Prensa Obrera N° 955

Luego de una huelga de 48 horas, se dictó la conciliación obligatoria en la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires, con la reincorporación de los once trabajadores despedidos, incluyendo uno de los delegados. La Terminal , de carga y descarga de contenedores, está en manos de BACTSSA (Buenos Aires Containers Terminal Service SA), con sede en Hong Kong. Trabajan unos 600 trabajadores, entre el personal permanente y tercerizado. La mayoría del personal estable está encuadrado en los sindicatos de Guincheros y Grúas Móviles y de Marina Mercante, que pertenecen a la Federación de Gremios Marítimos. Esta Federación reúne, además, a otras 17 organizaciones (como estibadores portuarios, capataces, dragado y balizamiento). El 17 de junio, la Federación acordó con la cámara de las empresas del puerto y de la actividad una recomposición salarial del 19% (12% al básico más un 7% no remunerativo) y una cláusula de paz social hasta julio de 2007. El acuerdo fue cerrado en forma inconsulta y sorpresiva; fueron desconocidas las asambleas de trabajadores de todas las terminales que se habían pronunciado por una recomposición salarial mayor y por una serie de reclamos que se vienen planteando desde hace mucho tiempo: antigüedad, pago de las horas nocturnas, jornada de 8 horas (y no de 12 horas como actualmente realizan los trabajadores estables o de más de 12 horas para los tercerizados, con sueldos que son un tercio de los de los trabajadores estables). Un acuerdo previo, en noviembre de 2005, había establecido fuertes condiciones de flexibilización. Ante la firma del acuerdo salarial y ante la negativa de la empresa de escuchar los reclamos, la asamblea de los trabajadores de la Terminal 5 de los diferentes sindicatos, en unión con los tercerizados, desconoció los acuerdos firmados entre los sindicatos y la empresa. La gota que rebalsó el vaso fue la cantidad de accidentes graves y fatales que se producen cada vez con mayor frecuencia. Por esta razón, los compañeros de la Terminal 5 comenzaron a trabajar con estricto cumplimiento de las normas de seguridad que la misma empresa impone en los papeles, pero no en los hechos, presentando una denuncia en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y en el Ministerio. El viernes 30, la empresa envió 20 telegramas de apercibimiento, con amenaza de despido incluida. Al no poder quebrar la unión de los trabajadores, la empresa despidió a once compañeros, incluyendo al delegado más combativo. Los trabajadores paralizaron entonces la Terminal hasta la reincorporación de todos los despedidos. Tuvieron el apoyo de portuarios cesanteados en la década del ’90 luego de la privatización del puerto, “desaparecidos sociales” que exigen una reparación histórica en materia de jubilaciones y que organizaron una movilización de apoyo a los trabajadores en lucha. Una victoria en el infierno de flexibilidad laboral que es el puerto.

El lunes 17, el Nacional Buenos Aires fue ocupado por la Fuba. Centenares de estudiantes hicieron fracasar, por quinta vez consecutiva, la Asamblea Universitaria reaccionaria. Había sido convocada en vacaciones para evitar una movilización estudiantil. La ocupación, esta vez, tuvo que enfrentar a los dos bloques en los que se dividieron las camarillas: el que candidatea al decano de Farmacia y ex vicerrector de Shuberoff, Boveris, integrado por la mayoría del radicalismo y un sector del peronismo; y el que postula a Buzzi, decano de Medicina, quien apoyó a Alterini durante cuatro Asambleas y que ahora se abrió para formar un bloque con los cuatro decanos “progres”, el ultraprivatizador Vilella y el ex decano de económicas, De Grossi. Ambos bloques denunciaron la ocupación estudiantil. División Sin duda, la gran novedad de esta Asamblea fue la aparición de un nuevo bloque encabezado por el ‘alterinista’ Buzzi, representante de la corporación médica, a partir de una iniciativa de los decanos de centroizquierda y del Ministerio de Educación. En el bloque participa el ex decano de Agronomía, Vilella, que es el máximo exponente de los planteos capitalistas en la universidad. Tiene un decálogo que desarrolla la “unidad de la universidad con la producción” capitalista. Durante su gestión, Agronomía estrechó lazos con los grandes monopolios, con Monsanto a la cabeza. De igual signo es el ex decano de Económicas, De Grossi, quien llevó a su facultad a encabezar el ranking de venta de servicios: recauda por posgrados arancelados y por comisiones de pasantías a miles de estudiantes, que deben tributar parte de su miserable salario. El kirchnerismo ofició de celestina entre los progres, los neoliberales y un sector del radicalismo ‘alterinista’. La expectativa de este bloque fincaba en ganar el rectorado con ¡los votos de la Fuba! Para ello, armó incluso algunas promesas de bajo nivel y de concreción dudosa ¡Cómo si la lucha dada en estos meses tuviera su expresión triunfal en el ascenso de un rector de la corporación médica, rodeado de agentes de los monopolios y la privatización! Lo que está en juego Las corporaciones capitalistas y el Banco Mundial dominan el régimen universitario, dictan los planes de estudio, han establecido los posgrados arancelados y mantienen un régimen de trabajo docente gratuito para favorecer la deserción estudiantil y con ello marchar a una mayor limitación del ingreso y en las carreras. Es así que las materias de estudio más importantes para una calificación se pasaron a ciclos de posgrados que cuestan miles de pesos. En la Facultad de Odontología, por ejemplo, el estudio de implantes dentales fue pasado al ciclo de posgrado con un arancel superior a los 45.000 pesos. Con estos aranceles las corporaciones se aseguran una restricción de la competencia de profesionales independientes y una alta rentabilidad del negocio. Los miles de docentes ad honorem (casi un tercio del total de la docencia) son una expresión de una política conciente que apunta a liquidar la existencia de una universidad de masas. Al capital no le interesa una universidad de 300.000 estudiantes. El escaso presupuesto universitario que asegura el gobierno obliga a las facultades a “convertirse en empresas” — como lo admitió recientemente el ex rector Jaim Etcheverry. Parte del negocio está dado por las pasantías, que camuflan la explotación del trabajo con un ropaje ‘formativo’. Gobierno universitario La lucha de la Fuba contra la Asamblea Universitaria es para poner fin al régimen de gobierno de estas corporaciones capitalistas y del Banco Mundial. No es el reclamo de la ‘democracia’ en abstracto. El régimen político-académico de las corporaciones excluye a la masa de los docentes, reduce el peso de los estudiantes, privilegia a los graduados (ligados a los grandes estudios de abogados, de ingenieros, arquitectos, o a los colegios profesionales de Ciencias Económicas) y sobredimensiona a una camarilla de dos mil profesores. No se trata, por lo tanto, del cuestionamiento a una forma de representación en sí misma, el que hace la Fuba, sino a la que moldea intereses sociales que hacen a los negocios capitalistas al interior y al exterior de la Universidad. Por eso, Beatriz Sarlo, una graduada alfonsino-chachista-delarruista, volcada a la derecha, pudo acusar a la Fuba, desde un largo editorial de Clarín, de llevar la lucha de clases al interior de la UBA. Exactamente. La lucha por la transformación del gobierno universitario es una lucha por una reestructuración social de la universidad al servicio de los intereses de los explotados contra el capital. Nuestra salida Los dos bloques profesorales — el de Boveris y el de Buzzi — no tienen ninguna diferencia. Es más, la capitulación del progresismo ante los neoliberales demuestra que la defensa de los intereses capitalistas es para ellos “una cuestión de Estado”. La UJS plantea: abajo la universidad de las corporaciones. Por un gobierno de estudiantes y docentes para proceder a una reestructuración social de la UBA. Por salario para los ad honorem y aumento salarial para todos los docentes; defensa del ciclo de grado y gratuidad de todos los posgrados; por un plan de becas para evitar la deserción masiva; fuera las imposiciones de la empresa privada; control estudiantil del régimen de pasantías y de cualquier convenio de investigación; por planes de estudio discutidos democráticamente por estudiantes y docentes; duplicación del presupuesto universitario. Planteamos que se convoque a una nueva Asamblea Universitaria, paritaria entre docentes y estudiantes, para resolver sobre el gobierno que necesita la Universidad en función de una reestructuración social sobre nuevas bases.

A medida que pasan los días, van llegando decenas de adhesiones y pronunciamientos por la reincorporación de los artistas despedidos por la Secretaría de Cultura provincial y contra el ataque que el gobernador Alperovich y su secretario, Mauricio Guzmán, realizan contra la cultura. En dos años, este funcionario tiene el deshonroso récord de haber destruido dos elencos completos del Grupo de Ballet Contemporáneo. En su momento, Guzmán fue funcionario de Bussi. Esto es lo que explica la masividad de las firmas que está recogiendo el pronunciamiento por la reincorporación. Lo firmaron destacadas figuras de la cultura nacional y provincial, como el bailarín Maximiliano Guerra, la reconocida docente tucumana Beatriz Labatte, actores y directores de gran trayectoria en la provincia como Juan Tríbulo, Carlos Alsina y Teresita Guardia, junto a músicos, artistas plásticos, intelectuales y organizaciones políticas. Estamos preparando una conferencia de prensa, que junto a solicitadas y a una agitación, prepare las condiciones para llevar a cabo fuertes acciones artísticas de repudio, actos, escraches, etc. La lucha de los bailarines del Ballet Contemporáneo debe triunfar. Sigue la campaña, sigue la lucha.

No deja de sorprender, pero los pocos aunque seguros seguidores de la corriente internacional de Woods siguen apoyando, en medio de la guerra encarnizada del gobierno sionista contra el Líbano y el pueblo palestino, al... ministro de Defensa, Amir Peretz. Peretz es el que da las órdenes al ejército, a la guardia de frontera e incluso a los servicios de seguridad, para asesinar y bombardear, y hasta reprimir a los manifestantes judíos que se rebelan contra esta política. Estos señores habían inventado una cínica mentira para justificar su apoyo a Peretz, hasta antes de los recientes ataques militares. Decían que Amir Peretz apoyaba un recorte presupuestario al Ministerio de Defensa para llevar adelante la promesa electoral de reforzar el presupuesto social. En realidad, Peretz y el laborismo se opusieron al recorte presupuestario de Defensa (Haaretz, 31/5), que proponía, en cambio, la derecha. El recorte representaba una suma relativamente pequeña, incluso ridícula (160 millones de dólares, aproximadamente). Ahora inventan una nueva clase de justificación para seguir apoyando al gobierno actual que está masacrando a la región. Dicen que “la derecha está intentando recuperar el poder perdido. Se habla de echar al presidente laborista Amir Peretz de su cargo como ministro de Defensa y sustituirle por un ex general. Muchos del ala derecha laborista están a favor, por no mencionar a los dirigentes del Kadima. Si esto sucede, entonces la clase dominante israelí tendrá ya un gobierno tremendamente impopular ante las masas israelíes. Aunque los marxistas sabemos que la presencia de dirigentes socialdemócratas en gobiernos burgueses no es beneficiosa sino perjudicial para los intereses de los trabajadores, no tenemos duda de que un gobierno de la derecha y la extrema derecha, realmente semifascista, sólo puede empeorar las cosas” (http://www.marxist.com/oriente-medio-explosion-llegado.htm). ¿Qué conclusión se impone de esto? Que es a todas luces más “beneficioso” para las masas un gobierno “perjudicial para los intereses de los trabajadores”, que un gobierno que “empeore” esa política “perjudicial”. En circunstancias normales, quien justifica el apoyo a un gobierno criminal con estos razonamientos, se encuentra a sueldo de ese gobierno criminal. Pero parece que la derecha encargada de “empeorar” lo que ya es “perjudicial”, no opina lo mismo: el líder de la oposición de derecha, el ultra-derechista presidente del Likud, Benjamin Netanyahu, ha dicho en su discurso a la Knesset (17/7): “Estoy seguro y orgulloso de nuestro gobierno (...) apoyamos al primer ministro y al ministro de Defensa (...) no hay lugar para acuerdos (con los palestinos o Hezbollah), hoy sólo hay lugar para el triunfo”. Es decir, para el aplastamiento de la resistencia libanesa y palestina. Lo mismo decía, desde Haifa, el mismo Amir Peretz, el día anterior: “No hay lugar para ningún cese del fuego, hay que ir hasta el final; todo aquel que nos haya atacado tiene que saber que no quedará en pie”. Aun el fascista Avigdor Liberman no puede sino apoyar al primer ministro Olmert y al laborista ministro de Defensa Peretz, y ha dicho que mientras el gobierno siga la política que tiene hasta ahora ni siquiera hay necesidad de formar un gobierno amplio de coalición nacional. Pero Peretz no es sólo un dirigente social-demócrata, traidor a la clase obrera judía (y palestina, agregaríamos nosotros); es un gobierno burgués, es dirigente del movimiento de opresión nacional a los palestinos de los territorios y las fronteras del Estado de Israel del ’48; es un dirigente de un Estado que es punta de lanza del imperialismo en Medio Oriente. Dónde se ubica entonces la corriente de Woods: con Peretz “contra de la ultraderecha sionista”, lo que significa, en otras palabras, con el sionismo de “izquierda” en contra de las aspiraciones nacionales de los palestinos y los pueblos de Medio Oriente. No es casualidad que los pocos seguidores israelíes de Woods no hayan aparecido en las últimas manifestaciones de repudio a los ataques bárbaros contra el Líbano y Gaza.

La Comisión Interna (CI) de Cadbury/Stani ha convocado a una asamblea general con movilización para dar inicio a un plan de lucha por el nuevo convenio de empresa. La paritaria entre las patronales y el Sindicato de la Alimentación culminó en un fiasco, con un aumento de 19% partido en tres etapas, lo que le da fuerza particular a los convenios por empresa que han comenzado a discutirse en las grandes plantas. La CI confeccionó un pliego que contiene, básicamente, tres reclamos: aumento del ticket canasta, derogación del “convenio Mantecol”- que establece un menor pago por horas extras para un sector de los trabajadores y la anulación de ciertos ítems de los que hoy componen el premio a la productividad. Este “premio”, instaurado por la vieja patronal de Stani en 1992 es, en sí mismo, una pequeña joya en el arsenal de instrumentos de explotación de la clase obrera. Desde su instauración la producción se ha triplicado prácticamente con la misma cantidad de operarios y el salario medio en términos reales está un 25% por debajo del percibido antes de la devaluación. Los trabajadores son sometidos a un régimen en el que se consideran dos factores: la cantidad producida por hora por los compañeros que están en la línea de producción (grupo de máquinas afectados a un producto) y la cantidad producida por hora por la sección en su conjunto. El índice global de la sección está condicionado a cinco objetivos: eficiencia, eficiencia de los materiales, restos, calidad, seguridad. El control de este sistema de “productividad” estará, de aquí en más, a cargo de un “líder” que se hará cargo del cumplimiento de las tareas, los tiempos y el control del proceso productivo. El “líder” gana tres veces el premio a la producción conseguido por su sección. La elección de este capataz disfrazado pretende crear una autoridad “paralela” a la del delegado entre los trabajadores. La pelea por el convenio incluye la pelea contra el índice de productividad diseñado por la patronal.

El decano de Medicina, Buzzi, ha prometido a quienes se lo escucharon, reconoce un salario a los docentes ad honorem y establecer la gratuidad de los posgrados. ¿Pero por qué no lo hace de inmediato en su facultad; por qué no lo hizo en los últimos cuatro años? Medicina concentra la mitad de los docentes ad honorem de la UBA (unos 5.000 sobre 10.000). Buzzi, desde hace más de cuatro años decano de la Facultad, es el responsable de un régimen de superexplotación de los docentes. Medicina es, también, la segunda facultad en recaudación por el cobro de aranceles en los posgrados. Cuando el responsable de semejante situación reclama que se lo vote para que “no suba la derecha”, está protagonizando un acto extorsivo.

Los trabajadores de los planes Jefes y Jefas que cumplen tareas en el Hospital Iturraspe han logrado un avance en sus objetivos. Luego de once días de lucha lograron que el Consejo de Administración se comprometa a contratarlos en cuatro meses y ser reincorporados a la planta del nosocomio. Más tarde, debería seguir el pase a planta permanente. Los contratos serán por un salario de 850 pesos. La lucha comenzó con el encadenamiento de los trabajadores a las puertas de entrada del Hospital. Durante días, debieron soportar las provocaciones del Consejo de Administración, el desprecio del Ministerio de Salud, la presión de las rondas policiales y el sabotaje de las burocracias de UPCN y ATE. Los trabajadores de planta en todo momento mostraron su solidaridad, adhiriendo activamente con firmas, aportes, aliento y sugerencias de cómo continuar la lucha. La indiferencia de las autoridades radicalizó la lucha, lo cual obligó al Consejo a firmar el acta. Bravo, compañeros, la lucha recién comienza.

En sus ataques contra la población civil del Líbano y Gaza, el Estado sionista utiliza armas prohibidas en las convenciones internacionales. Hay denuncias sobre la utilización de armas químicas, de fósforo blanco (incendiarias) y bombas de cargas especiales (como bombas de implosión o bombas de vacío). “Reporteros gráficos de AFP vieron en la periferia sur de Beirut varios edificios de ocho plantas venirse abajo en cinco minutos dejando una nube de polvo, lo que podría indicar el uso de este tipo de armas” (Clarín, 17/7).

Preguntamos: Los presidentes que se reunirán en la ‘cumbre’ del Mercosur, en Córdoba, ¿condenarán las acciones criminales del Estado de Israel contra los pueblos de Palestina y el Líbano, o seguirán con sus planes de firmar ‘un acuerdo de libre comercio’ con el Estado sionista? ¿Seguirán reprimiendo al pueblo de Haití o retirarán las tropas de ocupación y harán respetar la autodeterminación nacional de ese país, constantemente pisoteada por el imperialismo yanqui? ¿Seguirán avalando la desertificación de los campos por parte de las sojeras, las forestadoras y pasteras, y la expulsión de los campesinos, o se reúnen para discutir la expropiación de los latifundios y la tierra para los trabajadores rurales? ¿Continuarán emitiendo bonos de deuda externa para seguir pagando la que va venciendo o iniciarán una campaña para poner fin al saqueo de los recursos de nuestros países y a la enorme pauperización de nuestros pueblos? ¿Seguirán haciendo negocios, con distintas modalidades cada uno, con los grandes pulpos petroleros, que se llevan el grueso de las rentas de hidrocarburos, y con los grandes fondos especulativos que controlan a muchos de ellos, o impulsarán la nacionalización sin pago de los recursos naturales en nuestros países y una integración energética independiente de los intereses capitalistas? ¿Seguirán “asistiendo socialmente a los pobres”, en diferentes grados cada uno, y consolidando de este modo la degradación de masas enteras del pueblo, o discutirán la adopción de un salario mínimo en todos nuestros países, que cubra el costo de la canasta familiar? Nosotros, los del Partido Obrero, pensamos que ‘la reconstrucción de la burguesía nacional’, que proponen, con diferentes características, los gobiernos que participan de la ‘cumbre’, no es una salida para un continente que se hunde cada vez más en la miseria como consecuencia, precisamente, del capitalismo mundial y nacional. Para que las preguntas que hacemos tengan una respuesta positiva, nosotros luchamos por la expulsión del imperialismo, por el gobierno de los trabajadores y por la Unidad Socialista de América Latina.

El 7 de julio, un paro general de dos horas obtuvo la reincorporación de tres compañeros contratados del turno tarde, que habían sido despedidos al vencimiento del contrato. A medianoche, la dirección de la empresa concedía la entrega de vales de comida y tickets canasta a los contratados, otro de los reclamos pendientes. Los trabajadores de la planta se encuentran movilizados por un conjunto de reivindicaciones: 500 pesos mensuales de aumento para todas las categorías, reducción de los ritmos de producción, efectivización de los trabajadores de agencia y tercerizados, elección de delegados y de responsables de higiene y seguridad. Una cuestión que está caldeando el ambiente son los accidentes de trabajo. Hace un mes, un terrible accidente casi le cuesta la vida a un obrero; poco antes, en la planta de Tres Arroyos, una compañera sufrió un accidente similar y un trabajador perdió una mano. Por eso, el petitorio reclama inversión y capacitación para erradicar los accidentes y elección de responsables de seguridad e higiene.

El viernes 14, organizaciones vecinales, políticas, ambientalistas y sociales de Berazategui se movilizaron hacia el Municipio para rechazar la instalación del basurero del Ceamse en el distrito y la instalación de la subestación Rigolleau (de Edesur). Berazategui es el municipio de la contaminación. Lo demuestran los muertos y enfermos por PCB; los cableados de alta y media tensión que recorren barrios enteros; los niños con afecciones pulmonares y en la piel por los desechos que las empresas papeleras, químicas y curtiembres arrojan en los arroyos, sin tratamiento alguno; varios basurales a cielo abierto que ya funcionan; el agua con los desechos cloacales que consumimos diariamente. Todas expresiones de la avaricia y el descontrol capitalista que impera en el distrito, con la venia y el “arreglo” por parte del intendente Mussi. A todo esto se pretenden sumar dos grandes nuevos focos de contaminación. Uno, el basurero del Ceamse, que será un depósito de 4 mil toneladas diarias de residuos. Un impuesto extraordinario a las grandes ganancias capitalistas y los bienes suntuarios debe financiar la industrialización de los residuos, para su reciclado y reutilización. Para ello debe emplearse mano de obra desocupada del distrito, en blanco y bajo convenio, incorporando a los desocupados a través de las bolsas de trabajo de sus organizaciones. El segundo, la subestación Rigolleau de Edesur, contra la que se vienen movilizando los vecinos del Barrio San Francisco. Edesur ha montado una campaña de aprietes contra los vecinos (¡dejó al barrio sin luz exactamente en los días y horas en que la Selección jugaba en Alemania!). Al mismo tiempo, se niega a abastecer de energía eléctrica a una serie de empresas que iban a empezar a funcionar en el predio del parque industrial de la ex Sniafa. Pretende, por esta vía, poner a los patrones del parque (y también a los trabajadores) en contra de la asamblea de vecinos. Si Edesur no puede garantizar el suministro de energía necesario, debe ser intervenida. Una comisión electa por las asambleas populares debe verificar el real estado de la empresa, de sus manejos y ganancias. Si se comprueban nuestras denuncias, Edesur debe ser estatizada bajo gestión de sus trabajadores y las asambleas de vecinos. La asamblea de los vecinos autoconvocados, que resiste el intento de Edesur de instalar en Rigolleau otra subestación, la asamblea contra el PCB de barrio San Juan, y la de los vecinos de Ensenada contra el Ceamse, son el camino a seguir. • ¡Fuera la subestación de Rigolleau del casco urbano! Traslado inmediato y definitivo de la subestación. No al cableado de media y alta tensión en los barrios. • ¡Fuera el PCB de los transformadores inmediatamente! Que Edesur y el Municipio se hagan cargo de las víctimas que produjeron. • ¡No al Ceamse! Por un tratamiento efectivo de los residuos. Las empresas deben realizar tratamientos a todos sus desechos. Control de los trabajadores. • Asambleas populares en todos los barrios para poner fin a la contaminación y a los contaminadores. Control vecinal para garantizar el cumplimiento de las medidas.

El centro de Rosario vivió el viernes 7 una pequeña rebelión popular, cuando vendedores ambulantes y transeúntes respondieron con insultos y arrojando piedras al intento de la GUM (Guardia Urbana Municipal) de desalojar a dos vendedores ambulantes. Al grito de “negro de mierda, andate de acá”, los integrantes de la GUM intentaron desalojar a dos vendedores de origen liberiano. Ya hacía varios días que los venían “buscando”. El viernes fueron “con el apoyo de decenas de agentes en motos, cuatriciclos y móviles policiales” (El Ciudadano, 8/7). Los molieron a golpes. La desigualdad de fuerzas y el manifiesto racismo de la GUM, provocaron la rebelión de todos los que presenciaron el hecho. Quienes intentaron frenar las detenciones y las golpizas, también fueron golpeados y presos. No se trató de un hecho aislado. Mario Lazzarin, dirigente del Sindicato de Vendedores Ambulantes, denunció que “todos los días tenemos problemas con esta nueva fuerza de la GUM. Parece que quieren sacar a la gente que trabaja desde hace años en el macrocentro. Pagamos un canon municipal, pero nos están presionado como en la época del Proceso (militar)” (ídem). Las “energías” de la GUM no están dirigidas sólo contra los vendedores ambulantes. También, “en colaboración” con la Policía provincial del gatillo fácil, se dedican a perseguir y a hostigar permanentemente a los jóvenes en los barrios. El miércoles 12, en la peatonal, el Partido Obrero realizó un acto para denunciar la política de cercenamiento de las libertades democráticas, exigir el castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión, la disolución de la GUM y en defensa del derecho al trabajo. También estuvieron presentes e hicieron uso de la palabra, María Elena Molina, secretaria gremial de Amsafe Rosario, y Diego, por la agrupación Resistencia Mercantil.

Los asesinatos sionistas en la Franja de Gaza desataron una ola de solidaridad en las masas de Medio Oriente, que fue ignorada por las dictaduras colaboracionistas de los estados árabes, pero finalmente encontró una expresión en la milicia islámica de Hezbollah, que atacó una posición del ejército israelí, mató a siete soldados, capturó a otros dos y ofreció canjearlos por los presos políticos en Israel. Más allá de todas las diferencias programáticas y tácticas entre los marxistas y los islámicos (y son una legión), hay que reconocer que a través de este simple acto de solidaridad con el oprimido pueblo palestino, Hezbollah se puso al frente de la lucha anti-imperialista y anti-sionista en la región. El líder del Hezbollah, Sheik Hassan Nasrallah, apeló reiteradamente, no a intereses sectarios, sino a la unidad de los “pueblos árabes y musulmanes” o de la “nación islámica” contra el sionismo y sus aliados norteamericanos. Israel respondió al ataque de Hezbollah con los mismos métodos terroristas que empleó en la Franja de Gaza y en Cisjordania: la sistemática destrucción de la infraestructura económica, el terror contra la población civil, el bombardeo indiscriminado de barrios enteros en ciudades densamente pobladas -como consecuencia del cual fueron asesinados más de 80 palestinos y más de un centenar de libaneses- y, en términos generales, con el más absoluto desprecio por la vida de los civiles e incluso de sus propios soldados capturados. En los últimos días, ocho palestinos murieron en el puesto fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza, mientras esperaban cruzar, sin refugio ni adecuada provisión de agua. Una catástrofe humanitaria, como consecuencia de la falta de alimentos, es inminente en Gaza. Las similitudes entre las acciones sionistas en Líbano y en la Autoridad Palestina son sorprendentes, no sólo en lo que se refiere a sus métodos militares sino también, lo que no es menos importante, respecto de sus objetivos. Aparentemente, las razones para ambas operaciones son frenar el disparo de cohetes (Qassam desde la Franja de Gaza; Katyushkas desde Líbano) y liberar a los soldados israelíes capturados por las milicias de Hamas y Hezbollah. En realidad, el objetivo del régimen sionista y del imperialismo norteamericano es provocar un “cambio de régimen” (un eufemismo para la instalación de un gobierno títere) fomentando la guerra civil entre los palestinos y entre los libaneses: entre Fatah y Hamas en la Autoridad Palestina; entre Hezbollah y los cristianos en Líbano. Además, el ataque contra Líbano y Hezbollah busca también intimidar a los regímenes de Siria e Irán, dos de los “estados delincuentes” que el imperialismo norteamericano ha intentado atacar en los últimos años. Históricamente, la burguesía cristiana en Líbano tendió a colaborar con el imperialismo (primero con el francés y el británico; más tarde con el norteamericano) y con el sionismo, contra los movimientos palestinos, panárabes o panislámicos. El objetivo de los masivos bombardeos israelíes en Líbano es “forzar al gobierno libanés a asumir su responsabilidad por lo que sucede en el sur”, es decir, forzar al ejército libanés a imponer su autoridad en las regiones chiítas; en otras palabras, desarmar a Hezbollah. Lógicamente, esto no puede realizarse sin una reorganización del gobierno libanés y un choque armado del ejército libanés con Hezbollah. En otras palabras, lo que los sionistas buscan es provocar la guerra civil en Líbano, como han intentado hacer en la Autoridad Palestina. Para este fin enviaron armas a Abu Mazen en junio; y cuentan con la posibilidad de que, amenazando con destruir toda la infraestructura del Líbano, puedan empujar a la burguesía cristiana a jugar un papel colaboracionista similar contra Hezbollah. Lo que no tienen en cuenta -acostumbrados como están a asesinar a guerrilleros palestinos prácticamente desarmados- es que en esta oportunidad enfrentan a una organización que ha sido armada durante la última década por Irán y que, por lo tanto, tiene la capacidad de responder a los ataques de Israel, a pesar de la desproporción de las fuerzas militares. Todo apunta a un desenvolvimiento que está lejos de ser favorable a Israel, que sufrió 11 bajas militares y 12 civiles. Desde que comenzó la guerra con Líbano, se ha producido una fuerte caída de la Bolsa de Tel Aviv, y la burguesía israelí perdió 6.000 millones de shekels (aproximadamente 1.500 millones de dólares) en valor accionario. Por esta razón Israel rechazó la oferta libanesa de cese del fuego, con el pleno respaldo de la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, que advirtió que “no tiene sentido alcanzar un cese del fuego en la medida en que Hezbollah y Hamas son capaces de disparar cohetes contra Israel”. En el plano militar, el Pentágono notificó al Congreso norteamericano que planea venderle a Israel combustible de aviones JP-8, por un valor de más de 210 millones de dólares, con el objetivo de “permitir a Israel mantener la capacidad operacional de su flota aérea”. Existe el peligro real de que Israel ataque Siria. Irán, por su parte, ha sido amenazada hace ya tiempo con la agresión militar del imperialismo norteamericano, que trabaja en tándem con Israel en estas cuestiones. El régimen sionista siempre está insensiblemente dispuesto a usar a los judíos como carne de cañón para hacer avanzar los planes imperialistas en la región, o como dijo el representante israelí en las Naciones Unidas a la propia televisión israelí, “hacer el trabajo sucio (en Medio Oriente) para otros”. En la medida en que los días pasan y las bajas israelíes se acumulan, el gobierno israelí está crecientemente preocupado acerca de lo que llama “la retaguardia”, es decir la población civil israelí. Algunas manifestaciones tuvieron lugar en los últimos días contra los bárbaros ataques contra Gaza y Líbano. Son todavía acciones minoritarias, pero la última en Tel Aviv reunió varios cientos de personas. Además, las masas palestinas dentro de Israel manifestaron en la ciudad de Nazareth (en Cisjordania). Una campaña inmediata de movilizaciones debe comenzar para frenar los bombardeos, intercambiar los soldados presos por prisioneros políticos mantenidos en las cárceles israelíes y por el retiro del ejército sionista de la Franja de Gaza, Cisjordania y el territorio libanés.

La “cumbre” de presidentes del Mercosur, que se reunirá en Córdoba en estos días, seguramente tendrá una agenda muy distinta a las que dictan las necesidades de los pueblos de Latinoamérica, y por la cual han ganado las calles los campesinos de Brasil en su lucha contra los latifundios, el insurrecto pueblo boliviano exigiendo la nacionalización de los hidrocarburos y del agua, los trabajadores petroleros de Ecuador que lograron la expulsión del pulpo Oxy, el pueblo de Gualeguaychú en su lucha contra las pasteras contaminadoras, los miles de estudiantes chilenos que ganaron las calles contra la ley de educación y los miles de trabajadores de toda la región que luchan a diario contra la miseria salarial, la precarización del trabajo y la pauperización de las condiciones de vida. ¿Cuál debería ser esa agenda? Una “cumbre” comprometida con los intereses de los pueblos de Latinoamérica debería discutir el inmediato retiro de las tropas de ocupación de Haití y exigir el respeto a la autodeterminación nacional de ese país, pisoteada por el imperialismo yanqui. La “cumbre” debería alzar su voz contra la masacre que está perpetrando el Estado sionista de Israel contra los pueblos de Palestina y del Líbano y rechazar cualquier acuerdo de libre comercio con el Estado masacrador de los pueblos árabes. La “cumbre” debería discutir la nacionalización sin pago de los recursos naturales y energéticos, y la integración energética independiente de los intereses capitalistas, expulsando de la región a los pulpos petroleros que saquean a las naciones. Una cumbre que defienda los intereses populares debería discutir la expropiación de los latifundios y de las empresas contaminantes, para terminar con la degradación del suelo y los recursos naturales por parte de las pasteras, las forestadoras y las sojeras, entregando la tierra a los trabajadores rurales para su explotación. De la misma manera, la cumbre debería terminar con la emisión de bonos de la deuda externa que son utilizados para pagar la deuda vencida y de esa manera acabar con el re-endeudamiento y el saqueo de los recursos de nuestros países, y colocar estos recursos para establecer un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar en todos los países de la región. Pero la agenda de los presidentes de la “cumbre” se propone la “reconstrucción de la burguesía nacional” de cada uno de los países, sobre la base del hundimiento en la miseria de nuestros pueblos, como consecuencia del capitalismo mundial y nacional. Para que exista una agenda que contemple los intereses de los pueblos de Latinoamérica, llamamos a luchar por la expulsión del imperialismo, por el gobierno de los trabajadores y por la Unidad Socialista de América Latina. Partido Obrero - MST-El Socialista - Partido de los Trabajadores Socialistas - Casa del Pueblo-Unidhos - Movimiento al Socialismo

El director del Hospital Posadas suspendió las licencias ordinarias y todos los artículos en el área de Enfermería “hasta nuevo aviso”. Esto se debe a la “emergencia sanitaria” declarada por la Secretaría de Salud municipal. Lo que no dice la Secretaría es quién es el responsable de esa “emergencia”. En la guardia de Pediatría faltan enfermeros y médicos; ante la enorme demanda, se ha clausurado una sala de espera que ahora se utiliza como internación. En Terapia hay seis camas y tres enfermeros; lo normal sería uno por cada cama. La crisis sanitaria está declarada hace mucho tiempo con trabajadores que cobran 600 pesos. Falta personal en todos los sectores. El intendente Sabatella no se entera de esto porque no recorre el Hospital. Está entretenido en actividades más recreativas como inaugurar plazas, organizar “movidas culturales” y otras yerbas. Así son los “progresistas”: envaselinan la destrucción de la salud pública... con conciertos. Debemos retomar las asambleas para discutir todos los problemas de los trabajadores y sus reivindicaciones. • Triplicación del presupuesto de salud bajo control de los trabajadores. • Pase a planta de los contratados y precarizados e ingreso de la cantidad suficiente de trabajadores de la salud para un funcionamiento adecuado de los hospitales. • Salario mínimo equivalente a la canasta familiar indexado por inflación (2.200 pesos).

Las Sierras de Tandil son consideradas unas de las más antiguas del mundo; su valor natural es incalculable. Lo que sí es calculable es cuánto granito se les puede extraer para transformarlo en material de construcción. La minería se estableció hace más de cien años en nuestra ciudad. Pasó de la producción artesanal, con el trabajo del picapedrero, a una extracción intensiva que ha destruido el paisaje. Desde el año 2000, la conservación del paisaje es objeto de un debate cotidiano y se ha creado la multisectorial en defensa de las sierras. Ese mismo año, el Municipio firmó un acuerdo con los canteristas para saldar un conflicto de larga data: el impuesto a la piedra. Había sido fijado en la década del ‘70, pero los canteristas nunca lo pagaron porque lo consideran “ilegal”. Aunque el acuerdo condonó gran parte de la deuda (a cambio de materia prima para la obra pública), los empresarios no cumplieron. Además, se niegan a trasladar la explotación a zonas más lejanas de la parte urbanizada, o exigen que ese traslado sea pagado por el presupuesto público. El Municipio dio por caído el acuerdo, pero la Provincia lo mantiene vigente. Hoy, la destrucción sigue su curso. Las leyes y ordenanzas no se cumplen; hay evasión de impuestos por cargas de piedra no declaradas. El Intendente y el Concejo Deliberante son un cero a la izquierda, impotentes y cómplices frente a la depredación capitalista. La movilización popular está resurgiendo y se ha realizado una marcha convocada por la multisectorial. El Partido Obrero plantea: No a la destrucción de las sierras en todo el distrito. Expropiación sin indemnización de las canteras. Absorción de los trabajadores por el municipio.

Pasadas dos audiencias en la Subsecretaría de Trabajo de Caleta Olivia, la patronal de Oil M&S continúa negándose a reincorporar a los compañeros despedidos. Las petroleras quieren imponer la “ley del despido” para quebrar los cientos de reclamos que se producen a diario en cada empresa por las condiciones laborales y salariales. El día de la segunda audiencia, la empresa hizo traer una custodia policial para “contener” al grupo de compañeros que nos movilizamos hasta el lugar. La burocracia sindical de petroleros privados fue a la audiencia a enterrar el reclamo de estos compañeros. Los despedidos se perfilaban como oposición gremial, a partir de la denuncia de coimas a los delegados ligados a la conducción sindical y de la construcción de la agrupación Lista Marrón. Cada vez más, va quedando claro ante la base petrolera y la comunidad en general que los echaron porque iban a ser elegidos delegados en Oil. Vamos a presentar un recurso de amparo ante el Juzgado Laboral de Caleta Olivia, y está en marcha la denuncia por discriminación ante el Inadi. Pero, conociendo la Justicia “K”, por sobre todo, vamos a redoblar al movilización popular para volver a poner a los compañeros en sus puestos de trabajo. • Reincorporación de Esteban Mata, Juan C. Baigorri y Norma Villamayor a Oil M&S. • Reincorporación de Luis Guineo de Bolland. • Libertad a Cristian Ruiz. • Libertad a los presos por luchar.

A través de altoparlantes, el ejército israelí advirtió a los pobladores de la aldea libanesa de Marwaheen que deberían abandonar sus hogares, pues la aldea sería destruida dos horas después del anuncio. En Marwaheen no había milicianos ni instalaciones de Hezbollah. Ante la amenaza, los vecinos de Marwaheen subieron a autos y colectivos para escapar. La aviación israelí bombardeó la caravana de la población que huía. Un misil dio de lleno en un micro. Mató a dieciocho personas. Nueve de ellos eran niños.

¿Cuáles son los objetivos políticos de la guerra brutal desatada por Israel contra el Líbano? La versión oficial señala que se trata de erradicar al Hezbollah del sur del Líbano y de que el ejército libanés se haga cargo de la frontera con Israel. Con este propósito la guerra se prolongará aun varias semanas, sin que importe las víctimas y la destrucción que cause. En los planes del Estado Mayor sionista está prevista la invasión por tierra del Líbano, para llevar a un término final este objetivo. ¿Es plausible esta versión? Si el objetivo es solamente acabar con Hezbollah no se comprende el macizo bombardeo de la población y de la infraestructura civiles. Los propagandistas del sionismo dicen que se trata de una consecuencia indeseada de la guerra, provocada por la instalación del Hezbollah entre la población libanesa. Sin embargo, incluso antes esta agresión, cuando comenzaron los ataques a Gaza y la ocupación militar del norte de la Franja, el primer ministro de Israel no había dudado en decir que el bombardeo de la población civil obedecía a la necesidad de obligar a ésta a presionar a las organizaciones militares palestinas (y ahora a Hezbollah) a ceder a los reclamos de Israel. Hasta ahora no se ha escuchado a nadie, en la diplomacia o el derecho internacionales, recordar que el bombardeo de “ciudades abiertas”, o sea donde el Estado no ofrece una resistencia militar, es un crimen de guerra. El terror contra la población civil apuntaría más allá de la intención de poner fin a una organización político-militar, por importante que ésta sea. Varios observadores aseguran que Israel pretende un ‘cambio de régimen’ en el Líbano, o sea instalar un gobierno títere, lo cual figura desde hace tiempo en los planes del Estado Mayor de Israel. Sin embargo, si el sionismo lograra, hipotéticamente, imponer un régimen adicto al frente del Estado libanés, lo único que habrá logrado es extender a un área geográfica y social varias veces superior a la actual, la lucha nacional de las masas árabes contra el sionismo. De un modo más general, el imperialismo se las habría ‘ingeniado’ para crear un teatro de guerra popular internacional desde Afganistán, en el este, hasta el Mediterráneo en el oeste e involucrar a varios centenares de millones de personas. El sionismo, de todos modos, necesitaría, antes de imponer un gobierno de su obediencia, encontrar a quienes quieran hacerle ese servicio. En el pasado contó para ello con un fracción de las clases dominantes cristianas del Líbano. Pero en los últimos veinte años, los capitalistas libaneses se han acomodado muy bien con el régimen político actual, que es una coalición de los diferentes intereses y de las diferentes clases. Incluso han logrado el retiro del ejército de ocupación de Siria, el año pasado, sin que ello hubiera afectado el equilibrio político ni de las fuerzas que están en el gobierno. Sería muy difícil y extraño que Israel, o incluso los imperialismos yanqui y francés, consigan reunir fuerzas políticas internas que quieran volver al cuadro de guerra civil de hace dos décadas. Como alternativa a una ocupación duradera y a la instalación de un gobierno títere, ha comenzado a circular la propuesta de que un contingente macizo de tropas de la ONU tomaran a su cargo la frontera entre los dos países. El promotor más interesado de la propuesta es el italiano Prodi, que de este modo supone que podrá superar la oposición interna en Italia al voto del refinanciamiento de sus tropas en Afganistán y otros puntos del planeta. Israel ha coqueteado con la idea para ganar tiempo, incluso proponiendo que el contingente no tuviera menos de treinta mil efectivos, a sabiendas de que hoy ningún país imperialista está en condiciones de comprometer tropas en otra guerra. El sionismo tampoco permitiría que una fuerza ajena venga a cumplir funciones de arbitraje en una zona en la que él se reserva el derecho unilateral de represalia contra cualquier evento que comprometa sus intereses. Tampoco Bush estaría en condiciones de imponer sobre el terreno una coalición político-militar internacional homogénea. Apenas se entienden en Irak, menos en las fronteras palestinas. Sobre el terreno, la población del Líbano no se ha dejado intimidar por los bombardeos —como antes tampoco la de Gaza—; se opone al agresor y defiende la autonomía territorial y nacional del país. Mucho menos se ha dejado intimidar Hezbollah, que ha respondido con el lanzamiento de cohetes contra el norte de Israel. En los primeros choques físicos con las unidades de élite del ejército sionista, Hezbollah ha revelado una preparación militar y logística muy alta. La enorme superioridad tecnológica de Israel no será suficiente para ahorrarle bajas, que el tiempo dirá cómo afectarán la percepción política de la población judía. Es muy posible que, habiendo intentado desmoralizar a los árabes con una masacre aérea indiscriminada, termine desmoralizando a la galvanizada población judía y galvanizando a la árabe. El imaginario sionista tiene la obsesión de una Palestina desarabizada. Pero para esto Israel debería tener los medios políticos de Hitler y una situación internacional equivalente a la impuso el imperialismo internacional en aquel tiempo. La contradicción entre los objetivos políticos de guerra del sionismo y la situación mundial tomada en su conjunto, es el problema insuperable de toda esta criminal agresión israelí. A la hora de justificar esta guerra, el pensamiento estratégico, sea sionista o norteamericano, se pone a la defensiva. Alude a que el ejército israelí no podía permitir el secuestro de sus soldados sin perder el crédito de su población o de sus conscriptos. A que tampoco puede permitir que cohetes, incluso si son artesanales, aterricen sobre sus ciudades. Con 500 bombas nucleares, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, una tecnología militar sofisticada, el apoyo financiero, político y militar de la primer potencia internacional, un PBI de 20.000 dólares por habitante, un pueblo de excelentes cualidades intelectuales e industriales; con todo esto, el sionismo justifica sus acciones como si fuera una ciudadela sitiada. La conclusión que se impone es que el sionismo constituye una anomalía histórica; que la seguridad militar es un mito; que la salida a la tragedia que el imperialismo y el sionismo han creado en la región se encuentra en un ámbito social y nacional más amplio, incompatible con la explotación social y los privilegios nacionalistas. El sionismo ha desatado esta masacre, no como consecuencia de la acción de hombres suicidas que acaban con la vida de decenas y decenas de personas. Los estallidos de transportes, de cafés o de fiestas de casamiento no provocaron represalias como la desatada ahora. En el caso actual el detonante fue, primero, el secuestro de un soldado cerca de Gaza y, después, el de otros dos en la frontera con Líbano. ¿Quiere decir que para el sionismo los militares valen más que los civiles? Tampoco. Lo que el sionismo pretende castigar es la calidad de la acción de la resistencia palestina, que en lugar de tomar como blancos indiscriminados a los civiles, ha sido capaz de operaciones militares audaces. Cuando los árabes ‘civilizan’ su guerra y la convierten en una lucha armada contra la fuerza armada del opresor, los sionistas vuelven a su política de siempre: desde 1948 en adelante —a la masacre de la población civil. ¡El sionismo prefiere a los ‘kamikazes’! La acción de Hezbollah, que provocó la muerte de ocho militares israelíes y el secuestro de otros dos, no fue la demostración de que sea una organización terrorista. Fue una acción políticamente necesaria para intentar frenar la represión descomunal que el ejército sionista estaba desarrollando en Gaza contra la resistencia y las masas palestinas. Israel protesta porque tiene que luchar en dos frentes. ¡Quiere que se le reconozca un derecho internacional a destruir a los pueblos árabes por separado! Israel llega a esta guerra criminal del Líbano luego de un pertinaz sabotaje al gobierno de Hamas, en la zona de la Autoridad Palestina, que había sido libremente electo por su pueblo. Intentó desatar, por todos los medios, una guerra civil entre palestinos. Bloqueó un trabajo de orfebrería de la diplomacia internacional para reconvertir a Hamas del ‘terrorismo’ a la ‘política y para forzarla a aceptar un ‘status quo’ que reserva para Israel la parte del león del territorio de Palestina y de sus recursos de agua. Nada prueba mejor la inviabilidad histórica de Israel que la incapaz política del sionismo y la necesidad que tiene de un estado de guerra permanente. Todos los observadores prevén que la agresión israelí continuará por varias semanas, o sea todo el tiempo que le pueda otorgar el paraguas del imperialismo norteamericano. Los ‘finos’ estrategas del sionismo ni siquiera se dan cuenta que están peleando, por lo menos en última instancia, una guerra de otros —la del imperialismo yanqui y Bush, que sí quieren crear un ‘segundo frente’, que alivie la presión mortal que sufren en Irak. Mientras a los sionistas les preocupan las fronteras, Washington necesita la presión de la guerra sionista para forzar a Irán y a Siria a que lo ayuden a salir del pantano de Irak. Los sionistas sacrifican a los judíos de Haifa para hacerle un servicio a los antisemitas del establishment norteamericano. Esta guerra rompe, otra vez, el precario equilibrio del Medio Oriente y toda la situación mundial. La economía y la política internacionales serán condicionadas, aún más todavía, por las guerras. La dominación mundial del capital toca de este modo su propio límite. La lucha contra la guerra debe ser una lucha contra los gobiernos que emprenden esta guerra, una lucha contra la clase capitalista que sostiene a estos gobiernos y contra sus Estados, una lucha de carácter internacional que ponga claro que la paz mundial exige poner fin al capitalismo. Llamamos a redoblar la movilización internacional con dos reivindicaciones muy inmediatas y concretas: Fuera las tropas sionistas del Líbano y de Gaza y Cisjordania; libertad a los presos políticos palestinos.

El país entero vio la brutal represión contra los trabajadores de Arhehpez. Sus 80 fileteros fueron el blanco de la Guardia de Infantería, con un saldo de 27 compañeros heridos por balas de goma y garrotazos. Uno se encuentra en riesgo de perder un ojo; una compañera embarazada de siete meses está internada con amenaza de aborto. La trascendencia nacional, sin embargo, la dio el hecho de que una de las víctimas fue el delegado del Ministerio de Trabajo provincial y ex secretario general de la CGT, “Pepe” San Martín. Inmediatamente, se realizó una autoconvocatoria de partidos políticos, movimientos piqueteros, organizaciones sindicales, frente a la planta. Entre cánticos por la inmediata liberación de los detenidos, se improvisó un debate público. Allí mismo se discutió entre las diversas organizaciones llamar a un paro general, que se realizó de 18 a 24 horas, luego de la liberación de todos los detenidos. Fue el primer paro regional, luego de 32 años, convocado por la CGT y la CTA. Tuvo un alto acatamiento y una gran aceptación social. Un solo gremio no llamó a parar ni organizó el paro, el Soip. Confirmó así que su burocracia está comprada por la Cámara Procesadora (Cipa). Moyano y Palacios Moyano y Palacios llegaron a Mar del Plata a jugar un cuidado rol. Moyano responsabilizó a los funcionarios policiales actuantes, salvando a los gobiernos “K” de Katz y de Solá. Prometió “gestionar ante Kirchner el blanqueo de la actividad de la pesca”, un latiguillo de algunas de las listas participantes, la Tricolor y la Azul. Kirchner está hace tres años y no movió un dedo frente a todas las luchas por el blanqueo. Solá, que está hace cinco años, encubre descaradamente las empresas en negro. Muchas de ellas gozan de los permisos de pesca que les dio el propio Solá cuando era secretario de Agricultura de Menem. El Partido Obrero de Mar del Plata salió a denunciar el salvajismo permanente de la policía contra los obreros “cooperativizados”. Denunciamos que la saña con que reprimieron a los compañeros de Arhehpez se debe a su rechazo a que los blanqueen con el convenio Cipa-Soip, y su reclamo de que lo hagan con el convenio del ’75. Responsabilizamos a la cúpula policial puesta en funciones por Solá y su ministro “progresista” Arslanián, como el brazo armado de la flexibilizadora cámara pesquera. Lanzamos una campaña para que se separe a todos los milicos represores y se le haga juicio político al fiscal Deniro, que no deja de acumular causas contra nuestros compañeros. Finalmente, redoblaremos los esfuerzos por expulsar del Soip a la camarilla carnera y flexibilizadora respaldando la campaña de la Bordó-Marrón.

El Polo Obrero de Avellaneda ha comenzado a preparar la movilización nacional del 2 agosto a los municipios mediante asambleas y plenarios en los barrios que van delineando un pliego de reivindicaciones. Los compañeros de Dock Sud, que vienen realizando una campaña contra la contaminación del Polo Petroquímico mediante mesas redondas, volantes y visitas a los medios, realizaron un plenario en el que se debatió una amplia agenda de problemas. Los vecinos del barrio Anglo denunciaron el enorme deterioro de las viviendas que el Estado construyó hace seis años para trasladar el barrio y entregar los terrenos donde vivían a la empresa Exolgan. Esto anticipa lo que sucederá con los planes de urbanización que el Municipio está implementando en Villa Tranquila y el traslado a nuevas viviendas en Sarandí para los pobladores de Villa Inflamable. Se impone entonces el control vecinal en la construcción de las viviendas populares, la incorporación de la mano de obra del barrio en los trabajos y la inmediata escrituración sin cargo para las familias de menores recursos. En Wilde, las asambleas se focalizaron en el problema de los servicios de luz, agua y cloacas. Los vecinos de Villa Azul sufren cortes permanentes de energía y el barrio entero está al borde de un desastre sanitario de envergadura. Decenas de chicos están sufriendo trastornos de salud debido a la contaminación del agua. Los de la barriada de Villa Itatí también están en lucha por el agua. Hace un año, un masivo corte del Acceso Sudeste y una movilización a la Municipalidad de Quilmes arrancaron la instalación de un transformador eléctrico. Eso ha marcado al barrio y colocado al comedor del Polo Obrero de Itatí como un centro organizador de los vecinos. Mientras se desarrollan otras asambleas y reuniones, marcha en forma paralela el empadronamiento para la obra pública, para la ya anunciada y para la que reclamamos para los barrios. Un drama que ha estado presente en los debates es el de la droga. Los compañeros del Polo han planteado la necesidad de darnos una política para rescatar a la juventud de las garras de los ‘transas’, pero también de la policía. No se trata de criminalizar a la juventud de los barrios sino de desenvolver una campaña política y de salud que ponga de manifiesto el problema de la droga como problema social. Estamos armando una agenda de charlas con especialistas y levantando el reclamo de becas y planes de formación, de recreación y deportes para los jóvenes bajo la dirección de las organizaciones de lucha.

Está por cumplirse un año de la detención de Cristian Ruiz, piquetero de Cañadón Seco. Cristian está preso y procesado por la ocupación de la planta de Repsol en la localidad, en reclamo de puestos de trabajo. Cristian fue detenido el 20 de julio de 2005, luego del desalojo de la planta por las fuerzas policiales. En el momento de la detención, aunque Cristian no opuso resistencia, fue salvajemente golpeado (e incluso le dispararon balas de goma). La golpiza siguió en la Comisaría. Además, lo obligaron a pasar la noche a la intemperie con escaso abrigo (¡durante el helado julio santacruceño!). Cada hora, recibía un nuevo castigo. Su hermana Yésica denunció ante la Justicia que Cristian presentaba “marcas de golpes en la espalda y en las piernas; en caderas y rodillas tiene lesiones sangrantes expuestas, lo que le produce una notable renguera; se queja permanentemente de un dolor en los brazos, que tendrían procesos de infección donde impactaron los proyectiles de bala de goma, sin descartar que no hubiese lesión en algún órgano interno”. Un año después, Cristian sigue preso. El 20 de julio, “el Día del Amigo”, se cumple un año de su detención. Cristian Ruiz está preso por luchar por el trabajo. Es un rehén de las petroleras y el gobierno. En Caleta Olivia, la Comisión de Familiares y Amigos realizará un festival para reclamar por su libertad. Es necesaria una fuerte campaña nacional e internacional para que este luchador recupere su libertad. • Libertad a Cristian Ruiz, preso por luchar. • Libertad a los presos de Las Heras. • Desprocesamiento a los luchadores sociales del norte de Santa Cruz y de todo el país.

El gobierno argentino respalda la oferta de la Lockheed para vender a Israel aviones “Pampa”, fabricados en la planta que la norteamericana tiene concesionada en Córdoba (la ex Area Material Córdoba). El “Pampa” es presentado como un aparato de “entrenamiento”, pero quien ofrece material de entrenamiento militar a criminales es, también, un criminal. Pero el “Pampa” es, en realidad, un avión de combate, especialmente diseñado para la “lucha contrainsurgente”. Está armado con ametralladoras pesadas y puede cargar bombas de hasta 227 kilos. No es un arma defensiva sino una aeronave de ataque, ideal para hostigar posiciones guerrilleras. Su escasa autonomía de vuelo (720 kilómetros) indica que no está pensado para la guerra externa, sino para la represión interior. Lo que Lockheed-Kirchner quieren venderle a Israel es un arma “ideal” para la represión de los palestinos. Mercosur-Israel La “oferta” sirve para ilustrar la función del “acuerdo de libre comercio” que están negociando los socios del Mercosur con Israel. Las empresas israelíes son importantes subcontratistas de grandes pulpos norteamericanos, en particular en las áreas de informática y aeroespacial. Con el “TLC Israel-Mercosur” esos pulpos podrán entrar a los países del Mercosur en condiciones más favorables a las actuales. Justamente, la “oferta” de la Lockheed -que tiene una sola subsidiaria en todo el mundo, precisamente la planta cordobesa- empalma y complementa estos negocios. Mientras los socios del Mercosur siguen rechazando de palabra el Alca y los “tratados de libre comercio” con Estados Unidos, por la vía del tratado con Israel dan un paso en esa dirección. El “TLC” con Israel servirá, como muestra la oferta de la Lockheed, para profundizar la penetración imperialista en los países del Cono Sur. Una historia vieja Desde el desmantelamiento de la Fábrica Militar de Aviones por los gobiernos de Alfonsín y Menem, cuando Washington obligó a la Argentina a abandonar la construcción del misil “Cóndor II” y a destruir los ya fabricados, la producción de aviones de combate en el país está en manos del pulpo yanqui Lockheed Martin, que provee también a la Fuerza Aérea Argentina (aunque desde hace años incumple sistemáticamente sus contratos). Se trata de una empresa mafiosa, involucrada en escándalos diversos en medio mundo. Cuando se hizo cargo de los restos de la Fábrica Militar de Aviones, Lockheed produjo despidos masivos de obreros -tarea que ya había empezado la Fuerza Aérea-. Después de la devaluación, Kirchner renegoció una deuda de la Lockheed por 70 millones de dólares en términos que significaron, en la práctica, un jubileo. Dicho sin vueltas: el Estado argentino se hizo cargo de pagar ese dinero adeudado por el pulpo norteamericano. Para movilizarse consecuentemente en defensa del pueblo palestino, hay que denunciar la alianza política y los “negocios” de Kirchner con los sionistas.

¿Cómo se ubica el gran capital que está haciendo pingües negocios alrededor del campo con relación al enfrentamiento Lavagna-Kirchner? El ex ministro es culpado más que nadie por el cierre de las exportaciones de carnes. Los grandes exportadores lo responsabilizan por haberse negado, en su momento, a llevar a la práctica un “plan ganadero” elaborado por un equipo oficial junto a las principales cámaras frigoríficas y la Sociedad Rural. Ese plan preveía que, a partir de la devaluación, si el rodeo nacional no se incrementaba el mayor peso de la demanda de hacienda para exportación llevaría los precios por la nubes. Felisa Miceli sacó del “cajón” ese plan y los grandes ganaderos y frigoríficos lo recibieron como un bálsamo. Pero el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense salió a atacar este “plan ganadero” (La Nación, 7/7). Lo que se desprende de esto es un antagonismo entre los frigoríficos-matarifes de la provincia de Buenos Aires, a los que les está vedada la exportación, y los grandes del consorcio ABC, con asiento fundamentalmente en la provincia de Santa Fe. El “plan ganadero”, además, promueve la igualación del tratamiento “sanitario” de las carnes de exportación y las dirigidas al consumo nacional. Esto favorece la penetración en el mercado interno de los grandes frigoríficos exportadores. ¿Lavagna es más “nacional y popular” que Kirchner? Mientras Lavagna critica el coqueteo con Chávez, los fabricantes de maquinaria agrícola no tienen más que palabras de agradecimiento por los negocios que les abrieron los acuerdos de exportación a Venezuela (120 millones de dólares anuales). Jorge Vassalli, de la fábrica homónima, declaró que “esto nos cambia la vida”. El titular de la cámara de maquinaria agrícola dijo que “es como que el sector ha sido tocado por la varita mágica” (La Nación, 8/7). El ex-cavallomenemista Juan Schiaretti, vicegobernador cordobés (provincia donde está instalada buena parte de esa industria), celebró esos acuerdos como “hito histórico” (ídem, 24/6).

Los fileteros de Arhehpez (antiguamente Meropez), tienen un promedio de antigüedad de entre 6 y 10 años. Trabajan en negro, como el 90% de este sector especializado y el 70% de los trabajadores de la industria. La patronal concentra la precarización y el trabajo en negro sobre los compañeros más calificados porque son el sector más combativo. Cuando recuperamos el sindicato, hace cuatro años, estos compañeros vieron la oportunidad de organizarse para recuperar los derechos que habían perdido con la “cooperativización” forzosa del menemismo en la década del ‘90. En asamblea, eligieron delegados que se integraron al Cuerpo de Delegados de los trabajadores en negro que funcionaba juntamente con los delegados de los trabajadores en blanco. Estuvimos al frente de la ocupación de la fábrica reclamando la registración laboral con el convenio del ‘75. Arrancamos la firma de un acta compromiso de blanqueo con el convenio colectivo del ’75, pero el desalojo compulsivo por parte de la Gendarmería y el desplazamiento de los compañeros combativos del gremio, produjo un reflujo que recién ahora se ha superado. Las grandes huelgas del Soip se realizaron con poderosos piquetes. En ellos, los fileteros de Arhehpez (Meropez) siempre significaron un aporte muy importante, no sólo en número sino también en combatividad. Arhehpez marca las elecciones Pero, quizá, la experiencia político- gremial más profunda de estos compañeros esté por escribirse. El actual conflicto tiene como eje el rechazo al convenio negrero Cipa-Soip que firmara hace unos meses la Directiva y con el cual se pretende blanquear a unos 80 fileteros. El convenio es a la baja, flexible y de hambre. Por todo eso, los compañeros lo rechazan. Esto es una bomba en medio de la prorrogada campaña electoral. Primero, porque el debate sobre la dirección del gremio se empieza a realizar en un cuadro de luchas. Hay otro piquete por razones similares en Cafiero y Polio. El piquete de Arhehpez congregó al activismo, derivó en un paro general de toda Mar del Plata y colocó el tema del trabajo en negro una vez más arriba de la mesa. La Directiva disimula todo. Se refiere sólo al “blanqueo”, sin explicar por qué estalló el conflicto por el cual la patronal despidió a toda la planta. Ya ocurrió con otras plantas: despiden a todos para no blanquear o para revertir un blanqueo, como en El Marisco 2. La burocracia recomienda agarrar las indemnizaciones. En segundo lugar, nadie aprobó este convenio Cipa-Soip. ¿Hubo una asamblea general del gremio para aprobarlo? En absoluto, fue un pacto conspirativo, secreto, armado de un día para el otro entre la Cipa y la directiva del Soip. A tal punto, que el Ministerio de Trabajo no lo ha homologado. Además de precarizador, el convenio Cipa-Soip es precario porque no reúne condiciones legales. Se impone una asamblea general inmediata para apoyar todos los conflictos y llevarlos a la victoria. El 31 de julio, día de las elecciones, es la oportunidad para “que se vayan” y colocar al frente del Soip una dirección a la altura de las enormes tradiciones combativas de los trabajadores del pescado, la Bordó-Marrón.

En Chascomús, los “Vecinos Autoconvocados” están movilizados por la erradicación definitiva de los transformadores con PCB de la empresa de energía Edea. Sin embargo, los transformadores no han sido destruidos como marca la ley. Hay versiones de que están amontonados en una chacra cercana a la ciudad, donde el PCB filtra hacia las napas. Pero no es sólo el PCB. Según la intendenta, Chascomús no tiene problemas de arsénico en el agua. ¿Entonces, por qué no se dan a conocer los análisis que se hicieron, como reclamó el PO hace tiempo? ¿Por qué la Cooperativa de Luz y Agua de Lezama anunció que van a hacer una planta para la eliminación del arsénico, si hace dos años anunciaron que no lo tenían? Mienten todo el tiempo para reducir costos a costa de la salud de la población. La lista de empresas que asolan el medio ambiente y la salud de los vecinos de Chascomús abarca a las de telefonía que instalaron antenas en zonas habitadas, las cuales generan campos electromagnéticos que superan los niveles permitidos; las estaciones de servicio, lubricentros y lavaderos que mandan los desechos a los desagües pluviales; los plaguicidas usados en el campo que contaminan hasta la leche que tomamos. Un estudio realizado hace años halló metales pesados en el cerebro de los pejerreyes de la laguna. Luchar por una ciudad limpia es luchar contra las empresas capitalistas, y sus gobiernos, tanto locales como nacionales y provinciales, que privilegian el lucro frente a la salud de la población y la preservación del medio ambiente. El Partido Obrero apoya esta lucha, se moviliza con los “Vecinos Autoconvocados” y denuncia la complicidad de la Intendencia y al Concejo Deliberante. Luchemos para que todas las empresas deban someter sus tecnologías al control de los trabajadores y asambleas de vecinos.

Trabajadores de la pesca agrupados en el STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación) ocuparon el local del sindicato durante 48 horas reclamando elecciones inmediatas en la seccional y un plan de lucha para arrancar un salario equivalente a la canasta familiar y el fin del trabajo en negro. En Puerto Deseado trabaja en la pesca cerca de un millar de trabajadores. El convenio firmado por la Federación de la Alimentación a escala nacional consagró un aumento del 19% (dividido en tres cuotas) que, además, absorbe una conquista anterior de 300 pesos de los trabajadores de Deseado “a cuenta de futuros aumentos”. Es decir, los obreros de la pesca en Deseado no obtuvieron un solo peso de aumento. La seccional está intervenida desde hace dos años. Los normalizadores reclaman un aumento de 100 pesos en los tickets. Los trabajadores repudiaron este pedido y reclaman un mínimo acorde al costo de la canasta familiar. Reclaman, además, la convocatoria a elecciones limpias. El planteo apunta a reorganizar la seccional, en la que las cooperativas en negro han impuesto la ley del despido y se niegan a aceptar la elección de delegados.

Itzik Shabbat, un sargento de 28 años, es el primer soldado del ejército israelí que rechazó la orden de integrar la fuerza que está atacando El Líbano. “Creo que sólo este tipo de oposición puede poner fin a esta locura y aplastar la idea falsa de que todos los israelíes apoya esta guerra innecesaria”. En el pasado, Shabbat se había negado a prestar servicios en los Territorios, por lo cual pasó un mes preso. Por su oposición a la guerra y su rechazo a prestar servicios, Itzik enfrenta nuevos castigos y represalias. Defendemos a los pueblos de Palestina y Líbano agredidos por el sionismo y a los soldados israelíes que se niegan a convertirse en sus verdugos.

Hoy, al cumplirse 12 años del atentado en la calle Pasteur, levantamos esta tribuna para denunciar que (...) en estos días se refuerzan las maniobras nacionales e internacionales que ponen al Estado argentino tras las políticas de Bush, Blair y Olmert. (...) Tenemos la obligación de advertir a todo el pueblo argentino que en manos de este gobierno la causa Amia marcha hacia su prescripción, lo que significará un duro golpe para la causa de todas las luchas por los derechos humanos en nuestro país. (...) El actual ministro de Justicia, el mismo hombre que sirvió a Menem, a Duhalde y a Ruckauf como viceministro de Interior, tuvo la osadía de reconocer que la causa Amia va hacia la prescripción y al mismo tiempo afirmó que hay “avances en la investigación” y que el gobierno es querellante contra los encubridores. ¡Qué coraje! (...) A diferencia del pasado, para este aniversario el gobierno Kirchner ni siquiera pudo hacer un anuncio que sembrara alguna ilusión a la medida de lo que llama “un avance”. A diferencia del pasado, para este aniversario el espacio de los anuncios que no llena el gobierno lo ocupan el embajador de Israel en Argentina y los integrantes del Congreso Judío Mundial que vinieron a Buenos Aires. Sin aportar ninguna prueba, vinieron directamente a ratificarle al gobierno sus demandas de acusar a Irán, a Siria y a Hezbollah del crimen de Amia y dar por terminada cualquier investigación de la “conexión local” de los asesinos y de los encubridores que pudiera incriminar al Estado argentino y a sus socios internacionales en este crimen de terrorismo de Estado. Vinieron a exigir un paso más en la estrategia compartida con el gobierno nacional de usar la causa Amia como excusa para comprometerse en la estrategia mundial contra el llamado “Eje del Mal”. (...) Al poner la causa Amia al servicio de la política del Estado de Israel, el gobierno nacional consolida el mismo camino que abrió Menem, cuando le mandó sus condolencias por esta masacre al primer ministro israelí. Por eso el gobierno no tiene nada para mostrar. Por eso no puede hacer ningún anuncio ni estar siquiera presente en el acto oficial. Por eso Kirchner mantiene la boca cerrada frente a la magnitud y la criminalidad de las acciones terroristas del Estado de Israel en Gaza y en el Líbano. Nosotros no estamos de acuerdo en poner la causa Amia al servicio de esta política de guerra y agresión. Nosotros nos solidarizamos con las víctimas de tamaña agresión y como víctimas del terrorismo del Estado nacional en Amia, denunciamos que la política del gobierno argentino permite que la “solución final” de la causa Amia ¡quede en manos de estos genocidas! Ahora, el alineamiento internacional con las estrategias de Estados Unidos e Israel le impide al Estado nacional cualquier posibilidad de avanzar en la investigación y esclarecimiento de la masacre de la Amia. Aunque en este aniversario la dirección de Daia/Amia y del Congreso Judío Mundial parecen confrontar con el gobierno, los acuerdos políticos logrados garantizan la continuidad del mutuo encubrimiento y de las “relaciones carnales” entre los socios. (...) El último intento que hizo por mostrar algo novedoso fue hace 10 meses, cuando el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones, Alberto Nisman, anunció haber identificado al conductor suicida que se habría inmolado en la Amia. El juez Canicoba Corral —a cargo de la causa llamada “Amia residual”— aprovechó los anuncios para reivindicar abiertamente no sólo a los fiscales y su equipo, sino también al ex juez Galeano. La asociación no fue inocente ni casual... (...) Nisman jugaba con las palabras presentando sus certezas como “pruebas”, después de reconocer que no pasaban de ser “inferencias” que surgían de la declaración de un hermano del suicida que “nunca había dicho que su hermano participó en el ataque contra la sede de la Amia”... La estafa no duró ni 24 horas. Pero hace pocos días, Daia y Amia lo alentaron a mantener en secreto sus investigaciones y hoy mismo le reclamaron rapidez y resultados. Después de 12 años y con el apoyo del FBI y el Mossad, el gobierno y el fiscal siguen conspirando en silencio, buscando alguna prueba que señale la participación de alguien que tenga el perfil de un terrorista internacional para incriminarlo en el ataque a la Amia. Aún si aceptáramos las conclusiones del fiscal, no avanzaríamos un milímetro en el esclarecimiento del atentado, porque “certificar” el nombre y la culpa del muerto no aclara el carácter de los vínculos entre el Estado nacional y el grupo político al que habría pertenecido el atacante. Nada nos dice acerca de cómo hizo ese joven que no hablaba español para coordinar su acción criminal y el uso de helicópteros, explosivos y vehículos, con la no menos criminal participación de la Policía Federal, de la Bonaerense, de la Side, y de los funcionarios de los tres poderes del Estado, tibiamente aludidos en el fallo de los jueces del Tribunal Oral que liberó a Telleldín, a Ribelli, y que lavó la cara de la Policía Bonaerense. No sólo no avanzaríamos un milímetro en el esclarecimiento: retrocederíamos brutalmente, porque con el “responsable” muerto se cierran las actuaciones y —de paso— el Estado se ahorra tener que declarar la prescripción de la acción penal o reconocer el atentado como un crimen del terrorismo de Estado en nuestro país. Si el fiscal Nisman creyera en sus propias investigaciones debería inculpar al Estado nacional que necesariamente dio cobertura criminal a la acción terrorista, y que ya reconoció que —al menos— le dio cobertura jurídica, cuando el mismo Nisman era miembro del equipo de fiscales que sostuvo la impunidad. Tampoco aclara si, ahora que conoce la identidad del muerto, el fiscal piensa perseguir la confesada y probada responsabilidad de los funcionarios de Estado. El Estado sostiene a Nisman con los mismos argumentos con los cuales hasta ayer sostenía a Galeano: el resultado de las investigaciones sobre la conexión internacional se mantiene en secreto para defender el supuesto éxito de las mismas. (...) Es imprescindible reflexionar alrededor de estas ideas para comprender que la masacre de la Amia no fue el producto de un solitario hombre-bomba suicida, sino el producto de los intereses y vínculos políticos entre los Estados. Si el gobierno, la Daia, la Amia y Memoria Activa pueden mostrar como avances los mismos métodos del pasado... ¡¡¡entonces siguen la impunidad y el encubrimiento!!! En el último año, trataron de mostrarse activos en la persecución de Galeano, presentado como el gran responsable del encubrimiento y de la impunidad. El Consejo de la Magistratura se las arregló para entregar su cabeza y, al mismo tiempo, rechazar el 90% de los cargos en su contra. Galeano fue acusado por el único delito que nunca pudo haber cometido en soledad: el pago de los 400.000 dólares a un imputado hacía imprescindible contar con el apoyo político y material de los tres poderes del Estado. El pago a Telleldín fue la evidencia del acuerdo entre el Estado nacional y los criminales para que ni los “mandantes” ni los “mandados” sean condenados por nada. Denunciamos públicamente que el actual ministro de Justicia, doctor Iribarne, pretende mostrarse del lado de la persecución a Galeano, cuando en realidad es uno de los responsables ideológicos y materiales del encubrimiento. Desde 1994, Iribarne conocía el decreto que este gobierno aún mantiene en secreto y que autorizaba ese pago. Lo conocía porque como viceministro del Interior de Carlos Menem, fue uno de los responsables ideológicos de ese decreto al que aún hoy sigue considerando legítimo. Ahora el ex juez Galeano invoca en su propia defensa la “legalidad” de ese mismo decreto secreto que el ministro aún defiende y que Kirchner no derogó. Que Galeano y los fiscales todavía no hayan terminado presos nos permite intuir que la solidaridad de sus ex colegas del Poder Judicial los dejará finalmente en libertad. (...) Los encubridores se felicitan porque, de aprobarse las modificaciones a la Ley de Inteligencia, los secretos de Estado se harán aún más restrictivos, incluso para los propios jueces. Esto se cocina en las cuevas del Ministerio de Justicia con el apoyo de Memoria Activa y el Cels, convencidos de que una modificación en la legislación garantizará un cambio en la conducta criminal de los servicios de inteligencia. El único avance que el gobierno Kirchner concreta es hacia la prescripción. (...) Mantiene cerrados los archivos secretos que ocultan la trama entre este ataque y los vínculos del Estado argentino y sus socios internacionales, como Estados Unidos e Israel en, al menos, el encubrimiento de esta masacre. Por eso seguimos exigiendo su inmediata entrega a una Comisión Investigadora Independiente del Estado. (...) Hacemos un especial llamamiento a todos aquellos que se movilizan y luchan desde hace años contra el terrorismo de Estado del pasado para unificar un reclamo común y luchar por el esclarecimiento de la masacre de la Amia en el presente. Nuestra tarea consiste en instalar una agenda de lucha contra la impunidad en nuestro país junto a los ex detenidos desaparecidos, a los familiares de las víctimas de la masacre del Puente Pueyrredón, al pueblo de Río Tercero, a las víctimas del gatillo fácil y a los familiares y sobrevivientes de Cromañón. Es de esta manera que daremos batalla para que la causa Amia, una verdadera causa nacional como lo dijimos en años anteriores, no termine entregada por el Estado argentino a las políticas del Estado de Israel como si se tratara de un problema judío o ajeno a nuestra sociedad. Así es como el gobierno de Kirchner defiende lo que llama una “verdadera causa de Estado”. Es tan grave esta intentona de entrega de la causa Amia que no sólo será la excusa para acompañar las políticas de invasión en Medio Oriente, sino que además se convertirá en el instrumento para imponer las leyes antiterroristas que Kirchner y Taiana se comprometieron a sancionar ante los representantes del Congreso Judío Mundial. Sabemos para qué van a usar esas leyes. Las van a usar para perseguirnos a nosotros, a la sociedad toda, a todos aquellos que enfrentamos al Estado en esta lucha contra la impunidad. Por eso, A 12 años de la masacre de la Amia. A 11 años de la masacre de Río Tercero. A 5 años de las jornadas del 19 y 20 de Diciembre. A 4 años de la masacre del Puente Pueyrredón. A 18 meses de la masacre de Cromañón. Y cuando día a día se suman más víctimas del gatillo fácil, decimos: ¡¡¡Basta de impunidad y de encubrimiento!!! ¡¡¡No a la prescripción de la causa Amia!!! ¡¡¡Que abran los archivos secretos!!! ¡¡¡Juicio y castigo a todos los culpables!!!

La agencia DyN ha dado a conocer una primicia absoluta: Pablo Micheli, secretario general de ATE, es el primer argentino que se lanza abierta y públicamente a la campaña por la reelección de Kirchner. Mientras el propio Presidente ha declarado que le gustaría más que se postule la princesa Kristina, Micheli aseguró que “no me gustaría que fuera candidata, porque me parece que ella no expresa la voluntad del pueblo como sí la expresa el Presidente”. “Creo que el presidente Kirchner y Víctor De Gennaro son los dirigentes que más adhesión generan en todo el país, sólo que Víctor no es candidato”, se lamentó Micheli. Sabiendo que Kirchner es el responsable directo del congelamiento salarial de estatales, docentes y jubilados, ya nadie puede preguntarse por qué ATE y la CTA no luchan por las condiciones de vida de sus afiliados. Pero el “amor” de Micheli no es correspondido. Como él mismo reconoce, el gobierno le sigue “cortando el rostro” a la CTA con el tema de la personería. Frente a la “persistencia del gobierno en desconocer a la CTA en favor de la CGT”, Micheli declara que van a seguir insistiendo ante los foros internacionales y en las calles por el reconocimiento como central obrera. Pero difícilmente Kirchner se vea ‘incentivado’ a conceder ese reconocimiento, mientras pueda tener el cálido abrazo político de la CTA de manera gratuita.

El gobierno municipal anunció la erradicación de doce de las cuarenta empresas del Polo Petroquímico de Dock Sud. Se trata de empresas cuyos contratos han caducado; algunas de ellas están inactivas desde hace años. La mayoría eran depósitos o tercerizadas. Los contratos de las restantes empresas se discutirán recién dentro de 3 ó 5 años. A esto se reduce el plan de “relocalización” del Polo Petroquímico del intendente de Avellaneda “Cacho” Alvarez. Bajo su intendencia se radicó la planta de “coque” en el Polo, que venía “relocalizada” de Holanda. En esa planta se procesa el último rezago del petróleo, provocando gases cancerígenos; está considerada de altísima toxicidad, según los parámetros europeos. El plan de la Intendencia es aumentar el volumen de negocios del puerto de Dock Sud, por donde pasa el 90% de los productos petroquímicos que entran y salen del país. Con ese fin, se plantea la “urbanización” de Villa Tranquila y la “relocalización” de los vecinos de Inflamable, a orillas del arroyo Sarandí, otro gran foco de contaminación del distrito. El espejo para estos vecinos es el barrio Anglo: hace seis años, para explotar los terrenos aledaños al puerto, la empresa de logística y contenedores Exolgan reubicó a sus habitantes en viviendas económicas que hoy se caen a pedazos. El régimen social capitalista no puede dar respuesta a este desastre ecológico que él mismo genera. Es necesario que los trabajadores y activistas ambientales nos pronunciemos por un Congreso Ambiental para el que proponemos la siguiente plataforma: • Nacionalización del Polo Petroquímico bajo control obrero. • Por un plan ambiental votado por los vecinos y los trabajadores que contemple la preservación de las fuentes de trabajo y el medio ambiente. • Tratamiento de todos los afectados por la contaminación a cargo del Estado y las petroleras. • Plan de reubicación de los afectados bajo dirección de los propios vecinos.

Los despedidos de la mina de oro y plata de Cerro Vanguardia, en el desierto central de Santa Cruz, están dando pasos fundamentales para resistir los despidos y poner de pie una organización sindical. En la mina se desempeñan, entre las distintas actividades, cerca de mil trabajadores. Se ha producido una desafiliación masiva de Aoma, cuya burocracia actúa como agente de la empresa. Los compañeros han iniciado la tramitación para el reconocimiento del Sindicato Minero Santacruceño (Simisa) y han lanzado un boletín de informaciones, que recibió una gran acogida entre los trabajadores. La Justicia contra los delegados Mientras tanto, la Justicia reconoció el derecho de los delegados gremiales despedidos a realizar su actividad gremial. Los compañeros fueron despedidos tras ser acusados por la empresa de un “atentado” en el que fueron destruidas varias máquinas. Sin embargo, la Justicia estableció que deben cumplir horario en una oficina sin poder acercarse a los frentes de explotación, al comedor minero, o compartir con los compañeros cuando salen de trabajar y se quedan a dormir en el lugar. Pretende que estos trabajadores, que viven en Río Gallegos, viajen cada día 500 kilómetros hasta Vanguardia y vuelvan a su casa. En la práctica, el fallo reconoce a la empresa el derecho a impedir la continuidad del trabajo de los delegados. El estudio de abogados que interviene en defensa de la empresa es el del doctor Ortiz de Zárate, uno de los pocos abogados “de confianza” de Kirchner, regularmente consultado en temas de gobierno. Este fallo fue apelado por los compañeros. Autoatentado La compañía aseguradora de Cerro Vanguardia no se “tragó” la versión de la empresa sobre el “atentado”, la cantidad de máquinas afectadas y la forma en que ocurrieron los hechos. Fuentes de la propia empresa han reconocido que es imposible que el nivel de sabotaje denunciado pueda realizarse sin la orden (o por lo menos la colaboración) de la guardia y de altos funcionarios de la propia empresa. Como consecuencia de su propia investigación, la aseguradora se estaría negando a pagar los seguros correspondientes. Cerro Vanguardia habría contratado específicamente un “seguro contra sabotajes realizados por el personal”. Pero si no hubo “sabotaje del personal” (y por eso la aseguradora no paga), los despidos son ilegales y los delegados deben ser repuestos de inmediato. Si se comprobara que el sabotaje fue organizado por la propia empresa, podría ser causal de rescisión de la concesión, que con los precios internacionales del oro es una verdadera gallina de los “huevos de oro”. Por supuesto, la estatal Fomicruz, “socia” de Anglo-Gold en Cerro Vanguardia, no intentará avanzar en este sentido, seguramente... en defensa de los “intereses nacionales”.

Eran las tres de la mañana, afuera todavía estaba oscuro. Un comando guerrillero sale de la nada para secuestrar a un soldado. Después de varias horas de cuidadosos movimientos, el grupo alcanza su objetivo y lo embosca. En segundos, el soldado se encuentra encañonado. Un golpe en la cara con la culata del fusil. El soldado cae al piso, sangrando. Los secuestradores rápidamente lo atan, lo amordazan y cubren su cabeza con una bolsa, y desaparecen en la noche”. La descripción no es la del secuestro del soldado israelí, Gilad Shalit, por fuerzas palestinas. Es la descripción del secuestro de un soldado palestino, de 17 años, que tuvo lugar en Nablus, hace diez años. Quien lo relata es Arik Diamant, reservista del ejército israelí, y hoy dirigente de la organización “Coraje para Rechazar” (que defiende a los soldados israelíes que rechazan servir en los territorios palestinos). Esta organización denuncia que en los Territorios el ejército sionista desarrolla “misiones de ocupación y opresión” contra el pueblo palestino. Diamant denuncia que Israel secuestró a “cientos” de palestinos, soldados o no, en los cuarenta años de ocupación de los Territorios. Los secuestrados, dice Diamant, se “están pudriendo en las cárceles de los organismos de inteligencia; gente que nunca ha sido juzgada -y que nunca lo será”. Estos son algunos de los presos cuya liberación reclaman los palestinos. Los secuestrados son sistemáticamente sometidos a tortura. “Quien crea que el ejército israelí y el servicio de inteligencia intentan minimizar las violaciones a los derechos humanos, o es un iluso o tiene el cerebro lavado. Basta leer los testimonios de los soldados que tomaron parte en detenciones administrativas para convencerse de la profundidad de la inmoralidad de nuestras acciones en los Territorios”, dice Diamant. Cuando el muchacho de Nablus fue secuestrado, “ningún periódico escribió una línea; ningún diplomático europeo protestó”. Diamant explica la razón: “después de todo, qué tiene fuera de lo común el secuestro de un muchacho palestino”... (Todas las citas fueron extraídas de ynetsnew.com)

Ya pasaron no 30 días sino 50 días y Hugo Yasky no dio ninguna información sobre la comisión que se formó el viernes 2 de junio, mediante un acta con Filmus, Tomada y Massa, para considerar la situación previsional de los docentes. Ese viernes 2 de junio, Yasky proclamó que se había formado una comisión para que en 30 días los docentes recuperen el 82% móvil y que todos los docentes que se inician en la actividad aporten al sistema de reparto. Según Marisa Navarta, del Sute de Mendoza, “la Ctera, sindicato nacional docente al que pertenece el Sute, consiguió que la Nación firme una acta por la cual aquéllos que tenían sus aportes en Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), puedan volver al sistema de reparto y se garantice la meta del 82% móvil” (Diario Uno, 3/6). Desde Prensa Obrera dijimos que todo eso era una mentira y que el acta no decía ni una cosa ni la otra, sino que se refería a un índice de ajuste anterior a 1994. “De esta manera — dijimos en PO — , a casi un año del fallo de la Corte Suprema que sostuvo que la movilidad docente nunca fue derogada y que ordenó aplicar el 82% móvil desde el momento de la jubilación, Yasky firmó un acta con el gobierno donde ese reclamo no figura”. Pues bien. Pasaron no 30 días sino 50 días y la Comisión no se expidió, y hasta parece que ni siquiera se reunió. Ni Ctera ni Yasky dieron una explicación a semejante farsa. Por eso, el PO plantea: • Aplicación inmediata de la movilidad. 82% móvil, retroactivo desde el momento en que el docente se jubiló. • Anulación de la jubilación privada. Sistema jubilatorio estatal único, bajo control de los trabajadores y jubilados.

La entrada del pulpo yanqui Wal-Mart en Coto, más de cien veces negada, encubre un ataque feroz a las condiciones de trabajo. El núcleo de delegados agrupados en Resistencia Mercantil (mayoría de los delegados de Coto en Rosario), plantea la necesidad de unir al gremio en una lucha por las reivindicaciones de los trabajadores. En primer lugar por la estabilidad laboral, pero también por el salario, el pago al 100% los domingos y feriados, y el descanso hebdomadario. Este núcleo de delegados, junto a sus compañeros, ha logrado la reincorporación de trabajadores despedidos (por ejemplo en la sucursal 99); obligó a pagar el seguro retiro La Estrella, trucho, pero que en Rosario ni siquiera se abonaba; a dar el franco y medio cuando un feriado cae en domingo (algo que sólo se ha conseguido en Coto); a terminar con los horarios cortados de los cadetes y cajeros. A partir de una férrea lucha para no trabajar los feriados, la patronal se vio obligada a prometer su pago al 100%. El incumplimiento de este compromiso derivó en asambleas en las sucursales 99 y 95, y en dos piquetes, de 60 compañeros cada uno. En estas dos sucursales el llamado a no concurrir los feriados fue cumplido por un 60% de los compañeros. Como consecuencia de esta lucha, Coto comenzó a dar libres los feriados. Hasta ahora, la conducción del gremio sólo prestó un apoyo “crítico” a esta lucha, que fue más ‘crítico’ que de apoyo, pues no movilizó al gremio. La lucha para frenar los despidos Hoy nos enfrentamos a una lucha decisiva, más dura e importante que todas las anteriores: frenar los despidos y pararle la mano a Coto-Wal Mart, la cadena yanqui, considerada la más anti-sindical del mundo. En este camino se han realizado, con la presencia del sindicato, dos asambleas generales, en dos sucursales, que votaron la colocación de carpas, mesas de agitación, campaña de afiches y toda medida de lucha que sirva para frenar los despidos. En la asamblea de sucursal 95 se le planteó al gremio la necesidad de convocar a una asamblea general. Resistencia Mercantil, también convocó —en conjunto con la agrupación Combativos Mercantiles, y la Fuba— a las jornadas nacionales de movilización, piquetes y escraches en las puertas de los Coto. Con el reclamo de cese de despidos, no a las tercerizaciones y plata para los sueldos (y no para los despidos), el sábado 8 de julio realizamos una olla popular en las puertas de la sucursal 99. Locrazo Con el apoyo del Polo Obrero, la UJS, los delegados del lavadero Virasoro, y otras organizaciones, los delegados de sucursales 99, 95, 96 y 97, arrancaron con la agitación y el locro. Se denunció que Coto oculta su compra por Wal Mart para que no se conozca el plan de despedir trabajadores y para tercerizar maestranza, para fin de mes, lo cual sería el comienzo de un plan más vasto de tercerizaciones. Un delegado de la sucursal fue sacado a empujones por los matones de la patronal cuando, frente a las cajas y ante el aplauso de trabajadores y clientes, comenzó a denunciar todas estas atrocidades. Al locrazo se sumaron varios clientes; otros aplaudían cuando salían, o saludaban con sus bocinas. El pueblo estuvo junto a los mercantiles, tal como el pasado viernes se ubicó para defender a los vendedores ambulantes apaleados por la GUM y la policía provincial. Los socialistas del Municipio, en cambio, estuvieron el viernes junto a la GUM y la policía provincial, y son los mismos que durante todo el año permiten que Coto siga facturando cada domingo y feriado, viole el derecho al descanso hebdomadario, despida trabajadores e imponga la esclavitud, los salarios de hambre y la persecución política y sindical. Por la dirección del sindicato concurrieron al locro tres compañeros; Carlos Ghioldi, una vez más, brindó un “apoyo critico”. La izquierda del gremio, por fuera de Resistencia Mercantil, brindó un escaso apoyo (por ejemplo, el MST, que solía movilizar para estas jornadas, fue con una delegación reducida). “Consideramos fundamental empezar a movilizar al gremio y ponerlo en movimiento de conjunto, superando las medidas aisladas por establecimiento. ¡Si en los súper tenemos los mismos reclamos! ¿Por qué tenemos que reclamar los trabajadores de comercio separados por empresa? Llamamos a poner el gremio en la calle por las reivindicaciones de los Empleados de Comercio y para pararle la chata a las patronales negreras. Vamos por las asambleas El éxito del locrazo obliga a un mayor trabajo de organización. Un eje es frenar la tercerización de maestranza y prevención, y defender la estabilidad laboral. Las herramientas deben ser las asambleas, las movilizaciones y los festivales. Debemos hacer conocer la lucha y los reclamos de los trabajadores de Coto entre todos los mercantiles, que en Rosario son más de treinta mil. Muchos de ellos están en condiciones laborales todavía peores; como en La Gallega, donde el sueldo promedia los 450 pesos y no existen delegados, o en los miles de comercios del centro de la ciudad que trabajan en negro. Debemos transformar la lucha de los trabajadores de Coto en una lucha popular. La preparación de un gran festival de rock, campaña de firmas, agitaciones en la peatonal, para que se les pague a los trabajadores lo que se les adeuda por sábados, domingos y feriados; para que se respete el descanso hebdomadario, se aumenten los salarios y se mejoren el conjunto de las condiciones de los compañeros. A la agenda de Coto-Wal Mart, hay que oponerle la agenda de los mercantiles. Llamamos a apoyar y desarrollar la campaña de “no compre en Coto los domingos y feriados”. A extenderla al conjunto de los súper. A marchar al municipio y a la provincia para que en forma urgente se impida la apertura de los comercios en los días domingos y feriados, y se frenen los despidos masivos, las tercerizaciones y el avasallamiento a las condiciones laborales. ¡Todos con los trabajadores de Coto! ¡Pongamos al gremio en la calle!

El Concejo Deliberante de San Isidro acaba de reglamentar el servicio de remises. Dispuso que el servicio sólo podrá ser prestado por agencias que posean un local con contrato “en debida forma”, oficinas administrativas, sala de espera, sanitarios y playa de estacionamiento propia. Esta “regulación” dejará en la calle a centenares de trabajadores que, en la década del noventa, se vieron obligados a comprar un auto con su indemnización, luego de ser despedidos y no poder encontrar otro empleo. Decenas de remiserías familiares serán obligadas a cerrar ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos exigidos. El negocio se concentrará en manos de las grandes remiserías de los “amigos” del intendente. Posse celebra que los punteros de Barrios de Pie se reciban de enfermeros pero hace que matriceros, balancineros, torneros, queden desocupados por segunda vez.

El 6 de agosto habrá elecciones en todos los municipios de Santiago del Estero. Todos los candidatos de los partidos patronales se proclaman kirchneristas y zamoristas. Ya habían ido en una lista común en las elecciones constituyentes del año pasado. El ‘nuevo’ régimen de Zamora ha dejado en pie el trabajo en negro, los bajos salarios de docentes, estatales y municipales; la policía de ‘gatillo fácil’, la impunidad de la trata de bebés y de la prostitución infantil; el robo de tierras a los campesinos para expandir la frontera agropecuaria con el sembrado de soja; el total deterioro del sistema hospitalario. Varias listas llevan al mismo candidato a intendente (una ley de lemas camuflada). El PJ de La Banda se ha plegado a la reelección de “Chabay” Ruiz, del Movimiento Viable. Kirchner le dio el espaldarazo nacional a la reelección del radical Alegre en Capital. Oposición obrera y socialista El PO ha presentado sus listas. Nuestros candidatos fueron electos en asambleas. En Capital, la lista está encabezada por Nicolás Basualdo, dirigente del PO santiagueño y ex convencional en la Constituyente de 2005; Marcelo Castillo, dirigente estudiantil universitario, ex MST-El Socialista; Andrea Ruiz, dirigente estudiantil terciaria; Mario Basualdo, integrante de la lista de oposición a la burocracia del Sindicato de Empleados de Comercio. En La Banda, la segunda ciudad de importancia provincial, la Asamblea eligió a Ricardo Brunet, obrero panadero, y a Fabiana Cruz, como primer y segundo concejal. Como candidata a la Defensoría del Pueblo fue nominada la compañera Sara Luna, luchadora por los derechos humanos, madre de un joven asesinado por la superexplotación patronal en una empresa de la familia del dirigente del PJ local. Como primer convencional para la estatuyente municipal, la compañera Marisa Ruiz, dirigente piquetera del Polo. Las asambleas del PO votaron una plataforma para encarar los problemas de la población trabajadora y poner en pie una alternativa obrera y socialista: salario básico de 1.000 pesos, no al trabajo en negro, no al aumento del boleto, boleto estudiantil de 5 centavos, estatización bajo control obrero y de las asambleas populares vecinales de las empresas del transporte, subsidio al desocupado de 500 pesos, bolsas de trabajo controladas por las organizaciones de desocupados, aumento del presupuesto de salud y educación, plan de obras públicas bajo control de trabajadores y vecinos para resolver los graves problemas de las barriadas (cloacas, agua potable, asfalto, conexión del gas, etc.), disolución de la policía de ‘gatillo fácil’. Y un plan de actos, recorridas en las barriadas y de actos-escraches denunciando los abusos del poder.

Dos soldados israelíes fueron muertos luego de una durísima batalla, de varias horas de duración, con guerrilleros de Hezbollah. Las acciones se desarrollaron dentro del Líbano, cerca de Maroun er Ras, cuando fuerzas especiales israelíes penetraron para destruir túneles fortificados de Hezbollah que atraviesan las colinas circundantes. La inteligencia sionista había informado que esos túneles estaban desocupados. Pero cuando los soldados intentaron entrar, encontraron una feroz resistencia. Las fuerzas israelíes -dice un corresponsal- “quedaron horrorizadas” al encontrar guerrilleros del Hezbollah fuertemente armados con fusiles y armas anti-tanque. Los combates fueron violentísimos. Ambos bandos recurrieron a refuerzos. Los de Hezbollah llegaron a través de una red de túneles, como los que usaba el Vietcong contra los norteamericanos. El combate mostró que la primera línea de combate de Hezbollah está intacta, desmintiendo al jefe del ejército israelí, que había anunciado que las habían destruido. Rápidamente, el combate se extendió a otros sectores del frente, convirtiéndose en una batalla por el dominio de la frontera. Los sionistas perdieron, al menos, un tanque; nueve de sus soldados fueron heridos. El ejército israelí terminó retirándose, a pesar de contar con tanques y helicópteros. Mientras sus fuerzas de tierra estaban empeñadas en la batalla, Hezbollah alcanzó con cohetes las ciudades de Nahariya, Haifa, Tiberias, Safed y Carmiel.

La decisión de provincias y municipios “de cambiar planes sociales por jubilaciones” (Clarín, 12/7) confirma que el objetivo del gobierno es transformar el régimen previsional en un sistema asistencial, como quieren el Banco Mundial y las AFJP. La medida de gobernadores e intendentes consiste en jubilar a través de la moratoria a los que les falta o no tienen aportes, pagando la primera cuota con dinero del presupuesto provincial o municipal. Hasta aquí todo parece positivo, porque esos nuevos jubilados cobrarán al menos entre 250 y 300 pesos por mes; de la jubilación mínima vigente les descontarán las siguientes 59 cuotas de la moratoria. ¿Pero de dónde saldrán los fondos para pagar estas jubilaciones recortadas? ¿Del cese del pago de la deuda externa? ¿De un impuesto a los grandes pulpos que están remitiendo al exterior ganancias récord? Una pista la da la propia información de Clarín: “De los jubilados que perciben haberes superiores a la mínima y que recibieron hasta ahora aumentos muy inferiores a la inflación. Esos jubilados recibieron un ajuste de apenas 10% y otro del 11%, cuando la inflación desde la devaluación fue del 82%. Y para los que ganan más de 1.000 pesos, la suba fue de sólo el 11%, desde junio pasado”. Es decir que las jubilaciones que están por arriba de la mínima financiarán a los que están por abajo. Más claro, integremos a los que no reciben nada, destruyendo definitivamente el sistema jubilatorio argentino y su 82% móvil, incluso si la propia Corte califica a esto de inconstitucional. ¿Serán para esto los “superpoderes” permanentes? ¿Por qué el gobierno “nacional y popular”, que se opone a aumentar los planes de 150 pesos, extiende la cobertura previsional de subsistencia? Para extorsionar a los jubilados que aportaron toda su vida y no cobran el 82% móvil, diciéndoles: si reconocemos sus derechos no podemos darle una jubilación de subsistencia a los que estuvieron desocupados por culpa del capitalismo o en negro por culpa de sus patrones. Estos responsables no ponen nada por sus fechorías. La deuda externa, Techint, los que saquearon el país, los bancos, no existen. Sólo existen los jubilados con ingresos por arriba del mínimo, a los que no se les aumenta lo que corresponde, con el pretexto de “ayudar” a los que no tienen jubilación. Esta es la redistribución de ingresos del señor Kirchner. Se trata de una política “recomendada” por el Banco Mundial. Consiste en mantener congelados los 150 pesos del plan Jefes (para deprimir los salarios y hacer retroceder al movimiento piquetero independiente) y, por otro lado, que el Estado “asegure” una jubilación mínima “universal”, de subsistencia. Los que quieran ganar un poco más deberán contratar un seguro privado a través de una AFJP o una compañía de seguros. Esto explica que los banqueros, la UIA y demás cámaras patronales no hayan puesto el grito en el cielo por el “derroche” del gasto público. Es que lo que el Estado pone de un lado, lo saca del otro. La actual moratoria previsional que permite jubilarse a los que adeudan años de aportes busca imponer la jubilación asistencial, a la vez que constituye un “perdón” a los patrones que tuvieron a los trabajadores en negro. Los que se inscriben en la moratoria en planes de hasta 60 meses, pueden jubilarse con la mínima, mientras le deducen la cuota del haber. O sea que durante cinco años van a cobrar menos que la mínima. Pero esa moratoria, a la que se presenta como una “solución” para aquellos a los que les falta años de aportes, en la inmensa mayoría de los casos se debe a que el trabajador estuvo trabajando en negro y no pudo ni puede, al momento de jubilarse, justificar los 30 años de aportes mínimos. Lo correcto sería que el Estado reconozca los años trabajados en negro, porque la responsabilidad por el cobro de los aportes corresponde a la Afip/Anses y no al trabajador. En cambio, con la moratoria, el trabajador tiene que pagar los aportes no ingresados por su patrón. Mientras tanto, el gobierno mantiene la ley de “Solidaridad Previsional” sancionada por Menem-Cavallo, que eliminó el ajuste automático de las jubilaciones por el incremento del costo de vida o de los salarios, anuló la movilidad o ajuste de las jubilaciones como proporción del sueldo de los activos (por ejemplo, 82% móvil) y condicionó cualquier aumento a lo que anualmente determine la Ley de Presupuesto. Por supuesto, desde que en 1995 sancionó esa ley, el Congreso no aprobó ningún ajuste en las jubilaciones. Todo esto, a pesar de que la Corte Suprema declaró la validez del 82% móvil para los docentes y del 85% móvil para los investigadores científicos; que el gobierno se niega a pagarlo, con la complicidad de la Ctera. Pero la falta de movilidad arranca inclusive antes de jubilarse. “Eso sucede porque la jubilación inicial se calcula según el sueldo promedio de los últimos 10 años, sin ningún ajuste por la variación de los precios o de los salarios. Y eso a pesar de que el artículo 24 de la ley previsional vigente, sancionada en 1993, dice que debe calcularse ‘sobre el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, actualizadas y percibidas durante el período de diez años inmediatamente anteriores a la cesación de servicios’. Pero ninguno de los gobiernos que se sucedieron reglamentó este artículo, más aún después 2001, cuando volvió a dispararse la inflación” (Prensa Obrera, 16/4). De esta manera, cuando el trabajador se jubila, su haber inicial ya es un 25 ó 30% más bajo que el que le correspondería. Luego, como esa jubilación baja no tiene movilidad, termina licuándose por la inflación y es lo que explica que el haber medio solamente represente el 40% del sueldo medio. “Además, desde 1998, por un decreto, el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) quedó congelado en 200/230 pesos, según los años aportados, cuando debería ser actualizado según la variación de la recaudación previsional. Según los datos declarados por las empresas, desde 2002 los sueldos acumulan un alza promedio nominal del 65%” (Clarín, ídem). O sea, la PBU debería ser de 330/380 pesos. Programa Además de aumentar el beneficio de los planes sociales, la solución jubilatoria es simple. • Haber mínimo de 900 pesos. • Actualización según el costo de vida del sueldo que se toma como referencia para el cálculo de la jubilación. • Anulación de la ley de “Solidaridad Previsional”. 82% móvil, retroactivo al momento de la jubilación. • Reconocimiento de los años trabajados en negro. • Anulación de la jubilación privada. Sistema jubilatorio estatal único, bajo control de los trabajadores y jubilados.

Como lo informamos en el anterior numero de Prensa Obrera, el interventor kirchnerista, Salvatierra, pretendió extorsionar a los trabajadores y exigió, a cambio de la reincorporación de tres compañeros despedidos, la firma de una “Paz Social” por tres meses, refrendada en el Ministerio de Trabajo. La Intervención viene haciendo una campaña sistemática acusando a la Interna y a un sector de activistas de poner palos en la rueda e impedir la reactivación del Hospital. Una masiva asamblea general acaba de rechazar ese acuerdo. La burocracia de Atsa, que hizo campaña a favor él, recibió una verdadera paliza, ya que recolectó apenas 7 votos. Ya previendo el desenlace adverso, la Intervención pretendió a través de los supervisores impedir la concurrencia, pero eso fue vencido. De modo que la presencia de 300 compañeros es todo un éxito contra la intimidación promovida desde arriba. ¿Para qué quieren la “paz social”? Los colaboradores del Interventor , un día antes de la Asamblea, habían anticipado que se va a colocar un tope al pago de salarios, que fue fijado en 1.800 pesos. El cobro de lo que exceda a esa suma, se postergará hasta qaue haya disponibilidades. Esto perjudica, más o menos, al 50% del personal, especialmente al más calificado y con mayor antigüedad. La resultante de todo esto es que ya se adeuda la parte del sueldo de mayo que excede los 1.800 pesos de mayo que se suma a la falta de pago de la totalidad de aguinaldo y ahora el mes de junio, del cual sólo se ha recibido anticipos a cuenta. La experiencia a través de las administraciones anteriores, sin embargo, demuestra que el bicicleteo de salarios no ha salvado al Hospital. Junto al reclamo del pago al día y total del salario, vuelve a replantearse la discusión sobre la solución de fondo a la crisis del Hospital.

El 12 de julio, al octavo día de paro, los representantes de los trabajadores de Lockheed fueron convocados a una audiencia a media tarde. Hasta pasada la medianoche, cuando se firmó el acta, los compañeros permanecieron movilizados. Muchos llevaban dos días sin volver a sus casas porque pasaban la noche en la puerta de la fábrica. La presencia de los trabajadores siempre fue masiva. Marchaban todos los días desde la fábrica hasta el CPC y volvían al corte, recogiendo los saludos de camioneros, trabajadores y vecinos. Triunfaron. Reclamaban 400 pesos de aumento, más un incremento de 170 pesos en tickets. Obtuvieron un aumento no remunerativo de 570 pesos, dejando de cobrar los 80 pesos de tickets. Además, se arrancó la promesa de que esa suma será progresivamente incorporada al básico en los próximos meses. Lograron la efectivización de los 200 contratados (más la de otros diez que no habían conseguido renovar su contrato o realizaban trabajo eventual). Lograron el aumento de la antigüedad del 0,5% al 1% (reclamaban el 2%) y la discusión a partir de la semana que viene del convenio colectivo. Conquistaron el pago de los 8 días de paro (sin necesidad de “recuperar” las horas, como dice el acta acuerdo). Vamos por todo. Por el blanqueo del aumento conseguido. Por el 1% restante en la antigüedad. Por la discusión de un convenio colectivo que garantice las mejores condiciones laborales de los trabajadores, sin permitir el reemplazo de las categorías por la polifuncionalidad. Sigue en danza la discusión sobre la permanencia o no de Lockheed. El destino de la fábrica debe ser una decisión de los trabajadores. Desde Menem hasta Kirchner (quien firmó el último contrato, que vence en 2007), el Estado ha sostenido al pulpo estadounidense. Lo único que hizo Lockheed fue vaciar la fábrica. Que se investigue el vaciamiento. ¿Se van a ir? Que Lockheed indemnice al país por la desinversión. Kirchner se hace el tonto, porque oculta un negociado para propiciar otro. ¿Viene otro pulpo? Planteamos la reestatización con el control obrero de la fábrica. Este triunfo se produce en momentos en que las burocracias del SEP (empleados públicos) y UEPC (docentes) están negociando una miseria. Reclamamos a todas las organizaciones sindicales la inmediata convocatoria a un paro provincial que tome como ejemplo la lucha de los trabajadores de Lockheed para conseguir los reclamos de los trabajadores estatales, los docentes y los de Cargo.

La jornada de lucha común del rock y del tango frente al Ministerio de Cultura de la Ciudad fue un éxito. Compañeros de Autoconvocados por el Tango, que lograron recientemente la restitución de las fechas acordadas con la Dirección de Música de la Ciudad, participaron apoyando los reclamos del MUR: restitución del Circuito Rock y de las fechas prometidas, establecimiento de un circuito para bandas promocionales en plazas y parques, basta de clausura al rock. El concierto-movilización comenzó luego de que los compañeros desbarataran los intentos de la policía que custodiaba el acceso al Ministerio para impedirlo. Un piano, un contrabajo, tres bandoneones, violines, de la increíble “Orquesta Imperial”, convocaron la atención de decenas de transeúntes que se nuclearon en torno a los músicos, flanqueados por las banderas del MUR y de LuchArte. Mientras actuaban Gastón Posse, la Escuela de la Calle y Cafrone de Mantoque y se leían las adhesiones de los trabajadores del frigorífico en lucha Subpga, del legislador porteño Héctor Bidonde y de sobrevivientes de Cromañón, una delegación de compañeros fue recibida por la jefa de Gabinete del Ministerio de Cultura. Se le presentó un petitorio. Próximas asambleas evaluarán la respuesta de las autoridades al petitorio y la continuidad de las medidas de lucha. Los integrantes de Letrango, de Autoconvocados por el Tango y del MUR, sellamos una unidad que no se limitó al evento reivindicativo. Avanzó hacia un problema político más general: la necesidad de luchar por una ley que contemple el trabajo en blanco, como también los derechos sociales de todos los músicos, sin que eso signifique subsidios para las patronales ni “leyes de mecenazgo”. Reivindicamos el camino de las asambleas resolutivas del Bauen. La movilización y no los lobbys logrará la conquista de este objetivo.

Alrededor de mil manifestantes se unieron el domingo por la tarde a la marcha realizada en Tel Aviv, para protestar contra los ataques israelíes en el sur del Líbano. La policía detuvo a tres manifestantes argumentando que estaban desarrollando una manifestación no permitida. Los manifestantes, que marcharon desde el Boulevard Hen a la calle del Rey Jorge, cantaban consignas tales como “Olmert acordó con Bush: guerra y ocupación”; “Paren la monstruosidad de la guerra”; y “Digamos no a los brutales bombardeos en Gaza”. También acusaron al ministro de Defensa, Amir Peretz, de asesinar niños en Gaza, y cantaban: “No te preocupes Peretz, te veremos en La Haya” (sede del tribunal internacional contra crímenes de guerra). “Nos dicen que hay consenso en apoyo a la guerra, y eso no es verdad. Les dicen a los ciudadanos que ésta es la única alternativa, y pienso que no es así”, declaró Abeer Kopty of Mossawa, el Centro de Abogados para los ciudadanos árabes en Israel. Las organizaciones Ta'ayush, Yesh Gvul, la Coalición de Mujeres por la Paz y otros grupos de izquierda reunieron fuerzas “para manifestar una opinión diferente, contra la guerra y a favor de las negociaciones”, explicó. Reza Mazali, de la organización “Nuevo Perfil”, explicó: “Eventualmente, los prisioneros serán liberados a través de negociaciones, pero cientos serán asesinados en el Líbano y no sé cuántos morirán aquí. Pienso que debemos hacer escuchar nuestra voz”. Manal Amura, de Jerusalén, llamó al gobierno israelí a mantener negociaciones con Hamas y Hezbollah. “La agresión israelí lleva a una guerra total que nadie quiere. Pienso que Israel debe negociar con Hezbollah y Hamas, y liberar prisioneros palestinos a cambio de la liberación de los soldados. De esta manera, esta historia llegará a un final”. El parlamentario Dov Hanin, de Hadash, declaró a Ynet: “Estamos protestando contra la segunda guerra del Líbano. La guerra es un desastre para los israelíes, para los palestinos y para los libaneses. Estoy seguro de que la oposición a la guerra crecerá poco a poco (…) Repudio que Amir Peretz se haya calzado los zapatos de Mofaz (jefe del Estado Mayor israelí); repudio que ningún miembro del partido laborista o del Meretz (izquierda sionista) se declarara opuesto a la guerra”. Noa Levy, de Tel Aviv, dijo: “La disyuntiva entre escalar o no la situación está en nuestras manos; la cuestión de salvar vidas o no está en nuestras manos… No hay solución militar. Sólo negociaciones”.

Con el pronunciamiento de la Corte Internacional de La Haya, los monopolios pasteros cuentan con el apoyo del “derecho internacional”. La Haya no sólo negó cualquier peligro “inminente” de deterioro ambiental; también se ocupó de precisar que tampoco sería “irreparable”. La Corte , además, otorgó una especie de certificado de impunidad a los empresarios de la polución ambiental, al transferir la “responsabilidad” a Uruguay. El “fallo” patronal de la Corte fue festejado el vienes pasado con una suba inédita en las bolsas europeas de los acciones Botnia y Ence. Entre toga y toga, lo que quedó en la “ilegalidad” es la protesta popular en la ruta. “Ya se sabía” La decisión era previsible. Estaba “totalmente cantada” la “inviabilidad” del reclamo de que se “paralicen las obras”, dice el kirchnerista Página/12 (14/7). El gobierno que sabía todo esto de antemano, ahora finge que “no todo esta perdido”. El gobierno “siempre pensó en la denuncia ante La Haya como una herramienta para contener la furia de los entrerrianos mientras buscaba sacar del pantano los negociaciones (...) nadie en el oficialismo hubiera apostado a que el tribunal fuese a conceder la medida cautelar para frenar las obras. Kirchner aceptó exponerse a un fracaso internacional” (La Nación, 14/7). De La Haya a Washington Ahora el gobierno anunció que “aspira a que el sistema financiero internacional se abstenga de invertir en industria contaminante” con lo cual pasaríamos de la dependencia de la “Corte” a la de los funcionarios del Banco Mundial. Los pasteros argentinos que integran la Asociación Forestal Argentina (Afoa) dieron su respaldo a La Haya: “Pensamos que las fábricas sí deben instalarse y después debemos controlar el funcionamiento con una comisión binacional”. Esa es precisamente la línea de la Corte. En Afoa militan las grandes productoras de pasta nativas que envenenan el río Paraná. En la Afoa, como en la cámara de los envenenadores de la producción minera o en la asociación patronal de los depredadores de la industria petrolera, se encuentra la flor y nata de los intereses que defiende el gobierno. La “preocupación clave” del oficialismo fue evitar que se vuelva a los cortes de ruta. La asamblea de Gualeguaychú respondió con una marcha masiva, con 10.000 personas sobre la ruta 14, negándose a aceptar la concurrencia a la Cancillería en la Capital. La abogada Picolotti, histórica participante en la Asamblea ahora devenida en funcionaria, hizo lo imposible para convencer a sus integrantes sobre los “perjuicios” que implicaría volver a la ruta. Y se retiró cuando las cosas comenzaron a ponerse un poco “agresivas”, según el enviado de La Nación. “Esto recién empieza”. El próximo round será este viernes con la movilización llamada por Gualeguaychú hacia Córdoba, a la cumbre de los presidentes.

En forma arbitraria, los compañeros del Sanatorio Quintana están siendo pasados de gremio, de Atsa (Sanidad) al de Utedyc (empleados de entidades deportivas y civiles), como consecuencia de que el sanatorio fue comprado por el Sindicato de porteros (Suterh). Su principal dirigente, Santamaría, carga con acusaciones de desfalcos contra su propia obra social. “Están despidiendo compañeros con muchos años de antigüedad y les inventan ‘causas’ para no pagarles la indemnización. En algún caso, esa ‘causa justa’ fue repartir volantes hechos por los propios trabajadores. La burocracia de West Ocampo y Daer no hace nada ante esta violación de derechos de los trabajadores de la sanidad. Hace tres meses que empezaron los despidos. Ya somos 45 los despedidos y 25 los trasladados a la Clínica de la Ciudad, que también pertenece al Suterh. ¿Cómo puede Santamaría, que dice defender los derechos de los encargados de edificios, realizar tantos despidos, tantas violaciones a nuestros derechos y perseguir la actividad gremial?”, denuncian los compañeros. “Nos extorsionan: si te pasás de tu AFJP a Previsol cobrás los días 26; si no, te pagan el sueldo del 5 al 10.” Las denuncias siguen. “Hay un personal de vigilancia en el vestuario de mujeres mirando cuando las compañeras se cambian. Nos quitaron los desayunos, almuerzos y cenas. Hay compañeros que trabajan 14 horas con un solo permiso para ir al comedor (desayuna o almuerza).” Los trabajadores del Quintana han pedido la solidaridad de sus compañeros de Sanidad. También llaman a los afiliados del Suterh a que se opongan al capanga Santamaría. Ningún trabajador debe oprimir a otro. La agrupación Asis apoya esta resistencia.

Acaba de publicarse en el Boletín Oficial el convenio colectivo que firmaron en marzo pasado la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba (Agec), la Federación Argentina de Empleados de Comercio (Faecys) y la hasta ahora desconocida “Cámara Empresaria de Servicios de Contactos para Terceros de la Provincia de Córdoba”. Cubre las actividades de “recepción de solicitudes, reclamos y/o denuncias de clientes/usuarios; recepción de consultas sobre información sobre productos y servicios; gestión de relaciones entre las empresas y sus clientes...”. Es decir, se aplica a los servicios que habitualmente prestan los “call center” (aunque no sólo a ellos). Como lo indica el propio nombre de la cámara patronal, se trata de call center tercerizados. El convenio bate todos los récords en materia de flexibilización laboral y miseria salarial. Establece una jornada de seis horas y media diarias, por seis días a la semana. Por lo tanto, implica trabajar sábado y domingo, con lo que la patronal se ahorra el pago de las horas extras de esos días. Permite a las empresas “adoptar esquemas de extensión diaria variable, de conformidad a la necesidad de cada empresa. Las jornadas pueden extenderse hasta las doce horas (ya que una de las limitaciones a la duración variable es que “se respeten las doce horas de descanso entre jornadas”). Establece un descanso de treinta minutos por jornada (dividido en dos fracciones de quince minutos), que apenas alcanzan para ir al baño. Las horas extras se calculan sobre una base semanal (cuando se trabaja más de 39 horas semanales), lo que permite que en jornadas “pico” la patronal pueda extender la jornada sin pagar un peso adicional. El convenio, también, faculta a las patronales a establecer unilateralmente cambios en los lugares y horarios de trabajo de los empleados. Establece la polifuncionalidad y la organización del trabajo en función del beneficio capitalista: “Las empresas podrán implementar modalidades de trabajo por células, por equipos u otros diseños organizacionales, siempre teniendo en cuenta los objetivos de cada empresa”. La organización sindical no podrá interponer ningún reparo a la organización del trabajo que estipule la patronal (para aplicar cualquier modalidad bastará con que el sindicato sea “informado”). El encuadramiento de estos trabajadores en el gremio de Comercio tiene como objetivo la rebaja salarial, ya que Comercio tiene los salarios más bajos para actividades de alta tecnología. El convenio establece un salario de 800 pesos para trabajadores de alta calificación (por ejemplo, los que hablan varios idiomas). Para personal de esta calificación, en el resto del mundo se pagan salarios que duplican (y hasta triplican) los establecidos en este convenio. No habrá, bajo este convenio, dos trabajadores que realicen la misma tarea y cobren el mismo salario. Esto porque se autoriza a las empresas a “establecer sistemas voluntarios y adicionales de compensación, a través de sistemas de incentivos y/o premios y/o sistemas de pago variable, o de cualquier otra naturaleza”. Incluso, establece que “dichos sistemas podrán alcanzar a un sector en forma parcial o bien contemplar alternativas diferenciadas dentro de un mismo nivel”. Por esta vía, la burocracia convalida la competencia entre los trabajadores... que siempre favorece a la patronal. Finalmente, el convenio no establece ninguna responsabilidad hacia los trabajadores de las tercerizadas por parte de las empresas que tercerizan operaciones. Hay que organizarse para terminar con este convenio negrero.

Hace tres meses entré a trabajar a un taller textil cerca de Floresta. Entré sin acordar sueldo ni horarios. Entraba a las 7 horas y salía a las 20. Sábados y domingos de 7 a 15. Después de 15 días, la jefa de personal me explicó el sueldo y me hizo firmar un papel que establecía el horario de entrada a las 7 y la salida cuando le parezca conveniente a los responsables del sector, más otro ítem de flexibilidad laboral. El pago es quincenal, pero sólo hacen figurar 9 horas, de lunes a viernes. Pagan las extras en negro; nos descuentan 16%; también el aguinaldo sufre descuentos. Todo lo que leí sobre explotación capitalista ahora lo vivo en carne propia; me parece casi irreal. Tengo que vivir pensando que al otro día me tengo que levantar a las 5 para desayunar y salir 45 minutos después; viajar otros 50 minutos y vivir una jornada de trabajo intensa sin ver el sol, en condiciones de pésima seguridad industrial, con el riesgo de que el patrón se borre en cualquier momento, declarando la quiebra y dejándonos en la nada. Todo esto a costa de perder a mi familia, ya que no tengo ganas de hablar, ni de pasear, ni de nada pensando en las 5 horas del día siguiente. No hay organización gremial, los del sindicato no aparecen; los inspectores del gobierno pasan a firmar una planilla y se van. Aun así conversé con compañeros que están interesados en organizarse. Me comprometí a conseguir el convenio de los textiles para discutir la posibilidad de organizarnos. Compañeros, quería contarles mi experiencia y agradecerles que publiquen mi nota y me contacten con compañeros que estén duchos en el tema para organizarnos lo antes posible por 8 horas de trabajo, salario mínimo de 2.000 pesos, no más descuento al aguinaldo; por el derecho a formar nuestra agrupación dentro del lugar de trabajo, con delegados electos en asamblea, para torcer el rumbo de la explotación y poner el sindicato textil bajo control de los trabajadores; comedor y 82% móvil, jubilación a los 55 años, pase a planta de los compañeros en negro, por un gobierno de trabajadores.

El gobierno le ha mejorado a los saqueadores de los ferrocarriles argentinos los términos de explotación de las líneas, después de haberlo hecho con la eléctrica Transnea. Ahora, envió al Congreso nuevos contratos para empresas ferroviarias de carga. Uno de ellos en favor de Ferroexpreso Pampeano, a cargo del corredor Rosario-Bahía Blanca, una de las mejores zonas de exportación cerealera. El otro beneficia al Nuevo Central Argentino, el cual, como si fuera una burla, tomó su nombre del que tenía la vieja línea en manos británicas. Los proyectos enviados al Congreso quedarán aprobados por el simple transcurso del tiempo, puesto que si no tienen tratamiento parlamentario en 60 días comenzarán a regir de manera automática. De acuerdo con los nuevos contratos, el Estado argentino se hará cargo de las principales inversiones en infraestructura y material tractivo y rodante. En otras palabras: el pueblo trabajador argentino paga las inversiones y los concesionarios se llevan los beneficios. Una suerte de socialismo al revés: se “socializan” los costos y se privatizan las ganancias. En otro punto, el nuevo contrato concede 17 años de plazo a los concesionarios para cancelar sus deudas con el Estado, que arrastran desde tiempos de Menem. Además, los cánones que deben pagar las empresas privadas quedan atados a sus beneficios: si no ganan, no ponen, lo cual violenta incluso la ley económica capitalista de la inversión de riesgo. Ferroexpreso Pampeano está controlado por el grupo Techint; el Central Argentino lo maneja Aceitera General Deheza, del grupo Urquía, un pulpo exportador. Y la Argentina, téngase en cuenta, es el primer exportador mundial de aceite de soja. Menem no se atrevió a tanto. Kirchner lo hizo.

Un gran sector de mujeres piqueteras nos desempeñamos en tareas domésticas en casas de familia. Carecemos de cualquier beneficio, obra social, aportes jubilatorios, licencia por maternidad o por enfermedad. Ni hablar de aumentos salariales, pues las tarifas las deciden las “patronas”. El gobierno lanzó una campaña —“Ud. no es empresaria, pero tiene una empleada”—, en la que sugiere que se hagan los aportes. Se sabe que los mayores evasores son los que viven en las grandes mansiones y countries. En este caso, los aportes serán descontados de las “ganancias”. El convenio sindical dice que necesitamos 20 horas semanales en una misma casa. Eso es casi imposible porque la mayoría trabajamos una o dos veces por semana y menos de cinco horas. Lo mismo ocurre con los compañeros que cortan el pasto o podan los árboles. Tenemos que organizarnos con el Polo y empadronarnos para exigir al Ministerio de Trabajo un salario digno y en blanco y que cada Municipio se haga cargo de la obra social.

Gildo Insfrán, el ex menemista y hoy kirchnerista gobernador de Formosa, está entre los principales acusados de haber vendido 40 mil hectáreas de tierra en el departamento Bermejo “a precio vil” (¡8,60 pesos la hectárea!), de “hacer la vista gorda” frente al desmonte de los bosques naturales que había en esas tierras y de “usar la mayor parte del agua de la represa Laguna Yema para el riego de los extensos cultivos de algodón” de los nuevos propietarios (noticiascorrientes.com.ar, 5/2). Los “nuevos propietarios” son el Twynam Agricultural Group, un pulpo alimentario australiano, que se hizo de esas tierras a través de su subsidiaria, Liag Argentina. Para venderlas, Gildo Insfrán “violó la Constitución de la Provincia” (ídem). Organizaciones populares y ambientalistas lo denunciaron ante la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ahora, “ante el creciente interés de inversores de radicarse en la provincia, el gobernador Gildo Insfrán instó a los hombres de campo a no mirarlos con recelo” (www.formosa.gov.ar, 4/6). Es que la economía campesina familiar de la provincia está siendo desmantelada. Para peor, se provoca “un genocidio ambiental”, según denuncia la Fundación para la defensa del ambiente, Funam. El grupo australiano ha desmontado 24 mil hectáreas de bosque natural en la zona de Laguna Yema destruyendo el hábitat de decenas de especies únicas de aves y animales. Lo mismo que ya habían hecho los australianos en la Finca Toloche, en Salta (ídem), donde también se han adueñado de grandes extensiones. El grupo australiano fue acusado por la Funam de ser una “patética Forestal”. Pero, al menos, los ingleses que desmontaron el bosque chaqueño-santafesino a fines del siglo XIX y principios del XX, no se llevaban todo el tanino y el quebracho afuera, como hacen ahora los australianos (los durmientes para la extensa red ferroviara nacional salieron de La Forestal). Los ingleses de hace un siglo ya parecen “santos” al lado de estos “patéticos socios” imperialistas de la “burguesía nacional”. Twynam-Liag declara en su página web poseer en el país 120 mil hectáreas cultivadas con soja y algodón. Arriendan, además, “35.000 hectáreas para cría de ganado vacuno en las provincias de La Pampa y San Luis, y completan la producción total de terneros para invernar”. El pulpo australiano conforma, con Benetton, Irsa-Cresud y Adeco-Soros, el “club” de los cuatro mayores grupos terratenientes de Argentina, dominado en un 90% por capitales extranjeros. En la era del “renacimiento” de la “burguesía nacional”, la tajada mayor de la riqueza argentina sigue yéndose afuera.

Mi nombre es Luis Fernando Cabrera. Soy tilcareño y estoy muy preocupado por lo que nos está pasando, desde que se la declaró Patrimonio de la Humanidad. Tilcara está sometida a este despojo de tierra, ya nada es como antes. En estos últimos días aparecieron gringos, hippies con tatuajes (perdón por la expresión), con papeles de compra y venta de tierras. Están usurpando canchas de fútbol, quintas, cercando lugares que siempre nos pertenecieron, aduciendo que son de ellos, sacando a gente humilde sin piedad. Son tierras con historia, con más de 500 años que fueron nuestras. Hoy, todos extraños están ocupando Tilcara, construyendo hoteles. La inseguridad está creciendo, ya no podemos salir a la calle, no podemos dejar las puertas abiertas, como siempre lo hacíamos... Gente que vivió toda su vida sembrando, criando ovejas, hoy está siendo desalojada por estos gringos con plata que con un papel de compra-venta falso nos quieren quitar lo poco que nos pertenece. Los tilcareños necesitamos ayuda; que se investigue todo esto, ya no aguantamos más, queremos que se vaya toda esta gente extraña. Les pido encarecidamente y con el corazón humilde que tenemos, nos ayuden. Nosotros no podemos hacer nada contra este aparato más poderoso que nuestra simpleza de ser tilcareños. Estos son algunos de los datos graves y preocupantes: Sabina Gregorio, Albina Gregorio, Leonarda Gregorio de Alfarcito, terrazas de cultivo legada por los incas: están siendo despojadas por la familia Alvarez Prado (terratenientes). Calle Sorpresa de Tilcara, Familia Flores Olmos: despojada por Alvarez Prado después de 85 años de mantener una tierra. Comunidad Aborigen de Villa Florida: están siendo despojados Zambrano (Gente Extraña) Comunidad del Huasamayo ya fueron despojadas varias familias y hoy nos quitan la cancha de fútbol donde juegan 600 deportistas del pueblo. Club Atlético Ferry: despojado de una tierra para el deporte por personas desconocidas que compraron en esta semana estas tierras quién sabe a quién y, hoy, lunes 9 de mayo, fueron alambradas y cercadas. Barrio Usina: familias enteras que están siendo despojadas de sus tierras por terceros. Todos estos vienen con papeles de la ciudad. ¿Qué podemos hacer? Ya no hay justicia para nosotros. ¿Qué pasará mañana en Tilcara? Toda esta gente nos maltrata con palabras tales como: “coyas”, “negros sucios”, etc. Palabras irreproducibles. Gracias por difundir esta grave preocupación. Un abrazo enorme y un sincero saludo desde Tilcara (Jujuy-Argentina).

El 13 de julio, más de 250 docentes concurrieron al debate sobre la nueva ley educativa realizada en el Suteba de Lomas de Zamora. Los dirigentes del sindicato criticaron a fondo los “diez ejes” que planteó el gobierno. Incluso, se desenmascararon los términos del lenguaje del “progresismo” que pretende darle continuidad a la reforma de la reforma, pero ahora con alcance “nacional” (es decir, imponerla allí donde todavía no lo logró). Los docentes presentes coincidieron en que el “debate a los argentinos/as” es una parodia y una estafa. Lo mismo la “consulta” a los padres, que ahora se transformó en una encuesta sin debate, con tres preguntas cerradas e inconducentes para sacar conclusiones. Pusimos de manifiesto que los “acuerdos previos” que se mantienen vigentes se refieren a los empresarios y a la Iglesia; denunciamos los subsidios a la educación privada; denunciamos la injerencia de la Iglesia en los contenidos de la enseñanza; desmenuzamos el “desfinanciamiento” de la ley de Financiamiento, que abre la puerta al canje de deuda por educación. Una parte importante del debate giró en torno a las modificaciones de nuestro régimen laboral y del gobierno de la educación. Analizamos el “salario por mérito” y denunciamos que con su piso de 414 pesos, no hay posibilidad de acercarse al valor de la canasta familiar, inclusive realizando cursos de dudoso perfeccionamiento. Nos pronunciamos por los 1.000 pesos de básico y por que gobiernen la educación los que cotidianamente la sostenemos. Que la “ley ya está acordada”, como denunciaban los compañeros, no impidió que el debate enriqueciera la comprensión de que debemos generar un movimiento nacional de rechazo a la ley. En el debate, algunos compañeros (pertenecientes a la corriente Convergencia Socialista) plantearon la necesidad de oponer una “ley de educación de los trabajadores” a la que presenta el gobierno. La mayoría de los docentes entendió que había que proponer un programa propio frente a la ley del gobierno: educación única estatal, laica y gratuita, salario igual a la canasta familiar, 30% del presupuesto nacional para educación, gobierno de la educación en manos de los trabajadores. Pero esa misma mayoría entendió también que esas conquistas no vendrían de la mano de una ley para competir con el gobierno en el parlamento, sino como producto de una lucha de conjunto de los docentes, alumnos y trabajadores. Es decir, de una rebelión educativa que se abra paso para imponer sus reivindicaciones. Al finalizar esta multitudinaria charla, como corresponde a un sindicato de lucha, marchamos por las calles de Lomas hacia el Consejo Escolar, junto a los compañeros de ATE, que estaban de paro por 24 horas, a los compañeros de los comedores populares y a algunas organizaciones piqueteras.

La Justicia dispuso la excarcelación de Ricardo “Chacho” Berrozpe, después de haber permanecido con prisión preventiva domiciliaria durante casi ocho meses. Berrozpe está procesado por su participación en la movilización contra Bush en Mar del Plata, en noviembre del año pasado. El proceso de instrucción y la detención fueron tan irregulares que los propios camaristas tuvieron que reconocerlo. En ningún momento, dicen, Berrozpe “intentó evadir la acción de la Justicia”; por lo tanto, “la declaración de rebeldía (dictada por el juez de Primera Instancia) no tiene sustento alguno”. Aunque en libertad, el compañero Berrozpe continúa procesado por “incitación pública a la violencia colectiva” y “fabricación de artefactos explosivos peligrosos para la seguridad común”. Ambos delitos, sumados, son plausibles de una condena de hasta 21 años. Está en pie la lucha por el desprocesamiento de Berrozpe y el de miles de luchadores populares, y por la libertad de los presos políticos.

El día 7 de cada mes, la Comisión de Familiares de las víctimas del gatillo fácil de Formosa marcha bajo la consigna “Basta de matar a los jóvenes”. La marcha sale de la casa de Antoliano Figueredo, joven de 17 años muerto a golpes por cuatro policías, y se dirige a la Casa de Gobierno, para reclamar la destitución de Elvio Borrini, ministro de Seguridad provincial. Borrini fue funcionario de la dictadura militar y estuvo involucrado en casos de detención y tortura en Formosa. Luego, la marcha se dirige hacia el Supremo Tribunal de Justicia, donde se repudia a los jueces que se pasan las causas unos a otros sin dar respuestas. El pasado viernes 7 de julio se llevó a cabo la 18 a marcha, con más de 400 compañeros, en su mayoría jóvenes. La UJS de Formosa seguirá marchando y luchando por el juicio y castigo a los asesinos de nuestros pibes.

Queridos amigos: Algunos puntos rápidos para recordar en la guerra de propaganda: 1. Israel dice que el gobierno libanés viola las resoluciones de la ONU que establecen que el gobierno del Líbano debe ejercer su soberanía estatal en el sur del Líbano y desarmar a las milicias. Preguntas: ¿Desde cuándo Israel respeta las resoluciones de las Naciones Unidas? ¿Desde cuándo Israel respeta la soberanía de los Estados? 2. Hezbollah es denunciado como una organización “terrorista” por el ejército al que el propio Hezbollah derrotó. Responda estas preguntas: ¿Cuántos civiles no combatientes israelíes mató Hezbollah desde su fundación, en 1982? ¿Cuántos civiles no combatientes libaneses mató el ejército israelí en el mismo período? 3. Hezbollah es acusado de haber ingresado en el territorio israelí y de haber atacado y asesinado a soldados israelíes de una patrulla fronteriza. Responda estas preguntas: ¿Cuántos soldados israelíes mató, dentro de Israel, Hezbollah desde su fundación? ¿Cuántos soldados israelíes mató Hezbollah dentro del Líbano? ¿Cuántos libaneses capturados dentro del Líbano mantiene Israel en su poder? 4. Hezbollah tiene armas que van más allá del tradicional arsenal guerrillero, obviamente provisto por Siria, por Irán o por ambos. Al mismo tiempo, el Estado libanés no tiene defensas aéreas y sus fuerzas armadas no juegan ningún papel en la defensa de su pueblo. Preguntas: ¿Por qué una organización guerrillera que opera en el sur del Líbano no debería tener armas, incluyendo cohetes de largo alcance? ¿El Líbano no está amenazado por su “vecino” del sur? ¿No está el ejército israelí mucho mejor armado? 5. La idea de que, junto a Israel, debería existir un “Estado palestino desmilitarizado” (Acuerdos de Ginebra), o un Líbano sólo armado con rifles, va de la mano con la idea de dominación y subordinación. En cualquier guerra, cada lado busca desarmar y dominar al otro, y cada lado busca los mejores armamentos que son apropiados a este propósito. Preguntas: ¿De qué se queja Israel? ¿Qué estados proveen los arsenales de Israel? ¿Quiénes son y qué cosas proveen? El jefe del ejército israelí, Dan Halutz, dijo que Israel está “cambiando las reglas de juego” en el Líbano y advirtió que “nada es seguro en el Líbano, tan simple como eso”. Pero todos saben que esto alcanza a todos. Esta es la razón por la cual la población de Haifa se está marchando hacia el sur o se está refugiando en habitaciones fortificadas. Las vidas de la población civil israelí no combatiente no son una preocupación de Halutz. Tampoco las vidas de los soldados del ejército israelí capturados en batalla. Todos ellos son víctimas del militarismo. La habitual danza de la muerte, orquestada por los militaristas y racistas israelíes, continuará, con flujos y reflujos, con ceses del fuego, “procesos de paz” y confrontaciones abiertas, hasta que el pueblo de Palestina, árabes y judíos, se levante para “cambiar las reglas del juego”, para derrocar a los envenenadores de manantiales y piromaníacos sionistas, y para reconstruir el país sobre nuevas bases, sobre la base del respeto a la democracia y a los derechos humanos y a las relaciones de buena vecindad. Todos los esfuerzos contra la guerra en Israel, y toda la solidaridad internacional deben estar dirigidos a ese objetivo. Saludos,

El Chaco es una de las provincias donde el rechazo a la “nueva” Ley de Educación alcanza mayores dimensiones. Las “jornadas de debate” impulsadas por el gobierno y el oficialismo se han transformado en un búmeran. Más del 78% de las escuelas rechazaron este engendro privatista. Una delegación de más de 50 padres de las escuelas técnicas de Villa Angela, Sáenz Peña, San Martín y otras localidades del interior de la provincia recorrieron cerca de 200 kilómetros en bicicleta hasta Resistencia para expresar su rechazo a la nueva ley. Cortaron la avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Educación, junto a padres de la capital provincial y a alumnos de la Escuela Técnica N° 21 “Manuel Belgrano”, y obligaron al ministro a trasladarse a ese lugar. El Sitech, Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chaco, rechazó la nueva ley, denunciando su contenido continuista. También Atech, otro de los sindicatos docentes, rechazó la propuesta oficial. Los estudiantes universitarios también expresaron su repudio y las asambleas en las escuelas medias se pronuncian en contra de este nuevo ataque a la educación pública. En medio de esta repulsa generalizada se llevó a cabo, el sábado 15, un plenario de Tribuna Docente para debatir el contenido y los alcances de la nueva ley y organizar la lucha por su rechazo. Participaron del evento el secretario general del Sitech, docentes de esa entidad, maestros representantes de las distintas ramas de la educación y alumnos universitarios. Durante el plenario se desnudó la farsa del debate que dicen impulsar el gobierno y Ctera. Las conclusiones fueron contundentes. Está ley no aporta soluciones a ninguno de los problemas de la educación pública. A esta “propuesta de debate” hay que enfrentarla con un programa de lucha que incluya el aumento del presupuesto educativo, la refacción y equipamiento de escuelas que dé solución a todos los problemas de colapso edilicio, la eliminación de los subsidios a la educación privada, tanto laica como clerical, el inmediato aumento del salario docente a 1.000 pesos de básico, en la línea de obtener un salario equivalente a la canasta familiar, un sistema educativo nacional, único, gratuito, laico y científico sostenido íntegramente con fondos del Estado nacional y el rechazo a todas las leyes de la vieja y nueva reforma.

El Polo Obrero de la Capital logró, junto con otras organizaciones, conquistar puestos genuinos de trabajo en áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora estamos luchando contra el retraso de pagos de salario y por el blanqueo de estos trabajadores. Junto a los compañeros de planta realizamos importantes movilizaciones: una de más de 1.000 compañeros en las puertas del Ente de Mantenimiento Urbano e Integral; otra, en el mismo lugar, en el mismo momento en que se realizaban otros doce piquetes en diferentes reparticiones estatales. En todos los lugares de trabajo existe un proceso de organización, se realizan asambleas y se votan delegados. Hemos obtenido algunos triunfos, como el reconocimiento del sindicato (que no había aparecido en años) y la firma de un nuevo contrato de 6 meses para los compañeros que no tenían garantías de continuidad. En este sector de contratados todo esto es una novedad y está relacionado con el ingreso de nuevos luchadores que llegaron para transmitir la gran experiencia de lucha de todos estos años del movimiento piquetero. Ahora vamos por el pase a la planta transitoria (que permitiría una estabilidad por dos años) y el fin del pago de monotributo, es decir por el reconocimiento del Estado de la relación de dependencia. Estamos participando de forma enérgica de un proceso de rebelión de los contratados.

La visita de Taselli a la fábrica no fue para cumplir con el convenio de los 21 artículos pactados en la última medida de fuerza, que no figuran en su agenda (mucho menos en el salario de los trabajadores). A las denuncias del riesgo de accidentes por falta de seguridad, se suma ahora la reducción del tiempo de descanso (y de los lugares destinados al descanso, como los merenderos). Lo importante es producir... para Taselli. Los compañeros no cobran por producción y ni siquiera el presentismo. Si no se justifican las ausencias, se pierde el 60% del presentismo y hay sanciones disciplinarias; si el compañero llega dos veces tarde, pierde el 25% del presentismo. Apenas la mitad de los 600 compañeros logra cobrar el presentismo. El sindicato dice haber intervenido para que las sanciones no fueran más duras. La tercerización recorre la fábrica. Taselli la niega rotundamente; los jefes se contradicen; los obreros la sienten cada vez más cerca. En el sector de forja instalarán una máquina de colación continua, donde el metal derretido saldrá directamente como barra o perfil, una tarea que hoy realizan 30 operarios. El vaciador Taselli se propone reducir el número de obreros a 500 y que Pymes tercerizadas se hagan cargo de la operación de Zapla. Con esto Taselli podría desconocer el convenio colectivo. Además, como ya no facturaría Zapla, los compañeros perderían el 10% del programa de propiedad participada (PPP). Así como en Parmalat, la lucha de los obreros de Zapla debe encarnar en toda la comunidad de Palpalá. Se debe impedir el vaciamiento y la tercerización. • No al vaciamiento y las tercerizaciones. • Respeto y cumplimiento del 10% del PPP. • No a las sanciones disciplinarias; es un lugar de trabajo, no un campo de concentración. • Producción y presentismo para todos los trabajadores.

De acuerdo a Haaretz, el diario liberal más respetado de Israel, la detención de 64 funcionarios de Hamas, incluyendo ocho ministros y 20 miembros del parlamento, fue planeada y aprobada semanas atrás. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la captura del soldado israelí, la cual sirvió como excusa conveniente. La evidencia sugiere que Israel trabajó duro para provocar un ataque de Hamas, el cual fue contenido por 17 meses de cese de fuego. Según B’Tselem, la organización israelí de derechos humanos, en las cuatro semanas anteriores al 22 de junio, 23 civiles palestinos, incluyendo siete niños, fueron muertos por helicópteros israelíes que dispararon sobre vecindarios colmados de gente. Esta cifra no incluye la familia de siete miembros muertos por el bombardeo israelí en la playa. En el mismo período no fue muerto ningún civil israelí. El hecho que disparó la captura del soldado israelí fue el asesinato de Jamal Abu Samadhana, un dirigente de las milicias de Gaza. Si también tomamos en cuenta la desproporcionada respuesta de Israel con respecto a la captura, al lado de la cual el ejercicio de “Salvando al Soldado Ryan” es una payasada, parece sin duda diseñada para justificar el deseo de Israel de llevar al desmoronamiento del gobierno de Palestina, democráticamente elegido, tal como trataron de derribar la administración de Yasser Arafat. Olmert puede luego reivindicar que Israel no tiene socios para la paz e implementar su plan unilateral para imponer fronteras finales en Cisjordania mientras anexa grandes franjas de tierra palestina.

La Sala IV de la Cámara de Casación acaba de anular una resolución de la Cámara Federal que había rechazado la excarcelación del dictador Jorge Rafael Videla (por la causa del Plan Cóndor). Se trata nada menos que de “un fallo judicial que abrió el camino para que Videla salga en libertad” (Clarín, 13/7). Los argumentos de la Cámara de Casación la pintan de cuerpo entero: “Se investigan hechos sucedidos hace aproximadamente 30 años (...) la causa se inició hace alrededor de siete años y (...) el imputado lleva en prisión preventiva casi cinco años”. Videla cumple la “prisión preventiva”... en su casa. Con Videla en la calle... ¿subirán Hebe y Carlotto al próximo palco oficialista?

El triunfo de los estudiantes del Nacional Buenos Aires fue rotundo. Ahora es ley expresarse libremente y hacer asambleas. Pero en este conflicto aparece un elemento que puede pasar inadvertido. En el centro de las reivindicaciones estuvo la cuestión de la convivencia y específicamente el rol del Departamento de Orientación al Estudiante. Qué significa esto: que los estudiantes continúan cuestionando y al mismo tiempo transformando la vida cotidiana de las escuelas. Los estudiantes —pero también últimamente los docentes y hasta los padres— han pasado del reclamo de las condiciones edilicias a la reflexión crítica sobre las condiciones en las que se está dando el vínculo social dentro de las escuelas. El punto de inflexión fue la masacre de Carmen de Patagones el 28 de setiembre de 2003. Aquel lamentable hecho dejó las cosas como suelen terminar: los responsables políticos de la falta de personal en las escuelas —en ese caso Solá y Oporto, impunes—, mientras que la directora de la escuela, el secretario, la preceptora, varios profesores y dos profesionales del Equipo de Orientación fueron separados de sus cargos. Desde 2003, los 230 profesionales de los Equipos de Orientación Escolar de la Ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo que revertimos los despidos y desplazamientos de más de 20 de sus integrantes, salimos a reclamar aumento de la planta funcional. Maestros, directivos y supervisores de los 21 distritos escolares de la ciudad firmaron masivamente el petitorio que denunciaba la limitación que significan 230 profesionales —muchos de ellos de jornada simple— para atender a una población de más de 220.000 niños y jóvenes, más sus docentes, más sus familias. A mediados de este año, Ademys, uno de los sindicatos docentes de la Ciudad, incluyó en su pliego de reivindicaciones la duplicación de los miembros de los Equipos de Orientación. En los últimos dos años, y sólo contando las doce escuelas del nivel superior, dos adolescentes se suicidaron y muchos otros intentaron hacerlo (inclusive algunos dentro de los colegios). Ahora, son los estudiantes del Buenos Aires los que denuncian la falta de personal profesional: “los cinco psicólogos no alcanzan para los dos mil estudiantes que cursan”. Sin embargo, la delegada gremial del Buenos Aires, profesora González Gass (de UTE), declaró que “el 80% de los colegios de la Ciudad no tiene gabinete psicológico y el Buenos Aires no pude convertirse en un hospital de día” (La Nación, 4/7). Como en otras escuelas no hay Equipos de Orientación, pues entonces que tampoco lo haya en el Nacional Buenos Aires. Inmediatamente después de finalizada la lucha del Buenos Aires, Sanguinetti designó a González Gass como vicerrectora...

El 4 de julio, una combativa columna compuesta por los trabajadores de Zanón, organizaciones de izquierda, estudiantes, marchó por el centro de la ciudad, con maquinarias de la fábrica, camiones y sus colectivos de transporte y llegó hasta las puertas de la Legislatura provincial para reclamar el tratamiento de la ley de expropiación de la planta. Una iniciativa popular que recogió 20.000 firmas, obliga a los legisladores a tratar el proyecto de ley. Pero “antes que la movilización de cinco cuadras llegase hasta la Legislatura, la mayoría de los diputados se retiró del edificio y la sesión de la comisión A (de Asuntos Constitucionales y Justicia), una de las que debe tratar el proyecto de expropiación, se levantó” (Río Negro, 5/7). El presidente de la Comisión se justificó: “No vamos a sacar una Ley de tamaña magnitud de la noche a la mañana”, olvidando que ya desde 2003 hay un proyecto de ley de expropiación acompañado por más de 40.000 firmas. El plazo de octubre En octubre 2005 el juez reconoció a la Cooperativa Fasinpat (Fábrica Sin Patrones), constituida por los trabajadores ceramistas, y le dio un plazo de un año de funcionamiento sobre la base de un plan de explotación y el pago de un canon de 30.000 pesos mensuales. Ante el vencimiento de este plazo, la Justicia estaría montando una maniobra para proceder a la venta de la fábrica. Por otro lado, el grupo empresario Sacni, uno de los acreedores de la ex Zanón, ha saludado la posibilidad de que la planta sea expropiada, ciertamente con pago, porque de ese modo podrían recuperar la deuda contraída por los viejos patrones Todo esto plantea la necesidad de reforzar la campaña por la ley de expropiación de Zanón.

Cuando todavía no se había sobrepuesto a la derrota política en las elecciones de constituyentes, hace apenas dos semanas, el gobierno de Evo Morales ha sumado un nuevo traspié: el Congreso Nacional de Educación, que deliberó en Sucre con la participación de 650 delegados con el cometido de elaborar una nueva Ley de Educación, terminó en un fiasco. Los 80 delegados del magisterio se retiraron de las sesiones. La decisión de los maestros obligó incluso al presidente del Congreso, vinculado al MAS, a presentar su renuncia. La decisión de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia fue el disparador del retiro de otros sectores, como la Central Obrera Boliviana y el Comité Ejecutivo de la Universidad Bolivariana (CEUB). En el otro extremo, en el polo que aglutinaba a las fuerzas derechistas, la Iglesia Católica también se retiró de las deliberaciones. El Congreso quedó herido de muerte, reducido a las cliques adictas al gobierno. El proyecto de reforma educativa de Evo Morales tiene bastante similitud con el que pretenden sancionar Kirchner y Filmus. Los maestros, que hicieron su propio Congreso para fijar posición sobre el proyecto del MAS, emitieron un documento que denuncia que éste “acentúa el carácter privatista de la educación, mantiene y favorece la existencia de los convenios Iglesia-Estado en detrimento de la educación única, gratuita y obligatoria”, y mantiene “la regla del oro del Banco Mundial: sacar productos educativos en el menor tiempo posible y con el menor gasto económico, para que los estudiantes rápidamente sean lanzados al mercado laboral como mano de obra barata al servicio de la empresa privada y de las transnacionales”. En eso consiste la “educación productiva” sobre la que hace hincapié el anteproyecto del gobierno. Los maestros plantean, asimismo, que es “una ley antimagisterio porque atenta contra las conquistas sociales del sector”, a saber: escalafón, estabilidad y carrera docente. El documento también incursiona en los contenidos. Denuncia la pretensión del gobierno de darle un carácter “indigenista”, porque “subordina la ciencia y la tecnología a la cosmovisión milenaria de los pueblos originarios, que equivale a someter a éstas a los prejuicios del precapitalismo y el atraso”. La crisis se concentró en la cuestión de la educación laica. El gobierno de Evo Morales reivindicó el laicismo como una de sus principales banderas, pero terminó capitulando ante la Iglesia. Luego de una movilización clerical de colegios, Normales y universidades católicas, Evo Morales hizo declaraciones que fueron tranquilizadoras: “Soy católico y también creo en la religión originaria, en la madre tierra, la Pachamama; esta religión originaria y la Iglesia Católica han convivido históricamente”. Trascartón se firmó un acuerdo entre la Iglesia Católica y el Ministerio de Educación que puso en “resguardo a la educación religiosa y a los acuerdos vigentes” en la materia. El Congreso culminó sus sesiones con muletas y aprobó el anteproyecto que será llevado a la Constituyente. Esto, sin embargo, no disimula su rotundo fracaso. La cuestión educativa se suma a las nacionalizaciones, la propiedad de la tierra y las autonomías en la agenda del convulsivo proceso político boliviano.

En septiembre del año pasado fueron excarcelados los quince “presos de la Legislatura”, que habían sido detenidos en la movilización del 17 de julio de 2004 contra el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Permanecieron presos durante casi catorce meses. El próximo 3 de octubre comenzará el juicio oral contra los compañeros, que se encuentran acusados de “coacción agravada”, “daño agravado” y “privación ilegal de la libertad”. Las acusaciones tienen como base testimonios de la Policía. Fuera de estos testimonios, no hay prueba alguna sustentable en las miles de fojas que componen el expediente. El Partido Obrero y Apel luchan por el desprocesamiento de los (ex) “presos y presas de Legislatura”, por la libertad de los presos políticos (Las Heras, Cristian Ruiz) y el desprocesamiento de los casi 6.000 luchadores populares perseguidos.

La toma del Rectorado de la Universidad del Comahue y de varias de sus facultades entró en su segundo mes. Las camarillas profesorales tuvieron un revés en la Justicia: la Cámara Federal falló contra la “asamblea trucha” que eligió a Daniel Boccanera como rector y ordenó retrotraer todo a la Asamblea Universitaria del 16 de mayo. Esto fortaleció las tomas y al movimiento estudiantil. Lucha de camarillas Frente al fallo, las camarillas opositoras a Boccanera plantean que se convoque en forma inmediata a la Asamblea Universitaria para debatir, además de la elección del rector, la reforma de los estatutos. El principal objetivo del planteo es lograr el levantamiento de las tomas. Cuentan con el aval de algunos reconocidos funcionarios de la Universidad; también con el apoyo de algunas corrientes de la izquierda (como la Cepa). Pero Boccanera no se fue. Al contrario, luego del fallo, “ratificó su postulación y dijo que sigue siendo el candidato de la alianza que tejió con los sectores de Carlos Calderón y Arsenio Delgado. Deslizó que aún tiene el apoyo de la mayoría de los 167 miembros de la Asamblea Universitaria para convertirse en rector” (Río Negro, 15/7). Sobre esta base, reclama que se convoque la Asamblea para agosto. Qué plantea la UJS La democratización universitaria plantea rescatar a la Universidad del control de Repsol, Techint, el Banco Mundial y las fundaciones internacionales; o sea, acabar con los cupos en las materias, los exámenes de ingreso o los filtros en las carreras. Nuestro objetivo es avanzar contra los privatistas y su estatuto; sacar los filtros en Psicología y en Medicina; terminar con los planes de pasantías con el Estado y las empresas; terminar con la privatización universitaria y la destrucción de la educación pública. La UJS-PO desarrolla su máximo esfuerzo por fortalecer las tomas de las facultades y la movilización, y para quebrar las maniobras que pretenden que demos por terminada nuestra lucha.

1. Las dos caras de la provincia La vida de los salteños confronta un contraste brutal porque los negocios capitalistas progresan sin límites, mientras la mayoría del pueblo sigue en las condiciones de miseria social profundizadas en las últimas décadas. O incluso peor. Los patrones del azúcar se han reforzado, se han entrelazado con pulpos internacionales, ya no le tienen ‘miedo’ a la competencia brasileña. Pero pagan salarios que no cubren la canasta de pobreza y han multiplicado la explotación del trabajo infantil. Los latifundistas sojeros y ganaderos han extendido la frontera agrícola. Para ello acaparan a precio de remate las tierras fiscales, expulsan en masa a los campesinos y aborígenes, y no vacilan en desertificar el suelo salteño. El negocio del turismo (hotelería y servicios) no para de acumular ganancias. Sin embargo, continúa siendo la actividad más subsidiada por el gobierno. Tampoco redunda en un mayor acceso de los trabajadores al tiempo libre. La capacidad instalada de la industria de la construcción se encuentra cercana a la saturación, pero sus obreros se encuentran en negro y están entre los peores pagos. La enorme suba de los precios del petróleo ha convertido a esta rama en la que ha obtenido los mayores lucros, incluso financiando inversiones en el exterior. Al mismo tiempo, ha agotado las reservas comprobadas, creado una crisis energética y colocado al país ante la necesidad de importar el combustible en muy poco tiempo. En este marco, se han reforzado los negocios financieros. El Banco Macro ha usurpado la función de agente financiero del gobierno y sacado de ello enormes ganancias. Se ha convertido en la caja que financia el acaparamiento de la provincia en pocas manos. Ahora que el gobierno de Romero logró liquidar a los pequeños matarifes, el Frigorífico Bermejo, manejado por Macro, pasó a dominar el mercado salteño y ha logrado que le otorguen una participación en la exportación de cortes caros a Europa con la cuota Hilton. 2. La caja de Romero Los ingresos fiscales han crecido como nunca, pero no van a salarios, salud o educación, ni a la infraestructura social o ambiental básica que necesitan los trabajadores. Se derrocha en subsidios de todo tipo a los capitalistas y en el pago de la deuda pública creada como consecuencia de subsidios pasados. Más de cien millones fueron a Saeta para rescatar un negocio privado en el transporte colectivo, que de ningún modo ha atenuado los problemas de transporte de la población. Lo mismo ocurre ahora con la Aerolínea Andes o con la empresa Plumada, y muchas otras beneficiarias de millones de pesos en crédito fiscal y exención de impuestos. El poder adquisitivo de los salarios estatales, sin embargo, es todavía un 30% menor al de 2001. El Estado funciona con varios miles de compañeros de los ‘planes’, sin derechos ni salario, desde hace más de cinco años, que cubren los puestos que debieran retribuirse con salarios de convenio. 3. Confiscación y explotación La reactivación de los negocios se asienta, en consecuencia, más allá de un cambio de breve alcance en el comercio mundial, sobre una enorme confiscación de la fuerza de trabajo en beneficio del capital. Las bancarrotas económicas (desde el ‘rodrigazo’ de 1975, la hiper de marzo del ’76, la devaluación de 1982, la hiper de 1989 y 1990, el ‘tequila’ de 1995, la bancarrota de 2001) han sido otros tantos ‘golpes de mercado’, propinados por los grandes capitalistas y banqueros, destinados a reducir el valor de la fuerza de trabajo en todas sus formas —no solamente el salario directo sino también la jubilación y los derechos de salud, habitación y educación. El gobierno romerista, a pesar del ‘boom’, está descapitalizando a la provincia y ya hay señales de desfinanciamiento; 40 municipios se encuentran en bancarrota como consecuencia de sus elevadas deudas en dólares. Los gobiernos de la Nación y las provincias cumplen la función de asegurar la permanencia de estas nuevas condiciones de explotación social, por un lado, y de lucro económico, por el otro. De este modo nos llevan a nuevos estallidos. 4. El agotamiento del régimen romerista Los capitalistas han revertido la bancarrota de 2001 y han fortalecido su dominación. Pero no han resuelto ninguno de los problemas que llevaron a la bancarrota y al Argentinazo. El intento de superar la crisis manteniendo las viejas bases sociales nos conduce a una nueva crisis. Atravesamos un período de transición. Las peleas en el romerismo y entre los renovadores se han acentuado. En uno y otro se mueven fracciones que buscan los ‘favores’ del gobierno nacional para ganar la carrera de la sucesión a Romero. Se pelean como buitres por las nuevas ganancias. Kirchner y Romero no cesan en sus demostraciones de ‘entendimiento’. Ahí tenemos el apoyo del gobierno nacional a las nuevas licitaciones petroleras, los aportes de presupuesto que otorga a Romero, la cesión de una parte de la cuota Hilton a un banquero con acceso a Kirchner y a Romero. El apoyo de la secretaría de Derechos Humanos de Nación a la infame maniobra de Romero con la conmemoración de Palomitas, demuestra que este entrelazamiento no reconoce ni barreras morales. La integración del kirchnerismo provincial a la camarilla y a los negocios del romerismo condena su pretensión de ser una alternativa para el pueblo de la provincia. No los une ni siquiera el espanto, sino solamente el afán de meter la mano en la misma lata. La aparición de Lavagna como un opositor de última hora al gobierno nacional podría determinar algunos realineamientos en la provincia. En cualquier caso, sin embargo, estaremos en presencia de agendas de gobierno capitalistas y de luchas de camarillas. 5. Crece el descontento popular La reactivación económica no ha atenuado el descontento social, lo ha agudizado. Se refleja en la lucha decidida de muchos trabajadores de la provincia; en primer lugar, los maestros, y en la lucha de la juventud contra los atropellos represivos. Las movilizaciones crecen en los hospitales, por salarios y contra la asfixia presupuestaria. Los jubilados reclaman el 82% y la movilidad, que se incumple desde 1995. En la provincia hay tarifazos de agua y de electricidad. La lucha contra las confiscaciones de Aguas de Salta prosigue. Ha comenzado la pelea contra el robo de los archivos históricos. Los trabajadores de los ‘planes’ que trabajan para la provincia han llamado a una asamblea provincial y a preparar una huelga indefinida —por un salario de convenio y la atención previsional y sanitaria. En Orán hay en curso una enorme lucha contra la superexplotación del Tabacal; la corrupción municipal, por las reivindicaciones de los trabajadores municipales, por el cese de la explotación infantil. Los jóvenes se movilizan contra las razzias y contra el intento de declarar el estado de sitio a la noche salteña, por parte de un gobierno que alienta todo lo que tiene que ver con el juego y la red de negocios vinculados al juego. Los que no están presentes en esta cita son las burocracias sindicales, completamente atadas a la camarilla de Romero. La completa parálisis en que ha entrado ATE docentes y la CTA, abandonando por completo la lucha de los maestros, es una demostración de la vigencia de un pacto entre Kirchner y Romero, y del acuerdo de establecer una ‘tregua’ con la camarilla de gobierno hasta que se defina la sucesión de Romero. 6. Alternativas truchas, la misma agenda patronal Las alternativas a la sucesión de Romero se han criado dentro de la propia camarilla romerista. Gran parte de las peleas en el justicialismo y en el partido Renovador refleja el trabajo de ‘borocotización’ del gobierno nacional, lo que no sólo ocurre en Salta. La vieja política se despedaza en función de sus enormes apetitos. Son alternativas truchas, parten del mismo tronco y tienen la misma agenda de gobierno: servir al gran capital. El ‘progresismo’ salteño ha fracasado en su tentativa de ser la expresión del descontento popular. Barrios de Pie o Libres del Sur, como antes Unidos por Salta, no son otra cosa que una tentativa de explotación del descontento popular para sus propias intereses de camarilla y son, por sobre todo, tentativas de desviar el descontento popular de una evolución independiente, luchadora y socialista. La ‘sucesión’ se discute en el marco del acuerdo aún vigente entre Romero y Kirchner. Por eso denunciamos cualquier tentativa de polarización electoral, en 2007, entre cualquiera de las camarillas de los partidos Justicialista, Renovador y De la Victoria. Representan intereses capitalistas, a veces enfrentados, pero de la misma naturaleza explotadora y acaparadora. Luchamos por una nueva polarización. 7. Un programa de trabajadores Proponemos una polarización obrera y socialista contra los partidos y la política patronales. Por eso, el Segundo Congreso Provincial del PO convoca a discutir un programa de conjunto para enfrentar a todas las viejas camarillas capitalistas. Convocamos a reunirnos, organizar asambleas, desarrollar plenarios y formar comisiones de trabajo, para producir un programa que sea el resultado de una amplia deliberación política popular. Se trata de que nos demos un programa que asocie la lucha cotidiana por cada una de las reivindicaciones a la lucha por una reorganización social en su conjunto. Al acaparamiento del Estado por los capitalistas, oponemos el gobierno de los que viven de su trabajo. Al gobierno de la vieja camarilla romerista o a sus variantes de relevo, oponemos una alternativa de los de abajo, una alternativa obrera y socialista. Convocamos al pueblo a unirnos en torno de un programa propio y pasar de largo todas la variantes capitalistas. Con nuestro programa vamos a contraponer, ciudad por ciudad, nuestra alternativa a la política de los grandes contratistas que viven del presupuesto municipal. Oponemos el uso social del suelo urbano al dominio de los especuladores inmobiliarios, que convierten en quimera el acceso a la vivienda y a los servicios básicos a la mayoría del pueblo. Confrontaremos con el dominio de las camarillas que sostienen el trabajo en negro y los salarios de miseria. Impulsamos una campaña para impedir las licitaciones petroleras de Romero-Kirchner, que acabarán con las reservas, y por la nacionalización sin pago del petróleo, para que sea administrado por el Estado bajo el control de los trabajadores. Vayamos por más El Segundo Congreso Provincial del PO ha constatado un progreso de la influencia política del partido y de sus bancadas parlamentarias. Nuestra intervención en Orán, con motivo de las denuncias de explotación infantil en el ingenio Tabacal, la acción frente a la corruptela de Barberá y la lucha de los trabajadores municipales, contó con nuestro protagonismo desde el Concejo. Lo mismo podemos decir de la organización y de la huelga de los ‘jefes y jefas’ en Capital, hace pocos días, para incorporarse a las plantas de sus trabajos, y de los compañeros del estacionamiento medido. Otro ejemplo es la campaña en los Concejos por la Nacionalización sin pago del petróleo y el control obrero —que prepara políticamente la lucha práctica contra las nuevas licitaciones de áreas. Una intervención de las mismas características se va dando contra el engendro de la segunda Ley federal de educación, de Filmus —Altube—. Una parte del pueblo comprende que el viejo régimen que busca una nueva oportunidad sigue siendo el mismo, podrido, viejo régimen; y también que nuestra representación política es la expresión de un proceso popular y tiene la capacidad de dar una organización y una perspectiva a las inquietudes populares. Los militantes del PO le decimos al pueblo que la presencia parlamentaria es valiosa cuando está al servicio de la organización y de la lucha, que son los únicos medios para imponer la satisfacción de las reivindicaciones populares. La función de un parlamentario del PO no es solamente la de hacer, en la Legislatura o en los Concejos, un mejor uso de la bancada que el que hacen los representantes de los intereses capitalistas, y por sobre todo un uso honesto, sino que su función es, por sobre todo, valerse de esta herramienta conquistada con el voto popular para reforzar la acción que emprenden los trabajadores y despertar la atención de todo el pueblo hacia ella. No es sólo denunciar los atropellos del poder, ante todas las clases que viven de su trabajo, sino estimular su acción unificada para poner fin a estos atropellos. La representación política no sustituye la acción popular, como lo pretende la doctrina constitucional de la clase capitalista, sino que debe ser un incentivo a la lucha popular. Convocamos a desarrollar una nueva alternativa en la provincia, una alternativa de los de abajo, una alternativa de los trabajadores, una alternativa socialista.

A escondidas (un recuadrito), el PTS informó que había llamado a abstenerse en el referéndum autonómico celebrado en Bolivia el pasado 2 de julio. La oligarquía llamaba a votar “sí”, para reforzar su poder ‘autonómico’ para echar de la tierra a los campesinos y pactar con los pulpos petro-gasíferos. El PTS se abstuvo de una lucha contra la oligarquía. El PTS sigue defendiendo su posición capituladora ante la oligarquía. Arguye que había que abstenerse porque “el gobierno pactó el antidemocrático referéndum con la oligarquía”. Es una excusa. Además del referéndum, el gobierno también “pactó” la convocatoria a la Constituyente, el sistema de asignación de bancas y el requisito que la reforma constitucional exige los dos tercios de lo votos (lo cual le otorga a la oligarquía un derecho de veto). Este “pacto”, sin embargo, no le impidió al PTS intentar (sin éxito) presentar una lista a la Constituyente. ¿En qué quedamos? Alegan un “pacto” para negarse a votar “no” en el referéndum por las autonomías, pero se olvidan del mismo ‘pacto’ cuando se trata de participar de la elección constitucional. Son unos chapuceros. Pero la chapucería se transforma en estafa cuando el PTS le esconde a sus lectores que el MAS y la oligarquía no sólo pactaron el referéndum (y la propia Constituyente), sino que se pusieron de acuerdo para votar ‘sí’ en el referéndum. “El otro aspecto tramposo del pacto, decía Altamira, en El Obrero Internacional, marzo de 2006, es que los referendos departamentales, ‘pre-existentes’ a la futura constitución nacional, no tienen un carácter confrontativo, pues la pregunta que se pone a la población de los departamentos es apoyada igualmente por el Podemos y por el MAS (...) Evo Morales ha hecho un compromiso (...) todavía inestable (ojo con esto, lo decíamos ¡en marzo!), con la derecha parlamentaria y la oligarquía, a expensas del campesino sin tierra”. El PTS habla de un acuerdo entre el MAS y la oligarquía para convocar el referéndum pero esconde el acuerdo de esos mismos actores de votar, además, por el ‘sí’. En efecto, durante dos meses de campaña el MAS llamó a votar por el ‘sí’. Sólo se pasó al ‘no’ cuando faltaban quince días para los comicios, pero incluso este cambio no fue apoyado por el vicepresidente, García Linera. La abstención del PTS contra el referéndum, con el argumento de que estuvo ‘pactado’, oculta la negativa del PTS a votar ‘no’ contra el mismo pacto a favor del ‘sí’ en ese mismo referéndum. Cuando Evo Morales anunció su voto por el “sí”, su posición fue rechazada por el Estado Mayor del Pueblo de Santa Cruz, que es del MAS, que llamó a votar ‘no’. Se trató de la primera delimitación política (parcial) de los explotados con el gobierno de Evo Morales, incluso a través de una organización ligada al MAS. Con la abstención, el PTS no se delimita del gobierno sino de las masas y de las organizaciones populares que llamaban a votar “no” contra la oligarquía y contra el acuerdo Evo-Podemos. Es abstención a favor de la oligarquía y de confrontación con una medida de resistencia de las masas. El crecimiento de esta oposición popular a las “autonomías” oligárquicas obligó al MAS, apenas quince días antes del referéndum, a cambiar de campo. No todo el MAS, insistimos: el vicepresidente García Linera se declaró “neutral” entre el “sí” y el “no”. Como el PTS... Perdido en el laberinto de sus propias contradicciones, el PTS recurre a un último “argumento”: el PO, dice, defiende la “teoría de los campos”. No tenemos ninguna teoría de los campos, simplemente sabemos ubicarnos en la lucha de clases. En este caso estamos con el ‘no’ de los campesinos sin tierra y de aquellos que son avasallados por la oligarquía cruceña, contra el ‘sí’ de estos oligarcas. No nos delimitamos a partir de figuras jurídicas como los referéndums o cualquier otra cláusula constitucional, sino de los antagonismos de las clases en presencia. Somos un partido, no una secta dedicada a la intriga ‘ideológica’ y a la no tan ideológica. Si hay alguien que sabe de “campos” es, precisamente, el propio PTS. En oportunidad de la primera guerra del Golfo, llamó a apoyar a Saddam Hussein en la perspectiva de que se transformaría en la dirección de la revolución proletaria en Medio Oriente (Estrategia Internacional, Boletín Nº 1, febrero 1991) (ver también Prensa Obrera, 22 de marzo de 1991). Con Hussein, sí. Con Evo Morales, no. Un día, el PTS cae en el oportunismo nacionalista, es decir en la subordinación a la burguesía nacional. Al día siguiente, cae en el oportunismo liberal, es decir en la negativa a luchar contra el imperialismo y la oligarquía, alegando que no existen los ‘campos’. Aquí no hay posición, ni política, ni programa. En la Constituyente y en el país la cuestión autonómica se ha transformado en un factor de crisis, que inquieta a las grandes masas. El ‘no’ en el referéndum reciente es un punto de apoyo para luchar contra las pretensiones de ‘superpoderes’ de la oligarquía boliviana y del imperialismo yanqui (incluso de los brasileños y de Lula). Esto no es solamente lo concreto; es decisivo. La posición del PTS es una guarangada contrarrevolucionaria.

Después de la crisis planteada por las usurpaciones de viviendas en el Bajo Flores, el gobierno de Telerman intervino el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Entre los objetivos específicos planteados en el decreto, no aparece respuesta alguna para los desalojos cotidianos y crecientes, ni para los desalojados. Tampoco para colocar las tierras del Onabe o de la Corporación del Sur a disposición de las cooperativas de vivienda, que deben enfrentarse cotidianamente a la voracidad de la especulación inmobiliaria privada. El decreto sí propone “acciones comunes con el Gobierno Nacional para impedir el establecimiento de nuevos asentamientos precarios” y “un sistema que anticipe (la adjudicación de las viviendas de los complejos habitacionales) al iniciarse la construcción”, así como “un mecanismo de seguridad que impida que los proyectos habitacionales sean intrusados en desmedro de los derechos de los adjudicatarios”. Se infiere de aquí que el gobierno acusa a las autoridades del Instituto por estas carencias. En realidad, las usa como “chivo emisario”. Digamos que el gobierno nunca encontró ni identificó a los responsables de la intrusión del Bajo Flores y que tuvo que admitir “irregularidades” en la adjudicación de los departamentos. La asignación de las viviendas en esos complejos se encuentra bajo control de un cuerpo de delegados electo y responsable ante los vecinos. Las intrusiones fueron de los punteros de la Coordinadora de Villas, vinculada al Instituto, y que ha sido apadrinada desde Grosso a Ibarra. Si de “adjudicaciones” se trata, la única medida “transparente” sería disponer un censo general de todas las villas y, sobre ese padrón, la elección de delegados representativos. Por el contrario, Telerman recibió a los “burócratas villeros” del IVC para anticiparles la intervención del mismo. En ese cuadro, no sorprendería que la intervención golpee al Cuerpo de Delegados de la Villa 1-11-14, y entregue las futuras adjudicaciones a la mafia de la “coordinadora de villas”. El decreto de intervención propone “efectivizar las políticas de recupero con destino al financiamiento de nuevos planes de promoción de vivienda”. Pero con el pago de las deudas de los habitantes de los actuales complejos habitacionales, no se alcanza a financiar un plan de viviendas. Los “superpoderes” dispuestos por Telerman plantean también “dinamizar la ejecución de operatorias destinadas a sectores medios y bajos que no tengan acceso al crédito bancario privado”. Esa es la forma “elegante” de decir que el IVC no “interferirá” en el mercado inmobiliario privado. El IVC y el Banco Ciudad están financiando obras del grupo Macri en Villa del Parque y Saavedra, en complejos que nada tienen que ver con la clase media baja. Juan Pablo Schiavi, ministro de Telerman y responsable de la intervención al IVC, fue vocero de Mauricio Macri en la última campaña electoral, y ministro de Grosso. Los “superpoderes” de Telerman para el IVC no están diseñados para las demandas de los sin techo, sino para las urgencias de la “patria contratista”.

Los diarios han hecho públicas las distintas posiciones que plantean las corrientes que integran la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Mientras el MST-1 y el PCR plantean una negociación con el bloque de Buzzi que sirva como coartada para votarlo en la Asamblea, la UJS-PO denuncia a la candidatura de Buzzi, expresión de la corporación médica, como la cabeza de una coalición de corporaciones y gabinetes de estudio capitalistas. Los compañeros del PCR y del MST-1 dicen que “el movimiento no da para más” o “algo tenemos que conseguir”. Pero votar a Buzzi, un integrante del bloque alterinista, que pidió la policía contra los estudiantes, es apoyar a una coalición de profesores y graduados que impulsan la privatización de la UBA. Los que dicen “votemos a Buzzi para evitar una derrota”, ocultan que la peor derrota es votar a Buzzi, ya que implica entregar banderas históricas del movimiento estudiantil contra las camarillas capitalistas. Vale agregar que la única derrota hasta el momento ha sido la sufrida por las camarillas, que tuvieron que bajar a cuatro candidatos gracias a la lucha estudiantil. En lugar de romper con la perspectiva planteada por la Fuba y apoyar a un bloque patronal, el MST y el PCR deberían plantear con nosotros que la Asamblea Universitaria decida: 1) convocar a una nueva Asamblea Universitaria para discutir el gobierno de la UBA, con carácter vinculante, en la cual participen, con voz y voto, todos los docentes, como un claustro único, para establecer un gobierno docente-estudiantil; 2) el pago inmediato de salarios a los docentes ‘ad honorem’, estableciendo concretamente los recursos para ello; 3) formar una comisión docente-estudiantil para investigar todos los contratos caon empresas y los convenios con el Banco Mundial.

El Polo y el Partido Obrero de Tucumán fueron los únicos que organizaron una fuerte campaña de denuncia y movilización política contra el boletazo en la provincia. En Los Ralos, trabajadores, vecinos y madres de estudiantes se acercaron al PO para pedirnos que organicemos la resistencia al boletazo. Rápidamente, convocamos a la Asamblea de Vecinos en la Plaza del pueblo. El Polo entregó volantes, juntó firmas e invitó casa por casa a la Asamblea. No es la primera vez que Los Ralos delibera en la plaza. La Asamblea va tomando forma y los vecinos van encontrando en este método la mejor forma de organización. Elegimos delegados para llevar el problema al gobierno y enfrentamos al director de Transporte, quien sólo atinó a justificar el aumento. Como era de esperarse, mintió descaradamente. Ni bien nos fuimos de la reunión con el cuento de que el ministro estudiaría el caso, declaró al Canal 10 que el aumento es “irreversible”. Frente a esto, la resolución tajante de la Asamblea fue de continuar la lucha y endurecer las acciones. Que un pueblo pequeñito enfrente a la camarilla del transporte de Alperovich con los métodos de la Asamblea Popular es un anuncio de lo que se viene. Estamos llamando a todo el pueblo tucumano a apoyar esta lucha y a organizar asambleas en los barrios, en los lugares de trabajo y de estudio. A firmar petitorios y a coordinar la lucha para hacer retroceder este aumento y para enfrentar el próximo, anunciado para dentro de 60 días.

El pasado lunes 17, una combativa marcha contra la escalada criminal sionista en Medio Oriente recorrió la Avenida de Mayo, con el protagonismo de un conjunto de organizaciones de las comunidades árabe, palestina y libanesa en la Argentina. Ese lunes, en horas de la mañana, estaba previsto que Kirchner recibiera al Consejo Mundial Judío, la jefatura internacional del sionismo, con soberanía sobre el Estado de Israel. Concurrieron el PO, el MST, el PCR y varias organizaciones piqueteras. Una combativa presencia de mujeres y jóvenes de la comunidad sirio libanesa se encargó de marcar a fuego a los cómplices externos e internos de la masacre. “Cuando querramos referirnos a un campo de concentración, ya no sólo tendremos como ejemplo al nazismo. También a Guantánamo, a Irak, a Afganistán, y a Gaza”. Una compañera no cesaba de repetir ante los medios: “¿adónde está el Presidente, por qué calla, por qué callan él y todos sus funcionarios?”. En el acto improvisado frente a la Embajada de Israel, la mayor chiflatina se la llevó Anibal Fernández, quien anticipó esa mañana, que reforzaría el vallado de la plaza de mayo contra “algunos fundamentalistas islámicos”. “Compañeros, vamos a Plaza de Mayo”. Era un planteo contra el gobierno argentino, por el previsto tratado comercial entre Israel y el Mercosur. El PO marchó junto a los nacionalistas árabes, palestinos y libaneses, contra el terror imperialista. Pero, ¿dónde estaban los “nacionales” argentinos? ¿dónde estaban los montoneros de Kirchner? ¿Dónde estaba Bonasso, Ceballos o alguno de los ciento sesenta diputados kirchneristas? El kirchnerismo volvió a revelar que, como referencia popular o, si se quiere, “nacional”, es un frasco completamente vacío. El próximo 25 de julio, marcharemos masivamente en Buenos Aires, otra vez.