactivar las terminales 1 a 4 frente a la desazón y desconfianza de los delegados de base y los activistas. Pero en la Terminal 5, los trabajadores, dispuestos a continuar la huelga, abuchearon el acuerdo y expulsaron a la burocracia del piquete. No sólo por la reincorporación definitiva de los compañeros sino también por los reclamos que habían dado inicio a la lucha. En esta Terminal, los trabajadores superaron la división impuesta por la patronal y la burocracia sindical poniendo en pie un cuerpo de delegados sin distinción de tipo de contratación ni afiliación sindical. Está planteado extender esta experiencia al resto de las terminales y la convocatoria a una asamblea general portuaria para quebrar de conjunto la persecución gremial, la miseria salarial y la precariedad e inseguridad laboral. En la lucha participan trabajadores de planta, tercerizados e incluso trabajadores despedidos en el año 1992 que se reagruparon y están en lucha por su jubilación. Es un reanimamiento de la clase obrera portuaria como respuesta al proceso de privatización, desguace y tercerizaciones comenzado en la década del ‘90 y que continuó bajo los distintos gobiernos hasta hoy. Es una lucha estratégica para toda la clase obrera del país. Las terminales portuarias se han beneficiado con el proceso de ‘recuperación’ económica de la burguesía exportadora. La empresa a cargo de la Terminal 5 es de capitales chinos. Pero a los trabajadores se les ha ofrecido un aumento de apenas el 12% más un 7% no remunerativo, por debajo incluso del 19% impuesto por el gobierno y las centrales sindicales. Al cierre de esta edición, el Ministerio había dispuesto la prórroga de la conciliación —con la empresa aceptando la reincorporación de todos los despedidos. Se trata de aprovechar el recule patronal en estos días para preparar la profundización de las medidas de fuerza, en caso de que a su término no haya respuesta a los reclamos obreros. El Partido Obrero apoya en forma incondicional la lucha de los obreros portuarios y llama a las organizaciones obreras combativas a empeñarse en forma unitaria por su triunfo.

Debido a las obras interminables del canal Holmberg, sobre la calle Laprida, un pozo al estilo cráter corta la calle hace más de seis meses. Si tenemos en cuenta que además permanece cerrado el puente que atraviesa la Panamericana, la autopista se ha convertido en un verdadero muro que divide al barrio. Los vecinos comenzaron a realizar asambleas, luego de que durante meses elevaran notas, firmas y pedidos de informes que jamás fueron tomados en cuenta. En una de esas asambleas, decidieron llamar al Polo Obrero para que los ayudara a realizar una acción más contundente. Participamos de una asamblea y corte de la avenida Maipú, en Puente Saavedra, que logró que las obras fueran reactivadas. Ahora ya somos parte de la asamblea, donde debatimos y planificamos los pasos a seguir. A raíz del triunfo, tomaron contacto con nosotros vecinos que se organizan contra la privatización de la costa. ¿Por qué la clase media llama al PO cuando necesita luchar efectivamente? De esto, precisamente, es de lo que hablamos cuando nos referimos a la autoridad política.

El Partido Obrero y el Polo Obrero de Río Negro convocan a movilizarse el miércoles 9 frente al Juzgado Federal de General Roca para repudiar la persecución contra Lila Calderón, dirigente del Polo en la provincia. Lila acumula 17 causas por distintas acciones de lucha del Polo y del movimiento piquetero. Pacientemente, la Justicia del gobierno radical provincial (ahora borocoteado por Kirchner), fue acumulando causas en contra de la compañera y ahora pretende juzgarla. Lila es una luchadora. Estuvo en cuanto piquete hubo en Cipolletti por pan, vivienda y trabajo. El PO llama a todas las organizaciones sociales, políticas y de izquierda a pronunciarse por el cese de esta persecución y a acompañar con su presencia esta cita de honor para la clase obrera rionegrina.

El PTS afirma que Hezbollah es “una milicia limitada” que carece de una política para ganar; que su objetivo estratégico es “el establecimiento de un estado islámico en el Líbano”; que sus “orientaciones políticas”, determinadas por la “teocracia iraní”, son “profundamente reaccionarias”; que integra el gobierno burgués proimperialista del Líbano y que no rompió con este gobierno a pesar de que no tomó ninguna medida contra la agresión israelí (La Verdad Obrera, 3/8). En resumen, para el PTS hay un enfrentamiento entre dos bloques reaccionarios: el sionista y el islámico. Que Hezbollah opere bajo la tutela de la “teocracia iraní” es falso, pero esencialmente es una provocación que alinea al PTS con Bush y Olmert. La verdad es que Hezbollah encabeza una guerra de liberación nacional que va, incluso, más allá del Líbano; está íntimamente ligada a la lucha nacional palestina. Su acción militar en el territorio israelí cuando Gaza se encontraba bajo fuego fue un acto revolucionario de solidaridad con el pueblo palestino. No tiene precedentes, como acto de solidaridad revolucionaria, en los últimos años, esto especialmente en Palestina. Es una obligación revolucionaria elemental apoyar incondicionalmente — es decir, bajo su actual dirección — la guerra de liberación libanesa y palestina. Una victoria en esta guerra sería una derrota del imperialismo mundial; para el PTS, en cambio, sería la victoria de los “profundamente reaccionarios” partidarios del “estado islámico”. El PTS llama a “derrotar la agresión sionista”, no mediante el apoyo a la lucha armada de Hezbollah, sino por medio del PTS. “Para triunfar”, dice el PTS, hay que luchar “contra el Estado de Israel y el imperialismo” y, al mismo tiempo, “contra los explotadores locales y su elite política”, representada por el gobierno de Siniora (e integrado, entre otros, por Hezbollah). Es decir que “para triunfar” habría que luchar contra Israel y contra... Hezbollah. El PTS apoya una resistencia libanesa... dirigida por el PTS. El ridículo no tiene límites porque forma parte del guión. Hezbollah encabeza una guerra de liberación nacional, que va más allá de las fronteras de Líbano. Apoyamos, con nuestra propia política, esta lucha nacional; deseamos fer-vo-ro-sa-men-te que triunfe. Luego de haberse declarado neutral en el enfrentamiento entre la derecha boliviana y el MAS, en las pasadas elecciones que dieron el triunfo a Evo Morales; y luego de repetir esta posición en ocasión del referendo autonómico en Bolivia, poniendo un signo igual entre la autonomía que reclama la oligarquía cruceña y las petroleras, y el rechazo a esa autonomía por parte de las masas; luego de todo este proimperialismo, el PTS remata con el repudio a Hezbollah, que es la única organización que lucha contra el sionismo, y reclama una ‘victoria’ contra Israel a partir del PTS. Lamentable. Esto sólo se le puede ocurrir a una camarilla autorreferenciada que se dedica a la intriga contra el movimiento popular, como lo reflejó su ‘inclaudicable’ guerra contra el movimiento piquetero. Lo que el PTS denomina “independencia de clase” no es más que una proclama de abstención en la lucha de clases y en las guerras internacionales, que son un factor de aceleración enorme de la lucha de clases en todos los niveles. En oposición a las pavadas del PTS, apoyamos a muerte la lucha armada de Hezbollah contra el agresor sionista, con nuestra política, o sea interviniendo para que sirva a la revolución socialista internacional Los mismos que hoy atacan a Hezbollah como “profundamente reaccionario”, no hace mucho llamaron a apoyar a Saddam Hussein en la perspectiva de que se transformaría en la dirección de la revolución proletaria en Medio Oriente (Estrategia Internacional, Boletín Nº 1, febrero 1991) (ver también Prensa Obrera, 22 de marzo de 1991).

El conflicto que los 217 trabajadores de TVB, ex Jabón Federal, sostienen desde hace diez días está conmocionando a la opinión pública del distrito. Tanto por la virulencia con que viene actuando la empresa como por la firmeza, e incluso radicalización, de los obreros. No es frecuente que una patronal haga saltar por los aires la conciliación obligatoria arrancada con una semana de huelga general, movilizaciones continuas a la Subsecretaría de Trabajo y varios cortes del Camino de Cintura, produciendo casi 40 nuevos despidos a pocas horas de haber sido dictada. Es evidente que además de contar con una buena cuota de impunidad, la empresa confía en poder aguantar nuevas medidas de fuerza, amparada en el stock acumulado y en haber hecho coincidir el conflicto con una merma productiva habitual en esta época. En el otro extremo de esta pelea se encuentra una joven generación obrera que se apropió de todo el arsenal combativo de sus predecesores, incluido, claro, el corte de ruta. Hasta aquí los ‘jaboneros’ de TVB (o los pibes de TVB, como ellos mismos se llaman) han recorrido en poco más de un año un camino que arrancó con la organización clandestina de los más decididos, pasó por el desafío abierto a la patronal y a la burocracia, la reincorporación del principal dirigente de la fábrica, Franco Villalba, la derrota de la tentativa de fraude en la elección de delegados, la conquista de la comisión interna y desde entonces diversas variantes de lucha por el salario y otras reivindicaciones. Dado que ni los aprietes ni los intentos de soborno le permitieron a la patronal quebrar la unidad del activismo y recuperar el control despótico que ejerció durante ocho años de prohibición sindical, se puede decir que el conflicto actual estaba prácticamente escrito. Este activismo que ronda los 25 ó 30 años de edad se ha mostrado en Indiel, en Sabó, en TeleCentro, en Acindar; y en cada uno de esos lugares enfrenta hoy amenazas similares en sus fines estratégicos: quebrar toda resistencia al negreo, al tercerismo, al trabajo eventual y a la miseria salarial; vale decir quebrar toda resistencia a la explotación brutal en que se asienta la reactivación industrial kirchnerista. Como parte de la vasta campaña de solidaridad que se ha puesto a andar, el domingo se realizó un multitudinario acto frente a los portones de la planta, del que participaron dirigentes y delegaciones sindicales, estudiantiles y políticas como la Lista Violeta del Suteba de La Matanza, la interna de Interpack, Enfer, Siderar, delegados de Zanón, ferroviarios de TBA, activistas de Coca-Cola, de TeleCentro, de ESPN, del Hospital Posadas y la Fuba, el PO, el PTS, el FOS, ambos MST y Néstor Pitrola, entre otros.

Más de trescientos compañeros, entre alumnos y profesores del Bellas Artes (Emba) de Quilmes, marcharon el viernes 4 de agosto a Plaza de Mayo en repudio a la política represiva del ex chofer de Aníbal Fernández y ahora intendente (kirchnerista) de Quilmes Sergio Villordo, por el pago de la deuda salarial docente, por la reincorporación de los docentes despedidos, por la nacionalización del título, contra la nueva reforma del estatuto docente, contra cualquier reforma que no contemple los derechos del trabajador y por el cese de las amenazas y aprietes. Desde hace varias semanas, la Emba se encuentra en lucha por estas reivindicaciones. La movilización fue una muestra de arte y creatividad en sus banderas y sus cantos. Además de los micros llegados de Quilmes, estuvo presente la Fuba, que expresó su apoyo incondicional al Centro de Estudiantes e invitó a la marcha del 15 de septiembre contra la Ley Nacional de Educación. También estuvieron presentes el presidente de la FUA, el Instituto de Formación Docente de Solano, el Ojo Obrero, el Centro de Estudiantes del Empa de Avellaneda, y partidos de izquierda, entre otros. La UJS-PO de Quilmes, que viene apoyando esta lucha desde el comienzo, expresó su apoyo a través de una declaración. Con esta movilización, los alumnos y profesores luchadores del Emba le dan otro cachetazo al kirchnerista Villordo. Esta es otra muestra de la amplitud que está tomando esta lucha; de la capacidad de movilización y organización que son capaces de llevar adelante estos “chiquilines” (según la particular definición de Villordo).

Con la difusión de una “Carta urgente a la comunidad trabajadora de El Bolsón”, en donde se desmenuza críticamente el proyecto radical sobre medio ambiente que la Asamblea Constituyente se apresta a aprobar, el Partido Obrero denunció nuevamente el carácter entreguista y privatizador de las reformas a la Carta Orgánica del Municipio. El proyecto UCR deja abierta la posibilidad de habilitar “proyectos productivos” en las áreas protegidas, a condición de contar con la autorización de una Comisión Asesora... nombrada por el Concejo Deliberante. De este modo se facilita un eventual saqueo de los recursos naturales desde el momento en que se elimina la Autoridad Ecológica, una asamblea de representantes de organizaciones no gubernamentales que debía considerar todo proyecto referido al uso o explotación de las áreas protegidas. Esta denuncia fue una constante en el accionar de nuestra bancada. El PO y el Polo Obrero de El Bolsón se movilizaron el 13 de julio bajo la consigna “No al saqueo”, y la Comunidad de Pueblos Originarios apoyó el proyecto del PO sobre las áreas protegidas. Junto a este proyecto, el PO presentó otro de entrega de tierras a los ocupantes de las “tomas”, y otro referido al régimen político en oposición al proyecto UCR que plantea una versión local de los “superpoderes”, en este caso al Ejecutivo comunal, y una modificación del régimen electoral bloqueando el acceso de las minorías al Concejo Deliberante. Entre otros, fue presentado un proyecto en defensa del salario mínimo y otro de “blanqueo” de los trabajadores en negro (la inmensa mayoría de la región). A lo largo de estos cinco meses de desarrollo de la Convención, el Partido Obrero ha ido combinando la denuncia del saqueo en curso con la presentación y difusión pública de sus propios proyectos, mostrando a los explotados bolsonenses los límites de la Asamblea dominada por la UCR y la oposición patronal (PJ y PPR, hoy PRO). La acción de la bancada del PO expresa las importantes movilizaciones del 2005 contra la entrega de la “Pampa de Ludden” o las recientes contra los cateos mineros en la zona, que en ambos casos obligaron a los gobiernos a dar marcha atrás. En oposición, detrás de la UCR se encolumnan los Lewis, los pulpos mineros que pretenden obtener un salvoconducto de la Constituyente para una nueva ofensiva. Consecuentemente con esta postura, el Partido Obrero de El Bolsón planteará hasta el último día de la Constituyente la batalla contra la entrega de los recursos y las condiciones de vida de la enorme mayoría trabajadora de la región.

El sábado 5 de agosto unas 15.000 personas se movilizaron en Tel Aviv contra la segunda guerra del Líbano y los asesinatos cotidianos en Gaza. Este fue el cuarto sábado sucesivo de marchas masivas contra la guerra. En la semana previa hubo movilizaciones y concentraciones en varias ciudades, incluyendo Haifa (donde la importancia reside en que es uno de los sitios mas golpeados por los misiles de Hezbollah), Tel Aviv, Jerusalén (en los últimos dos lugares se realizaron concentraciones frente a la embajada y el consulado norteamericanos), Nazareth, Um el Fahem (estos dos en la Galilea) y otros cruces de ruta en el norte. Este sábado, los manifestantes en Tel Aviv fueron precedidos por los manifestantes de la ciudad árabe de Shefaamer (Shfaram), donde varios miles de personas se congregaron para conmemorar el primer aniversario de la masacre en la cual cuatro árabes israelíes fueron asesinados por el terrorista (y soldado israelí) Eden Nathan Zada. La policía no autorizó a los organizadores dirigir la marcha al lugar donde ocurrió el ataque. La manifestación se transformó en una marcha de protesta contra la guerra actual: los manifestantes izaron banderas de Palestina, el Líbano e Irak y llamaron a la destrucción del Estado de Israel. Pocas horas después, en Tel Aviv, los manifestantes partieron de la calle Dizengoff y marcharon a lo largo de la avenida del Rey Jorge, que fue cerrada al tránsito, reclamando el fin de la guerra y el retiro de las tropas israelíes del Líbano, y denunciando al ministro de Defensa, Amir Peretz, como criminal de guerra. Una de las consignas más populares de la marcha fue “Peretz, ministro de Defensa, ¿cuántos niños asesinaste hasta hoy?” El frente del partido comunista israelí (Hadash) y la organización Gush Shalom, de Uri Avneri, intentó darle a la marcha una carácter sionista de izquierda, llamando a “negociaciones” e intentando revivir los cadáveres políticos de Paz Ahora y Meretz. El principal polo opositor a esta basura política lo constituyó el “bloque negro-rosa”, es decir el frente de anarquistas (que se han puesto al frente de las luchas contra el muro de apartheid dentro del público judío) y las organizaciones de homosexuales y lesbianas. Fueron ellos los que levantaron consignas como “Tsahal (el ejército israelí) es una organización terrorista”, “Haifa, Gaza y Beirut son víctimas del sionismo”, “Todos los ministros son criminales de guerra”. Un ejemplo de sus consignas en inglés: “Uno, dos, tres, cuatro, no queremos tu guerra de mierda; cinco, seis, siete, ocho, Israel es un Estado fascista” Dos activistas anarquistas, incluyendo un menor, fueron arrestados. La manifestación también vio la confrontación con algunos anti-manifestantes de derecha, que rompieron algunas de las pancartas usadas en la marcha y arrojaron huevos podridos a los manifestantes. Contra las acusaciones de la policía de que los arrestos obedecieron a que los manifestantes arrojaron bolsas con excrementos a la policía, Jonatan Pollak, un activista de “Anarquistas contra el Muro”, que tomó parte en la manifestación, acertadamente señaló que “no hubo provocación, fuera de la provocación de la policía, que estaba dispuesta a pelear contra los manifestantes”. La ex miembro del parlamento Yael Dayan, la hija del famoso general Moshe Dayan, que posa de izquierdista, feminista y defensora de los derechos de los homosexuales, fue abucheada por la aplastante mayoría de los manifestantes cuando dijo que “la guerra era justificada al comienzo”. La consigna: “El fascismo no pasara, el ejército es una organización terrorista” retumbó en la peatonal Nahalat Binyamin hasta que Dayan fue reemplazada por otros oradores. El doctor Gadi Algaza, de la Universidad de Tel Aviv, dijo que “esta guerra está siendo llevada adelante sobre las espaldas de los más pobres, tanto en Israel como en Líbano. Los que no pueden escapar están pagando el precio más alto”. Otro orador fue Shaul Feldman, un antiguo miembro del Matzpen, de origen argentino, cuya casa en Nesher (un municipio cercano a Haifa) fue destruida después de haber sido alcanzada por un cohete la última semana. Feldanan le dijo a la multitud que el primer día de la guerra tomó parte en una movilización contra ella, y el hecho de que un cohete hubiera caído sobre su casa no cambió su punto de vista. “No pienso que esta guerra debe ser apoyada”, dijo. Pero sin duda la mejor oradora fue una joven anarquista que dijo claramente que la manifestación no era solamente contra la guerra sino también “contra la ocupación sionista de Palestina de 1967 y de 1948” y que “esta guerra no es solamente una guerra contra Hezbollah y Nasrallah: es una guerra contra el pueblo del Líbano, es una guerra contra el pueblo palestino, es una guerra contra los trabajadores y los pobres de este país, es una guerra contra la izquierda, y en esta guerra, Israel debe perder”. He aquí, en boca de una joven militante, una lección magistral de derrotismo revolucionario en el vientre mismo del monstruo militar sionista montado por el imperialismo yanqui. Mientras haya jóvenes como ésta, hay esperanzas de un futuro mejor aun en el infierno racista llamado Israel. Militantes por la IV Internacional participó nuevamente en la marcha de Tel Aviv con su cuarta declaración desde el inicio de los ataques al Líbano, llamando a luchar por derrotar la guerra y el gobierno de Olmert-Peretz-Bush, y llamando a la unidad de las masas palestinas y judias por una Palestina democratica, laica y socialista, en el marco de una Federación Socialista del Medio Oriente.

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires se apresta a votar una ley sobre el trabajo dominical y de los días feriados de los mercantiles. Anula el decreto provincial de la dictadura militar que permite a las patronales, unilateralmente, abrir sus locales los domingos y feriados. El descanso dominical es una de las principales reivindicaciones de los trabajadores mercantiles. En distintos supermercados han comenzado movilizaciones y reclamos. En este cuadro, ¿cuánto tiempo podría mantenerse vigente este decreto de la dictadura? Los legisladores bonaerenses se anticipan y, pretendiendo defender el descanso dominical, tratan de renovar la vigencia de aquel decreto. Así la ley otorga a las paritarias la facultad de decidir sobre la apertura de los comercios. Es decir, con la nueva ley se trabajará el domingo y los feriados pero se cobrará un “plus”. ¿El ciento por ciento que establece la Ley de Contrato de Trabajo? No, las patronales, los legisladores (y Cavalieri) están pensando en otra cosa. Por eso plantean las paritarias cerradas, a espaldas de los trabajadores. No hace mucho, por ejemplo, Cavalieri admitió en paritarias el pago en cuotas del aguinaldo y la liquidación de las vacaciones para las Pymes.

El 2 de agosto el Polo Obrero de Catamarca se movilizó a la sede de Xtrata Cooper, el pulpo que explota la mina Bajo a Alumbrera. Reclamó la creación del tercer turno a la minera que tiene una de las moliendas más importantes del continente y donde existen turnos de 12 horas. Más de un centenar de compañeros de distintos barrios de Capital, Valle Viejo y Esquiú asistieron a la convocatoria. También estuvieron presentes militantes de la Asamblea en defensa de los recursos naturales de Catamarca y Julio Sánchez, activista de la salud, representante del gremio antiburocrático de la salud Siprosca. A pesar de que la minera había dicho que iba a recibir a una delegación del Polo Obrero, a último momento cerraron todas las puertas y ventanas y se dieron a una huida vergonzante. En la calle se desarrolló un acto de denuncia al saqueo y la entrega de los recursos mineros. En el acto habló David Moderbasch, un militante antiminas a cielo abierto, oriundo de California, que explicó con enorme claridad cómo los pulpos vienen por los minerales y ponen en riesgo el agua. En una charla posterior, celebró la metodología de nuestra organización por corroer el poder de estos grupos “que parecen inconmovibles”. Julio Sanchez habló de la lucha de los trabajadores de la salud y llamó a unir la pelea de ocupados y desocupados contra el estado y las empresas capitalistas mineras. También hablaron René Jaime, militante contra la instalación de antenas de telefonía celular, y Enrique Traverso, dirigente del Partido Obrero, que reclamó, como salida de fondo, la estatización de los recursos naturales bajo control obrero. El Polo Obrero, integrante de la Asamblea en defensa de los recursos naturales, llama a poner en pie un frente por el no a la instalación de Agua Rica, una mina tres veces más grande que Alumbrera, que pone en riego el agua de todo el valle de Yocavil y que traería consecuencias gravísimas para Andalgalá, Santa María y toda la región. En relación a Alumbrera planteamos un impuesto confiscatorio a sus enormes ganancias del 50% a partir del '97 cuando entró en producción, es imprescindible el control obrero, que será la única garantía de un cierre de mina que no dañe más de lo que ya está dañado el medio ambiente.

Las elecciones municipales realizadas este domingo dieron el triunfo a los candidatos del gobernador Zamora, con la excepción de La Banda, donde triunfó Chabay Ruiz, del Movimiento Viable. Zamora triunfó en varios municipios del interior asociado a camarillas locales que en el pasado formaban parte del PJ. En la Capital (que reúne más del 50% del padrón electoral), el triunfo de Alegre (candidato de Zamora, con más del 65% de los votos) terminó de ajustar cuentas en la interna del radicalismo con Zavalía (con el 24%). El PJ no sólo fue barrido de la Capital (su candidato, Spaini, apenas superó el 2% de los votos) sino que perdió en el interior. En realidad el PJ, luego de la caída del juarismo, estalló: una fracción se pasó al campo del kirchnerismo, otras se asoció al zamorismo, y otra fracción del viejo aparato se quedó con la sigla pero completamente vaciado. Tanto el centroizquierda, representado en la Multisectorial, como la izquierda (MST, PO) obtuvieron cifras marginales. La Multisectorial (PS, PC y organizaciones intermedias) prácticamente no apareció en toda campaña. El MST planteó “que lucha por más democracia, por el pluralismo”. Aunque su referente, Mario Castillo, destacó que “mientras otros partidos se mueren, nosotros crecemos” (El Liberal, 7/8), el MST retrocedió en todos los municipios donde se presentó (en la Capital apenas superó el 2%, cuando para la constituyente había logrado casi un 5%). “Hoy somos un partido amplio donde conviven muchos sectores: socialistas, excomunistas, peronistas, ex radicales” (ídem), concluye. El Partido Obrero también retrocedió pero hay que decir que la campaña le otorga menos visibilidad que la de la Constituyente. Asimismo, puso en evidencia la consolidación del zamorismo.

Quinientos compañeros marchamos el 2 de agosto en repudio a la invasión al Líbano. La iniciativa partió de nuestro partido, y tuvo eco en amplios sectores. Participaron todas las corrientes de izquierda, sindicatos, centros de estudiantes y organizaciones de la comunidad árabe como Fearab. Se destacó la fuerte presencia del Polo Obrero, con una columna de 100 compañeros. La marcha fue un éxito. En el acto que se realizó durante la marcha, Gabriel Russo, por el Polo Obrero, señaló la relación entre la guerra y la miseria social en nuestro país. Tito Fresina denunció la capitulación de los mandatarios de la cumbre de Córdoba, y en particular del gobierno de Kirchner ante el imperialismo, las limitaciones del “pacifismo” inocuo (pedidos de cese del fuego) y las negociaciones del Mercosur para negociar un acuerdo comercial con Israel. Fue muy aplaudido por la colectividad árabe. También se denunció la detención de dos compañeros de la COR (Corriente Obrera Revolucionaria) cuando estaban haciendo pintadas contra el genocidio en el predio universitario.

Luego de siete semanas de protesta, los trabajadores de la editorial y el diario Perfil acordaron con la empresa un aumento salarial del 5% (con un mínimo de 100 pesos para los salarios inferiores a 1.300 pesos) y 44 pesos de tickets, todo retroactivo a julio. Sumado este incremento al doce por ciento obtenido en enero pasado, el salario mínimo subió en menos de un año de 900 pesos (en mano, entre efectivo y tickets) a 1.165 pesos, lo que implica un aumento para la categoría inicial del 29% y de un 19/20% para los trabajadores de más ingresos. Además, la empresa aceptó aumentar el pago en concepto de guardería de 250 a 350 pesos. El acuerdo vence en diciembre de este año y no incluye cláusula de paz social. Para el resto de los 14 puntos del petitorio que se presentara oportunamente (que incluye un mínimo de 1.800 pesos, el aumento de la antigüedad y el respeto a la jornada legal de 36 horas), se abriría una mediación del Ministerio de Trabajo. El planteo gremial comenzó el 7 de junio, Día del Periodista (que Perfil no reconoce como día del gremio). Una asamblea de más de 300 trabajadores votó el petitorio de los 14 puntos. Frente al reclamo, la empresa (que días antes habían anticipado que no habría aumentos) contraofertó un 5% para todos. Nuevas asambleas hicieron elevar la posición "oficial”. A partir de ese momento, la empresa se mostró inflexible y militó activamente para quebrar el conflicto. Utilizó diez páginas en dos ediciones consecutivas del diario (que aparece sólo los domingos) para atacar a los trabajadores. Desde ellas, Jorge Lanata atacó al Estatuto del Periodista. La empresa montó, además, un retiro voluntario para los periodistas del diario (en el que sólo se anotaron cuatro trabajadores). El acuerdo deja pendientes muchas de las reivindicaciones planteadas; pero la patronal no logró quebrar la unidad de los trabajadores ni golpear a la organización gremial. Perfil se encuentra en una etapa de expansión, cuya clave es la reorganización de la empresa sobre la base del alargamiento de la jornada laboral y salarios a la baja. Las siete semanas de conflicto ponen en jaque este proyecto.

El gobierno de De la Sota decretó la conciliación obligatoria cuando la lucha salarial de docentes y estatales era incontenible. A pesar de que estaban reunidas las condiciones para una victoria decisiva, la burocracia de ambos gremios —SEP (empleados públicos) y UEPC (docentes)– rápidamente aceptó la conciliación. Para disimular la entrega, Nebreda, de UEPC, definió a la conciliación “un triunfo”. La burocracia venía entregando el conflicto desde el comienzo. En la primera reunión aceptó el descuento de los días de paro… mientras se hiciera en cuotas. El descuento de los días de paro de julio, la semana pasada, había acentuado la rebelión de los huelguistas; las agresiones del gobierno estimulaban la lucha. El cumplimiento del paro docente de 48 horas fue aplastante y el viernes 4, 25.000 trabajadores manifestaron en Córdoba. Ahora, la burocracia se apresta a aceptar una oferta “mejorada”, que consistiría en un aumento de 100 pesos (50 en blanco y 50 en negro). Desde el inicio del conflicto se negó a comprometerse con la reivindicación de un monto preciso de aumento salarial. Los mandatos de las asambleas de base, e incluso de asambleas de delegados, como la de Colón, planteaban 1.800/2.000 pesos de mínimo. Luego dijo que quería el 19% “por todo concepto”. Ahora, se conforma con la oferta “mejorada”. La burocracia cordobesa coincide con Ctera en considerar un “éxito” los 840 pesos de mínimo de bolsillo que plantea el gobierno nacional. Cuando estuvo en Córdoba, Yasky había fustigado a De la Sota por “no cumplir con la ley de Financiamiento Educativo”; o sea con aquel planteo salarial Durante la semana pasada, el reclamo docente recibió las más sospechosas adhesiones, en particular de burócratas y políticos kirchneristas como Moyano o Vaca Narvaja. Algunos imaginaron que estaban apoyando la lucha; de ningún modo: pretendían sacar del aislamiento a la burocracia, para que pudiera entregar, por sí y ante sí, esta gran lucha. Los kirchneristas se montaron sobre el conflicto para hacerlo fracasar. La burocracia entrega la huelga para preservarse. Después de la movilización del viernes, más de cincuenta delegados antiburocráticos de Capital y un grupo muy importante de activistas docentes, habían decidido autoconvocarse para el lunes siguiente; en el Departamento Colón se formó una coordinadora de base, integrada por un sector muy importante del Cuerpo de Delegados (opuesto a la burocracia celeste). Esta Coordinadora protagonizó el jueves una movilización histórica de más de 500 personas en Villa Allende. Pero la burocracia no ha logrado desmovilizar a los docentes. En los barrios se siguen generando acciones de padres y docentes. La Coordinadora de Colón marcha hoy, miércoles 9, hacia la Capital, para reclamar los 1.800 de mínimo, rechazar la conciliación, exigir el pago de todos los días de paro y una asamblea general de la docencia. En Capital se le sumarán delegados, padres y activistas.

Siete comunidades mapuches —apoyadas por la Confederación Mapuche Provincial- ocuparon con sus animales un sector de las diez mil hectáreas de invernada que reclaman como propias en la zona de Pulmarí-Aluminé. Están rodeados por la Gendarmería pero anunciaron que resistirán la orden judicial de desalojo, que llegó el sábado. Los mapuches reclaman las tierras y denuncian que a partir de 1995 fueron concesionadas a empresarios nacionales o extranjeros o entregadas al Ejército por la Corporación Interestatal Pulmarí (CIP), que integran los gobiernos nacional y provincial. “Esta demanda la hemos planteado al mismo Secretario General de la Presidencia de la Nación, Dr. Oscar Parrilli, quien se comprometió a generar las condiciones políticas para devolverlas (…). Hasta hoy, su única respuesta ha sido pedir tiempo. Más de dos años de tiempo hemos otorgado como crédito a su palabra. No más espera, no más crédito a Parrilli. No más especulación con nuestro territorio. No más desintegración territorial”, dice la declaración mapuche. La CIP entregó a precio de saldo campos productivos en donde se encuentran un cementerio mapuche, pinturas de arte ancestral de altísimo valor y los lagos Aluminé y Pulmarí. “El Pueblo Mapuche decidió no dar más tiempo. Necesitamos recuperar esas tierras para no morirnos de hambre", afirmó Verónica Huilipan, dirigente de la Confederación Mapuche Neuquina (Clarín, AF, 1/8). Los ocupantes aclararon que no están enfrentados a los pequeños productores ni a crianceros sino “contra los grandes terratenientes y las concesiones que benefician a los amigos del poder provincial”. Uno de los “favorecidos”, el empresario italiano Domenico Panciotto, compró la concesión por 20.000 pesos, con el perilago y lugares ceremoniales incluidos. Allí levantó un spa étnico para turismo extranjero, cuya tarifa diaria es de 200 dólares. Otras parcelas fueron entregadas a Roemmers (Infocívica, 6/8).

Convocados por distintas asociaciones árabes, sirias, y libaneses, el Partido obrero junto a varias organizaciones moviliza este viernes 11/8 desde las 16 horas por el centro platense hasta la gobernación. Marchamos con las siguientes consignas: Paremos el genocidio del pueblo palestino y libanés. La política de tierra arrasada nos llevará a una nueva guerra mundial. Fuera todas las tropas israelíes de los territorios ocupados. Libertad a los presos políticos que están en las cárceles de Israel. El silencio de la comunidad internacional es cómplice. Detengamos la agresión israelí ahora. ¡¡¡Basta de muerte y destrucción!!!

Los compañeros del Francés se encuentran nuevamente en pie de lucha, como consecuencia del despido de cuatro compañeros, uno de los cuales es un reconocido activista. Este acto de prepotencia del interventor kirchnerista y sus acólitos no logra disimular que no tienen un plan para reactivar el Hospital. Han estafado la buena fe de los trabajadores, los usuarios y la opinión pública. Faltan insumos, aumenta la deuda acumulada con trabajadores y médicos, y se acrecienta el déficit de la institución, que mensualmente arroja un rojo de 2 millones de pesos. Se han traído pacientes de Pami, que son los que arrojan más gastos y requieren mayor atención, mientras que el ingreso por esta prestación es insignificante, agravando el déficit financiero del Hospital y al mismo tiempo provocando una sobrecarga de trabajo, en especial para enfermería. La Intervención, además, trasladó su base de operaciones fuera de las instalaciones del Hospital. El interventor pretende imponer un convenio de crisis, que contempla un reducción salarial y despidos. El director general, González, ha dicho que "sobran" por lo menos 400 trabajadores. Alguien sobra Hasta los médicos, cuya gremial habría adoptado una actitud más contemporizadora, lanzaron un paro contra los atrasos en el pago de sus honorarios y remuneraciones. El Estado nacional y municipal deben asumir su responsabilidad y tomar a su cargo el pago de salarios e insumos del Francés, mientras se encara, en el marco de una mesa de trabajo integrada por los trabajadores y el Estado, la salida de fondo del Hospital. El fracaso de la Intervención vuelve a poner a la orden del día la cuestión de la estatización del Hospital, que debería funcionar bajo supervisión de los trabajadores. Esta medida constituiría un aporte importante para sanear la crisis sanitaria que vive la Capital. El Ramos Mejía no da abasto, mientras, a pocas cuadras, el Francés está trabajando en un nivel menor a su capacidad. ¿No es hora de que el Francés pase a integrar la red pública hospitalaria de la Ciudad? ¿O el gobierno va a seguir alimentando una estructura privada que se ha revelado totalmente agotada? Ratificamos la movilización como la única garantía de los trabajadores de ser escuchados. Llamamos a rodear de apoyo la lucha de los compañeros del Francés. Defendamos un hospital para todos.

En un pronunciamiento dirigido a todos los trabajadores de la educación del Chaco, Tribuna Docente, la agrupación que encabeza la oposición en Ctera a la conducción de la Lista Celeste de Hugo Yaski, opinó ayer que “El masivo repudio que recogió en las escuelas el proyecto de Ley acordado por Filmus y Yaski y el paro convocado para la misma fecha por Sitech, Atech y Utre demuestran que el gobierno fracasó en distraernos de la lucha salarial con la discusión de la ‘nueva’ ley”. El comunicado, que lleva la firma de Daniel Garcia, saludó “la decisión de Utre de sumarse a la medida de fuerza acordada por Sitech y Atech, abandonando la posición mantenida ante el paro del 12 de junio pasado” y le reclamó a la filial chaqueña de Ctera “un claro pronunciamiento por el retiro del proyecto de ley nacional de educación que, de aprobarse, mantendría la provincialización de las escuelas llevada adelante en etapas por la dictadura militar y el menemismo, e incluso la profundizaría, porque plantea la municipalización de las mismas.” “La pretensión de que los docentes queremos el salario por ‘mérito’ (eliminando la antigüedad), la reválida de los títulos, la liquidación de los estatutos docentes y la desaparición de los jardines maternales, muestra la impotencia de un gobierno en crisis, golpeado porque los docentes desbaratamos el fraude ‘participacionista’ y utilizamos las jornadas para debatir nuestras propias reivindicaciones: la renacionalización del sistema educativo y un básico unificado en todo el país de 1000 pesos, en el camino de un salario igual a la canasta familiar”. Más adelante, Garcia anunció la realización de “una Marcha Federal a Plaza de Mayo convocada —entre otras organizaciones y sindicatos– por los Sutebas combativos (Buenos Aires), la Conadu histórica (docentes universitarios), los sindicatos de Amsafe de Rosario y San Lorenzo (Santa Fe), Aten Plottier y Senillosa (Neuquén) y la Federación Universitaria de Buenos Aires. Al día siguiente de la marcha se realizará un Congreso de la Educación en Lucha, con la presencia de delegados de todo el país” (diario Norte, 5/8).

El resonante caso de la niña discapacitada y violada en Guernica produjo tanta indignación en muchos sectores de la sociedad porque, a simple vista, parecía que no había más vueltas que darle al asunto. El Código Penal (art. 86) dice claramente que en caso de violación e idiotez no es punible el aborto. Pero el caso tomó un giro que era de esperarse de un Estado clerical. Son terriblemente reaccionarios todos los artilugios que se usaron para crear una corriente de opinión contra del aborto y para que la Justicia dejara pasar el tiempo. Lo que produce más bronca es cómo los medios de comunicación trataron el tema. En todos los programas, el caso es presentado como el de la joven discapacitada “presuntamente violada”. Eso no es otra cosa que suponer que la niña está embarazada fruto de una relación consentida. En este caso, el violador tomó la misma estrategia que el violador de Romina Tejerina: “Yo no fui, me hago el ADN”. Se habla de aborto desde el punto de vista clerical- constitucional con el súper chamuyo de los “derechos del niño por nacer” y de los niños como sujetos de derecho, y se invita a todos los cuadros chupacirios a que den su punto de vista de cómo un niño tiene derecho a nacer sin madre y sin familia, y sin identidad. Un empresario voluntarioso que ofrece a la niña un parto feliz y que le entregue el bebé en adopción, como si no hubiesen niños en orfanatos a la espera de ser adoptados. ¡Y como si estar en una clínica de lujo causara un parto feliz a una niña discapacitada que no comprende lo que es ser madre! Ginés y Solá explicaron que son respetuosos de otros sectores de la sociedad que no están de acuerdo con el aborto y que se comprometen a darle contención a la joven violada. Seguramente, le mandarán una asistente social clerical y el plan Jefas y Jefes para la abuela. La frutilla del postre la puso la Iglesia, que defiende la vida de un nonato por encima de la vida de la madre. Y hasta sobre la del propio niño, porque no acepta el aborto ni cuando de antemano se sabe que el bebé va a nacer muerto. Su gran propuesta es la de Teresa de Calcuta: crear orfanatos para alojar a todos los niños que nacen fruto de embarazos no deseados, violaciones de madres, discapacitadas... para que los protejan los Grassi, hasta que sean entregados en adopción. Se ha creado un maldito precedente para que todas las mujeres violadas, sean discapacitadas o no, no puedan abortar. Por otro lado, se las empuja a seguir siendo víctimas del aborto clandestino. Ninguna madre va estar dispuesta a someter a una hija a tanto manoseo. El caso en general devela el carácter de los “nac & pop”, que ya condenaron a Romina Tejerina en Jujuy. Sólo nos queda la organización independiente de las mujeres, para llevar adelante la lucha en contra de toda esta opresión humillante. Anticonceptivos para no abortar, aborto legal y gratuito para no morir. Cárcel a los violadores. Atención integral de la mujer violada. Educación sexual en las escuelas. Atención integral a los discapacitados. Libertad a Romina Tejerina.

Videourgente, grupo de video independiente, es víctima de una persecución política. El empresario Rafael Paz, implicado en el conflicto de tierras vivido en la comunidad Yuquises (Santa Cruz), intenta acallar a Videourgente por la elaboración del documental “Yuquises, lo que la prensa burguesa nunca mostrará”. El documental es una síntesis de las opiniones vertidas por miembros del Movimiento Sin Tierra, en el que acusan de narcotraficante al empresario Paz y de contratar sicarios para enfrentar a los campesinos Sin Tierra; los datos de acumulación de tierras en manos de la familia Paz, y proporcionados por el video, son del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Paz y su abogado, molestos por la difusión del documental en un medio de comunicación local, amedrenta al programa que difundió el video, al festival de video en el que el dicho trabajo obtuvo un premio, y a los autores del video, amenazando con llevar adelante un juicio por difamación contra todos los mencionados. Denunciamos que el problema, más que legal es político; a través de su poder el empresario intenta ocultar la otra versión del conflicto de tierras en Yuquises y su responsabilidad en las plantaciones de marihuana y arsenales de armamento en su “propiedad”. Ante cualquier “incidente” que le sucediese a los miembros de videourgente, responsabilizamos totalmete a este señor, experto en pagar sicarios y grupos armados para enfretar a campesinos sin tierra. Llamamos a todos los amigos a solidarizarse con Videourgente, y estar alertas.

A una semana de las elecciones del Soip, no existe escrutinio definitivo y la Junta Electoral se disolvió. Las seis listas intervinientes presentaron impugnaciones sobre 20 mesas que abrieron antes del horario y cerraron varias horas antes de la hora estipulada, privando así de votar a unos 150 afiliados, que con su voto hubieran transformado el resultado provisorio (sólo difundido por Prensa Obrera). La negativa del Ministerio de Trabajo (que actuó durante toda la jornada del fraude) a contar voto a voto frente a todos los apoderados, delata la voluntad de evadir la responsabilidad que efectivamente le cabe en semejantes irregularidades. Está en marcha la denuncia pública de este fraude, acciones jurídicas acompañadas por la firma de los afiliados a quienes se les impidió el derecho a votar, y movilizaciones hasta el Ministerio y el Soip. Se trata de una pelea política muy dura. La patronal y el Ministerio no quieren dejar un antecedente de revocabilidad de la burocracia sindical, que siempre aplica distintos niveles de fraude. Pero vamos a dar batalla hasta las últimas consecuencias. Vamos a denunciar la existencia de un frente esclavista comandado por la cámara pesquera, el Ministerio y la camarilla del Soip, encabezada por su abogado Nagenson, funcionario del Ministerio durante la dictadura, que secuestró delegados y activistas del Soip. Hoy este frente esclavista lo dirige el secretario de Pesca y líder de la camara, Fortunato, dirigente del para-policial CNU en los ‘70. Vamos a denunciar que los que reprimen salvajemente a los obreros que se rebelan contra el trabajo en negro y el fraude laboral son los mismos que impulsan y convalidan el fraude sindical. Estas denuncias que refuerzan la campaña de la Bordó contra el trabajo en negro, los convenios flexibles y la miseria salarial, van a seguir constituyendo la fuerza que aglutine cada vez más delegados y activistas para dar una lucha organizada. Desde el oficialismo no se observa la menor muestra de festejo. Debe influir en ello no sólo la falta de certeza sobre los resultados, sino también que un 75% del electorado votó en su contra y que la Bordó, su principal adversario, se ha posicionado como la líder de los activistas y delegados combativos.

Numerosos trabajadores de los planes sociales, organizados en la agrupación Jefas y Jefes de Hogar en Lucha, que cuenta con el apoyo del Polo Obrero, se reunieron ayer en su primera asamblea provincial. La misma sesionó desde tempranas horas de la mañana en la sede de la Universidad Popular y por primera vez incorporó en su seno a delegados de los Jefes de Hogar que se desempeñan desde hace años en distintas dependencias estatales y municipales del interior de la provincia. La Asamblea discutió el programa de reivindicaciones del sector, aprobando las siguientes: a) pase a planta de todos los trabajadores de los planes sociales que se desempeñan en hospitales, escuelas, centros de salud, dependencias ministeriales y de organismos descentralizados, o su contratación mientras duren las negociaciones; b) empadronamiento inmediato de todos los integrantes de la organización a cargo del Estado para la contratación de la póliza de seguro de vida prevista en la legislación provincial; c) boleto gratuito en los servicios de transporte público de pasajeros mientras dure la actual situación; d) plan de viviendas populares y de obras públicas por administración para generar miles de puestos genuinos de trabajo en la provincia; e) denunciar a los Estados nacional y provincial como patronales negreras. El 2 de agosto, 200 compañeros de Jefas y Jefes de Hogar en Lucha se movilizaron a la Gerencia de Empleo. “Bocha” Florentín, el vocero de la agrupación, señaló que José Valenzuela, responsable de esa gerencia, fue puesto en conocimiento de las amenazas recibidas por miembros de la organización para que dejen de movilizarse. Valenzuela reconoció el derecho que asiste a los trabajadores de luchar por el pase a planta y se comprometió públicamente a no dar de baja a ningún Jefe de Hogar que se empadrone en la organización “Jefas y Jefes de Hogar en Lucha”. La asamblea votó un plan de lucha.

Soy María Emma Suazo, empleada en negro de la provincia. Trabajo en el Ipec (Instituto Provincial de Estadística y Censos). Mi primer “contrato” con el Estado data de mayo de 1997 (sí, hace casi 10 años). El 23 de noviembre de 2005 se firmó el decreto que regularizaba la situación de los trabajadores del Ipec, pasando a formar parte de la planta permanente de la provincia. Pero ¡oh, sorpresa!, yo no fui incluida. Un “problemita burocrático” generado me privó de obtener mis legítimos derechos de trabajadora. En ese mismo instante, noviembre de 2005, inicié un nuevo expediente, que lleva ocho meses navegando en las turbulentas aguas de la burocracia santafesina. Mientras tanto, mis condiciones de trabajo se pueden enumerar rápidamente, seguramente a muchos les sonará familiar: no tengo obra social (me la tengo que pagar con mi monotributo); no tengo vacaciones; no tengo licencias por enfermedad; pago mi propio seguro de vida; pago mi movilidad. Mi tarea en el Ipec es la de supervisora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Desarrollo la mayor parte del mismo en la calle, no sólo de la ciudad de Rosario, sino en su conurbano (muchas veces en zonas, cuanto menos, complicadas). De ahí que nos exigen un seguro de vida, sin el cual no cobramos nuestro magro salario. A pesar de que por la naturaleza de mi trabajo tengo que recorrer grandes distancias, el Estado santafesino tampoco me provee el dinero para la movilidad (viáticos). Por mi contrato de “locación y servicio”, la provincia me paga (con dinero de la Nación , a través del Indec), 780 pesos. Es decir, menos de lo que el propio Indec marca como línea de pobreza. A ese dinero debo restarle todo lo anteriormente mencionado, por lo que mi salario “araña” los 500 pesos. A este tipo de relaciones que el Estado entabla con sus “trabajadores” y que insiste en llamar “contratos”, el Derecho las denomina “fraude laboral”. En noviembre de 2005, y ante el “inminente” pase a planta, debí realizar la carpeta médica, la cual sólo puede realizarse en un hospital de la Provincia y por la cual pagué más de 100 pesos de mi flaco salario. Esos estudios están hoy vencidos, por lo que nuevamente, y si Dios quiere, si se llegara a dar mi regularización como trabajadora, deberé darle más dinero al hospital público que ya sostengo con mis impuestos, para hacer nuevamente mi carpeta médica. “Burocracia Provincial”: puedo decir que la conozco y la padezco. Ahora he decidido contarles a todos cómo funciona, para compartir con quienes, como yo, la padecen, o lamentablemente la padecerán. Así trata la provincia de Santa Fe a sus trabajadores.