Prensa Obrera N° 941

El interventor designado renunció antes de pisar el Hospital, que ha quedado en un estado de virtual acefalía. En este cuadro se acentúa el deterioro del Hospital, que sigue funcionando sólo gracias al esfuerzo de los trabajadores y parte del cuerpo médico. El Estado no ha efectivizado el pago de los sueldos que hace varias semanas votó la Legislatura. Tampoco hay respuesta a la deuda por honorarios que mantienen los médicos (que fueron excluidos del acuerdo). Las camarillas del Hospital (distintas jefaturas de servicios, incluidos los servicios tercerizados) alientan la evacuación del establecimiento. Esta trama mafiosa pretende llevar al Hospital a una situación limite y negociar una salida con el Estado. En la audiencia que mantuvieron los representantes gremiales del Francés en la Rosada, el viernes último, Alberto Fernández se encargó de aclarar que la decisión del gobierno es avanzar en la conformación de una corporación mixta, donde podría convivir el Estado con el capital privado, al estilo -dijo- de “Puerto Madero”. Los trabajadores en acción La extraordinaria lucha de los trabajadores sigue imponiendo su impronta al conflicto. Una vez más, el jueves y el viernes ocuparon el centro de la escena en la Ciudad, al marchar sobre la Jefatura y luego sobre la Casa Rosada, donde arrancaron, frente a las repetidas dilaciones, el compromiso de que el pago se efectivizaría antes de Semana Santa. El jefe de Gabinete, acompañado por Ginés Gonzáles García y el ministro de Justicia, afirmó que se seguiría auxiliando al Hospital con insumos para los próximos días, quien se haría cargo parcialmente de la deuda de honorarios de los médicos. E l auxilio económico comprometido es muy acotado y -en el actual cuadro de colapso del Hospital, donde los ingresos se han reducido notablemente- entramos nuevamente en un nuevo cuello de botella en un cortísimo plazo. Surge como tema inminente el pago de los salarios de abril. Frente a este cuadro, los compañeros del Francés han redoblado sus recaudos. En primer lugar, reforzar las guardias, para abortar cualquier tentativa de evacuación y defender la continuidad del funcionamiento del Hospital frente a cualquier maniobra que apunte a su cierre. El otro eje es asegurar el cobro de los sueldos antes de que comience el fin de semana largo. Por último, es la salida de fondo. Con motivo de la inminente (y luego frustrada) llegada del interventor, los compañeros del Francés elaboraron una plataforma muy detallada encabezada por el reclamo de la estatización del Hospital y su integración a la red de hospitales públicos de la ciudad. A la perspectiva privatista, le oponen la lucha por un hospital para todos, privilegiando los intereses de trabajadores y usuarios. Este planteo va unido a la defensa de la totalidad de los puestos de trabajo, del salario y el convenio, y se plantea que el Estado garantice sueldos e insumos mientras se discute una solución definitiva a la crisis del Hospital. Esta plataforma refrendada en asamblea es una gran conquista, pues arma y unifica a todos los compañeros para encarar la nueva etapa de la lucha en la que ingresamos.

Otro gran factor de modificación de los cauces es la extracción sin control alguno de ripio y arena bajo responsabilidad de las grandes empresas constructoras. Prensa Obrera estuvo reunida con varias decenas de campesinos en la banda sur del Río Blanco. Los compañeros llevan adelante una disputa de años con el Ingenio El Tabacal, que mediante matones pagados trató de desalojarlos. “El Ingenio viene modificando el río aguas arriba desde hace 50 años, lo manejan como si fuera de ellos” nos cuenta uno de los más veteranos. “La empresa Monterrubio (la más grande empresa constructora de Orán) viene sacando áridos en la banda Norte del Río y han hecho como una especie de pared que hizo que el agua se venga sobre nuestros terrenos. Hemos perdido varias hectáreas de cultivo y el agua puede desviarse incluso hacia el barrio 20 de Febrero e inundar Orán”, contó Gregoria López, dirigente de la comunidad. Además, buena parte de las localidades se inundaron por falta de mantenimiento de los canales de riego del Ingenio que se desbordaron anegando las casas. Una situación similar se vivió en Campo Santo con el ingenio San Isidro. Un estudio científico independiente demostraría que toda la provincia es “zona de riesgo” de catástrofes por el desmanejo de las cuencas hídricas.

Se realizó, el sábado 8, en el sindicato gráfico, un acto del Partido Obrero en apoyo a las luchas de los estatales y en solidaridad con los petroleros de Santa Cruz y por el retiro de la Gendarmería de Las Heras. Ante la presencia de casi 80 trabajadores y estudiantes, hicieron uso de la palabra protagonistas de las luchas, como Oscar, destacado activista del gremio judicial; Martín Dalmau, delegado escolar y dirigente de Tribuna Docente; y Margarita, delegada de los contratados del Notti, el hospital más importante de Mendoza y el motor de la gran huelga de los hospitales. Un dato de todas estas luchas es que un gran porcentaje de sus protagonistas son mujeres: este fue el centro de la intervención de Silvia Del Plá, que denunció la discriminación salarial y la doble explotación que en el capitalismo sufre la mujer trabajadora. Cerraron el acto Gabriel Russo, del Polo Obrero, y Héctor “Tito” Fresina, dirigente del PO provincial. Como tarea inmediata quedó planteada la convocatoria a todas las organizaciones de los explotados, independientes del gobierno, a organizar en forma unificada un acto de lucha el 1° de Mayo, contra el gobierno y por las reivindicaciones obreras.

Los cuerpos de delegados de Apla y Apta votaron una condena unánime al gobierno y a Aníbal Fernández por la provocación montada contra los directivos Pablo Prendes y César Vega Fernández, acusados de “lesiones dolosas, privación ilegítima de la libertad, amenazas, coacción simple y agravada e intimidación pública” por haber actuado contra un automovilista que “tiró” intencionalmente su coche sobre la movilización de pilotos y técnicos del 21 de marzo. Fue saludado el comunicado enviado por la Fuba al plenario exigiendo la libertad y la nulidad de los procesos de los detenidos, así como denunciando la política persecutoria del ministro del Interior. En gran número, los delegados de Apta y Apla coincidieron con el planteo de exigir la renuncia del ministro que, a 30 años del golpe, acusó a la izquierda de “siniestra” y encarceló a los luchadores aeronáuticos.

No sólo Tartagal se desmorona. Lo mismo sucede con la credibilidad del gobierno provincial de Romero (PJ) y del municipal de Valenzuela (PRS). Frente a una crisis que se está prolongando desde hace cuatro meses, a cada instante están declarando que ha sido “imprevisible” pero que ya está bajo control. Hace un par de días el secretario de Salud provincial salió a decir que desde el punto de vista sanitario no hay ningún problema. Ahora la prensa nacional da a conocer que se ha presentado la perspectiva de epidemias de dengue y paludismo. El coordinador del área de prevención del dengue no sólo ha denunciado casi una decena de casos en diversos pueblos del norte salteño, sino que advirtió que “es posible considerar que el virus ya está circulando en la comunidad de Tartagal” (La Nación, 10/4). Carolina Britos, miembro del equipo de Vigilancia Epidemiológica, consideró que “en dos o tres días se va a declarar (la emergencia) en la región, por la evolución de la situación”. Para Romero el problema está “magnificado” por los medios de prensa nacionales. Lo que es cierto es que el diario provincial, propiedad de la familia Romero, no informa sobre la gravedad de la situación. Todos los análisis coinciden en que no se ha hecho nada para prevenir este desastre que poco tiene de ‘natural’ e ‘imprevisto’. La sede Tartagal de la Universidad de Salta acaba de sacar un documento donde denuncia que “Los grupos económicos dedicados a la explotación agrícola, maderera y petrolera han depredado nuestro suelo, arrasando nuestros recursos, contaminando nuestro hábitat (...) Como consecuencia de ello, los pequeños productores están arruinados, las comunidades aborígenes devastadas y vulnerado nuevamente su derecho sobre la tierra; y hoy se está llevando el techo de las familias de Tartagal...”. Han llovido las denuncias por el irracional desmonte de los bosques norteños, tanto por las petroleras como para el cultivo de la soja. Romero y Cía. han salido a declarar que el desmonte es río abajo y por lo tanto no influye sobre las actuales inundaciones. Pero los expertos han demostrado que “la superficie de los árboles que fueron talados en la cuenca es tres veces mayor que la superficie de la cuenca misma” (La Nación). Lo que hizo que el curso del río “en vez de seguir encauzado, produjera anegamientos” y al aumentar las lluvias produjera una “erosión retrocedente”. El año pasado fue denunciado el ilegal desmonte de una reserva forestal. Estamos ante un régimen que miente para ayudar a los monopolios contra el pueblo. Las denuncias saltan a gritos por parte de la población: “Yo denuncié hace cuatro años que una de las paredes del canal se iba a caer”, acusa un vecino por los desagües que descargaban sus líquidos en el río. Una “obra que hizo el arquitecto Valenzuela, actual intendente de Tartagal” (Clarín, 3/4). “Desde hace muchos años que venimos advirtiendo de esta situación a las autoridades. Pero nunca se hizo nada para evitarlo (...) Avisamos que se había salido una placa de cemento, pero así quedó y el agua fue levantando lo demás. Esto no es desgracia de la naturaleza”, protesto otro vecino (La Nación, 5/4). Negligentes, no previeron nada, miraron para otro lado para favorecer el desmonte que beneficia a sojeros, poroteros y petroleras. A esto se suma que la ayuda oficial llega a cuentagotas. Como sucede con todos los regímenes corruptos, cuando se plantea una catástrofe es cuando se ve su verdadera esencia explotadora y antipopular, porque en su naturaleza los representantes capitalistas aprovechan la ocasión para meter mano también en los fondos de ayuda. Las tribus indígenas no se querían ir de sus asentamientos, primero porque perdían sus cosechas de legumbres que venden en los mercados de Tartagal y otras ciudades de la zona. Pero, también, porque presienten que vendrán nuevos intentos de robarles sus tierras. Es un régimen corrupto que juega con la vida de la población. Se tienen que ir: Romero y Valenzuela. Por un comité de emergencia electo en Asamblea Popular, que canalice la ayuda. Por un verdadero plan de reconstrucción bajo control de la población trabajadora. La semana pasada, la Cámara de Diputados salteña armó una parodia de sesión, donde informó que se harían presentes altos funcionarios para informar qué se estaba haciendo frente a la catástrofe del norte. No fue nadie, porque no resisten un debate público que demuestre su interesada inoperancia. Pero en cambio resolvieron integrar más funcionarios al comité de emergencia. El PO denunció en la Cámara que la crisis ha sido usada para armar nuevos negociados, ahora con los fondos destinados a la ayuda social, que han sido volcados no a la defensa del pueblo, sino a obras que benefician a los explotadores. El PO convocó a una jornada de denuncia en la plaza central de la capital salteña, el viernes 7. Durante la misma hubo pasajes de videos con imágenes de lo que estaba pasando y numerosas denuncias de los militantes del PO. Centenares de vecinos se pararon una y otra vez a escuchar la denuncia al gobierno romerista y a Kirchner.

El lunes 10 de abril, cuando se dirigía hacia el sindicato, fue asesinado a balazos el militante trotskista Andersson Luiz Souza Santos, presidente del sindicato de la industria frigorífica de Rio de Janeiro y Bajada Fluminense. Andersson era militante de la Corriente O Trabalho (integrante del PT y de la corriente internacional lambertista). El asesinato de Andersson debe ser esclarecido y sus responsables juzgados y castigados.

El régimen político del país y su claque gobernante se caen a pedazos. En el norte de Salta y en Jujuy han provocado una tragedia mayúscula, depredando bosques, alterando los cursos de los ríos, extendiendo los latifundios y privando a los pueblos de su infraestructura básica. En la modernísima ciudad de Buenos Aires, protegiendo a los explotadores del trabajo esclavo para que el distrito se convierta en una capital de la moda. Después de Cromañón, los talleres clandestinos tipifican socialmente al gobierno de la Ciudad. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, ha sido denunciado por encubrir la contratación clandestina de inmigrantes desde sus países de origen. En Tucumán, como en la mayor parte de las provincias por otra parte, el régimen protege a una mafia que atenta contra la seguridad ciudadana. El gobernador Alperovich quiere convertir al ‘Jardín de la República’ en paraíso de los juegos de azar, como lo ha venido haciendo masivamente el cordobés De la Sota. Los secuestros y crímenes de adolescentes tucumanas se pierden en la oscuridad. En Neuquén, su gobernador, Sobisch, que esgrime las credenciales democráticas para competir con Kirchner, organiza el apaleamiento de docentes por parte de matones y declara ‘zona liberada’ a la ocupada por piquetes de maestros. Pocos días más tarde vuelve a apalear, esta vez ‘oficialmente’, con la policía, a jóvenes parejas y matrimonios con hijos pequeños, que buscan construir su vivienda. En la Santa Cruz de nuestro pingüino, una ‘interna’ policial sigue condicionando las decisiones judiciales que mantienen presos a trabajadores inocentes y hace despedir a los luchadores de las empresas. En Entre Ríos, Busti amenaza a los que luchan por el medio ambiente, luego de haber demostrado una incalculable incapacidad para defender los intereses ecológicos de la provincia y de sus ríos por un prolongadísimo período de tiempo. El bonaerense Solá, el responsable del Cromañón de Magdalena, quiere reglamentar el derecho de huelga — pero ‘promete’ el saneamiento de las aguas pútridas y envenenadas de la cuenca Riachuelo-Matanzas para dentro de diez años. Este es el régimen político que sobrevivió intacto el Argentinazo de 2001 y que cree que aquello fue solamente una mala pesadilla. En su cúspide se encuentra Néstor Kirchner, un gobierno de camarillas y cometas que es definitivamente incapaz de resolver los auténticos problemas populares. Fuera los responsables de las tragedias naturales (que son sociales) y de las tragedias sociales (que no tienen nada de naturales). Ante un régimen empantanado, reivindicamos el gobierno de los trabajadores.

Prestolite Indiel es el único fabricante en Argentina de motores de arranque y alternadores. La empresa cuenta con tres plantas, una de ellas en La Matanza, que en los ‘70 fue el centro de la combativa Coordinadora Metalúrgica. Hoy trabajan allí unos 300 operarios, incluyendo cerca de 70 contratados. Desde hace unos meses, la Comisión Interna viene reclamando el pase a planta efectiva de los más ‘antiguos’ (algunos con uno y hasta dos años). Luego de varias denuncias y acciones de protesta, la empresa accedió a ir incorporándolos en forma escalonada a partir de marzo, pero desconociendo los adicionales. Ya los ingresantes de una tanda anterior habían perdido algunos ítems salariales con relación a los trabajadores viejos, de modo que hoy hay tres niveles de ingresos. Los más recientes están en el ‘básico pelado’. El malestar por esta situación es creciente: mientras unos despotrican por la miseria que cobran, otros ven la amenaza de que tarde o temprano se extienda a todos. Tal vez fue buscando desalentar un reclamo generalizado que la patronal decidió despedir a uno de los flamantes incorporados sin invocar causa alguna. Lo que consiguió, sin embargo, fue desatar una respuesta tan enérgica como sorpresiva: inmediata asamblea general y paro hasta la reincorporación. Todos los sectores de los tres turnos se plegaron a la medida, que se mantuvo hasta el mediodía siguiente, cuando el Ministerio de Trabajo dictó, por requerimiento de la empresa, la conciliación obligatoria con el compañero cumpliendo tareas. La asamblea en la que se votó acatar la disposición entendió como un verdadero triunfo este resultado transitorio, sobre todo por la unanimidad con que se actuó. Esta unidad que hacía tiempo no se lograba, crea un cuadro favorable para profundizar las acciones por la reincorporación definitiva del compañero despedido y por la equiparación salarial ‘hacia arriba’.

Las obras anunciadas el jueves por Romero y K no son más que la reparación de lo que se ha destruido. Y hasta ahí nomás. Las inundaciones van desde el Departamento San Martín y al de Rivadavia y Orán. Poblaciones aborígenes y campesinas criollas se encuentran aisladas. La precariedad de la vida en el norte de Salta es el producto del vaciamiento del Departamento, el saqueo de sus recursos naturales y la desinversión por parte del Estado respecto de las obras públicas (obras que, de todas formas, serán aprovechadas como una inmensa fuente de ganancia para la camarilla de Romero). Es así que las obras recién se iniciarán una vez que las aguas hayan terminado con su paso destructivo. Mientras más se lleve el río, hay más posibilidades para los negocios. Sin embargo, el problema trasciende la cuestión de las obras. La salud y la educación también sufren el vaciamiento. Hay denuncias de casos de dengue, que a toda costa se tratan de ocultar (como sistemáticamente ocurre). En la región del Chaco salteño, se denuncia la falta de medicamentos, principalmente antiofídicos. El propio Hospital de Tartagal se vio desbordado por la falta de medicamentos y de personal. Se sospechan casos de hantavirus (causado por las ratas). No hay clases desde hace un mes. Cada escuela es el norte de Salta. A principios de año hubo problemas por falta de asientos. Luego, con las lluvias, se puso de manifiesto la precariedad de los edificios escolares. Esto ocurre en todas las localidades del Departamento. La puesta en escena en relación con la ayuda social se vio desbordada por la propia rapiña de los punteros. Se pelean entre los renovadores del gobierno municipal y los peronistas de los gobiernos provincial y nacional. Respecto de esto hay denuncias de todo tipo, incluso de que los punteros pedían sexo a cambio de la entrega de mercadería. Ante esto hay que rodear no sólo de solidaridad a los damnificados, sino además de control popular incluso sobre los núcleos de evacuados para que éstos no sean víctimas del punterismo. Pero lo que necesita toda la región es un plan integral de obras y la inversión correspondiente. El Partido Obrero sigue desarrollando la línea de luchar por un verdadero fondo de emergencia con aportes del Estado y las petroleras y que, como la ayuda social, quede bajo control popular.

Como se puede ver, la hipótesis de un gobierno amplio de coalición, entre un ala de la centroderecha y la centroizquierda, es absolutamente real. En Italia no se está hablando de otra cosa. Prodi formará gobierno en un gesto de desesperación, pero no puede durar. La crisis del capitalismo europeo (y de su proceso de unificación; el último número de la revista Limes, uno de los laboratorios de análisis del capitalismo italiano, se titula “Europa es un bluff!”) determina la crisis del sistema político, en Francia con la derrota del CPE, en Italia con este resultado electoral, abriendo espacio (dada la bancarrota de la clase dirigente) a la reivindicación de un gobierno obrero. Ahora se viene algo realmente lindo. Ciao,

La última semana ha servido para ilustrar una característica fundamental de la presente situación política, a saber, que detrás del hiper-activismo presidencial el régimen de gobierno oculta un enorme inmovilismo y en algunos casos un verdadero derrumbe político. En el caso de la carne el gobierno ha tenido que ir al pie de la llamada (por él mismo) oligarquía vacuna y, en especial, de los frigoríficos más grandes. Aceptó un acuerdo de precios imposible de implementar, que arranca con una cotización (teórica) para el ganado en pie de 2,40 pesos, cuatro veces más de lo que costaba en 2001. El control del precio se limita al novillo y a unos pocos cortes, los cuales cubren, según la información, solamente el 30% del consumo, o sea que equivale a un piedra libre para la carestía. A cambio de esto, el gobierno ha concedido reducir el límite del peso del ganado para faena a 220-240 kilos, como lo reclamaba la ‘oligarquía’. Asimismo, se comprometió a implementar un ‘plan ganadero’, que consiste en subsidios para financiar la cría y la retención del ganado. Al ordenar el mercado de acuerdo a los cortes de la carne, insinúa una tentativa de eliminar la comercialización de la media res, lo que ofrece a los frigoríficos que exportan la posibilidad de competir en el mercado interno. La Nación caracterizó a todo esto como “un acuerdo precario”, negándole al gobierno hasta el gesto del reconocimiento. La única posibilidad de que los precios de la carne no se disparen depende ahora del invierno, cuando la reducción de las pasturas obliga a vender una mayor cantidad de ganado. La exportación, supuestamente prohibida, sigue sin perturbación, amparada por “cartas de crédito” que en su mayor parte fueron truchadas antes de que se decretara la veda. Mientras fracasa en controlar el precio de la carne, el gobierno zigzaguea con las tarifas de los servicios públicos. A Gas Natural le autorizó un aumento del 15%, para los consumos industrial y domiciliario, con retroactividad; después reculó, postergando la suba para el año que viene en el caso de las viviendas —de todos modos, la provincia de Buenos Aires dio la venia al aumento en el distrito. Según Clarín, existe un acuerdo con el gobierno de España para ‘normalizar’ las tarifas en el curso de 2006. Paralelamente, el Congreso votó la aplicación de “cargos específicos” en las facturas, para financiar inversiones, lo que es lo mismo que un aumento tarifario. Con todas estas medidas la inflación seguirá su curso para arriba. En una tentativa de controlarla, el Banco Central absorbe circulante monetario pagando tasas de interés cada vez más altas, lo cual aumentó la deuda pública y las ganancias de los bancos. La inflación ha incrementado, asimismo, la deuda externa indexada en seis mil millones de dólares en sólo nueve meses, y lo mismo ocurre con el pago de impuestos, como el IVA, por parte de los consumidores. El gobierno acumula alegremente los factores de una futura explosión. El aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, hasta casi el 5%, y la suba del precio del oro, están mostrando una creciente fuga del dólar, que acabará en una devaluación o, alternativamente, en la recesión y depresión de la economía mundial. Acuerdos de precios ficticios y una política de tarifas, que perjudican a todos y no terminan de satisfacer a nadie, se complementan con la negativa a aumentar el salario mínimo, el cual, a 650 pesos, está debajo del nivel de pobreza. De todos modos, la mitad de los asalariados no lo cobra. La principal ‘ventaja competitiva’ de los capitalistas resulta así el nivel salarial de ese conjunto de trabajadores, que sólo aumentó un 35% desde 2001, contra un dólar que subió un 200% y un índice de precios que lo hizo en poco más del ciento por ciento. El gobierno, por otra parte, quiere cerrar paritarias con aumentos anualizados del 16%, cuyo poder adquisitivo irá menguando con el correr del año. Pero los trabajadores no lo aceptan, como ocurre en el sindicato de la Alimentación y en numerosos bancos, cuyos empleados han rechazado el convenio firmado por Zanola. Asimismo, sigue vigorosa la lucha por el reencuadramiento sindical, lo que implica fuertes aumentos de salarios, como está pasando en el Subte y con los petroleros de Santa Cruz que revisten en la construcción. El gobierno tiene que atajar presiones, reclamos y luchas de todos lados; sale del paso como puede sin siquiera poder establecer un arbitraje durable. ¡Qué instructivo que es al respecto lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires! Si la muerte de seis trabajadores bolivianos (cuatro chicos) como consecuencia de un régimen esclavista de explotación hubiera ocurrido antes de la finalización del juicio a Ibarra, la ciudad habría explotado y se habría llevado puesto a todo el gobierno porteño. El asesinato social puso en evidencia que la industria local que gozaba de las ventajas del ‘creative design’, reposaba por entero en obreros que trabajaban por 70 centavos la hora. Hasta el momento, ni el gobierno ni el Congreso han reaccionado a este crimen premeditado, esto porque los cincuenta inspectores que hay en la ciudad evidencian el interés de hacer la vista gorda. El régimen político responde a la catástrofe social con la inercia. Prepara de este modo su propia catástrofe. La otra masacre, la del norte de Salta, pone en capilla a otro gobierno más, el de Romero, responsable activo de la depredación natural que ha llevado a la catástrofe de todo el Departamento San Martín (y más allá también, en Jujuy y Catamarca). La reconstrucción de las provincias argentinas es imposible sin una completa reorganización social del país. Allí donde no hay plata para infraestructura básica, sobra para el subsidio al turismo y para la ampliación de los latifundios sojeros. En medio de gigantescos superávits fiscales los pueblos son arrasados por la falta de inversiones básicas. El ‘rey’ del noroeste argentino, el Banco Macro, ha ganado, sin embargo, lo suficiente para cotizar en Wall Street. Hay que unir la bronca popular para echar a Romero. ¿Quién ha olvidado el pase mágico de Kirchner en el discurso de inauguración del Congreso, proponiendo la ‘tregua’ de 90 días por las papeleras? En un mes, el gobierno hiper-activo ha caído en la hiper-depresión. Las papeleras no le han mojado la oreja a Tabaré sino a Kirchner, porque no fue el uruguayo el que propuso la ‘tregua’. Todo el planteo ha sido un puro ‘bluff’, porque el gobierno sabía que los pulpos no aguantarían un examen de control ambiental. Según algunas informaciones, Kirchner habría aceptado reducir el período de control ambiental a 45 días y habría aceptado parámetros de contaminación bastante elevados. Es incuestionable que las papeleras decidieron golpear a fondo ante esta muestra de una falta completa de política. Ahora Kirchner vuelve, como antes, a presionar por el levantamiento de los cortes, e incluso amenaza con un plebiscito. De tanto cacarear que su misión es ‘proteger a los argentinos’, Kirchner ha terminado en el triste papel de entregar lo que queda del río Uruguay. Todos estos ‘contratiempos’ no son obstáculo para que el ‘entorno’ presidencial siga conspirando para lograr la reelección. Pero en este punto al gobierno lo superan las luchas de camarillas. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en la Universidad de Buenos Aires, donde el kirchnerismo ‘moderado’ apoya a Alterini y el ‘jacobino’ busca un rector que los sirva directamente. Otro ejemplo es el desvergonzado pacto entre Aníbal Fernández y Luis Barrionuevo, que pretende consagrar al ‘gastronómico’ como el ‘pollo’ oficial para la gobernación de Catamarca. Esta reseña de los últimos días da cuenta del equilibrio inestable que condiciona al gobierno y al régimen político en su conjunto. Hasta cierto punto, es un castillo de naipes. Intenta apoyarse en la cooptación de burócratas y organizaciones populares, pero a la larga sólo logra llevar al seno de éstos su propia crisis. Las reivindicaciones populares, que luego de la bancarrota de 2001 y de la devaluación se han vuelto más agudas y apremiantes, no tienen la posibilidad de encontrar siquiera un principio de salida con el gobierno y el régimen actuales. Luchando por esas reivindicaciones es necesario construir un partido independiente de la clase obrera. Existe un vacío político en las masas que las fuerzas clasistas y luchadoras deben llenar, pero en una forma política definida —construyendo un gran partido obrero.

Cuando la patronal del call center Jazztel impidió el ingreso de más de un centenar de trabajadores no tenía idea de la reacción que iba a provocar. Los despedidos se concentraron frente al call center. Paralelamente, en el interior de las naves (galpones donde trabajan entre 100 y 120 personas, divididas en “islas” de 20) se declaró el estado de asamblea permanente. Cuando los capos de la empresa llamaron a una reunión “para calmar los ánimos”, se eligieron representantes por islas. La huelga en Jazztel estaba en marcha. En una reunión en el Ministerio se supo que existían nuevas listas de despidos. En una asamblea improvisada, se convocó a todo el mundo a concentrar en las puertas del call center para el día siguiente. La concentración comenzó cerca de las 8 de la mañana. Con los 60 primeros compañeros se comenzó a bloquear los ingresos. Los piquetes se mantuvieron firmes. A medida que llegaban los trabajadores, se engrosaban. La unidad de despedidos y ocupados marcaba un punto de inflexión frente a la lucha contra la patronal negrera y flexibilizadora. Más tarde, el gremio de comercio intentó desactivar los piquetes trasladándolos a un corte de calles. Los piquetes siguieron firmes. A media mañana, había 500 compañeros en el piquete. Apenas pasado el mediodía, el Ministerio decretó la conciliación con los despedidos adentro. La lucha de los telefónicos de Jazztel ha sido un golpe muy fuerte contra las tercerizadas, convertidas en el paraíso de la explotación de la juventud. La joven generación de trabajadores (el promedio de edad es de 23 años) está decidida a ir a fondo en la lucha por sus reivindicaciones.

A poco de asumir, Romero modificó el Código de Aguas de la provincia en aspectos sustanciales que desmantelaron toda responsabilidad estatal sobre las cuencas. Por un lado, dejó en manos de los municipios el mantenimiento de las defensas en los cauces de agua. Algo que la mayoría de los 59 municipios no está en condiciones de hacer por falta de recursos y maquinaria. Enseguida privatizó el servicio de agua corriente, que hoy padecemos los salteños, y también la red de canales de riego, que fue entregada a consorcios privados de regantes en donde siempre mandan los grandes finqueros. El Estado no fiscaliza nada, los consorcios desvían al antojo de las grandes fincas los cauces de agua provocando muchas veces la ruina de los pequeños productores y la erosión de los sembrados por el desplazamiento de los cauces. En lugar de la empresa estatal Agas, que fue disuelta, se creó una “agencia de recursos hídricos” sin técnicos ni elementos para atender ni prevenir ninguna circunstancia. “El Departamento de Estudios y Proyecto de Agas estaba nutrido con los mejores ingenieros de la provincia, geólogos, ingenieros hidráulicos, agrimensores y especialistas formados y con experiencia”. “Así se pudo elaborar y concretar proyectos como los diques Campo Alegre, Itiyuro, La Dársena, El Tunal, etc.”; “...es un desastre de la indolencia y de la irresponsabilidad de los hombres que tienen la responsabilidad política de la defensa y encauzamiento de los ríos”; “Los legisladores debieran iniciar juicio político al gobernador”... Esto d eclaró el ex administrador de Agas al El Expreso (8/4).

El 7 de marzo, más de 30.000 inmigrantes se lanzaron a la calle en Washington en defensa de sus derechos. Tres días después, cientos de miles (los cálculos van de 200.000 a medio millón) tomaron el centro de Chicago. Y era sólo el principio. El 25 de marzo casi un millón de personas manifestó en Los Angeles, la mayor movilización de inmigrantes de la historia estadounidense. La manifestaciones fueron también multitudinarias en otras ciudades y estados: 50.000 en Denver (Colorado), “decenas de miles en Detroit (Michigan) ciudad de las grandes automotrices y donde trabajan muchos de ellos... Houston y Dallas (Texas), San Francisco fueron igualmente teatro de grandes movilizaciones” (Le Monde , 2/4). En Atlanta, los organizadores de la protesta informaron que 80.000 latinos no se presentaron a sus trabajos. Miles y miles tomaron las calles centrales de Milwaukee y Phoenix y en pueblos de Oregon, Nueva Jersey, San Francisco, Trenton y Tennnessee, entre otros. En apenas dos semanas, los inmigrantes se volcaron en masa a la protesta en más de 15 ciudades. En Chicago “varios activistas señalaron que era la movilización más grande de la ciudad desde fines del siglo XIX, cuando se desató allí la lucha por la jornada de ocho horas —lucha que cada 1° de Mayo se celebra alrededor del mundo en memoria de los mártires de Chicago” (ídem). La analogía cobra un sentido más concreto si se tiene en cuenta que una coalición de organizaciones sindicales e hispanas hizo un llamamiento a una huelga general de inmigrantes el 1° de mayo próximo (que fue bautizada “un día sin inmigrantes” porque la huelga es parte de un boicot que incluye no efectuar ninguna compra o actividad económica). (Le Monde, 2/4). Divisiones en la cúpula La masividad de las protestas desbordó todos los pronósticos. Ahora “el problema de la inmigración ilegal puede convertirse en el tema estrella de las elecciones legislativas del próximo noviembre: (ya) está al rojo vivo en estados como California, Tejas, Nueva York e Illinois, decisivos para las aspiraciones de los dos partidos” (El País , 31/3). La división del gobernante partido republicano sobre esta cuestión, que estimuló los movimientos de inmigrantes, refleja la crisis más general del régimen. El pantano iraquí, el desastre del gobierno luego del Katrina en Nueva Orleans y las denuncias de negociados y corruptelas han dejado a Bush en la lona. Los clanes del partido republicano guerrean entre sí en el Congreso. Un ala de los republicanos, encabezada por el senador John McCain, llegó a un acuerdo con los demócratas, en torno a un planteo próximo al de Bush: otorgar “visas temporales” que dilatarían la expulsión de los indocumentados por 3 ó 4 años durante los cuales podrían trabajar si pagan una multa y los impuestos atrasados, entre otros “deberes”. Esto no los salvaría de la expulsión porque no se les daría ni la residencia permanente ni, por supuesto, la ciudadanía. ¡Y este es el proyecto más benigno! Existe un verdadero abismo con el reclamo de amnistía y legalización que levantan las multitudes en la calle. El líder del partido de Bush en el mismo Senado, sin embargo, “es un feroz enemigo de los visados temporales (...) por sus aspiraciones presidenciales para 2008, pues quiere ganarse el favor del ala más dura del partido” (ídem). En el último fin de semana, se habría avanzado en un “acuerdo” interpartidario que obligaría a los inmigrantes ilegales que han estado en el país entre dos y cinco años a regresar a sus países de origen y volver con visas de trabajo temporarias. Los que han estado más de cinco años no tendrían que regresar pero los que llevan menos de dos, tendrían que partir sin la seguridad de poder volver. Las negociaciones se aceleraron bajo la presión de los acontecimientos, con el propósito de sacar el problema de las calles, donde punteros demócratas y republicanos trataron de “posicionarse”, desatando un vendaval. Pero un “acuerdo” tan miserable puede terminar echando más nafta al fuego en el convulsionado clima actual. Una cuestión explosiva En Estados Unidos ingresan 500.000 inmigrantes ilegales cada año pero sólo se conceden 5.000 visas. Los “indocumentados” son carne de cañón en las peores condiciones de trabajo, incluyendo la servidumbre que no es otra cosa que el extremo de la “flexibilización laboral”. Por eso mismo, lo que se pretende ahora es crear condiciones “legales” de explotación y esclavitud. “Tenemos que hallar una forma legal para que los empleadores encuentren a la gente que necesitan para mantener sus negocios funcionando”, acaba de declarar el jefe de los republicanos en el Senado (La Jornada, 6/4) Los trabajadores extranjeros son claves en ramas enteras: en el campo, en la minería y hotelería, en los servicios y en las tareas más descalificadas y/o mal pagas de la industria. Son jornaleros agrícolas, lavaplatos, mucamas, barrenderos, trabajadoras domésticas, cuidaniños, albañiles, peones. Los explotadores yanquis necesitan esta tropa esclavizada para avanzar contra el salario de toda la clase obrera norteamericana. Los pulpos automotrices ya han dicho que, sin ellos, la industria “emblema” del imperialismo no puede funcionar. La poderosa autopartista Delphi, parte del imperio de la General Motors volvió a anunciar días atrás que va a suspender el convenio firmado con sus trabajadores. Algo que desataría una huelga general. Aunque la burocracia de la AFL-CIO carnereó todo este movimiento, numerosos sindicatos locales y regionales y organizaciones vinculadas a los trabajadores donde el peso de la mano de obra inmigrante es más importante, se han volcado al campo de las reivindicaciones contra el gobierno. No sólo es un “gigante que se despierta” sino que en la vereda de enfrente hay otro que se derrumba. El muro que se pretende construir en la frontera mejicana, como el que se construye en el otro lado del planeta contra los palestinos, se hacen bajo el mismo signo de la “protección” contra los que algunos consideran un fenómeno demográfico irreversible El problema no es la demografía sino al agotamiento de un sistema social que ya no puede ofrecer una alternativa de progreso.

Aproximadamente un mes después del golpe del 24 de marzo tuvo lugar un hecho que conservo en mi memoria (excepto su fecha exacta) que es, a mi entender, un emblema de la lucha obrera contra la dictadura militar, protagonizado en esta ocasión por los trabajadores gráficos de la Editorial Abril, situada en Florida, partido de Vicente López. Antes del golpe, yo era secretario general de la Comisión Interna gráfica. Algunos meses antes, había recibido amenazas de la Triple A, lo que me obligó a pedir una licencia no paga, ya que mi asistencia a la fábrica constituía un peligro para mi vida. Durante ese lapso, los compañeros me mantenían con colectas. Yo no iba a la fábrica, aunque sí sostenía reuniones con los delegados y activistas. Cuando dieron el golpe, estaba ausente de la fábrica, lo que no impidió la realización de un paro, que a pesar de su brevedad, expresaba la profunda conciencia acerca de la naturaleza antiobrera del golpe. Pasó cerca de un mes cuando me enteré que la patronal había decidido levantar mi licencia. Esto me llevó, violando resoluciones del partido, a ir a la fábrica. Llegué poco antes de comenzar el turno mañana. Entré a la vigilancia, donde me comunicaron que no pertenecía más a la empresa. Decidí quedarme a hablar con los compañeros del turno mañana que entraban y los del turno noche que salían. Cuando la vigilancia estaba desierta, entró un grupo de tareas de seis hombres vestidos de civil que preguntaron por mí; rápidamente me colocaron las manos detrás de la espalda y me esposaron. Me empujaron a la calle, me introdujeron en un auto y me cubrieron la cabeza con una manta. Después de un corto trayecto me hicieron ingresar a empujones a un edificio donde a los tumbos me obligaron a ascender escaleras. En ese lugar, me sentaron en una silla y me colocaban armas en la cabeza, mientras simulaban sesiones de torturas cerca de allí. A las pocas horas me soltaron. ¿Qué había sucedido? Parte de la respuesta la tuve al salir del lugar de mi cautiverio, la comisaría de Villa Martelli. Vi cómo, mientras me empujaban al auto, los obreros que se encontraban en el playón, cerca de la vigilancia arrojaban proyectiles contra los secuestradores. Al salir de la comisaría, caminé hasta Mitre y General Paz, donde pedí a un taxista que me llevase a la editorial. Al llegar, el turno mañana estaba en el playón. Habían parado la planta, no habían permitido la salida de ningún jefe y habían organizado comisiones para recorrer comisarías. Los obreros abrieron los portones, me levantaron en andas, y permanecí algunas horas en ese lugar hasta asegurar una salida no riesgosa. Estos obreros que salvaron mi vida habían parado la fábrica en ocasión de los golpes en Chile y Uruguay; fueron protagonistas activos de la huelga de junio/julio contra el gobierno de Isabel. Editorial Abril fue parte de la Coordinadora Interfabril de la Zona norte del Gran Buenos Aires. Sus trabajadores tenían la saludable costumbre clasista de defender a cualquier compañero despedido o amenazado. Pretendo así dar testimonio de un hecho que es sólo una expresión de la lucha de la clase obrera contra la dictadura militar y rendir un homenaje a quienes compartieron conmigo esa lucha y dejaron una fecunda semilla sembrada. Hoy tienen sus herederos en los trabajadores de Las Heras, subterráneos, telefónicos, aeronáuticos, Parmalat y tantos otros que luchan contra el gobierno que hoy expresa los mismos intereses de la clase social que organizó el golpe del 24 de marzo de 1976.

La lucha de los compañeros tercerizados ha entrado en una fase decisiva; ante los inacabables bicicleteos de la empresa y el Ministerio de Trabajo los compañeros resolvieron cortar las vías. Al momento de imprimir esta nota, el gobierno amenaza con la infantería, ante lo cual los trabajadores han comenzado un paro en todas las líneas. La clave está en la acción conjunta de los trabajadores del subterráneo. La mayoría de las líneas y talleres han votado mandatos de asamblea en el sentido de parar todos por una solución definitiva para t-o-d-o-s los compañeros tercerizados, es decir por su inmediato pase a convenio UTA. En esta instancia estos mandatos y esta preparación que se ha llevado adelante en forma consciente entre el conjunto de los compañeros de Metrovías toma un carácter decisivo. Entramos en la recta final del conflicto que iniciaran los trabajadores de la empresa Metropolitano con la levantada de molinetes que se venía efectuando desde el lunes 3 de abril en Constitución y Alem. Los compañeros tercerizados que aún no están encuadrados fueron parte del plan de lucha del año pasado, por el que fueron finalmente reconocidos los compañeros de Fiel y el CIR; antes habían sido reconocidos los compañeros de CAF y Taym. A los compañeros de Metropolitano les reconocieron, a partir de enero, las seis horas y la igualdad salarial (que no se efectivizó), pero el pase a convenio quedó pendiente de resolución, con el conjunto de las tercerizadas que aún no están en UTA, en manos del Comité Arbitral de la CGT, es decir de la misma burocracia que ha permitido durante todos estos años la implementación de la flexibilidad laboral y del tercerismo. Para colmo, la semana pasada, nos enteramos que el Ministerio tenía cajoneada la cuestión, ¡es decir que ni siquiera había dado traslado al Comité Arbitral! Hay quienes pretenden cuestionar el encuadramiento en UTA por las tareas, pero el pase es lo que claramente corresponde, en defensa del convenio por industria (es decir, por ámbito) y de la unidad obrera en los lugares de trabajo, en defensa del salario, de las condiciones laborales y de las resoluciones de las asambleas de los compañeros. La lucha contra el tercerismo es un eje clave de la lucha contra la flexibilidad laboral y hace al interés de todos los trabajadores de Metrovías. Es la hora de que paremos todos hasta obtener el reconocimiento en UTA de todos los tercerizados del Subte.

Como buen explotador, el hombre mide las vidas humanas como cabezas de ganado. Kirchner y Romero se pasaron casi tres meses, desde el inicio de la catástrofe, en diciembre, “esperando que pare la lluvia” y confiando en que no hubiera una pueblada. Los daños se incrementaron, el río se llevó las casas y los sembrados. El domingo 2 se convocó una marcha masiva, dominada por funcionarios y por la Iglesia. La marcha del miércoles, en cambio, fue muy numerosa y dominada por el repudio al gobierno (ver nota) y un gran cartel que reclamaba que las petroleras financiaran los daños. En Pocitos, un corte de ruta de la UTD reclamó las obras para enfrentar la emergencia en varios barrios, despertando gran simpatía entre vecinos. Es en este cuadro que se producen los anuncios de un paquete de obras públicas en la Casa Rosada que promete apenas reparar lo dañado en cada localidad, reponer las viviendas, reconstruir canales y defensas. Al mismo tiempo, se ha instalado desde hace una semana la totalidad del gabinete buscando generar expectativas y evitar a toda costa una pueblada. Esta catástrofe ha vuelto a poner en la picota al régimen salteño como enemigo jurado de los trabajadores y del medio ambiente. Es que el régimen romerista es un instrumento incondicional del gran capital que opera en la provincia. Hombre de entrada directa al Departamento de Estado norteamericano y de negocios de vieja data con la familia Bush, Romero ha salido a cubrir las espaldas de los que saquean la economía provincial y destruyen el medio ambiente. El secretario de Medio Ambiente tuvo la misión de exculpar a las petroleras y sojeras. Negando así, contra toda la evidencia, que haya habido desmontes o voladuras aguas arriba que fueron la causa principal del desastre como han denunciado diversas organizaciones ambientalistas y también la delegación Tartagal de la Universidad de Salta. El secretario de Seguridad trajo 130 policías antimotines con la función de ayudar en la tarea comunitaria... y de paso reprimir cualquier desborde. Además, han cooptado al Mijd, de Tyson Fernández, que pasó a ser un incondicional defensor de Romero. La campaña del PO para “que paguen las petroleras” recibió el apoyo popular; nuestros militantes y nuestra bancada están en Mosconi y Tartagal ayudando a organizar al pueblo por cada reclamo, reclamando la constitución de un fondo de reparación histórica financiado por las compañías bajo control popular. Crecen las denuncias sobre el manejo de la asistencia y las críticas sobre las soluciones técnicas a la catástrofe, de lo que surge que es necesario un comité de emergencia electo en asamblea que asuma el control de los recursos y dirija la reconstrucción.

Foetra Buenos Aires fue firmante del documento leído en la Plaza de Mayo. Esta actitud tuvo como antecedente una campaña política en el interior del gremio por un núcleo de consignas: Juicio, castigo y cárcel común, efectiva y perpetua a todos los genocidas; anulación de los indultos; restitución de la identidad a los 500 jóvenes apropiados; basta de represión; retiro de la Gendarmería de Las Heras y de todos los conflictos sociales; no a la impunidad de ayer y de hoy; libertad a los presos políticos; amnistía o desprocesamiento a los luchadores populares. Al igual que la gran mayoría de las organizaciones convocantes, el trabajo previo se hizo con las consignas centrales, que incluían también el no pago de la deuda externa y el retiro de las tropas argentinas de Haití. El documento fue el desarrollo de esas consignas. Un representante del ala de Claudio Marín llevó la firma de Foetra Buenos Aires al espacio Memoria, Verdad y Justicia, un hecho natural cuando el documento era el desarrollo de las consignas convocantes. El trabajo con las consignas, aunque limitado porque no hubo un plenario de delegados, se expresó en una columna organizada de más de cien compañeros, con fuerte presencia del activismo de Atento. ¿Qué pasó entonces que la directiva de Foetra sacó una solicitada contra los organizadores y presuntos agresores de las “madres del pueblo”? Lo que está en juego aquí es si las organizaciones populares, sean sindicatos u organismos de derechos humanos, van a ser independientes del Estado o serán cooptadas por el falso nacionalismo popular de Kirchner, que ha re-menemizado los teléfonos.

Las elecciones a delegados de Empleados de Comercio en Coto Rosario se dan en un momento convulsivo, con una tendencia creciente de los compañeros a rebelarse contra los abusos de la patronal. Después de seis meses en los cuales la patronal salió desenfrenadamente a atacarnos con despidos masivos y presiones de todo tipo para acelerar los ritmos de trabajo. En los cuales fuimos víctimas de los peores abusos: cámaras vigilando nuestros pasos, y una persecución política-gremial en donde compañeros activistas fueron los primeros en ser despedidos. No existió desde nuestro gremio una respuesta a ninguno de estos problemas; además, el gremio ha abandonado hace varios meses el plan de lucha que iniciara por el descanso dominical, y no ha impulsado ningún plan de lucha por aumento salarial. En estos seis meses todo fue válido: que le pusieran horarios cortados a todo el mundo, que como siempre tengamos que trabajar los sábados y domingos, con feriados cobrados al precio que a la empresa se le dé la gana. Esto ha despertado la rebelión de varios sectores, fundamentalmente en la sucursal 99, donde los compañeros vienen logrando frenarle la mano a la patronal. Por todo ello, el 28 de abril no podemos dejar pasar por alto las elecciones a delegados, porque será la oportunidad para poner en los cuerpos de delegados compañeros luchadores activistas y comprometidos, para poner en pie de lucha al gremio. Por la estabilidad laboral, por un aumento del salario en un 50%, por el descanso hebdomadario (sábado y domingo) y el respeto de la jornada de 8 horas, por el pago de los feriados al 100%, el inmediato aumento de las dotaciones y la recategorización. Por un plan de lucha de todo el gremio para ganar nuestras reivindicaciones. El proceso eleccionario comienza con una importante victoria: Coto tuvo que reincorporar a un compañero candidato de una sucursal que elige delegados por primera vez; lo tuvo que hacer ante la organización de un acto-piquete en la puerta con compañeros de la empresa, la dirección del sindicato y otras organizaciones del movimiento obrero. El 28 de abril, en las elecciones de delegados de Coto llamamos a votar las listas de Resistencia Mercantil por considerarlas defensoras de este programa y expresión de las mejores tendencias de lucha; asimismo, llamamos a votar a todos los candidatos luchadores y combativos.

Los minifundistas tabacaleros se han visto obligados, una vez más en este 2006, a vender al fiado y sin haber podido cobrar todavía la deuda de 2005 (“de eso no se habla”), que mantienen con ellos las cooperativas. Se sabe que la Cooperativa La Invernada acaba de recibir del gobierno un millón y medio de pesos para empezar a hacer efectivo el pago correspondiente a la presente campaña pero ha resuelto comenzar a pagar a los que llevan entregados de mil kilos para arriba. ¡Otra vez sopa! Solamente cobrarán los grandes. Un pequeño productor siempre está muy por debajo. Más aún aquellos que para formar un consorcio, es requisito para acceder a un crédito de la CPA, se ven obligados a incluir a miembros de la familia, por lo que dividen su producción en porciones más pequeñas. A esto se suma que este año el retraso en la inspección de la producción lista para ser entregada: el producto debe mantenerse estacionado en galpones en malas condiciones con el riesgo de pudrirse en esta época de abundantes lluvias. Un sistema para liquidar al pequeño tabacalero Las acopiadoras sólo se hacen cargo del pago del 60% de lo recibido; el 40% restante se paga al final de temporada a través del Fondo Nacional del Tabaco, plata que sale de la diferencia de precio que hay desde la boca de acopio hasta la exportación, y de los impuestos correspondientes. Se paga fraccionado, a razón de 5 a 10 centavos por kilo. Graciela cuenta que “nos asustamos cuando nos pagan 20 centavos”. También nos dice que para la deuda que las cooperativas tienen con ellos “no se suman intereses”; pero sí corren intereses para la deuda de los minifundistas con las cooperativas por la provisión de insumos. De modo que cuando van a cobrar el Fondo — todo por la CPA de Alberdi — , se practican los descuentos y en los primeros pagos “sólo pasamos a firmar la boleta”, sin poder llevarse un peso. La salida Se están promoviendo una serie de reuniones en diferentes zonas del sur de la provincia con el propósito de poner en pie un movimiento de lucha que ponga freno a la estafa que vienen sufriendo. Otro propósito es impulsar, dentro de la Convención Constituyente, por intermedio de los convencionales del Partido Obrero, la presentación y sanción de un proyecto que contemple: • la condonación de las deudas hipotecarias; • la asignación de un subsidio para la reconversión de los cultivos; • el pago inmediato de lo que adeudan las cooperativas y el Fondo, y la prohibición de la compra al fiado. Se organiza una movilización a la Legislatura provincial y se están levantando firmas para que de esta manera todos puedan decir “presente” ese día.

El acto del 24 del Marzo fue un verdadero triunfo político porque derrotó las maniobras de copamiento y estatización del Gobierno nacional. Las provocaciones para boicotear la jornada de lucha —mandatadas desde la Rosada— resultaron ser el último manotazo de ahogado gubernamental. El 24 fue una jornada de lucha y no una efemérides. Esta fue la conclusión general que estableció el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que se reunió con posterioridad a la jornada para trazar un balance y fijar las perspectivas de acción que no se limitarían, a partir de ahora, a la organización de cada 24 de Marzo. El Encuentro realizó una conferencia de prensa el jueves 6, en la que se leyó una declaración que responde a las infamias del gobierno y de Carlotto y Cia., y repudia a las declaraciones macartistas de Aníbal Fernández. El ministro del Interior acusó a la izquierda de “siniestra”, igual que lo hacían la Triple A y los milicos genocidas. Memoria, Verdad y Justicia exige la renuncia al ministro del Interior, implicado en la masacre del Puente Pueyrredón y, también, en la masacre en el taller textil de Caballito. Durante la conferencia de prensa (caracterizada por un grosero bloqueo informativo de los medios de comunicación) se exhibió un video filmado de la jornada del 24, donde se comprueba todas las maniobras y provocaciones montadas por los grupos afines a Kirchner. En las reuniones de balance, el Encuentro fijó como meta la continuidad de iniciativas frente a la impunidad y represión actual. El último 24 de Marzo ha abierto un cuadro de crisis y “realineamientos” en el frente de organismos “históricos” de derechos humanos. El Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel (que estaba en la mesa organizadora del Encuentro y terminó siendo de las organizaciones no firmantes del documento junto a Madres y Abuelas) no ha participado de las reuniones posteriores y sus posiciones públicas posteriores al acto han clarificado su seguidismo al gobierno nacional. H.I.J.O.S se encuentra casi al borde la fractura: las regionales Oeste y La Plata —a diferencia de la regional Capital, hegemonizada por el kirchnerismo— han ratificado su apoyo al documento leído el 24 de Marzo y plantean la necesidad de seguir luchando “contra la impunidad de hoy”. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia tiene el desafío y la oportunidad de superar políticamente sus propias limitaciones, proponiéndose a partir de ahora una agenda de lucha contra los casos más resonantes de impunidad y represión de Estado como Cromañón, Puente Pueyrredón, Amia, Las Heras, gatillo fácil, etc. y estableciendo una delimitación respecto del gobierno de los Kirchner y Aníbal Fernández.

No tuvieron más remedio que ceder. Luego de repetidos reclamos, incluidas presentaciones ante el Ministerio de Trabajo que se prolongaron durante varios meses, la UTA se vio forzada a convocar a elecciones para renovar delegados en TDO (hoy Ecotrans). Las excusas para seguir desconociendo el llamado a elecciones se hicieron insostenibles. Los compañeros de la línea vivieron con gran alegría la noticia y, tras cartón, se produjo un reanimamiento entre el activismo que ese expresó en reuniones en las distintas cabeceras, donde se procedió a seleccionar a los compañeros para conformar la lista y donde fueron nuevamente nominados varios de los delegados que vienen siendo la cabeza de esta dirección combativa, como Carlos Pacheco y Marcelo González. A último momento, se presentó otra lista, que contó con el respaldo del sindicato y de la patronal. La combativa dirección de TDO fue refrendada por el voto de 420 compañeros contra 200 de la lista de la burocracia. La votación de esta última se concentró en particular en el sector administrativo (donde cosechó la abrumadora mayoría de sus votantes) y en un sector de choferes de Morón. El triunfo obtenido debe servir para encarar el próximo período; sigue planteada la lucha por enfrentar un servicio precario y las consecuencias que ese hecho trae aparejado.

La crisis política abierta con el asesinato de Paulina Lebbos se ha acentuado. Los cambios planteados en el área de seguridad por Alperovich tambalearon. Es que el gobierno había aumentado la cantidad de agentes de la policía bajo la forma de contratos basura. Ahora un sector de la policía ha exigido su efectivización. El gobierno tuvo que ceder al motín y pasó a planta permanente a 1.102 efectivos. Por detrás de este reclamo ‘gremial’ se cuela la interna en la policía, disconforme con la creación de varios organismos de control tras el crimen de Paulina y con la presencia cada vez mayor de las fuerzas de seguridad nacionales (Gendarmería y Policía Federal), enviadas por Aníbal Fernández a la provincia ante un pedido de Alperovich. Pero esta semana también tambaleó el gabinete educativo ante una ‘sentada’ de los estudiantes del Colegio Nacional, que reclaman por las desastrosas condiciones de ese establecimiento y contra el manejo despótico de la intervención colocada por el gobierno. Paralelamente, la docencia provincial firmó masivamente sus boletas de sueldo en disconformidad con el aumento trucho que otorgó el gobierno. Una combativa asamblea de delegados de UDT votó la continuidad de la lucha y la preparación de un paro. Finalmente, la crisis del transporte capitalino borró literalmente del mapa al intendente (interventor) de la capital, Amaya, que ha pasado a ser un fantasma con cargo. Miles de remises sitiaron el parque 9 de Julio exigiendo el retiro de una ordenanza que unificaba el carácter de sus servicios con el de taxis. Diez días antes, cientos de taxistas habían sitiado la plaza Independencia exigiendo esa unificación. Por detrás de unos y otros están los grupos capitalistas que operan sobre los pequeños propietarios y los choferes. El enfrentamiento ha puesto a la vista de todo el mundo la descomposición del Estado municipal. Las patronales de los remises —ligadas a la camarilla de Jury— denunciaron la existencia de una “municipalidad paralela” que cobra 30 pesos por auto por semana para dejarlos circular. Los taxistas, por su lado, denunciaron que las empresas de remises tienen una “policía paralela” (La Gaceta, 9/4) integrada por ex personal policial exonerado en las últimas purgas. El telón de fondo de esta crisis, es el colapso del sistema de transporte público a escala de toda la provincia. Pero la crisis general abarca también a otras esferas: los artistas de los ballets estables de la provincia se encuentran sublevados contra el secretario de Cultura, Guzmán (La Gaceta, 8/4), que los persigue y pretende despedirlos. Las marchas por Paulina se han masificado. Los docentes universitarios hicieron un fuerte paro (no con un 20% de acatamiento como dijo mentirosamente Página/12, sino del 75%). Las poblaciones del Este de la provincia se encuentran amotinadas contra la instalación de un basurero en sus narices, los trabajadores de varias municipalidades y comunas protestan por contratos y sueldos; Alperovich tuvo que intervenir ya a San Pedro y otras siete esperan en carpeta. Los choques entre Alperovich y Jury tienen, como telón de fondo, este escenario de amotinamiento popular. Como señala el editorialista de un diario dominical, “Nadie puede desconocer la convulsión en la que ingresó la provincia. De pronto, la paz social que imperaba se vio alterada” (El Siglo, 9/4). El Partido Obrero intervine en todo este proceso, utilizando su tribuna parlamentaria para amplificar su voz de combate.

Consecuente con su “reconstrucción” de la burguesía nacional y búsqueda de socios contratistas de la obra pública, el gobierno ha firmado con la constructora IECSA, del grupo Macri, uno de los contratos “más grandes otorgados por la administración Kirchner” (El Cronista, 28/3). Se trata de la reconstrucción de un importante y postergado puente ferroviario en la provincia de Santa Fe. El contrato, por 140 millones de pesos, es un indulto (“olvido y perdón”) para el grupo responsable de un desfalco multimillonario al Estado. Razón por la cual en su momento, el gobierno K lo había desplazado del Correo Argentino (aunque con el beneficio de no poner una moneda de la deuda). Evidentemente, la causa “nacional y popular” del gobierno pingüino no vacila en asociarse a estafadores a la hora de los negocios.

Desde hace algunas semanas, los jefes y encargados de Coto, una de las supermercadistas más negreras, vienen manifestando su indignación por las modificaciones en las condiciones de trabajo que la patronal les viene imponiendo. Son obligados a trabajar 10 horas diarias (como mínimo, y hasta 14 si los directivos lo consideran) y fines de semana sin cobrar horas extras; les han quitado los tickets y otros beneficios; se les descuenta de sus sueldos las diferencias de precio de productos vendidos; son presionados para que sus sectores “rindan” con una dotación menor a la necesaria. En algunos casos, reciben la responsabilidad de más de un sector a cambio de un pequeño aumento. A través de e-mails, los reclamos y las denuncias se expandieron por las diferentes sucursales, sumándose más jefes y encargados. Coto, al igual que las demás grandes cadenas supermercadistas, se ha beneficiado con la llamada “recuperación económica”, aumentando sus ventas en más del 40%, alcanzando y superando los índices de ganancias previos a la crisis de 2001. Sus trabajadores, en cambio, sólo hemos recibido reducción salarial, intensificación del ritmo de trabajo, flexibilidad laboral, y precarización de nuestras condiciones de trabajo. Para los jefes y encargados, como para todos los mercantiles, está planteado organizarse para luchar por la jornada de 8 horas diarias, el reconocimiento del descanso dominical, y/o el pago al 100% de las horas; un aumento de salario que iguale el salario mínimo con la canasta familiar, y el cese de las medidas que flexibilizan y precarizan el trabajo.

Las primeras reuniones de comisión de la Constituyente tucumana pusieron al desnudo las intenciones de Alperovich de acallar de cualquier forma a la oposición y conseguir su reelección a cualquier precio. El “reglamento” impuesto a la Convención es un traje a la medida de esos propósitos: faculta al presidente a determinar a su antojo a qué comisión va cada convencional, sin siquiera tener que respetar la representación de los diferentes bloques. Como consecuencia de ello, al PO le fue denegada la participación en la comisión de “derechos y garantías”, ofreciéndonos a cambio otras comisiones de importancia menor. Más grave aún es el hecho de que en la comisión de régimen electoral —donde se debatirá la reelección y un sistema electoral proscriptivo— sus siete integrantes pertenecen... al Frente para la Victoria. Es decir que nadie de la oposición podrá presentar un dictamen de minoría. El reglamento también dispone que las reformas se aprueben sólo con mayoría simple de los presentes. Siendo cuarenta los convencionales, con la presencia de ventiuno, once legisladores (o incluso menos si hubiera abstenciones) podrían modificar la Constitución. La respuesta del PO En medio del silencio de toda la oposición, la voz del PO volvió a sonar fuerte contra el reglamento de la camarilla. El miércoles pasado, presentamos un recurso de amparo ante la Corte de Tucumán, reclamando la inconstitucionalidad del “reglamento” junto con una medida cautelar que suspenda inmediatamente la asamblea. El mismo día de nuestra presentación, Alperovich les aseguraba a los miembros de la Corte beneficios jubilatorios especiales... No se nos escapan, por lo tanto, los límites y el sometimiento del aparato judicial a la camarilla. Pero el amparo ha servido de punto de apoyo para una gran agitación. Nuestra iniciativa causó un gran revuelo en la Convención y en la opinión publica, fue tapa de algunos diarios y noticia central en otros. El convencional democristiano Páez, del ASI, decidió adherir a nuestro amparo. El jefe de la bancada del PJ nos acusó de “judicializar” la Constituyente y salió a defender la “soberanía” (sic) de la Convención. Perspectiva de crisis Cabe preguntarse: ¿cuál es el empeño de amañar la Convención cuando el oficialismo tiene treinta y seis convencionales sobre cuarenta? Hay dos motivos fuertes. El primero es que el oficialismo es una “federación de camarillas”, donde los síntomas de división se agudizan a cada hora. Hasta el jueves, había dos proyectos “reeleccionistas” en las filas del propio alperovichismo. El día viernes, el vicepresidente de la Legislatura y convencional por el grupo que responde al vicegobernador Jury presentó otro proyecto que prohíbe la reelección del gobernador, aunque no del vice y de los legisladores. Simultáneamente, estalló un amotinamiento policial y una crisis de transporte que tienen como telón de fondo esta lucha en el poder (ver recuadro). El reglamento proscriptivo es una tentativa por contener estos enfrentamientos. Pero, simultáneamente, las restricciones están dirigidas a nuestra banca. Quieren evitar que denunciemos al régimen de camarillas y a sus raíces sociales. No quieren debatir en la tribuna de la Constituyente nuestros proyectos por el derecho al salario mínimo igual a la canasta familiar, a la educación estatal, laica y gratuita, al agua potable y a una red cloacal para todos los tucumanos. Saben que el PO planteará el monopolio estatal del juego y la renacionalización de la banca provincial, frente a un “clan” que ha hecho de la privatización de ambos un gran negociado. En fin: no quieren que la Asamblea Constituyente sea una tribuna de denuncia, de lucha y de organización para los trabajadores. No les vamos a dar el gusto. Hay una enorme expectativa y simpatía por cada uno de nuestros planteos, y lo percibimos en la calle. Desde nuestras bancas convocamos a los gremios, sindicatos y luchadores a organizarse y debatir con el Partido Obrero cómo llevamos adelante en conjunto proyectos a la asamblea y cómo luchamos por imponerlos efectivamente, ante un gobierno que sólo le preocupa cuántos años más puede quedarse en el poder.

Uno de los pilares de la política kirchnerista de “reconstrucción de la burguesía nacional” es el negocio de la obra pública. Bajo este paraguas ha montado una red de socios privados donde se destacan los viejos representantes de la “patria contratista”, eternos vividores de las tetas del Estado. Por ello, el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, el cajero y principal lobbista oficial, cuenta con la caja más grande del presupuesto nacional (detrás, obviamente, del Ministerio de Trabajo que incluye los fondos de seguridad social). Recientemente el gobierno, mediante un decreto, ha vuelto a aumentar esa cartera reasignando otros “1.085 millones de pesos que ahora pasarán a ser administrados por el cada vez más influyente ministro” (La Nación, 1/4). Pero, además, “De Vido dispone de otro financiamiento que no figura en el presupuesto y, por lo tanto, casi no tiene control independiente: los fondos fiduciarios” (ídem). Estos fondos, que actúan como “cajas negras”, son manejados (y manoteados) a discreción por el oficialismo y el cajero. Las áreas más beneficiadas, donde los grandes pulpos se han colocado como socios subsidiados de la política oficial, son las vinculadas a la energía, el combustible y la minería. Esa es la razón de la presión oficial por, el aumento tarifario de los “servicios públicos” (gas y luz) y la imposición de “cargos específicos” (ver aparte) que inyecten dinero de los consumidores a esas “cajas negras”, con la excusa de financiar esas obras de infraestructura.

El 1° de abril, una gran movilización recorrió las calles de Salta reclamando el juicio y castigo a los culpables de la brutal represión de la policía de Romero ocurrida en abril de 2005, en medio de una histórica huelga provincial, cuando docentes autoconvocados y otras organizaciones nos encontrábamos acampando en la plaza central de Salta. A pesar de la copiosa y constante lluvia, una columna de más de dos cuadras y media, compuesta por agrupaciones docentes, partidos políticos y organizaciones sindicales, marcharon hacia la plaza. La de Tribuna Docente fue acompañada por gran cantidad de docentes simpatizantes. Además fue trascendental la presencia de compañeros del Partido Obrero, del Polo y la UJS que constituimos una de las columnas más importantes, que era rodeada por los piqueteadores de Prensa Obrera. En el acto se expresó la solidaridad con los docentes de Neuquén y el repudio a la represión y las provocaciones de ese gobierno. También la solidaridad con el pueblo y los docentes de Tartagal por la situación de desastre que viven, con responsabilidades de Kirchner y Romero. Norma Colparí, por Tribuna Docente, planteó que la represión se desató porque los autoconvocados golpearon uno de los pilares de Romero: la burocracia sindical. Nuestra denuncia a la “mesa de diálogo” propuesta por el gobierno, caracterizada como una vía muerta para lograr reclamos salariales y nuestra crítica a los que en la asamblea provincial de autoconvocados (ATE y sectores de la lista Naranja) impulsaron el levantamiento del paro en nombre de la “participación” en esta mesa, produjo una fuerte delimitación.

El proceso de licitación para instalar un casino en Rosario tuvo ribetes de escándalo y crisis política cuando las autoridades municipales de Rosario quedaron fuera del nivel de decisión. Mientras la secretaria de Planeamiento municipal, Mirta Levin, se quejaba por el lugar elegido para emplazar la timba, Binner daba su visto bueno a la instalación. En esos mismos días, el diputado de la UCR Mascheroni renunció a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Casinos y Bingos. Todo el negocio fue manejado directamente por la gobernación de la provincia. Rápidamente, se descartó a otros competidores y quedó en carrera solamente el grupo Casino Club, comandado por un “patagónico” amigo del Presidente. Casino Club es un fuerte operador en el negocio del juego y ya tiene 27 salas instaladas en diversos puntos del país. El enorme negocio de levantar un hotel cinco estrellas e instalar una sala de juego para dos mil personas en la humilde barriada de Las Flores es otro hito “nacional y popular”.

Mientras el gobierno sigue negociando los aumentos de tarifas en los servicios públicos, se ha largado con un proyecto de ley que es un verdadero tarifazo extra. El Poder Ejecutivo ya ha conseguido que Diputados apruebe el proyecto de ley que crea “cargos específicos que se aplicarán a las facturas de luz y gas por el tiempo que consideren necesario, y modificarlo según su criterio, sin consulta a los entes reguladores o al Parlamento” (La Nación, 5/4). Este “extra” tiene el objetivo de descargar sobre los consumidores el financiamiento de obras específicas en materia energética que debían estar a cargo de las privatizadas como la expansión del sistema de generación, transporte y distribución de gas natural, gas licuado y electricidad.

Las luchas por la recuperación de las conquistas perdidas en el Subterráneo y sus posteriores victorias son un proceso que debe ser entendido globalmente. En el año 1994, con la privatización, los trabajadores del Subte perdieron el Convenio Colectivo del año 1975. Perdieron la jornada de 6 horas y pasaron a 8 horas; fueron despedidos 3.500 trabajadores de los 4.700 que había, y con el nuevo Convenio, con 1.500 trabajadores, nos aplicaron la polivalencia y la flexibilidad laboral, que dejaron el terreno listo para la tercerización de los servicios. Hay que rescatar que después de semejante derrota ya a principios del año 1995 comenzaron las luchas contra los despidos y por la constitución de una organización sindical que no fuera de la burocracia de la UTA. Pero solamente a partir del año 1997 pudimos detener, hasta el momento, los despidos en el Subte. Y esta fue la batalla que empezó a disputarle a Metrovías el mando de los lugares de trabajo. Luego vinieron las luchas contra la flexibilidad laboral, las luchas por recuperar los cuerpos de delegados, por las 6 horas, por los salarios, etc. Pero antes ya habían comenzado las luchas contra las tercerizaciones, y fue desde el Taller Rancagua que se impulsó la primera Asamblea General contra las tercerizaciones, que pese a ser boicoteada por la UTA y la mayoría del Cuerpo de Delegados de aquel entonces, logró reunir a 220 trabajadores que estaban dispuestos a detener la fragmentación que finalmente se consumó en todas las empresas tercerizadas que hoy conocemos. Volver al convenio ¿Qué pasó entre aquella histórica asamblea que fue derrotada a finales del año 1995 y el triunfo de Taym en el año 2005? Nos abocamos a cambiar a los delegados entregadores y reorganizar al conjunto de nuestros compañeros. Es decir, todos los compañeros de las empresas tercerizadas estaban dentro del Convenio Colectivo de Trabajo del año 1975 (ya estaban dentro del convenio de la UTA con Subterráneos de Buenos Aires). A la UTA no hay que pedirle que nos deje entrar. A la UTA hay que decirle que vamos a volver porque somos parte de los 3.500 despedidos de 1994 y que estábamos presentes en las luchas de los talleres contra las tercerizaciones, en la Asamblea General del año 1995. Las luchas de los compañeros tercerizados tuvo diferentes instancias; una de ellas fue la incorporación al CCT de los trabajadores de CAF y Alsthom, los que fueron encuadrados en el año 1999, y hoy ya los trabajadores de CAF tienen a su propio delegado que participa en el Cuerpo de Delegados. El episodio más destacado, el de Plaza Miserere enfrentando a la policía y el posterior paro conjunto con los trabajadores de Metrovías, pone sobre la mesa la necesidad de una resolución de conjunto para obtener su regreso al CCT. Los compañeros de las comisiones internas ya elegidas en las diferentes empresas deben participar con voz y voto dentro del Cuerpo de Delegados como el compañero de CAF. Los luchadores clasistas no necesitamos de la “chapa” que dan el sindicato y el Ministerio de Trabajo para ser reconocidos como tales, nos basta con la legitimación de los compañeros porque entendemos, como lo plantea nuestro proyecto de CCT, la necesidad de ampliar del Cuerpo de Delegados. Esto no quita que debemos reclamar para los ya convencionados, la convocatoria a elecciones que formalicen su representación ante la empresa y el Estado. Cómo seguir La burocracia sindical se complota para detener este reclamo de los trabajadores de las empresas tercerizadas enviando al Comité Arbitral de la CGT la decisión de a qué sindicato pertenecen dichos trabajadores, como si ellos no hubieran sido cómplices de esta atomizacion de los trabajadores al permitir las tercerizaciones. Sobre la base de los mandatos del Taller Rancagua, la Línea B y el Taller Constitución, “Parar en caso de despido o represión”, ésta es la construcción que nos debemos y a la brevedad. Es decir, las cinco líneas, el Premetro y el resto de los talleres. Nos queda cerrar este ciclo global recuperando a los 3.500 despedidos del año 1994. Tenemos que superar estos mandatos y, en una Asamblea General, votar un plan de lucha para la definitiva incorporación de todas las empresas tercerizadas al CCT.

A escasos pasos de la ruta (Autopista Buenos Aires), por donde circulan diariamente millones de dólares en exportaciones, el Municipio de Villa Gobernador Gálvez habilitó un predio de 17 hectáreas para operar como receptor de residuos, un basural a cielo abierto que contamina las napas de consumo humano y las aguas del cercano e importante arroyo Saladillo. Los camiones depositan diariamente 60 toneladas de residuos, sólidos y líquidos. Dentro del área se han instalado familias que no tienen otro lugar a donde ir. Viven entre y de la basura: cirujean y crían cerdos dentro del basural. Los cerdos engordados con basura pueden transmitir triquinosis, una enfermedad mortal aún no erradicada de la provincia de Santa Fe. En 2003, falleció un joven que ingirió carne de esos cerdos, la cual contenía un elevado nivel de nitrato de sodio. Fuera el basural. Control obrero y vecinal de la erradicación.

Entel fue privatizada en noviembre de 1990 en condiciones leoninas. A diferencia del resto de las privatizaciones —que consisten en concesiones por un período determinado— en el caso telefónico se transfirió la propiedad de los activos de Entel, lo que le daba a un carácter “eterno” a la privatización. Entel fue vendida en una cifra irrisoria: 3.536 millones de dólares. En los diez meses previos a la privatización el pulso telefónico aumentó siete veces, a valor dólar: pasó de 0,47 a 3,81 dólares. Pero como las condiciones de la venta estaban fijadas con un pulso a 0,47 dólares, resulta que Entel fue entregada a precio de regalo. En esos mismos meses previos, la deuda de Entel creció en 2.000 millones de dólares (cuya contrapartida fue la adquisición de activos o la mejora de la posición de la tesorería de la empresa). Dado que Entel fue vendida sin deudas (que fueron absorbidas por el Estado), este endeudamiento significó valorización adicional de la empresa (que no se reflejó en el precio pagado por ella). En los contratos originales, las tarifas estaban indexadas por la variación de precios. Con la “convertibilidad”, las tarifas fueron “dolarizadas” y pasaron a indexarse por la inflación norteamericana (mayor a la argentina). En 1997, el “rebalanceo” de las tarifas les permitió reducir las tarifas de las llamadas internacionales y aumentar las locales. De esta manera, los pulpos se preparaban para la futura “desregulación”, dificultando las condiciones de ingreso de potenciales rivales en el segmento de las comunicaciones internacionales, el más expuesto a la competencia. Las tarifas telefónicas privatizadas fueron las más altas del mundo. Una “canasta telefónica básica” insumía el 2% del salario industrial promedio en España, el 2,5 en Francia y el 6,1% en Argentina. Los beneficios de las privatizadas, en consecuencia, fueron espectaculares (6.000 millones de dólares entre 1991 y 1999), lo que permitió la amortización del desembolso inicial en apenas tres años. La rentabilidad promedio de las telefónicas (sobre su patrimonio neto) fue del 13% anual entre 1991 y 1999; la rentabilidad promedio de las mayores cien empresas argentinas (excluidas las privatizadas) fue, en el mismo período, de 3,4%. Estos beneficios no tenían paralelo a nivel internacional: la rentabilidad promedio de las telefónicas argentinas triplicó la de las diez mayores telefónicas del mundo (incluidas las propias casas matrices de Telefónica y Telecom). Su condición monopólica les permitió a las telefónicas mantener estas tasas de rentabilidad incluso después del comienzo de la recesión de 1998. Las telefónicas se libraron a una política de despidos masivos: entre 1990 y 1998, la dotación de personal se redujo a la mitad. Con los salarios congelados, la participación de los trabajadores telefónicos en el valor generado por las telefónicas cayó un 34%. Esto permitió incrementar la productividad, entre 1993 y 2000, en un fenomenal 9% anual acumulativo (más del doble de las principales empresas argentinas). El aumento de la productividad les hubiera permitido, sin alterar sus márgenes de beneficio, elevar los salarios y reducir las tarifas. Las telefónicas no hicieron ni una cosa ni la otra. Las telefónicas llevaron adelante una política sistemática de saqueo de los recursos nacionales. Distribuyeron como dividendos una porción inusualmente elevada de sus utilidades (el 75%), que era regularmente remesada a las casas matrices. Los beneficios no fueron reinvertidos; las inversiones se llevaron a cabo con deuda externa (en su mayor parte, con sus propias casas matrices). El endeudamiento externo fue utilizado para reforzar las condiciones monopólicas en que operaban las empresas y, en una parte sustancial, para realizar operaciones financieras de corto plazo (que inmediatamente volvían como “dividendos” a las casas matrices). Al mismo tiempo, el desarrollo de la telefonía celular —totalmente desregulada— daba a las telefónicas una fuente nueva y creciente de beneficios. Gracias a las elevadísimas tarifas y al virtual monopolio, la operación de las telefónicas continuó siendo rentable luego de la devaluación del peso. El quebranto producido por las deudas externas que habían acumulado era puramente “contable” puesto que esas deudas habían sido contraídas con las casas matrices, que habían acumulado en los años previos fenomenales reembolsos por dividendos. La “emergencia económica” Después de la devaluación, el gobierno de Duhalde dictó la “ley de emergencia económica”, que establecía la pesificación, desindexación y congelamiento de las tarifas de las empresas privatizadas (que no regía para la telefonía celular por tratarse de un servicio “desregulado”). La ley establecía, además, la “revisión de los contratos de privatización”. La ley fue saludada como un instrumento para limitar e, incluso, dar marcha atrás con las privatizaciones del menemismo. Incluso, apoyándose en esta ley, “hace tres años, el secretario de Comunicaciones prometió revisar la ley de telecomunicaciones que, hasta ahora, les reconoce la propiedad de la red de telefonía fija” (La Nación, 16/2). Los partidarios del gobierno reivindicaron la negativa de Kirchner a entrevistarse con los directivos de Telefónica de España y de Telecom de Francia durante algunos de sus primeros viajes a Europa como un síntoma de la “dureza” con que el nuevo gobierno encaraba la “renegociación” telefónica. Poco antes de asumir Kirchner, el Instituto de Estudios y Formación de la CTA publicaba un trabajo en el que se planteaba la necesidad “primera e insoslayable” de extender la vigencia de la “ley de emergencia” en sus artículos referidos a las privatizadas. Afirmaba la necesidad de “revisar” las privatizaciones dado que “parte sustantiva de las mismas se encuadran en la ilegalidad y en la ilegitimidad de las condiciones acordadas”. “Se torna imprescindible —decía la CTA— la revisión integral de todos los incumplimientos empresarios registrados en el transcurso de los años 90, en particular aquellos que justificarían la posible caducidad o rescisión de los respectivos contratos”. El documento de la CTA concluía que “antes de encarar cualquier propuesta vinculada con la problemática regulatoria, se torna indispensable la revisión de todo lo actuado (...) la misma debería retrotraerse al inicio de la actividad de cada una de las empresas (...) de forma de identificar todos los incumplimientos, ilegalidades y conductas que presupongan haber contravenido los propios marcos regulatorios, el abuso de posición dominante, el ejercicio de prácticas desleales y/o anticompetitivas. Recién después de haber avanzado en este terreno, se contará con suficientes elementos de juicio para avanzar en la mencionada redefinición del entramado normativo y regulatorio con los servicios públicos” (“Asignaturas pendientes para una nueva administración de gobierno. La regulación de los servicios públicos”). La firma de los recientes contratos por parte del kirchnerismo significa la renuncia total y completa a cualquier “revisión” de los contratos telefónicos y del marco jurídico de la privatización y, en consecuencia, la adopción como propios de los “ilegales” e “ilegítimos” contratos firmados por el menemismo. Con la firma de estos convenios, Kirchner liquidó de una vez y para siempre las posibilidades de un desarrollo nacional de las telecomunicaciones (y, en particular, las ilusiones de que este desarrollo nacional pudiera tener lugar bajo su gobierno). Las telefónicas han impuesto, hasta aquí, la totalidad de sus reclamos esenciales, en primer lugar la vigencia de las condiciones de la privatización y de su propiedad sobre los activos de la ex Entel. La verborragia sólo sirve para encubrir la continuidad de la vigencia de la política privatizadora del menemismo. Queda por delante el establecimiento de un nuevo “marco regulatorio”, es decir de las condiciones en que deberán prestar sus servicios las empresas privatizadas. El acuerdo firmado en marzo, en las condiciones que reclamaban las privatizadas, y la renuncia del kirchnerismo a las sanciones y multas por incumplimiento de los contratos vigentes, son un anticipo de que el “marco regulatorio” no alterará la posición de las telefónicas.

1) Ingreso a la obra pública municipal, provincial o nacional de los desocupados y en particular de la juventud, mediante bolsas de trabajo implementadas por el Estado bajo control de organizaciones obreras y piqueteras, en blanco y bajo convenio de la actividad. Planeamiento y ejecución de las obras públicas que reclama la comunidad a través de sus organizaciones populares, con mano de obra desocupada de cada distrito. 2) Inmediato pase a planta permanente de los centenares de miles de compañeros de planes que se desempeñan en la función pública en hospitales, municipios, escuelas, etc. Elección de delegados en el sector y reconocimiento integral de derechos sociales y sindicales. 3) Capacitación en horario de trabajo, a cargo de las empresas, tanto públicas como privadas, con salario de la actividad en su categoría inicial o la que corresponda en caso de oficio con conocimiento preexistente por parte del compañero o compañera. 4) Ante los más de tres millones de compañeros que suman desocupados y subocupados, reclamamos trabajo para todos o subsidio de 400 pesos (canasta de indigencia) que incluya a jóvenes y mayores con o sin carga de familia, sin contraprestación laboral, sujeto a inserción laboral efectiva, en blanco, bajo responsabilidad del Estado, sea en empresa pública o privada. 5) Plan de viviendas populares, titularización de tierras de los asentamientos, con realización, localización y adjudicación bajo control de las organizaciones populares y mediante empleo en blanco y bajo convenio, sea por inversión estatal directa o por licitación, con prioridad de trabajo a los afectados. No a las cooperativas de trabajo que reproducen el trabajo en negro con salarios de hambre. 6) Blanqueo del trabajo en negro, mediante garantía de estabilidad de todo trabajador que lo notifique, bajo apercibimiento no de cierre de la fuente de trabajo sino de su continuidad a cargo del Estado bajo gestión de los trabajadores involucrados. Castigo penal a los patrones negreros. 7) Jubilación sustituta para mayores sin aportes, equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil. 8) Libertad a los presos políticos por luchar. Desprocesamiento a todos los luchadores. Castigo a los torturadores, basta de represión a las luchas obreras y populares. 9) Apoyo a todas las luchas por salario equivalente a la canasta familiar y 82% móvil para los jubilados y contra los convenios flexibles que superexplotan a los trabajadores agravando la desocupación.

A mis compañeros petroleros, a los trabajadores de la construcción, a todos los hombres y mujeres que han estado en esta gran lucha de Las Heras. La empresa Bolland, con acusaciones falsas, me ha separado de mi puesto de trabajo y pretende separarme de mis compañeros para debilitar una organización que hemos ido logrando entre todos los trabajadores en muchas luchas comunes. Las patronales quieren debilitar la organización de los petroleros con despidos encubiertos como el mío o el del compañero Héctor Cavana, y para ello cuentan con la complicidad de la dirección del sindicato, que ha enviado telegramas de suspensión de las afiliaciones a decenas de luchadores. La actitud de la dirección del sindicato constituye una invitación a las patronales a despedir y a perseguir luchadores. No habían pasado diez días del pedido de suspensión de la afiliación cuando me llegó el telegrama de separación de mi puesto de trabajo. Quiero que sepan todos que hay algo que la patronal de Bolland nunca va a lograr: que abandone mi puesto de lucha. Mi lugar es estar junto a ustedes en el yacimiento; junto con ustedes logramos el aumento del mínimo no imponible que favoreció a más de 400.000 trabajadores en el país; junto con ustedes y los compañeros de la construcción estamos luchando por el encuadramiento en el sindicato petrolero de miles de compañeros de la construcción; junto con ustedes vamos a liberar a los compañeros detenidos. Junto con ustedes vamos a darles a los petroleros y los trabajadores de Santa Cruz la dirección sindical y política que se merecen. Quiero reafirmarles mi profunda convicción de seguir luchando; fui elegido por ustedes para defender nuestros derechos y confío plenamente en ustedes. Juntos lo vamos a lograr.

El folleto distribuido masivamente por Foetra y Fatel en el acto festival por el Día del Telefónico (el 18 de marzo, a cincuenta y ocho años de la nacionalización de los servicios resuelta por el primer gobierno peronista) merece un debate. El texto defiende aquella nacionalización y recuerda que en la década del ‘30, “varios sindicatos relacionados con el sector de los servicios públicos y de los transportes (entre ellos la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos) comienzan a solicitar la nacionalización de los mismos y la expulsión de los capitales extranjeros” (hasta 1946 en manos de la United River Plate Telephone Company, popularmente llamada la Unión Telefónica). Reivindica luego al peronismo, que significó —dice—, una “nueva alianza de clases (...) donde el asalariado cobra protagonismo como sujeto del cambio político”; “la expropiación parcial de la renta agraria a través de la nacionalización del comercio exterior de productos agropecuarios” y “el control de los servicios públicos (incluidos los teléfonos y los recursos naturales fundamentales)” como sustento de una política de industrialización. El folleto fue publicado horas después de la firma de la Carta de Intención entre el gobierno, Telefónica y Telecom que consagra el monopolio del servicio telefónico “de por vida o ilimitado” (son palabras de Clarín) a favor de estos pulpos. Sobre este punto, sin embargo, el folleto no dice una palabra. Para el titular de Telefónica (Vázquez), “la red es de nuestra propiedad (...) no somos concesionarios de la misma (y) la licencia es ilimitada en el tiempo”. Quedan en manos de estos monopolios los fabulosos negocios vinculados a la transmisión de datos, la televisión por cable y el video a pedido, fuera del aumento de tarifas (llamadas urbanas de 20 a 21 horas) y el archivo de todas las demandas del propio Estado contra las empresas por la violación de todos los contratos. La “nueva” privatización del servicio telefónico tuvo el apoyo de todas las cámaras empresariales: “Permite despejar la cancha en lo que los hombres de negocios consideran inseguridad jurídica”. Para el ministro de Planificación es “un punto de inflexión que nos pone en la recta final para el acuerdo con todas las demás” (16/2). Ante esta entrega planteamos la derogación de los acuerdos, por una empresa estatal bajo control de los trabajadores, siguiendo la tradición obrera que como dice el folleto, arranca de los años ‘30.

En la segunda semana del plan de lucha, y al terminar el exitoso paro nacional de 48 horas, el Ministerio de Trabajo convocó a las dos Conadus a reanudar la Mesa de Negociación Salarial, levantada desde noviembre por el propio gobierno. Es el resultado de la presión que logramos el conjunto de los docentes universitarios con los paros de 24 y luego 48 horas en estas últimas dos semanas. Es evidente que con esto, el gobierno intenta quebrar la medida de 72 horas decidida para el 19 de abril. En respuesta, el Plenario conjunto de la Conadu Histórica y de la Conadu resolvió ratificar el paro nacional para los días 19, 20 y 21 de abril y concurrir a la convocatoria del Ministerio. En el caso de no obtener respuestas satisfactorias y una vez evaluadas en cada una de las asambleas de base, un Plenario conjunto de las Federaciones, resolverá sobre la medida de fuerza anunciada. Caso contrario — si no hay respuestas o si las mismas no satisfacen — las federaciones docentes resolverán la continuidad del Plan de Lucha Nacional, a partir del 22 de abril. En este sentido ya se resolvió, conjuntamente con las federaciones estudiantiles, una marcha nacional universitaria para el 19 de mayo, por aumento del presupuesto universitario, recomposición salarial, pago de salario a los docentes ad-honorem, estabilidad laboral, jubilación con el 85% móvil y la derogación de las leyes educativas.

La semana pasada marcó la recuperación de la lucha de los trabajadores de Río Turbio y 28 de Noviembre. El domingo 2, en la reunión del Partido donde se organizaba el viaje y la invitación a simpatizantes para el Congreso Provincial, se votó unir las luchas y preparar un paro provincial. Quinientos volantes del FUT-PO con este planteo fueron repartidos entre el lunes y martes entre los mineros, municipales, los hospitales y en el centro de las comunidades. El lunes por la mañana todas las radios entrevistaron a dirigentes provinciales del FUT-PO, en donde explicamos nuestro planteo y difundimos la preparación del Congreso Provincial. El miércoles se movilizaron los dos hospitales, cada uno en su propia localidad, en marchas que llamaron la atención porque nunca se habían movilizado los trabajadores hospitalarios y por el importante número de participantes. La mayoría del personal se hizo presente en estas movilizaciones. El jueves el sindicato de ATE (degenarista) llamó a un paro y movilización a la salida del turno por dos reclamos cruciales: aumento salarial y devolución del 82% móvil (están en condiciones de jubilarse unos doscientos mineros que no quieren hacerlo porque implica caer de 1.900 a 500 pesos de ingreso, o sea que la jubilación es la puerta a la indigencia en un solo paso). Si bien las autoridades empresarias minimizaron el impacto de la medida, la movilización tuvo importancia y hace mucho que los mineros no se hacían escuchar por las calles del pueblo. Esa misma jornada, a las 18 horas, se realizó otra movilización convocada por una intersindical, que agrupa varios gremios (Adosac, municipales, UPCN, Luz y Fuerza) y que emitió un documento donde reclaman un salario que cubra la canasta familiar y el aumento de los básicos, entre otras reivindicaciones. Un grupo de familias de desocupados, que unas semanas antes había ocupado la administración de la empresa YCRT, obtuvieron el compromiso del interventor Peralta y del intendente Mazu, de dar trabajo a estos compañeros. Nuestro partido difundió este reclamo en toda la provincia. Compañeros mineros, municipales, docentes y jóvenes que participan de todo este proceso, se preparan para el viaje de 1.000 kilómetros hasta Caleta para el Congreso del FUT-PO.

El 18 de abril se cumple un mes de la “masacre de Villa Luján” y las víctimas de aquella noche de terror en Avellaneda convocan a una movilización frente a la comisaría de la “Policía 2”. Se tratará de la segunda manifestación de repudio a esta fuerza “sana y nueva” creada por León Arslanián y Felipe Solá. Estos acaban de depurar de más de un centenar de oficiales a la “vieja y corrupta” Bonaerense (medida que cuenta con la simpatía de una abrumadora mayoría de la población, según una encuesta que el gobierno se ocupó de difundir), pero su nueva criatura es un clon de la vieja. “La 2” y la Bonaerense se disputan territorios y negocios por medio de la violencia y el terror. Las calles de Avellaneda están atestadas de estos “nuevos policías”, que en pocos meses ya acumulan varios casos de gatillo fácil. La enorme repercusión que tuvo Prensa Obrera en el barrio es una muestra de la cerrada solidaridad que reciben los familiares de Hugo Krince y demás víctimas de la masacre. El Dr. Gustavo Mendieta, de Apel, presentó en los Tribunales de Lomas de Zamora las querellas de los damnificados y diversos pedidos de hábea corpus dadas las amenazas recibidas aquella noche por los vecinos. El 18 de abril se prepara una gran manifestación en el centro de Avellaneda para reclamar el inmediato encarcelamiento de los tres miembros de la patota policial que asesinó a Hugo.

La intervención del movimiento estudiantil, encabezado por la FUBA, para impedir la realización de la Asamblea Universitaria en dos ocasiones, ha servido para poner de relieve que existe una profunda crisis política en la Universidad de Buenos Aires, que pone en cuestión su régimen de gobierno y su orientación social. El rector de la UBA, Jaim Etcheverry, reconoció esta crisis política y La Nación caracterizó que la UBA corría riesgo de una división. Aunque la afirmación parece temeraria, lo cierto es que si Alterini se hubiera hecho elegir rector en la ‘autoconvocatoria’ que reunió al efecto, la UBA hubiera tenido, al menos, dos gobiernos, dos rectores y dos Consejos Superiores, por lo menos cinco facultades que hubieran quedado al margen. Salta la pus El avance de la crisis pone en cuestión al proceso en su conjunto. Alterini, por ejemplo, denunció que sus opositores están comprometidos en grandes hechos de corrupción. Señaló, por ejemplo, que Jaim Etcheverry quiere evitar que se investigue un desvío de fondos del orden de los 120 millones de pesos. También denunció que otro de los candidatos, Vilella, ex decano de la facultad de Agronomía, está usurpando el nombre de la UBA en un negocio privado que se denomina Centro Universitario de Idiomas, que mueve anualmente decenas de millones. Las denuncias que señalamos en Prensa Obrera desde hace un mes empiezan a ventilarse pero ahora por los propios implicados. Dentro del bloque alterinista también se incuba una crisis. Hay quienes plantean que Alterini debía ser reemplazado por otro candidato. Pero el reemplazo de Alterini puede profundizar la crisis. Este barajar y dar de nuevo es resistido por los que habían logrado obtener los puestos más importantes y que temen una rediscusión de los acuerdos pactados. El gobierno K El gobierno nacional está dividido. Un sector del peronismo acompaña la candidatura de Alterini e incluso obtuvo para sí el puesto de vicerrector. Otro sector del gobierno, la pata transversal de Kunkel, lo cuestiona. Filmus, el ministro de Educación, le había dado su apoyo a Alterini pero parece ahora cambiar de frente. Mientras tanto, el secretario de políticas universitarias, Malcom, funcionario subalterno de Filmus, lanzó el movimiento Evita con los decanos ‘progres’ que se oponen a Alterini. La división del gobierno tuvo su expresión el jueves pasado, cuando, por orden de Aníbal Fernández, se retiró la policía del colegio Nacional de Buenos Aires. Las declaraciones públicas de Aníbal Fernández de que la policía no se iba a meter en asuntos internos de la UBA, equivalen a decirle a Alterini que se tiene que arreglar solo. La lucha interna de camarillas en el seno del kirchnerismo ha obstaculizado que el gobierno nacional pueda emerger como un árbitro de la crisis. Asamblea Universitaria, desautorizada El conjunto de contradicciones señaladas y la lucha del movimiento estudiantil han producido una nueva situación. Paradójicamente, la cantidad de votos que Alterini ha logrado reunir dentro de los asambleístas ha crecido en vez de disminuir — pasó de 127 a 132. Pero el fortalecimiento de Alterini demuestra claramente el carácter reaccionario de la Asamblea Universitaria. ¿O es posible que se cuestione a un candidato por su pasado colaboracionista con la dictadura militar sin cuestionar, al mismo tiempo, a todos aquellos que lo votan y están dispuestos a integrar su gobierno? Aritméticamente, cualquier otro candidato alternativo deberá pactar con los alterinistas, que detentan más de la mitad de la Asamblea Universitaria. Los candidatos que se presentan como progresistas, como es el caso de Alberto Kornblith, que es apoyado por los decanos y por una parte del gobierno, al no exigir la renuncia de toda la Asamblea demuestran que están buscando un pacto con los alterinistas. Que renuncien. Nuevas elecciones Para el movimiento estudiantil-docente se trata de aprovechar la crisis abierta para plantear una salida en términos que impliquen una perspectiva de transformación política y social de la universidad. La Asamblea Universitaria ha quedado cuestionada y con ella el régimen de camarillas de la privatización, los acuerdos con las empresas, la venta de servicios y la destrucción de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. La salida de un candidato propio del kirchnerismo equivale a un acuerdo con la derecha. El planteo que se deriva de la presente crisis, por lo tanto, es exigir la renuncia de la Asamblea Universitaria copada por los alterinistas y los responsables de la crisis universitaria. Que se proceda a realizar una nueva elección, con una composición de 9 estudiantes, 6 docentes y 3 no docentes por facultad, para que una nueva Asamblea Universitaria pueda elegir las autoridades de la UBA y presentar en el lapso de 60 días un plan de reestructuración social y política de la principal universidad del país. La UJS y el PO han lanzado una fuerte campaña en ese sentido y han presentado un proyecto en el propio Consejo Superior de la UBA.

Las Heras se acerca a una reanudación del conflicto. Con la llegada de los “nuevos” funcionarios provinciales se abrió una serie interminable de reuniones, que poco a poco han conducido las reivindicaciones a una vía muerta. Siguen detenidos ocho trabajadores. La empresa Indus se mantiene firme en no encuadrar a los trabajadores en el convenio petrolero. Aún no han producido ningún reencuadramiento en otras empresas de la construcción. Por otra parte, la dirección del sindicato petrolero y las empresas “trabajan” juntos en perseguir a los delegados. Están fuera de los yacimientos dos reconocidos dirigentes petroleros, a los que no se les permite ingresar a las empresas, y hay más de 30 suspensiones de afiliación en curso. El propio gobernador y todos sus funcionarios que han bajado a Las Heras no han hecho otra cosa que ir de promesa en promesa, de reunión en reunión, buscando desgastar y dividir a los compañeros. El viernes 7, una importante reunión conjunta de todos los participantes en este gran conflicto ha tomado una serie importante de resoluciones. Se votó: 1) El reinicio de las marchas por los obreros presos y las demás reivindicaciones, comenzando el martes 11, fecha en la que habrá una nueva reunión con funcionarios del gobierno; 2) Una movilización general a Caleta Olivia, el día de la audiencia por los compañeros detenidos, con la presencia de organizaciones de derechos humanos, sociales y organizaciones políticas nacionales; 3) La realización de un festival para recaudar fondos para los familiares y desocupados; 4) El envío de una carta al gobernador que, por su tenor, puede cambiar el curso actual de las negociaciones. Poco a poco se comprueban los fabulosos negociados que hacen las patronales petroleras con la tercerización de empresas, la precarización del trabajo y los contratos basura. Indus es la patronal más encarnizadamente negrera. El más negrero de todos es el propio gobierno provincial que, al igual que las empresas petroleras, terceriza a los empleados públicos en trabajos de agua, gas y electricidad y abona en negro el 80% de sus sueldos.

El viernes 7 de abril continuó el proceso iniciado contra los responsables políticos del Partido Obrero y contra el Polo Obrero como organización. El proceso se lleva a cabo por presunta violación del repudiado “código de convivencia”. Está caratulado como “ruidos molestos” que serían los provenientes del megáfono usado en la Asambleas del Polo Obrero de Boedo, que reúnen a más de 200 trabajadores, desocupados, jubilados (sin jubilación), y la juventud. Estas Asambleas se realizan en una plaza que se encuentra debajo de la autopista 25 de Mayo, en manos de Ausa (Macri + menemismo + GCBA). La Asociación de Profesionales en Lucha en el Polo Obrero defiende a los compañeros Marita y Adrián, responsables del Partido de la zona y referentes de la Asamblea del Polo en lo que es claramente una persecución político contra nuestro Partido y la organización independiente de los trabajadores. LA denunciante refirió que lo que realmente le molestaba eran las posiciones políticas del PO. La fiscalía trató de reencausar el testimonio sobre el punto de los ruidos molestos, pero ella insistió en sus ataques contra nuestra organización, diciendo que el Estado tenía que disolver la Asamblea... El fiscal se vio obligado a dejar de preguntarle porque se enterraba sola. Se pasó a un cuarto intermedio; quisieron llegar a una conciliación. Querían que firmemos un documento que sometiese la Asamblea al control estatal. Denunciamos entonces el terrorismo de Estado por parte de la comisaría 10, que infiltra las Asambleas y que persigue en la calle a los compañeros y los llaman por nombre y apellido sin identificarse, y le dicen que abandonen la Asamblea del PO. Por eso exigimos la absolución para los compañeros sin ningún tipo de condicionamiento. En su alegato, la fiscalía debió desistir de una de las dos denuncias existentes. De cualquier manera, la fiscalía pide tres días de acción comunitaria para los compañeros. La defensa denunció que el Estado no aclara el atentado contra nuestro local central y es cómplice del trabajo esclavo y responsable de los muertos de Caballito. S e entró en cuarto intermedio (hasta el martes 11/4) para desgastar a los compañeros del Polo que estaban en la puerta del juzgado.

En plena crisis del romerismo y su cómplice ‘opositor’ (el PRS) por el desastre del norte salteño, que ha provocado fuertes ataques contra el Partido Obrero (como el pedido de sanciones contra nuestra concejal en Orán, por ejemplo), el MST no dice una palabra. Pero saca una página entera en su periódico, con título catástrofe y foto, resaltando que en Salta “concejal rompe con el PO y se integra al MST”. Se trata de la concejal por Moldes, Rosa Arroyo de Valli, y su esposo, Walter Valli. Son presentados por el MST como “ex militantes del PO”, con el que habrían roto por “profundas divergencias políticas y metodológicas”. Lo primero no es cierto. Ni Rosa Arroyo ni su esposo fueron militantes del PO. Participaron de la lista del PO en calidad de extrapartidarios. Desde que salió electa, Rosa Arroyo comenzó su alejamiento, reivindicando una política municipalista propia. Ella misma lo aclara en el reportaje que publica el periódico del MST (Alternativa, 5/4): “hacíamos un bloque unipersonal y después bueno... en estos días... nos acercamos justamente... a ustedes, al MST”. Dice que “la banca no es del PO, la banca es de nuestra imagen”. El PO sacó en Moldes 500 votos de los casi 46 mil que obtuvo en la provincia. A menos de cuatro meses de haber asumido, la Arroyo anuncia “su alejamiento del PO”, con el apoyo del MST. Se trata de un lamentable caso de borocotización en el campo de la izquierda. Tanto Rosa Arroyo como su marido se negaron a discutir las diferencias “políticas y metodológicas” que decían tener. Como reconocen, el PO sacó tempranamente, a principios de febrero, un documento interno invitándolos a debatir las divergencias, a lo que se negaron rotundamente. El matrimonio transformó el local del Partido en la localidad, en su vivienda personal, y ha pretendido que el alquiler se lo pague el Partido. Rechazamos también demandas constantes de que el Partido pague sus créditos personales. ¿El MST 1 deberá pagarle ahora el alquiler y los créditos? En el PO los militantes cotizan al Partido y el dinero recolectado, incluso de sus parlamentarios, está destinado a fortalecer la lucha de la clase obrera y los explotados. Con este ‘alejamiento’ el PO está pagando las consecuencias de la incorporación de elementos extrapartidarios que se acercan al Partido en el marco de su ascenso político-electoral. Es decir de elementos oportunistas-arrivistas, que quieren traficar con la lucha del Partido. Donde la ‘divergencia’ tenía un carácter menos mezquino fue en su oposición a la autoconvocatoria docente, que dirigió la gran huelga de 45 días del año pasado. La concejala y su marido se oponían a la autoconvocatoria porque -afirmaban- no había que romper la “legalidad”, es decir el sindicato dirigido por la burocracia de Choque. Llama la atención la confluencia del MST 1 con esta posición, toda vez que formaron una lista con el nombre de “autoconvocados”, claro que para presentarse a las elecciones fraudulentas, finalmente impugnadas, del sindicato burocrático. La lista llevaba como candidata a secretaría general, a un elemento progubernamental que ahora carnereó la huelga de este año y fue repudiada masivamente por la asamblea general de los docentes autoconvocados. A pesar del debate sobre estas ‘divergencias’, los susodichos aseguran que en el PO no hay democracia, pero sí en el MST. Sin embargo, el MST no realiza congresos, mientras que el PO los hace todos los años. Es claro que estamos ante unos embusteros Rosa Arroyo y su marido resaltan que se integran al MST 1, por ser una “izquierda revolucionaria y democrática” y como un “aporte a la unidad de la izquierda y los trabajadores”. Es interesante lo de la izquierda “democrática”: ¿en oposición a la izquierda que no respeta la “legalidad”? ¿En contraposición al PO, que lucha por la dictadura del proletariado, por el gobierno obrero y de los trabajadores? El PO enfrenta al Estado burgués, incluso en su acepción ‘democrática’. El matrimonio dice también que se incorpora al MST porque es “socialista”. Pero el MST Unite llevó como candidato central a Cafiero. Es decir que no sólo no es socialista, sino tampoco laico. Más interesante es que el MST 1 afirme que todo lo que sume al MST 1 es un aporte a la “unidad de la izquierda y los trabajadores”. Esto está en boca de quienes no sólo destruyeron la posibilidad de un frente de izquierda en las últimas elecciones nacionales, sino que además destruyeron a Izquierda Unida y al propio MST. Por otra parte, ¿por qué se incorporan al MST 1 (Unite) y no al MST 2 (El Socialista)? Porque fue lo primero que encontraron. Tanto en el reino animal, como en la vida política, el parasitismo se alimenta de lo que se encuentra en el camino.

Reconocimiento de años de servicios a ex planes Nuestra compañera Vocal en la Caja de Previsión ha comenzado una ronda de medios y ha difundido el proyecto que presentará en la reunión de Directorio de ese organismo a favor del reconocimiento de los años de servicio de los trabajadores de planes que fueron incorporados al plantel de personal de la provincia y los municipios. Se trata de miles de compañeros, que durante muchos años (hasta 12) prestaron servicios en la administración pública y las municipalidades, pero que no cobraban con un recibo de sueldos sino con un papel que decía “ayuda económica”. En general eran planes Preno, PEC y otras denominaciones que percibían en promedio unos 350 pesos. Más tarde entre 2004 y 2005 casi todo este personal fue incorporado a planta permanente, pero no se les reconocieron los años de servicio. El tema es crucial porque es una denuncia del Estado evasor y porque puede poner en pie un reclamo que es de vida o muerte para numerosas familias. Virginia Sutherland (Vocal y dirigente del FUT-PO) ha planteado una campaña de reuniones con los sindicatos para interesarlos y organizará asambleas con los compañeros afectados, empezando por formar comisiones de ex Preno en las distintas localidades. Río Turbio: Organizar la resistencia de los mineros en condiciones de jubilarse, para recuperar el 82% móvil Al respecto ya hemos diseñado un telegrama tipo para contestar los telegramas que en estos días reciben decenas de compañeros y por los que se los intima a jubilarse en un plazo máximo de un año. En este telegrama intimamos a su vez al interventor de la empresa a gestionar que se recupere el 82% móvil y anticipamos nuestra resistencia a una jubilación que empuja a nuestras familias a condiciones de indigencia. El tema ha sido tomado por ATE, y nuestros compañeros en mina están promoviendo la formación de comisiones de compañeros en condiciones de jubilarse para organizar una lucha decisiva al respecto, en interés de todos los mineros.

Los trabajadores tercerizados de la empresa Metropolitano, han comenzado un plan de lucha con levantada de molinetes desde el lunes 3 de abril. Esto en el marco de que recientemente el Taller Constitución votó (igual que ya lo habían hecho la Línea B y el Taller Rancagua) que si despiden o intentan reprimir a los compañeros se va a la huelga. Los compañeros fueron parte del plan de lucha del año pasado por el que fueron finalmente reconocidos los compañeros de Fiel y el CIR. A los compañeros les reconocieron a partir de enero las seis horas y la igualdad salarial, pero no el pase a convenio, el cual quedó pendiente de resolución, al igual que el resto de las tercerizadas, en manos del Comité Arbitral de la CGT. Ahora, si los compañeros de Metropolitano son tomados como convenio de “seguridad” perderán como en la guerra. Es algo que no podemos aceptar bajo ningún concepto. Porque pertenecen al ámbito del subte y porque es lo que su asamblea defiende: ¡Por el reconocimiento en UTA de todos los tercerizados del Subte!

Un régimen de camarillas 1 El 1 er Congreso Provincial del Partido Obrero, realizado el 7 y 8 de abril, se desarrolló en circunstancias de una aguda crisis de conjunto en la provincia. La camarilla de Fellner, que gobierna Jujuy desde hace una década, pretende la convocatoria a una Constituyente regimentada que le habilite una nueva reelección. Se trata de prolongar en el poder a una camarilla al servicio de los pulpos capitalistas que explotan al pueblo de la provincia — como Ledesma, Minera Aguilar, Zapla, el Banco Macro y los capitalistas del juego y del turismo. Esta camarilla gobierna mediante una extensa red de organizaciones y punteros encargados de neutralizar la resistencia popular. Con estos métodos condena a vivir con ‘planes’ de 150 pesos al mes a 80.000 familias, o sea, cerca de medio millón de jujeños. El Interbloque de la UCR, Daza y Cía. no constituye para nada una oposición popular. Con la posibilidad de un pacto Fellner-Morales se perfila una nueva crisis de la UCR; a cambio de habilitar la reelección, Morales ‘recibiría’ la Intendencia de la Capital. El régimen político que gobierna nuestra provincia consiste en un pacto de recíproca complicidad de las camarillas que sirven a la oligarquía jujeña. El Congreso del PO repudia las maniobras continuistas, los pactos de camarillas, la reelección, el sistema de punteros y el sistema vigente de corruptelas generalizadas. En oposición al régimen de camarillas de la oligarquía capitalista oponemos la necesidad de un gobierno de trabajadores. El Partido Obrero reclama el juicio de responsabilidades políticas a todos los que gobernaron en las dos últimas décadas; el enjuiciamiento por jurados populares de los graves casos de corrupción en la provincia, como el desvío de los fondos destinados a infraestructura en Palma Sola, el destino que se ha dado a la finca El Pongo (17.000 hectáreas), y las interminables denuncias contra la Intendencia de San Pedro; el desmantelamiento de las camarillas y el punterismo y el establecimiento del control obrero en todas las instancias de gobierno; el rechazo a las reelecciones y el derecho a la revocabilidad de todos los cargos públicos por parte de la ciudadanía; la disolución de los aparatos de represión y espionaje, y la elección y revocabilidad de los jueces y los directores de organismos estatales. El Partido Obrero advierte la posibilidad cierta de un derrumbe de la falsa “oposición” de los partidos del llamado Interbloque y declara que se propone aprovechar este derrumbe para constituir una gran oposición obrera en la provincia y polarizar con la camarilla de Kirchner. Esto ya ha ocurrido en Salta y en Tucumán y puede ser una de las alternativas ciertas del desarrollo político en Jujuy. Poner fin a la oligarquía capitalista 2 La provincia no tiene salida en los marcos capitalistas. Jujuy está dominada por una oligarquía capitalista que condena a la provincia a la miseria social y al atraso industrial. Las enormes ganancias de los pulpos capitalistas salen de la provincia, incluso al exterior. El Banco Macro lucra con la recaudación tributaria de la provincia y la coparticipación federal, pero distribuye sus beneficios a los accionistas de Wall Street, la Bolsa de Nueva York. La privatización de la banca provincial ha sido un gigantesco negociado que condena cualquier posibilidad de desarrollo generalizado de la industria de la provincia. La minería ni siquiera paga impuestos, como consecuencia de un “acuerdo de estabilidad impositiva y cambiaria” acordado con Duhalde y ratificado por Kirchner. Los explotadores de Ledesma invierten sus beneficios en el mercado financiero de Buenos Aires, que en el curso del último año ha dado beneficios del 68%. Este régimen social se profundiza como consecuencia de la sistemática confiscación de los pequeños productores y finqueros, que reciben monedas por su producción o que acaban desalojados como consecuencia de las catástrofes naturales provocadas por la falta de infraestructura o la deforestación de las laderas de las montañas. El progreso social de Jujuy depende enteramente del pasaje al poder público de todos los monopolios mineros, financieros, industriales y agrarios de la provincia bajo una gestión obrera. En estas condiciones será posible establecer un plan de industrialización y de desarrollo social discutido, ejecutado y controlado por los trabajadores. El 1º Congreso del Partido Obrero de Jujuy destaca la necesidad de provincializar la banca sin indemnizaciones — por el contrario, es necesario investigar y enjuiciar el proceso de privatización. La estructura social de la provincia, en esencia una oligarquía capitalista, refuta cualquier pretensión de que esté gobernada, como dice Fellner, por un equipo ‘nacional y popular’. En todo caso, la demagogia ‘nacional y popular’ es el taparrabos de la oligarquía capitalista que profundiza la miseria social y el impasse histórico de nuestra provincia. El Congreso del Partido Obrero señala a los explotados jujeños la estrategia de reorganización de la provincia sobre nuevas bases sociales, al servicio del progreso histórico y de las necesidades de las masas trabajadoras del campo y de la ciudad. Las reivindicaciones populares 3 Este régimen político de camarillas al servicio de la oligarquía capitalista es responsable de que Jujuy esté entre los primeros lugares en cuanto a desocupación. En la provincia no se cumple el salario mínimo legal de 650 pesos. Para la mitad de los jujeños sólo hay changas sin derechos laborales ni convenios de trabajo. En las fincas se usa mano de obra esclava, tanto de trabajadores bolivianos como argentinos. El gobierno es el primer promotor del trabajo en negro; miles de compañeros de los planes que ocupan los puestos de ordenanzas y otros en escuelas y hospitales; los trabajadores del Estado son afectados por ‘adicionales’ que no aportan a la jubilación o a la salud. La violación del salario mínimo y de la legislación del trabajo es una muestra palpable de la ilegalidad con la que funciona el Estado capitalista, lo cual está directamente vinculado a la única ley suprema del capital, que es reforzar la explotación de la fuerza de trabajo y la rentabilidad patronal. El Congreso del PO de Jujuy llama la atención de los explotados jujeños y de las organizaciones sindicales y de desocupados acerca de la necesidad de combatir el monopolio patronal de la contratación laboral, para poner fin a la violación de las normas salariales y laborales vigentes. En oposición al monopolio de la contratación laboral y a la arbitrariedad capitalista de las patronales, reclamamos el establecimiento de Bolsas de Trabajo de las organizaciones sociales que tomen a su cargo la contratación de trabajadores, permanentes o temporarios, públicos o privados, en todas las ramas de la economía. El movimiento piquetero, que organiza a la vanguardia de los desocupados, tiene la responsabilidad de encabezar la lucha por la Bolsa de Trabajo, y de impulsar un frente único con las organizaciones sindicales y de la juventud. Los centros de estudiantes y las coordinadoras secundarias deben tomar esta reivindicación en sus manos, si quieren asumir la responsabilidad de combatir la superexplotación de la juventud. Lo que ocurre por estos días en Francia ilustra muy bien las nuevas tareas sociales y políticas que competen a la juventud que estudia. El Congreso del PO destaca: a) que el salario mínimo vigente, de 650 pesos, no cubre la llamada canasta de pobreza; b) que más de la mitad de los trabajadores no cobra siquiera ese salario mínimo y que sus condiciones de trabajo se encuentran al total arbitrio de las patronales, en particular en lo que concierne a la duración de la jornada laboral; c) que los trabajadores desocupados son utilizados por los gobiernos y las patronales para realizar ‘contraprestaciones laborales’ por 150 pesos, lo cual constituye una descomunal explotación de los compañeros que no tienen trabajo y una ‘competencia’ criminal contra los trabajadores con empleo; d) que los compañeros jubilados sufren una verdadera eutanasia social, como consecuencia de que cobran un mínimo de 390 pesos y de que una considerable parte de ellos no pueden acreditar los años de trabajo debido al trabajo en negro; e) que la juventud no tiene, en las condiciones actuales, ninguna salida social. Por eso llamamos a luchar: a) por un salario mínimo y móvil igual al costo de la canasta familiar — de 1.800 pesos en toda la provincia — ; b) por la duplicación de emergencia del monto de los planes de Jefes y Jefas; c) por la contratación laboral a cargo de las organizaciones obreras y de desocupados. Por la formación de Bolsas de Trabajo, bajo el control de las bases obreras, para combatir el trabajo en negro y la violación de la duración de la jornada de trabajo y del salario mínimo o de convenio vigentes; d) por una jubilación mínima equivalente al 82% móvil del salario mínimo. La crisis política de las organizaciones populares 4 La inmensidad de los problemas sociales que debe afrontar el pueblo de Jujuy como consecuencia de la organización social dominante, acentúa la importancia que tiene la crisis por la que atraviesa el movimiento popular de la provincia. Su masividad y organización es una cosa del pasado, como consecuencia de una grave falencia de su estrategia y dirección, y como resultado de su burocratización e integración al Estado capitalista. La mayoría de las direcciones sindicales y de los desocupados se ha subordinado al gobierno, que ha ejercido para eso una activa política de cooptación y de corrupción. La consecuencia ha sido un marcado retroceso social y organizativo, y la división y la fragmentación. Fellner aprovecha la domesticación de las direcciones cooptadas para apelar a la represión de las luchas, como ha ocurrido con el reciente plan de lucha de la CCC. Al interior de muchas organizaciones que se habían destacado en un pasado reciente por la combatividad, se han formado verdaderas burocracias. La crisis política de dirección del movimiento popular constituye para el Partido Obrero la característica fundamental de la situación de Jujuy en el momento actual. Caracterizamos que esta crisis es el resultado de la falta de independencia política de esas organizaciones — no solamente de la CGT sino especialmente de la CTA y de la CCC. Las direcciones de estas organizaciones, incluso cuando se llaman clasistas, no plantean la intervención autónoma de la clase obrera y de los trabajadores en el plano político, o sea con relación al Estado capitalista y a los partidos patronales. En la mayor parte de los casos operan como complemento de algún partido ‘popular’, o sea de un partido patronal, como el justicialismo, el radicalismo o el centroderecha y centroizquierda. La subordinación política a los partidos de los explotadores es un freno brutal a la capacidad de iniciativa de las organizaciones del pueblo y de su capacidad para organizar a grandes contingentes de las masas. Esa falta de independencia se ha transformado en cooptación directa por parte del poder del Estado. El Partido Obrero llama a romper con los partidos patronales y con el Estado capitalista; a establecer la independencia obrera; y a formar un gran partido propio de la clase obrera de Jujuy — capaz de oponer al poder del capital la lucha indomable de los exploados. Sobre esta base, el Congreso del Partido Obrero de Jujuy llama a las organizaciones que luchan a preparar una gran asamblea provincial de trabajadores desocupados, ocupados y juveniles para impulsar un plan de lucha por el derecho al trabajo, la contratación laboral de los desocupados por medio de Bolsas de Trabajo, por un salario mínimo de 1.800 pesos, por la jubilación del 82% móvil. El Partido Obrero tomará iniciativas prácticas en esta dirección en todos los pueblos y localidades. 5 El Congreso del Partido Obrero llama la atención acerca de la gravedad de los actos de represión del gobierno de la provincia. En atención a esta circunstancia llama a organizar el próximo 1° de Mayo con las consigna “Abajo la Represión, Fuera la Gendarmería de Las Heras, satisfacción de las reivindicaciones populares”. El 1° de Mayo debe ser la oportunidad de un gran acto unitario e independiente de los patrones y del gobierno. Ante el abandono de los pueblos: Asambleas Populares 6 El Partido Obrero realizó su Congreso en medio de las catástrofes y tragedias que han afectado a las localidades de Palma Sola y Santa Clara, en el Departamento de Santa Bárbara y de San Juan de Dios, en el departamento de San Pedro; así como de la amenaza de derrumbes de escuelas y hospitales que fueron denunciados en la ciudad de San Pedro. Mientras los presupuestos de la provincia y de la nación subsidian las inversiones para sacar la producción de los pulpos sojeros y azucareros y para entregarles el sistema ferroviario, se deja al pueblo de la provincia literalmente bajo la intemperie. Los graves problemas de infraestructura se agravan como consecuencia de la depredación del medio ambiente por parte de los pulpos capitalistas y también por parte de capitalistas menores en alianza con los intendentes. Denunciamos los permisos indiscriminados de tala obtenidos con la complicidad del Municipio, con riesgo para sus pueblos, como parte de los métodos de corrupción reinantes. Ante esta gravísima situación el Partido Obrero reclama la constitución inmediata de un Fondo de Reparación Popular, mediante un impuesto extraordinario a los pulpos provinciales, bajo control de los trabajadores. Llama también a los vecinos de los diferentes municipios a autoconvocarse en Asambleas Populares para formar comités de emergencia que tomen en sus manos las tareas de reconstrucción de ciudades, viviendas, escuelas y hospitales y enjuicien los negociados de las autoridades. Recogemos el reclamo de numerosas comunidades a tener un hospital cercano con niveles de complejidad adecuados. El Partido Obrero vota una declaración de solidaridad política con los vecinos siniestrados de Palma Sola y de Santa Clara. 7 Hacemos una convocatoria a las mujeres trabajadoras de Jujuy a organizar desde ya la participación en el Encuentro Nacional de la Mujer a realizarse en octubre en nuestra provincia. Proponemos asambleas y reuniones para elaborar una plataforma reivindicativa por la igualdad de salarios, por la atención libre y gratuita, por la entrega gratuita de preservativos, por el derecho al aborto, por el salario al ama de casa. 8 El Partido Obrero resuelve apoyar a los jóvenes en la formación de centros de estudiantes y coordinadoras secundarias para luchar por becas, por bibliotecas, por la refacción de los colegios, por el cese de la enseñanza confesional religiosa, por una educación laica, científica y gratuita. Subrayamos la importancia de la lucha de los compañeros docentes por un salario básico de 850 pesos y denunciamos la entrega de las principales reivindicaciones de maestros y profesores por parte de las burocracias sindicales de Ctera, cuya dirección ha sido cooptada por Kirchner y Filmus. Denunciamos también la destrucción de la educación por parte del Estado, que ha pasado de una reforma educativa repudiada por la comunidad educativa a la anulación unilateral e inconsulta de esta reforma, desorganizando aún más la desorganizada actividad escolar. Apoyaremos desde nuestro Partido y por medio de Tribuna Docente todos los esfuerzos por preparar planes de lucha para obtener las reivindicaciones y para que los sindicatos docentes sean dirigidos por compañeros consecuentes. Construyamos el Partido de la Clase Obrera 9 Todo el análisis de la situación de nuestra provincia lleva a una inevitable conclusión: hay que construir un partido de la clase obrera, o sea una alternativa de poder a la clase capitalista, su Estado y sus partidos, y un polo de organización y centralización de las energías y luchas de la clase obrera. El peronismo ha agotado hace mucho su capacidad para canalizar parcialmente las energías del pueblo y plantear una limitada solución a los problemas nacionales. Ha concluido como una fuerza exclusivamente regimentadora. Como taparrabos de la explotación de los grandes capitales nacionales e internacionales. Como liquidador de conquistas obreras. Como privatizador. El pueblo no puede pretender ningún progreso sin la construcción de un partido de la clase obrera y un gobierno de trabajadores. En las elecciones de octubre pasado un parte de la vanguardia obrera manifestó su interés por la construcción de un partido propio al votar significativamente por el Partido Obrero. Llamamos a todos los luchadores a debatir con nosotros las conclusiones políticas de nuestro primer Congreso y a incorporarse al Partido Obrero para acelerar la fructificación de nuestros esfuerzos y aspiraciones. San Salvador de Jujuy, 7 de abril de 2006 San Pedro, 8 de abril de 2006 Locales del PO Alsina 67, San Pedro Hipólito Yrigoyen 96, San Salvador

En Las Heras se han vendido más de 100 ejemplares de cada uno de los dos últimos números de Prensa Obrera. La cifra es de una gran importancia por las condiciones en que se coloca y el tipo de discusiones que se suscitan. “Piquetear” en Las Heras es casi una proeza: no hay gente en las calles, no hay centro comercial, no hay bares, cines, ni nada que se parezca. Hay que estimar si el viento, la lluvia o el frío permiten salir a hacer la recorrida y recién allí largarse a “la aventura”. En el puerta a puerta aparecen las sorpresas y se establecen valiosas relaciones que explican un poco el porqué de esta cuna de grandes luchadores. La mayoría de los obreros calificados provienen de otras provincias, han pasado por la experiencia de luchas fabriles importantes; muchos de ellos tiene las experiencias de las huelgas históricas del Chocón, de Sierra Grande, o del Turbio. Otros hicieron su propia experiencia como “piqueteros” pues ha sido la única manera con la que encontraron un trabajo. Los compañeros, en general, conocen al Partido Obrero por su actuación en la provincia y a nivel nacional. Hay un nivel importante de información de los conflictos nacionales, pues la TV es casi la única distracción en Las Heras. Al piquetear, no hay forma de quedarse mucho tiempo conversando. En la mayoría de los casos la puerta se franquea y los compañeros invitan a pasar a exponer lo que dice el Partido. Se crea una situación a veces insólita, pues hay centenares de casas alquiladas por las empresas a trabajadores y al entrar se van armando de modo natural verdaderas reuniones políticas donde se escuchan y debaten los planteamientos del Partido. Las prensas luego viajan a los comedores de los yacimientos, y esto va enriqueciendo la posibilidad de más y mejores datos sobre la brutal explotación de las petroleras. Cuando en la Prensa Obrera Nº 939 denunciamos todo el proceso de tercerización, nos señalaron que omitimos algo de igual gravedad, que es el régimen de contratos dentro de las propias empresas petroleras, que duran un año y afectan tanto a técnicos como al personal administrativo. Centenares de trabajadores calificados viven su finalización como una espada de Damocles, pues con el contrato también se pierde la casa alquilada. Los compañeros señalan: “antes nos callamos, ahora nos rebelamos”; como lo hace también en estos momentos toda la administración pública de Santa Cruz, que tiene sus básicos congelados desde hace 15 años. La Prensa Obrera en Las Heras se vende como pan caliente. Claro que para ello hay compañeros y compañeras que realizan esta tarea con verdadera fuerza revolucionaria. Nuestro reconocimiento a Pamela, Rosa, Lía, Blanca Daniela y Martín por la gran tarea de hacer penetrar la prensa del Partido Obrero.

Desde hace meses se vienen produciendo protestas obreras de todo tipo en el Cordón Industrial por los salarios (aceiteros, docentes, municipales), para incluir a los tercerizados en los convenios, por despidos (aceiteros, sanidad), por violación patronal de convenios ya firmados y despidos (ICI), etc. Hubo cortes y movilizaciones. A partir del 10 de marzo comenzó a reunirse un Plenario de Secretarios Generales de una docena de Gremios de la CTA y CGT, en el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo. El 7 de abril se convocó a una reunión plenaria de delegados a la que concurrieron 190 delegados de fábricas y estatales, los sindicatos aceiteros de San Lorenzo y Rosario, Municipales de Bermúdez, Atilra, Amsafe Rosario y San Lorenzo, ATE (Hospital Baigorria), UOM Villa Constitución, Empleados de Comercio de Rosario, ICI, Sulfacid. La presentación la hicieron la CGT San Lorenzo y la CTA de Rosario y Villa Constitución. Pablo Reguera, adjunto de la CGT de San Lorenzo, pidió que las comisiones que comenzaban a reunirse debatieran el paro para el día 12 de abril. Tuvo lugar una lucha política en las comisiones para incluir las denuncias a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, para que se ratifique el paro anunciado como inicio de un plan de lucha. El sector del ARI, Paulón de UOM Villa Constitución, Santillán de Sulfacid y el MIC, se oponían a medidas de acción. En la reunión plenaria Santillán se opuso a “un plan de lucha”. Cuando se reabre el debate, el directivo cegetista que había anunciado el paro, bajo una evidente presión, modifica su posición y plantea que la CGT San Lorenzo se reúna el lunes y saque allí una medida de acción para el miercoles. Un delegado del PO mociona que el plenario apoye la medida que resuelva la CGT; el plenario vota a favor. En el transcurso de los debates se acercaron varios activistas que compartían nuestras posiciones e hicieron bloque con nosotros en las comisiones. Terminada la deliberación, el Plenario fue a ICI, donde los obreros están desde hace 15 días luchando contra los despidos. Allí se cortó la ruta, hablaron compañeros de la fábrica y planteamos la necesidad de una lucha de conjunto en el Cordón y el paro general. La llegada de la columna del Polo de Rosario y el Cordón fue calurosamente recibida por los obreros de ICI. Se improvisó un acto, siendo ya de noche; esperamos, saludamos y recibimos a la columna del Sindicato municipal de San Lorenzo que llegaba de otra movilización. El lunes, la CGT votó el paro por 24 horas en todo el Cordón con cortes de ruta en defensa de los reclamos de ICI. La conmoción ha sido tan grande que la propia Amsafe (filo ARI) ha llamado a deliberar con un planteo de paro de 2 horas por turno; de allí arrancamos el apoyo de 19 departamentos de toda la provincia, que seguirán lo que resuelva Amsafe San Lorenzo. El martes vamos al plenario de Amsafe San Lorenzo con el planteo de que la docencia pare 24 horas iniciando un plan de lucha.

La mesa de negociación entre Aten y el gobierno se cerró con un acuerdo que otorga 12 pesos “extras”. Luego de 29 días de huelga, de cortes de ruta en varias localidades, de puebladas y del bloqueo de la destilería en Plaza Huincul, esos doce pesos son una burla. Ese acuerdo fue la puntada final de una serie de episodios que protagonizó la dirección provincial de Aten para poder imponer que las asambleas (con excepción de la seccional Plottier) aprobaran el acuerdo. Hecho uno Ha quedado registrada la presión de la directiva provincial de Aten contra el corte de ruta de Rincón de los Sauces. Poco a poco se conocen los detalles del desalojo por la patota parapolicial. Distintos compañeros de Cutral Co y Plaza Huincul denuncian que, a pesar de saber que el jueves 30 era el “día D” (ya que si continuaba el bloqueo, la destilería debía detenerse, con grandes costos para Repsol), durante todo el día la directiva provincial no garantizó la llegada de refuerzos al piquete y mandó de vuelta a Neuquén a los que habían llegado la noche anterior. Hecho dos Antes de eso, la directiva había rebajado el pliego reivindicativo al solicitar sólo el pase del presentismo al básico, cuando las asambleas decían “todos los adicionales al básico”. El gobierno tardó apenas 24 horas en registrar el retroceso: el 23 de marzo emitió el decreto 450/06 por el cual el incentivo se incluye en el recibo de haberes (para inflar artificialmente el salario de bolsillo). Eso sí, liquidándolo con el descuento de la cuota sindical que va a las arcas de Aten y que la directiva provincial administra “manu militari”. Luego, apenas iniciada la mesa de negociación, también desapareció hasta el reclamo del pase del presentismo al básico, que fue canjeado por un aumento de 114 pesos en el básico, pero descontando esa suma de adicionales que ya se pagan. Resultado: doce pesos. Tampoco se mantuvo otro punto que las asambleas habían votado como “no negociable”: el no descuento de los días de paro y el aumento de 200 puntos (70 pesos) a los auxiliares de servicios. La directiva proclamó la victoria (y lo festejo así) apenas estampó la firma en un preacuerdo que sólo conseguía 12 pesos a cambio de levantar “todas las medidas de fuerza directa e indirecta”. Algunas seccionales adictas a la provincial convocaron a asambleas esa misma noche y los compañeros votaron aceptar lo que parecía la obtención de un aumento mucho mayor. Hecho tres Las sucesivas asambleas de la seccional Plottier venían marcando otra política: reforzar los cortes y defender con uñas y dientes el bloqueo de la destilería; sostener el pliego inicial y no rebajar el reclamo en tanto la huelga y los cortes estuvieran en pie y fuertes. Se armó entonces un frente de seccionales y agrupaciones partidarias de obtener un acuerdo “por algo”; la seccional Plottier fue desplazada de la mesa de negociación. La comisión negociadora de Aten quedó así conformada por los Azules y Blancos de la provincial, los Rojinegros de Centenario, la Lila de Senillosa, la Azul de Cutral Co y la Naranja de Capital, contando con el aval explícito y abierto de la Celeste de El Chañar y la Rosa (minoría de Capital), con el apoyo del MST y el PTS. Este último firmó una solicitada con todo el arco kirchnerista y la directiva provincial donde se pronuncia “por la urgente solución de la crisis educativa que se expresa en los reclamos edilicios y salariales”, pero evita cuidadosamente expresarse a favor de dichos reclamos. Sólo la asamblea de la seccional Plottier rechazó el acuerdo de los doce pesos y reivindicó el pliego con el cual se entró a la mesa de negociación. Hecho cuatro Dos jefes policiales de Cutral Co denunciaron en sede judicial que recibieron órdenes de “liberar la zona” el día en que la patota atacó el bloqueo de la destilería. Y fueron más lejos aun, ya que denunciaron, con nombre y apellido, que integraban esa patota policías del servicio de informaciones de la Provincia, funcionarios y hasta delincuentes comunes. El poder político del más alto rango (gobernador, jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad, así como la plana mayor de la Policía) impartió las órdenes y organizó la patota. Sólo la seccional Plottier emitió un comunicado exigiendo la renuncia de la ministra y de la cúpula policial, a la vez que reclamó una comisión independiente y una movilización a Casa de Gobierno. Al momento de escribir esto, a más de 48 horas de las denuncias, aún la directiva provincial no ha convocado a nada. No se siente conmovida por las denuncias y no se siente en la obligación de asestar un golpe político al gobierno, apelando a la base del sindicato y a la ciudadanía democrática que repudia el patoterismo. Conclusión Devaluación del pliego, maniobras para quebrar los piquetes más fuertes que apoyaban la huelga. Retiro del pliego, aun del devaluado, de la mesa de negociación. Ocultamiento del contenido real de aumento del acuerdo. Sólo así se pudo evitar una victoria de los trabajadores de la educación de Neuquén y que se quebrara el techo salarial impuesto por el pacto Filmus-Yasky. No de gusto el principal dirigente de la Celeste dijo en el plenario: “Este acuerdo implica que por fin nos dejamos de pelotudear con el pedido de un salario igual al costo de la canasta familiar”. La paleta cromática no miente: la combinación del Azul y el Blanco nos da... Celeste.

Aunque hace ya un mes que la Convención de El Bolsón comenzó a sesionar, continúa empantanada en el debate de su “reglamento interno”. Al partido gobernante no le basta con tener la mitad más uno de los convencionales (8 sobre 15); necesita, además, acallar las voces opositoras, particularmente la del PO, para evitar que se denuncien los negociados descomunales que se pretenden habilitar con la reforma de la Carta Orgánica. Para asegurar estos objetivos pretenden imponer un reglamento que limite el debate y los sustraiga totalmente del control popular. Impusieron el funcionamiento en “comisiones”, limitando la intervención de los opositores; en estas comisiones se realizará el debate “preliminar” de las diferentes propuestas, que sólo podrán ser aprobadas (o rechazadas) por la Convención en sesión plenaria. El Partido Obrero propuso un funcionamiento plenario y público de la Convención, que permita a todos los convencionales debatir todos los temas, y garantice la participación y el debate de la comunidad. Tuvimos un duro enfrentamiento alrededor del quórum necesario para que sesione la Convención. Los radicales planteaban que bastaba la mayoría simple (lo que les permitiría sesionar al margen de toda oposición); los demás partidos exigíamos los dos tercios. Fue necesario que nos retirásemos de la sesión y denunciáramos públicamente estas arbitrariedades. Finalmente, primó el criterio de los dos tercios para la primera llamada; mientras que en segunda llamada la Convención sesionará con los convencionales presentes. Este debate ha vuelto a plantearse, ahora con relación a los votos necesarios para aprobar los proyectos que se presenten. El Partido Obrero no renunciará a presentar todos los proyectos que crea necesario, aun como despachos en minoría, y a pelear por ellos en el ámbito de la Convención, superando el escollo de las comisiones, y apelando al pronunciamiento y a la movilización del pueblo trabajador de El Bolsón, convidado de piedra en esta Convención patronal. Las mil y una chicanas con que los radicales pretenden “garantizar” el disciplinamiento absoluto de la Convención a los intereses de los capitalistas extranjeros y nacionales que se beneficiarán con los negocios inmobiliarios (y otros) que habilite la nueva Carta Orgánica, mantienen paralizada la Convención. Mientras tanto, el Partido Obrero ha recorrido las diferentes tomas de terrenos, distribuyendo la propuesta que presentaremos sobre este tema, con el objetivo de discutirla y completarla con el aporte de los compañeros afectados. En la semana estuvimos en las tomas Primavera, 25 de Mayo, La Pampita (pegada al local del Polo), Tierra y Dignidad y en la reciente toma de Los Repollos. Fueron distribuidos más de un centenar de ejemplares del proyecto. Realizaremos las reuniones y asambleas en las diferentes tomas para discutir nuestra propuesta y la manera de llevarla adelante. Un paso importante será conformar una coordinadora de tomas, para organizar la lucha en una escala superior. El Partido Obrero mantiene un espacio de radio semanal (los lunes a las 10:30 horas) y comenzará a editar un “Informe semanal al pueblo de El Bolsón” sobre su actuación en la Convención.