Prensa Obrera N° 942

Dosoretz, como ya hemos señalado en el anterior numero de Prensa Obrera, renunció como interventor antes de pisar el Hospital. En su reemplazo ha sido elegido el abogado Salvatierra, un joven K que, según se dice, habría estado al frente de la organización de algunos de centros de gestión y participación (CGP) de la Capital. Al joven interventor se lo ve muy hiperactivo y locuaz, y con su estilo pretende congraciarse con la masa de trabajadores. La demagogia propia del estilo K no ha impedido que el flamante interventor haya mostrado la hilacha al señalar en algunas de sus recorridas que había “demasiado personal” en el Francés. ¿Se prepara un recorte? No hay que descartar un ataque contra los trabajadores, disimulado con alguna medida espectacular, separando, por ejemplo, a algún jefe o suprimiendo algún servicio tercerizado.

El Congreso del FUT-PO realizado el 14 y 15 de abril, en Caleta Olivia, ha tomado como punto de partida el gran proceso de luchas obreras, que conmueve la provincia. La lucha de los desocupados del norte de Santa Cruz, que redundó el año pasado en la obtención de dos mil puestos de trabajo abrió una nueva etapa para el conjunto de los trabajadores de la provincia. En este marco se inscribe la lucha de los compañeros de Las Heras contra el impuesto al salario y por el encuadramiento del conjunto de los trabajadores en el convenio petrolero. La firmeza de 2.000 compañeros ha obligado al gobierno a modificar el impuesto a las ganancias. La medida benefició a 400.000 trabajadores de todo el país. La pelea de Indus por el encuadramiento sindical en petroleros ha planteado, asimismo, un camino para miles y miles de compañeros de los distintos yacimientos. Se trata de un reclamo estratégico para superar la división artificial de los trabajadores por medio de la “tercerización”. Se trata de una pelea en regla contra la flexibilidad laboral. Consciente de lo que está en juego, el gobierno ha respondido por medio de la represión, tanto policial como patronal y de parte de la burocracia sindical. La dirigencia del sindicato petrolero, en todas sus variantes, le declaró la guerra a los obreros de Las Heras. La Directiva de petroleros intenta sancionar con desafiliaciones a los delegados y activistas que apoyaron la huelga. El gobierno nacional ha instalado la gendarmería como fuerza de ocupación permanente por exigencia de Repsol y del conjunto de las petroleras. Las patronales piden el desafuero de los delegados, la justicia encarcela y la burocracia sindical desafilia: todo el odio y el temor de la clase capitalista y sus lacayos se concentra contra esta lucha histórica. En estos días, sin embargo, otro gran episodio de esta lucha se ha manifestado en San Julián, con la ocupación de la mina Cerro Vanguardia por parte de sus obreros, que exigen aumento de salarios y que el impuesto al salario sea pagado por la patronal. Esta rebeldía trabajadora explica por qué los recursos represivos empleados no han podido poner fin a la lucha. Las movilizaciones de las mujeres y del pueblo de Las Heras por la libertad de los compañeros presos; la resistencia a las desafiliaciones sindicales perpetradas por la burocracia; la persistencia del reclamo del reencuadramiento sindical; la lucha contra los despidos de Indus — son todos testimonios de una tenacidad sin precedentes. Es una resistencia que está profundamente arraigada desde la lucha que impuso puestos de trabajo a fuerza de piquetes y ocupaciones de plantas, de puebladas de los municipales y grandes huelgas docentes y mineras. Los trabajadores hemos acumulado una poderosa experiencia de lucha. Al movimiento de Las Heras se han sumado nuevas luchas: el paro de Servicios Públicos en Caleta Olivia; movilizaciones en todos los hospitales; las nuevas luchas de los mineros de Río Turbio; la huelga sin precedentes en la mina de oro de Cerro Vanguardia. El manifiesto de los compañeros mineros denuncia el saqueo económico de los pulpos (que están asociados al estado kirchnerista con Fomicruz), reclama el ajuste por inflación y el pago del impuesto al salario por la patronal, y pone en la picota a la burocracia sindical, que traiciona la lucha con alevosía. El II Congreso del FUT-Partido Obrero destaca que las luchas en curso son la manifestación de una tendencia profunda de la clase obrera en su conjunto. En todo el país está en marcha la lucha contra las tercerizaciones y el trabajo precario. La lucha contra la superexplotación y por la recuperación de las conquistas laborales es, objetivamente, una lucha anti-capitalista. Nuestra lucha se mira en el espejo de los trabajadores y la juventud de Francia, que hicieron retroceder un nuevo intento de precarización laboral. La población de Entre Ríos, que corta los puentes en defensa del medio ambiente, nos llama la atención a los trabajadores santacruceños acerca de la gigantesca contaminación que petroleras y mineras están perpetrando en esta provincia. El Congreso del FUT-Partido Obrero declara su total e irrestricto apoyo a la huelga minera de Cerro Vanguardia y adopta un Plan de Lucha en apoyo a las luchas en curso, por las siguientes reivindicaciones: • Abajo el impuesto al salario; eliminación de los impuestos que gravan el consumo. · • Inmediato reencuadramiento, en el sindicato petrolero, de los miles de compañeros que trabajan para las petroleras con convenios basura. Reincorporación inmediata de los cesantes de Indus, Bolland, etc. · • Que se anule la desafiliación de delegados y activistas de parte del Sindicato Petrolero; abajo los desafueros de delegados; reincorporación de los despedidos. Libertad a los compañeros presos En Santa Cruz, en los últimos tres años, gran parte de los movimientos obreros fueron reprimidos violentamente por policías y gendarmes. Nuestra provincia tiene el récord de luchadores procesados. Se prolongan las detenciones, los malos tratos y los apremios y torturas en las comisarías y alcaldías de la zona norte. Cristian Ruiz, un compañero desocupado, cumple nueve meses de detención y ocho obreros de Las Heras están presos por una presunta participación (no comprobada) de la muerte de un policía en la pueblada del 7 de febrero. Estos compañeros son rehenes del poder político. La propia jueza se ha visto obligada a procesar a doce policías, responsables de golpizas contra los detenidos. Procesa a unos pocos policías por una cuarta parte de los delitos que cometieron. Amplios sectores reclaman el juicio político a la jueza Roata; el FUT-PO se solidariza con este reclamo y plantea la destitución de los jueces y su elección directa (y revocable) por el voto popular. El II Congreso del FUT-PO saluda especialmente el esfuerzo de lucha que vienen realizando las mujeres y familiares de los detenidos de Las Heras y la comisión de Familiares y Amigos por la libertad de Cristian Ruiz y compromete todas las acciones necesarias hasta lograr la libertad de todos los compañeros. • Libertad y desprocesamiento a los presos de Las Heras, a Cristian Ruiz y a todos los perseguidos por luchar. • Que se vaya la Gendarmería de Las Heras y de todos los yacimientos. • Disolución del GOE y la brigada de investigaciones zona norte de la policía provincial, juicio y castigo por las torturas en las comisarías. Renacionalizar el petróleo Menem y Kirchner privatizaron el petróleo a precio de remate, asegurando que produciría un mayor desarrollo económico. A catorce años de aquellas promesas, la producción de petróleo y gas está en franco retroceso. En pocos años más, Argentina deberá importarlos. Repsol y los otros pulpos se han llenado de ganancias agotando los pozos descubiertos por YPF, liquidando su flota y arruinando su estructura social. Ahora reclaman “ayuda del Estado”. La privatización petrolera ha empobrecido a la economía nacional y amenaza con hacerla retroceder enormemente. La lucha de los petroleros ha puesto de manifiesto el carácter parasitario de la privatización, en lo que tiene que ver con los trabajadores. Ha servido para precarizar el trabajo y reforzar la miseria social. Se impone la expropiación de los pulpos petro-gasíferos y la reconstitución de YPF bajo gestión de los trabajadores. Depredación pesquera, al saqueo del oro y la plata Santa Cruz, está dominada por un puñado de empresas capitalistas, cuyas enormes ganancias salen a abarrotar los bolsillos de los accionistas de la Bolsa de Nueva York, Londres o Madrid. Explotan recursos no renovables que, a término, harán aún más pobre a la Patagonia Las compañias pesqueras, especialmente de capitales españoles, han depredado el langostino del Golfo de San Jorge, a cambio de ganancias impresionantes, como es el caso de Conarpesa. Pagan migajas a los trabajadores, en pesos, mientras venden en euros sus productos, elaborados arriba de los barcos, directamente en las góndolas de la Comunidad Económica Europea. Las plantas en tierra, que procesan principalmente merluza, centolla y fauna acompañante, mantienen a sus operarios fileteros, peones y envasadoras, ya sean argentinos o bolivianos, en cooperativas y tercerizadas (SRL), estableciendo un gran fraude laboral con la complicidad del Gobierno. Reivindicamos: • Pase a convenio de todos los trabajadores, garantía horaria que cubra el 80% del salario de bolsillo, cuando no hay trabajo, tanto en tierra como en los barcos. Contra el trabajo en negro, reivindicamos la contratación laboral por medio de Bolsas de Trabajo organizadas por trabajadores y desocupados, y el control obrero de la producción. La minería ni siquiera paga impuestos. La Ley minera de Menem y Duhalde, ratificada por Kirchner, solamente deja a la provincia un 2,5% de regalías. En contrapartida obtiene importantes subsidios por la exportación por puertos patagónicos. Desarrolla impunemente un desastre ambiental. Los productos mineros, como el oro, no sufren retenciones, se exportan en un 100% y las divisas se liquidan en el exterior en su totalidad. Cerro Vanguardia (Anglo Gold), en San Julián; Huevos Verdes (Minera Andes), entre Las Heras y Perito Moreno; Manantial Espejo (Pan American Silver), en Gobernador Gregores, son el ejemplo concreto de los intereses que defienden los “nacionales y populares” del kirchnerismo. • Anulación de las concesiones mineras. Que el Estado se haga cargo, bajo la gestión de los trabajadores, de la explotación de los recursos naturales. Por una YCF estatal bajo control obrero. • ¡Por el triunfo de los reclamos de Cerro Vanguardia y Río Turbio! • ¡Fuera la Gendarmería de Vanguardia! Corruptela y crisis política El Presupuesto Provincial maneja dos mil millones de pesos. Sin embargo, los empleados públicos están en la miseria. Toda esa plata se va en los negociados de la obra pública. Miles de compañeros todavía están con contratos precarios, en cooperativas, como monotributistas, o en “empresas” tercerizadas prestando servicios en escuelas, hospitales, juzgados y demás dependencias municipales y provinciales. El gobierno es el primer evasor y promotor del trabajo en negro; los trabajadores del Estado provincial y municipal son afectados por ‘adicionales’ que no aportan a la jubilación o a la salud. A los “planes” no les pagan los “premios” y adicionales. A los trabajadores de los “planes” que fueron efectivizados no les reconocen los años de servicios para jubilarse. La camarilla kirchnerista está corroída por luchas internas. Acevedo se fue ante puja de poder. Los 1.100 millones de dólares que fueron depositados en el exterior siguen sin retornar a la provincia. Este manejo es posibilitado por la monopolización de la justicia, de los intendentes, del tribunal de cuentas y la auditoría. Kirchner ha convertido a la provincia en un feudo. En el intento de perpetuarse, está evaluando volver a la Ley de Lemas para la elección de Gobernador. La UCR no es oposición. Los diputados radicales, Freile y Hallar, han votado junto a todo el oficialismo el Presupuesto que mantiene por el piso los salarios de los trabajadores provinciales, municipales y docentes. También votaron la instalación permanente de la Gendarmería en Las Heras, para defender los intereses de Repsol. Antes Intendentes y concejales radicales habían firmado solicitadas contra la huelga de los maestros en 2004 y contra los municipales en 2005. El Partido Socialista de Di Tulio, en su momento también firmó esas solicitadas contra los maestros, marchó junto a la patota del PJ “en defensa de las instituciones” contra los desocupados y ‘planes’, llevó en su boleta electoral a Acevedo como candidato a Gobernador, y todavía forma parte del gobierno golpista de Sancho, con Omar Fernández como secretario de Medio Ambiente de zona norte, justo en la zona donde las petroleras hacen desastres con el medio ambiente y donde se procesó a más de 600 luchadores. El Congreso del PO denuncia el régimen de camarilla que gobierna Santa Cruz; subraya la completa descomposición de la oposición oficial; destaca la lucha de clanes en el seno del oficialismo por el reparto de todo tipo de negociados y repudia las maniobras continuistas, la Ley de Lemas, el sistema de punteros y el gobierno basado en la corruptela organizada. El Partido Obrero reclama el juicio de responsabilidades políticas a todos los que gobernaron en las dos últimas décadas; el enjuiciamiento por jurados populares de los graves casos de corrupción en la provincia, como el desvío al exterior de los fondos cobrados por las regalías mal liquidadas, las escuelas y viviendas que debieron repararse al poco tiempo de inauguradas, y en todas las obras públicas en general. Proponemos el control obrero en todas las instancias de gobierno; el derecho a la revocabilidad de todos los cargos públicos por parte de la ciudadanía; y la elección y revocabilidad de los jueces y los directores de organismos estatales. Reclamamos: • Trabajo genuino para todos. Bolsas de Trabajo de las organizaciones populares. Jornada de 8 horas y limitada a 6 horas por insalubridad del trabajo. Seguro al desocupado de 900 pesos. Salario mínimo de 2.000 pesos. Aumento al básico, hasta cubrir la canasta familiar (de 3.600 pesos ajustables por inflación). • Plan masivo de obras públicas bajo administración de los propios trabajadores, para que no nos sigan robando. Entrega de tierra y viviendas para la juventud y desocupados. • Triplicación del presupuesto educativo y de la salud. Becas para los chicos de todas las familias que no cubran la canasta familiar. • Anulación de la jubilación privada. 25 años sin límite de edad, 82% móvil y regímenes especiales por insalubridad y trabajos desgastantes. Defensa de la Caja de Previsión y el régimen jubilatorio santacruceño. • Cese de la Intervención a la Caja de Servicios Sociales. Cobertura del 80% de los remedios, 100% de las prácticas y rebaja de la orden médica a 1 peso. • Inmediata apertura de las cuentas del estado provincial. Que una Comisión independiente de organizaciones obreras y populares investigue la caja negra de las cuentas provinciales, pues los recursos deben destinarse a la salud, la vivienda y la educación. Mediante una sistemática agitación de denuncia de las tropelías del clan gobernante y de sus método de gobierno, y con un plan de lucha que lleve al triunfo las presentes luchas históricas de los trabajadores, construiremos una alternativa obrera y socialista.

La Federación Nacional de Empleados de Comercio acaba de firmar un acuerdo que es un fiasco: 150 pesos, que se pagarán en tres cuotas. El sueldo, de esta manera, llegará a la miserable suma de 1.000 pesos; el convenio extiende este salario hasta el 31 de mayo de 2007. Esta suma ni siquiera es remunerativa, o sea que no incidirá en el aguinaldo, ni en las cargas sociales, ni en las vacaciones. Tampoco mejorarán las condiciones laborales. La respuesta de los compañeros comienza. En una sucursal de Coto Rosario, el 80% de los trabajadores rechazaron este acuerdo y reclaman el 50% de aumento, o sea llevar el salario a unos 1.400 pesos. Llamamos al gremio de Rosario a rechazar este acuerdo y a convocar a asambleas y poner en pie un plan de lucha por el 50% de aumento. El 28 de abril reforcemos el Cuerpo de Delegados. La extensión del petitorio y el reclamo de que el gremio de nuestra ciudad convoque a discutir un plan de lucha, son dos grandes pasos en la lucha por el salario. Pero todavía más importante es la preparación de una fuerte organización para emprender esa lucha. Las elecciones a delegados del 28 de abril nos darán la posibilidad de colocar en el Cuerpo de Delegados a los elementos más luchadores y combativos. Es una necesidad y la primera tarea. Llamamos a todos los trabajadores a prepararse para luchar, votando el 28 de abril en las elecciones a delegados a los compañeros más activistas y luchadores para reforzar el Cuerpo de Delegados, como un paso fundamental para pelear por el salario y por el conjunto de las reivindicaciones.

Nos encontramos sesionando en el Congreso Provincial del FUT-Partido Obrero, en la escuela de EGB Nº 69 de esta ciudad, con delegados de muchas localidades de la provincia, analizando el histórico movimiento de luchas que estamos protagonizando los trabajadores de Santa Cruz y cómo asegurar el triunfo de las mismas. En estas circunstancias hemos leído en esta sala el petitorio elevado por ustedes a la patronal de la mina. Al finalizar la lectura, brotó naturalmente un aplauso porque se trata de un petitorio que plantea temas cruciales para todos los trabajadores, como por ejemplo el reajuste de los salarios por inflación y el reclamo de que los empresarios se hagan cargo del impuesto a las ganancias. Puesto el tema en consideración, el II Congreso del FUT-Partido Obrero ha adoptado la siguiente resolución: El Congreso del FUT-Partido Obrero apoya incondicionalmente el petitorio elaborado por los trabajadores de Cerro Vanguardia, comprometiéndose a difundirlo en los lugares de trabajo de las principales localidades de la provincia. Se encomienda a la Mesa del Congreso emitir una declaración pública en nombre de este Congreso respaldando y poniendo como ejemplo la lucha que están llevando adelante los compañeros mineros, frente a un monopolio imperialista que, como los mineros muy bien denuncian, gana fortunas con el aumento del precio del oro en el mercado internacional, y explota en su exclusivo beneficio las riquezas naturales de nuestro país, siendo beneficiario de todo tipo de exenciones impositivas. ¡Viva la lucha de Cerro Vanguardia! ¡Fuera la Gendarmería! ¡Adelante, compañeros! Por la Mesa de Presidencia del Congreso: Omar Latini, Darío Sánchez, Patricia Tureuna, Miguel Del Plá, Por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Obrero: Jorge Altamira y Néstor Pitrola

Con la misma ligereza con que se cambia una camisa, Bush “no excluyó” la “opción” de un ataque nuclear contra Irán. El Pentágono dio a conocer las fotos de los blancos eventuales obtenidas por sus satélites. La cuestión es la de siempre: el monopolio del petróleo. No es casual que la guerra se enseñoree, otra vez, en un país de Africa, Chad, el noveno productor mundial de petróleo. Las compañías norteamericanas controlan el 70% de la producción de Chad, pero los franceses no se quedan atrás, y Chirac, un presidente odiado por su propio pueblo, ha mandado tropas a su ex colonia. Chirac busca su tumba con encomiable empeño. La misma rapiña por el petróleo está ensangrentando a Nigeria, el quinto productor mundial. El imperialismo amenaza con más guerra para acabar con la resistencia del pueblo palestino y reforzar el muro de ‘apartheid’ que levanta el sionismo. Amenaza con más guerra porque el pantano de Bush en Irak amenaza la posición de dominación del imperialismo yanqui. Amenaza, también, para atemorizar a los trabajadores inmigrantes que han llamado a una huelga general en Estados Unidos, precisamente para este 1º de Mayo. Quiere contener la lucha de clases que emerge como consecuencia de los despidos masivos y la reducción de salarios que anuncian Ford, General Motors y Delphi en la propia Detroit. Los pueblos están pagando está agresión con más muertes. Con el pretexto del terrorismo se estrangulan los derechos ciudadanos. Las luchas populares son enfrentadas con represión, infiltración y provocaciones. El costo del militarismo y la guerra se paga con más miseria social. El imperialismo, la guerra y el militarismo son absolutamente incompatibles con la más mínima esperanza social. Por eso, el 1º de Mayo los trabajadores de todo el mundo debemos levantar la bandera de la lucha contra la guerra, lo que equivale a decir contra el imperialismo capitalista. Lo que equivale a decir, también, contra los gobiernos cómplices del imperialismo. Por ejemplo, los gobiernos sudamericanos que han enviado tropas a Haití, a ejercer la función represiva de un ejército local. O apoyan la intervención militar norteamericana en Colombia. Son los mismos gobiernos que protegen en sus países los lucros de Repsol, Petrobras (70% de capital norteamericano), Chevron, Pan American y otras, y que acorralan sin tregua a Bolivia para que se someta a esos pulpos. Los gobiernos que envían la Gendarmería a Las Heras y a San Julián, en Santa Cruz, para combatir a los obreros que trabajan en el petróleo y en la minería. Que también envían la Infantería contra los trabajadores del subte, para imponer la tercerización, es decir, el trabajo precario y en negro que asuela al 50% de los obreros argentinos". Que protegen a los pulpos que financian las guerras y que lucran con esas guerras, como lo muestran los precios exorbitantes del petróleo, el oro, el cobre o la plata y el zinc. Llamamos a los trabajadores de Argentina a lanzar una mirada mundial sobre la situación nacional. A organizarnos contra el imperialismo, sus cómplices nacionales y sus guerras. Por la Unidad Socialista de América Latina. Abajo el imperialismo capitalista, por una reorganización internacional sobre nuevas bases sociales.

El conflicto del Francés ha desatado un principio de crisis en el gabinete de Telerman. Cuando habían concluido los trámites por medio de la Secretaría de Salud de la Ciudad, dirigidos a poder cobrar el subsidio aprobado por ley de la Legislatura, y se estaba en plenos preparativos para concretarlo en la semana en curso, ha trascendido que desde la Secretaria de Hacienda habría una negativa a firmar la orden que ponga a disposición los fondos respectivos. La negativa de Nielsen a poner la firma abrió un frente de tormenta, hasta el punto tal que no se descarta que esto termine con la renuncia del secretario de Hacienda. Lo cierto es que se acumulan ya tres meses de atrasos, y a fin del este mes se sumaría un cuarto, a lo cual se agregan aguinaldos, vacaciones e inclusive diferencias por diciembre. Huelga señalar que esta situación es insostenible y pone en serio riesgo la continuidad del funcionamiento del Hospital. Por otro lado, con esta actitud el Gobierno de la Ciudad pasa a colocarse en un terreno de absoluta ilegalidad. Cabe destacar que la ley no sólo ha sido sancionada sino que está promulgada. Si el Poder Ejecutivo o alguna de sus carteras tenía algún reparo sobre la ley, tenía la chance de expresarlo en el tiempo reglamentario, incluyendo la posibilidad de vetarla si lo interpretaba oportuno. La ley ha sido confirmada, por lo tanto la Jefatura de Gobierno de la Ciudad tiene la obligación de instrumentarla y hacer efectivo lo que ordena. El argumento de la Secretaría nombrada se refiere a la existencia de sobresueldos en las liquidaciones contenidas en los listados. Para los trabajadores del Francés eso no es ninguna sorpresa, pues han sido ellos los primeros en denunciar la seguidilla interminable de irregularidades, que llegan al extremo del desfalco y la defraudación, mientras desde los órganos del Estado encargados de controlar un servicio público como el de la salud, se hacía la vista gorda (lo mismo que con los boliches bailables y recitales o el trabajo esclavo, que ahora ha salido a la superficie). Pero lo que los trabajadores del Francés no aceptan es que el mismo gobierno que es cómplice de este vaciamiento utilice esos casos como una excusa para no pagar a los centenares de trabajadores médicos y no médicos del Hospital. En los listados figuran 1.439 empleados, cuyos hogares están viviendo una situación desesperante. El Gobierno de la Ciudad, como lo ha planteado la Comisión Interna en un reciente comunicado, tiene los medios para zanjar perfectamente el problema. Si hubiera algunas situaciones controvertidas, se podría apartar esos casos y someterlos a un examen más cuidadoso, mientras se hace efectivo el pago a la masa de trabajadores que conforman el cuerpo médico y no médico del Hospital. Si esto no se hace, lo único que se puede concluir es que hay otra intencionalidad política y que los sobresueldos son el pretexto para encubrirla. Existe una preocupación en círculos de la burguesía de que la conquista arrancada por el Francés siente un precedente de carácter explosivo frente a otros conflictos. La traba surgida en Hacienda coincide con una campaña aviesa alentada desde algunos medios cuestionando el auxilio económico que se acaba de otorgar a los trabajadores del Francés. Estos mismos medios son los que han respaldado la acción del Estado cuando ese auxilio iba a parar a banqueros y empresarios, especialmente de las privatizadas. En cambio, se acuerdan del erario público y ponen el grito en el cielo cuando se trata de una ayuda dirigida a financiar las remuneraciones de los trabajadores. La hipocresía es mayúscula, más cuando se encubre que la posición de los trabajadores es que el costo de la reconstrucción del Francés lo paguen las administraciones corruptas y vaciadoras, quienes deberían responder con sus bienes y su patrimonio, lo que permitiría holgadamente devolverle al erario público los fondos que hubiera adelantado o tenga que disponer en el futuro. Es el propio gobierno el que se ha cuidado de ir en esa dirección, pues tiene temor a que los administradores del Francés saquen los trapitos al sol y pongan de relieve los negociados, donde están comprometidos actuales funcionarios kirchneristas, empezando por el mismísimo Alberto Fernández, quien en su momento ejercía como directivo del Bapro.

En el Departamento de Magallanes, en medio del campo, a más de 100 kilómetros del puerto San Julián, se ha producido una verdadera rebelión obrera. Los 300 mineros se han plantado contra la patronal, el Estado, la Gendarmería y la propia dirección del sindicato, y han levantado un pliego de reivindicaciones salariales, de categorizaciones, y que el mínimo no imponible sea pagado por la propia empresa. De los 300 mineros sólo 60 están afiliados al sindicato, pero 280 firmaron el petitorio y han elegido delegados y voceros para las negociaciones. El año pasado se produjo una desafiliación masiva al sindicato porque los delegados de la burocracia aprobaron un convenio sin consultar a la asamblea, que lo hubiera rechazado. El gobierno de Santa Cruz repitió con el conflicto de los mineros la experiencia de Las Heras: mandó la Gendarmería a la puerta de la mina. Pero ante los aprestos militares, la decisión de los trabajadores fue radicalizar las medidas; pararon la totalidad de la producción y se quedaron en el yacimiento. La producción de San Julián es verdaderamente “una mina de oro”, pero sólo para las siderales ganancias patronales. En San Julián se extraen aproximadamente 84.000 kilos anuales de metales preciosos, 74.000 de plata y el resto de oro. El yacimiento, que tiene reservas para 16 años, lleva explotadas menos de la mitad de ellas. Ante el fracaso de la Gendarmería, ha bajado a la mina la Subsecretaría de Trabajo. Pero la empresa sólo firmaría un acuerdo con la dirección del sindicato, aunque los mineros obligaron a que las reuniones se hagan con la presencia de sus propios delegados. Así se dictó una conciliación obligatoria que termina el viernes 21. La lucha de los mineros de San Julián es una muestra de la verdadera rebelión obrera que sacude la provincia de Santa Cruz. El PO de Santa Cruz está difundiendo el petitorio entre los yacimientos de Río Turbio y Huevos Verdes en apoyo al conflicto.

Mientras los kirchneristas ‘jacobinos’ (el Barba Gutiérrez y Depetris) hacen públicas sus andanzas para crear un movimiento sindical independiente de los Moyano, su ‘líder máximo’, Kirchner, se abraza con el ‘gordo’ Cavalieri, que le entregó en bandeja, según es su estilo, las aspiraciones sindicales de los trabajadores de comercio. Esto, claro, para la tribuna local, porque allá en el fondo, en Santa Cruz, Kirchner volvía a mandar la Gendarmería para enfrentar un reclamo de los mineros del oro, en Cerro Vanguardia, propiedad de Anglo Gold y ¿adivinen quién? el ubicuo De Vido a través de la estatal trucha de la provincia, Fomicruz. El patrón de Tierra Santa, en la Costanera, consiguió, no hace falta decirlo, una generosa contribución para el ‘sindicato’ y su ‘obra social’, directamente del bolsillo de la patronal. Se trata de una yunta antigua, porque el patrón de la Cámara de Comercio es todavía, como el mismo Cavalieri, la misma persona que llamó al golpe militar en febrero de 1976. Ni qué decir que, en la ocasión, Kirchner hizo la vista ‘gorda’. ¿Quiere decir que con esto el gobierno ‘superó’ la ronda salarial? Es demasiado temprano para decirlo, como se puede apreciar en el sindicato de la Alimentación, donde el 19% de Daer (en realidad 16% porque es escalonado) no cuaja. Es que haciendo cuentas, los compañeros del ramo observaron que Moyano se llevó para camioneros un adicional de 250 pesos, que caía con el convenio, lo que en el bolsillo supera el 25% de aumento. Por menos, entonces, no se bajan, y se están preparando para una huelga. Un aumento del 30% reclaman los mineros santacruceños, pero agregando que el impuesto al salario, que deberían pagar igual a pesar del aumento del mínimo no imponible, deberá quedar a cargo de las patronales. La pelota ha pasado ahora a los sindicatos estatales, de nación y provincias, una buena parte de los cuales pertenecen a la CTA. Los dirigentes de esta central dicen que no retrocederán un centímetro del 30% de aumento, que es lo menos que pueden pedir, porque los estatales ganan ‘de bolsillo’, por debajo de la “línea de pobreza”. El antecedente de las entregadas de Ctera; la adhesión al oficialismo en el reciente congreso de la CTA; y las maniobras a favor de la privatización del Astillero Río Santiago, auguran que esta burocracia va a volver a disimular su incapacidad con un torrente de palabras sobre la ‘dignidad’ y la ‘redistribución del ingreso’. Pero los activistas estatales están advertidos y no permitirán seguir siendo, con los desocupados y los trabajadores en negro, la última oreja del tarro del ‘país productivo’. En Argentina el salario mínimo está a medio camino entre los niveles de pobreza e indigencia, pero esto no quiere decir que sea respetado, al menos para una jornada de ocho horas. Millones de obreros están por debajo del mínimo, porque están desocupados, viven de changas o están en negro. Las rondas salariales los ignoran. Tenemos que impulsar la formación de Bolsas de Trabajo, controladas por las bases, para imponer las condiciones de contratación a las patronales negreras. Los compañeros del Subte y los de la construcción de Las Heras han puesto sobre el tapete la importancia enorme de terminar con la ‘tercerización’, que es el modo del que se valen las patronales para pagar salarios de hambre e incumplir con la legislación del trabajo, las normas de salud y los compromisos previsionales. Con este marco social es lógico que los oficialistas no hayan pensado siquiera en disputar la Plaza de Mayo a las organizaciones que luchan, el próximo 1º de Mayo. Pero parecen que van a tentar suerte el 25 de mayo, en lo que ya fue bautizado la ‘plaza del sí’ —o sea que será una parodia de la farsa que montaron en su momento Menem y Neustadt. Los ‘jacobinos’ de Barrios de Pie tendrán que explicar, sin embargo (aunque el asunto los tiene su cuidado), esta novedosa alianza de Kirchner con Barrionuevo —camino obligado para acordar con los ‘gordos’, y la posterior adhesión de Saadi. A los que observan perplejos estos movimientos, habrá que decirles que no los une el amor sino el vagón de plata que reparte la minería en Catamarca. Si se toma como espejo el caso de San Juan, lo que podría estar en marcha es un nuevo reparto de las ganancias en la provincia. Más que una demostración de fuerza ‘reeleccionista’ del kircherismo, la ‘plaza del sí’ podría convertirse en una pelea que no será precisamente ‘de gatos’, como decía Menem, y mucho menos ‘para reproducirse’. Como dice un periodista económico, “como las empresas siguen aumentando sus ganancias toleran los desbordes institucionales” (Cronista, 19/4). Tan mal no les va con esos ‘desbordes’, porque en las góndolas los precios siguen subiendo y los famosos ‘acuerdos’ no pasan de papel mojado. Ahora que Kirchner designó a un ‘malo’ para monitorear las cosas, la población se podrá dar cuenta de las colosales limitaciones de la política oficial, no digamos ya de su imaginación. Son esas ganancias las que explican la anemia de los opositores patronales, que al mismo tiempo prefieren que Kirchner sea el encargado de lidiar con la intensa lucha de clases que caracteriza al momento actual. Es un hecho que el Partido Obrero sí está movilizado en una campaña opositora de conjunto, oponiendo a las pretensiones del nacionalismo burgués un planteo obrero y socialista. Es en base a esta política de conjunto que impulsamos la unidad de los luchadores y de sus organizaciones. Es en el marco de esta estrategia que reclamamos a las centrales sindicales y a los sindicatos a romper con el gobierno y preparar un plan de lucha que imponga el salario mínimo de dos mil pesos, el fin de las ‘tercerizaciones’ laborales, el monopolio de la contratación laboral para las Bolsas de Trabajo y una campaña internacional para derrotar la guerra imperialista y apoyar las movilizaciones y las luchas en las metrópolis del capitalismo.

El gran operativo de infantería de Aníbal Fernández para garantizar “media calzada” no pudo evitar el copamiento durante cinco horas del Obelisco, incluyendo Corrientes y la avenida “más ancha del mundo” en todos sus carriles. Sólo su masividad explica la medida del movimiento piquetero. Cuando La Nación nos daba por muertos, la Unidad Piquetera conmocionó al país con medidas similares en una decena de provincias, excepto Córdoba, que salió el miércoles 19 con los trabajadores estatales. No hay tal “regreso de los duros” porque nunca nos fuimos. Estuvimos el 13 de marzo con Las Heras, en enero por perpetua a Fanchiotti y Acosta, en diciembre por el aguinaldo, en múltiples luchas parciales de la clase obrera, y fuimos el contingente organizado más masivo del 24 de Marzo. El punto es que logramos una enorme repercusión a partir del replanteo del programa por el que luchamos. Esto importa más que todo, porque nos abre una perspectiva futura. Desde el Obelisco lanzamos un llamado a la organización del medio millón de trabajadores superexplotados por 150 pesos en la función pública, para que mediante la formación de cuerpos de delegados luchen junto a nosotros por el pase a planta permanente. Denunciando las cooperativas de trabajo en negro del plan “Agua más Trabajo” y del “Techo y Trabajo” con las que lucran los dirigentes oficialistas, y de hecho, tres de ellas de Florencio Varela compartieron el piquete y la olla popular con nosotros. Hemos formulado un programa de inserción laboral mediante bolsas de trabajo obreras y piqueteras en las obras públicas de cada municipio y provincia, sean presupuestadas, en curso o simplemente prometidas, para luchar por él junto a los vecinos y la juventud de cada distrito. Y lo haremos disputando el monopolio patronal de la contratación negrera en la construcción, que tiene medio millón de trabajadores no registrados (Clarín, 18/4). Igualmente, la lucha por tierras y viviendas, bajo control de los afectados, otro negocio de D’Elía. El gran piquete refutó ante millones de oyentes de radio y televisión a la gran patronal y al gobierno en el tema de la capacitación, comenzando la lucha por ella en horario de trabajo, en la empresa pública o privada, en blanco, con categoría de aprendiz. De hecho, este piquete fue el planteo más acabado de un sector en lucha contra el trabajo esclavo que colocó en la agenda el Cromañón de compañeros bolivianos, planteando que el Estado se haga cargo de la continuidad laboral bajo control obrero de todas las explotaciones en negro cuyo blanqueo planteen los propios trabajadores, estableciendo una línea de organización de ellos mismos por estos objetivos. Por primera vez, varias de las organizaciones tomaron la denuncia de la contraprestación negrera a favor de un subsidio libre de ella para todo desocupado. Sus consignas nos ayudarán a unirnos a las luchas de vastos sectores afectados por el trabajo en negro: la pesca, el citrus, el trabajo rural en general, la construcción, entre otros. Si la perspectiva se asimila se abre una etapa de preparadas luchas locales por estos objetivos, convocando nuevos contingentes vecinales de desocupados, porque allí están las obras que se hacen y las que no, allí está la tierra y allí están las fábricas a las que queremos ingresar. Y será la masividad la que nos dé la victoria. En el día de los presos políticos, fue también una tribuna de denuncia de la represión, por la libertad de los compañeros de Las Heras, de Cristian Ruiz, de Berrozpe y de todos los presos políticos. Y en el acto final varios oradores exigimos que se vaya Aníbal Fernández, el responsable directo de las crecientes tropelías represivas. El piquete nos proyecta a grandes actos obreros y piqueteros el 1º de Mayo en todo el país.

El Congreso del Partido Obrero en el norte de Santa Cruz constituyó un hecho de gran relevancia política. La simple lectura de los titulares de los diarios locales reflejan su trascendencia. Del conjunto de las actividades que realizaron en la provincia los dirigentes nacionales del PO Jorge Altamira y Néstor Pitrola, y de las propias deliberaciones del Congreso, nacieron resoluciones que serán un aporte objetivo a las luchas que se desarrollan, y para que decenas de extraordinarios luchadores arriben a una conclusión política más profunda de estas luchas. En Las Heras, el Partido Obrero realizó una extraordinaria reunión política donde estuvieron presentes los compañeros más representativos de esa gran lucha: delegados petroleros de varias empresas, delegados y trabajadores de Indus, los más representativos referentes de los desocupados, una calificada representación de las mujeres en lucha y jóvenes estudiantes; es decir, los mejores exponentes de la clase obrera del lugar. Allí hubo un debate excepcional, con decenas de intervenciones, y se discutieron hasta muy altas horas de la noche problemas de índole estratégica para el propio futuro de esos luchadores. Se realizó un análisis detallado de la situación de la cuenca petrolífera, se apreció la depredación desenfrenada de Repsol, la increíble depredación del suelo y la brutal contaminación que está dejando a Las Heras como uno de los lugares más contaminados de la Argentina. Se discutió la ausencia total de inversión de Repsol para mejorar los factores de recuperación de las áreas petroleras e incorporar otras a través de las tareas exploratorias. También se destacó la semi-quiebra de Repsol a partir de su reconocimiento de una caída del 30% en sus reservas. Se discutió la caída de la producción, e incluso la posibilidad del comienzo de la importación del petróleo en pocos años. En la propia reunión se arribó a una conclusión fundamental: sin una lucha por la nacionalización del petróleo bajo control de los propios trabajadores, en pocos años más Las Heras será tierra arrasada. El informe que dieron los compañeros Altamira y Pitrola acerca de la actual lucha del subte, resaltó el profundo significado de la lucha por el reencuadramiento sindical de los trabajadores de la construcción en el convenio petrolero. La consideraron una lucha fundamental en la quiebra de los llamados contratos basura, y un golpe a las llamadas tercerizadas, que son verdaderos paraísos de la explotación laboral. Se destacó además como una cuestión fundamental la heroica lucha de las mujeres y los familiares de los detenidos, de los desocupados y los ocupados por la liberación de los presos obreros y por el juicio y castigo de los responsables de las detenciones y las torturas de compañeros y por la expulsión de la Gendarmería del lugar. Si la reunión de Las Heras fue excepcional, las deliberaciones del Congreso confirmaron el porqué de la necesidad de realizarlo en el norte de Santa Cruz. En Caleta Olivia hubo una representación calificada de las luchas obreras de la provincia. Estuvieron presentes petroleros de Las Heras, Pico Truncado, Cañadón Seco y Caleta; municipales de Caleta, Río Gallegos y Los Antiguos; trabajadores de la pesca, marineros; una nutrida delegación de mineros de Río Turbio; desocupados, y docentes y estudiantes de todas las localidades de Santa Cruz. El Congreso comenzó con la lectura de un petitorio que nos hicieron llegar los mineros de la mina San Julián, ocupada por sus trabajadores. Inmediatamente se resolvió una declaración de apoyo al conflicto y la salida de miles de volantes para difundir esa enorme lucha que se libra contra el gobierno y la propia dirección del sindicato. En las últimas horas de la deliberación del Congreso, los mineros nos confirmaron que estaba pegada en la cartelera gremial de la mina la declaración del Congreso del Partido Obrero. Las resoluciones centrales del Congreso fueron un manifiesto y un plan de lucha del Partido Obrero que apuntale el reguero de luchas. Las dos resoluciones por la libertad de los presos, por la reincorporación de los cesantes, por el reencuadramiento sindical en convenios más favorables, para frenar la persecución de los delegados petroleros por parte de las empresas y la propia burocracia sindical del gremio. Servirán para que los mineros del Turbio se organicen mejor, porque, al igual que con el petróleo, se produce muy poco y no se abren áreas de exploración. Servirán para organizar a los obreros de la pesca, en su gran mayoría con contratos basura, en cooperativas truchas y sometidos a explotaciones esclavas como los compañeros bolivianos del Bajo Flores de Buenos Aires. Servirán a los municipales y los docentes en su lucha por la incorporación al básico del casi 80% de los salarios que en toda Santa Cruz se cobra en negro. Servirán para la organización de miles de trabajadores ex desocupados, hoy con contratos precarios en distintas áreas, y para organizar a miles que aún están desocupados. Unos de los principales problemas políticos del gobierno de Kirchner es su propia provincia, corroída por una gran crisis política de la cual la caída del gobernador parece sólo un episodio. Kirchner en todo estos años hizo de Santa Cruz “la capital del trabajo en negro del país”. Gobierna para Repsol, y ha permitido una verdadera fiesta de explotación y flexibilización laboral en su provincia. Las consecuencias de esta política — donde la impunidad y el saqueo de las patronales y los funcionarios son los grandes protagonistas — ahora se están haciendo sentir. Han creado una situación donde la clase obrera tiene un enorme peso específico, y eso siempre es un paso adelante en cualquier lucha de clases. La histórica lucha que han librado los desocupados durante estos años ha cambiado todas las relaciones laborales del período. Más de 2.000 puestos de trabajo se han logrado con cortes de ruta, tomas de municipios, de oficinas públicas, y tomas de las propias petroleras. Ahora la lucha de esos desocupados que entraron peleando como única forma de sobrevivir, está empeñada en mejorar sus condiciones laborales, en eliminar la precarizacion de sus contratos, y lo más importante, muchos de ellos empiezan a pelear ahora las propias direcciones de los gremios a la burocracia sindical. Se avecina en Santa Cruz una formidable insurrección antiburocrática y antipatronal y el reforzamiento de una conclusión política que va profundamente ligada a esto, la construcción de un partido de la clase obrera.

El comandante general (R) Enrique Gallesio, de Gendarmería Nacional, es subsecretario de Investigaciones en Función Judicial en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. En la práctica, es el tercero en jerarquía después del ministro, León Arslanian, y del subsecretario de Seguridad, Martín Arias Duval. La llegada de Gallesio a ese ministerio es parte de la política de Felipe Solá y del propio Arslanián para “frenar la inseguridad” en territorio provincial. Gallesio tiene una historia larga. Era un joven oficial cuando integraba, a fines de los años ‘60, los llamados “destacamentos móviles” de su fuerza, en tiempos de la dictadura de Onganía. Durante el Cordobazo tomó parte en la represión a obreros y estudiantes al frente del escuadrón de blindados M-113, con asiento en Jesús María. La eficacia de su actividad en esos días fue premiada con un curso en la “Escuela de las Américas”, instalada por entonces a orillas del canal de Panamá, donde casi 600 militares y miembros de las fuerzas de seguridad de la Argentina aprendieron técnicas de combate, tácticas de comando, inteligencia militar y técnicas de tortura. En esos cursos Gallesio obtuvo el grado de “primer alférez”. De todas las especialidades dictadas en la “escuela” de Panamá, Gallesio eligió la de “interrogatorio militar”. Allí no sólo se enseñaba a torturar; además, los “alumnos” eran torturados ellos mismos por sus instructores y hasta se torturaban entre ellos, para practicar. Después del golpe de 1976, Gallesio aplicó ampliamente sus conocimientos. Fue instructor en la Escuela Güemes, de Gendarmería, donde preparaba a los cadetes en “operaciones de represión” y, especialmente, en técnicas de tortura. En ese cargo llegó a ser uno de los colaboradores favoritos del gobernador de facto tucumano, Antonio Domingo Bussi. Gallesio, hombre inquieto, también aceitó sus vínculos con el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, y allá estuvo durante un año para mejorar sus conocimientos en tormentos que los soldados sionistas aplicaban abundantemente a los militantes palestinos. Como se sabe, Israel es el único país del mundo donde la tortura a prisioneros de guerra disfruta de plena legalidad. Veinte años después, este tipo ha sido convocado por Arslanián, el “reformador” de la Policía Bonaerense, para proceder a una nueva reforma que incluya la unidad operacional de la policía con Gendarmería y Prefectura Naval. Como se ve, mientras se impide el ingreso de Luis Patti en la Cámara de Diputados para simular respeto por la “memoria” y lo que ellos llaman “derechos humanos”, los métodos de Patti están instalados en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Por cierto, no introduce novedad alguna quien hable de las torturas sistemáticas en las comisarías bonaerenses, sobre todo cuando el torturado conoce el escondite de algún botín más o menos importante y no ha hecho un arreglo previo con la policía. Ahora, los “memoriosos” que repudian los crímenes del pasado y hacen la vista gorda ante los actuales, se han quedado aun sin ese argumento, enchastrados por la sangre de antaño que les viene a salpicar la cara. Enrique Alberto Gallesio, se llama.

Terminó la farsa de juicio que se desarrolló en el Juzgado Contravencional Nº 15 de la ciudad de Buenos Aires contra el Partido y el Polo Obrero de Boedo por “ruidos molestos”. Los “imputados”, los compañeros Marita y Adrián, fueron absueltos. Todos los artículos del Código Contravencional castigan a los trabajadores: cartoneros, vendedores ambulantes, trabajadores, prostitutas o estudiantes que tomen un “edificio público” y a cualquiera que corte las calles de la ciudad o se organice en una reunión en la vía pública sin pedir 15 días antes (¡!) un permiso al Estado burgués. Desde Apel defendimos a los compañeros, desde el principio del proceso hasta el día del fallo, cuando Marita y Adrián dieron su última palabra denunciando la persecución política. El expediente está lleno de denuncias contra el Estado, por la persecución policial, el uso de policías de civil para que los vecinos no asistan a las asambleas, y contra la política del gobierno nacional, de la ciudad y de todos los poderes del Estado. Una especial mención para los compañeros del Polo de la Capital, que asistieron al juzgado todos los días que duró el juicio oral. A los de Boedo, los de Almagro, los de La Boca y a todos los compañeros que nos hicieron el aguante: gracias. Nosotros defenderemos sus luchas en el terreno legal, pero también seguiremos poniendo el cuerpo como hasta ahora.

El Congreso del FUT-PO de Santa Cruz entiende necesario y urgente que Adosac, ATE, los delegados petroleros y de la construcción de Las Heras, los trabajadores de Empasa, los mineros en lucha en Cerro Vanguardia, el personal de los hospitales y todos los trabajadores en lucha a coordinen los esfuerzos, realicen asambleas conjuntas y Congresos de Trabajadores, para unir todos los reclamos y llevarlos al triunfo. El FUT-PO movilizará todas sus fuerzas en pos de la unidad en la lucha. El FUT-PO impulsará las siguientes acciones: 1. Un gran acto del 1º de Mayo en Las Heras, al que llamamos a participar a todos los trabajadores de la zona norte, para apoyar a todos los trabajadores en lucha, y por el retiro de la Gendarmería de la provincia. 2. Actos del 1º de Mayo en Río Gallegos y en Río Turbio. 3. Un pronunciamiento popular con firmas en apoyo a los reclamos de todos los trabajadores en conflicto. 4. Una campaña nacional por la expropiación de los pulpos petroleros y por la reconstitución de YPF bajo gestión obrera 5. Una campaña por la libertad de los presos por luchar. Construyamos un gran partido de la clase obrera. Por un gobierno de los trabajadores, por una Alternativa Obrera y Socialista.

Lo que pasó el lunes, en el Mercado de Pulgas fue una salvaje provocación del Gobierno de la Ciudad y del gobierno nacional contra los trabajadores y puesteros. Hace más de dos meses que los compañeros ocupan el hoy valioso predio (gracias a la descomunal especulación inmobiliaria); resisten la provocación estatal y policial para desalojarlos y entregar el Mercado a los grandes intereses inmobiliarios. Hace más de dos meses que el gobierno no da ninguna respuesta a la necesidad de mantener la fuente de trabajo de estos trabajadores: lo que ofrece es la tenencia precaria de unos puestos en la manzana de al lado (usurpada durante años por el Canal 9 y recuperada por la movilización asamblearia) que no alcanzan ni en cantidad ni en espacio para todos. Es un galpón inundable y con baños químicos. Lo que hubo el lunes fue una feroz golpiza de parte de la policía, de la brigada y de la infantería contra todo el que se opuso a las detenciones completamente injustificadas. Necesitamos la puesta en pie de una mesa de trabajo común de todos los que apoyamos las reivindicaciones de estos compañeros por el trabajo y en defensa de la tierra pública para organizar la lucha, tal como lo planteó el Partido Obrero en el plenario del jueves pasado, para que liberen inmediatamente a los presos, para que repongan la luz, para que se reabra el Mercado. No más desalojos y desocupación. Charla-debate con Pablo Rieznik El sábado 22, a las 17 horas en Ravignani 1386 (y Niceto Vega) “Por una alternativa obrera y socialista”

La Fuba está encabezando la lucha contra la Asamblea Universitaria reaccionaria. El protagonismo conquistado ha sido el resultado de movilizaciones, asambleas y ocupaciones. Es el mismo protagonismo con que el año pasado participamos activamente de la huelga general de los docentes universitarios. Por estas luchas dadas, los medios de comunicación de la burguesía han lanzado una fuerte campaña contra la Fuba y especialmente contra su dirección de izquierda, encabezada por la UJS-PO y otras organizaciones. La dirección de la Fuba, al mismo tiempo que está encabezando las luchas, ha resuelto convocar el Congreso Ordinario de la Federación el sábado 28 de abril, para discutir y resolver cómo se profundiza la movilización contra la Asamblea Universitaria y en apoyo a los paros de la Conadu Histórica, y al mismo tiempo, para elegir sus nuevas autoridades. Sobre este último punto, la Junta Representativa de la Fuba, integrada por los presidentes de los centros de estudiantes, ha rechazado una maniobra armada por los decanos, que consistió en transformar algunas elecciones de centros de estudiantes en obligatorias, pegando la boleta a la del Consejo Directivo, con la única finalidad de armar una mayoría artificial a favor de la Franja, el MNR, el ARI y Cia. El Frente 20 de Diciembre y la izquierda tienen la mayoría de los delegados y de los centros de estudiantes, y ninguna maniobra armada por los decanos alterinistas y del gobierno pueden modificar la voluntad real expresada por el movimiento estudiantil. Llamamos al movimiento estudiantil a participar activamente en el Congreso de la Fuba, para profundizar el plan de lucha y asegurar el triunfo de la dirección combativa.

El anuncio de aumentos diferenciales para los médicos full-time, ha desatado una tormenta que está lejos de detenerse y que ha destapado la olla del sistema de salud santacruceño. En todos los hospitales de la provincia se vienen realizando asambleas, seguidas en muchos casos de medidas de fuerza, quites de colaboración y movilizaciones. Las decisiones de esta rebelión masiva se toman en asambleas generales de los hospitales que han pasado por encima de cualquier dirigencia sindical y de cualquier encuadramiento. Tan impresionante y genuino es este movimiento que ha votado programas de lucha y entregado petitorios distintos según el hospital. Lo primero que ha estallado es el sistema menemo-kirchnerista del arancelamiento hospitalario: a través de este sistema se impuso la privatización periférica de parte de los servicios y la flexibilización laboral a partir de la contratación de centenares de personas como monotributistas que cobran del arancelamiento y “facturan” por sus servicios. Entre ellos hay profesionales, pero también secretarias de médicos y hasta camilleros. En todos los hospitales se cuestionó el arancelamiento y su forma de distribución entre el personal. En algunos se reclamó el pase a planta permanente de los monotributistas. En Río Gallegos 300 personas acompañaron la entrega del petitorio y marcharon desde el Hospital a la Casa de Gobierno, en una acción inédita. El gobierno reaccionó despidiendo a tres médicos, a los que tuvo que reincorporar porque una masiva asamblea en Gallegos amenazaba con parar el Hospital. Se han abierto negociaciones y se está apretando a los activistas, especialmente a médicos que siempre fueron allegados al gobierno y han jugado ahora un papel destacado en el reclamo. Aumentos equitativos para todo el personal y pase a planta de todas las formas de contratados y tercerizados, son el centro de un conflicto que recién empieza, y que viene a cuestionar el “modelo K” en el tema salud.

En Barracas, en el corazón de la Villa 21-24, se está desarrollando la ocupación de tierras más importante de los últimos años en la ciudad. Desde hace dos semanas, más de setecientas familias están ocupando un largo cinturón de tierras ociosas que se extiende desde la calle Iriarte hasta el Riachuelo. La mayoría provienen de la propia 21-24. Si fueron por nuevas tierras, es porque la posibilidad de una vivienda en sus barrios anteriores les había sido sistemáticamente negada. “Yo alquilo desde hace años. Estoy anotada desde hace mucho en la Mutual para acceder a una casa, pero no pasa nada”. La vecina que conversó con nosotros se refería a la “Mutual Flor de Ceibo”, la organización que hace quince años se hizo cargo de los terrenos fiscales de la Villa para —supuestamente— titularizarlos y urbanizarlos. En todo ese tiempo, la “Mutual” y los gobiernos de turno construyeron ¡280! viviendas, en una villa donde hay 7.000 familias. Pero incluso buena parte de esas escasas viviendas nuevas terminaron en manos de propietarios ajenos a la Villa. Mientras tanto, el titular de la Mutual, Guillermo Villar, armó su propio negocio inmobiliario. Entre estos curros, se destaca la compra-venta de casas o piezas destruidas en la propia Villa. “Tengo acá un recibo de tres mil quinientos pesos que le pagué a la Mutual por una vivienda usada y destruida. Me estafaron, por eso terminé aquí”, nos decía otro de los ocupantes. El “Flaco” Villar estuvo con todos los gobiernos de turno. Pero su fidelidad fue particularmente intensa con Aníbal Ibarra: coaccionando a los vecinos, fue uno de los principales “animadores” de las marchas “truchas” contra su destitución. Ahora, dice que la ocupación de tierras “dificulta una urbanización”... que él —y todos los gobiernos que apoyó— fueron incapaces de concretar. La gran toma de tierras de estos días es, esencialmente, resultado de ese fracaso. Debutó D’Elía La toma de tierras en Barracas ha coincidido con la asunción de Luis D’Elía como “secretario de Hábitat” del gobierno kirchnerista. Y sirvió para demostrar a qué viene el piKetero: en su conferencia de prensa inaugural, acusó “al macrismo y al Polo Obrero” por las ocupaciones de la Villa 21. A su lado, asentían Villar y Chancalay (puntero de la Villa 20). D’Elía no perdió un minuto en reclamar que las tierras sean “desalojadas sin violencia”; en otras palabras, en alertar a los vecinos que si no las dejan por las buenas él bregará —Aníbal Fernández mediante— para hacerlo con la Infantería. D’Elía es un experto en convertir las luchas populares en “conspiraciones políticas”. Hizo lo mismo, hace dos meses, con la gran lucha de Las Heras. Pero en un punto, el piquetrucho no se equivoca: el Polo Obrero está defendiendo, con todas sus fuerzas, a los compañeros del asentamiento. Rechazamos cualquier intento de desalojo y exigimos que todas sus familias sean censadas de inmediato por el Estado, que se les entreguen los materiales necesarios para sus viviendas y se aseguren en el menor tiempo posible todos los servicios básicos.

El fracaso para elegir rector por tercera vez consecutiva pone de relieve la profunda crisis política de la UBA. Es claro para cualquiera que la ocupación del Colegio Nacional Buenos Aires por parte de la Fuba y la mayoría de los centros de estudiantes universitarios y de los colegios pre-universitarios no es la causa única de este fracaso. Existe, además, una fractura de los cuerpos profesionales y una lucha feroz de camarillas del kirchnerismo y la oposición del arco patronal. El bloque mayoritario no logra negociar satisfactoriamente un retiro de la candidatura de Alterini. Por otro lado, un sector del peronismo ha sellado un acuerdo con los shuberofistas de Alterini, mientras que los sectores del gobierno que se oponen a Alterini han apostado sus fichas al decano de Agronomía, el ultraprivatista Vilella, o a Alberto Komblik, un profesor de la facultad de Exactas, que era apoyada por la camarilla del Fomec y del Banco Mundial en su facultad. La situación presenta la paradoja de que en la medida que Alterini sigue sumando votos, borocotizando a todos los que se dejen comprar, más lejana está la posibilidad de que se realice la Asamblea Universitaria que permita su triunfo. El shuberofismo está pensando en esperar al 7 de mayo, cuando vence el mandato del actual rector Jaim Etcheverry y convocar al Consejo Superior para realizar una Asamblea custodiada por la Policía. Cambio de agenda Una de las consecuencias políticas de la crisis es que el movimiento estudiantil ha logrado desarrollar una nueva agenda de debate. Del cuestionamiento a una candidatura en particular — la de Alterini — se pasó luego al cuestionamiento del proceso en su conjunto y en la actualidad el debate del movimiento universitario gira en torno a la necesidad de una transformación del propio gobierno universitario. El gobierno universitario es un armado antidemocrático de las camarillas profesorales, fuertemente involucradas en el proceso de privatización con sus correlato de corruptelas, negociados y formaciones de camarillas con intereses contrapuestos. Plebiscito La profundidad de la crisis es una oportunidad para plantear la modificación del actual gobierno universitario, que termine con el gobierno del claustro profesoral. Concretamente propusimos un nuevo cogobierno, integrado por 9 estudiantes, 6 docentes y 3 no-docentes, es decir un gobierno paritario de estudiantes y trabajadores. A partir de esta modificación se convocaría a nuevas elecciones. Como era de prever el proyecto fue rechazado por el Consejo Superior. Las camarillas mostraron que son incapaces de democratizar el gobierno universitario. Frente a esta situación hemos propuesto a la Fuba, a los centros de estudiantes, a la AGD-UBA y a las internas no docentes combativas la organización de un plebiscito, que decida si la UBA debe transformar su gobierno y quién debe elegir al próximo rector. Esta idea fue aprobada por una Asamblea General durante la ocupación del Nacional Buenos Aires. La UJS-Partido Obrero llama a impulsar masivamente el plebiscito, para que sean decenas de miles los que se pronuncien por una transformación del gobierno universitario.

Desde hace dos meses y medio, la burocracia de los ministerios de Desarrollo y Acción Social está pateando la posibilidad de que más de 500 familias puedan acceder a los alimentos que fueron remitidos desde Buenos Aires para los comedores del Polo Obrero. Se niegan rotundamente a poner en los circuitos de los comedores del Polo Obrero, argumentando que las condiciones en que funcionan los mismos no son las correctas: que los baños deberían estar un metro más atrás, que el piso es de tierra... Mientras en Santiago del Estero crecen los casos de desnutrición y la provincia se encuentra en el cuarto lugar del país en cuanto a población en estado de desnutrición, el gobierno y sus ministerios están criando un rejunte de camarillas que se van transformando en punteros del oficialismo a través de las “mesas de política social”. Igual que gobiernos anteriores o peor aún. Quieren poner en pie una organización de punteros que sólo se aprovechan de la necesidad de los más pobres y trabajadores para imponer una política de cooptación a dirigentes populares y apuntalar un régimen asistencial. El mismo gobierno que mantiene trabajadores en negro dentro de la administración pública y ministerios, mediante planes de emergencia laboral y contratos de locación, el mismo gobierno que admite que el 50% de los santiagueños trabaja en negro. Mientras los funcionarios tienen sueldos, gastos reservados y demás fondos, les importa realmente muy poco si la gente se muere de hambre. Abajo la camarilla de punteros. Abajo la burocracia y los funcionarios de panzas llenas que se enriquecen con el hambre del pueblo trabajador. • Trabajo genuino para todos. • Basta de trabajo en negro y reducción de la jornada laboral a 6 horas. • Vivienda digna. • Basta de hambre.

El miércoles pasado, el Polo Obrero de la Capital se movilizó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde dejamos un petitorio y realizamos un acto público en defensa de los trabajadores textiles bolivianos. Responsabilizamos al gobierno por la masacre de Caballito y exigimos soluciones de fondo a la indocumentación y el trabajo en negro. En la comunidad boliviana se vive un verdadero estado deliberativo. Durante las últimas semanas se realizaron asambleas masivas en Parque Avellaneda, Soldati y Bajo Flores. Las asambleas fueron inicialmente promovidas por los talleristas y el cónsul boliviano (hombre de Sánchez de Lozada), con un programa de características patronales. En lugar de denunciar el trabajo esclavo, desviaron el odio popular hacia el comedor de La Alameda, responsabilizando a sus dirigentes por la clausura de los talleres. El cónsul ocultó, de ese modo, su propia responsabilidad en la red de trabajo en negro y en consentir el ingreso de mano de obra esclava. Sin embargo, en estas asambleas y movilizaciones regimentadas comienza a despertarse una inquietud contra la superexplotación y, principalmente, contra el gobierno. Las clausuras de talleres sólo condujeron a hacinar a los trabajadores bolivianos en algunos polideportivos. Los compañeros del taller incendiado fueron abandonados a su propia suerte, con un “subsidio habitacional” de 200 pesos para los hombres solos y de 400 pesos para las familias, por única vez. Como con esa suma es imposible alquilar, estas familias terminaron alojadas en un centro de la comunidad boliviana. Lejos de terminar con el trabajo en negro, la política de clausuras de Telerman obliga a los obreros textiles indocumentados a ingresar en el circuito de la superexplotación en peores condiciones que antes. La campaña del PO En los últimos quince días, el Polo Obrero desarrolló una intensa campaña de agitación, planteando la movilización al poder político para lograr las reivindicaciones. Repartimos más de 15.000 volantes; instalamos mesas en las ferias y barrios, donde colocamos más de 400 prensas con el artículo “Telerman y los talleristas quieren perpetuar el trabajo esclavo”, y realizamos asambleas que desembocaron en una movilización a la Jefatura de Gobierno, con este programa: a) documentación gratuita y de forma inmediata, subsidiada por el gobierno de la Capital; b) blanqueo inmediato de todos los trabajadores en negro, colocándolos bajo convenio; c) que el Estado garantice la continuidad laboral en los talleres cerrados. Basta de despidos, control obrero de los talleres que se nieguen a blanquear. Vivienda para los trabajadores textiles sin techo. Conseguimos para el martes una reunión con el gobierno y ya tenemos más de 600 empadronados para la documentación. Seguiremos realizando esta campaña en el marco de una lucha de toda la clase obrera contra el trabajo en negro y la tercerizacion laboral.

Catamarca figura, después de Buenos Aires y Córdoba, como la provincia que mayores volúmenes de exportación tuvo en 2005. Esto gracias a una sola empresa, la suizocandiense Xstrata que explota el yacimiento Bajo La Alumbrera. La suculenta ganancia capitalista (en una década se calcula que el pulpo ganó más de 5.000 millones de dólares) contrasta con la enorme desocupación que hay en los llamados pueblos mineros, que en algunas localidades llega a niveles superiores al 50%. El Partido Obrero fue la única fuerza que se opuso a la entrega de este recurso no renovable. Los responsables de la entrega fueron Menem y Cavallo, Castillo en la provincia y todos los representantes del arco político patronal: el PI, lo que hoy es el ARI, el PJ y la UCR, a los que sumaron varios periodistas, la Universidad y la Cámara Minera. Los pulpos mineros lograron más beneficios que cualquier otro sector de la economía en la última década. Duhalde les otorgó,mediante un decreto firmado en sus últimos días, estabilidad fiscal por 30 años y Kirchner, poco tiempo después, lo convalidó. Estas empresas pagan regalías que no superan el 1,5%; además, se descuentan los gastos de trabajo y mantenimiento de los fondos que le corresponden a la provincia; tienen amplias franquicias aduaneras. En Belén, Santa María y Andalgalá, los grupos autoconvocados, que se han puesto en guardia alertados por la contaminación que produce La Alumbrera y por los trabajos en las inmediaciones del Campo del Arenal en Santa María, que lleva adelante Agua Rica, han venido ganando las calles y desarrollando movilizaciones importantes. Agua Rica comenzará el proceso de explotación en 2007. Los agricultores santamarianos organizados en una cooperativa de regantes que nuclea a 2.500 minifundistas, dicen que el agua de riego ha disminuido en un 30%. Distintos grupos autoconvocados plantean el “No a la Mina”. El Partido Obrero dice que es necesario profundizar esta lucha, poner en pie un frente único por el “No a la Mina” bajo este marco capitalista. Es necesario debatir y luchar para desarrollar el nivel de conciencia entre campesinos, estudiantes y trabajadores para enfrentar a este grupo de gran poder que tiene el apoyo de todos los representantes políticos de la burguesía. En Bajo La Alumbrera exigimos que la empresa deje el 50% de sus ganancias en la provincia, para poner en pie un plan de obras públicas, colonización agraria e industrialización que acabe con la desocupación. Exigimos la creación del tercer turno en la mina (reparto de las horas de trabajo). El Partido Obrero realizó una agitación en la plaza principal de la ciudad como parte de una campaña para la conformación de asambleas populares en los departamentos mineros. Junto a compañeros del Departamento de Aconquija repartimos volantes y tomamos contacto con gente del lugar.

Nuevamente la policía provincial protagoniza un hecho aberrante de ‘gatillo fácil’. Esta vez se trata de Ezequiel Melián, asesinado en la represión dentro del estadio de fútbol del Club Sarmiento (La Banda), donde hubo también varios heridos. El gobernador Zamora se llena la boca diciendo que está formando una ‘nueva’ fuerza policial, en una ‘nueva’ provincia. Pero la muerte de Melíán evidencia que se trata de la vieja fuerza reciclada, que actúa con la misma impunidad y metodología con que actuaba cuando era dirigida por el represor Mussa Azar y D’Amico. Este último ha sido puesto en libertad por el juez federal Toledo, en la causa por los ‘excesos’ que se dieron en el “Operativo Independencia” que se llevó a cabo en Tucumán a partir del año 1975. Dicho sea de paso, este juez presentó ahora su renuncia para evitar llegar al juicio político. En una provincia donde aún siguen sin resolverse los casos de ‘gatillo fácil’ y el doble crimen de la Dársena donde están implicados hijos del poder político y económico; donde los represores y genocidas gozan de todos los beneficios y los hijos de los pobres pagan con su vida. Aquí no hay nueva provincia, ni nueva policía. Se pretende encubrir que el poder provincial y nacional sigue defendiendo a los poderosos. Justamente, Kirchner envió a Bordón (padre de un chico asesinado por el poder hace años, hoy convertido en funcionario oficial) a testear cuáles son los ánimos, y no para dar una solución a la problemática de la impunidad. Dentro de este ámbito de corrupción, impunidad y represión, los familiares de Melián y de los chicos heridos organizaron una movilización contra el poder, exigiendo que los policías responsables sean presos y reciban juicio y castigo. La misma partió de La Banda y marchó varios kilómetros hacia la capital de Santiago. Había varios carteles y pasacalles con la leyenda “justicia para todos”. Y uno muy particular que decía: “¡nueva policía... Asesina!”. En la marcha que se realizó el viernes 13 participaron más de 200 personas, pero los ‘medios’ dijeron que fue una movilización de 40, tratando de ningunearla, diciendo que no cuenta con apoyo popular. Algo vergonzoso y falaz. Son medios cooptados para desvirtuar y apagar la oposición popular que apunta directamente al poder político como responsable. Los militantes del PO de La Banda y Santiago estuvimos en la marcha y repartimos una declaración apoyándola y denunciando al poder. • Justicia para Ezequiel y todos los heridos. • Por una comisión investigadora independiente integrada por familiares y organizaciones sociales-políticas de la clase obrera. • Juicio y castigo a los responsables.

Con el mandato vencido y apelando al mínimo de plazos legales, la camarilla dirigente del Soip lanzó las elecciones para el 30 de junio. Completa el cuadro una Junta Electoral designada a dedo, amparados en el viejo estatuto de Saravia, el legendario burócrata menemista. Así manipularán los padrones y condiciones de la elección. La Junta títere ya impugnó el color de la Celeste Histórica (que la camarilla reclama para sí), a pesar de que es el apoderado de la elección quien lo gestionó. Iremos a la Justicia por el color, que representa 25 años de lucha clasista. Pero también por la publicación de los padrones que no han sido exhibidos, obligando a formar lista y juntar avales a ciegas. Los peores vicios de la burocracia sindical. La cuestión democrática será un eje de esta campaña electoral. El gremio conocerá por nosotros estas denuncias, al igual que la negativa a elegir delegados en las plantas opositoras, lo que es un regalo más, de tantos, a las patronales. Pero la demora en la convocatoria no fue casual. La camarilla que controla el Soip, escindida de la Unidad Obrera del Pescado-Lista Celeste, cooptada y comprada por la patronal, pretendió un frente de toda la burocracia kirchnerista con ellos. Por otro lado, planificaron un masivo blanqueo de las coopertruchas, mayoría en el gremio, con el nuevo convenio flexible Cipa-Soip recientemente firmado, para conseguir una base electoral propia. No ocurrió ni una cosa ni la otra. Más de media docena de listas burocráticas, marcan un fraccionamiento considerable. El kirchnerismo dividido por lo menos en dos, la burocracia ligada al duhaldismo en otra, y esta novel camarilla con apoyo de la cámara patronal por otro lado. Otros grupos buscan negociar con estos sectores. En cuanto al convenio flexibilizador que arrasa con todas las conquistas convencionales, de jornada, de horario y de salario del Convenio ‘75, no está prosperando como esperaban. Al contrario, crece el repudio a medida que se conoce. A ello contribuye la Celeste Histórica con la distribución, en todo el gremio, de 4.000 ejemplares de un folleto que refuta punto por punto la nueva flexibilidad, demostrando dónde está nucleado el activismo conocedor y capaz de defender las conquistas de clase. Ese será un gran eje si logramos que el trabajador en blanco comprenda el enorme peligro que entraña el cáncer del Cipa-Soip. El otro gran eje será el salario equivalente a la canasta familiar y la incorporación de los premios al básico (recordemos que los entregadores incorporaron como premios los aumentos fijos del gobierno). La maniobra oficial de presentarse con el color celeste, evidencia una acción desesperada. Busca engañar al electorado atribuyéndose el enorme prestigio de nuestra agrupación, ganado con la intervención permanente en todas las luchas y grandes huelgas, y sobre todo en la última huelga general marítima, donde no sólo apoyamos todos los reclamos de los compañeros embarcados sino que nos movilizamos incorporando el aumento salarial y la registración laboral de todos los obreros en negro, con el convenio del ‘75 para los trabajadores del Soip. Nuestra lista lleva centenares de avales recogidos, agrupa a numerosos delegados y activistas de más de 20 plantas, y vamos por más. Convocamos a todo el activismo y agrupaciones combativas a nuclearse en ella. La encabezarán dirigentes históricos como Patricia Comparada, María Demattei, Rubén Quiroga, Lalo Ulloa, Claudia Fernández, Juan Carlos Cabral, todos paritarios de la última asamblea general del gremio y varios de ellos expulsados de la directiva por defender a la clase obrera. Ellos representarán la continuidad histórica para la segunda recuperación del Soip. La gran batalla ha comenzado.

El intendente Barberá anunció, en la apertura de las sesiones del Concejo Deliberante, que aumentará los impuestos municipales. Esto quiere decir que colocará sobre las espaldas de los vecinos un aumento de la recaudación municipal para financiar los negocios de las privatizadas, los empresarios amigos y para aumentarles el salario a los funcionarios y las dietas a los concejales. Mientras tanto, los sueldos municipales siguen siendo de hambre. El PO rechaza los aumentos a los funcionarios y concejales; por el contrario, defiende, como en todo el país, el salario de los trabajadores municipales de 1.800 pesos, como marca el Indec. A esto se suma que en el municipio hay casi 200 changarines, que garantizan la recolección de residuos entre otros servicios y que trabajan totalmente en negro. Por eso, el oficialismo, con la complicidad de los otros bloques, quiso expulsar a la concejal del PO, Josefa Cardozo, cuando esta compañera denunció el trabajo en negro y la explotación infantil en el ingenio El Tabacal. La mitad de la población está en asentamientos, sin servicios y sin resolver en forma la tenencia definitiva de los terrenos. Con las últimas lluvias en las barriadas el agua nos llegó hasta las rodillas. En el presupuesto no hay plata para obras elementales en las barriadas, como tampoco para un programa de entrega de terrenos a las familias que lo necesitan. De las pocas obras que están presupuestadas, la mayoría son trabajos que deberían hacer las empresas privatizadas, como Aguas de Salta, la cual además aumentará sus tarifas un 20% más, con lo que el agua aumentó casi el doble desde 2004 hasta el día de hoy. La Ordenanza vigente Nº 1371/05 (que fue iniciativa del PO), obliga al Ejecutivo a dedicar el 2,5 por ciento del presupuesto general para la juventud (aproximadamente 500.000 pesos), “que será destinado para becas, comedores y merenderos estudiantiles, abono de transporte gratuitos, escuelas de oficios barriales y otros”. Barberá se niega sistemáticamente a dar esta plata a la juventud, cuando los chicos masivamente están siendo explotados por el Ingenio. Debemos organizarnos para impedir una nueva confiscación al pueblo. Hagamos asambleas en los barrios y preparemos una gran movilización al Concejo cuando se trate el presupuesto. Abajo el impuestazo de Barberá. Que se obligue al Ingenio y a todos los terratenientes y grandes empresas a hacer una contribución extraordinaria para financiar las obras más urgentes en las barriadas. Abajo el trabajo en negro. Que se retomen las tareas de los jornaleros del Ingenio. Blanqueo de los mismos a cargo de éste. Incorporación a la planta del Municipio de todos los changarines. Aumento salarial para los municipales. Por un básico de 1.000 pesos para todos los trabajadores estatales.

Algunas veces sucede que se conjugan en el fotógrafo el talento estético, la precisa mirada histórica y la audacia sin temores que configuran, de ese modo, una obra artística perdurable. Tal es el caso del fotógrafo Robert Capa, cuya retrospectiva se expone actualmente en el Centro Cultural Borges. No es fruto de la casualidad que la muestra se abra con un retrato de León Trotsky durante su famosa conferencia organizada por los estudiantes socialdemócratas daneses. El revolucionario sufría un exilio internacional: ningún país se animaba a otorgarle asilo luego de que fuera expulsado ignominiosamente de la Unión Soviética por José Stalin, el sepulturero de Octubre. Dinamarca le concedió la posibilidad de dar la conferencia en su suelo e inmediatamente partir a su refugio en Prinkipo. A los 19 años, el fotógrafo fue enviado a realizar su primer fotorreportaje y capturó con su lente el discurso apasionado de Trotsky brindado a un auditorio lleno. En ese discurso, el profeta desarmado —como lo llamó su biógrafo en esta etapa de su historia— explicó el significado de la revolución de Octubre, la necesidad de un partido obrero, y debatió las ideas de uno de los teóricos del fascismo, Curzio Malaparte. La mención a este debate no es gratuita: Capa fue testigo de la denuncia de Trotsky sobre los peligros del fascismo que en ese momento asolaban a Europa. Su obra reflejaría los denodados esfuerzos por parte de la clase obrera por abrir su propio camino en la historia y acabar, de esa manera, con los fachos de toda índole, con los demócratas capitalistas y con los imperialistas opresores de todas las naciones. A los 17 años, Capa huyó de su Hungría natal, perseguido por la policía debido a sus simpatías comunistas. Más tarde abandonó su Alemania del exilio ante la llegada de los nazis y recaló en París, donde conoció a Gerda Taro, su futura compañera. Adoptó el nombre con el que pasaría a la historia, Robert Capa. Allí fotografío las manifestaciones a favor del Frente Popular —impulsado por el stalinismo— pero también convivió junto a los obreros que ocupaban las fábricas durante la ola huelguística que sacudió a Francia. En 1936, se dirigió junto a Taro a la España republicana para plasmar la guerra civil desde las ciudades bombardeadas por el franquismo y desde el campo de batalla, en las trincheras obreras. Pudo confundirse con los milicianos y fotografió a los combatientes de un destacamento del Poum, la fracción trotskista de la revolución española. También retrató la derrota de esa revolución. Su compañera, Gerda, perdió la vida en un incidente bélico. Más tarde pudo obtener las imágenes más significativas de la Segunda Guerra, incluyendo las del desembarco aliado en Normandía, principio del fin del dominio nazi. Se dirigió después a China y fotografió a las tropas de Mao Tse Tung en su ofensiva revolucionaria; uno de sus lugartenientes posa junto a un cuadro con el rostro de Karl Marx: la revolución, se comprobaba por los hechos, tenía un carácter internacional. En 1954 se dirigió a Indochina —más tarde conocida como Vietnam—, donde el pueblo libraba una batalla contra el colonialismo francés que luego alcanzaría el valor de una lucha socialista y revolucionaria. Fue en ese país donde lo alcanzó la muerte. El intrépido fotógrafo bajó de la camioneta para retratar mejor a las tropas guerrilleras comunistas. Fue su última fotografía. Pisó una mina que explotó matándolo. Su obra es una cumbre del fotoperiodismo y del talento pero, más aún, es un documento histórico de los dramáticos sucesos que conmovieron al mundo durante el pasado siglo. La época de guerras y revoluciones no ha concluido y grupos de fotógrafos y cineastas, como el Ojo Obrero, se inspiran en él a la hora de capturar las imágenes de los pueblos en lucha por sus destinos. Tal vez sería pertinente que las organizaciones obreras reclamen la entrada libre para la exposición, ya que esas fotografías le pertenecen a la humanidad y, muy especialmente, a su clase trabajadora.

Desde hace meses los trabajadores tercerizados vienen reclamando su incorporación al convenio UTA. El gobierno y la CGT venían bicicleteando el reclamo, con la clara intención de desgastar a los compañeros, que eran acosados con apercibimientos y maltratos. El gobierno, en combinación con la patronal, provocó a los compañeros que habían establecido un plan de lucha con levantada de molinetes: uno les mandó la infantería; el otro, telegramas de suspensión. Los compañeros comenzaron el corte de vías e inmediatamente el conjunto de los trabajadores del subte salieron a la huelga. Desde diciembre se habían votado mandatos en ese sentido en la Línea B y el Taller Rancagua, y ese proceso, con distintos matices se había empezado a generalizar en la mayoría de las líneas y talleres. La represión del “hijo de las madres” En los dos días de la huelga, en ningún momento el gobierno intentó negociar. Lanzó una represión violenta: desalojó por la fuerza la estación Primera Junta de la Línea A, donde golpeó a los trabajadores. Para que no quedaran dudas, el comisario a cargo explicó que actuaba bajo órdenes directas del ministro del Interior, Aníbal Fernández. Fueron detenidos 11 trabajadores entre los que se encontraban dos delegados, liberados luego por la movilización que se comenzaba a engrosar en la puerta de la Comisaría 12a. Los compañeros desalojados de la Línea A lograron recuperar la posición dentro de la línea ingresando nuevamente en la estación Miserere, de donde fueron nuevamente desalojados por la Infantería. El gobierno luego mando órdenes de desalojo a las líneas E y D, que levantaron el piquete y decidieron concurrir a una asamblea general en Constitución. En la B también llegó la orden, los compañeros reunidos en asamblea decidieron por unanimidad resistir. Con barricadas, matafuegos, y los escasos medios con los que puede contar un trabajador, se defendió la permanencia en el lugar de trabajo, defendiéndose de el pertrechado cuerpo de Infantería, en un verdadero combate que se extendió desde la estación Federico Lacroze hasta el Taller Rancagua. La represión en Lacroze continuó en las calles, donde se libró una verdadera cacería por más de diez cuadras. Compañeros que se movilizaban solidariamente fueron apaleados, y un compañero del subte que había sido detenido varias hora antes, fue golpeado, robado y sometido a torturas psicológicas en la Comisaría 6ª. La burocracia de la UTA se presentó en las cabeceras sólo para plantear que la medida tomada era “inorgánica”. En un acto escandaloso de traición, tampoco respondió frente a la represión que sufrieron los trabajadores ni ante el reclamo de que en estas circunstancias convocara a una huelga general. Después de Las Heras, esta nueva represión contra trabajadores que luchan contra la tercerización puso de relieve que el tercerismo es una cuestión de Estado para el gobierno de Kirchner. La asamblea general Las únicas vías de comunicación que se establecieron con el gobierno —a través de la CTA y Perez Esquivel— confirmaron que la posición politica del mismo frente al conflicto era una sola, desalojar o desalojar. El gobierno había fracasado en hacer funcionar los trenes pero había logrado desalojar cuatro cabeceras. Se mantenía Constitución, convirtiéndose en el punto de reagrupamiento donde se realizaría una asamblea general. Allí se trazaron dos posturas. Por un lado quienes defendieron la necesidad de darle continuidad al plan de lucha, convocando a una movilización política contra la tercerización y la represión, para rodear de solidaridad a los trabajadores y canalizar el repudio de la población a la represion antiobrera. Otros compañeros defendieron suspender toda medida de fuerza y movilización y convocar a una conferencia de prensa. Esta última fue la moción aprobada. Cómo seguirla La lucha de los tercerizados es una lucha del conjunto de los trabajadores del subte y estratégica para toda la clase obrera. De luchar por la recuperación para todos los compañeros del convenio UTA —del cual fueron expulsados con la privatización— dependerán las fuerzas con las que luego podremos ir por el convenio y el 82% móvil. Sostenemos la necesidad de impulsar una gran movilización política contra la tercerización y la represión, que sirva como eje de reagrupamiento y como advertencia al propio gobierno y la patronal. A partir de allí impulsar en el Cuerpo de delegados junto a todos los trabajadores tercerizados y con asambleas en todas las líneas y talleres los pasos a seguir, en un plan de lucha por el definitivo reconocimiento de los compañeros como trabajadores de la UTA.

En la sesión del día martes, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Tartagal aprobó dos importantes ordenanzas referidas a los discapacitados presentadas por la bancada del PO. La primera tiene que ver con la creación de una oficina de Información y orientación integral para personas con discapacidad, que será atendida por las personas que designen las organizaciones reivindicativas de los derechos de personas con discapacidad. La segunda, de “Cupo para personas con discapacidad”, ordena que todos los organismos de la Administración Pública que funcionen en la ciudad de Tartagal y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, deben incorporar personas con discapacidad en la proporción de al menos 4% del total de su planta de personal. La aprobación de estas ordenanzas es la consecuencia de una gran agitación de la bancada y la organización independiente de los discapacitados y de sus familiares, algunos de ellos demostrando un gran activismo y espíritu de lucha. De todas formas, la lucha continúa, ya que hay que presionar para que el Ejecutivo no la vete y para que luego efectivamente se cumpla. Esto sin dudas representa una gran victoria del Partido Obrero, incluida su bancada, y de los discapacitados. Como tiene que ser.

Mi nombre es Ariadna, tengo 18 años y soy estudiante de Artes. Durante mi secundaria simpaticé con el PTS, pero en los últimos meses me alejé de ellos por diferencias políticas importantes (muchas de las cuales descubrí hablando con gente del PO y/o leyendo Prensa Obrera). Les escribo para comentar mi acuerdo con la carta del compañero Mingo de La Matanza, en la cual él propone distintas acciones en la prensa que den a conocer la historia del PO y de Política Obrera. Me parece una muy buena idea, realmente. Y me permito agregar que me parecería ideal que se publiquen artículos viejos y, ¿por qué no?, fotos de actos y movilizaciones de PO de, por ejemplo, la agitada década de los ‘70 y ‘80. Probablemente no sea posible ésto que propongo, pero deben tener en cuenta que muchos (la amplia mayoría, de hecho) de quienes nos estamos incorporando al Partido por éstos días, no vivimos los inicios y tenemos curiosidad. Yo, además de curiosidad, tengo una admiración gigantesca por la tarea que han realizado: me refiero a que un pequeño grupo de jóvenes de 20 años (o menos) cree un partido revolucionario, no es algo de todos los días, y es por eso que me parece sumamente importante que las nuevas generaciones sepamos, leamos y veamos lo más posible sobre aquellos hermosos años. Por último, me gustaría que este mail sea respondido, aunque la respuesta sea que es imposible hacer lo propuesto. Muchísimas gracias y perdón por el exceso de pretensiones, pero si a los 18 años no soy extremista, estoy en problemas. Un saludo revolucionario ¡y viva el Partido Obrero!

David, de la Línea B “La medida comenzó con la levantada de molinetes para no perjudicar a los usuarios. Se buscaba que la empresa reflexione y tome cartas en el asunto de pasar a la planta permanente a la gente de las tercerizadas. Son más de 300 compañeros que tienen sueldos muy bajos y están precarizados. Pero ni el gobierno ni la empresa quieren dar solución a un acta que ellos firmaron y que habían cajoneado. Nos enteramos que al momento de comenzar la medida, derivan a la CGT para que decida si estos compañeros pasan o no a la planta permanente de la empresa y al convenio colectivo de trabajo de la UTA. Ayer en la estación Federico Lacroze hubo represión policial. ¿Quién se hace responsable? Obviamente el ministerio del Interior. Pero en un momento ellos aducían que era un problema interno entre el gremio y el Cuerpo de Delegados. Desde un comienzo, el Cuerpo de Delegados anunció que estaban todas las condiciones dadas desde el gremio y que el único problema que había era que la empresa y el Ministerio se pongan de acuerdo para llamar a las dos empresas que son del mismo grupo económico; es más el vocero de Metropolitana salió a decir que efectivamente la empresa pertenece al grupo Roggio. Por eso. Me parece que los culpables son el gobierno y la empresa porque después de estar toda la mañana diciendo que era un problema interno gremial, a la tarde reprimen brutalmente. Lo mejor hubiera sido seguir con la medida, aunque no estando directamente en la estación. Si nosotros no estamos, la jefatura tampoco iba a poder realizar las tareas que nosotros realizamos. Para mí, deberíamos haber seguido con la medida; obviamente no íbamos a poder cortar la vía pero podíamos haber hecho para demostrarle al ministro Tomada que no estamos quebrados y que vamos seguir luchando hasta que todos los compañeros estén dentro de la empresa. Y obviamente que esto sirva de ejemplo para todas las demás empresas donde los trabajadores pelean por terminar con el trabajo en negro y toda la precarización que hay en la Argentina.” E., de Taym de limpieza “Yo estuve en Federico Lacroze. Estuvieron con escudos, palos, gases, con una actitud totalmente represiva. Nos corrieron por el medio de la vía aunque el tercer riel estaba con electricidad. Pudo haber sido una catástrofe; podríamos haber muerto todos electrocutados. Yo creo que es un acto de inconsciencia total y después nos reprimieron también en la calle. Si quieren llegar a una solución es a través del diálogo y no de la represión. A partir de las denuncias que se han hecho, se trata de abrir un canal de diálogo. Y si ellos no reaccionan, tendrían que hacerlo en un nuevo paro. Ojalá no llegaran esas instancias y tomen conciencia de que no queremos más trabajo en negro y tercerizado, no queremos la condición de superexplotacion del obrero en la que estamos. Yo creo que si en realidad quieren terminar con el trabajo en negro y con la explotacion del obrero, como es un gobierno “progre” según dicen, son los que tendrían que tomar las medidas para que esto se acabe.” Manuel Companías, delegado de la Línea A “Lo que quería el gobierno era intimidar a los trabajadores y mediante la represión quebrar el conflicto; no quería dar servicio, ni tampoco resolver el problema del trabajo tercerizado ni la esclavitud laboral. Porque el propio gobierno tiene miles y miles de trabajadores en negro. Los tiene en la DGI, los tiene en el Indec, los tiene en el Anses, en el Ministerio de Economía. Si hay trabajadores en negro en todos esos organismos, el Estado no va a tener ningún interés en solucionar esto. Los trabajadores tercerizados que todavía no están bajo el convenio de Metrovías son alrededor de 300; sus sueldos son muy variables. Hay gente que gana 160 por mes otros que ganan 600, otros 3,50 la hora. Tendrían que pasar a cobrar 1.050 de básico más los otros ítems.”

Más de 100.000 habitantes del Departamento San Martín en Salta, incluidos los más de 70.000 habitantes de Tartagal, vienen sufriendo los efectos que causan los desbordes de los ríos y el riesgo de desmoronamientos. Los evacuados superan el número de 2.000. Los funcionarios nacionales y provinciales, principalmente el gobernador Romero, declaran que la naturaleza “está en contra nuestra”, que se trata de un “fenómeno natural sin precedentes”. El Intendente de Tartagal, Valenzuela (PRS), comparte estas declaraciones, acusándose mutuamente con el gobernador de cierta inacción. ¡Cuanta mentira compartida! ¿Dónde encontrar las verdaderas causas? En los últimos siete años, el avance de la deforestación en Salta registra cifras récord. Desde 1998 al 2004 se han deforestado 290.000 hectáreas, sólo en los departamentos de San Martín, Orán y Anta. Prácticamente la mitad se deforestó entre 2002 y 2004. A estas cifras proporcionadas por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación debemos sumar los guarismos desconocidos hasta hoy, pero sin duda muy superiores a estos niveles, que se han registrado en el 2005. Salta no es una isla. Todo el NOA y el NEA presentan la misma situación. Probablemente Salta sea una de las mayores expresiones, pues en ellas convergen además de la deforestación causada por empresas agrícolas y forestales, las petroleras. Los gobernantes salteños, en su afán de justificar las inclemencias climáticas como únicas causantes del actual drama, dicen: “desde 1984 no se producían lluvias semejantes”. Están en lo cierto. Pero el punto es que las lluvias de ese año no causaron los mismos daños que ahora. Esto por la sencilla razón que la alta, media y baja cuenca de los ríos estaba cubierta íntegramente de vegetación boscosa que amortiguaba las lluvias, favorecía la infiltración en el lugar, reforzaba las laderas y evitaba las escorrentías, causantes principales de la erosión de los suelos y el desmoronamiento y profundización de cauces. El avance de la frontera agrícola, para convertir suelos en campos de cultivo de soja (y de caña de azúcar en menor medida), y las prospecciones petroleras son los causantes de la deforestación, ante la mirada cómplice del gobierno provincial. Como lo ha reclamado la comunidad universitaria de Tartagal (Unsa), es necesario investigar la causa del actual desastre. Analizando lo que ha ocurrido desde la naciente de los ríos, se tendrá certezas de por qué tienen este comportamiento. Identificadas las causas, se conocerán los causantes. El régimen romerista es un instrumento incondicional del gran capital que opera en la provincia; de su mano continuarán los padecimientos de todos los salteños. Se tiene que ir ya. (15/4)

Se dice que una parte de las acciones del Sanatorio Otamendi fue comprada por Swiss Medical y que se acordó con los nuevos accionistas una reducción del personal del Otamendi: de 1.100 empleados deben quedar 800. Las autoridades del sanatorio, junto con el delegado general (Ricardo Romero), elaboraron una lista con la nómina de personas que serán despedidas. En esta lista (de acuerdo con comentarios divulgados por la Comisión Interna bajo la forma de rumores), están incluidos los empleados antiguos, los que por causa de enfermedades crónicas registran ausentismo prolongado, y a los que han denominado “indeseables” (descalificación con la que no parecen identificarse los integrantes de la Comisión Interna, cómplices de la empresa en el trabajo sucio de asesorarla acerca de a quiénes es conveniente “retirar”). Romero hace circular el rumor de que los despedidos están eufóricos por haber cobrado la indemnización. Sin embargo, la realidad es otra: peones y mucamas jóvenes con familia y sin especialización, enfermeras mayores de cuarenta años que no pudieron acceder a la profesionalización —mayoritariamente madres a cargo de familias numerosas). En la primera tanda (que comenzó el 28 de febrero) fueron despedidas cerca de 90 compañeros. Mientras el plan se va consumando, los sectores siguen trabajando con el personal faltante. En aquellos en los que esta situación se vuelve insostenible, va apareciendo el personal contratado en condiciones hiper flexibilizadas. Se va perfilando la segunda etapa, con la mira puesta en el personal jerárquico. El personal efectivo tanto como los despedidos están aislados por esta Comisión Interna, que creó un clima de intimidación, rumores confusos y contradicciones.

Durante tres días, en la Torre I se realizó un acampe de contratados de la Dirección de Escuelas, junto a la Junta Interna de ATE Educación. El acampe ayudó a consolidar un grupo de activistas que está cada día más firme. El jueves se cortó la calle con la participación de activistas de Agrarios, Estadística de Economía, Ioma, la Comisión Directiva del Suteba La Plata, delegados del Polo Obrero regional, trabajadores de planta de la Dirección de Escuelas, auxiliares de educación, ATE provincia y trabajadores municipales de control urbano que denunciaron una situación similar. Como consecuencia de la lucha, los precarizados de Escuelas obligaron a las autoridades a reconocer su existencia e iniciar un expediente de pase a planta que, sin embargo, se mueve a paso de tortuga. También se ha logrado que cobren compañeros que llevaban ocho meses de atraso. El acampe se inscribió en un contexto de primeros síntomas de lucha de los estatales. Varios consejos escolares reclaman aumento salarial, en la Dirección de Escuelas comenzó la lucha contra la tercerizacion, varios hospitales provinciales han comenzado medidas por el salario. El gobierno provincial es el primer empleador ilegal en la provincia. Su campaña contra el trabajo en negro es una estafa. Con el desembarco del Banco Mundial en los ministerios, llegó la tercerización y el trabajo precario: los becarios de Salud, los pasantes de Economía y el Ioma, los contratos de locación de obra en la Dirección de Escuelas, los encuestadores de Estadística en Economía, los planes Jefes y Jefas de los hospitales. Estos trabajadores realizan las mismas tareas que los empleados de planta permanente, pero no cobran aguinaldo, no tienen obra social ni vacaciones, no aportan para jubilación ni cobran antigüedad. Su continuidad laboral nunca está asegurada, sufren los “peajes” de los funcionarios, están meses sin cobrar. Debemos impulsar una campaña por una lucha única de los trabajadores de planta y los precarizados por el salario, por el pase a planta permanente, contra la tercerizacion y por el control de los lugares de trabajo, contra la limitación del derecho de huelga. Reclamamos a los sindicatos la asamblea general de contratados.

Ocultamiento de pruebas, mentiras, aprietes a testigos. Por todos esos hechos, el padre de Paulina Lebbos pide que renuncien el ministro de Seguridad y toda la cúpula policial de la provincia. Este cuestionamiento pone de manifiesto la responsabilidad del Estado provincial y el gobierno en el estado de inseguridad ciudadana. Es lo que destacaron los convencionales de nuestro partido en la propia ceremonia de juramento de la Constituyente, que fue cerrada en forma prepotente por los representantes del oficialismo. La responsabilidad directa en el estado de inseguridad ciudadana, por parte de un gobierno que busca perpetuarse en el poder por más de una década, ha quedado de manifiesto en la crisis de los remises. Toda la opinión pública coincide en que la ‘regularización’ dispuesta por el gobierno es apenas un intento improvisado de echar lastre ante la presión popular que ve en las agencias de remises un entrelazamiento entre las instituciones del Estado y las mafias. No representa, sin embargo, ningún cambio: además de las mayores tarifas que deberán pagar los usuarios, a mediano plazo los nuevos taxistas serán absorbidos por las mismas grandes agencias —ligadas al poder político, a la policía y a las mafias—, y miles de ellos quedarán en la calle. Alperovich no ha hecho nada por establecer un verdadero transporte público, ni tiene intenciones de hacerlo Este gobierno de la inseguridad cotidiana, que encabeza un aparato estatal ligado a cliques mafiosas, es el que va por la reelección más o menos indefinida. Un gobierno que está maniobrando la elección del rector de la Universidad para quedarse con el control de su televisión y con la participación en la mina de Aguas de Dionisio. Que también va por el control de los municipios, como ocurre ostensiblemente en la Capital, y como va a ocurrir con el plan de préstamos (garantizados por la coparticipación municipal) con que pretende someter a las administraciones respectivas. La reelección para Alperovich y Juri y para los legisladores sería un golpe dirigido al reclamo de esclarecimiento del crimen de Paulina, contra la inseguridad ciudadana y contra el juicio y castigo a los culpables. Para quién gobierna Alperovich El gobierno de Alperovich se “enorgullece” de pagar a los estatales un básico de alrededor de 300 pesos, que solamente con ‘adicionales’ (o sea, en negro) llega a 840 pesos, o sea, por debajo de la línea de pobreza, que es de 860 pesos. Pero el mismo Alperovich está tramando un subsidio a la oligarquía del citrus, que recibe dólares por sus exportaciones, pero le paga el 40% de una canasta familiar a sus trabajadores en “blanco”, y apenas 300 pesos a los “tercerizados” en negro. Un gobierno de camarilla, que pretende copar el poder con sus ‘pollos’, no tendrá el menor interés en resolver la miseria social que asola a la provincia, aunque sí se afana en expandir el juego (y todas sus consecuencias negativas sobre la salud social y la inseguridad ciudadana). La proliferación de tragamonedas y casinos viene acompañada por el lavado de dinero y el incremento de la ya enorme prostitución femenina e infantil. Solamente un gobierno realmente representativo, o sea sin reelección, revocable, que tenga prohibidos los decretos de necesidad y urgencia, donde las cuentas y transacciones públicas sean sometidas a un control popular, con jueces electos por sufragio popular y también revocables; solamente tal gobierno podría asegurar un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y el 82% móvil para los jubilados, como lo ha planteado el PO en la Constituyente. Movilización contra la reelección La convención constituyente que se prepara para aprobar la reelección y otras reformas antipopulares, funciona en secreto y con un régimen electoral interno que impide dictámenes de la oposición y le permite aprobar enmiendas con apenas once votos, menos del 20% de los convencionales electos. El Partido Obrero llama a los partidos y organizaciones sociales y culturales que comprenden que un régimen de camarilla condena a la provincia a la inseguridad ciudadana y a la miseria social, a organizar una movilización en las calles contra la reelección. A ganar la calle para que la reelección, si es aprobada, no pueda entrar en vigencia si no es por medio de un referendo popular. A movilizarse para denunciar las características conspirativas de la Constituyente, que nuestro partido ya denunció judicialmente, y a organizar, en el momento oportuno, la lucha por su disolución. Denunciamos la hipocresía del planteo de los dirigentes de la UCR, de “abandonar la Constituyente”, porque no pasa de un puro palabrerío para disimular la completa bancarrota del radicalismo. La UCR sí quiere la reelección para sus diputados; que un hombre de Franja Morada sea el candidato de Alperovich al rectorado de la Universidad de Tucumán es una demostración de sus vínculos con el gobernador, que no es más que un tránsfuga del radicalismo. El Partido Obrero convoca a una movilización política integral contra la camarilla. Una movilización que unifique los reclamos de democracia política con la lucha por el salario; con la lucha contra los pulpos que contaminan el ambiente y provocan los desastres ecológicos; con la lucha por la salud pública gratuita; por los derechos de la mujer; por la enseñanza estatal y laica; por becas para la educación; por una Universidad realmente autónoma que sea gobernada por todos sus integrantes y no por una camarilla profesoral ligada a gabinetes y monopolios capitalistas; por la estatización del juego y meter presos a los capitalistas de la prostitución; por un gobierno representativo del pueblo que trabaja. Las manifestaciones cada vez más numerosas que piden el esclarecimiento del crimen de Paulina y el castigo para sus responsables materiales e institucionales, están repitiendo con mayor fuerza: “Que se vayan todos”. Hagamos de esta reivindicación un gran movimiento de acción popular.

El martes 11 falleció Angel, hijo del compañero Miguel. Su padre, militante del PO, le había enseñado el camino de la lucha y la importancia de la construcción del partido. Por eso él colaboraba con el PO, ayudando a su padre con la prensa y marchando en muchas ocasiones junto a nosotros. A los 19 años, Angel perdió su vida trabajando en una obra en construcción, en un accidente laboral. Angel no contaba con los elementos de seguridad necesarios para evitarlo. Cayó de un piso 11; su padre vio como su único hijo perdía la vida. Hoy la obra en construcción, ubicada en Capital, está clausurada. Tarde, porque Angel ya no está entre nosotros. Le decimos al compañero Miguel, fuerza. Con el dolor de toda una regional y nuestro acompañamiento al padre de Angel, pedimos justicia. No queremos ni vamos a permitir que miles de chicos como Angel sigan perdiendo la vida a manos de la patronal negrera y este Estado cómplice.

En la movilización al Ministerio de Trabajo del 4 de abril, que reunió más de 3.000 trabajadores de la alimentación, activistas de la oposición (Terrabusi, Stani, Lista Celeste y Blanca) llevaron pancartas planteando 1.850 pesos de mínimo. Una fracción de la burocracia (sindicato Córdoba) estaría levantando el mismo reclamo y Daer, que se negaba a fijar una cifra, pasó a plantear un 22%. El inicial de un operario en la alimentación está hoy en 960 pesos (4,85 la hora) — las empresas están implementando de hecho jornadas de 12 horas. El grueso cobra un ingreso de bolsillo del orden de los 1.200 pesos. La última “oferta” de las patronales fue sumar 25 centavos a los 4,85 que hoy cobra por hora un operario que se inicia. La intensificación del trabajo se ha multiplicado por tres, el ingreso de trabajadores de agencia y contratados es constante y el proceso de tercerización ha crecido al punto de convertirse, junto a la prolongación de la jornada laboral, en uno de los centros de los reclamos obreros. Viraje La política de la burocracia está en un impasse; el movimiento de lucha del STIA tiene una oportunidad. Los beneficios de los pulpos alimenticios están por encima de otras ramas por el nivel de explotación de los trabajadores. Corresponde pegar un viraje. Tomemos la reflexión de varios activistas como bandera: ¿por qué debemos resignar un inicial de 1.800 ó 2.000 pesos, como se ha arrancado en otros lados? Llamamos a impulsar asambleas que fijen un reclamo de 2.000 pesos, consideren el pliego obrero de 15 puntos elaborado por los trabajadores de Terrabusi (que plantea este objetivo y un conjunto de reclamos contra la flexibilidad laboral) y organicen una campaña por la asamblea general por el anteproyecto y la elección de paritarios, convocando a los 18.000 trabajadores de la Capital y gran parte del Conurbano. Demos paso a una lucha organizada contra las patronales, reactivadas en su inmensa mayoría, beneficiadas con la devaluación, la pesificación y el salto inmenso en la explotación obrera.

Como en una escena del virreinato, el aguatero recorre varios barrios de la zona oeste de Rosario, donde viven 25 mil personas. Son diez barrios, entre ellos El Hornerito, Los Cardos, Monte Olivos, Villa Banana, Vía Honda. Cinco camiones van y vienen distribuyendo agua desde la mañana a la noche. Hay otros seis barrios que tienen agua pero la presión es muy baja. Es una postal implacable del fracaso de las privatizaciones. Frente al retiro de Suez, el gobernador Obeid creó una sociedad anónima (Aguas Santafesinas), en la que el Estado provincial se hace cargo de los desastres dejados por APSF (Suez), sobre todo de las millonarias obras de reparación e instalación de infraestructura. Una vez saneada, ASSA podrá volver a ser privatizada. A fines de marzo se aprobó una ley que autoriza la constitución de emprendimientos “mixtos”, es decir la asociación entre una sociedad anónima (de capital estatal) y otra privada; se deja librado a la discrecionalidad de Hacienda y Obras Públicas la elección del socio. La nueva ley autoriza a los emprendimientos mixtos a intervenir en la ejecución, operación y mantenimiento de obras de servicio público, ampliación de obras y financiamiento. Pueden organizarse como sociedades anónimas, fideicomisos o bajo cualquier otra forma o modalidad que resulte apta para financiarse. Aguas Santafesinas tiene al frente del directorio al funcionario reutemista Venezia, responsable de la desarticulación de Dipos (Dirección Provincial Obras Sanitarias) que permitió en 1995 que fuera privatizada y se transformara en Aguas Provinciales de Santa Fe (Grupo Suez).

“Israel vota por la separación y las fronteras definitivas” y “los israelíes abandonan el sueño del Gran Israel” fueron los temas principales en la manipulación que caracterizó la cobertura de los grandes periódicos, incluso de algunos progresivos, sobre las elecciones parlamentarias israelíes que tuvieron lugar el 28 de marzo. En realidad, los resultados electorales revelan que ha emergido un consenso entre los judíos israelíes, no sólo contra los requerimientos básicos de justicia y paz genuina, como siempre fue el caso, sino también en apoyo de una forma más agresiva de limpieza étnica de los palestinos y de reforzamiento del apartheid sionista. En las elecciones de la Knesset (parlamento israelí) de 2006, los israelíes efectivamente votaron en forma abrumadora por la “separación”, no de los territorios palestinos ocupados, sino sólo de los palestinos — tanto en Israel, como en los Territorios como en el exilio. Las tierras palestinas son claramente excluidas de la “separación”. Un examen objetivo de los resultados electorales y de las plataformas políticas de los partidos representados en el nuevo parlamento israelí muestra que la celebración del “cambio hacia la paz y el realismo” por los eruditos de los medios occidentales e israelíes no sólo es injustificada sino también muy decepcionante. Si algo ha tenido lugar es una ávida adopción de la agenda de la derecha. Antes de exponer el la manipulación, los lectores deben ser advertidos de que “derecha”, “izquierda” y “centro” son términos relativos; en el contexto político israelí tienen un significado sustancialmente diferente al de cualquier otro sistema parlamentario comparable, incluido el Consejo Legislativo Palestino. Con la excepción de los partidos políticos dominados por los palestinos, todos los partidos israelíes representados en la 17ª Knesset convergen en los tres “no” fundamentales del sionismo: el “no” al retorno de los refugiados palestinos que fueron desarraigados por Israel durante la Nakba (la catástrofe de su desposesión y su expulsión alrededor de 1948); el “no” al completo fin de la ocupación y de la colonización de las tierras palestinas ocupadas por Israel en 1967; el “no” a la plena igualdad — ante la ley así como también respecto de las políticas gubernamentales — entre los ciudadanos judíos y los ciudadanos palestinos de Israel, la población originaria de la tierra que permanece en Israel. Algunos pueden argumentar que el partido de las “ultra-palomas” judías-israelíes, el Meretz, ha discrepado de este consenso en la segunda cláusula, cuando defendió “el fin de la ocupación”. De hecho, el Meretz jamás aceptó un retorno completo a las fronteras internacionalmente reconocidas de 1967, las cuales ponen a Jerusalén oriental con su Ciudad Antigua del lado palestino. Siempre reclamó mantener parte de los territorios palestinos ocupados bajo control israelí, para no mencionar que su consistente posición contra los derechos de los refugiados palestinos y contra la plena igualdad en Israel hace aparecer a los partidos xenófobos de Europa, en comparación, como liberales. Recientemente, el principal dirigente del Meretz, Yossi Beilin, escribió a Avigdor Lieberman — visto por ciertos analistas como el nuevo líder de la derecha “fascista” en Israel — que lo admiraba por ser “muy inteligente, un político exitoso, un excelente hombre de acción y un hábil judío”, rogándole además que “nos guíe a una situación en la cual el pueblo judío, también, tendrá finalmente un Estado judío por sí mismo”. Lieberman reclamó la limpieza étnica del medio millón de palestinos que son ciudadanos israelíes mediante un “ajuste de las fronteras” que los deje afuera, negándoles la ciudadanía y cualquier derecho pertinente. Es importante hacer notar que la mayor parte de la tierra perteneciente a este grupo ya ha sido confiscada por el Estado en las pasadas décadas. Sin embargo, el oportunismo politiquero del Meretz fue rechazado de plano por los votantes israelíes, ganado sólo cinco bancas en las elecciones de la semana pasada, comparadas a sus ya mezquinas seis bancas en las elecciones de 2003. En un agudo contraste a la continua caída de la “izquierda”, el partido ultraderechista de Lieberman, Israel Nuestro Hogar, cuyos principales votantes se encuentran entre los inmigrantes de habla rusa, ganó asombrosamente once bancas con una plataforma que llama explícitamente a negarle a los ciudadanos israelíes “el derecho a vivir en el Estado por consideraciones de religión y de raza”, como escribió el comentarista israelí Akiva Eldar.[1] Aunque otros partidos extremistas vistos en la Knesset, como el Rehavam Ze’evi’s Moledet, defendieron en el pasado una agenda fascista similar, esta es la primera vez en la historia de Israel que se considera que un partido de esta naturaleza forma parte de la corriente principal. “La aceptación de Lieberman en el corazón del consenso”, advierte Eldar, “es una evidencia (...) de la degradación moral de la sociedad judía israelí”. Un estudio reciente sobre el racismo israelí[2] confirma esta “degradación moral”. Más de dos tercios de los judíos israelíes afirmaron que no querrían vivir en el mismo edificio con ciudadanos israelíes palestinos, mientras que el 63% declaró estar de acuerdo con la afirmación de que “los árabes son una amenaza demográfica y de seguridad para el Estado”. Un 40% creía que “el Estado necesita apoyar la emigración de los ciudadanos árabes”. Este cambio general en la opinión pública israelí hacia posiciones de extrema derecha explica el notable ascenso de Lieberman. Pero uno no necesita ser Lieberman para ser racista, como lo hace notar el escritor Gideon Levy en Ha’aretz.[3] “La ‘paz’ que impulsa Olmert no es menos racista”, sostiene. Y agrega: “Lieberman quiere distanciarlos de nuestras fronteras; Olmert y los de su tipo quieren distanciarlos de nuestras conciencias. Nadie está hablando de paz con ellos; nadie la quiere realmente. Una única ambición los une a todos — sacárselos de encima, de una manera u otra. Transferencia o muro; ‘separación’ o ‘convergencia’ — el punto es que ellos deben desaparecer de nuestra vista”. El partido Kadima de Olmert, cuyas 29 bancas en la Knesset lo convierten en el principal partido israelí, obtuvo un mandato razonablemente fuerte del electorado israelí para “desembarazarse” o “separarse” de los palestinos, ambos eufemismos populares en Israel — y crecientemente en Occidente — para separar a los palestinos de sus mejores tierras y recursos acuíferos, encarcelarlos en “bantustans” no muy diferentes a los sudafricanos, mientras se mantiene el control israelí sobre ellos. Saludado en los principales diarios occidentales como una fuerza de paz, el programa del Kadima no sólo rechaza categóricamente los derechos internacionalmente reconocidos de los refugiados palestinos sino que además plantea la anexión permanente de las mayores colonias judías, todas ilegales de acuerdo a la ley internacional, así como también de una vasta porción del valle del río Jordán en Cisjordania. Tal plan, más o menos respaldado por el gobierno de Bush, bloquea efectivamente cualquier perspectiva de un Estado palestino “viable” — sin mencionar un Estado verdaderamente soberano dentro de las fronteras de 1967, de acuerdo con las resoluciones de la ONU. Es por lo tanto una receta para ulteriores conflictos y baños se sangre, no de paz. Difícilmente pueda llamárselo un partido “centrista”, para cualquier norma decente. La buena noticia en esta elección, uno podría argumentar obstinadamente, es que el laborismo, el firme crisol de la izquierda israelí, progresó elevando las esperanzas de una coalición de “centroizquierda” que busque un acuerdo pacífico con los palestinos. Es verdad que, a diferencia del Likud, el laborismo ha mantenido en gran medida su presencia en el mapa político israelí, pero, en las elecciones de 2003, el laborismo y su aliado “Una Nación” (dirigido entonces por Amir Peretz, actual líder del laborismo), ganó 22 bancas. En las recientes elecciones cayó a 19. Con todo, la verdadera causa de preocupación es la plataforma del laborismo, no su número de bancas. Si había serias dudas en el pasado acerca de las credenciales izquierdistas del laborismo, ahora uno puede decir con certeza que el partido no tiene ninguna. El laborismo sionista es, después de todo, históricamente responsable, más que cualquier otra fuerza en Israel, por la limpieza étnica de palestinos en 1948 y 1967; por la proliferación de colonias ilegales en los territorios ocupados; por ser el campeón del discurso racista de que los palestinos constituyen una “amenaza demográfica” y por idear estrategias militares y políticas — incluyendo el muro — destinadas a hacer la vida de los palestinos bajo la ocupación tan miserable que consideren emigrar. El laborismo, históricamente “dado a la evasión y a la negación”, como señaló Geoffrey Wheatcroft[4] , jugó el papel principal en el proyecto colonial israelí, mientras proyectaba simultáneamente una falsa imagen de democracia e ilustración a la desinformada y largamente engañada audiencia occidental. Bajo Peretz, un dedicado dirigente sindical y un judío perteneciente a la postergada comunidad “sefardí” (mizrahi/árabe), el laborismo se ha movido hacia la izquierda, argumentan los apologistas de Israel, en un intento de pulir todavía más su manipulación. La realidad en el terreno estaba, nuevamente, en contradicción con semejante imagen astutamente diseñada. Tan pronto como fue elegido nuevo presidente del laborismo, Peretz, un autodeclarado “hombre de paz”, anunció[5] que favorecía una “Jerusalén unida” como capital de Israel y que se oponía resueltamente a permitir a los refugiados palestinos retornar a sus hogares y propiedades en Israel, ambas posiciones en contravención de la ley internacional. Más aún, su primera idea innovadora en la arena política debe haber extinguido cualquier ingenuamente descolocada esperanza de progreso hacia una paz justa bajo su liderazgo. El “paradigma de Hong Kong”, la “idea” de “arrendar” a los palestinos por un plazo de 99 años la tierra en la que se establecieron las mayores colonias judías, se convirtió en la contribución creativa de Peretz a la búsqueda de la paz. Meron Benvenisti, un escritor israelí y antiguo intendente de Jerusalén comentó agudamente este esquema diciendo[6]: “Es imposible dar una expresión más adecuada de la naturaleza colonialista de la anexión de partes de la Cisjordania que el ejemplo de la ocupación por parte del Imperio Británico de partes del desventurado Imperio chino. En realidad, los inventores del paradigma de Hong Kong identificaron la similaridad: un capitalismo de ladrones que opera bajo los auspicios del poder militar contra un rival impotente, la toma gangsteril de tierras y recursos acuíferos mientras se desplaza militarmente a los nativos, y se realizan grandes beneficios mientras se explotan los sentimientos patrióticos y las incitaciones nacionalistas.” Los colonos, que podrían ser los principales beneficiarios de la iniciativa de Peretz, fueron descriptos en muchos engañosos artículos periodísticos como los mayores perdedores de la elección. En realidad, obtuvieron la victoria más significativa. Focalizando su atención en los asentamientos pequeños y extremadamente difíciles de defender que el Kadima y el laborismo están dispuestos a abandonar, los medios curiosamente ignoraron el hecho de que los principales partidos “de la paz” en la próxima Knesset aceptaron el grueso de las colonias — en las que viven más del 80% de los colonos y controlan la mayor parte de las tierras ilegalmente colonizadas en los Territorios palestinos ocupados — como una parte inseparable de Israel. Los mayores asentamientos, que son los más dañinos al objetivo de una paz justa con los palestinos, han sido abrazados por el consenso israelí emergente, con la bendición de Estados Unidos y la pusilánime aquiescencia europea. Aparte de una minoría de colonos, que se espera que sean evacuados por el gobierno del Kadima y el laborismo del centro de áreas densamente pobladas por palestinos en los Territorios Ocupados, la agenda de décadas de los colonos de “legitimar” su colonización de las tierras más fértiles y de los mayores acuíferos de Cisjordania — incluyendo Jerusalén oriental — mediante la anexión de esas tierras a Israel será largamente cumplida. Además, el representante directo de los colonos, la coalición de Unión Nacional y el partido Religioso Nacional, también ganó nueve bancas, dándoles cierta incidencia en el destino de los más pequeños asentamientos. Dado lo señalado, es poco sorprendente que los palestinos y los observadores perspicaces en el mundo no fueran engañados por las manipulaciones de la prensa sobre que las elecciones de Israel nos acercaban a una paz basada en los requerimientos mínimos de justicia. Quizás, nadie resumió esta elección mejor que Gideon Levy, que escribió[7]: “Contrariamente a las apariencias, las elecciones de esta semana son importantes, porque expondrán el verdadero rostro de la sociedad israelí y sus ambiciones ocultas. Más de cien candidatos elegidos serán enviados a la Knesset sobre la base de una boleta — la boleta racista (...) Una mayoría absoluta de parlamentarios en la próxima Knesset no creen en la paz, ni la desean — al igual que sus votantes — y, peor que eso, no ven a los palestinos como seres humanos iguales. El racismo nunca ha tenido tantos partidarios”. La mayoría israelí ha elegido el apartheid. Y desde el momento en que los gobiernos occidentales le han dado la bienvenida a los resultados como un avance para la paz, sólo se puede esperar que el muro de Israel y las colonias crezcan más agresivamente, bajo la pretensión de “consolidación” y “separación”, condenando a toda la región a un interminable conflicto sangriento. Es tiempo de que la sociedad civil internacional cumpla su obligación moral adoptando sanciones y boycots — similares a los que quebraron el apartheid en Sudáfrica — por la causa de la igualdad, la justicia, la paz real y la seguridad para todos. Ninguna otra cosa ha funcionado. 3 de abril de 2006 * Omar Barghouti, analista político y cultural independiente y analista cultural que publicó ensayos sobre el ascenso del imperio, la cuestión palestina y el arte de los oprimidos. Tiene un grado en ingeniería eléctrica de la Universidad de Columbia y, actualmente, es estudiante de doctorado de filosofía (ética) de la Universidad de Tel Aviv. Contribuyó a la publicación del libro "La nueva Intifada: Resistiendo el apartheid de Israel” (Verso Books, 2001). Es un defensor de la solución de un Estado laico y democrático en la Palestina histórica. Su artículo “9/11. Poniendo el momento en términos humanos”, fue elegido entre los “Mejores del 2002” por el diario británico The Guardian. Este artículo es reproducido de Counterpounch, http://www.counterpunch.org/barghouti04032006.html –––––––––––- [1] Akiva Eldar, “Lieberman -nyet, nyet, nyet”; Ha’aretz, 13 de marzo de 2006. [2] Eli Ashkenazi y Jack Khoury, “Encuesta: el 68% de los judíos rechazaría vivir en una mismo edificio con un árabe”; Ha’aretz, 22 de marzo de 2006. [3] Gideon Levy, “Una nación racista”; Ha’aretz, 26 de marzo de 2006 [4] Geoffrey Wheatcroft, “Después de la rapsodia, el amargo legado de Israel y la izquierda”; The Guardian, 24 de marzo de 2006. [5] Mazal Mualem, Gideon Alon y Zvi Zrahiya; “El laborismo vota abandonar el gobierno de Sharon”, Ha’aretz, 1° de enero de 2006. [6] Meron Benvenisti, “La trampa de Hong Kong”; Ha’aretz, 1° de enero de 2006. [7] Levy, op. cit.

Alrededor de las 22 horas, llegó la orden de desalojo. El comisario nos dijo que iba a bajar el Cuerpo de Infantería a cumplir la orden judicial. Nosotros hicimos una asamblea y resolvimos por unanimidad permanecer abajo defendiendo la huelga y nuestra permanencia en el lugar de trabajo. Abajo, en los túneles nos enfrentamos con la Guardia de Infantería. Nos reprimieron con bastones, gases y balas de goma. Nos defendimos como pudimos. Fuimos perseguidos por los túneles. Fuimos retrocediendo ordenadamente, resistimos todo lo posible y salimos por una puerta de emergencia. Logramos que ningún compañero fuera detenido o golpeado en el túnel. Posteriormente, cuando unos 80 compañeros nos movilizábamos por Corrientes hacia la asamblea de Constitución, la policía desató una verdadera cacería humana. Nos volvimos a concentrar en Juan B. Justo y Corrientes. Seguían reprimiendo; nos volvimos a replegar y a reagrupar. A un compañeros de Taym, la Federal lo detuvo horas antes, lo golpearon, lo torturaron psicológicamente y le robaron en la comisaría sexta. A compañeros que se movilizaban solidariamente en la puertas, los corrieron por las calles y fueron apaleados en una estacion de servicio. Por todo ello exigimos la renuncia de Anibal Fernández.

Frente al despido de 120 compañeros de ICI (ex Duperial), la CGT San Lorenzo realizó un paro con piquetes el miércoles 12. El paro tuvo una fuerza impresionante. Hubo tres cortes. El piquete al frente de la intersección de la AO12 y la 11 lo garantizaron los compañeros de ICI con el apoyo de los docentes. Comenzó a las 12 de la noche y se extendió hasta las 13 horas del día siguiente. Hubo un segundo corte en las barreras de Capitán Bermúdez y un tercero en el puente que une San Lorenzo con Puerto San Martín y la salida de el acceso norte de la autopista. El paro fue contundente. El transporte paró en más del 90%. Los interurbanos llegaban hasta el límite de Granadero Baigorria y volvían. Los negocios de la avenida estaban cerrados, las escuelas también. Pararon no sólo los gremios adheridos a la CGT sino también Amsafe y la Fábrica Militar (CTA). El Hospital de Baigorria también paró dos horas con corte de ruta, al que se sumaron los docentes (que están sindicalizados en el Departamento Rosario). Maniobras La pelea por el paro había comenzado en el plenario intersindical convocado por la CGT y la CTA el 7 de abril. Un conjunto de delegados docentes, estatales y de fábricas reclamaron la huelga del Cordón por la reincorporación de los entonces 60 compañeros despedidos de ICI. La dirección política del plenario, con Victorio Paulón y los diputados del ARI a la cabeza, trataron de que esta propuesta no prosperara. Pero el lunes la empresa despidió a otros 60 compañeros. La CGT San Lorenzo decretó el paro de 24 horas para el miércoles 12. La asamblea en el sindicato de Sulfacid, convocada el martes a la tarde para que los delegados debatieran la implementación del paro, se levantó. Escondidos en un club de Fray Luis Beltrán, la dirección de la CGT “acordó” con los intendentes la medida. Estos intendentes son los que han permitido que las empresas despidan y tercericen a su antojo; los que las han dejado que contaminen y trabajen en condiciones de riesgo extremo. Son testaferros de las cerealeras. En realidad, lo que estaban negociando era la duración de los piquetes, que los intendentes querían reducir de 3 de la madrugada a 10 de la mañana. El propio gobernador de la provincia, Jorge Obeid, también se pronunció a favor de los trabajadores de ICI. “Legalmente, todo el mundo nos da la razón...”, reconoció uno de sus delegados. Pero los trabajadores siguen afuera. El paro en Amsafe San Lorenzo Amsafe San Lorenzo tenía un gran desafío. En primer lugar, porque dentro de su comisión directiva sólo el sector de Tribuna Docente había concurrido al plenario intersindical; en segundo lugar, porque —según los estatutos— las medidas de acción directas deben resolverse en las asambleas provinciales y por medio de votos en las escuelas. El lunes, una delegación de la Directiva de Amsafe San Lorenzo viajó a Santa Fe a una reunión de la Directiva ampliada donde se incluyó en el temario los conflictos del Cordón. Después del informe, los 19 departamentos y la Directiva central avalaron las medidas que surgieran de la asamblea que ya había sido convocada. La asamblea fue muy importante. La Celeste montó una provocación para impedir que se votara el paro. Tribuna Docente mocionó paro de 24 horas con movilización a las puertas de ICI. Los compañeros de ICI participaron de la asamblea y explicaron su lucha. Pasaron nueve meses desde la firma del convenio colectivo pero la patronal se niega cumplirlo; comenzaron entonces los despidos y así llegaron al paro por tiempo indeterminado y bloqueo de la fábrica. La totalidad del personal (excepto los delegados) fue despedida. Después de estas intervenciones, llegó la votación. La Celeste y una parte de la Directiva mocionaron una “desobligación” de dos horas por turno. Tribuna, el paro de 24 horas con movilización. La “desobligación” sacó apenas siete votos. Muchos de los presentes venían con mandatos de sus escuelas por el paro. Lucha política La columna docente llegó a cien metros del portón principal de ICI, donde decidieron organizar su propio acto de apoyo a los trabajadores de la química. En el portón principal estaba anunciado el “acto oficial” con los intendentes, y los docentes —como empleados del Estado— no querían compartir una tribuna con sus patrones. Hasta allí llegaron las esposas de los despedidos; plantearon que los docentes fueran a la puerta de la fábrica para no regalarle el espacio a los políticos patronales “que vienen para la foto”. Entonces los docentes marcharon hasta el portón, donde se improvisó un acto a micrófono abierto. Hablaron miembros de la Directiva de ICI, trabajadores de la planta, una representante de las esposas, uno de la Coordinadora de Jubilados, y dirigentes de Amsafe de San Lorenzo y de Rosario. En medio de este acto impresionante, comenzaron los aprietes y amenazas de los dirigentes de la CGT porque “llegaban los intendentes”. Comenzaron entonces amenazas verbales y empujones. Los docentes anunciaron entonces que se retiraban. Nuevamente los empujones y agresiones. En este cuadro, tomaron la palabra Acedo (CTA Zona Sur) y Reguera y Monzón (CGT de San Lorenzo). Cuando “saludaron” la presencia de los intendentes hubo un abucheo generalizado de los obreros despedidos y sus esposas. Ante el “clima” adverso, los intendentes se limitaron a hablar por las radios. Cómo seguir Mientras los intendentes posaban para la foto, una jueza ordenaba el desalojo de los piquetes, y la Secretaría de Trabajo no hace cumplir lo firmado en las paritarias y permite que ICI despida a su personal. No será el “poder político”, aliado de los pulpos del Cordón y que está jugando desde el primer día al desgaste de la lucha, quien impondrá la reincorporación de los despedidos y el cumplimiento del convenio. Es necesario un plan de lucha consistente y progresivo —48 horas la semana próxima; 72 horas la siguiente— para doblegar a esta patronal negrera. En base a informes de Mary Matassa (Secretaria Adjunta de Amsafe San Lorenzo) y María Elena Molina (Secretaria Gremial de Amsafe Rosario)

La dupla Chirac-Villepin “retiró” el odiado CPE, el contrato basura que pretendía imponer una precarización generalizada a la juventud francesa. Tres meses de continuas y crecientes movilizaciones juveniles, con el respaldo cada vez más activo de la clase obrera, fueron necesarios para obligarlos a capitular. ¿”Objetivo alcanzado”? El CPE será “retirado” pero toda la estructura precarizadora — que se corporiza en más de una docena de “contratos basura” en vigencia — sigue en pie. En primer lugar, la propia “ley de igualdad de oportunidades”, que autoriza el trabajo de “aprendices” desde los 14 años y el trabajo nocturno desde los 15. La ley establece, además, la llamada “responsabilidad parental”, por la cual los padres pueden perder los subsidios que reciben si sus hijos abandonan el colegio o tienen “problemas con la policía”. Queda en pie, también, el “CNE” (“Contrato Nuevo Empleo”), un engendro igual al CPE (establece dos años de “prueba” durante los cuales el trabajador puede ser despedido sin causa) que beneficia a las empresas de menos de 20 empleados. Sobre todo, queda en pie, como un cadáver sin sepultura, el gobierno de la precarización. En oposición a la Intersindical, la Coordinadora formada por delegados elegidos en asambleas de facultades llamó a mantener la movilización hasta el retiro del CNE y de la “ley de igualdad de oportunidades”. “Nosotros no hemos ganado, ellos no han perdido; hoy estamos en la calle, mañana seguimos”, cantaban los manifestantes en Rennes, la ciudad donde se inició el movimiento contra el CPE. La caída del CPE y las vacaciones universitarias (con exámenes cercanos) permitieron a las centrales sindicales y estudiantiles terminar de desarmar el movimiento. Crisis de poder La burguesía discute abiertamente la conveniencia de la caída del primer ministro Villepin. “Francia sufre un peligroso vacío de poder (...) el Ejecutivo está despedazado, los ministros se atacan unos a otros; la mayoría se desintegra”, editorializaba Le Monde (7/4) tres días antes del retiro del CPE. En este cuadro, resultan ilusorias las afirmaciones de que el ministro del Interior, Sarkozy, ha salido “fortalecido” de la crisis. Tanto o más ilusoria es la afirmación de que la crisis fortaleció al PS, esto cuando un abrumador 63% de los franceses afirman que “nada cambiará demasiado” con un eventual gobierno del PS. Lo que pinta por entero la situación francesa es que la burocracia de los sindicatos ha pasado a convertirse en el principal sostén de la “gobernabilidad”. Levantada la movilización, en la prensa francesa han comenzado a correr ríos de tinta acerca de la “crisis de la V República”. La “salida”, según la mayoría de los opinantes, es reforzar todavía más la institución presidencial eliminando el cargo de primer ministro. Como esa es la posición de Sarkozy, la “campaña” parece señalar un eje de reagrupamiento de la burguesía. Pero no hay unanimidad ni mucho menos. “¿Qué habría pasado si la movilización contra el CPE no hubiera estado dirigida contra el primer ministro sino directamente contra el presidente?”, pregunta un comentarista. “Habríamos tenido, entonces sí, una auténtica crisis de régimen.” Fuera Chirac. Que gobiernen los trabajadores La crisis de poder sorprendió a la izquierda francesa. De una manera sistemática, había rechazado la caracterización de que desde 2002 en Francia se asistía a una crisis del régimen político. Ni el aplastamiento del oficialismo (y de la oposición socialista) en el referéndum de mayo del año pasado ni la rebelión de noviembre alteraron su política, concentrada en la preparación de las candidaturas presidenciales para 2007.

La Comisión Gremial Interna (CGI) de la agencia nacional de noticias Télam informa a la opinión pública que continúa la retención de tareas por tiempo indeterminado de los trabajadores, en reclamo de la incorporación de trabajadores despedidos.La medida de fuerza ingresó hoy en su octavo día consecutivo y en la entrada de la empresa se encuentra un fuerte dispositivo de seguridad, compuesto por 10 efectivos de la Policía Federal. La CGI comunica que desde el lunes pasado ha reclamado un diálogo con el titular de la empresa, Martín Granovsky, pero como única respuesta lo único que se ha logrado es la presencia de la Policía Federal en las puertas de Télam. Esta CGI realizó la semana pasada una conferencia de prensa en la sede de la planta —ubicada en Bolívar 531, de Capital Federal— para informar sobre los despidos que se produjeron en la empresa estatal de noticias.Una vez concretados los despidos, los trabajadores de Télam dispusimos una retención de tareas por tiempo indeterminado frente a los inexplicables despidos ocurridos desde la asunción del señor Martín Granovsky como presidente de la empresa. Cuando nos disponíamos a discutir —como otros gremios— la recomposición salarial, la administración Granovsky optó por cortar toda posibilidad de diálogo. Los trabajadores de Télam, juntamente con la representación gremial, reclamó la inmediata reincorporación de todos los compañeros despedidos y puso en conocimiento de la situación a la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría de Medios de Comunicación, el Ministerio de Trabajo y autoridades legislativas.

Por segunda vez consecutiva, el Concejo Deliberante postergó el tratamiento del aumento de boletos pedido por el Ejecutivo municipal. El PJ no logró conseguir los votos necesarios para el tarifazo, y ante la firme decisión de los choferes de ir al paro, postergaron la sesión. El gremio de la UTA viene reclamando un 36% de aumento salarial. Para ello, Kiener, electo concejal por el PJ y dirigente gremial, reclama un aumento tarifario o una mejor redistribución del subsidio nacional del gasoil a las empresas. Ambas salidas implican beneficios propios ya que él mismo es parte de la patronal. Por su parte, el interbloque conformado por el PS-UCR-ARI se niega a aumentar el boleto “en defensa de los usuarios” (a la inversa de Rosario, donde aprobaron un aumento del 45% en el boleto urbano). Apelan a una “solución de fondo” que no es más que un mayor subsidio a las patronales. Unos y otros se niegan a denunciar el vaciamiento patronal y las millonarias ganancias que las empresas se llevan. Es decir, no quieren que la patronal se haga cargo del aumento salarial. Los choferes están dispuestos a continuar con las medidas hasta el final. Los concejales postergaron por unanimidad el tratamiento del tema para que no afectara la Semana Santa. Los estudiantes, por su parte, han salido nuevamente a la calle repudiando el tarifazo y solidarizándose con los trabajadores. El PJ creó un aparato vacío entre los secundarios, que se llama UES para evitar que se unifiquen los reclamos y actuar de presión con los concejales. Para romper esta política patronal, es necesario que nos organicemos de manera independiente del Estado y sus punteros. Planteamos: aumento salarial a los choferes del 36% ya; abajo los tarifazos; no a los subsidios a las patronales; gestión obrera del transporte.

Hugo Moyano adelantó, antes que nadie, que los aviones volarían normalmente en Semana Santa. En el plenario conjunto de delegados de Apta (técnicos) y Apla (pilotos) realizado el 30 de marzo, las comisiones directivas de ambos gremios plantearon que “esto (Aerolíneas) se cae solo” y que la estrategia sindical debía consistir en graduar la lucha en función de la crisis que se viene por el vaciamiento que está operando el grupo Marsans. Por eso, fue rechazado el planteo llevado por delegados de Apta, votado en dos asambleas de sección de los hangares de Ezeiza, de convocar una asamblea inmediata conjunta de ambos gremios para informar sobre las negociaciones y resolver un inmediato paro de 48 horas. En un escenario caldeado, el plenario votó otra moción llevada por el mismo bloque de delegados de Apta, que denunciaba las condiciones de inseguridad de los vuelos por la falta de mantenimiento, reclamaba la presencia permanente de los controles técnicos habilitados (Fuerza Aérea) y comprometía la acción de los propios trabajadores en este sentido. Al momento actual, operando sobre la “desinversión en mantenimiento aeronáutico” — como dice la declaración del Cuerpo de Delegados — el control de los propios trabajadores está comenzando a producir una paralización en el ritmo de los vuelos (de 50 aviones de Arsa, vuelan 25; de 21 de Austral, 7). Aunque se trata de soslayar la huelga general, el reclamo de una asamblea general para resolver la continuidad del plan de lucha está creciendo entre los trabajadores de Apta. Una fracción de delegados y activistas de los técnicos viene planteando la necesidad de romper la tregua y lanzar la huelga por tiempo indeterminado. Ha reclamado la presencia de la burocracia en asambleas en los talleres, pero ésta se ha negado a concurrir. La tregua compromete mucho más que el salario (el técnico de mantenimiento que ingresa cobra 1.200 pesos, un tercio de lo que percibe su par en España). Está pendiente la incorporación a planta permanente de los últimos contratados, así como la reconstrucción de Aerolíneas contra el vaciamiento expresado en la transferencia de recorridos, instalaciones y aviones a Austral.

El miércoles 12 de abril estuvimos cortando la Ruta 11 por más de dos horas frente al HEEP en Granadero Baigorria, por un pliego de reivindicaciones y por el repudio a las paritarias truchas que hay entre el gobierno y la repodrida burocracia de UPCN. Denunciamos los magros aumentos para los estatales producto de estos acuerdos, reclamamos el pase a planta permanente de todos los contratados y monotributistas y un salario mínimo de 1.800 pesos. El planteo de la asamblea realizada el día anterior fue comenzar con este corte y tratar de involucrar a todos los hospitales para que la lucha tenga la fuerza necesaria para imponer al gobierno y la burocracia todos nuestros reclamos. El llamado de solidaridad hacia los compañeros de ICI por parte del Cuerpo de Delegados del Hospital fue aplaudido por la asamblea. En el corte estuvieron acompañándonos otras organizaciones, como Amsafe Rosario, delegados de la cocina centralizada, una delegación del Polo Obrero que marchaba al acto central de la CGT pero no pudo continuar... Este miércoles 12 fue, para los trabajadores del Cordón, una jornada de lucha y el comienzo de nuevas jornadas que van madurando.