Prensa Obrera N° 947

Cada día que pasa, el Pacto Baradel-Solá agudiza el estado de agobio que sufre la docencia. La burocracia celeste es la responsable de los 414 pesos de salario básico y de que el salario de bolsillo esté por debajo de la línea de pobreza. El Pacto de la burocracia Celeste con el gobierno ha dejado las manos libres al odiado Felipe Solá para usar libremente los recursos de la provincia de Buenos Aires en subsidios y negocios para los empresarios amigos del gobierno, mientras la docencia vive con ingresos de pobreza. Es por eso que los compañeros comienzan a preguntarse dónde figura el aumento que la Celeste dice que consiguió como resultado de su Pacto. La respuesta es que hasta el 2007 no habrá un peso más para los trabajadores de la educación (¡!). La burocracia no sólo entregó el salario, además pactó la paz social por un año. El pacto Celeste-Solá profundiza el deterioro de las condiciones de trabajo Esta burocracia sin “logros” ha enfermado como nunca en la historia a los trabajadores de la educación. Como gerenciadores de la política de Solá son también los administradores de la crisis de las escuelas: dejan pasar el deterioro de la infraestructura, de las sobre-exigencias laborales (grados sobre poblados, cargos que no se cubren, aprietes de la DGCyE, ausencia de becas para los chicos, asistencia para las familias empobrecidas). ¡En el colmo de la hipocresía la burocracia celeste habla, en búsqueda de votos, de los logros de los centros de salud que regentea...! Un negocio de la celeste, que tiene el costo por descuentos y co-seguros más caros de todas las obras sociales del país, mientras Ioma está en estado de colapso... El Pacto Baradel-Solá es también el causante del deterioro físico y de la enfermedad constantes de los docentes. La burocracia celeste le garantiza a Solá la modificación del Estatuto En el pacto de Baradel con el gobierno, figura un anhelo largamente soñado por Felipe: terminar con la estabilidad docente. En el acta firmada por la burocracia se establece que se acordará un mecanismo legal para ir a paritarias (paritruchas) para discutir las condiciones laborales. Está claro lo que pasará con nuestro Estatuto en manos de los que consiguieron 414 pesos de básico . Una nueva dirección para rescatar a la educación y a los docentes La paz social de la burocracia celeste empieza a resquebrajarse el 20 de abril. Convocados por el Suteba combativo de La Plata, más de 800 compañeros marcharon por los 1.000 pesos de básico, por la infraestructura de las escuelas y por las condiciones de trabajo. También en La Plata, los colegios ex normales triunfaron en su pelea para que Solá les pagara por la media horas de más que trabajan, que había sido absorbida por el “aumento” conseguido por la Celeste y el miércoles 17, a pesar de que la burocracia celeste había levantado una medida provincial, casi 400 compañeros del Suteba La Plata realizaron una marcha por los reclamos de preceptores y bibliotecarios, y por los 1.000 pesos de básico. En Marcos Paz y Las Heras, General Sarmiento, General Rodríguez, Sutebas combativos, se ha votado iniciar un plan de lucha por las condiciones laborales y por el salario en los cuerpos de delegados, y en prácticamente todos los distritos hay conflictos de docentes y padres por el estado calamitoso de las escuelas. Junto a los docentes de todo el país, han comenzado a plantearse nuevamente las condiciones para salir a un plan de lucha por los 1.000 pesos de básico y la defensa de las condiciones laborales. Para organizar y llevar al triunfo esa lucha, es necesaria más que nunca una nueva dirección en el Suteba. Fuera los gerenciadores de Solá. En las elecciones del 22 de junio, hay que votar masivamente por la lista Violeta-Rosa-Roja y por las listas unitarias de la oposición en cada uno de los distritos.

Por decisión del plenario conjunto de ambas federaciones realizado el 6 de mayo, la Conadu Histórica y la Conadu resolvieron 72 horas de paro en todas las universidades y colegios preuniversitarios nacionales para los días 22, 23 y 24 en caso de no haber una propuesta salarial del gobierno. La votación se realizó después de rechazar por insuficiente el ofrecimiento del 19% del gobierno y ante la falta de respuesta concreta frente a los reclamos pendientes (ad honorem, jubilación) establecidos en el acta de acuerdo del año pasado, al final del conflicto. En los 10 días siguientes no sólo no apareció ningún nuevo ofrecimiento por parte del gobierno sino que, en una clara actitud provocadora, levantó la reunión de mesa de negociación salarial, con el argumento de la amenaza del paro. Así funciona la política del ministerio a cargo del alterinista Filmus: entre el cepo del 19% acordado con los “gordos” de la CGT y el no respeto al derecho de huelga. En realidad, en todos estos días la Secretaría de Políticas Universitarias estuvo muy activa buscando, a través de sus aliados políticos, quebrar la huelga y fracturar la unidad gremial, por supuesto sin soltar un peso más. Es así que comenzó en la última semana un importante operativo. El primer paso fueron las declaraciones del secretario general de la Conadu y miembro de la Asociación Docente de La Plata, Carlos De Feo, que rompiendo con la unidad desarrollada desde el año pasado entre ambas federaciones y en una muestra de carnereaje, negó la resolución del plenario conjunto, de la que él mismo formó parte. Entre el 17 y 18 de mayo, la Secretaría de Políticas Universitarias, luego de tener garantizado el acuerdo con la Conadu, convocó nuevamente a una reunión. ¿Un nuevo ofrecimiento? Ninguno. ¿Algún nuevo cronograma de lo pactado en el acuerdo del año pasado y aún no cumplido? Nada. Sí, por supuesto, una cláusula de paz social. Como el acuerdo con la Conadu, que representa a siete universidades frente a las 23 de la Conadu Histórica, es muy débil, convocaron a un gremio fantasma, de Fedun, la federación del ministerio y de la CGT a cargo de Daniel Ricci, siempre lista cuando hay que firmar contra los trabajadores. Así todo, el acuerdo era casi impresentable por la poca representación; por lo cual sumaron a la firma del acta a la Fatun (Federación de Trabajadores no docentes) (Clarín, 19/5), la patota de Anró y Alterini en la UBA. En la entregada metieron por la ventana también a la oficialista Ctera, como representante de los salarios de los preuniversitarios. Conclusión: con todo este operativo el kirchnerismo intenta neutralizar la fuerza y convocatoria de la Conadu Histórica, la federación combativa de los docentes universitarios, intentando su aislamiento. (Para esto cuenta con el disciplinamiento de parte de la dirección de la otra federación y de sellos con personerías gremiales.) Pero la entregada es un recurso extremo que terminará de delatar a la golpeada burocracia sindical docente universitaria. La Conadu se quebró y varias de sus principales universidades, al día de hoy, mantienen el paro: Córdoba y Río Cuarto, que se sumarían a las 23 asociaciones de Conadu Histórica. Por lo tanto la mayoría de los gremios docentes universitarios rechazan el techo salarial del gobierno y el acta de Filmus. Como planteó en todo momento la Agrupación Naranja, el primer paso para la unidad de las Conadu se daría en el curso del plan de lucha, y así está ocurriendo. Llamamos a las asociaciones de base que aún se nuclean en la Conadu a romper con su dirección entreguista para sumarse y abrir la discusión con la Conadu Histórica. Es sobre la base de un funcionamiento y estatutos democráticos y el respeto a las asambleas que podremos terminar con los sindicatos patronales y reforzar la lucha por la media canasta, la estabilidad, el 85% móvil y salario para todos los ad honorem.

En los debates plenarios de la Constituyente, una de las constantes oficialistas fueron las “réplicas” del “Indio” Romano, convencional alperovichista de Barrios de Pie, contra las intervenciones del PO. Por su obsecuencia y mediocridad, las intervenciones de Romano fueron, incluso, motivo de velada sorna entre los propios oficialistas. El colmo se produjo el lunes pasado, cuando Daniel Blanco denunció la acción represiva contra el PO, relacionándola con la represión desatada contra los jóvenes que, en la noche del sábado 20, habían desafiado con una nueva concentración la “veda nocturna” dispuesta por el gobernador. Fiel a su costumbre, Romano destacó el carácter “democrático” de un gobierno que “hasta permite marchas” (sic) y “deja (sic) que todos se expresen”. Luego de denunciarlo como un potencial represor, Martín Correa señaló: “hay cierto convencional, señor presidente, que me recuerda una escena de la película italiana Nos habíamos amado tanto. En ella, Vittorio Gassman personifica a un ex abogado de trabajadores, ahora conchabado por su suegro, un gran empresario. Interrogado éste sobre la ‘fidelidad laboral’ de su yerno, el industrial responde: “No hay peligro. No hay nada mejor que un ex izquierdista para defender los intereses patronales”. Romano no volvió a abrir la boca a lo largo de las quince horas de sesión.

VOTA AL FRENTE DOCENTE DE LUCHA El Frente Docente de Lucha, Lista Naranja-Gris-Lila, oposición antiburocrática de Adulp, le dará dura batalla a la actual conducción Azul (pro Cta) en las próximas elecciones del gremio. La Azul fue un freno para la lucha por nuestras reivindicaciones. Raúl Stevani, delegado de agronomía, encabeza, La lista de Frente Docente de Lucha, que está integrada por otros delegados y protagonistas de las históricas movilizaciones del gremio. La lista Azul fue un factor decisivo en la consolidación de la división de la federación. Ahora la Azul, cuyo secretario general De Feo es también secretario general de de la CONADU, vuelve a mostrar la hilacha: acaba de levantar el paro de 72 horas ante una oferta similar a la que han aceptado los burócractas de UPCN, Moyano y Daer. La clave política del asunto es una semana sin sobresaltos para el gobierno en vísperas de la Plaza del Sí. ADULP tiene que retomar la lucha consecuente al calor de la cual surgió este Frente Docente de Lucha, al que se han incorporado nuevos sectores para esta elección. Los puntos centrales del su programa plantean la democratización del gremio (con la proporcionalidad para en la Comisión Directiva, como en las representaciones congresales), unidad con los no docentes y estudiantes, apoyo a las luchas populares, independencia de Adulp respecto al rector, los decanos, el gobierno y el estado, y convertirlo en una herramienta de movilización por la democratización de la Universidd. Votar al Frente es votar por un plan de lucha hasta alcanzar la media canasta y el nomenclador, el 85% móvil de jubilación, renta para los Ad Honorem, carrera docente con estabilidad, anulación de la LES y aumento presupuestario.

En medio de la crisis por la inmigración, Bush ordenó el despliegue de 6.000 soldados en la frontera mexicana al sur del Río Bravo. El anuncio tiene como telón de fondo el estancamiento de las reformas migratorias en el parlamento y las masivas manifestaciones populares por la legalización de los 12 millones de “sin papeles” que viven en los Estados Unidos. Negocios y masacres La militarización no viene sola, ya que las mismas grandes empresas que participan en la “reconstrucción” de Irak y Afganistán se anotaron como contratistas en la operación “Asegurar la frontera”, que incluye la construcción de un “muro virtual” y de centros de detención de migrantes. Ahí están Lockheed Martin, Northgroup Grumman, Raytheon, Ericsson y Boeing ofreciendo “personal, tecnología y barreras físicas” a cambio de un jugoso contrato de dos mil millones de dólares. Pero, como se encargó de decir el mismo Bush, el aumento de la militarización fronteriza es de larga data. El diario mexicano La Jornada (19/5) señala que “todo este esfuerzo de muros, tecnologías y una triplicación de agentes de la patrulla fronteriza ha tenido un impacto nulo en reducir el flujo migratorio durante más de una década (…) Lo que sí logró es hacer el cruce mas peligroso y caro”. Para el flamante dispositivo represivo se apelará a la Guardia Nacional, veterana en Irak, lo cual anticipa más masacres, en una región en la que “sólo el año pasado se registraron 400 muertes violentas o en circunstancias no aclaradas de personas que intentaron alcanzar la frontera” (El País, 16/5). Republicano partido El impasse político alrededor de la reforma migratoria ha dividido al propio Partido Republicano. Por un lado, está el sector que reclama la criminalización del inmigrante. Este sector logró que en diciembre la Cámara baja aprobara una ley contra los indocumentados que prevé, incluso, la construcción de un muro en la frontera con México. Aunque algunos ven como insuficiente el despliegue militar ordenado por Bush. Del otro lado, están aquellos que, desde el Senado, y en alianza con los demócratas, impulsan una reforma “integradora” basada en blanqueos limitados y permisos de trabajo temporarios (“trabajadores huéspedes”). Detrás de esta reforma se han encolumnado buena parte de los empresarios. Es que la avanzada anti-migratoria pone en riesgo la extraordinaria fuente de beneficio capitalista que brinda la barata mano de obra inmigrante. No sólo por su explotación directa sino porque colabora con el abaratamiento general de la fuerza de trabajo norteamericana. Un reciente estudio académico concluyó que en los últimos años el flujo migratorio provocó una depreciación del 8% del salario nativo estadounidense en los empleos menos calificados (Clarín, 16/5). La legalización parcial, precaria y temporaria preservaría este abaratamiento de la fuerza de trabajo y “crearía una fuerza laboral permanentemente excluida de representación sindical y política” (ídem). Bush busca bonapartear entre las distintas facciones y sacar la reforma cuanto antes. Es que el movimiento que sacudió las principales ciudades del país amenaza con radicalizarse si no se avanza rápido en la legalización. Ya se anunciaron medidas y movilizaciones en repudio a la militarización de Bush. “Bush se derrumba en caída libre” Así titula El País (14/5) un artículo en el cual destaca la impopularidad creciente del presidente yanqui en las vísperas de las elecciones legislativas de fin de año. Una impopularidad que se alimenta en los pantanos guerrerísticos de Medio Oriente (Afganistán e Irak), la responsabilidad presidencial en el desastre de Nueva Orleans y una latente crisis económica que combina déficit fiscal e inflación. Para colmo, en estos días se reflotó el llamado “CIA gate”, alrededor de la falsificación de pruebas contra Irak, donde aparecen involucrados los principales hombres del gabinete Bush. Luego del procesamiento del ex jefe de gabinete Lewis Lobby, varias voces piden el procesamiento de Karl Rove, el principal operador político de Bush (El País, 15/5). Ahora han aparecido pruebas que salpican directamente al vicepresidente Dick Cheney y al mismísimo George W. Bush. La crisis en torno de la reforma migratoria, y las manifestaciones multitudinarias antigubernamentales de la comunidad latina, son un reflejo más de esta gran crisis política que se retuerce en los intestinos del gigante.

El sábado 20 se realizó en el CPEM Nº 8 de Plottier el Encuentro de Trabajadores de la Educación, resuelto y convocado por la asamblea de esa seccional de Aten. Las direcciones burocráticas del sindicato, con el apoyo de un arco de agrupaciones, cerraron la heroica huelga de 29 días con piquetes por unas chirolas. Ahora se han embarcado en armar una “nueva” Ley de Educación. El acuerdo que cerró la huelga resignó el presentismo y el pase a planta de los auxiliares de servicio. Hizo la vista gorda a la represión parapolicial y desalojo del piquete en la destilería de Plaza Huincul (zona liberada por la policía). Pero el broche ha sido entregarle al Ministro Morán un acuerdo unánime en el Consejo Provincial de Educación para recuperar los días de clases y contenidos. Para el gobierno de Sobisch es una condición que le permite cobrar 19 millones de pesos de los fondos nacionales con el que comenzaría el proceso de reforma antieducativa. Este acuerdo “histórico” fue saludado por Marta Maffei porque significa enderezar a Aten en el carril de la Celeste. Mientras siguen las amenazas, procesos judiciales por cortes, sumarios y aprietes a los directores, y la policía armada en los colegios secundarios; la dirección de Aten se despide de cualquier lucha hasta el año que viene. Mientras negocia con Morán procurará atornillarse en la dirección del sindicato en las elecciones de noviembre. El Encuentro sacó como primera conclusión que es preciso recuperar Aten para las reivindicaciones de los trabajadores de la educación. La convocatoria presentó limitaciones en la asistencia ya que se trata de la iniciativa de una de las seccionales más pequeñas de Aten y a pocos días después del cierre de la huelga (y los reclamos pendientes), con esta nueva tregua de la burocracia. Esta condición fue tomada con suma importancia por los 30 compañeros que participaron de Neuquén y Plottier, porque para construir una alternativa es preciso la decisión de encarar esta tarea sin vacilaciones. El Encuentro denunció a las direcciones de Aten que sacrificaron la huelga (840 pesos + 100 incentivo), contra la Ley de Financiamiento, ley de Educación Técnica y nueva Ley de Educación. Ninguna asamblea popular educativa de manos de los representantes de Filmus y Kirchner en Neuquén . Planteó la defensa incondicional del derecho de huelga y la efectiva devolución de los días y presentismo descontados, en contraposición al acuerdo unánime de los vocales del gobierno y de Aten en el CPE. Se propuso, exigiendo a la conducción de Aten, la convocatoria a un plenario provincial de delegados y activistas de carácter provincial. Proponiendo la realización de la próxima jornada Institucional de manera conjunta (seccional o distrital) para tomar como eje el debate de la reforma educativa en marcha. Para esta iniciativa es excluyente el aval de las vocales gremiales en el CPE. Porque Aten luche en serio por la expropiación de Zanón. Por el desprocesamiento y cese de persecución a los compañeros. Se resolvió un nuevo encuentro para el 17 de junio, proponiédose sumar en esta perspectiva a sectores combativos, que esta vez estuvieron ausentes, como la seccional Senillosa y a los compañeros que han defendido con la huelga y los piquetes las reivindicaciones de todos los trabajadores de la educación. Se ha dado el primer paso.

¡Sí a los aumentos de salarios!! ¡No a los aumentos de las tasas municipales! Los trabajadores municipales han salido a la lucha por la mejora de sus salarios, que mayoritariamente están en la mitad de la canasta de emergencia que cotiza a 830 pesos. Para llegar a la actual situación, los municipales han recorrido un lento y largo proceso de espera de dicha mejora salarial. El intendente descaradamente ha planteado que el aumento solicitado superaría el monto de todo el presupuesto anual, para finalmente intentar enfrentar a los trabajadores con el conjunto de los vecinos, al plantear que sólo aumentará los sueldos si, como contrapartida, se aumentan las tasas municipales. Móccero tiene en su historial haber apoyado el trabajo semiesclavo del Coprodesu, de haber favorecido la entrega de la ex Gatic al pirata Gottelli. Es decir que la coherencia antiobrera de Móccero no debuta con los municipales, ni con el conjunto de la población suarence, ha sido una constante del intendente vecinalista devenido en los últimos tiempos en referente del presidente Kirchner, que al igual que éste defiende la precarización laboral, la desocupación, la contaminación ambiental y la defensa a ultranza de los empresarios. Lejos de las ilusiones que puede significar el “respaldo” de la dirigencia provincial (responsable de la miseria salarial) los municipales tendremos que profundizar la lucha para obtener nuestros reclamos: Por un sueldo equivalente al costo de la canasta familiar de 1.800 pesos. Por la apertura de los libros del Municipio y ponerlos bajo control de los trabajadores. Por el respeto del escalafón.

El Partido Obrero ha acompañado durante todos estos meses la lucha de la química ICI, como lo hemos hecho en todos los conflictos gremiales del Cordón Industrial, aunque veces con gran reticencia de sus dirigentes, como lo fue en Sulfacid. Hemos estado a la par de los trabajadores, levantando las reividicaciones obreras, por el salario, las condiciones laborales, la estabilidad laboral, los convenios, el pase a planta permanente de los contratados y el convenio único de los tercerizados. Pero el conflicto de ICI fue muy especial. En octubre la empresa presentó el procedimiento preventivo de crisis y el 19 mandó los primeros 69 telegramas de despido. Enfrentó a un gremio que no tenía historia de lucha; jamás un piquete, jamás un acercamiento a otras luchas. Pero, al primer despido se voto el paro por tiempo indeterminado y el bloqueo de los portones, y el corte de la calle que comunica a las cinco plantas. Allí estuvo el PO, junto a esos “novatos”, que sólo expresaban su inexperiencia. Fueron sólo dos días de lucha, porque como era previo a las elecciones, el Frente para la Victoria planteó la bandera de la conciliación. El 19 de diciembre, terminada la conciliación, otra vez, los despidos, los piquetes, el paro por tiempo indeterminado, Navidad en las puertas de la fábrica. El PO, siempre presente. Propusimos el fondo de huelga, agitamos el paro regional. Comenzamos a vender algunas prensas en las puertas de la fábrica, a repartir volantes. Hubo una conciliación voluntaria por 60 días. En marzo, con el comienzo del ciclo lectivo, la historia se volvió a repetir: paro, piquetes, pero esta vez ya no había ánimos para aceptar la conciliación mansamente. Siempre fuimos bien recibidos, y tuvimos posibilidad de discutir y debatir con los compañeros. Intercambiar experiencias, contar anécdotas; nos escuchaban con respeto. El 3 de abril llegaron nuevamente los telegramas; primero 55 y a los pocos días los 65 restantes. La última quincena cobrada fue la del 20 de marzo. Así empezó esta última etapa, una larga etapa de más de 40 días, donde estos obreros aceleraron a pasos agigantados su maduración política. Donde la familia (en su mayoría) con casa propia, auto nuevo, vacaciones, ya no sintió vergüenza de tomar los métodos piqueteros. De a poco fueron cambiando el discurso, fue apareciendo la conciencia de clase, la alcancía y los bonos para la lucha. Las mujeres cumplieron un rol fundamental. Recorrieron municipios, concejos, arrancaron subsidios. Se llenó la olla todos los días; de a poco comenzaron a llegar las familias a comer. El PO se empeñó a fondo para que saliera el primer paro regional, de 24 horas. En la agitación realizada, antes y durante el acto del 1º de Mayo, acentuamos nuestra campaña de denuncia a la mesa negociadora y comenzamos a dar la batalla para que la CGT largara el paro de 48 horas. En todo este proceso, la Comisión Directiva recibió aprietes de todo tipo, de partes de todos los actores de esta mesa, para que no nos dieran cabida, más precisamente que nos echaran. Lejos de amedrentarnos por los ‘comentarios’ del poder político y la patota sindical, seguimos al lado de los trabajadores y militamos sin descanso para sacar el paro de 48 horas, los cortes y la ocupación. La ocupación de la fábrica tuvo la venia del poder político, porque el fracaso del conflicto los hubiese llevado puesto a todos. Pero sin la garra de los obreros, sin las fuerzas de esas leonas que alentaban a los hombres a entrar y que luego tomaron la decisión de entrar ellas también, la ocupación no se hubiera producido. La imagen de Vivi con sus dos nenas que recorrió el país, que denunció, desde la ocupación, el fracaso de todo el poder político, hizo que los pocos obreros que no se habían animado a entrar, se sumaran a sus compañeros. Afuera estaban las organizaciones, la más numerosa sin dudas fue la columna del PO, que se quedó, hizo turnos, formó comisiones, hizo el aguante. La emoción llegó al límite cuando después de poner en marcha las plantas los obreros volvieron al portón y con aplausos y lagrimas agradecieron a todos los que desde afuera hicieron el aguante. Durante los tres días que duró la toma, el apoyo y la solidaridad se acrecentaron. El inglés, por primera vez, tuvo que bajar y sentarse a negociar y luego que la asamblea del sábado decidiera aceptar la propuesta patronal (con varios aprietes, ya que estaba la amenaza de represión de desalojo si no aceptaban). Comenzaron los festejos tibios, primero, ya que no se había logrado todo el pliego, pero lo principal para ellos era que todos estaban adentro, que habían derrotado el procedimiento preventivo de crisis, y que por dos años no habría despidos, que los puestos que se produjeran, no serían entregados por contratistas, sino ocupado por personal con el convenio químico. La presión fue muy grande: se habla de 15 trabajadores que pidieron el retiro. A las 14 horas, se supo que se había firmado en el Ministerio de Trabajo, por lo tanto se levantó la ocupación y los obreros marcharon hacia el sindicato cantando “Unidad de los trabajadores...”. Se hizo un almuerzo, al que fuimos invitados para compartir esta victoria. Fuimos vivados, aplaudidos y esta vez. Ni el poder político, ni la burocracia pudieron impedir que intervinieramos, ya que fueron los trabajadores y la Comisión Directiva la que nos alentó ha hacerlo. No hubo un solo trabajador que no nos expresara el reconocimiento a los luchadores del PO que estábamos presentes. Acompañamos esta lucha, desde afuera y desde adentro, colaboramos en las acciones y también en la asombrosa maduración de estos compañeros, fuimos parte de esta etapa, y trabajaremos consecuentemente en la nueva etapa que se abre en el movimiento obrero del Cordón Industrial, porque coincidimos que hay una historia antes y otra después de la heroica lucha de los obreros de ICI. ¡¡¡Compañeros de ICI, recojan esta primera bandera de victoria y acumulen las fuerzas para ir por más. La lucha continúa!!! ¡¡¡Hasta la victoria final!!!

Néstor correa, secretario general de AGD-UBA y secretario gremial de Conadu H., y Antonio Rosello, secretario de Hacienda de AGD-UBA, estuvieron en Tucumán invitados por el sindicato de docentes universitarios de Tucumán, Adiunt, para participar de la Mesa Panel sobre la democratización de las universidades. En la misma, los dirigentes explicaron la situación de la UBA y la campaña que están desenvolviendo junto a la Fuba. El hecho de que sobre un total de 45.000 docentes en la UBA, sólo puedan votar 2.000 y 700 ser candidatos, refleja las características antidemocráticas de las elecciones universitarias. Los dirigentes fueron entrevistados por numerosos medios de comunicación. En todas las notas se hizo referencia al conflicto de la UBA, al plan de lucha de Conadu H, y a la situación del ex -director docente de la obra Social de la UNT (Asunt), arquitecto Pablo Pacheco, a quien las autoridades de la Facultad de Arquitectura dejaron sin su cargo por defender los intereses de los afiliados y denunciar el manejo irregular de los fondos. También anunciaron una campaña nacional e internacional en solidaridad con el arquitecto Pacheco. Los compañeros de AGD pudieron intercambiar opiniones con los dirigentes de la Adiunt. Se habló del plan de lucha de los docentes (paro de 72 horas) y de la posibilidad de unificar a la docencia universitaria en un solo gremio. Mientras los compañeros estaban en Tucumán la dirigencia de la otra Conadu firmaba la aceptación del 19% de aumento en negro de los salarios y levantaban el paro. Esto reforzó el argumento de los compañeros de AGD de que con esa dirigencia, que ni siquiera puede mantener la unidad en la lucha, no puede haber unificación. La perspectiva es fortalecer la acción de la Conadu Histórica. Vamos a un paro de 72 horas y a una campaña en defensa de la fuente laboral del arquitecto Pablo Pacheco. La Agrupación Naranja de Tucumán trabajará en esa perspectiva, fortaleciendo la acción de la Adiunt y de la Conadu Histórica.

Esta semana se llevó a cabo el juicio oral y público a una compañera enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI 44) que está acusada de "negligencia". El lunes 22 se darán los alegatos y probablemente el fallo del juez (Juzgado en lo Correccional Nº 6). En junio de 2002 a la compañera le tocó atender durante su turno (noche) a dos pacientes, ambos con asistencia respiratoria mecánica (ARM), uno con mayor criticidad que el otro. Mientras atendió al primero, después que se desconectara su respirador, sin que sonaran las alarmas se desconectó el respirador del segundo paciente. Tampoco en este caso funcionaron las alarmas. Aunque logró evitar la muerte de este segundo paciente, la niña quedó con una secuela neurológica. La madre decidió iniciar un juicio a la enfermera y no al Hospital, aunque en las declaraciones de los testigos, incluida la de la madre, se corrobora que los aparatos funcionaban mal y que el accionar de la enfermería era inobjetable. La semana anterior hicimos una asamblea para respaldar a la compañera, movilizarnos al juzgado durante todo el juicio e iniciar la firma de un petitorio para ser entregado al juez a cargo. Comenzamos una campaña de denuncia contra el Hospital porque hasta el día de hoy se está trabajando con aparatos con mal funcionamiento. La Ley de Enfermería (24.004), en su artículo 22 dice que el profesional en relación de dependencia no será imputado en ningún caso, cuando provocare accidentes o prestaciones insuficientes que reconozcan como causa la falta de elementos indispensables o la falta de personal adecuado en calidad y/o cantidad o inadecuadas condiciones de los establecimientos. Con nuestra lucha logramos incorporar a un número importante de nuevos enfermeros, que todavía no satisface las reales necesidades del Hospital. El caso de la compañera está desnudando nuevamente la crisis de la salud en el mejor hospital pediátrico de la Argentina. Gracias a la alta capacitación de los enfermeros/as no ocurren desastres mayores. Los trabajadores estamos dando muestras de que es a nosotros a quienes nos interesan realmente los derechos de nuestros pibes enfermos. El caso desnudó al gobierno de K, a Ginés García y de la dirección del Hospital, que nos acusaron durante el conflicto de "abandono de persona" y de avasallar los derechos del niño, por lo cual se nos descontaron los días de paro y se abrieron causas penales a varios compañeros. El 17 de mayo, el juzgado a cargo de estas imputaciones dictó el sobreseimiento de todos los compañeros acusados de abandono de persona. Quedan procesados sólo los cuatro delegados de la Junta Interna de ATE. Seguiremos peleando.

Para celebrar su propia misa, Kirchner decidió hablar desde un palco montado en la vereda de la Rosada. Por unas horas solamente, será levantado el vallado que protege al poder frente a la lucha popular. La ‘fiesta’ del oficialismo, entonces, durará unas pocas horas. Es que no hay nada que celebrar. Al menos para el 50% de los asalariados que ganan menos que una canasta de pobreza o para la mayoría de jubilados que está debajo de la canasta de indigencia. Gualeguaychú seguirá luchando contra las pasteras y contra el gobierno que la está llevando por un camino sin salida. La asamblea entrerriana se verá fortalecida cada día más por el crecimiento de la lucha popular en Uruguay contra estas mismas pasteras. Las Heras está en plena lucha por la libertad de los compañeros arbitrariamente presos, y contra la instalación permanente de la Gendarmería. En el Cordón Industrial de San Lorenzo, en Santa Fe, crecerá sin parar la lucha contra la precariedad laboral y ambiental. Los docentes de Córdoba seguirán el combate por los mil pesos de básico. La Fuba no bajará la guardia contra el gobierno camarillesco de la Universidad. Los trabajadores argentinos defenderemos las nacionalizaciones de los hidrocarburos en Bolivia contra los ataques de los Lula-Petrobras y los Kirchner-Repsol. Los campesinos aborígenes de Chaco no abandonarán las rutas hasta que cese el saqueo de las tierras fiscales y la expulsión de los productores por parte de la oligarquía. En Argentina asoma, sí, el porvenir, pero no de la mano de los nacionalistas truchos, sino de la mano de militantes, como los diputados del Partido Obrero en la Constituyente de Tucumán, que se valieron de esa tribuna, en una acción sin precedentes, para desenmascarar al poder de las camarillas capitalistas y desarrollar una alternativa obrera y socialista.

El sábado 20 se reunió en Caleta Olivia, el Congreso Provincial de delegados de Adosac. En el mismo tuvimos una importante participación los delegados recientemente electos en Río Gallegos. El Congreso constató el fracaso de todas las expectativas en el diálogo abierto con el gobierno, y decidió retomar el plan de lucha iniciado con un conjunto de movilizaciones realizadas en marzo pasado. El gobierno tampoco ha dado respuesta alguna al reclamo de los gremios estatales “autoconvocados” (son los gremios estatales de la CGT). Como el reclamo del pase de las sumas en negro a los básicos es generalizado, el Congreso resolvió una carta a los gremios invitándolos a una reunión urgente para coordinar una movilización común, lo cual se ha concretado ya en Río Turbio, pero no en la capital, ni en otras localidades. El Congreso votó por ajustada mayoría fijar una cifra al aumento salarial, la que quedó graficada en la incorporación al básico de los 950 pesos que cobramos en negro. En el aspecto de las dificultades para impulsar un plan de lucha masivo se resolvió colocar como objetivo la preparación de un paro para instalar el debate sobre esta medida en las escuelas, con vistas a concretarlo a la vuelta de las vacaciones. El Congreso rechazó el papel de agente del gobierno que está jugando la CTERA y mandató al Secretario General, Pedro Muñoz, para concurrir al Plenario de Secretarios Generales del martes 23 a rechazar el proyecto de Ley de Educación que impulsa Yasky junto a K. Respecto de la convocatoria al acto del 25, se repudiaron sus propósitos reeleccionistas y antiobreros y se resolvió sacar un afiche denunciando concretamente el gasto que está haciendo el gobierno para enviar decenas de micros desde la provincia, con comisiones de servicios, pago de presentismo, viaje y alojamiento pagos y viáticos adicionales. La propuesta de Río Gallegos de organizar una movilización provincial en esa fecha, se dejó de lado por falta de tiempo material para organizarla, pero se decidió impulsar acciones concretas por nuestros reclamos en cada localidad y especialmente en Río Gallegos. La movilización provincial se realizaría en junio, en fecha a confirmar. Se emitió una resolución reclamando la libertad de los presos de Las Heras, de Cristian Ruiz y el desprocesamiento de todos los perseguidos por luchar. La noche previa al Congreso una marcha docente se dirigió a las puertas de un acto oficial en Río Gallegos, donde llegó el gobernador y tuvo que entrar casi a la carrera entre los chiflidos de los manifestantes, repitiendo en menor medida los sucesos de unos días atrás en Puerto Deseado.

El voto a la lista independiente con su candidato Julio Sena es un voto conciente al PO. La campaña tuvo diferentes matices desde las Asambleas de vecinos y vecinas del Barrio por la construcción de una Escuela Técnica Nº 2 hasta nuestra conformación de la Lista Nº 3. En Asamblea abierta, el puntero fomentista, que se presentaba nuevamente como lista Nº 1, y la lista Nº 2 (le propusimos una lista común por los reclamos reivindicativos del barrio pero no aceptaron); “se comían a los chicos crudos”. El Gobierno del Dr. Selva (Frente para la Victoria) puso huevos en las dos canastas, al ver que resistían solamente dos listas y la nuestra. Fuimos a dialogar con la gente de Zubeldía (PJ), para preguntarle quién iban hacer apoyar, a Selva o a la lista independiente del PO. El PJ nos quiso imponer dos candidatos, les dijimos que la lista ya estaba cerrada y que en nuestra lista había lugar para luchar y un canal de expresión opositor al Gobierno. Hubo denuncias por repartos de mercaderías con boletas para la lección. El puntero González salió la noche antes a las elecciones. Quedó demostrado que el PJ y la UCR no existen en el barrio. Los resultados fueron: González (Frente para la Victoria), 221; Iris Luna (Frente para la Victoria), 85; Julio Sena (Partido Obrero), 64. Ha triunfado el método de la Asamblea y la conformación en ella de la lista con este método de los trabajadores, y una perspectiva riquísima para la politización del barrio y de nuestra lista.

Los vecinos de calle General Mosconi tienen un conflicto de larga data con la empresa ACA y el Municipio. El constante tránsito de camiones por las calles de San Lorenzo es intolerable, pero, lo es peor aún para estos vecinos, que sufren no sólo el deterioro de sus viviendas, sino que han comprobado enfermedades en la sangre. Suman a estas patologías las ya corrientes, como son las respiratorias y de la piel debido a la contaminación ambiental. Además tenemos que recordar que hace poco tiempo, producto de la acumulación de gases, explotaron los silos de esta empresa, que está en pleno ejido, donde murieron sepultados tres obreros. El año pasado, para frenar los cortes que realizaban los vecinos, la intendenta y su esposo el senador mandaron “liberar” la zona y cumplieron con la amenaza anunciada. Un camión con matones a sueldo, catalogados como “vecinos de barrio norte”, golpearon a los vecinos que defendían sus derechos. Luego, de marchas y denuncias se logró que se redujera el paso de camiones de 24 horas a 12 horas. Hace poco, comenzó con mucha fuerza a filtrarse la información que ACA instalaría otro muelle. La empresa ya tiene todo previsto para construir un muelle de barcazas a la altura de calle Falucho y que se extendería varias calles más hacia el sur, o sea hacia el centro de la ciudad. Se sospecha además que la empresa tiene previsto almacenar también fertilizantes. La indignación de los vecinos aumenta cuando por trascendidos se enteran que ACA ya tendría la aprobación para la instalación del nuevo muelle por parte de la provincia. La nueva estrategia del matrimonio oficial Para presionar, la empresa redujo el salario y las horas de trabajo a sus empleados. Ahora son los trabajadores de ACA (aceiteros, no sindicalizados) los que reclaman que se habilite el paso sin restricciones durante las 24 horas a los camiones. La empresa, que en un momento se había comprometido en hacer la obra de doble mano con forestación intermedia para disminuir la contaminación, ahora, “no lo puede hacer por la reducción de las ganancias”. No se le conoce el destino del dinero del peaje (3 pesos por camión), que cobra el Municipio. Han inventado esta nueva maniobra usando a los obreros como rehenes para contrarrestar la organización de los vecinos en el resto de los barrios afectados. Se han organizado asambleas importantes y una marcha numerosa que partió de ACA hasta la “esquina de los bancos”, reclamando solución a los problemas. El Concejo y el matrimonio oficial recibieron a los obreros de ACA. Mientras los vecinos se manifestaban, afuera hubo empujones y agresiones, donde intervino la policía. Sólo una comisión independiente de obreros y vecinos pueden darle solución a estos problemas. Las patronales deben afrontar las inversiones que preserven la calidad de vida de la población sin perjudicar a los trabajadores.

Luego del "Baiha-gate", el escándalo de corrupción que llevó a la suspensión del intendente Lopes, vinculado a los empresarios del Polo Petroquímico y los contratistas de obra pública, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca votó por unanimidad el aumento del boleto de 1,10 a 1,35. También aumento el boleto escolar 5 centavos, y se restringió el universo de usuarios a los estudiantes de escuelas públicas. Además se votó un subsidio para las patronales de 5 centavos por boleto para formar un Fondo Fiduciario para la compra de nuevas unidades. Este subsidio, que pagarán todos los bahienses, se suma a todos los que ya reciben las empresas, como el subsidio al gasoil, los aportes estatales por merma en el corte de boleto o por unidad circulante, que otorgan el gobierno nacional y provincial. El desfalco contra las finanzas municipales no termina ahí. Los empresarios también van a recibir unos 300.000 pesos del municipio para pagar el aumento del 16% en el salario de los choferes. Los funcionarios municipales confiesan además que ya recibieron otros 500.000 pesos, que esperan que las empresas hagan el esfuerzo de devolver (¿?). El boletazo y los subsidios, votados por el FPV-PJ, el FPV felipista y la UCR, y van acompañados de la decisión de licitar las concesiones vencidas, lo que irá acompañado de una reducción mayor de frecuencias y recorridos. La tendencia general en el transporte en la provincia es la de reestructurar el servicio, dejando aisladas las zonas mas alejadas de los cascos urbanos, reduciendo las frecuencias (especialmente las nocturnas), y aumentando el boleto. El Partido Obrero de Bahía Blanca está impulsando una campaña contra el boletazo, con una declaración política llamando a la movilización popular, juntando firmas entre los terciarios y universitarios que no tienen boleto subsidiado, recorriendo barriadas para plantear el pase a los desocupados y el boleto sanitario, y exigiendo la apertura de los libros de las empresas.

La pasada semana el gobierno de Chubut otorgó “derechos de cateo y prospección” a la empresa minera canadiense Pacific Rim Mining Co. sobre un área de 1.600 hectáreas en la ladera oriental del cerro Piltriquitrón. Para habilitar estos cateos, el gobierno del kirchnerista Das Neves debió modificar, en la última sesión legislativa del año —entre gallos y medianoche-, todas las leyes ambientales de la provincia. Del rechazo a la minería contaminante se pasó, sin solución de continuidad, a considerar la minería como una cuestión de Estado. Los habitantes de la zona afectada están recibiendo ya las cédulas de notificación de los cateos, en las que se los emplaza a aceptar o rechazar las prospecciones en un plazo perentorio. La falta de contestación se considera como aceptación. La rápida respuesta de los vecinos de Lago Puelo, El Hoyo, El Bolsón, Cholila y Esquel, que concurrieron masivamente al puente del Río Pedregoso a manifestar su apoyo a los pobladores que rechazaron el cateo, y las constantes referencias a las luchas de Esquel y Gualeguaychú en el transcurso de la Asamblea, son fiel testimonio de la firme determinación existente para enfrentar el nuevo saqueo. El Partido Obrero de la comarca andina compromete en esta lucha todo su esfuerzo.

Es visible para todo el mundo que la ‘movida’ de Kirchner, el 25 de mayo, no es una movilización política popular sino una aparateada. Los punteros del difunto duhaldismo se están valiendo para esta ‘patriada’ de los únicos métodos que conocen —el clientelismo y la coacción. Lo mismo hacen el aparato de la burocracia sindical y el de los piquetruchos oficialistas, que han visto enriquecer su caja en forma abusiva en los últimos meses. De acuerdo a algunas informaciones, el gobierno habría gastado en la campaña por el acto una suma de dinero superior a la oblada en la última campaña electoral. Ha impuesto a las patronales la gratuidad del transporte de tren y subte, que dependen de subsidios estatales. Pero todo esto no debiera sorprender, porque el kirchnerismo no es un fenómeno de abajo sino de arriba. Esta aparateada, para colmo, no osa declarar sus objetivos. Niega que sea un operativo reeleccionista, y cuando se anima a proponer que sea una fiesta, oscila entre la celebración del aniversario de 1810 y la proclamación de su propio éxito. Esgrime la primera para invitar a los radicales y a otros progresistas de cosecha reciente; los tienta con la ‘concertación’ a la chilena. Lo segundo apunta a sus propios alcahuetes. Pero la ‘concertación’ chilena fue inventada para salvar del naufragio a la democracia cristiana y al partido socialista, en medio de la inmensa movilización popular que caracterizó a Chile en las vísperas de la salida de Pinochet. La ‘concertación’ que Kirchner le ‘propone’ a los gobernadores radicales, en cambio, significaría el último clavo en el ataúd de la UCR. En verdad, el oficialismo no esconde que festeja la recuperación del proceso político de manos de los piqueteros, el sindicalismo combativo y las asambleas populares o vecinales. El armado del 25 no hubiera sido posible sin la desmovilización previa de la Asamblea de Gualeguaychú y el pacto con Moyano sobre el 19% de aumento salarial en cuotas —sólo para citar dos de los numerosos conflictos que siguen caracterizando a la situación del país. De todos modos, la asamblea entrerriana ya ha decidido re-movilizarse y numerosos gremios rechazan el tope salarial que se les quiere imponer. La intención declarada del gobierno, de “recuperar” la Plaza de Mayo de los luchadores, es por definición un objetivo reaccionario, que además está condenado al fracaso, porque las movilizaciones que impulsan los luchadores son alimentadas por las contradicciones y miserias del capitalismo, una fuente que es inagotable, vista la crisis financiera internacional de los últimos días y el constante agravamiento de las penurias populares. Las aparateadas del gobierno, en cambio, tienen el límite infranqueable del tamaño de la chequera. Lavagna El que se ha dado cuenta de estos límites es, precisamente, Lavagna, que advierte que la buena onda económica se estaría acabando. Al ex ministro no le faltó, por lo menos, el sentido de la oportunidad, porque en estos días las bolsas se han literalmente desplomado; para los llamados ‘países emergentes’, ha sido la caída más grande desde la crisis financiera de 1997-98. De todos modos, la campaña de reuniones y discursos que ha iniciado Lavagna tiene una causa incluso más directa: el reemplazo del Mercosur, dijo, por una alianza con Chávez no es negociable. Con este planteo, Lavagna ha dado la voz de alarma de la burguesía sobre el agravamiento de las contradicciones nacionales en América del Sur y se ha convertido, de este modo, en el vocero autorizado del capital internacional en su conjunto. Lavagna plantea que Argentina tiene que resolver rápido el litigio papelero con Uruguay y formar un sólido frente con Brasil contra las nacionalizaciones bolivianas, y que de ninguna manera debe coquetear con la posibilidad de poner en aprietos a Repsol, so pretexto de que no realiza inversiones en nuevos pozos. Cuando Lavagna reclama claridad institucional, se refiere, antes que nada, a las instituciones internacionales que gobiernan el orden existente en América Latina y a las relaciones con las metrópolis imperialistas. Si el gobierno de Kirchner cruza una determinada línea en el manejo de esta crisis internacional, o su ‘entorno’ lo empuja por esa vía, la burguesía le está advirtiendo que podría crearse una cuestión de poder. No es casual que, simultáneamente, el peruano Alan García haya declarado que un eventual gobierno suyo enfrentaría a Hugo Chávez, y que en México y en Colombia las batallas electorales tengan por eje la crisis internacional en América Latina. Bush acaba de atacar a Bolivia con su arma favorita —denunciando que el gobierno de Evo Morales, que subió con el 60% de los votos y que va por más en las próximas elecciones constituyentes, no respeta la democracia. Kirchner no está en absoluto en desacuerdo con Lavagna. Apoya la instalación de las papeleras; se apresta a visitar a Zapatero y a defender a Repsol; ha cedido a Brasil la iniciativa de negociar los precios del gas con Bolivia, para que Brasil pueda presionar a Evo Morales sobre la situación de Petrobras. Es claro, sin embargo, que Kirchner y su entorno necesitan disimular estas posiciones entreguistas, si quieren asegurarse un caudal popular para la reelección. Al igual que Lula intenta, además, mantener un equilibrio entre los intereses petroleros del imperialismo en Argentina y la presión de Hugo Chávez, que ya ha comprado, por otra parte, más de 2.500 millones de dólares en títulos de la deuda pública de Argentina. También es cierto que coquetea con el chavismo para ampliar su propia capacidad de negociación con el imperialismo. Pero las contradicciones que encierran las ambiciones del kirchnerismo podrían revelarse insuperables. El eco que ha recogido Lavagna en la prensa es una señal de que expresa la línea política fundamental de la burguesía, o sea que anticipa el rumbo de Kirchner. Una vez superada la aparateada del 25, el kirchnerismo se sentirá más libre para acatar las recomendaciones de Lavagna. El acto parece un guiño hacia la izquierda, pero anuncia el viraje a la derecha. Mientras los alcahuetes creen que refuerza las perspectivas populares del gobierno, lo más probable es que acelere un acuerdo de conjunto con el imperialismo. Crisis mundial La salida de la crisis argentina de 2001-02 no tuvo un carácter nacional sino internacional. La recesión internacional que había comenzado en 2000, tuvo su punto de inflexión en el primer semestre de 2002. La caída estrepitosa de las bolsas en los últimos días marca, a su vez, la apertura de una nueva crisis. Es sintomático que simultáneamente hayan caído los precios de las materias primas, porque anuncia una nueva recesión. Se trata de los productos que Argentina exporta. Si bien la prensa casi no lo hizo notar, el hecho fundamental de la crisis de los últimos días fue la decisión de China de subir las tasas de interés, o sea la intención de ‘enfriar’ la economía. Esta medida ya produjo un impacto negativo enorme en Japón y la India, dos economías que eran consideradas en muy buen estado apenas una pocas horas antes. No hace falta decir que todavía serán necesarios algunos estallidos financieros, más antes que se declare una recesión en las principales economías y en particular en China, que ha sido protagónica en el mercado mundial desde finales de siglo. También tomará su tiempo para que la economía tenga su reflejo en la política. Lo que importa, de todos modos, es que esta nueva manifestación de derrumbe capitalista abre una perspectiva que la burguesía y el gobierno argentino no tenían como probable, y que cuestiona todo el andamiaje social y político del kirchnerismo. No solamente afecta al kirchnerismo sino también a la estrategia bolivariana que pretende construir un ‘socialismo del siglo XXI’ a fuerza de integraciones petroleras, ‘ahorrándose’ el camino de la revolución social. Los factores históricos concretos refuerzan la perspectiva que impulsa el Partido Obrero: construir una alternativa obrera y socialista, desarrollar un partido independiente y combativo de la clase obrera, unir las luchas en América Latina en función de la unidad socialista y de los gobiernos obreros y campesinos.

En su periodico, el MST-Unite ha publicado varios artículos sobre las elecciones docentes en el Suteba del distrito de Escobar. Destaca a la agrupación Almafuerte como fuerte candidata a ganar las elecciones y denuncia a la Lista Rosa como divisionista y capituladora. La Lista Rosa (Tribuna Docente) es la única agrupación que presentó lista de oposición a la dirección azul y blanca de la seccional en toda la historia del sindicato Suteba Escobar. Ninguna otra organización se presentó nunca. En las últimas elecciones, la Rosa perdió por apenas 6 votos. La Almafuerte -hoy socios del MST- no se presentó (aunque habría podido hacerlo) y en las últimas asambleas votó las memorias balances seccionales con la Azul y Blanca. Hasta hace poco atacaba, junto a la Azul y Blanca-Celeste, a los Suteba opositores de Sarmiento, Lomas, La Plata y Marcos Paz.

Somos habitantes jujeños, vivimos en un asentamiento de la localidad de Palpalá, los Huaycos, del barrio Antártica Argentina. Somos 117 familias que por nuestra condición “de pobres o indigentes” fuimos hace un tiempo atrás en busca de una solución para tener donde vivir. Los intendentes de turno nos pusieron en esta tierra de nadie, haciéndonos creer que seríamos asistidos con todos los servicios de mejora barrial, programas nacionales como el mejor vivir o algunos programas sociales que el Estado nacional proveería. Fuimos modificando los terrenos que se nos entregaron en malas condiciones para poder habitarlos. El municipio utilizó a nuestro barrio (y también a vecinos de otros en las mismas condiciones de pobreza y marginación) para pedir presupuestos para proyectos de defensa de las costas del arroyo Huayco que nunca se realizaron, así como de mejoramiento barrial. Queremos que esto se termine de una vez. Que se termine el abuso de poder al que estamos sometidos. Tenemos hijos quienes esperan un mañana mejor, con escuelas en condiciones, puestos de salud que funcionen con medicamentos que nos curen sin tener que pagar recetas carisimas, con seguridad para nuestras familias, por sobre todo queremos justicia social, un hogar digno, trabajo genuino, comida para nutrirnos y no para llenar la panza. Que los 8 millones y medio de pesos, prometidas por Fellner y el intendente Ortiz sean para obras y que no sigamos siendo utilizados como caballitos de batalla para robar a este pueblo hundido en la miseria. Ya se olvidaron de las palabras que escupían en sus actos después del desastre climatológico del 12 de febrero, que costó la vida de una familia completa y hoy nadie recuerda. No es la primera vez que ocurren estos desastres. ¡Basta de obras fantasmas, basta de pedir presupuestos que se desvían en el camino, queremos vivir mejor!

Fuertes síntomas de reanimamiento se manifiestan entre los trabajadores de Las Heras: en las últimas semanas dos veces un grupo de 50 desocupados se instaló en el Municipio hasta que el gobierno y Repsol les aseguraron puestos de trabajo en el petróleo y la obra pública. La crisis carcome al PJ local, enredado en denuncias de corrupción contra el intendente, por obras públicas mal construidas (situación que hiciera pública el FUT en la campaña electoral de octubre pasado y que ahora ha estallado como eje de la interna política del poder local). La actitud del gobierno, mientras mantiene a rajatablas la presencia de la Gendarmería y sostiene en la cárcel a 8 compañeros, es de “echar lastre”, lo que se ve en la toma por parte de la empresa OIL (de Cristóbal López) de los despedidos de Inuds (51 compañeros) y en la inminente reincorporación del compañero Guineo. El humor de la población se puede medir en otro hecho significativo. Los padres de un Jardín de Infantes (Nº 8) amenazaron con ocupar las instalaciones en repudio a la falta de reparación de las cloacas. Las declaraciones públicas de los padres denunciaron al gobierno y su política de obra pública trucha, reclamando atención a temas tan urgentes como el de las escuelas que están abandonadas. Es en este cuadro que la Comisión de Familiares y Amigos de los Presos, junto a varios delegados gremiales y otras organizaciones, han resuelto convocar a una movilización para “escrachar” el acto oficial del 25 de mayo en la localidad. Ahí estaremos.

El ministro Morán elogió la gestión de Filmus (lo mismo hizo Sobisch en su discurso del 1º de mayo) y dijo que la "política que instrumenta Filmus está en la misma línea de las reformas que impulsamos en la provincia". Sobre el acta salarial del 12 de mayo le dejó claro al periodista: "Usted tiene que considerar que partimos de un reclamo de Aten de un salario igual a la canasta familiar y estamos acordando en una cifra muy inferior". Acto seguido, el MPN presentó en la Comisión de educación de la Legislatura (presidida por la ex docente y ex militante gremial Cristina Storioni) un proyecto denominado "Compromisos educativos para el decenio 2007-2017". La misma Storioni "recordó que el gobierno nacional comenzó a trabajar en una nueva normativa que reemplace a la Ley Federal de Educación". Definió al proyecto del MPN como "una bisagra para la situación educativa actual". La diputada "fue clave en la reunión secreta", sostenida por Guagliardo y Huth, de Aten con Morán y en la gestión del nefasto acuerdo final, se la menciona como la "futura ministra de Educación". Por otra parte, el 2 de mayo Yasky se entrevistó con Kirchner, Filmus y Parrilli, el secretario de la presidencia, para enviar el proyecto de una nueva Ley Nacional de Educación. Yasky lanzó la campaña el lunes 22, desde la Casa de Gobierno. En Neuquén, los diputados de la “oposición” no han perdido el tiempo al anunciar la convocatoria a “una asamblea popular pedagógica”. La conclusión fundamental que nos ha dejado la huelga (su desarrollo y su desenlace) es la imperiosa necesidad de recuperar Aten para ponerla al servicio de las reivindicaciones de los trabajadores de la educación y por el triunfo de sus luchas. Esta dirección no luchó ni luchará contra la política de Sobisch-Morán porque sigue al pie de la letra la estrategia de Yasky-Filmus-Kirchner.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que deroga varios artículos de la ley de “Solidaridad Previsional” sancionada en 1995 bajo las órdenes de Menem y Cavallo. Esa ley establecía que a la Anses debía cancelar las sentencias a favor de los jubilados “hasta el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados a ello para el año fiscal en el que venciera dicho plazo”. Y así sucesivamente en los años siguientes, según el orden cronológico de las sentencias, dando prioridad a la gente de mayor edad. Por el proyecto, las sentencias deberán cancelarse dentro de los 120 días. Pero los diputados no aprobaron un agregado básico: que la cancelación sea en efectivo. Como se sabe, la Anses cancela las sentencias por las deudas anteriores a 2002... con bonos. La derogación de los artículos de la ley menemista no fue por iniciativa del gobierno ni de la oposición. Se debió a que, como comenta Clarín (27/4), “abogados previsionalistas cuestionaron esas disposiciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque dilataban el pago de las sentencias y afectaban los “derechos humanos” de los adultos mayores. Mediante el Informe N° 3/01, la CIDH calificó esas normas de “violatorias de las garantías del debido proceso, del derecho a la protección judicial y del derecho de propiedad”. Lo más llamativo es que Diputados se cuidó muy bien de no derogar el artículo clave de la ley de “Solidaridad” y es el que eliminó la movilidad o ajuste de las jubilaciones como proporción del sueldo de los activos (por ejemplo, 82% móvil) y la suba automática de las jubilaciones según la evolución del costo de vida. Este es el nudo de la cuestión. Manteniendo esa ley, el gobierno da de vez en cuando aumentos jubilatorios por debajo de la inflación, licuando de esa manera las jubilaciones y usando el dinero de los jubilados para pagar la deuda. Por eso el PO viene planteando la derogación de la ley de “Solidaridad”: el ajuste automático de las jubilaciones por el costo de vida, y esto con retroactividad a marzo de 1995, cuando el justicialismo sancionó esta nefasta ley. Programa La solución jubilatoria es simple: · Haber mínimo de 900 pesos. · Actualización según el costo de vida del sueldo que se toma como referencia para el cálculo de la jubilación. · Anulación de la ley de “Solidaridad Previsional”. 82% móvil, retroactivo al momento de la jubilación. · Reconocimiento de los años trabajados en negro. · Anulación de la jubilación privada. Sistema jubilatorio estatal único, bajo control de los trabajadores y jubilados.

En la provincia de Buenos Aires se votó la ley que establece la jubilación para preceptores y bibliotecarios con 25 años de servicio y 50 de edad. No bien fue votada, el ministro de Economía, Otero, salió a atacarla, porque iba a provocar un desajuste, dijo, que el sistema previsional provincial “no podía afrontar”. Otero dijo que era un “privilegio”. A partir de estas críticas, circuló la versión del veto de Solá. Ante esto el FGD (Suteba-FEB) llamó a una concentración en la Legislatura sólo para preceptores y bibliotecarios. Lo hizo en el mayor de los sigilos, para que en La Plata y seccionales opositoras no pudiéramos convocar. Pero bastó que Solá dijera que no la vetaría para que la movilización se levantara. El apuro, la desesperación por desactivar, avisando escuela por escuela que no había marcha, refleja el terror de la burocracia a que los docentes ganemos las calles. Baradel-Petroccini comparten con Solá la necesidad de que los docentes no abandonemos las aulas, porque quien hoy sale por la jubilación, mañana tal vez quiera salir por salario. De esta manera, preparan las paritarias, donde se va a negociar desde el Estatuto hasta las ruralidades. La Plata marchó Desde Suteba La Plata mantuvimos la convocatoria y, pese a los esfuerzos de la lista Celeste, se movilizaron alrededor de 300 compañeros. Marchamos hasta la Legislatura, hicimos un acto y nos sumamos a la movilización del Astillero Río Santiago. La preocupación de los compañeros por garantizar la marcha, la facilidad con que en dos días se difundió la convocatoria, la pelea por ganarle a la Lista Celeste en la elección de delegados, marca un claro reanimamiento de la docencia. El 80% de los delegados avalan a la actual conducción del Suteba La Plata. La Lista Celeste ha perdido escuelas históricas. Los compañeros han dado esta batalla con la certeza de que hay que organizarse para luchar. Esta debe ser la convicción que guíe a los activistas, delegados, luchadores de La Plata para que la próxima elección del 22 de junio se convierta en un plebiscito a favor de la actual conducción. Debemos demostrarles a Solá y a sus colaboradores, como Baradel y Cia., que la política de Suteba La Plata cuenta con el apoyo mayoritario y rotundo de los docentes.

Un hospital de infraestructura completa, con quirófano, servicio de terapia intensiva, salas para internados de niños y adultos, servicio de guardia permanente de 24 horas, clínica médica, ginecología, pediatría, con recurso humano bien preparados en cuanto a profesionales médicos y enfermeros. No podemos contar con el quirófano y servicio de terapia intensiva, “porque no hay presupuesto” para pagar el sueldo a los cirujanos, anestesistas, traumatólogos y por eso de derivan a los pacientes que necesitan atención de traumatología al hospital Pablo Soria de San Salvador, que siempre se encuentra saturado de trabajo por ser receptor de todas las localidades de la provincia. Los enfermos que deben ser intervenidos quirúrgicamente debe esperar hasta dos meses para conseguir turno; otro de los problemas es tener que pagar para solucionar el problema y la burocracia. Los trabajadores de este hospital nos sentimos impotentes ante este vaciamiento en salud. Ni que hablar de nuestros salarios, totalmente por el piso, aumentos truchos que no alcanzan el nivel de pobreza. Derrochan el dinero del pueblo en sus ambiciones personales, aparecen políticos en tiempos de campaña prometiendo el oro y el moro. Estamos cansados de ser utilizados. El presupuesto tiene que cubrir una necesidad de principal importancia como la salud o la educación. Tenemos la sensación a veces de que los que nos gobiernan en nuestra provincia andan al acecho para perjudicar y utilizan estadísticas para sacar plata al Estado. Los puestos de salud que inauguran con bombos y platillos, no funcionan a pleno por falta de puestos de trabajo. Estamos cansados de tanta injusticia. Nuestro hospital debe funcionar para el pueblo de Palpalá con todos sus servicios. El gobierno debe crear cargos para cubrir los servicios de cirugía y atención de terapia intensiva.

Las Heras sigue militarizada. Más de 300 efectivos de la Gendarmería —una cifra apenas inferior a la que ocupó la ciudad luego del asesinato del policía Sayago, en febrero— continúan en la ciudad. Se los ha vuelto a ver, hace unos días, cuando un grupo de desocupados se presentó en la Municipalidad y requirió hablar con sus autoridades ante el incumplimiento de acuerdos existentes. Entonces llegaron treinta gendarmes, con armas largas y tropas de combate, para amedrentar a los desocupados. Las tropas están instaladas en un predio cedido por la Municipalidad. Su presencia es permanente. Tienen a su disposición un helicóptero, para desplazarse rápidamente a los pozos petroleros, en caso de que sus trabajadores se movilicen. Cada vez que varios vecinos se reúnen en una esquina, cualquiera sea la razón, aparece un móvil de la Gendarmería para “recordar” su presencia en la ciudad. Sin embargo, la principal actividad de los gendarmes en Las Heras es el espionaje. Andan de civil, se mezclan con el pueblo en las calles y en los lugares de concentración para sonsacar informaciones. Realizan seguimientos de los activistas. Para asegurar la realización de esta actividad, la jefatura de la Gendarmería rota de manera sistemática al personal que opera en Las Heras (para que los espiados no los identifiquen y hasta para que no se den cuenta de que son espiados). La Gendarmería es una fuerza de espionaje y provocaciones contra el pueblo. Para eso ha sido enviada por Kirchner y “su” gobernador Sancho. Fuera la Gendarmería de Las Heras. Libertad a los presos políticos.

La presentación ante la Corte de La Haya, la visita del Presidente a un acto en Gualeguaychú, y la fuerte presión de los políticos oficialistas, lograron el levantamiento del corte de la Ruta 136. Sólo cuatro días después, el viernes 5, los habitantes de Gualeguaychú tomaron contacto con la realidad. Nadie en el gobierno está por que no se construyan las fábricas que contaminarán todo. El Presidente les dijo que exigirá controles y monitoreos permanentes. El gobierno argentino se mantiene en el mismo planteo que llevaba para la cumbre de presidentes: los controles y monitoreos conjuntos. En Gualeguaychú no se duda si las pasteras contaminarán o no; si la población sufrirá consecuencias o no. De ambas cosas están seguros. Tampoco dudan de que el turismo decrecerá, que la producción de pollos mermará por falta de mercados, que la apicultura, la piscicultura, la lechería y la ganadería se verán afectadas pues los consumidores elegirán esos productos de otras zonas libres de contaminación. El planteo de formación de comisiones mixtas para efectuar un monitoreo conjunto a las plantas, primero concreta su instalación, y en segundo lugar, estas comisiones no se revelan como eficaces, pues sus funcionarios son fácilmente corrompibles y en el supuesto que detecten contaminación, sólo se limitarían a multar a las pasteras, situación muy favorable para éstas pues el costo de las multas es inferior al de los productos y procesos necesarios para evitar esa contaminación. Además, frente a las altísimas rentabilidades que se esperan (de 2 a 3 millones de dólares por día) dichas multas sólo le significarán resignar unos minutos de renta. El “No a las Papeleras” no se escuchó de boca de Kirchner. Quienes lo coreaban en el acto, son los únicos capaces de concretarlo: el pueblo de Gualeguaychú, que debe volver a los cortes y seguir protagonizando una masiva movilización popular contra la instalación de las pasteras. Los escraches a embajadas, la difusión a cargo de la reina del carnaval también deben continuar. La marcha de las obras de construcción de Botnia continúan a paso firme y de la mano de Tabaré y Kirchner, pero la verdadera preocupación de los gobiernos argentino y uruguayo está en el corte, al que irremediablemente se debe volver. (20/5)

El Bloque de Concejales del Frente para la Victoria-PJ salió a desmentir, en un comunicado de hace dos semanas, que recorría los barrios ofreciendo planes de 300 pesos mensuales a cambio de renunciar a los proyectos del Polo Obrero y de ir el 25 de mayo a la “Plaza del Sí”. Sin embargo, afirmó que “hay militantes, de sectores políticos distintos al nuestro, que estarían involucrados en juntar adhesiones para este plan, ofreciéndolos cobardemente en nombre de nuestro bloque”. Barrios de Pie-Patria Libre (ahora “Libres del Sur”) es quien recorrió San Isidro en nombre de Kirchner. Los viejos punteros “inicia(ron) las denuncias pertinentes en los ámbitos nacionales y provinciales”. Reclaman la exclusividad de la marca. El amontonamiento nacional y popular no soporta ni siquiera sus propias iniciativas. Un solo corazón... La disputa entre los viejos y nuevos punteros es por las migajas. Posse está negociando — junto al mendocino Cobos y al marplatense Katz — su incorporación, con vistas a las presidenciales de 2007, a las filas kirchneristas. Para ello, viajó a Viena en la comitiva presidencial y aseguró movilizar a la Plaza del Sí. En poco tiempo, San Isidro dejaría de ser “distinto”: Posse oficializaría su “borocotización”. El kirchnerismo de San Isidro sería un menàge a tròis de ex duhaldistas, ex guevaristas y ex radicales.

La burocracia celeste ha convocado a elección de delegados entre gallos y medianoche. En la mayoría de las escuelas de la mayoría de los distritos los docentes ni se enteraron. Sin embargo, un balance provisorio demuestra un avance importante de los delegados opositores a la Celeste en los Suteba Combativos y también en los distritos celestes, a pesar de que existe una tendencia a no votar en las seccionales manejadas por la burocracia. En los distritos celestes, las reuniones de delegados no existen y, cuando se hacen, son solamente “informativas”. Si como muestra vale un botón, el secretario general del Suteba de San Fernando perdió 16 a uno la elección de delegados de su escuela a manos de la compañera de Tribuna Docente, Silvia Jayo, candidata a secretaria general por la Lista Rosa.

En los concejos de Mosconi y Tartagal se aprobaron declaraciones por la nacionalización del petróleo sin indemnización bajo control de los trabajadores. Las declaraciones denuncian la entrega de nuevas áreas por parte de Romero. En Tartagal, la totalidad de los concejales adhirieron a la declaración ¡y hasta intervinieron! Los de Unidos por la Victoria defendieron la política de K, los renovadores ponderaron la política de Evo Morales. Pero ante la intervención de Pepe Barraza, denunciando la política de los renovadores, kirchneristas, pejotistas y aliancistas a favor de las petroleras y responsables de la entrega del petróleo, no hubo respuesta. Algo parecido ocurrió en Mosconi. La gran intervención de la compañera María Elena Frías dejó callados a los peronistas y al único K del Concejo. Tan sólo los renovadores se opusieron a que la parte resolutiva de la declaración mencionara el “bajo control de los trabajadores”, pero perdieron la votación. Está claro que los representantes de los partidos patronales levantaron la mano para adaptarse al clima popular que ha creado la nacionalización boliviana y por la incertidumbre frente a la crisis energética en Argentina. Algunos buscaron diferenciarse de Romero, que sigue con sus negocios mediante nuevas licitaciones. Para nosotros forma parte de una lucha más de conjunto, más allá del Parlamento, por medio de una gran agitación política. Tanto en Mosconi como en Tartagal, ya se han iniciado reuniones con ex ypefianos, organizaciones piqueteras, centros de usuarios, docentes, comunicadores sociales, etcétera, para preparar una gran movilización por la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos para esta semana. El desastre ambiental y social producido por la irracionalidad de la explotación capitalista del gas y el petróleo reclama una fuerte intervención popular en el escenario político de todo el Departamento San Martín. La heroica lucha de los pobladores de Acambuco contra Panamerican Energy, en el corazón mismo del saqueo, forma parte de este combate. Vamos por la unidad de todo el pueblo contra las petroleras, para recuperar lo que es nuestro.

El pasado jueves 11 de mayo proyectamos, a pedido de los compañeros en lucha del Hospital Francés, un documental sobre la lucha que están llevando adelante. La película en cuestión es la “ópera prima” de un compañero que trabaja en dicho hospital. Nunca antes había realizado un video, pero cuando comenzó la lucha, esas vueltas de la vida pusieron cerca una cámara de video. No lo dudó y salió a documentar una lucha ejemplar. La habitación del Francés estaba colmada de trabajadores; el entusiasmo era tal que algunos debimos sentarnos en el suelo. El video registra cada uno de los días de lucha: asambleas, marcha a la Embajada de Francia, al Ministerio de Salud, al de Trabajo, acto del 1º de Mayo; en el video se muestra la combatividad de médicos y enfermeros que se movilizan día por medio, incluso hasta bajo tierra: también estuvieron en la última huelga del subte cobardemente reprimida por Kirchner. El cine militante responde a una situación política, a una etapa histórica donde las luchas contagian a los trabajadores del mundo entero. Las cámaras hogareñas dejan de esperar hasta el próximo cumpleaños, para participar de las luchas en la calle, la escuela, el barrio, el trabajo. El compañero del Francés que hizo el video fue ganado a la lucha y el cine militante ganó una nueva película. El Ojo Obrero está realizando en el Centro Cultural 20 de Diciembre un Taller de Edición en Video. La idea es que estudiantes, trabajadores, luchadores aprendan a utilizar herramientas y técnicas audiovisuales. Difundiendo las luchas entre otros trabajadores, colectivizando sus experiencias. Los talleres son a la gorra. ¡Los esperamos!

La burocracia de ATE-CTA y la vieja burocracia romerista de Atsa y UPCN acaban de firmar un acuerdo salarial hasta fin de año que apenas suma un 30% sobre el básico a pagar en tres cuotas escalonadas, un 10% en junio, otro 10% en septiembre y el restante en diciembre. Los porcentajes se calculan sobre el básico actual que en la mayoría de los sectores de la administración esta entre 300 y 400 pesos y no son acumulativos. Aunque el acuerdo no tiene un plazo de vigencia se entiende que el gobierno pretende al menos que llegue hasta marzo del año próximo. A esto se agrega el blanqueo de una suma fija de 150 pesos que se venía cobrando. Con todo, al cabo de nueve meses, el acuerdo no agregara, en promedio, más de 150 pesos al salario de bolsillo de los estatales (ni siquiera compensaran con esto la inflación de este año). “El gobierno anuncia que se trata de un aumento del 30% sobre los básicos”: una mentira total. La verdad es que los sueldos de bolsillo de un enfermero con diez años de antigüedad se incrementaran con el sueldo de junio 50 pesos, con el de septiembre 50 pesos y con el de diciembre, a cobrar desde principios de enero otros 50 pesos. ATE de Salta ha firmado este acta miserable. ¿Será este aumento trucho del 30% el que reclama ATE nacional? La firma del acta ha desatado el debate y el repudio en el hospital de Güemes que ha retomado la autoconvocatoria, también en el Hospital del Milagro cuya gremial fue la única que no firmo el acta y ha comenzado con asambleas autoconvocadas. Por otro lado, los judiciales se aprestan a rechazar una oferta similar, al cabo de la conciliación obligatoria y a retomar el plan de lucha (ver nota). Los docentes de la mano de la política de ATE docente levantaron su huelga en condiciones todavía peores y sufrieron el descuento de los días de huelga. Los recursos provinciales, sin embargo, están hoy ya por encima de un 30% de lo presupuestado y Romero se ha lanzado a la construcción de obras faraónicas como la autopista que une camino a San Lorenzo con camino a Colón por 90 millones de pesos que ni siquiera estaba en el presupuesto... La autoconvocatoria es nuevamente el camino para retomar la lucha, en el ejemplo y en los métodos de la gran huelga docente del año pasado hay que unir a todos los estatales por un básico de 1.000 pesos.

Acaba de celebrarse en Tucumán la Audiencia Pública para considerar el acta acuerdo firmada entre el gobierno y Telecom en marzo pasado. A principios de mayo, una audiencia similar había tratado en Mar del Plata el mismo asunto con relación a Telefónica. Los acuerdos son idénticos y constituyen un modelo de continuismo con la privatización menemista. La privatización de los servicios telefónicos —ahora ratificada— fue una “piedra angular” de toda la política de entreguismo de los noventa: “Allanó el camino para la renegociación de la deuda externa que impulsó Cavallo en el marco del Plan Brady”, dice un informe de la Universidad de Quilmes. La vieja Entel fue “vendida” por 5 mil millones de dólares, en bonos que se compraban por el 10% de su valor. La privatización se concretó bajo la forma de “licencia” y no de “concesión” para evitar así que se fijara un plazo de duración para los contratos; eran para siempre. Quedó consagrada inclusive una suerte de “extraterritorialidad” para los pulpos extranjeros, que tenían asegurados sus precios y beneficios por medio del ajuste automático con el índice de precios de Estados Unidos. Los pliegos originales comprometían al Estado a “garantizar” una rentabilidad mínima del 16%. Así, “la tasa de retorno calculada para los ejercicios 90/91 (10 meses) y anuales 91/92, 92/93 y 93/94, en un 41,3%; 42%, 42,4% y 36%, respectivamente, ha superado largamente la previsión de la garantía estatal”, admitía un informe de la Cámara de Comercio americana de 1995. “Emergencia económica” Luego de la caída de De la Rúa se aprobó la “ley de emergencia económica” que eliminó la “dolarización” de las tarifas y planteó “someter a revisión” el contrato original. Una parte del kirchnerismo, dirigentes de la CTA y también investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), contratados como consultores, plantearon la rescisión de los contratos. Invocaban la violación de diversos compromisos, que incluían inversiones no realizadas y lucros indebidos o fraudulentos: “rentas tecnológicas” por mejoras de productividad que no fueron trasladadas a los precios y “rentas de privilegio” por prerrogativas otorgadas por el Estado para el monopolio de la explotación del servicio. Quiere decir que el gobierno actual podía inclusive apoyarse en la legislación duhaldista para anular la privatización. En 2003, desde los propios despachos oficiales se amenazó con revisar la condición de la propia “licencia”, aduciendo que se trataba de una suerte de otorgamiento eterno de propiedad sobre el patrimonio público. ¿Qué hizo finalmente el gobierno? Pasó una esponja a todas estas críticas y aseguró la continuidad “sin plazo” de la explotación del negocio para los licenciatarios. ¿Alternativa? Las denuncias sobre los “incumplimientos” de las privatizadas volvieron a plantearse ahora en las audiencias de Mar del Plata y Tucumán. Las asociaciones de consumidores y la Defensoría del Pueblo pusieron de relieve el ocultamiento de beneficios recontramillonarios con diversas maniobras contables y estafas de todo tipo, como la de subestimar ganancias por la friolera de 1.400 millones de dólares en “pagos” no permitidos a las empresas “matrices”. Pero no dijeron que, con semejantes atropellos, hasta la legislación vigente permite plantear la anulación de los contratos. Lo que abundó en cambio en las audiencias fue el reclamo de una mayor “competencia”, de un nuevo “marco regulatorio” más “transparente”. En esto las organizaciones de usuarios fueron acompañadas por las corporaciones capitalistas que pretenden morder en el negocio. Es el caso de la mexicana Telmex y de gigantes de las comunicaciones por cable que quieren disputar a Telefónica y Telecom el manejo de la red para la transmisión de imágenes y datos, el próximo paso de una pelea multimillonaria. El vocero de Telecom denunció que Telmex monopoliza el 90% del negocio de la telefonía en México. Un planteo necesario La “competencia” o la desregulación trucha no es una variante para desmontar el monopolio a perpetuidad de los monopolios privatizadores. Hay que exigir la investigación y castigo a los responsables del saqueo derivado de la privatización y la nacionalización sin pago de esta industria bajo gestión de los propios trabajadores. Las empresas telefónicas no tienen a su cargo el proceso industrial de los satélites, las fibras ópticas y los aparatos celulares; son intermediarias entre la industria y el consumidor. No aportan nada tecnológicamente. El broche final: las “audiencias públicas” no tienen ningún carácter vinculante para el Poder Ejecutivo. El testimonio de la Audiencia y las “Actas”... van ahora al Parlamento... que tampoco puede discutirlas: sólo puede aprobar o rechazar lo firmado. Y ni siquiera eso: basta que la mayoría kirchnerista bloquee cualquier discusión para que a los sesenta días el acuerdo quede “con fuerza de ley”, aprobado de manera ficta (tácita), lo cual es inconstitucional. Kirchner ha salvado el principal negocio privatizador y endeudador del menemismo.

En Escobar hemos conformado una importante lista para las próximas elecciones del Suteba; junto a Tribuna Docente se nuclean destacados compañeros independientes: maestros y profesores, reconocidos en el distrito por protagonizar las luchas más importantes contra la Ley Federal menemista, así como en defensa de sus escuelas contra los cierres de cursos, las rebajas de ruralidad y las luchas contra los actos públicos digitados por funcionarios locales y amparados por la burocracia sindical. La Rosa está ganando un espacio como única salida seria en estas elecciones para recuperar Suteba Escobar para los trabajadores docentes: fuimos la lista que más avales juntó para su presentación. Hemos colocado cientos de volantes con nuestras propuestas de lucha por $ 1.000 para el cargo testigo, por un sindicato que funcione y nombramiento de cargos, incluyendo un EOE por escuela (un tema muy sentido en la zona). Aparecimos en el canal local (presentando a nuestros candidatos), en varias radios zonales y en el diario más importante del distrito. Tuvimos la presencia en la localidad de Amelia García, candidata de la lista provincial antiburocrática Violeta-Rosa-Roja, de la que nuestra lista seccional forma parte. Hemos vendido más de 40 revistas de Tribuna Docente en el recorrido sumando al debate de la necesidad de echar a la burocracia a las escuelas. Vamos avanzando así en esta campaña con el reconocimiento de los compañeros que nos acercan propuestas y denuncias y se van anotando como fiscales, para defender el voto de cualquier fraude. Frente a los que hasta ayer formaron parte de la directiva, avalando las consultas tramposas, los aumentos truchos y los arreglos a espaldas de las bases docentes, apostando al completo vaciamiento del sindicato y a los oportunistas que posan de luchadores, declamando unidad mientras ocultan sus votaciones y acuerdos con la burocracia azul-blanca-celeste. La Rosa es la salida para tener un sindicato que luche por los docentes y con los docentes.

Los concejos deliberantes de Salta y de la ciudad de Tartagal han aprobado, a iniciativa del Bloque del Partido Obrero, un proyecto que reclama la nacionalización sin indemnización de los recursos hidrocarburiferos bajo control obrero. El PO está planteando este debate en todos los ámbitos, lo hizo el pasado martes en la Cámara de Diputados manifestando el contraste entre la decisión de Evo Morales en Bolivia (que se apresta a recuperar el 82% de la renta del gas y petroléo), frente a Romero en Salta, con la adjudicación de nuevas áreas en exploración de hidrocarburos en la Provincia, vía por la cual se profundizará el saqueo, ya que las petroleras liquidarán entre un seis y un doce por ciento de regalías. Proyecto de Resolución Visto: La decisión del gobierno de Bolivia de nacionalizar los recursos petroleros y la simultánea convocatoria a adjudicación de nuevas áreas en exploración y eventualmente en producción de hidrocarburos en la Provincia de Salta. Y considerando Que las consecuencias de la privatización petrolera de la década pasada han sido nefastas en todos los sentidos. Fruto de la ausencia de inversiones y exploración de las concesionarias, se ha reducido a la mitad las reservas disponibles y el país está amenazado de tener que importar crudo en tres años y gas en cinco. Que las compañías han desenvuelto una explotación parasitaria de las inversiones realizadas por años por el Estado nacional imponiendo la masiva pérdida de puestos de trabajo y la destrucción de las conquistas laborales de los trabajadores petroleros. Que los precios internacionales de los hidrocarburos están en el nivel más alto de la historia. Que las concesiones realizadas en el marco de la Ley 17.319 habilitan un saqueo liso y llano de los recursos con compañías que apenas liquidan de un 6% a un 12% de regalías de un volumen de producción completamente subcalculado y sin que exista control alguno de parte del Estado. Que de este modo la renta petrolera se va casi en su totalidad de la provincia e incluso del país fugando los capitales indispensables para cualquier política de desarrollo y planificación económica que pueda industrializar el recurso, crear fuentes de trabajo y financiar la gran obra pública necesaria para paliar el déficit en materia de viviendas, salud, educación e infraestructura. Que, en resumen, la política de entrega del recurso petrolero ha sido y es la principal fuente de empobrecimiento de los trabajadores y el pueblo de Salta. Que la decisión del gobierno boliviano al nacionalizar el petróleo es el resultado, obligado, de una política de privatizaciones similar a la de la Argentina que condujo a este pueblo hermano a una situación sin salida y a la rebelión popular para exigir la nacionalización del gas y la recuperación de la renta petrolera. Que la convocatoria a licitación pública para la exploración y explotación de las áreas “Tartagal Oriental”, “Hickman”, “Morillo”, “La Unión” y “Malvalay” por parte del gobierno de la provincia se hace en el mismo marco legal que llevó a la privatización petrolera de la década pasada y hasta es probable que queden en manos de los mismos grupos empresarios que han llevado a la actual crisis de reservas y fuga de divisas. Que hoy se discute en el país la posibilidad de que el gobierno vaya en ayuda de la compañía Repsol capitalizándola con recursos del Estado en lugar de una política de nacionalización del recurso para recuperar el patrimonio del que se ha despojado al país en estos años de concesión. Por ello, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA. EN REUNION, HA ACORDADO Y RESUELVE: Art 1.- Reclamar la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos sin indemnización y su explotación por administración estatal bajo control de los trabajadores. Art 2.- Exigir al gobierno provincial la anulación de la convocatoria a licitación publica para la entrega de nuevas áreas petroleras en la provincia. Art 3.- De forma.

Acabo de recibir un mail con una larga lista de artículos (incluyendo uno de El Bolsón) que no tuvieron cabida en el último número de Prensa Obrera, junto a la solicitud de actualización para su eventual inclusión en la próxima edición. Paralelamente acabo de leer, en la página web del Partido, otra importante cantidad de artículos que no “entraron” en la edición en papel pero sí se incluyen en la electrónica. La sola enunciación de los títulos de ambos listados da una pauta de la enorme cantidad de valiosa información (y formación) políticas que número a número deja de publicarse por falta de espacio... un precio que inevitablemente debe pagar un partido vivo, activo en la lucha de clases, como el nuestro... Entiendo que resolver, semana a semana, qué artículos “entran” y cuáles quedan “afuera” es una difícil elección (¡otra que Pekerman!) y que habrá argumentos muy válidos para tomar las resoluciones pertinentes. Sin ánimo de polemizar con lo por ustedes resuelto quiero abogar particularmente por la inclusión, en el próximo número, del artículo de Carola “Mapuches, los presos de Bachelet”. La lucha del pueblo mapuche, de su juventud, en Chile, es seguida y acompañada muy estrechamente en la región andino-patagónica. Existe una lucha común, por reivindicaciones comunes, que se libra a ambos lados de la cordillera. En Bariloche, decenas de jóvenes mapuches y no mapuches tomaron primero el Consulado de Chile y cortaron posteriormente el paso internacional “Samoré”. Nuestro partido de El Bolsón acompañó la protesta (adjuntamos artículo). En Mendoza, Comodoro Rivadavia y Neuquén -hasta donde sé- se realizaron actos y movilizaciones frente a los consulados de Chile. Idem frente a la embajada en Capital. Actualmente estamos empeñados, desde El Bolsón, en “abrir” el trabajo partidario en Bariloche y Esquel; tarea imposible de encarar sin considerar las luchas de los pueblos originarios, sin levantar sus reivindicaciones actuales y bregar para fusionarlas con las del conjunto de los trabajadores. En este marco, el artículo de Carola tiene una gran importancia, más aún cuando la provincia de Chubut anunció nuevos cateos mineros afectando comunidades indígenas de la zona (va artículo); cuando la provincia de Río Negro licita ¡en Houston! nuevas áreas petroleras afectando también comunidades mapuches; cuando las mineras y petroleras y los Benetton, los Turner y los Lewis se vienen con todo y por todo (tierras, aguas y recursos) y los gobiernos provinciales y comunales absolutamente cipayos se aprestan a modificar sus Cartas Orgánicas (El Bolsón, Bariloche) para adecuarlas a una entrega absoluta. Sugiero publicar en el PO N° 947 el artículo de Carola, junto a los artículos de la región. Un abrazo, compañeros.

Nada ilustra mejor el carácter social del gobierno municipal que la reciente decisión de concretar un nuevo boletazo, a instancias de los intereses de los empresarios del transporte nucleados en la Ametap respaldados por la burocracia de la UTA. Ferraresi (Ametap) acaba de afirmar que los costos “no le dan”, que las tarifas diferenciales afectan de manera nociva al margen de ganancias que “debería” tener; pretenden, en definitiva que se naturalice el hecho de pasar al costo del boleto las cargas determinadas por los aumentos salariales acordados en paritarias con el gobierno para los trabajadores del sector. Su reclamo inicial era, precisamente, llevar el boleto plano a 1,20 pesos y terminar con los distintos tipos de pases. El boleto aumentó un 40% en el curso de un año. La perspectiva de futuros aumentos y del fin de las tarifas diferenciales están a la orden del día. El secretario de Gobierno, Oscar Pagni, declaró que la búsqueda de los fondos que el gobierno nacional utiliza para subvencionar a las empresas de transporte, “puede servir para amortiguar un futuro aumento” (La Capital, 5/5). El miércoles 17 se llevó a cabo una marcha a la Municipalidad, la primera manifestación de repudio ante el boletazo. La respuesta del poder político fue una impresionante represión policial, en momentos en que la manifestación estaba concluyendo. La represión pone de relieve el temor que gobierno, empresarios y burocracia tienen a la movilización popular. Lo sucedido el año pasado debe servirnos para notar que el triunfo obtenido (que no sacaran los pases) fue parcial: en la medida en que la administración del transporte siga en manos de los empresarios, los boletazos y el quite de los pases serán amenazas constantes. Tenemos que lograr de una vez y para siempre que el servicio de transporte público de pasajeros sea eso y no un negocio de pocos, a costa del bolsillo de los marplatenses. Las movilizaciones van a continuar con las características que le van a agregar los estudiantes secundarios que comenzaron a organizarse en contra del boletazo y por el pase a 0,10 peso.

Versión completa de la entrevista a Jorge Altamira que fuera publicado de manera amputada en Pagina 12 del domingo 22 de mayo. —¿Qué balance hace de los tres años de gestión de Néstor Kirchner? —No se percibe ninguna transformación de la organización social que entró en bancarrota a fines de 2001. A pesar de la reactivación económica, la deuda pública es un 90% del PBI y crece vegetativamente unos 6.000 millones de dólares al año por la parte de ella que se ajusta por inflación. La población por debajo del nivel de pobreza es, aproximadamente, del 40%, y la desocupación y la subocupación afectan, por lo mínimo, al 25% de la población activa —unas tres millones de personas. La mitad de los asalariados gana por debajo de la canasta básica, mientras que la mayoría de las jubilaciones oscilan en torno a la canasta de indigencia. Sigue en pie el régimen de precariedad laboral, mientras continúa la degradación de la educación y la salud públicas; la polarización social se ha acentuado. Se nota, en la cuenta de ganancias de los capitalistas, el empeño puesto por el gobierno en priorizar la “reconstrucción de la burguesía nacional”. Pero incluso aquí el balance es todavía provisorio, pues sigue la extranjerización económica y la deuda externa privada continúa amenazando a varios pulpos capitalistas. —¿Hay algo que se pueda rescatar de la gestión de Kirchner? —Históricamente, los gobiernos como el de Kirchner realizan aportes invalorables, a pesar suyo, a la evolución política de los países. Las crisis de las cuales emergen los obligan a gobernar con una elevada dosis de activismo, o sea que politizan aún más la vida social. Despiertan curiosidad y hasta inquietud en aquellas masas hasta el momento pasivas. Esto acrecienta las oportunidades de desarrollo de las fuerzas socialistas, si toman el cuidado de delimitarse de este tipo de gobiernos capitalistas y si son capaces de criticarlos rigurosamente. —¿Por qué todavía no existe una oposición consolidada? —Por la misma razón que no existe un oficialismo consolidado; a nadie se le escapa que es una colección disparatada de retazos, que incluso ha sufrido la caída de dos gobernadores y dos intendentes (Capital y Bahía). O sea, porque estamos en una etapa de transición. El gobierno quiere apoderarse del costado izquierdo del escenario, no solamente atacando a la derecha (con la cual hace los mejores negocios) sino por sobre todo cooptando dirigentes populares. De lo que se trata es de desarrollar una oposición obrera y socialista para poner al gobierno en su verdadero lugar, el de la defensa del capital.

Estación Boulogne. Camino a la marcha del martes 16. Una veintena de compañeras y compañeros de Polo Obrero de Villa Jardín esperamos el tren. Un gendarme detiene a una pareja de adolescentes. Le pega una cachetada al varón. Rápidamente corremos a socorrerlos. Quiere llevarlos detenidos. Increpamos al gendarme reclamando que lo deje en libertad. Policías y más gendarmes corren a socorrer al gendarme. No dudamos. Le sacamos de la mano al joven y le decimos que se vaya. Gendarmes y policías no pueden hacer nada. Nos costó no expresar nuestra alegría frente a ellos. Frente a la represión estatal, organización de masas de la juventud.

A pesar de que el intendente “Coco” Barberá logró imponer el presupuesto gracias a la borocotización del concejal Acosta, del Partido por la Victoria, la lucha continúa. Los trabajadores municipales vienen realizando masivas asambleas donde se debate sobre el presupuesto municipal. La última asamblea realizada el viernes 19 de mayo, ha tomado una importante resolución: reclamar al Ejecutivo municipal un básico de 840 pesos y el contrato o la incorporación a la planta de los 211 changarines que trabajan en el Municipio. Una respuesta contundente para el intendente que consagró un presupuesto donde no hay un solo peso para los salarios de los municipales, pero sí para el suyo y el de sus funcionarios, y donde sostiene el trabajo en negro de los changarines, quienes entre otras cosas garantizan la recolección de residuos. Los trabajadores del Municipio están dando un tiempo a “Coco” hasta el miércoles 24 para que responda al petitorio. Si no lo hace, van al paro. Ante esto, el gremio municipal hace mutis, en defensa del Ejecutivo municipal. El gobierno de Barberá enfrenta un gran repudio popular por haber vetado las modificaciones del presupuesto que establecían aumentos para los municipales y un fondo para becas estudiantiles en cumplimiento de una ordenanza surgida por iniciativa del PO. También el repudio es masivo ante las provocaciones de los punteros del PJ a los concejales de la oposición, principalmente a Josefa Cardozo, concejal del PO. El intendente enfrenta una enorme crisis política. El actual presidente del Concejo Deliberante puso en el tapete la interna pejotista al constituir el monobloque “Wayar conducción” (Wayar es el vicegobernador, que está en la pelea por suceder a Romero). Las denuncias de casos de corrupción sobre los funcionarios de la Intendencia son un puntal más de la crisis. Ni la visita de Romero a la localidad para anunciar obras ha podido destrabarla. En medio de esta crisis el PO ha ganado una importante autoridad política, que viene creciendo desde la lucha contra el Ingenio El Tabacal por el trabajo infantil y el trabajo en negro, cuando quisieron expulsar a Cardozo del Concejo. Pero el Partido Obrero y el pueblo de Orán tienen aún un enorme desafío. Organizar a las barriadas por la obra pública y la regularización de los terrenos y a los estudiantes en defensa de un plan de becas, como pasos importantes para ir acabando con el gobierno de las camarillas.

En la semana del 8 de mayo, pasé por la Facultad de Derecho y me alegró ver la mesita del PO con algunos materiales. No había cartel identificatorio ni del PO ni de la UJS, como sí lo tenían todas las demás agrupaciones. Me alegró pensar que tal vez esa ausencia era una gran demostración de la fuerza de las ideas del Partido, que no necesitan publicidad para incorporarse al sentir de la juventud que circulaba en los pasillos. Tal vez fuese una manera de destacarse. Una hora y media después, pasé y vi que alguien estaba sentado encima de esas prensas, y que dos personas estaban parados frente a la mesita, como escondiéndola. Entonces, me acordé del libro “El Principito”, cuando decía que lo esencial es invisible a los ojos. (14/5) Nota de la redacción: Supone mos que la intención del lector es buena, a pesar del tono irónico de la carta. Lamentablemente, lo que él no sabe es que en la semana a la que se refiere el PO de Derecho había sufrido un atentado donde habían "reventado" su armario y sustraido todos sus materiales.

El Partido Obrero Revolucionario, sección chilena de la CRCI, frente a la lucha del pueblo mapuche por sus tierras, territorio y autonomía, declara lo siguiente: 1. La actual lucha mapuche responde a la histórica resistencia que este pueblo ha dado desde la constitución del Estado chileno en defensa de sus territorios ancestrales y a la no aceptación del sometimiento político, económico, religioso y militar que Chile ha cometido en contra de ese pueblo desde sus instalación como Estado en este territorio. 2. Que la aplicación de la ley antiterrorista por parte de este Estado chileno capitalista en contra de dirigentes del pueblo mapuche en su legítima defensa por sus tierras y territorios ancestrales, responde única y exclusivamente a resguardar intereses económicos de los monopolios nacionales e internacionales, que durante décadas han saqueado, sobre-explotado y privatizado los recursos naturales de las comunidades indígenas en el sur del país. 3. Que los cuatro prisioneros políticos mapuches, quienes por más de 60 días se han mantenido en huelga de hambre, es el resultado de la sobre-explotación y privatización de sus tierras, además de la persecusión política en su contra por parte de capitales monopólicos nacionales como Forestal Mininco, en complicidad y total acuerdo con el gobierno de la Concertación. 4. La última negociación que el gobierno de la Concertación ha hecho con los huelguistas mapuches señala que con sólo la voluntad de veinte votos del parlamento, los prisioneros políticos obtendrían su libertad condicional. Sin embargo, esto no modifica en nada la precaria condición en que viven las comunidades y familias mapuches ni mucho menos resolverá el agravamiento de la privatización de los territorios mapuches. 5. El Partido Obrero Revolucionario saluda con respeto la digna y heroica lucha política y de resistencia que a través de su huelga de hambre han llevado adelante la hermana Patricia Troncozo y los hermanos Juan Huenulao, Patricio Marielo y Jaime Marileo por la libertad del pueblo mapuche y de sus hermanos dirigentes, quienes hoy son perseguidos políticos del gobierno chileno y a quienes se ha condenado a diez años y un día, aplicándoseles la ley antiterrorista. 6. El Partido Obrero Revolucionario respalda la decisión revolucionaria de los presos políticos mapuches de exigir la libertad o la muerte, y considera que tal resistencia responde a los históricos despojos de sus ancestrales territorios, de su cultura, de su cosmovisión y su historia como pueblo. Frente a esta legítima resistencia que hoy levanta el pueblo mapuche, el Partido Obrero Revolucionario se compromete, hace un llamado a continuar la lucha, y exige: Libertad inmediata y sin condiciones a todos los presos políticos mapuches. Anulación de la ley antiterrorista que sólo beneficia a los intereses capitalistas Esclarecimiento, juicio y condena para los culpables de la muerte de los luchadores mapuches como Alex Lemun y Luis Lican Expulsión de las transnacionales del territorio ancestral mapuche.

Algunas semanas atrás, el Banco Bilbao Vizcaya (BBVA), uno de los mayores de España, dueño del Banco Francés en Argentina, se convirtió en el “primer accionista” de la Telefónica española. Para llegar al tope el BBVA sólo necesitó acumular algo más que... el 6% del total del paquete accionario. Pero, entonces, ¿quién es el dueño real de Telefónica? El 80% se encuentra en manos de inversores de Bolsa, o sea, los fondos de inversión internacionales (norteamericanos). El BBVA es un testaferro de los fondos. Lo que sucede con Telefónica no es la excepción sino la regla de las llamadas empresas de servicios. Telefónica forma parte de uno de los negocios de mayor expansión en los últimos años. Una vez que se apruebe este acuerdo bochornoso, Telefónica (y Telecom) enfrentará el siguiente “round”: el nuevo “marco regulatorio” que permitirá el uso de la “red” para transmisiones de video e internet. El gobierno de la “burguesía nacional” es un títere de los más conspicuos representantes del capital “transnacional”.

El miércoles 17 de mayo, una importante columna del Polo Obrero de 150 compañeros de distintos barrios de la ciudad, se movilizó hacia la Secretaría de Promoción Comunitaria de la Provincia y Promoción Social de la Municipalidad. El reclamo fundamental estaba centrado en el inicio de la campaña por los puestos de trabajo genuinos y en una serie de reclamos específicos (ayuda alimentaria, aumentos de subsidios para los comedores, etc.) que estaban siendo postergados por parte de los gobiernos provincial y municipal. Prácticamente se produjo la ocupación de la Secretaría de Promoción Comunitaria, cuyos responsables se negaban a recibirnos, pero ante la fuerza de los compañeros accedieron a mantener una entrevista. Posteriormente la columna se dirigió hacia Promoción Social de la Municipalidad, donde fuimos atendidos. Con esta jornada hemos logrado arrancarle gran parte de los reclamos postergados y está planteado profundizar la campaña por arrancarle los puestos de trabajo genuinos en la obra pública, por lo que en cada barrio se están organizando para avanzar con el empadronamiento por oficios y en garantizar nuestra presencia en el próximo Congreso del Polo.

En la primera semana de trabajo con el periódico Nº 945, que destaca la intervención del PO en la Constituyente, superamos los 1.000 ejemplares colocados entre piqueteos, venta en mano y suscripciones. Las actividades especiales permitieron un salto de la venta. Los piqueteos casa por casa, con nuevos compañeros vendedores, permitieron que diversas zonas colocaran numerosas prensas: en Leales, 60 ejemplares, en los barrios Giachino, Salvador y Crucero, 70; en Bº Costanera, 40; en el sur se llegó a 250. Entre las manzanas cercanas a la sede central se colocaron más de 50 prensas. En la peatonal, con megáfono denunciando a Alperovich, se colocaron cerca de 100 prensas. En la marcha a la Constituyente se vendieron más de 50. Frente al intento de Alperovich de monopolizar los medios de comunicación y censurarnos, la venta de nuestro periódico es una tarea esencial.

El viernes 19 por la tarde, inmediatamente después de que se anunciara el ingreso del Partido de la Refundación Comunista al gobierno del imperialismo italiano, los siete representantes de Progetto Comunista en el Comité Político Nacional (CPN) del PRC presentaron su renuncia y lanzaron un llamamiento a la construcción de un Partido Comunista de los Trabajadores, al que definieron como “un partido de oposición a las clases dominantes y sus gobiernos (...) basado en el marxismo revolucionario”. La ruptura de Progetto Comunista con el PRC es el resultado de un largo debate político. En los últimos quince años, Progetto Comunista constituyó la principal oposición de izquierda dentro del PRC. En enero pasado, la Conferencia Nacional de la AMR votó la ruptura, señalando que el ingreso del PRC al gobierno imperialista que formaría Prodi, significaba liquidar al PRC como un partido que englobaba a una parte de la vanguardia obrera italiana. La resolución aprobada en la Conferencia llamaba a luchar “hasta el último momento posible” contra el ingreso del PRC al gobierno y establecía que, en el caso de que el PRC ingresara al gobierno, Progetto Comunista rompería con el PRC para llamar a construir un nuevo partido comunista. La renuncia de los integrantes de Progetto Comunista al PRC da cumplimiento a la resolución de su Conferencia Nacional. Una minoría de esa Conferencia (encabezada por Francesco Ricci), que votó la ruptura propuesta por la mayoría, divulgó maliciosamente la “información” de que la mayoría de Progetto Comunista pretendía seguir con Bertinotti y Prodi. Esta campaña mentirosa ha encontrado en Argentina difusores acostumbrados al trabajo sucio. El “caso Ferrando” Inmediatamente, después de la Conferencia de Progetto Comunista, la dirección del PRC aceptó que distintos dirigentes de su oposición interna fueran candidatos en las listas para las elecciones. Marco Ferrando, principal dirigente de Progetto Comunista, fue designado candidato a senador. Se trataba de una conquista democrática, ya que las oposiciones a Bertinotti representaron el 41% de los delegados en el último Congreso del PRC (la representación de las oposiciones, sin embargo, era enormemente limitada). Marco Ferrando y la mayoría de Progetto Comunista pretendían anunciar la ruptura desde el Senado si el compañero era electo. La aceptación de la nominación de Ferrando, en función de la preparación de la ruptura con el PRC, permitía darle una mayor amplitud al rechazo de Progetto a ingresar en el gobierno de Prodi y a su llamado a construir un nuevo partido. Pero Marco Ferrando no llegó a ser candidato. Su candidatura fue anulada por Bertinotti como consecuencia de una campaña política de la burguesía italiana, desde la derecha (Fini) a la izquierda (D’Alemma), pasando por Prodi y los principales diarios italianos. Se lo acusaba por defender el derecho del pueblo iraquí a rebelarse contra sus ocupantes (entre ellos, el ejército italiano) y por denunciar a los intereses imperialistas italianos en Irak. A esta campaña burguesa e imperialista contra la candidatura de Ferrando se sumó el pequeño grupo que había roto con Progetto Comunista en la Conferencia de noviembre, acusándolo de disimular, con la campaña de apoyo a la resistencia iraquí, una intención de votar a favor de la asunción de Prodi (¡!). El gobierno Prodi-Bertinotti El PRC ha entrado a un gobierno declaradamente hostil a los trabajadores, a sus conquistas y a los pueblos oprimidos del mundo. “El PRC —dice la Carta de renuncia de los miembros de Progetto Comunista en el Comité Político del PRC— ha concluido su parábola entrando a un gobierno que niega todas las razones sociales que el partido ha recogido y todas sus banderas de fundación: un gobierno encabezado por el máximo tutor de la Europa de Maastricht (Romano Prodi fue durante muchos años secretario de la Comisión Europea), basado en una coalición orgánica de alternancia, en un programa de concertación y de ‘alianza leal con los Estados Unidos’. Un gobierno sostenido por la Confindustria (la central patronal) y los principales bancos italianos. Un gobierno que se presenta, no por casualidad, con el anuncio de una política económica de sacrificios, de un enésimo reforzamiento de las misiones militares, empezando por la de Afganistán y la adhesión a la política de la Unión Europea de boicot a la Autoridad Palestina y al pueblo palestino”. En Italia es necesaria una oposición comunista, de clase, al gobierno de la Confindustria, los banqueros, el centroizquierda y Bertinotti. Hacia un nuevo partido comunista “Es necesario —dice la carta de renuncia de los dirigentes de Progetto Comunista— relanzar una oposición socialista de masas (...) Es necesaria una oposición radical que sostenga sin reservas las luchas populares (...) que una las luchas de los trabajadores en Italia a la lucha de los pueblos oprimidos por el imperialismo (...) Sólo sobre el terreno de la lucha de clases es posible reabrir el desarrollo de una alternativa anticapitalista (...) Que lo será si nacionaliza la gran industria y la banca bajo el control de los trabajadores y de las masas populares (...) si reorganiza a la sociedad sobre nuevas bases, asegurando la toma del poder por los trabajadores (...) si se apoya en una perspectiva socialista internacional...”. Este llamado a la construcción de un nuevo partido comunista de los Trabajadores está dirigido a todos los militantes del PRC que se oponen a la entrada de su partido en el gobierno del imperialismo y, también, a todos los militantes de los sindicatos y los movimientos sociales (muchos de los cuales fueron militantes del PRC) que se oponen al gobierno de centroizquierda. Es un llamado a reunir en el plano político, de la lucha de los partidos, el conjunto de luchas y movilizaciones en las que deberán empeñarse los explotados italianos frente a los ataques del gobierno de la centroizquierda. Para el 18 de junio está convocado un acto político en Roma, que pondrá en marcha el desafío de construir este partido.

La pauperización de los salarios de muchos trabajadores, así como la miseria de los planes de empleo, ha llevado a la juventud a desertar de las escuelas. La desocupación, la miseria y la falta de políticas para sostener a los jóvenes en las escuelas es parte de un gran negocio: la explotación de la juventud. Jóvenes, algunos de 12 años, trabajan en sus domicilios para el calzado o la industria del vestido; lo hacen muchas horas al día, a veces para ganar 100 pesos al mes. En el caso de los varones, los contratistas los hacen deslomarse como ayudantes de albañil. El trabajo de adolescentes y de jóvenes nos plantea organizar a la juventud para dar lucha por el derecho al estudio y contra la explotación, exigiendo becas para los jóvenes de las familias trabajadoras. Así podrán defenderse de K-De la Sota, que los mantienen en la miseria y la indigencia, y que ya son responsables de la muerte de seis niños en Buenos Aires por hacer trabajar a sus padres en condiciones de esclavitud. No queremos esto para los jóvenes de Córdoba, ni de ningún lado. Nuestros hijos tienen derecho a la educación. No permitamos que se la quiten los represores de este sistema.

Andrea Viera fue detenida el 10 de mayo por “averiguación de antecedentes” y brutalmente torturada en la Comisaría 1a. de Florencio Varela. El 22 de mayo falleció a causa de las golpizas recibidas. El 12 de junio, finalmente, y después de cuatro años de lucha, comienza el juicio oral, pero las irregularidades e injusticias continúan. A días del juicio, repentinamente, “desaparecieron” las pruebas de la autopsia que comprometen a los policías implicados. Por otro lado, la cúpula policial de la Comisaría 1a. en 2002, el comisario José Sita y Rafael Ominelli, no sólo no fueron inculpados en el caso, sino que fueron premiados con ascensos. Mientras, la principal responsable del caso, Marta Oviedo goza de prisión domiciliaria, la cual por testimonios de vecinos, viola continuamente. Por eso decimos: Juicio y castigo a todos los culpables. No a las cárceles VIP y prisiones domiciliarias. Que se investiguen todas las irregularidades de la causa. Basta de tortura y gatillo fácil por la Policía.

El sábado 20 se realizó la primera reunión de vecinos, con el objetivo de conformar la comisión. Asistieron unos 25 vecinos; E. Belliboni, de la Mesa Nacional del Polo Obrero, los compañeros encargados del desarrollo del proyecto, y un grupo de profesionales, quienes serán los encargados de coordinar el trabajo en la sala. Todavía con las obras sin concluir, el Centro Comunitario contrasta con el resto del barrio, con varias viviendas en estado precario, con dos campos de varias manzanas cada uno, que son tierra de nadie, con un zanjón donde se levantan olores y vapores pestilentes. Esta situación alentó a los vecinos que, entusiasmados con el proyecto y las ideas del Polo, plantearon ellos mismos recorrer el barrio para hacer correr la voz y traer a más vecinos para que conozcan el Centro. El lugar será utilizado como una sala de primeros auxilios, lo que plantea la lucha para que el Estado la reconozca oficialmente y provea los medicamentos, insumos y profesionales necesarios. Toda una lucha que dejamos planteada en la reunión. Además servirá como un espacio cultural, de entretenimiento y de reunión para todo el barrio, desde los niños hasta los abuelos y jubilados. El comedor popular, con todos los comensales sentados, también tiene su espacio garantizado. Luego de un breve informe, los vecinos plantearon la situación de abandono a que son sometidos por parte del Municipio, el vaciamiento de la Sociedad de Fomento, y su utilización como un coto cerrado de los punteros. Lo que nos llevó a acordar en elaborar un plan de acción. La concreción de este emprendimiento es un reconocimiento a la lucha destacada del Polo Obrero, por su programa y por su condición de organización tanto de obreros desocupados como de ocupados, y un paso muy importante para toda la organización. Encarna nuestro planteo de tomar las reivindicaciones de los más amplios sectores de la masa explotada, también en el terreno barrial, cultural. Marcelo Arias militaba en Polìtica Obrera, la organización que luego tomaría el nombre de Partido Obrero. Fue secuestrado por personal de las fuerzas de seguridad el 6 de marzo de 1978 en la puerta de la fábrica Deutz, donde trabajaba.

Unos 500 compañeros y compañeras del Partido Obrero y el Polo Obrero se movilizaron el pasado lunes 22 para repudiar la Convención Constituyente y apoyar la lucha que en ella llevaban adelante nuestros convencionales. Los cantos expresaban el sentir de gran parte de la población tucumana: "Qué truchada, qué truchada, para los negociados, la reelección garantizada"; "Alperovich, Alperovich, cuanta plata te costó, la Constituyente trucha, que vota la reelección"; "Que papelón, la gran estafa que fue esta convención". En la puerta de la Legislatura, hablaron Martín Correa y Daniel Blanco sobre la lucha que el PO desenvolvió en el recinto. Luego la columna se movilizó por las calles céntricas en donde recibió numerosas muestras de simpatía. Al llegar a la plaza denunciamos el accionar del gobierno y la policía que se dedicó, como tarea prioritaria, a despegar los carteles del PO el fin de semana. Como cierre habló el compañero Marcelo Ramal, quien marcó la importancia de la acción que el partido de Tucumán está desenvolviendo, y que la misma forma parte de una actividad a nivel nacional por la construcción de una alternativa obrera y socialista.

En la última edición de Alternativa Socialista, el MST-Unite dedica una página entera a entrevistar a Valerio Torre, dirigente del grupo que rompió con Progetto Comunista en la Conferencia Nacional de noviembre pasado. El reportaje deja ver la despolitización de este grupo: interrogado acerca de los motivos de la ruptura, Torre no acierta a mencionar una sola divergencia política concreta. En unos pocos párrafos, Torre se contradice brutalmente: primero dice que se retiraron porque la dirección de Progetto Comunista intentaba transformarla “en una organización laxa, en la cual venía de hecho a desaparecer cada distinción entre militantes y simpatizantes” para afirmar, inmediatamente, que Progetto Comunista “está encerrada en la propensión al liderismo carismático en una estructura hipercentralista”. Además de violentar el lenguaje, Torre violenta la lógica. La “explicación” recae entonces en una supuesta “impostura de tipo caudillista” de los dirigentes de Progetto Comunista. El entrevistador no considera necesario interrogar a su entrevistado acerca de en qué se manifestaría este “caudillismo” o cuáles serían sus raíces y consecuencias políticas. Torre, por su parte, no se considera en la obligación de explicarlas. La redacción de Alternativa Socialista llega al ridículo cuando, en una nota de opinión, intenta explicar lo que Valerio Torre no explica: por qué rompieron con Progetto Comunista. Dice que “los compañeros se negaron a ser parte de un gobierno imperialista de centroizquierda”. La “explicación” es una canallada, porque fue la mayoría de Progetto Comunista la que presentó el informe que planteaba la ruptura con un gobierno de Prodi; el autor del texto era Marco Ferrando. En efecto, Progetto Comunista rompió con el PRC cuando éste ingresó al gobierno de Prodi, cumpliendo al pie de la letra la resolución de la Conferencia de la cual se retiraron Valerio Torre y sus amigos. Con todo, para caracterizar exactamente al grupo al que pertenece Valerio Torre, el punto verdaderamente importante del reportaje es su afirmación de que, durante su corto período como candidato a senador, “Ferrando siempre respondió evadiéndose, atrincherándose detrás de vergonzosas fórmulas”. Si algo no hizo el candidato Marco Ferrando fue “evadirse”... Ferrando denunció públicamente los intereses del imperialismo italiano en Irak, la opresión del pueblo palestino y el derecho del pueblo iraquí a rebelarse contra sus ocupantes (incluidos, naturalmente, los italianos). Por esa razón, la burguesía italiana se unió, de derecha a izquierda, para exigirle a Bertinotti que anulara su candidatura. Bertinotti lo hizo y los amigos de Valerio Torre convalidaron en la comisión de disciplina del PRC la anulación anti-estatutaria de la candidatura de Ferrando. Valerio Torre habría podido explicar a los lectores argentinos por qué no defendieron la candidatura de Ferrando frente a los ataques de la burguesía y de Bertinotti. En otras palabras, habría podido explicar por qué su organización está “encerrada en la propensión” a ocupar la misma trinchera con los opresores de Irak contra Ferrando, defensor del derecho de los iraquíes a rebelarse contra sus opresores. El entrevistador del MST tampoco consideró necesario formular una pregunta tan relevante.

En la última campaña proselitista, el ex gobernador Angel Rozas proclamó a los cuatro vientos que durante su gestión logró disminuir considerablemente el analfabetismo y la desnutrición infantil. ¡Totalmente falso! La desnutrición infantil se ha acentuado considerablemente, con otros agravantes. Desde el mismo momento de la concepción, en el vientre materno. Al quedar excluidos de este sistema, la clase trabajadora (proveniente de la cultura del trabajo, con una alimentación de carne y otros nutrientes), pasó a formar parte de la "cultura de la desocupación y el hambre". Menem, Rozas, Duhalde, Cavallo, De la Rúa, Kirchner, Nikisch, etc., etc. "katrinizaron" nuestra provincia con la desocupación, la represión y el hambre a través del pago de la deuda externa, las privatizaciones, los subsidios a los grandes capitales extranjeros, favoreciendo así a la patria exportadora. Esta es la razón por la que millones de mujeres de la clase obrera, en edad fértil, presentan cuadros serios de desnutrición, así como también en nuestros mayores, abuelos desnutridos para los cuales no hay ninguna política alimentaria-sanitaria en serio. Triste es ver el paisaje cotidiano en las barriadas obreras donde "Todos somos Chaco". Niños y adultos con aspecto famélico, hacinados en sus humildísimas viviendas, sobreviviendo sin la perspectiva de cambios. A más de 10 años de gobierno de la Alianza, crecen fatalmente la desocupación y la pobreza; el flagelo de la desnutrición agrega dos nuevos factores: la obesidad de la pobreza y la anemia crónica, a consecuencia del consumo de grasas e hidratos de carbono que contienen los alimentos más baratos y poco o ningún consumo de hierro, zinc, vitaminas B y C, y la ausencia de frutas en la dieta. La tabla de la estatura de talla y peso por edad ha sido modificada perversamente con el fin de disminuir las partidas del presupuesto a la asistencia social -a pesar del superávit fiscal de la Nación y la Provincia-; del millón de habitantes que tiene nuestra provincia, 640 mil sobreviven por debajo de la línea de la pobreza, en el ranking de la pobreza del país somos los primeros: 60,3%. Los niños que nacen desnutridos y aquellos que caen en desnutrición, pasan automáticamente a convertirse en la nueva generación de esclavos: los mendigo-dependientes del Estado capitalista, ya que la falta de nutrientes deteriora profundamente su capacidad intelectual. El programa AIPO que asiste este flagelo, es un verdadero insulto a la inteligencia ya que la dieta que provee no contiene carne, pollo, pescado, lácteos, frutas, verduras, y por si esto fuera poco, la leche modificada con hierro que contiene esta asistencia no está recomendada para este tipo de enfermedad social, debido a que al desnutrido no le funcionan de manera normal los jugos gástricos de modo tal que no puede procesar y asimilar correctamente este vital alimento, volviendo así a perder los nutrientes. La leche indicada para estos casos debe ser tratada especialmente, deslactosada. En el centro de salud Pedro Biolchi, de Barranqueras, el 17 de abril llegaron 300 kilogramos de leche modificada con hierro, lo cual ni remotamente alcanzó a cubrir las necesidades más urgentes. Juan Pablo II, antes de morir, se vio en la obligación moral de reconocer que este sistema capitalista "es salvaje". Los docentes deben urgentemente convocar a los padres para exigir al Estado la construcción de comedores populares bajo el control de las organizaciones obreras. Los fiscales y los jueces deberían actuar inmediatamente contra estos funcionarios corruptos por abandono de persona, investigarlos y aplicar sobre ellos la máxima pena. Para revertir esta situación, el único camino es organizar las luchas, desarrollando asambleas populares en todos los barrios que comiencen a discutir y votar un programa político obrero y socialista con acciones de lucha.

Después de 38 días de heroica huelga, los trabajadores de Télam volvieron a sus puestos con los dos despedidos que dieron origen al conflicto en la calle. Sólo logró doblegarlos el peso de todo el aparato del Estado volcado contra ellos. El miércoles 17 el Gobierno les tendió una emboscada fatal. La Jefatura del Gabinete de Ministros los convocó a negociar tentándolos con indemnizar a ambos despedidos “con causa” (uno, de periodismo, por presunta agresión y agravios o amenazas a Granovsky -presidente del directorio de Télam- y el otro, de la administración, por supuestas irregularidades administrativas) y garantizar al segundo de ellos un puesto de trabajo en alguna repartición del Estado, además de un incremento salarial para toda la planta de personal. Todo con la precondición que se levantara el paro. La asamblea contraofertó aceptando el despido con causa del compañero de redacción y reclamando la reincorporación a planta del compañero de contaduría. Levantado el paro, se realizó en Casa de Gobierno la reunión con el jefe de Gabinete, el ex cavallista Alberto Fernández, y la cúpula de la empresa. Allí la Comisión Interna se encontró con la sorpresa que el Gobierno y la empresa cambiaban los términos de la discusión, planteando que “ante el surgimiento de nuevas pruebas incriminatorias” sobre la supuesta agresión se retiraba el ofrecimiento de indemnización para el trabajador de redacción, se concedía un incremento salarial del 19 por ciento desdoblado y se obligaba a acordar la “paz social hasta el 31 de diciembre de 2007”, so pena de descontar de los salarios los días de paro. Lo más serio del caso es que todo esto fue un gigantesco y vulgar apriete en el que el mismo jefe de Gabinete sostuvo que era “este acuerdo o una espada de He-man así de grande”, o sea los despidos en masa. Alberto Fernández no medió nunca. El jefe de Gabinete fue pieza fundamental del apriete que había empezado por las presiones empresarias contra los huelguistas (como el primer intento de descontar los salarios caídos, la contratación de carneros y los premios en categorías a quienes laburaran), las agresiones de un grupo de carneros matones, la presencia patronal en planta y las escuchas telefónicas a los trabajadores en lucha. Pero lo más grave de todo fue la directa participación del presidente Néstor Kirchner en la negociación (en realidad un vulgar apriete), quien, para que no quedaran dudas de su apoyo a Granovsky, se apersonó tres veces durante las cinco horas que duró el apriete en Casa de Gobierno (una, para saludar y presentarse, otra para ver cómo andaban las cosas, y una última para despedirse). La Comisión Interna, huérfana de apoyo sindical (por la bochornosa ausencia de la Utpba), ante tanta insistencia y presión del más alto nivel del Estado firmó un acta incumplible, porque sólo establece penalidades para los trabajadores, “ad referéndum de la asamblea de los trabajadores de Télam”. La Comisión Interna vino a la asamblea del jueves 18 con la moción de aprobar el acta y levantar el conflicto. Fue una asamblea dura y ríspida donde los activistas y trabajadores sentían el peso del esfuerzo de 38 días del heroico paro de actividades. En el terreno sindical se había pasado por todas las experiencias posibles. La entregada de la Utpba con su notoria ausencia y la presencia de los aparatos sindicales para frenar la lucha. La conducción de la CGT moyanista y la Fatpren se hicieron presentes únicamente para recomendar que se levantara el paro. La “opositora” CTA (en cuyas filas milita la Utpba), que apareció al principio prometiendo todo, en la última parte de la lucha también se borró. La asamblea finalmente resolvió firmar el acta con el apoyo de 64 votos contra 53 por rechazarla y 20 abstenciones, además de unos 15 compañeros que no votaron ninguna de las tres alternativas. Pero no está todo dicho en Télam. Quedan heridas abiertas, pero otras se cerraron definitivamente. Lucho Jiménez, que hasta no hace mucho era dueño y señor de votos y voluntades quedó absolutamente descalificado. El conflicto de los trabajadores lo dejó al desnudo: no sólo es carnero, amigo de los patrones de turno, sino que también quedó caracterizado como matón antiobrero. Los carneros, los débiles y los vacilantes quedaron todos al desnudo y ahora, con esa carga y el repudio generalizado, deben regresar a la planta. No será un trago fácil. El problema que queda planteado ahora es cómo se recomponen las relaciones internas. Los activistas tendrán sobre sus espaldas la inmensa responsabilidad de realizar un profundo balance de esta experiencia culminante y guiar los pasos futuros. La “paz social” que nos quieren imponer los Granovsky, Fernández y Kirchner es una utopía reaccionaria contra los trabajadores. Está en nuestras manos hacer florecer este jardín que quisieron transformar en basurero.

El sábado y el domingo 20 y 21, el Polo de la Capital realizó una descomunal inscripción de los trabajadores indocumentados para la documentación precaria. Más de mil compañeros de las barriadas más populosas de la Capital vinieron organizados por el Polo a Promoción Social. La gran mayoría de los compañeros que concurrieron iniciaron el trámite y en un mes recibirán la precaria con la posibilidad de sacar Cuil para reclamar el blanqueo. Se nos plantea como problema fundamental recorrer los consulados de Bolivia y de Perú para destrabar los trámites de una minoría que no pudo realizar. Pero el 10 y el 11, estos compañeros tendrán una nueva oportunidad porque, producto de la enorme masividad de la inscripción, conquistamos dos fechas más. Se vendieron 280 periódicos en las mesas de empadronamientos que el Polo montó para contactar a todos los compañeros. Discutimos el problema de seguir organizados para terminar el trámite por la documentación definitiva y en forma gratuita. En la cola se vivió un clima de mucha confraternización,donde los delegados del Polo realizaron un comedor improvisado repartiendo torta frita y mate cocido para todos los asistentes. La actividad fue un éxito de enorme importancia que marca posibilidades de una intervención de masas en el frente de los trabajadores extranjeros. Compañeros recién incorporados a la Asamblea de Inmigrantes recorrían las barriadas difundiendo la gran conquista y llamando a sumarse al Polo. En estas condiciones podemos afirmar que en inscripción programada para el 10 y 11 viviremos una experiencia de similares características. El 25 de mayo donde realizaremos asambleas para discutir el Congreso Nacional del Polo y la elección de delegados para el mismo. El desafío es llevar al Congreso a los principales activistas de las luchas más importantes en curso, como las ocupaciones de tierra en la Villa 21-24 (de Barracas), en la defensa de la Villa 31 (Retiro), contra los desalojos en toda la Capital y por la documentación definitiva de los inmigrantes.

La cuarta sesión de la Constituyente remató la lucha política que el Partido Obrero ha librado en ella desde el primer día. Durante más de quince horas, los convencionales del PO llevaron adelante una batalla política sin cuartel contra los representantes del gobierno. El choque se inició en el “inofensivo” punto inicial de aprobación de las actas taquigráficas de la sesión anterior. Las actas, sin embargo, no habían sido distribuidas. Pretendían su aprobación a libro cerrado, pero con el agravante de que se les habían “testado” frases o dichos del PO que, “a consideración de la presidencia” (sic) de la Convención eran agraviantes. Nadie pudo conocer cuáles era los agravios censurados. Martín Correa lo denunció como un grave coartamiento de la libertad de expresión. El segundo choque se produjo en el punto de manifestaciones generales, donde se denunció el accionar policial contra la campaña de pegatinas del PO (ver aparte). Toda la provincia apreció, por televisión, cuando Daniel Blanco desplegó el afiche “Alerta tucumanos” para fundar su denuncia, junto a fotos impactantes donde se apreciaba a policías en el momento de arrancar los afiches. Los municipios y el régimen electoral Luego, comenzó la lucha política en torno a capítulos fundamentales de la reforma en curso. En primer lugar, el régimen municipal, donde en un largo dictamen el oficialismo se presentó “como concediendo la autonomía municipal”. Esto, como muy bien recogió La Gaceta, fue refutado por Martín Correa: “la autonomía es ficticia. No hay ninguna referencia en la propuesta del oficialismo a los pactos financieros, al tiempo que se mantiene la facultad para que la provincia retenga recursos por deudas contraídas ilegítimamente. Hay que investigar a los ex intendentes y a las empresas contratistas. Además se da la posibilidad de recaudar tributos, con lo que se profundiza el saqueo popular” (La Gaceta, 23/5). Luego, se discutió el régimen electoral, donde el oficialismo impuso un nuevo sistema de lemas (el acople) por el cual diversos partidos separados pueden apoyar las candidaturas a cargos ejecutivos. También se modificó el Tribunal electoral, dándole mayoría al Poder Ejecutivo, y una tercera cláusula por la cual los candidatos que ocupan cargos políticos no van a tener que pedir licencia para hacer campaña. Todo esto lo denuncié como un régimen electoral antidemocrático, donde las acciones fraudulentas del gobierno iban a quedar bajo su propio control. Señalé también que el “nuevo” régimen era una expresión más de la descomposición de los partidos tradicionales, que no pueden sino con fraude, coacción y artilugios -como las leyes de lemas y la división arbitraria en secciones electorales- manipular al electorado y los resultados electorales. El “blindaje” En el punto siguiente, se estableció que para impulsar el juicio político al gobernador, una comisión de la Legislatura requeriría el acuerdo de ¡tres cuartas partes! de sus miembros. En el debate denuncié que, en contrapartida, para esta reforma constitucional el reglamento autorizaba a consumarla con una “minoría agravada”, que podía llegar a ser de once miembros o incluso menos, sobre los cuarenta convencionales. Ello con el agregado de que si se alcanzara esa mayoría contra el gobernador, el acusado no sería suspendido de su cargo. Denunciamos que la camarilla alperovichista estaba diseñando un “blindaje” para evitar que una eventual división política entre las camarillas que hoy apuntalan el accionar del gobierno pueda desestabilizarlo. Señalé que el único mecanismo democrático era el del derecho popular a la revocación de los funcionarios. Luego se pasó al punto del Poder Legislativo, donde el oficialismo impuso la reelección de los legisladores y la preservación de sus privilegios (altas dietas, posibilidad de dictarse su propio presupuesto), que, por supuesto, van a estar bajo control de los bloques mayoritarios. Reelección a la medianoche El quinto punto fue el que concentró toda la atención a pesar de que, “casualmente”, el mismo se desenvolvió a partir de la medianoche. Era el del Poder Ejecutivo, donde el oficialismo presentó su proyecto de reelección indefinida: Alperovich, que asumió en 2003, tiene la posibilidad de prolongar su mandato hasta 2015. También podrá emitir decretos de necesidad y urgencia (que ahora regían mediante una ley), siempre utilizados para atacar las conquistas de los trabajadores y dar rápida ejecución a diversos negociados sin debate legislativo. En este punto, hice una encendida defensa de nuestro proyecto contrario a la reelección, haciendo una radiografía del régimen político y poniendo al descubierto los intereses generales y particulares de la camarilla alperovichista. Desnudamos el carácter reaccionario del proceso constitucional en sus fines y en sus medios, destacando que lo que estaba en juego era el porvenir de la libertades, del bienestar popular y hasta de la vida misma de los ciudadanos. Finalmente, defendimos una cláusula transitoria que planteaba que si la mayoría aprobaba el capitulo reeleccionista, éste fuera sometido a un plebiscito popular. Llegado a este punto, y cuando el oficialismo impuso su punto dictamen, fundamentamos nuestro retiro definitivo de la Convención. Al día siguiente, todos los medios habían recogido la lucha política y el interés de cómo va a seguir el accionar del Partido Obrero, esto en un cuadro de innumerables muestras de simpatía y apoyo popular en las calles. En un corto lapso de tiempo, el PO empleó la tribuna parlamentaria para oponer al programa de los representantes del gobierno y los capitalistas en su seno un programa de la clase obrera, bajo la forma de proyectos, “dictámenes”, discursos y acciones de agitación. El Partido y sus referentes principales son hoy mucho más conocidos en toda la provincia. Todo esto inaugura un nuevo capítulo, para afianzar entre los explotados la autoridad política conquistada y extender a todos los rincones y a los principales centros proletarios la organización e influencia del Partido Obrero.

El pasado 2 de mayo, jóvenes mapuches, con la activa solidaridad de militantes sociales y de izquierda, ocuparon el Consulado chileno en Bariloche en reclamo de la libertad de los jóvenes presos en Chile. Luego de más de una semana de ocupación y acampe, recogiendo el creciente apoyo de la población, el Consulado de Chile resolvió “trasladar” su sede, aunque no precisó adónde se mudaba. El dueño del edificio, Van Ditmar (propietario de la principal inmobiliaria barilochense, testaferro y vocero del terrateniente Joe Lewis), aprovechó para denunciar a los luchadores por usurpación de vivienda. Ante la intimación policial, los ocupantes se retiraron, marchando a cortar el Paso Internacional “Cardenal Samoré”, en donde se mantenían pese a la intimación de desalojo de la Gendarmería. Para el sábado 20 está programada una nueva jornada internacional de movilización. Habrá actividades en Bariloche y El Bolsón.

El 18 de mayo fue reelecta la decana de Psicología. Frente a la campaña de denuncia de Praxis (UJS) y otras agrupaciones, el Consejo y la decana realizaron una sesión pública en el hall central, con la intención de dar así una imagen de “transparencia”. Casi todos los consejeros, incluyendo a los “independientes” de Asociación Libre (La Bisagra-CTA), hicieron uso de la palabra para justificar su voto por la actual decana. La consejera del frente EPA (UJS-MST-Independientes) fue la única que fundamentó su voto contra la reelección. Su impugnación hizo hincapié en que los estudiantes no sabían qué era lo que se estaba votando y reclamó una elección “directa” que debiera luego ser refrendada por el actual Consejo. No denunció, sin embargo, la política privatista de la actual decana. Hasta ese momento, la sesión transcurría con tranquilidad. La intervención de la UJS cambió el eje político de la jornada. Denunciamos que lo que quería mostrarse como un “idilio democrático", en supuesto contraste con lo que estaba sucediendo en la Fuba, no tenía nada que ver con la democracia. Planteamos que la mayoría de los docentes no tienen derechos políticos en la Facultad, al igual que los no docentes tercerizados. Planteamos también la discriminación política con el claustro estudiantil, y que este régimen de camarillas es necesario para asegurar una política de privatización y vaciamiento de la universidad pública. Nuestra intervención fue la única que denunció la política de la actual decana y el actual Consejo. Denunciamos que han aprobado una declaración contra la LES sólo para poder aplicarla con más impunidad. A partir de nuestra intervención, las intervenciones de los consejeros “democráticos" sólo fueron para atacarnos. El balance que debe sacar el estudiantado es, primero, que las agrupaciones centroizquierdistas (Asociación Libre, actual conducción del Centro de Estudiantes) son simples correas de transmisión de la política de privatización de la universidad, aunque intenten cubrirse tras un velo “democrático” o “progresista”. Pero, fundamentalmente, esta experiencia ha demostrado que el actual régimen universitario es completamente antidemocrático y sirve sólo para imponer la política de privatización de la educación superior. La tarea de la hora es la lucha por la democratización de la universidad: por el cogobierno trabajadores-estudiantes, con mayoría estudiantil. Por una nueva Reforma Universitaria.

En el último año este rubro de la industria produjo 12 millones de neumáticos para todo tipo de actividad. Fate, Pirelli y Firestone son tres empresas que con 1.500 obreros (efectivos) y unos 1.200 (tercerizados y por contrato) representan el 80% de esta producción (y por supuesto de sus ganancias, que ningún protagonista en este conflicto las considera menos que formidables fortunas del orden de los 500 millones de pesos anuales por empresa). Sin embargo, el gremio del neumático tiene un convenio (CCT 101/75) que durante 31 años no tuvo otras modificaciones que 5 ó 6 acuerdos entablados por empresa en forma particular. Es de destacar que uno de esos acuerdos particulares entró a regir en las instalaciones del grupo Bridgestone/Firestone con lo cual, a partir de mediados de 2001, se operó un reparto de utilidades con los obreros a partir del 6% de ganancia sobre el capital. Ello le ha reportado a los empleados, en las tres últimas operaciones contables, unos 4.000 pesos anuales (El Cronista, 16/3), a partir de los cálculos presentado por la patronal. Actualmente, el Sutna (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, enrolado en la CTA) ha planteado que este acuerdo forme parte del nuevo convenio para que rija en todo el gremio, además de la reivindicación del 20% de aumento salarial y la equiparación entre viejos y nuevos empleados respetando el principio laboral de a igual tarea, igual salario, así como las reivindicaciones más relevantes. Indudablemente Pirelli y Fate han adelantado su rechazo a incorporar este acuerdo de participación obrera en las ganancias, y por otro lado presentaron como propuesta de aumento un 8% que obviamente ha sido rechazado por los trabajadores. Piquete en la puerta de Fate Pedro Wasiekjo, secretario general del Sutna, es parte de la Lista Violeta enfrentada a la Lista Bordó que dirige la seccional San Fernando. Sin embargo, el viernes 19, piquete mediante, en la puerta de la planta de Fate de ese distrito, el conflicto ha presentado a los trabajadores con un estado de ánimo desde el cual se reprocha a ambas listas el no haber respetado la votación de la asamblea del 12 de abril, el haber sido llevados a un paro a medias a raíz de una decisión de la CTA y una serie de objeciones al accionar de los actuales dirigentes del Sutna dirigido por la Violeta y de la seccional San Fernando dirigida por la Bordó. Tal es el caso que algunos trabajadores ya han empezado a plantearse alguna salida democrática que sustituya a estas combinaciones y maniobras al margen de la voluntad de los obreros y que ponga fin a la persecución llevada a delante por la patronal y por los sindicalistas contra los compañeros que presentan alguna opinión diferente a la de los dirigentes del gremio. De esta manera el rechazo a los manejos burocráticos reclama una lucha por imponer como método de dirección del conflicto las asambleas obreras y el voto colectivo. En ellas, y en función de proteger los intereses de los trabajadores, desde el Partido Obrero proponemos que formen parte incuestionable de la agenda de reivindicaciones: 1) Inmediata efectivización de todos los tercerizados y Contratados. 2) Salario Básico igual a la canasta familiar de 2.000 pesos. 3) La apertura de los libros contables de las empresas para verificar el monto real de su capital, de sus inversiones y de sus ganancias verdaderas.

Una nutrida movilización de trabajadores desocupados marchó (en medio de un viento helado y llovizna) hasta las puertas del Concejo Deliberante de la Ciudad, cuando estaba sesionando, el pasado 18 de mayo. La movilización, convocada por la Mesa de Unidad Piquetera, presentó un proyecto de ordenanza para exigir que en la construcción del nuevo edificio del Concejo Deliberante (serán cerca de 400 puestos) sean incorporados trabajadores anotados en las bolsas de trabajo de las organizaciones, respetando todos los derechos establecidos en el convenio colectivo de trabajo y los correspondientes aportes jubilatorios, obra social, etc. También se plantea el poder de control de las propias organizaciones de desocupados sobre las condiciones laborales. La movilización permitió denunciar la precarización laboral y el trabajo en negro que fomenta la propia obra pública a través de las subcontrataciones.

En el curso de la sesión de la Convención, el PO descubrió una maniobra conspirativa que pinta de cuerpo entero a los “demócratas nacionales y populares”. Al entregársenos el orden del día de la nueva sesión, descubrimos que faltaba el tratamiento del punto relativo a los juegos de azar. Preguntada la presidenta, una ex dirigente y ex candidata del Partido Comunista, Silvia Temnkin, declaró los más ‘pancha’ que habían decidido retirar los dictámenes aprobados en la comisión de “Políticas Especiales”. Lo grave del punto era que la comisión tenia dos dictámenes, uno del PO y el otro impulsado por un representante jurista, que tenían un punto de coincidencia, que era que el juego tenía que ser monopolio del Estado. El dictamen del PO iba más lejos, porque planteaba que las actuales concesiones debían caducar. La desaparición de los dictámenes, su imposibilidad de resolver en consecuencia sobre esta cuestión, no sólo muestra el accionar delictivo del oficialismo en la Convención, sino también que la camarilla alperovichista pretende perpetuarse, entre otras cosas para extender el negocio mafioso del juego. El Partido Obrero ya está impulsando una movilización para denunciar este atropello frente a la Caja Popular.

Tabaré Vázquez intentó hacer una demostración de fuerza en Fray Bentos en apoyo a las papeleras, convocando en esa ciudad un consejo de menistros, público con la participación de partidos políticos y organizaciones populares. Sin embargo tuvo que dar marcha atrás: la reunión se trasladó a Montevideo y se realizará a puertas cerradas. La explicación oficial: "problemas de seguridad", después de los incidentes en la cumbre de Viea. La verdadera razón fue el temor a que se manifestara públicamente la oposición del pueblo uruguayo a la instalación de las papeleras. Dos días antes, la asamblea nacional de Fuvcam (Federación de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua) había resuelto un plan de movilizaciones, que comenzaría en Fray Bentos, con la participación de cooperativistas de todo el país. “Es inocultable que la decisión tomada por la Fuvcam (...) pesó más que cualquier acción mediática de Greenpeace” (La República, 16/5). El siguiente paso sería “otra marcha, tipo pueblada, con una gran movilización frente al Ministerio de Economía o la Casa de Gobierno” (ídem). Fuvcam denuncia “la proliferación de plantas de celulosa por ser parte del modelo excluyente y depredador, su instalación en Zona Franca, que exime a las transnacionales de aportar 1.200 millones de dólares anualmente, equivalentes a un plan de viviendas que abatiría el déficit endémico de viviendas, aumenta la precarización y sub-capacitación del trabajo por la ausencia de valor agregado y la alarmante redistribución latifundista en beneficio de la siembra de eucaliptos que, además del daño ambiental emergente, representa la transferencia de nuestro suelo, en más del 60% en estos últimos dos años, a sociedades anónimas financieras, en una alarmante transferencia y extranjerización del suelo en beneficio de las transnacionales” (Resolución de la asamblea de Fuvcam). Se trata de una resolución importantísima, no sólo por la contundencia de la denuncia, sino también por la convocatoria a movilizarse. Fuvcam agrupa a decenas de miles de trabajadores organizados en cooperativas para la construcción de vivienda en todo el país. Las resolución de la Fuvcam van más allá de las papeleras: denuncia el plan de “reforma tributaria” favorable al gran capital; reclama la anulación de la ley de impunidad y convoca al “movimiento popular organizado” a movilizarse “para resistir la eventual homologación de un tratado de libre comercio con el gobierno de Estados Unidos”. El gobierno frenteamplista se ha propuesto llegar a la firma de un tratado comercial con Estados Unidos en los “próximos 200 días”. Con enorme claridad política, Fuvcam “toma distancia de la campaña chovinista y patriotera que plantea que el diferendo de la celulosa es un problema de soberanía, cuando irónicamente, su instalación se hace a expensas de recortes de soberanía cotidiana”. Unidad Mientras Tabaré retrocedía, los opositores uruguayos a las pasteras daban otro enorme paso adelante: una delegación de 50 integrantes de la “Asamblea del Callejón” viajó a Gualeguaychú para participar en actividades con los asambleístas locales y declarar su disposición a una lucha común. La “Asamblea del Callejón” comenzó a reunirse a fines de enero y agrupa a cientos de opositores a las pasteras de todo el país; está integrada, mayoritariamente, por militantes y votantes del Frente Amplio. “No somos una minoría en Uruguay; muchos estamos en contra”, declaró César Vega, uno de sus voceros. La Asamblea denuncia al Frente Amplio por estar llevando a cabo “una reforma agraria al revés”, en referencia a la rápida concentración de la propiedad rural provocada por la plantación de eucaliptos (para “alimentar” a las pasteras), con la consiguiente expulsión de campesinos y pequeños agricultores. Antes de llegar a Gualeguaychú, los asambleístas pasaron por Fray Bentos, donde se reunieron con los opositores locales a las pasteras, nucleados en el movimiento Motvides. Allí denunciaron las presiones y aprietes a los que son sometidos los opositores a las pasteras por parte de personeros del gobierno y de las empresas. “No se manifiestan porque hay miedo”... Oposición popular al gobierno de la “izquierda” Las movilizaciones de Fuvcam y de la “Asamblea del Callejón” son apenas la punta del iceberg. Otras organizaciones —como la ambientalista Guayubirá o la Coordinadora contra las papeleras— también vienen manifestando su oposición desde hace rato. En realidad, las organizaciones uruguayas fueron las primeras en denunciar la contaminación, la depredación y la destrucción social que provocarían la instalación de las papeleras y el monocultivo de eucalipto. Su reaparición con fuerza está ligada a un proceso político más general: la creciente decepción popular con el gobierno del Frente Amplio y la crisis de la izquierda frenteamplista ante el carácter inocultablemente proimperialista del “gobierno popular”. La “asamblea abierta” convocada el 21 de abril en Montevideo por un conjunto de organizaciones que integran el FA es una manifestación de esta crisis. Entre los convocantes se encontraban el Movimiento 26 de Marzo, la Corriente de Izquierda, sindicalistas independientes y algunas personalidades frenteamplistas. Participaron dirigentes del sindicato del azúcar de Bella Unión, trabajadores del Inau, de Antel; integrantes del sindicato de trabajadores de Salto (Sudora); trabajadores de la cultura, integrantes de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay; representantes del Movimiento Agropecuario del Uruguay (Madur); trabajadores del Casmu, del transporte, de la construcción, de la industria textil, de la vestimenta y del Correo. Entre las adhesiones estuvo la del Fuvcam. El Partido de los Trabajadores del Uruguay estuvo presente con la propuesta de “constituir un bloque político-reivindicativo de las organizaciones populares y de la izquierda clasista”. En la asamblea se denunció la instalación de las pasteras, la extranjerización de la tierra, la política económica “neoliberal” del gobierno del FA, el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el pago anticipado de la deuda externa, la no derogación de las leyes de impunidad; se denunció a la burocracia sindical y se respaldó a los conflictos en curso. Desde el punto de vista estratégico, se debatió si el FA es “recuperable”. Aunque la mayoría de las organizaciones presentes afirmaron que esta “recuperación” era todavía posible, algunos militantes destacados —como Alanís Pintos, ex dirigente del PC y edil de Montevideo— señalaron que “la pretensión de regenerar al FA era un callejón sin salida”. Mientras el Frente Amplio recibe las felicitaciones de Bush, de las cámaras patronales y del FMI (no es para menos, después del pago anticipado de más de mil millones de la deuda externa), comienza a delinearse una oposición popular al gobierno de la “izquierda uruguaya”.

Mientras la directiva celeste y el gobierno daban por cancelado el reclamo salarial por todo el 2006, los docentes en Rosario debatíamos en las asambleas de delegados cómo reabrir este reclamo. El salario pactado por la directiva celeste con el gobierno de Obeid, de 870 pesos para el docente que se inicia, no llega a la línea de pobreza. Desde Tribuna Docente impulsamos en las escuelas una propuesta de movilización con suspensión de clases. Fue firmada por numerosos delegados. El eje era reabrir el reclamo por un salario igual al costo de la canasta familiar, 1.800 pesos ajustable al costo de vida, por el 82% móvil automático, sobre el total del salario del activo, por los concursos pendientes, la estabilidad laboral y las condiciones edilicias y de trabajo dignas. Mientras tanto, la política del Ministerio se hacía sentir en las escuelas: vaciamiento de cargos, escuelas sin gas, rotas, muy sucias. No hay respuesta a los problemas edilicios ni de riesgo. La ministra protagonizó un hecho vergonzoso saliendo a retar y a amenazar a alumnos que le pedían a viva voz por los cargos en su escuela. El jueves 18 de mayo una columna de 2.000 compañeros, acompañados de padres y alumnos concentrados en la Plaza 25 de Mayo desde las 11 horas de la mañana, marchamos a Plaza San Martín frente a la gobernación. Presidía la marcha un inmenso cartel: "Por los 1.800 pesos, 82% móvil, ingreso ya". El Cuerpo de Delegados impulsó esta movilización con desobligación. El sector violeta llevó a postergar esta resolución, con la posición de que se votara en las escuelas. Finalmente la decisión fue refrendada en la reunión siguiente. El proceso por romper la tregua vino abonado también desde los docentes del Departamento San Lorenzo, que participaron día a día junto al acampe de los trabajadores de ICI y que garantizaron en todas las escuelas el paro de 72 horas de la CGT regional. A pesar de las amenazas de la ministra y de la presión de la directiva celeste de no querer romper la tregua, los docentes en Rosario suspendimos las clases durante cuatro horas, marchamos y realizamos un acto, donde se escucharon todas las voces de lucha. En la calle se reabrió el reclamo salarial.

La lucha contra los despidos en Siderar sacudió a San Nicolás. Maniobrando con la UOM y la Uocra, la patronal “cerró” la lucha dejando afuera a los despedidos y “puenteando” a la Comisión Interna de los tercerizados. Pedro, Cristian y Julio son tres jóvenes que hace un año, en una masiva asamblea de la Uocra con escribano, descabezaron a la conducción de la CI. A partir de ahí hubo un giro de 180° por la defensa de los compañeros. Tan grande fue el giro, que la empresa presionó diciendo que volvería atrás con los despidos si la Interna renunciaba. En una asamblea masiva, se rechazó en forma unánime la exigencia de la empresa y se ratificó a la CI en su puesto de lucha. Durante el conflicto, Prensa Obrera entrevistó a Cristian, uno de los integrantes de la Interna. -¿Cómo se les ocurrió la iniciativa de poner la olla? Cristian: -La iniciativa se toma con los compañeros despedidos y los delegados, para denunciar los despidos. También nos juntamos con los compañeros que no fueron despidos. Nos ponemos de acuerdo en demostrar la unión de todos los compañeros. -¿Cómo piensan llegar a los compañeros de adentro? En especial a los de la UOM... -Los compañeros de Uocra pensamos llegar, demostrándoles que los despedidos tenemos las mismas necesidades que tienen ellos; que tenemos un mismo patrón y que nosotros estando afuera, en la olla, seguimos peleando para recuperar nuetros puestos de trabajo. -¿Qué conclusión sacan de la directiva de la Uocra? -Nosotros los trabajadores sabemos que nuestra conducción es empresarial, por eso el motivo de nuestra movilización hacia nuestra sede en San Nicolás, reclamando que se vayan, porque son traidores. El sindicato es nuestro, no de la burocracia empresarial. -La olla y la carpa ya están. ¿Qué sigue? -Una vez instalada la olla, vamos a iniciar una campaña, para solicitar al resto de la planta su apoyo y colaboración; ya redactamos un volante (agradeciendo su colaboración) para que mañana a las 5:30 lo distribuyamos a los comopañeros de adentro. También sacamos un comunicado de prensa para que se sepa en todo el país nuestra lucha. -¿Qué mensaje daría a otros compañeros que estan luchando en situaciones similares? -Compañeros, la lucha que hoy hemos iniciado es una lucha contra la burocracia empresarial y sindical. Es una lucha de todos; todos estamos padeciendo malestares por culpa de estas organizaciones que nunca defendieron y nunca apoyaron a la clase obrera, como somos todos nosotros. Para echarlos no tenemos que bajar los brazos, sino unirnos, y así ganaremos.

Los estudiantes secundarios, agrupados en la Cues, están en un caluroso plan de lucha. A la situación precaria de los edificios y falta de aulas y materiales de trabajo; a las viandas que llegan en poca cantidad, podridas/vencidas y pagadas por el gobierno a un precio de 5 a 7 pesos; a la miseria existente en cantidad y monto de becas; a toda esta política de gobierno, se le agregó la resolución 424/06 del Consejo Provincial de Educación, que plantea explícitamente la intervención de policías en los colegios para garantizar la “seguridad” y evitar el “narcotráfico” juvenil. Frente a esto, los estudiantes fueron decidiéndose por las ocupaciones de los edificios; empezó el Colegio San Martín el 26 de abril, y hoy hay más de diez colegios tomados. El jueves 11 se movilizaron cerca de 2.500 estudiantes. Estamos frente a una rebelión estudiantil contra Sobisch. Al principio del conflicto, el gobierno se negaba a anular la resolución y organizó grupos de choque llamados “Padres Autoconvocados Neuquinos”. Pero fue todo un fracaso: cuando las tomas se generalizaron y recibieron el apoyo activo de la comunidad educativa y los universitarios, el gobierno tuvo que recular y anular la 424/06. Es un paso adelante. En muchos colegios quieren aprovechar el momento e ir por todas las reivindicaciones pendientes (edificios, viandas, becas).

El retiro del bloque del PO de la convención tucumana se definió en torno a una cuestión precisa: nuestro reclamo para que la reelección (y el conjunto de los superpoderes dispuestos para Alperovich) fueran sometidos a un referéndum popular. Este es el planteo que hicimos en la noche del lunes 22, una vez que la mayoría alperojurista votó por la reelección del Ejecutivo. El planteo de un referéndum se relaciona directamente con la crisis política que se ha desarrollado en la provincia desde las elecciones constituyentes hasta hoy. En este período, la conmoción popular causada por el crimen de Paulina Lebbos, ha colocado al gobierno y al régimen político como principales responsables de la inseguridad pública. A ello, se suma la guerra de camarillas en el seno del gobierno y el curso completamente ilegal de la propia convención constituyente. En los últimos dos meses, las encuestas de “popularidad” del gobernador cayeron en 20 puntos. El mandato del oficialismo para votar su propia perpetuación está, por lo tanto, cuestionado. Por eso reclamamos que las disposiciones reeleccionistas fueran sometidas a un referéndum popular. Con la negativa del oficialismo a aceptar un referéndum, ha quedado definitivamente demostrado el carácter conspirativo de la constituyente de Alperovich. En esta cuestión, se concentró nuestra decisión final de retirarnos de la asamblea. La UCR y el ASI se retiraron antes de la votación de la reelección, y no aceptaron el reclamo del referéndum. Esta decisión se explica porque ambos levantaron planteos reeleccionistas parciales en el curso de la convención. Por lo tanto, no podían apoyar el “dictamen” del PO, que planteaba la prohibición de cualquier reelección.

Nuestro gesto de confianza, al hacer un receso en la huelga de hambre que hemos llevado adelante durante 63 días, exigiendo nuestra justa e inmediata libertad, siendo conscientes de nuestra inocencia, ya que todos los cargos que nos adjudican son mentiras, somos parte de un pueblo que aún sufre la opresión, el despojo y la violencia, de un Estado racista y discriminador. Nosotros, los presos políticos mapuches, declaramos lo siguiente: Que una vez más, como ha sucedido históricamente, el gobierno chileno ha faltado a su palabra traicionándonos en nuestra buena voluntad y contestándonos con engaños. Hacemos un llamado a todo el pueblo mapuche, al pueblo chileno y a los pueblos del mundo a retomar la lucha y no bajar los brazos ya que nosotros retomaremos la huelga a partir del día de hoy, 18 de mayo de 2006, por tiempo indeterminado, poniendo en juego nuestra vida para alcanzar la libertad que nos merecemos. Desde el hospital Hernán Enríquez, ¡Marichi Weu!

La sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, ha dejado muy alto el prestigio de la justicia Argentina. Tres letrados por unanimidad dictaron un fallo judicial contra un cartonero y lo conminan a pagar 40.000 pesos de indemnización. El 12 de diciembre de 2002, el cartonero Luis Ramón Gómez mientras juntaba basura, fue atropellado por un taxi que le quebró una pierna y le fracturo varias costillas. El cartonero en cuestión actualmente tiene una renguera definitiva que apenas le permite desplazarse. Los letrados fueron “a fondo” y sacaron un fallo ejemplificador. No era para menos. El despreciable sujeto, no-tenia registro para conducir su carro, tampoco patente del mismo, operaba sus "prácticas ilegales" de juntar basura, sin balizas. sin luces de freno, sin luces de posición, tampoco contaba con la alarma de acercamiento ni guiños de giro. Por supuesto el irresponsable individuo tampoco contaba con cinturón de seguridad ni el correspondiente “air bag” El dudoso sujeto previamente había perdido un plan social, pues su hijo mayor (también desocupado) al cumplir los 18 años lo inhabilitaba para cobrarlo. La hermana del Presidente, Alicia Kirchner, encargada de los planes sociales, es una mujer muy eficiente y celosa de sus deberes. Cuando estos sujetos la quieren engañar, en los cruces de información de los inefables organismos del Estado, siempre los agarra y los deja fuera de carrera de la propia vida. Ante la Cámara de Apelaciones, el delincuente quiso armar una coartada que fue rápidamente desestimada por los honorables jueces. Relatando el accidente manifestó: ”En un momento dado, cuando se hallaba en su carro en la calle, pudo ver unos metros adelante, pegada al cordón de la vereda, una botella de vidrio de Coca-Cola, por lo cual dejó el carro y se adelantó para agarrarla. Allí notó que se acercaba un auto que terminó embistiéndolo violentamente. En la causa no hay testigos del suceso” (La Nación, 18/5). La coartada del cartonero sonó inaudita para los jueces y rápidamente la usaron en su contra. Quién se puede imaginar que un cartonero ande por las calles de este rico Buenos Aires, visitado hoy por miles de turistas de todo el mundo, mirando al suelo buscando restos comida, de vidrio o de cartón. Para estos honorables letrados el cartonero violó la ley de tránsito y debe ser condenado. ”La propia ley de tránsito -argumentaron los camaristas civiles-, le quita el beneficio de la duda y presunciones en su favor con que cuenta el peatón cuando incurre en graves violaciones a la ley de tránsito” (Mirandu.com diario on line), 18/5. Los jueces lo consideraron conductor de un vehículo, pero no estaba arriba de él. Los ”amigos de la calle Alvear” vienen realizando desde hace tiempo una campaña muy fuerte desde el diario La Nación contra estos miles de delincuentes que viajan todos las tardecitas desde el conurbano y con sus vehículos ilegales dan un pésimo espectáculo de Buenos Aires revolviendo miles y miles bolsas de residuos. El propio Montoya ha tenido incidentes con algunos de ellos que, “amotinados" en sus propios carritos, se han negado a cumplir también con la DGI. La abogada del taxista que atropelló al cartonero, Sherman Mantykow, es representante de una gran aseguradora de la Capital y se ha lamentado por no poder cobrar el juicio por falta de recursos del cartonero hoy semi inválido. Pero aún no pierde las esperanzas. “Aunque si el demandado cambia de condición económica y esto es advertido por sus abogados, los letrados de la contraparte pueden exigirle que pague sus honorarios” (La Nación, 18/5). De ahora en más, los jueces y los abogados seguirán los pasos del forajido para cobrarle los 40 000 pesos si mejora su situación. Las aseguradoras mientras tanto han logrado un triunfo legal y dejan sentada una importante jurisprudencia que enorgullece al Poder Judicial. Que puede resumirse así: donde vea un cartonero por la calle, no dude, páselo por arriba. Él es culpable de ser pobre e ilegal y de juntar basura para vivir.

Luego de meses de heroica resistencia a través de asambleas, piquetes y quema de gomas, los compañeros del Marisco II han quedado en la calle. Allí trabajaba uno de los planteles de fileteros más combativos del puerto. Su delegado, Peto Aguirre, es candidato a secretario adjunto por la Bordó-Marrón, y fue el único que no aceptó la indemnización. Esta película trágica es una saga de lo que ocurrió antes en Augusta Megara y en Guerrero Hnos. El método es el mismo: la falta reiterada de materia prima y la actitud clásica de la camarilla que dirige el Soip concentrada en convencer a los compañeros de que “no queda otra y tienen que aceptar la indemnizacion”. Lo mismo han intentado en Artico y Acha 1020, hasta ahora sin éxito.

Los estudiantes del Liceo Víctor Mercante (colegio de la Universidad de La Plata) estamos desde el martes 16 en Asamblea Permanente con suspensión de clases en los dos turnos. La Asamblea convocada por el Centro de Estudiantes resolvió que no se va a levantar esta medida hasta que no renuncie la directora del colegio. El detonante fue su actitud frente a una charla convocada por el Centro por la guerra de Malvinas: la directora irrumpió en la sala e interrumpió el testimonio de un ex combatiente. Este hecho represivo contra el Centro fue la gota que rebalsó el vaso. Se venían produciendo enfrentamientos desde la propia asunción de la directora. No nos olvidamos que ella, Lía Reina Almandos, resultó electa por la ordenanza 270 que establece el “voto de los docentes” pero no es vinculante, lo que le da al Consejo Superior la última palabra. En esa elección, Almandos no sacó más del 35% de los votos y fue puesta a dedo antidemocráticamente de acuerdo con los intereses políticos y económicos de las camarillas que controlan el gobierno universitario. Tanto los estudiantes como los docentes repudiamos esta ordenanza y calificamos de ilegítima la asunción de la directora. El reclamo de que se vaya fue interpretado acertadamente por los medios como un reflejo de lo “que está pasando en la UBA con Alterini”. La UJS llama a luchar y organizarse, y a emprender una lucha en los colegios de la Universidad por la democratización de los órganos de gobierno universitario.

En el curso del fin de semana pasado, el afiche del PO titulado “Alerta Tucumanos” produjo un fuerte impacto en la opinión pública popular. El gobierno acusó recibo: en la noche del sábado 20, una brigada de pegatineros del Polo Obrero observó cómo la policía arrancaba nuestros afiches recién colocados. “Tenemos orden de arrancarlos porque están contra el gobierno”, fue la respuesta del efectivo policial ante la pregunta de un compañero. Durante la mañana del lunes, y como “precalentamiento” de la Convención, los principales programas radiales matutinos recogieron opiniones indignadas de remiseros, jóvenes y vecinos. “Con qué derecho arrancan los carteles del Partido Obrero”? En el curso de esa misma mañana, denunciamos el atropello represivo ante el secretario de Gobierno y, luego, en la propia Convención. Allí, Daniel Blanco desplegó el afiche y las fotos que testimoniaban la acción policial. Hay que destacar la firmeza de las brigadas del Polo y del PO, que “repasaron” todas las paredes atacadas por la policía hasta derrotar esta nueva provocación.

Al día siguiente de que seis bolivianos —cuatro niños- murieron incendiados en un taller ilegal, una nena de dos años fue asesinada en la 1-11-14. Su madre, Yannet Ruiz, trabajaba en un taller por 550 pesos, de lunes a sábado, catorce horas diarias. Dejaba a su hija mayor al cuidado de una tía, y a la menor con sus primos. A cada uno le pagaba cien pesos más comida, otros cien le costaba la pieza. El papá de la nena le pasaba, cuando podía, 50 pesos. Los vecinos dicen que Yannet las veía sólo los domingos, porque el resto de los días las dejaba y las retiraba dormidas. El 31 de marzo le avisaron que Karina se había caído. Cuando llegó al hospital estaba muerta. Como es indocumentada, retuvieron el cuerpo de su hija “hasta que no tuviera los DNI”. La autopsia dice que la nena fue asfixiada. Karina Ruiz es la séptima víctima del trabajo esclavo en una semana. Los jueces Warley y el subrogante Ponce, del Juzgado de Instrucción N° 12, encarcelaron al cuidador pero ordenaron también la prisión preventiva de la madre, acusándola de “abandono de persona seguida de muerte”. CGP: Centro de Gestión Persecutoria El juez se basó en el testimonio espontáneo del funcionario del Registro Civil, Angel Riverol, a quien le pareció sospechosa “la actitud desaprensiva, poco maternal de la madre” (Página/12, 6/5). Riverol piensa que una boliviana indocumentada es una asesina sólo porque no le moja el saco. El es el responsable de atender a los indocumentados de la 1-11-14. No puede ocupar un cargo público porque es un xenófobo. El juez no pidió otros testimonios y, más tarde, denegó la excarcelación. La acusa de no haber notado que los cuidadores maltrataban a su hija. ¿Abandono de persona? La nena fue muerta mientras ella trabajaba. Ya la habían echado de un taller por faltar el día que inscribió a la mayor en la escuela. Presentó certificados de atención en el Garrahan y en una clínica privada. Los vecinos testificaron a su favor, aunque ninguno fue citado por el juez. Un antecedente fue el intento de sacarle la tenencia de su hija a una azafata porque volaba 9 días al mes. Ahora, hacen un signo igual entre trabajar y abandonar a los hijos. ¿La opción era dejarlas morir de hambre o incendiadas dentro de un taller? Yannet está presa por ser mujer, boliviana y tallerista. Los jueces Warley y Ponce —antiobreros, misóginos y xenófobos- deben ser denunciados y sometidos a juicio político. Patria grande, negocio grande A partir del incendio del 30/3, Telerman ha lanzado una campaña, “Patria Grande”, para la documentación de trabajadores inmigrantes. Es una farsa: para obtener la documentación precaria se exige trabajar en blanco. Los trámites obligan a perder el día de trabajo con riesgo de que te echen. Los talleres clandestinos siguen funcionando de noche o se mudan a unas cuadras. La superexplotación es la base del boom de la moda en Buenos Aires. Yannet y Karina son víctimas de un sistema que aplasta los derechos de las madres, de los chicos y de los trabajadores en nombre de acrecentar las ganancias capitalistas y el superávit fiscal. El martes 9, familiares y vecinos se movilizaron a los tribunales para exigir la libertad de Yannet. El viernes, el juez dictó la “falta de mérito”, aunque el expediente y la investigación siguen abiertos. Exigimos que la causa de Yannet Ruiz se cierre definitivamente. Exigimos justicia para Karina. Exigimos el juicio político de Ponce y Warley. El Estado debe garantizar documentación inmediata y gratuita a todos los trabajadores. El Polo Obrero y el Plenario de Trabajadoras estamos empeñados en esta lucha. (Palermo, 10/5)

Bajo las consignas “Nacionalizar el petróleo en Argentina y en toda América Latina” y “Defendamos a Bolivia”, el miércoles 17 el Partido Obrero de Córdoba realizó un acto frente al Consulado General de Bolivia. El acto concitó la atención de numerosos medios periodísticos. Por sobre todo sirvió como lanzamiento de nuestra campaña. Eduardo Salas planteó que las medidas adoptadas por el gobierno de Bolivia habían puesto sobre la mesa el debate sobre la nacionalización de los recursos energéticos en toda la región y que era necesario defender a Bolivia de los ataques de Lula y Kirchner que actúan como gerentes de Petrobras, Repsol y Techint. Mientras realizábamos el acto, las bolsas del mundo se derrumbaban ante el anuncio de los índices inflacionarios de Estados Unidos, en donde el crecimiento de los precios fue liderado por la energía (3,9%). Esto pone de manifiesto la importancia de redoblar los esfuerzos por la nacionalización sin indemnización de todos los recursos energéticos para acabar con la barbarie capitalista.

La presentación de siete listas en un sindicato es un fenómeno muy particular. Expresa, ante todo, que la Comisión Directiva no es un factor de aglutinamiento sindical. En cambio, sí tiene el apoyo de la poderosa Cipa, la cámara empresaria. La camarilla dirigente impuso un violento giro al proceso político del sindicato hace dos años, cuando fue cooptada por la patronal y el Estado. Todo empezó con la expulsión de los cinco dirigentes que hoy encabezan la agrupación Bordó. La caja del sindicato se convirtió en un peculiar “fondo” en negro aportado “solidariamente” por las patronales, mientras las cuentas legales del sindicato siguen embargadas por las colosales deudas del saravismo, expulsado en 2002, luego del triunfo celeste. Esa caja, fuera de todo control, alimenta incluso a matones. En los dos años que transcurren desde ese momento, Salas y Verón, sus dirigentes, concretan un verdadero golpe de Estado al interior del Soip: incorporan los aumentos oficiales como “premios”, adoptan una orientación indemnizatoria frente a los despidos, desconocen la Comisión Paritaria elegida en asamblea general, excluyen del cuerpo de delegados a los cooperativizados (en negro), blanquean con cláusulas flexibles, congelan los salarios gambeteando las paritarias del año pasado y de este año... Finalmente, coronan la obra con el convenio Cipa-Soip, un instrumento destinado a “blanquear” a miles de compañeros en las condiciones más negreras, eliminando todas las conquistas del convenio ‘75 e incluso a la baja en materia salarial. La firma de dos solicitadas del “felipismo” sindical marplatense por parte de Samuel Salas, el secretario general, buscó insertar la nueva burocracia en el “concierto” de la línea dominante de la CGT. El contraste es total con los dos primeros años orientados por los dirigentes expulsados. El gremio consiguió, mediante una huelga con piquetes que conmocionaron el puerto, un aumento del 30% en pleno 2002, cuando de eso no se hablaba en la Argentina; luego otro más, completando un 50%; blanqueó un puñado de plantas con el convenio ‘75 mediante ocupaciones y huelgas; defendió a los activistas despedidos, unificó el Cuerpo de Delegados del blanco y el negro, realizó asambleas generales de hasta 700 compañeros que emparentaron al Soip con las expresiones más avanzadas de la clase obrera argentina. Políticamente, el Soip de 2002 y 2003 recorrió un camino de independencia de la burocracia sindical, participó de los grandes actos del movimiento piquetero y asambleario en la Plaza de Mayo, se unió al movimiento piquetero local en resonantes conflictos que lograron incluso disputar la contratación de desocupados de los listados barriales de las organizaciones en algunas plantas. En cambio, el Soip posterior estuvo de espaldas a la gran huelga de los embarcados del puerto el año pasado, en la que sí jugó nuestra agrupación celeste histórica, hoy Bordó, en la carpa de la plaza, agitando el puerto, solidarizando al activismo y luchando por la garantía horaria, una conquista que la camarilla entregó precisamente en el convenio Cipa-Soip. Esa es la cédula de identidad de la Bordó-Marrón. Sus 36 candidatos acreditan el protagonismo de Patricia Comparada, María Dematteis, Rubén Quiroga y otros compañeros al frente de las luchas, la calidad de los delegados fabriles actuales y de los paritarios electos en asamblea general que pueblan su lista. La patronal juega su partido. Cerró una planta entera, El Marisco II, cesanteando al adjunto de nuestra lista (ver nota). Algunos candidatos son “apretados”. Exigimos plenario de delegados para defenderlos a todos. La Agrupación Bordó, nombre que adoptó nuestra histórica agrupación celeste Unidad Obrera del Pescado ante la usurpación, despliega una fuerte campaña de folletos, volantes y afiches que recoge gran descontento con la conducción. Más de 100 pintadas visten el puerto de Mar del Plata. La novel burocracia apuesta a que cada lista se vote a sí misma en sus lugares de trabajo y ellos se llevan el botín mediante el aparato y el favor patronal. Los contrarrestamos explicando un programa asentado en una trayectoria, incluso en la dirección del sindicato. Nuestros dirigentes no son una promesa, ya defendieron consecuentemente ese programa. A partir de ello, crear una corriente polarizando con el aparato oficial, es la llave de la victoria. Está en marcha la gran batalla por la segunda recuperación del Soip. Ese es el mensaje a los trabajadores.

El 17 y 18 de junio se realizará el Congreso Nacional de la Unión de Juventudes por el Socialismo. Será una instancia de movilización política de la juventud que está luchando tanto en los colegios y las facultades como en las barriadas, con la finalidad de desarrollar una organización socialista de la juventud, de lucha, de movilización, internacionalista. Desarrollo La UJS realizará su Congreso en un cuadro determinado por un importante desarrollo de sus fuerzas, sobre todo en el movimiento estudiantil. Este desarrollo se manifiesta, aunque con sus desigualdades internas, en todo el país. En la Universidad de Buenos Aires la UJS es hoy la principal fuerza política, superando, incluso, a todas las agrupaciones y partidos de la burguesía. Ese crecimiento se ha expandido a los secundarios de la Ciudad de Buenos Aires, donde los militantes de la UJS están a la cabeza de la formación de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios. En el Gran Buenos Aires, la UJS tiene una presencia creciente en la casi totalidad de las nuevas universidades, y en muchos distritos tiene un peso significativo entre los secundarios y los terciarios. En La Plata, al ya conocido trabajo entre los estudiantes secundarios ahora se agrega un rico trabajo en la Universidad de esa ciudad. El crecimiento de la UJS se manifiesta también en el interior del país, con la incorporación de nuevos compañeros y la conquista de posiciones de dirección en las organizaciones de masas. El desarrollo de la UJS ha estado basado en la lucha independiente contra el gobierno de Kirchner, en el impulso de todas las tendencias combativas que anidan en la masa juvenil, en el frente único con otras organizaciones, en la delimitación de las posiciones democratizantes y, muy especialmente, en la campaña de lucha por un frente 100 x 100 de izquierda impulsada por el PO. Se trata, por lo tanto, de un crecimiento revolucionario, no sólo por el programa de la UJS, sino también por el método de intervención desarrollado. Lucha política La aparición del gobierno K generó una fuerte delimitación al interior del movimiento de la juventud. Muchas agrupaciones independientes, que aparecían como una referencia de peso para un sector del activismo juvenil, terminaron cayendo en las redes de la cooptación gubernamental. Con otras agrupaciones de izquierda, ligadas al nacionalismo, sucedió un fenómeno similar. En este cuadro, la UJS y el Partido Obrero emergieron como la corriente que defiende una alternativa obrera y socialista opuesta al nacionalismo de contenido capitalista. Ante el movimientismo sin programa y el liquidacionismo de la izquierda democratizante, el desarrollo de la UJS se convirtió en una fuerza de atracción para los activistas. Incluso para varias agrupaciones independientes, que comprendieron las limitaciones del nacionalismo burgués. Vamos a un gran Congreso No cabe duda que el desarrollo de la UJS todavía tiene un carácter acotado a un sector del activismo. Su principal valor radica en mostrar una perspectiva de desarrollo en el mismo momento en que la izquierda se divide bajo la presión política del gobierno nacional y de las variantes centroizquierdistas. La posibilidad de un desarrollo masivo de la UJS está planteada por el conjunto de la situación, pero, en última instancia, su viabilidad deberá mostrarse en la práctica. Para esto es necesario intervenir, luchar, organizar, agitar, tomando el conjunto de las reivindicaciones y oponiendo al gobierno de Kirchner, en el transcurso de la lucha, una alternativa obrera y socialista. Como instancia de lucha, nuestro Congreso es también una convocatoria a los activistas que luchan. Llamamos a que en cada barrio, facultad, colegio, se elijan delegados para que participen del Congreso de la UJS. Llamamos a las agrupaciones independientes con las que venimos luchando a participar activamente, fusionándose con la UJS en pos de una organización nacional de la juventud. Vamos con todo al Congreso de la Unión de Juventudes por el Socialismo.

El viernes 19 hicimos un acto en Tafí Viejo por la apertura del local. Los oradores fueron Sergio “Pluma” Díaz, dirigente histórico de la lucha obrero sindical y Martín Correa, nuestro Constituyente electo por la Sección III, a la cual pertenece Tafí. La gente fue entrando en calor gracias a un mini recital folklórico que desinteresadamente organizó un simpatizante nuestro. Sergio denunció que en Tafí también existe una “versión local” de la pelea de camarillas provincial. En este caso, entre el actual intendente Pucharras y su predecesor A. Martínez, quien maneja la mayoría de los miembros del Consejo Deliberante de la ciudad. Pelean por el presupuesto de las obras públicas. Pero los taficeños todavía no vimos realizar ninguna obra. Mientras zonas enteras que carecen de agua potable, otras se inundan en épocas de lluvia. Actualmente se disputan el control del Consejo Consultivo, que fue intervenido por Pucharras para mantener a los desocupados como rehenes políticos a cambio de 150 pesos. Este intendente es el principal promotor del trabajo en negro: paga 1,70 la hora y obliga a los trabajadores a firmar un documento queexime a la municipalidad de cualquier posible accidente de trabajo. El acto se cerró con el discurso de Martín Correa, quien explicó la lucha del PO en la Constituyente.

El 17 de mayo, más 150 profesionales de 14 hospitales y centros de salud nos movilizamos a la Jefatura de Gobierno de la ciudad para reclamar la derogación de la resolución 375, un salario básico de 2.200 pesos para la categoría inicial por 24 horas semanales, y el cese de represalias y del sumario administrativo iniciado en contra de la doctora Laura Schargrodsky, médica del Hospital de Niños e integrante por la oposición de la gremial médica de ese hospital. La movilización se inscribe en el plan de lucha iniciado en abril por la Comisión Interhospitalaria, el FRG y Tribuna de Salud, en respuesta a la paritaria trucha y la nueva carrera profesional. La resolución 375 es la ratificación oficial del acuerdo paritario firmado en noviembre del año pasado entre el gobierno de Ibarra-Telerman y la conducción de la Asociación de Médicos Municipales. Médicos Municipales acordó un haber de 1.620 pesos por 30 horas, para la categoría inicial, desconociendo el mandato de las asambleas hospitalarias que habían votado una salario básico de 2.200 pesos por 24 horas. La 375 cercena los derechos laborales adquiridos, consagra la flexibilización laboral, las evaluaciones de desempeño bianuales a cargo de las jefaturas y la pérdida de la estabilidad (despidos). No hay aumento de salarios sino extensión de la jornada laboral de 24 a 30 horas. Un anticipo de lo que se viene es el sumario administrativo pergeñado -una verdadera provocación-, en contra de la médica del Hospital de Niños. El jefe de Gobierno y el jefe de Gabinete (Núñez) se negaron a recibirnos a pesar de nuestros reiterados reclamos. Por eso decidimos mantener cortada la Avenida de Mayo, frente a la sede comunal por espacio de casi tres horas, los viejos aires del nuevo gobierno no se hicieron esperar, enviaron a la Guardia de Infantería de la Federal para intimidarnos... No nos movimos y resolvimos en asamblea, en plena calle, impulsar un petitorio y continuar el plan de lucha el miércoles 24 de mayo, movilizándonos al Hospital de Niños a las 12 horas para realizar un acto y reclamar la suspensión del sumario y los aprietes.

El reciente anuncio del gobierno de Kirchner de “avanzar” en la anulación de los decretos de indulto de Menem es una gota más del “operativo clamor” para la Plaza del Sí. El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, envió a los fiscales una instrucción para que avancen en las investigaciones relacionadas con los crímenes imprescriptibles y de lesa humanidad cometidos por la dictadura. “La resolución vale más como gesto político: es una forma de hacerle notar a la Cámara de Casación que hace ya meses debería haberse pronunciado acerca de la constitucionalidad o no de los indultos” (Clarín, 15/5). La mayoría de los jueces de la Cámara de Casación fueron nombrados por la dictadura militar y muchos de ellos han sido recusados por organismos de derechos humanos. Esa misma Cámara excarceló, hace pocas semanas, a los militares presos por el Plan Cóndor y hasta el camarista Alfredo Bisordi se refirió de puño y letra en un expediente a una desaparecida como “delincuente terrorista”. En vísperas del último aniversario del golpe, Kirchner se negó a derogar por decreto los indultos (una facultad presidencial) para que fuera la Justicia quien eventualmente proceda. La anulación depende ahora del fallo de un organismo (Cámara de Casación) conformado casi íntegramente por jueces de la dictadura.

El lunes 15 de mayo se llevó a cabo una asamblea en el sindicato pasteleros con motivo del pedido de aumento de salario del 20% para la rama confitería. La asamblea contó con la presencia de 120 compañeros, algo que sorprendió a los propios organizadores. Las numerosas intervenciones de los compañeros reflejan la combatividad que reina entre los trabajadores. La propuesta patronal de ofrecer un aumento en tres cuotas enardeció al conjunto de los trabajadores y al grito de ¡paro de 24 horas! ¡que se vote! salió el paro por el 20% ¡ya!, votado unánimemente. El paro se hizo sentir en los establecimientos más grandes: 9 de Oro, Nuria, Ultra Congelado, y se hizo el aguante en los locales más chicos. Tuvo una amplia cobertura en los medios locales el paro de 9 de Oro en Granadero Baigorria, y los medios de prensa de Rosario reflejaron la contundencia del paro en general. El acatamiento fue de un 90%. La Nuria realizó corte de calle. Y en 9 de Oro las gomas ardieron al calor del piquete. Un capítulo aparte merecen los compañeros más nuevos, algunos de ellos contratados que a pesar de su situación laboral fueron los más luchadores y lo que impulsaban a los más viejos. Resta esperar una reunión de las cámaras patronales con el sindicato el 29 de mayo. Después de 18 años sin producirse un paro, los trabajadores han irrumpido en la escena local a fuerza de asamblea, paro y piquete. Abramos la perspectiva por un salario de 1.500 pesos de básico y la efectivización de todos los contratados. ¡Adelante compañeros!

Al cierre de esta edición, se conoció la renuncia de Alterini a su postulación como rector de la UBA. Todo indica que lo hizo bajo la presión del gobierno, que busca una salida a la crisis universitaria. Detrás de la renuncia, entonces, hay un acuerdo entre Kirchner y Alterini para designar un candidato común, pactado. Después de todo, serán los votos que apoyaban a Alterini los que designarán al nuevo rector. Vendrá ahora la fuerza pública a imponer esta decisión arbitraria.

Con la votación de los principales artículos de la “nueva” Constitución tucumana, las múltiples camarillas provinciales y municipales alineadas en torno de Alperovich han logrado un acuerdo sobre el régimen político que regirá en la provincia. El vértice de este pacto es la reelección más o menos indefinida del gobernador y vice, o sea la continuidad del presente régimen de camarilla. Pero, como moneda de cambio, los sucesivos “punteros” y “referentes” exigieron su propia perpetuación: por eso, arrancaron en la Convención la reelección de intendentes, concejales y legisladores. La Constituyente votó un régimen de reelección general, o sea, una oligarquía política vitalicia a la escala de toda la provincia. En este pacto, las cliques que sostienen a Alperovich no estuvieron solas: la Iglesia bendijo a la Convención, una vez que ésta incorporó, en el preámbulo, la “defensa de la vida desde la concepción”. El acuerdo constitucional incorporó también a la cúpula judicial: en el debut de las deliberaciones, Alperovich concedió a la Corte y a toda la jerarquía de la Justicia el 82% móvil, al tiempo que mandaba a “archivo” el proyecto constitucional del PO que proponía lo mismo para los trabajadores jubilados. Lo que unifica a los impulsores de este pacto constitucional reaccionario es, precisamente, la hostilidad mortal a todas las reivindicaciones populares, y la defensa de los intereses capitalistas que lucran con la obra “pública”, el juego y la explotación del trabajador agrario. Del acuerdo formó parte también el conjunto de la burocracia sindical, que se llamó “a silencio” durante la Convención. El mismo “silencio” les cabe a las fuerzas que se declaron “abstencionistas”, y que fueron incapaces de generar la más mínima acción popular contra el proyecto reeleccionista. Acuerdo precario Pero el acuerdo que “sacó adelante” a la Constituyente alberga fuertes contradicciones. El gobernador Alperovich, y su vice Juri, encarnan a dos sectores del kirchnerismo que están brutalmente enfrentados. Juri está sostenido por la estructura tradicional del PJ tucumano. Alperovich, él mismo ex radical, ha construido un rejunte de ex aliancistas y frepasistas, y, por supuesto, pejotistas emigrados. El “armado” político de Alperovich procura el socavamiento del PJ de Juri. Tucumán, en definitiva, es una versión provincial del “amontonamiento” kirchnerista, y de la precariedad de su hegemonismo. La Constituyente ha sellado precariamente la unidad de estas facciones apelando a una resurrección parcial de la ley de lemas (“el acople”), donde se habilita a que distintas listas legislativas puedan apoyar a un mismo candidato a gobernador, a vice y, eventualmente, a intendente. El recurso busca capturar votos para las futuras reelecciones, pero puede ser el marco para una fragmentación de listas parlamentarias. En los últimos días, el régimen de poder personal instituido en la Constitución ha provocado un conjunto de choques con sectores de la Justicia y corporaciones profesionales y patronales. No parece, sin embargo, que por ese lado la sangre “llegue al río”: por encima de las quejas parciales, la camarilla de gobierno es garante de los superbeneficios capitalistas en la provincia. En cambio, el proceso constituyente ha desnudado el abismo que existe entre la camarilla alperovichista y las aspiraciones populares. No solamente porque éstas -expresadas en los dieciocho proyectos presentados por el PO- fueron literalmente “archivadas” en el curso de la Convención, sino además porque, mientras la Convención transcurría, esa hostilidad entre el gobierno y las masas se puso de manifiesto cotidianamente. El crimen de Paulina delató al régimen político de Tucumán como un factor de inseguridad permanente. Alperovich respondió con mayor represión contra la juventud. La lucha de los docentes, de los citrícolas y azucareros mostró que “el dinero de la obra pública es arrancado a trabajadores y jubilados”, como denunció Martín Correa en la última sesión. La Constituyente no ha sido el escenario de la pacífica “unción” de Alperovich, sino el telón de fondo de una crisis política, marcada por la lucha de camarillas y por la intervención popular. Oposición política Con todo, un observador avezado de la situación provincial apreciaría que el hecho más destacado del proceso de la Convención ha sido otro. Nos referimos a la irrupción del Partido Obrero, como oposición política obrera y socialista al Kirchner tucumano. En medio de la deserción general de una oposición centroizquierdista y radical desintegradas, y con sus restos unidos por mil lazos al gobierno y a su presupuesto, la lucha política de la Convención se polarizó entre el gobierno, por un lado, y el Partido Obrero, por el otro. Para jugar este papel, desarrollamos una lucha política integral. Denunciamos a la Constituyente trucha de un modo sistemático, desde su propia convocatoria. Introdujimos la crisis política en la Convención, al exigir un pronunciamiento por el crimen de Paulina. A través de nuestros proyectos, y en los debates legislativos, rebatimos una por una las “salidas” del régimen, y les opusimos otra perspectiva estratégica socialista. No nos presentamos como denunciantes circunstanciales, sino como alternativa política. En sintonía con ese programa, llevamos la lucha de la Convención a las calles, con la colocación masiva del periódico, con un afiche que conmocionó a la provincia, con agitaciones y la gran marcha que, en la tarde del lunes pasado, sacudió la rutina de la Convención. Un gobierno mayoritario, surcado por camarillas; un cuadro de luchas populares que enfrentan al gobierno. Una oposición disgregada y sometida al gobierno, a través de intereses sociales comunes. Tucumán, ¿no es el país? Con su lucha y su proyección política, el PO tucumano señala una oportunidad de alcance nacional.

“Esto es una guerra y no retrocederemos”, declaró el jefe de la policía militar paulista, Elizen Borges (Clarín, 16/5). Sin embargo, los 107 asesinados por la policía de San Pablo en los días posteriores al levantamiento carcelario extendido desde esa ciudad a casi todo Brasil, han dejado en claro contra quién es la guerra: “Hay preocupación de que (la lista de sospechosos muertos) pueda estar constituida por inocentes. Sabemos que unos sectores de la policía actúan fuera de la ley. Algunas muertes pueden ser pura venganza”, dijo el asesor de la Fiscalía de San Pablo, Carlos Cardoso (La Nación, 20/5). Más tarde se conocería que varios de los muertos eran obreros sin antecedentes policiales. En otras palabras: la policía, al igual que los “capos” de la droga resuelven su guerra entre mafias aterrorizando a la población trabajadora de la ciudad más grande de Sudamérica. Claudio Abramo, de la ONG Transparencia de Brasil, indicó que detrás de la sublevación armada del Primer Comando de la Capital (PCC) –un organismo paramilitar de narcotraficantes, que gobierna las “favelas” por medio del terror– se encuentra “la corrupción en las policías y en el sistema carcelario… semejante organización delictiva no puede funcionar sin la complicidad policial” (Clarín, 16/5). Todo indica que se ha producido una “ruptura de contrato” entre el PCC y el Comando Vermelho, que maneja el negocio de la droga en Río de Janeiro. Esa ruptura involucra a las fuerzas policiales, a los políticos, abogados y jueces que trabajan con uno o con otro. Se sospecha, incluso, que algunos de los policías asesinados han sido muertos por otros policías, mientras los presos se masacran y hasta se decapitan entre sí. La degradación de todo un régimen social, político y económico estalla en barbarie. Cómo andamos por casa La Argentina, con otras características, vive esa tragedia en cada una de las “tumbas” del país, como los internos, razonablemente, llaman a las cárceles. “Mi único objetivo es salir vivo de aquí”, dijo no hace mucho al autor de esta nota un hombre detenido en la U21 de Campana. El asesinato de 32 internos en Magdalena, en octubre del año pasado, muestra que las prisiones argentinas son campos de exterminio. También son centros de organización del delito, donde “las gorras” (guardiacárceles) y los presos “pesados” o “porongas” forman bandas para salir a robar, muchas veces juntos (recuérdese el caso del restaurante Dolly, donde un “gorra” dedicado a esos menesteres asesinó a un suboficial de la Policía Federal). En esos sitios la vida puede costar apenas los 30 pesos que los guardias cobran a los presos por una “faca”. Por eso, excelente estuvo la presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía tucumano, compañera Elena Soria, cuando con su discurso echó de un acto en la Plaza Independencia a Juan Carlos Blumberg: “Le decimos al señor Blumberg que en nombre de la inseguridad no nos metan más policías”, dijo Elena. En efecto, cuando de inseguridad se habla, en San Pablo, en Tucumán o en Buenos Aires, necesitamos empezar por meter bisturí hasta los huesos de la podredumbre de los aparatos represivos.

El intendente renovador Valenzuela vetó las ordenanzas sobre discapacitados presentadas por el PO y que fueran aprobadas por unanimidad. Para rechazar el veto se necesitaban ocho concejales (sobre once) que ratificaran las ordenanzas. Los renovadores votaron a favor del veto y borocotizaron a una concejal del PJ (que, en realidad, se borocotizó desde la sesión preparatoria). Y, “curiosamente”, un concejal del PJ y otro del Unidos por la Victoria no aparecieron. La ordenanza de creación de la oficina pasó a comisión. Y la del cupo laboral se aprobó con algunos cambios. Valenzuela intentó cooptar a algunos activistas del movimiento independiente de los familiares y los discapacitados. Pero la unión y la fortaleza de los compañeros mantiene firme el movimiento y no lo van a poder derrotar. En el Concejo de Mosconi se aprobó por unanimidad la ordenanza para la creación de la oficina, pero hay que prepararse por si el intendente Ruarte la veta. Allí también se pone en pie un movimiento de los familiares y los discapacitados.