Prensa Obrera N° 940

“Qué ironía: yo estaba en una exposición de diseño textil a la misma hora del incendio ”. El comentario de Enrique Rodríguez, ministro de Telerman, fue seguido por una pregunta que no tuvo respuesta: “Las vestimentas de esa exposición, ¿estaban hechas en talleres clandestinos?”. El incendio criminal del taller de Caballito volvió a mostrar la trastienda de la capital “fashion” del diseño, el turismo, la hotelería, la “cultura” y el juego, fogoneados hoy por Rodríguez y Telerman, pero impulsados por Ibarra y sus antecesores. El trabajo “esclavo” en los talleres textiles es el último eslabón de una larga cadena de trabajo en negro, sobre el que reposa el ‘boom’ económico de la ciudad. Las cadenas hoteleras están repletas de jóvenes pasantes, superexplotados y sin estabilidad laboral. El comercio, ‘la noche’ y, por supuesto, las “industrias culturales”, se nutren de trabajadores tercerizados y en negro. Un 40% de la fuerza laboral de la ciudad trabaja en alguna de estas variantes. El primer negrero es, por supuesto, el propio Estado, a través de los contratos, pasantías y los planes Jefas y Jefes que pueblan los hospitales y las escuelas. El trabajo en negro sólo tiene “prensa” a la hora de la muerte. En el año 2000, una seguidilla de accidentes fatales en obras de construcción terminó con una interpelación legislativa al secretario de Trabajo, Tello Rozas. Allí, Altamira denunció al gobierno y al sistema laboral vigentes como “agentes del régimen de privatización de riesgos del trabajo”. En aquel momento, denunciamos que la Ciudad contaba con 50 inspectores para la Policía del Trabajo. Hoy, según se reveló en estos días, son 51. En esa comisión de Trabajo estaban Enrique Rodríguez y Alberto Fernández. Telerman, con “t” de tallerista Si la masacre de Caballito hubiera ocurrido antes del desenlace del juicio a Ibarra, ni los legisladores ibarristas habrían quedado con “resto” para intentar salvarlo. Telerman, en cambio, se mostró “indignado” ante los hechos del viernes pasado, como si hubiera aterrizado ayer. La “reacción” de Telerman no alcanza, sin embargo, para tapar esta asociación ilícita entre el Estado y los explotadores, que reitera, paso por paso, la trama de Cromañón. El taller incendiado se encontraba habilitado bajo la sugestiva categoría de “dador de trabajo sin empleados a su cargo” (sic), una fórmula que en sí misma legaliza el empleo en negro. De todos modos, las responsabilidades políticas no se limitan al gobierno porteño, ya que la red de inmigración ilegal de bolivianos no podía montarse sin la complicidad del Ministerio del Interior de la Nación. Un ex funcionario de la “Dirección Nacional de Migraciones, Carlos Sapere (..) denunció haber recibido la orden de ‘no controlar los talleres’ donde trabajaban extranjeros en situación de ilegalidad, por lo que renunció a su cargo” (La Nación, 4/4). Aníbal Fernández debe renunciar. La red de trabajo “esclavo” que escandaliza hoy a los Telerman y Rodríguez ha sido montada con toda las garantías de la legalidad estatal, en beneficio de las grandes cadenas de confecciones textiles que alimentan los shoppings y grandes galerías comerciales de la ciudad. Extorsión Desde que ocurrió el incendio, los funcionarios braman contra el trabajo “esclavo” o “feudal”. Para ellos, la explotación de bolivianos es un “exceso”, al que cuidadosamente despegan de todas las otras variantes de precarización del trabajo. Pero ningún funcionario ha exigido la efectivización y blanqueo de todos los trabajadores en negro. La aspiración “de máxima” del gobierno es ofrecer a los talleristas la transformación de “sus” inmigrantes en monotributistas, es decir, una forma “legal” de trabajo en negro. Pero incluso esa posibilidad exigiría la documentación inmediata y gratuita de los compañeros, algo que sólo puede costear una minoría. En ese cuadro, la “salida” del Estado es la clausura de talleres, ante la desesperación de los que viven y trabajan en ellos. Sus patrones, en cambio, saben que será cuestión de “aguantar” unos días, o de reabrir en otro lado. “Trabajo esclavo, o ningún trabajo”, es el mensaje de los talleristas. Con este planteo, movilizaron a sus trabajadores el pasado lunes 4. La crisis planteada exige, sin embargo, un programa independiente respecto del Estado y de los talleristas. Exijamos, en primer lugar, el blanqueo automático de los trabajadores por el solo hecho de denunciar, por carta documento gratuita, su situación laboral precaria. El Estado debe garantizar la estabilidad laboral del denunciante. Los talleristas dicen que “con blanqueo, deben cerrar”. Pero la mayoría de ellos provee a las grandes cadenas de ropa de marca, que multiplican por ¡300! el pago por prenda que percibe el trabajador textil. Para sostener la garantía estatal a los trabajadores blanqueados, el Estado debe abrir los libros de toda la cadena textil e imponer impuestos progresivos a los comercializadores de “marcas”. Con este programa, junto a la documentación inmediata y gratuita para todos los inmigrantes, tenemos que preparar una gran movilización sobre el gobierno e interesar en ella a todas las organizaciones obreras combativas de la ciudad.

Los diputados del PO Claudio Del Plá, Patricia Poblete y Pablo López se instalaron en Orán para participar este viernes (31/3) por la mañana de una conferencia de prensa y por la noche de un acto-festival en la plazoleta del Mercado de Abasto oranense, en solidaridad con los reclamos de trabajadores y niños trabajadores que sufren la violación de sus derechos laborales. Los diputados del PO se constituyeron en Orán para respaldar a la concejal Josefa Cardozo, que está siendo perseguida — se la quiere dejar fuera del Concejo — por haber respaldado las denuncias contra el trabajo infantil y el trabajo en negro en el ingenio. Con el propósito de sancionar a la concejal se ha convocado a una sesión especial, y diversos sectores de la comunidad han anunciado que se movilizarán para impedirlo. Los diputados del PO no estarán en la sesión preparatoria de la Legislatura salteña del viernes 31. Porque el trabajo en negro constituye una práctica impulsada y avalada por el poder político en Salta, que paga la mitad de los haberes de los empleados en negro y que tiene a cientos de jefes de hogar sin derecho alguno cubriendo puestos de planta en hospitales y escuelas... La batalla contra el trabajo en negro y el trabajo infantil es para el pueblo de Salta y, por supuesto, para el Partido Obrero una causa que debe unir a todo el pueblo.

Hace muchos años estuve en un Congreso de la UJS (creo que en 1996), pero luego perdí contacto con el Partido. Igualmente siempre los voté y seguí a través de Pitrola o Altamira en la tele. Hace mucho tiempo que no iba a una marcha, pero estos 30 años eran especiales. En todos lados salió lo de la marcha y se presentaron programas especiales (hasta en el del facho de Hadad). Me causaron indignación algunos informes de medios, y en especial la manipulación de algunos organismos contra los que luchan. Los que fuimos a la Plaza estábamos no sólo por la memoria sino por todo lo que está pendiente. En la marcha, le compré a una compañera los últimos dos números de la Prensa Obrera. Me sorprendió que estuviera a color y con fotos (¡!). Muy buenos artículos. Me gustaron, en especial, los de Gabriel Solano y Matías Villar sobre el 24 de Marzo, el discurso de Altamira y el reportaje sobre Mercedes-Benz. Muy buenas las prensas. Sigan así compañeros. Sigan luchando y politizando, como hacen siempre.

Desde hace cuatro años, en la plaza Amaya (Constitución y Colombres) se reúne la Asamblea de Vecinos y Trabajadores Ocupados y Desocupados “Boedo en Lucha”. Nuclea a más de 200 familias del barrio, que allá por 2002 se organizaron para defenderse de los continuos ataques de los gobiernos de turno. Con el tiempo, la Asamblea maduró y comprendió que era necesario formar parte de una organización de lucha de alcance nacional, que levanta un programa reivindicativo y político. Por eso, a partir de julio de 2003 pasamos a integrar las filas del Polo Obrero. A partir de esta resolución, la Asamblea comenzó a recibir constantes ataques e intimidaciones, primero de parte de la brigada de calle de la Comisaría 10ª, y posteriormente por espectaculares despliegues policiales que tenían la intención de amedrentar y dispersar a los asambleístas. A los ataques respondimos con más lucha y organización. Por la vía administrativa trataron de encorsetar nuestras reuniones con pedidos de permisos a organismos estatales. Ahora, el Gobierno de la Ciudad nos lleva a juicio oral en la Fiscalía Contravencional de la Ciudad. El juicio comenzó el 28 de abril; ese día marcharon al tribunal más de cien compañeros, con banderas del Polo, del PO, de la Fuba y de distintas asambleas. La intimidación policial no ha cesado, la Fiscalía Contravencional a cargo del doctor Galante envió en varias oportunidades patotas de civil de la Policía Federal, que han intentado suspender nuestras reuniones, alegando ruidos molestos. ¡Qué cretinismo! Nunca llevaron elementos para efectuar un peritaje. Nuestras reuniones se realizan en uno de los lugares más ruidosos de la Capital Federal, ya que la plaza es lindante con la autopista (Ausa). A esta empresa no se le endilgan “ruidos molestos” o vibraciones que ponen en peligro la estructura edilicia del barrio de Boedo. En cambio, a los vecinos y trabajadores que nos organizamos en la Asamblea, el gobierno nos lleva a juicio. ¡Hipócritas! Los responsables políticos de Cromañón quieren cercenar nuestros derechos aplicándonos un artículo de ruidos molestos del Código Contravencional. ¿Le aplicarán el mismo trato a los subtes de Benito Roggio, donde es imposible viajar todos los días sin quedar sordo? ¿Le aplicarán a Chabán los “controles” que hoy nos quieren imponer? Esto se trata lisa y llanamente de una tentativa violatoria del derecho a organizarse y reunirse de los luchadores populares, a veces con argumentos legales; otras, aplicando políticas represivas abiertas, como a los petroleros de Las Heras.

La provocación montada por el ingenio El Tabacal para destituir a la concejal del PO, con la intención de aplastar la lucha de los jornaleros contra el trabajo en negro y el trabajo infantil, ha tenido un efecto boomerang. La presencia del bloque de diputados del PO en Orán, la agitación y las actividades realizadas, han causado un gran impacto. Los pronunciamientos de solidaridad con esta lucha y con la compañera Josefa no paraban de ingresar al Concejo Deliberante o de escucharse en las distintas radios. Ante esto, el PJ y el PRS decidieron levantar la sesión especial del lunes. El trabajo en negro y el trabajo infantil constituyen un componente orgánico de la producción del ingenio, que terceriza de este modo casi todo el trabajo agrario. La empresa “arregla” con los contratistas un pago miserable “por tarea”, que sólo cierra si se hace con mano de obra casi esclava y trabajo infantil. El ingenio ha dejado parados por ahora a algunos contratistas, para obligar a que los jornaleros reclamen volver a trabajar aunque sea en cualquier condición. Obliga en algunos casos a que los trabajadores sean monotributistas, por lo que ellos mismos se tienen que pagar los aportes y cuando dejan de trabajar quedan en deuda con la Afip. Los chicos siguen ingresando a los campos, pero por entradas laterales que no tienen control de la guardia del ingenio, para disimular su responsabilidad. También el Estado promueve el trabajo en negro. En Orán hay casi doscientos changarines que trabajan para el Municipio y otros tantos beneficiarios de planes que trabajan en el Hospital. El PO se propone organizar a los jornaleros del ingenio para reclamar su reincorporación a las tareas paralizadas por la empresa, blanqueo a cargo de ésta, con los materiales y la ropa adecuada. Vamos a combatir con todo al trabajo en negro en el Municipio, reclamando el blanqueo de todos los changarines y que la plata necesaria se incorpore en el presupuesto próximo a tratarse. Hay que retomar también la lucha del Hospital, que obtuvo una victoria parcial hace poco más de un año con la organización de un Cuerpo de Delegados de los 180 Jefes y Jefas sin los cuales el Hospital no podría funcionar, o los cientos de ordenanzas de escuela y preceptores que trabajan en las mismas condiciones. El impacto que provoca la explotación infantil ya ha logrado que algunos docentes hayan tomado la iniciativa de hacer actividades sobre el tema con sus alumnos. Vamos con todo a organizar jornadas contra el trabajo infantil, con los docentes en las escuelas, con los pibes, con los artistas organizando festivales y jornadas, y con una serie de jornadas de lucha. Está planteada la necesidad de organizar a la juventud para imponerle al intendente Barbera que ponga la plata para las becas, como lo establece la ordenanza que está vigente y que surge de un proyecto del PO. Que el ingenio sea obligado a hacer una contribución especial a los municipios para financiar un plan de becas que llegue a todos los chicos que las necesitan. La victoria parcial obtenida contra este poderoso ingenio, cuyo gerente es un ex funcionario de Romero y actual presidente de la Unión Industrial de Salta, debe ser un impulso para sacar al pueblo del sometimiento de largos años y acabar con la explotación infantil y el trabajo en negro.

El 24 de Marzo, el Partido Obrero de Tandil se movilizó por las calles de la ciudad en repudio a los 30 años del golpe militar. Una gran columna de manifestantes integrada por militantes de la CCC, PC, FJC, Partido Humanista, Partido Socialista, entre otros, junto a la gente del PO, se hizo oír entre batucadas y cánticos. Al frente de la marcha, los compañeros Mauricio y Marco portaban junto al estandarte partidario una gran bandera que repudiaba la represión en la ciudad de Las Heras. Luego, concentrados en la plaza principal, se dio paso a los discursos alusivos a la fecha, entre los cuales se destacó el redactado por nuestro compañero Germán Olivera, de encendido contenido político, que fue vivado por la concurrencia presente, estimada en unas mil personas, aproximadamente, cifra no menor teniendo en cuenta el carácter conservador de la ciudad. Cabe destacar la buena predisposición de las diferentes agrupaciones de la izquierda tandilense que organizaron el acto y la firme convicción de converger comúnmente en las luchas que se avecinan.

Tuvieron que morir seis personas, entre ellas cuatro chicos bolivianos, para que la servidumbre capitalista en el trabajo ocupara los títulos de los diarios y de la televisión. Pero son centenares de miles, sino millones, los que en Argentina trabajan por 70 centavos la hora y más de catorce horas por día. Incluidos los niños. En el campo, en las empresas tercerizadas de la industria y de la minería. Lo hacen en el marco de la más completa falta de seguridad laboral y de higiene. Los accidentes de trabajo, las patronales ya los tienen descontados en la prima que pagan a las ART. El Estado es cómplice y organizador de este sistema de explotación, no en vano paga él mismo en negro, carece de inspectores de trabajo. Todo el edificio de la rentabilidad capitalista reposa sobre esta superexplotación. La descomposición capitalista retrotrae a la humanidad a una barbarie social. Pone de manifiesto que bajo este régimen no existe el progreso social como tendencia, ni la estabilidad de las conquistas obtenidas. Para los miles de millones que forman el mundo del trabajo, la única perspectiva humana es la revolución social. ¿Pero acaso no ocurre lo mismo con todas las formas de la existencia social? Kirchner y el uruguayo Tabaré aseguraron que encontrarían un compromiso entre el interés del capital y la protección del medio ambiente. Han fracasado miserablemente. Las pasteras han dejado claro que la rentabilidad de su capital es incompatible con la preservación de la naturaleza. Los asambleístas, que ya habían previsto este fracaso, vuelven a los cortes. ¿Pero de qué asombrarse cuando las papeleras y mineras están asolando el ambiente a lo largo y ancho de Argentina sin que Kirchner se mosquee? Al FMI le ha dado 10.000 millones de dólares, al saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanzas 168 millones de pesos. En momentos en que incluso la Francia primermundista protagoniza una rebelión popular en respuesta a la precarización del trabajo y de la vida, la respuesta a la servidumbre capitalista, en todos los órdenes de la vida, es organizarnos en los lugares de trabajo y de estudio, en las ciudades y en los pueblos, para luchar contra esta barbarie. Y preparar sistemáticamente una alternativa obrera y socialista.

-¿Cuáles son las condiciones de trabajo que imperan hoy en la empresa? -Habitualmente hacemos prácticamente el mismo trabajo que un empleado de Renault y cobramos menos de la mitad de lo que cobra uno de ellos: nosotros estamos en un promedio de 800 pesos y los de Renault están arriba de los 2.000 pesos. Si nosotros estuviéramos encuadrados en el mismo convenio, las diferencias no serían tan abismales. Y con respecto a las condiciones de trabajo en sí: manejamos vehículos que no tienen asiento, o con el volante pendiendo de medio bulón, sin frenos, faltan elementos de seguridad, cuando se les ocurre te dan guantes lavados (perforados, etc.). Para cumplir ellos con la empresa Renault, que les exige todas las normas de ART, ellos te hacen firmar cursos que vos nunca hiciste. Ante la amenaza de asamblea han traído gente de las otras plantas, y están sin carnet, sin ART, sin nada. -¿Cuánto hace que no obtienen un aumento salarial? -Nuestro salario está planchado desde los decretos presidenciales. Nos dieron un 5% a Camioneros hace cuatro años, pero está planchado desde que yo entré a la fábrica en 1997. Hubo unos 260 pesos extras para los transportistas de carga; nosotros no estamos dentro de ese acuerdo, pero nos lo dieron como un paliativo por la bronca que se vivía adentro de la fábrica. -¿Cómo ves en perspectiva esta lucha? -Antes, cualquier planteamiento del tipo que hacemos ahora, o cualquier visita del personal a la patronal era causal de despido. Si vos pedías una categoría que no estabas cobrando, bueno: al mes siguiente la cobrabas y al otro mes te ibas, te echaban. Ahora es distinto: estamos todos unidos. Tenemos la esperanza de que salga todo bien, que nuestra lucha triunfe. Contamos con el apoyo y la unidad de todos lo compañeros: eso es lo que nos da fuerza y seguridad para seguir.

“Salta andaba a los tumbos hasta que encontró un gobernador que le puso freno y le puso lógica política y coordinación política, y no lo va a perder (...) En su momento opinaremos sobre si apoyamos a Wayar o a Urtubey (...) los candidatos que se proponen como sucesores de Juan Carlos Romero a la gobernación...” (El Tribuno, 18/3). Esto lo dijo Aníbal Fernández. Como se ve, el ministro del Interior del gobierno del “hijo de las Madres” no vacila en sostener al capo del régimen que acumula cinco muertos por la represión en el Norte, al capo de la policía brava que reprimió a los docentes en la “Noche de las tizas”. El kirchnerismo viene al rescate del jefe del clan.

Estimado Daniel: Tanto tu carta como la polémica de Altamira son excelentes. Naturalmente, podría objetar algo de sus posiciones, pero esencialmente, extrae la falla esencial de Grant/Woods sobre la cuestión nacional en lo relativo a la Palestina ocupada. Algo que comprendí es que hay, también, una sorprendente ironía en sus posiciones. No me había dado cuenta hasta que leí tu punto sobre la posición de la CMI (corriente Grant/Woods) llamando a “…crear milicias de autodefensa bajo la dirección de la Histradut” (¡!). Ellos son todavía más conocidos en la izquierda de Gran Bretaña e Irlanda por su “oposición” a la autodefensa de las comunidades nacionalistas de Irlanda contra los fascistas naranjas y las tropas británicas… Sin embargo, apoyan a la comunidad opresora judía en la Palestina ocupada. En efecto, llaman a una de las principales organizaciones, pilar del sionismo, la Histradut, ¡a organizar los grupos de “autodefensa”! ¿Cómo puede uno responder a esto? Su uso de los “llamados a milicias sindicales” es una táctica que utilizan para mantener el equilibrio entre las clases, entre el oprimido y el opresor. En la antes mencionada situación nacional irlandesa, ellos se oponen a que la oprimida comunidad irlandesa se defienda por sí misma a través de la organización del IRA. Por supuesto, tenemos diferencias con las tácticas y estrategias del IRA en muchos niveles, pero ¿hasta qué punto los marxistas se atreven a argumentar que el IRA debiera disolverse y no proteger a las comunidades nacionalistas en el norte de su país? Entonces, llaman a “milicias sindicales para defender todas las comunidades”. Esto es una paráfrasis, y no exactamente una versión exacta de su consigna. Pero el llamado a “milicias sindicales”, a menudo dominadas por los matones fascistas naranjas, cayó en oídos sordos, “para lo que fue diseñada”. Fue diseñada para darles a ellos una postura de “unidad de la clase trabajadora”, mientras que ignoraban totalmente la cuestión nacional en Irlanda. ¡Qué asquerosamente conveniente! Durante la guerra de las Malvinas, cuando ellos estaban ocupados, pero no en construir un movimiento antiimperialista, hicieron lo mismo llamando a una “Federación Socialista de Gran Bretaña y Argentina” o alguna otra consigna semejante diseñada para eludir la cuestión de llamar a derrotar a su propio gobierno imperialista, lo cual debe hacer en primer lugar cualquier partido o tendencia que se suscriba al leninismo. Ellos fracasaron a este respecto, como fracasan ahora en Palestina. Camaraderilmente,

Hugo Moyano, y con él la inmensa mayoría de los dirigentes sindicales, ha decidido sacrificar los salarios de los trabajadores “para contribuir”, dice, “a la lucha del gobierno contra la inflación”. Lo que Kirchner no consigue arrancar a los ganaderos, a los supermercadistas, a las privatizadas de servicios diversos, se lo consigue imponer a los sindicatos, y en especial a los de la CTA de Víctor De Gennaro y Hugo Yasky. En Argentina se da el raro caso de que los burócratas más oficialistas son los de los sindicatos que tienen sus salarios virtualmente congelados, como los trabajadores del Estado. Como la CTA se jacta, además, de representar a los jubilados, a los monotributistas y a los minifundistas, se llega a la obligada conclusión de que cuanto más perjudicada es una rama de trabajo más oficialistas son sus dirigentes. El Congreso de la CTA, el fin de semana pasado, consagró la integración al Estado del llamado ‘sindicalismo independiente’, bajo la batuta de los D’Elía. Moyano firmó un convenio para camioneros que sube el salario básico, en promedio, un 16%. Es cierto que obtuvo aumentos por fuera del básico y que las patronales han debido conceder por la enorme presión desde abajo de los trabajadores. Pero el rezago del básico desprotege al trabajador en materia social y jubilatoria. Refuerza la precariedad laboral y la presión a extender la jornada de trabajo. El acuerdo no contempla ajustes por inflación, de modo que una buena parte del aumento quedará anulado. Las patronales han aceptado ir más allá de lo que pretendían, con las sumas no remunerativas, con la expectativa de que el contexto inflacionario les permitirá trasladar esos aumentos a los precios. El gobierno está aumentando tarifas con retroactividad, la del gas por ejemplo, y ha logrado la ley que lo autoriza a agregar “cargos específicos” a las facturas de servicios, con el argumento de financiar inversiones. Pero Moyano hizo más que ceder gran parte de los reclamos a la presión del gobierno: también le dio el apoyo a los matones de la Uocra que fueron a apalear maestros en Neuquén, los cuales reclamaban precisamente un aumento del salario básico. Una semana después de la golpiza, la huelga docente neuquina fue levantada. Lo de Moyano marca una pauta, quizás un techo, para el resto de la burocracia. Zanola firmó sin obtener aumentos en el básico, aunque las sumas extra-básico sean del orden del 20% debido a lo bajísimo que son los salarios de los bancarios. ¿Los bancarios también se sacrifican por la inflación? Solamente los bonos indexados, ajustados además al crecimiento de la producción, han dado a los financistas ganancias de más del 50% sobre la inversión. El Banco Central los subsidia vendiéndoles bonos o títulos propios, al punto de que la deuda financiera del Central ha llegado al nivel más alto desde el fin de la convertibilidad. Los delegados de los bancos Provincia, Bisel y Banco de Entre Ríos rechazaron el convenio bancario precisamente porque no tiene aumento sobre el básico ni cláusula de ajuste. Todo esto ocurre cuando el gobierno se ha estado negando a convocar al Consejo del Salario y a modificar el salario mínimo, que sigue en 650 pesos. Como ya ocurrió con el mínimo no imponible, cuando fue cuestionado por los petroleros de Santa Cruz, Kirchner canjearía los ‘favores’ de Moyano por una reunión del Consejo. Entre lo que demore en hacerlo y el tiempo que pasará hasta que entre en vigencia un nuevo mínimo salarial, llegaremos a junio o julio. El tiempo que pasa es la plata que se quedan las patronales. Mientras los salarios y las jubilaciones siguen por el suelo, en beneficio del ‘superávit fiscal’, los desfalcos al Anses y al Pami —denunciados por todos los diarios— siguen como si nada, comiéndose una buena parte del sacrosanto ‘superávit’. De todos modos, como lo demuestra la explotación de bolivianos y no bolivianos en todo el país, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, o de los trabajadores agrarios, y en todas las tercerizadas que trabajan para los monopolios, el salario mínimo es la mitad del oficial. La CGT, incluida la de Moyano, ha abandonado por completo a los trabajadores desorganizados, que sin embargo son mucho más de la mitad de la clase obrera. La recuperación económica pone al desnudo, aún mucho más que la crisis, el carácter superexplotador de la ‘burguesía nacional’, el carácter servicial del gobierno y el carácter entreguista y parasitario de la burocracia sindical. Nada más ilustrativo que los escasos cincuenta inspectores que tiene la Ciudad de Buenos Aires —‘podrida en guita’— para ejercer la “policía del trabajo” o lo que ocurre en Tartagal y el Departamento San Martín, en Salta, donde ni los ‘superávits fiscales’, las regalías petroleras, ni los ingresos por el juego, ni el boom agroexportador han alcanzado o servido para construir una infraestructura contra el desborde del llamado Río Seco, esto por la simple razón de que la plata se la embolsa la camarilla formada por el gobierno y los pulpos capitalistas. Lo mismo ocurre, por supuesto, en Santa Cruz o en San Juan o con los basurales de Gobernador Gálvez en Santa Fe, y así de seguido. Kirchner le ha pagado 10.000 millones de dólares al FMI, pero destinará 168 millones de pesos para enfrentar la contaminación del agua en la cuenca Riachuelo-Matanzas, por lo que demorará dos décadas la depuración del nitrato del agua. ¿Por qué sorprenderse, entonces, de que las ‘calificadoras de riesgo’ suban la ‘nota’ financiera de Argentina, a pesar de que todavía tiene 20.000 millones de dólares en default y conflictos contractuales con Aguas Argentinas? Argentina se ha reconvertido en un paraíso del capitalismo a costa de la mayor pérdida de poder adquisitivo del salario en toda la historia y de una superexplotación que no tiene precedentes. Pero no solamente se acentúan los desequilibrios sociales. La inflación tiende a acelerarse y aún falta el aumento de las tarifas. El generoso ‘superávit fiscal’ tiene una contrapartida en el déficit ‘cuasi-fiscal’ del Banco Central, un déficit que tiende a crecer como consecuencia de la compra de divisas con que se busca recomponer el pago adelantado al FMI. La deuda externa crece a un ritmo de ocho mil millones de dólares al año, tanto como consecuencia de su ajuste por inflación como de la toma de nueva deuda en los mercados internacional y nacional. Moyano y De Gennaro sacrifican los salarios y las condiciones laborales contra una perspectiva que no es de estabilidad, ni mucho menos progreso social, sino de desequilibrios más intensos y más crisis. Está planteada otra vez más, al rojo vivo, como un enorme problema para la clase obrera, la cuestión de la integración de las organizaciones populares al Estado y la cooptación de sus dirigentes y de nuevos arribistas al elenco kirchnerista. La independencia de la clase obrera con referencia al Estado, o sea la clase capitalista organizada y centralizada, es vital para salir de la miseria social. El camino lo han mostrado los petroleros de Las Heras y todos los movimientos sindicales que han roto con la burocracia. Lo muestran los asambleístas de Gualeguaychú y Colón, que si hubieran ido a la rastra del gobierno se hubieran tenido que resignar a vivir como viven los compañeros de Villa Inflamable, en el Dock Sud. Pero la independencia de las masas del Estado sólo puede avanzar, no si procede aisladamente, sino de conjunto, en la lucha contra el Estado. Por eso la tarea de todo este período es construir un partido político de la clase obrera.

El jueves, la patronal puso en marcha el supuesto proceso de reactivación de Parmalat. Desde ese momento, se implementaron las famosas “licencias” (suspensiones) a 70 compañeros, quienes supuestamente van a gozar del 100% del salario mientras se encuentren suspendidos; a medida que la empresa empiece a producir, van a llamar a los supendidos para que recuperen sus puestos de trabajo (según consta en el acta del Ministerio de Trabajo). Todo esto es una maniobra de la patronal para llevar adelante su plan de reestructuración. A los sectores de reposición, preventistas y el área administrativa les está ofreciendo un retiro voluntario — no interesa la cantidad de años de antigüedad, la suma va de 8.000 a 10.000 pesos — , obviamente con telegrama de renuncia en la mano. En Chascomús ha quedado un grupo reducido de trabajadores, seleccionado por la burocracia. Este pequeño grupo de trabajadores se encuentra reacondicionando la planta sin gozar de los servicios de luz y gas, y ni siquiera tener los elementos básicos de seguridad o contar con la ART. Esto demuestra que la seccional Chascomús de Atilra, encabezada por su secretario general y miembro del Consejo Directivo nacional, Ricardo “Vasco” Pechote, vuelve a entregar a los trabajadores a la explotación, diciéndoles que con el nuevo patrón — que nadie conoce — vamos a estar mejor. En Pilar, la situación es similar a la de Chascomús. La empresa quiere tercerizar el sector de leche en polvo a un grupo empresario venezolano. Si estas versiones son ciertas, necesitaría menos de 50 compañeros; el resto quedaría licenciado, como los 70 compañeros que ya están en esas condiciones. ¿Cómo es posible que la supuesta “reactivación” que propagandizan la patronal y “Etin” Ponce se lleve a cabo con semejantes contradicciones? Si están obligando a todo el área de ventas a renunciar, esto deja en claro una vez más que se pretende trabajar con la menor cantidad de trabajadores y que el mercado interno no les interesa. Lo único que quieren es secar leche en polvo para exportar. ¿Qué pasará con nosotros después que se acabe el negocio de la exportación? Nosotros, los trabajadores pertenecientes a la Naranja de Atilra, planteamos: 1) asamblea general de todos los trabajadores de Parmalat. 2) marcha a Plaza de Mayo. 3) paro general de toda la industria láctea. 4) teniendo en cuenta la lucha del Hospital Francés, que el Estado se haga cargo, bajo gestión obrera.

El viernes se produjo una primera movilización grande, luego de las grandes asambleas de enero. Un grupo de vecinos de Villa Saavedra, los más afectados por el desborde del río Tartagal, convocó a una “marcha de antorchas” de la que participaron más de 600 personas. Participaron las monjas del Colegio Santa Catalina, vecinos de diferentes barrios, los concejales y en el municipio se sumó hasta el Intendente. La convocatoria fue muy confusa pero el silencio que hubo en la marcha no duró demasiado. El sábado llegaron funcionarios nacionales que fueron “bien” recibidos por vecinos de Campamento Vespucio: no los dejaron salir y hasta los obligaron a recorrer a pata varias zonas del pueblo. Un grupo de chicos, no mayores de 12 años, cortó una de las salidas alternativas. Luego hubo otro corte en Mosconi; nadie se atrevió a desalojarlos. La llegada de los medios nacionales movilizó otra vez a los vecinos del pueblo. Sábado y domingo salieron vecinos a manifestarse “para que el país sepa lo que pasa en Tartagal”. El lunes, realizamos una movilización a Panamerican Energy junto a vecinos de Villa Saavedra con la consigna central de “Fondo de Emergencia Ya. Que la plata la pongan las petroleras”. El lunes a la noche se realizó una nueva reunión de vecinos en zona más afectada. El compañero Barraza (concejal) mantuvo reunión con vecinos del Barrio 350 Viviendas que está a escasos metros de otra quebrada que amenaza con desbordarse y de donde el municipio saca arena para llevar al río Tartagal. Preparamos una asamblea popular.

¿Existe "un proceso constante de desintegración del régimen político sionista"? Hay una crisis económica profunda en Israel, que no se refleja políticamente en el electorado judío. El factor de desintegración del régimen sionista es la resistencia palestina contra el sionismo (incluida la elección de Hamas) y las de los pueblos de Medio Oriente contra el imperialismo yanqui (Irak, Irán, Líbano, etc.). Lamentablemente, nada parecido ocurre entre la población judía en Israel. A pesar de los miles de muertos desde 2000, no ha surgido entre los judíos israelíes ningún movimiento político, ni parlamentario ni extraparlamentario, que levante reivindicaciones antisionistas como el derecho al retorno de los refugiados, la abolición de la segregación residencial, la detención de la demolición de casas, de la expropiación de tierras, etc. Si el Likud bajó, por otro lado subió mucho el partido neofascista de Liberman, y también Shas, que es un partido virulentamente racista y arabofóbico (por no decir nada de su homofobia y antifeminismo). Ningún sindicato ni organización obrera se solidarizó nunca con los palestinos. No hay manifestaciones masivas de la población judía contra el militarismo, como ocurrió durante la guerra del Líbano. Ni siquiera hay una ola de huelgas con reivindicaciones puramente salariales o gremiales. Menciono todo eso para que no haya malentendidos en cuanto a la evolución del conflicto árabe-israelí: lamentablemente, la lucha antisionista y antiimperialista sigue estando exclusivamente en manos de la población palestina y árabe.

Hace tiempo que el ministro Aníbal Fernández funciona como un provocador contra los trabajadores en lucha y contra la izquierda. Participó del diseño de la represión en el Puente Pueyrredón, en 2002; armó la prohibición para ingresar a Plaza de Mayo; mandó la Gendarmería a Santa Cruz; es responsable del Estado nacional sobre los gobernadores que cometen “excesos” contra el pueblo; la semana pasada calificó a los organizadores de la marcha del 24 de Marzo de “izquierda siniestra”. Desde el PO hemos exigido que renuncie, con la conciencia de que ello sería un golpe contra una política de agresiones estatales que parten del conjunto del gobierno nacional. Los últimos días sumaron más a este prontuario, y no solamente porque se lo quiere hacer ‘renunciar’ como parte de una disputa de camarillas en el ‘frente por la victoria’. Un ex funcionario de Migraciones, Carlos Sapere, ha denunciado que desde el ministerio de Fernández se le había ordenado “no controlar los talleres textiles”, en referencia a los lugares de explotación semiesclavista de trabajadores. La ‘orden’, se supone, formaría parte de la vista gorda a la red clandestina de importación de ciudadanos bolivianos para ser sometidos a esas condiciones de trabajo. La excusa que dio Aníbal Fernández equivale a un confesión: “Hace muchos años que esto sucede en el país” (La Nación, 5/4). Esta admisión de su responsabilidad exige que se vaya de inmediato y que sea llevado a los Tribunales para ser juzgado por complicidad con el tráfico de personas y tolerancia con la servidumbre personal.

El gobierno nacional ha resuelto intervenir el Hospital Francés. La resolución, según las autoridades presentes, habría sido tomada en el círculo íntimo del Presidente. Kirchner ha optado por un conocido privatista de la salud, Dosoretz. En su prontuario incluye el haber sido uno de los principales financistas de la campaña electoral de Ruckauf a gobernador, a cambio de lo cual recibió como recompensa su integración al directorio de Ioma. Está “vinculado comercialmente a varias de las empresas de salud” y con su nombramiento “consolidó varios de sus negocios” (Página/12, 2/1/02). Dosoretz fue uno de los arquitectos de una reforma del Ioma, inspirada en los planes del BID y del Banco Mundial, para darle el manejo de la obra social a una “red de prestadores” (un eufemismo para nombrar a las tristemente célebres gerenciadoras), quienes a través de un régimen de cápitas y de médicos de cabecera como filtros hacia los especialistas, pasaban a adueñarse del sistema de prestaciones, suprimiendo la libre elección del médico por parte del trabajador. El gerenciamiento apuntaba a promover una definitiva privatización de Ioma. Esa red de prestadores mafiosa es, por otra parte, la que reina en el Pami. La reforma no pudo ser llevada hasta el final, al tropezar con la crisis y la rebelión popular de 2001. Luego de su paso por Ioma, Dosoretz ha incursionado en la órbita de las ART, al pasar a ocupar la vicepresidencia de UART, que es la cámara que representa a todas las ART. No es un detalle menor que Dosoretz sea ni más ni menos que... del Grupo Bapro (ART Provincia), que es responsable, a través de otra de sus ramas (Provincia Salud), del vaciamiento del Hospital Francés. Ahora, la ironía consiste en que quienes fueron protagonistas del hundimiento del Francés, vuelven para “salvarlo”. La intervención pretende utilizar los subsidios que ya ha otorgado el Estado y los que pueda otorgar en el futuro, para desenvolver un proceso de privatización, encubierto o descubierto. Una de las alternativas consistiría en un consorcio mixto. Otra variante sería rescatar a la actual asociación civil, la Sociedad Filantrópica, de la cual Dosoretz ha pasado a ser interventor y que se encuentra en convocatoria de acreedores. Las antiguas mafias enquistadas en la jefatura de servicios, especialmente en los servicios tercerizados, están a la expectativa de qué cabida pueden tener en el nuevo esquema que se arme. Cualquier reestructuración en esa dirección tendrá como variable de ajuste a los trabajadores, como ha ocurrido con el Israelita, donde la intervención fue un eslabón de su desguace. Esta orientación privatista está a contramano de las aspiraciones de los trabajadores y — podemos agregar — de la inmensa mayoría de los médicos, que están superflexibilizados. En contraste con esta política privatista, los trabajadores del Francés reivindican un principio de reorganización del Hospital exactamente opuesto. Bajo esa perspectiva han aprobado un pliego de reclamos que plantea la estatizacion del Hospital y la atención preferencial a los afiliados del Francés, y la capacidad disponible al conjunto de la población. Estabilidad del personal, ningún despido o retiro voluntario, el respeto del convenio y de los salarios (no al convenio de crisis que contempla la ley de concursos). En esta etapa de transición, el Estado, de acuerdo con la propuesta de los trabajadores, debería garantizar los salarios y los insumos del Hospital. Una Comisión Fiscalizadora electa por los trabajadores deberá asegurar que los fondos públicos no sean desviados a otros fines. Ingresamos en una nueva etapa de lucha.

El 2 de abril se cumplió un año del comienzo del ciclo radial del Partido Obrero “La palabra de los trabajadores”, que sale al aire todos los sábados de 7 a 8 horas por Radio Nacional Tucumán. Este programa trata temas políticos y de actualidad desde la óptica de la clase obrera, y ha conquistado en este lapso a un público importante, en el que se destacan muchos luchadores sociales y jubilados, que usaron nuestro programa de tribuna de denuncia. Conducen: Diego Toscano, Mariana Romero y Luis Apaza. La columna de los jubilados está a cargo de Carlos Romero. Columnista político: Daniel Blanco.

Quisiera responder a una expresión de Altamira que aparece en su artículo que escribe en la página 14 de Prensa Obrera Nº 938 del 23/3. En ese artículo señala una diferenciación entre “judaísmo” y “sionismo”, con lo cual alimenta el antisemitismo que tan exarcebado está reapareciendo en estos momentos. El mensaje que recibe el lector es que contra lo que hay que luchar es contra el sionismo, como si el lector, mayormente profano en esta materia, pudiera establecer una diferencia (si es que la hay) entre sionismo y judaísmo. Yo también abogo por la liberación del pueblo palestino, por la terminación de sus padecimientos, por un Estado libre, soberano y seguro para todos los palestinos. Pero también quiero lo mismo para el pueblo judío. Yo no hago discriminación alguna. Porque como judeoargentino conozco los nombres que a través de la historia tiene esa discriminación: 1°) antijudaísmo, 2º) antisemitismo y 3º) antisionismo.

La convocatoria de más de 100.000 personas a la Plaza de Mayo a 30 años del golpe constituye una irrefutable victoria popular. Porque mostró a un pueblo en lucha por la cárcel a los genocidas, la mayoría de los cuales está libre, al mismo tiempo que contra el hambre y la represión de hoy. El documento desarrolló cada una de las consignas convocantes aprobadas por todas las organizaciones: cárcel a los genocidas, anulación de los indultos, libertad a los presos políticos, fuera la Gendarmería de Las Heras, no pago de la deuda externa que se paga con el hambre del pueblo, inmediato retiro de las tropas de Haití. Estas consignas fueron firmadas no sólo por las 347 organizaciones populares que suscriben el documento sino también por las 14 organizaciones que no lo hicieron. Madres Línea Fundadora y Abuelas no estuvieron de acuerdo en firmar el desarrollo y están en todo su derecho, pero, conociendo el texto, sí acordaron con los organizadores en marchar en común con las consignas comunes. Fue ostensible el fracaso del gobierno de Kirchner en su intento de transformar la jornada en un acto oficial; como no pudo, decretó un feriado que rechazaron todos los organizadores como un intento de desnaturalizar el 24 de Marzo como jornada de lucha. Así las cosas, Hebe de Bonafini realizó su minoritario acto-festival el día anterior al 24 de marzo. Pero la masividad de la convocatoria del 24 empujó al gobierno a utilizar su último recurso: el copamiento de la Plaza por grupos ex piqueteros (Barrios de Pie, 26 de Junio) y sectores de la JP. Estos grupos, como aclaró el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, “no fueron convocantes de la marcha”. De ellos vino la provocación. Nora Cortiñas y otras Madres de Plaza de Mayo, junto con otros organismos, reconocieron que en ningún momento se cortó el sonido o se agredió a las Madres. La única agresión provino de un grupo que arrojó piedras y botellas al palco y, en actitud amenazante, intentó desvirtuar la jornada e impedir que se leyeran las consignas y el documento titulado “24 de marzo de 2006: 30.000 razones para seguir luchando”. Estos son los hechos. Foetra participó con una columna de compañeros y con banderas de la movilización del 24 de Marzo difundiendo en todo el gremio telefónico, a través de un comunicado, las consignas: Juicio, castigo y cárcel común, efectiva y perpetua a todos los genocidas. Anulación de los indultos. Restitución de la identidad a los 500 jóvenes apropiados. Basta de represión. Retiro de la Gendarmería de Las Heras y de todos los conflictos sociales. No a la impunidad de ayer y de hoy. Libertad a los presos políticos. Amnistía o desprocesamiento a los luchadores populares. Por ello, sorprende la solicitada publicada por la Comisión Directiva el 31 de marzo en Página/12, donde se afirma que “quienes pretenden manipular el sentimiento popular y agreden a las Madres y Abuelas, lejos de contribuir al desarrollo del campo popular, terminan haciéndole el juego a la derecha y a quienes pretenden seguir impunes”. Cuando los agredidos fueron los organismos organizadores. Expresiones de la solicitada, tales como “terminan haciéndole el juego a la derecha”, no se condicen con la realidad y a los únicos que le hacen el juego es a personajes como Aníbal Fernández, que se refirió a los firmantes del documento como “izquierda siniestra”, utilizando la fraseología de las AAA de Isabel y López Rega que prepararon el camino a la última dictadura militar. La solicitada de Foetra se hace eco de la deformación de los hechos que hicieron diversos medios de comunicación y de la campaña que desde el gobierno se intentó instrumentar, incluidas las declaraciones de Aníbal Fernández, para empañar un acto de conmemoración y de lucha. Exigimos la renuncia de este ministro que intentó cerrar la Plaza de Mayo, que manda la Gendarmería a los conflictos obreros, que mandó la Infantería e hirió compañeros en el corte del gremio telefónico en Avenida de Mayo el pasado 14 de septiembre. La compañera Silvia Hidalgo, junto a Juan Carlos Lavagna (quien no estuvo al tratarse este punto), manifestaron claramente su oposición en la Comisión Administrativa de Foetra Buenos Aires, en contra de la salida de dicha solicitada. Por razones “estatutarias” fue incluida la firma de Silvia Hidalgo, secretaria de Prensa, aunque esta compañera manifestó abiertamente su rechazo a la misma. Ellos y todos los militantes del PO telefónicos nos delimitamos de esta solicitada que, en este caso, altera la realidad de los hechos. Nuestro repudio es para los que mandaron la Gendarmería a reprimir a los petroleros de Santa Cruz. Para los que amenazaron el 25 de marzo a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, para las FFAA que hacen espionaje; a los impunes grupos de tareas que cobraron la vida de 33 argentinos el 19 y 20 de Diciembre de 2001, a los responsables políticos de las muertes de Kosteki y Santillán, a los monopolios privatizadores que gobernaron atrás de Videla y siguen hoy detrás del poder político de turno. Para quienes agredieron y quisieron hacer fracasar el multitudinario acto del 24 de Marzo. Reivindicamos la participación de Foetra en la marcha y la lucha actual de los trabajadores, a 30 años del golpe. Es nuestro mejor homenaje a los compañeros caídos en la lucha.

El Congreso Nacional de la CTA, que acaba de finalizar en Mar del Plata, fue un gran acto proselitista, definido por la movilización clientelística de la FTV, que maneja el funcionario nacional D’Elía, y de los funcionarios provinciales Pérsico y De Petris. Los delegados se repartieron, de forma arbitraria entre la burocracia de la CTA y los grupos “territoriales” bancados por el gobierno. Este reparto sirvió para acordar el apoyo al gobierno de Kirchner. En la Mesa estaban Luis D’Elía y Hugo Yasky, a ambos lados de De Gennaro. A D’Elía le dieron la apertura, a Yasky la clausura. En la punta de la mesa, casi cayéndose del escenario, estaba el representante del MTL (Partido Comunista), que tenía su grada propia y su porción en el reparto. A la huelga de los maestros neuquinos y a la represión fascista de las patotas de la burocracia de la Uocra y del sindicato petrolero, y del gobierno de Sobisch contra los cortes de maestros, petroleros y pobladores, el Congreso se los sacó de encima con una declaración de solidaridad. El reclamo de la libertad de los trabajadores petroleros perseguidos en Las Heras y la exigencia del retiro de la Gendarmería, propuesto (entre otras mociones) por los compañeros Néstor Correa (secretario gremial de Conaduh), Gustavo Lerer (Junta Interna Hospital Garrahan) y Jorge Montes (Astilleros Río Santiago), fue rechazado “por amplísima mayoría” (según De Gennaro). También se rechazó, por la misma “amplísima mayoría”, la moción de solidaridad activa con la comisión de Memoria, Verdad y Justicia que convocó al masivo acto antigubernamental del 24 de marzo, brutalmente atacada por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, que acusó a los organizadores de “izquierda siniestra”, y el pedido de renuncia de Fernández. No se sabe por qué razón, entonces, De Gennaro se sintió autorizado a decir que la Central “jamás estará subordinada a un partido, a un gobierno o a una empresa”. El Congreso “multitudinario” terminó sin resolver ningún plan de lucha por ninguna de las reivindicaciones y luchas que tiene planteadas hoy la clase obrera argentina. Sólo aprobó una marcha para mediados de abril a favor del 82 por ciento móvil para los jubilados (sobre sus salarios de la crisis). Ni autónoma, ni democrática, ni de lucha A pesar de la “mayoría automática” establecida por la acreditación trucha, la burocracia de la CTA, y De Gennaro en persona, pretendieron ahogar toda voz disidente. No se podía intervenir, sólo votar por las resoluciones en mayoría o minoría establecidas en los congresos provinciales previos. El Congreso fue una larga y tediosa lectura de resoluciones publicadas en un frondoso folleto y la votación automática de las posturas de la mayoría. De Gennaro le negó la palabra al secretario gremial de la Conadu Histórica, una de las cuatro federaciones nacionales de la CTA, que se encuentra en un plan de lucha de paros progresivos por el salario, que el degennarismo está aislando brutalmente. Para que se leyera una de las mociones presentadas por la delegación opositora, fue necesario realizar una movilización política dentro del propio Congreso, y detrás de ella fue la “seguridad” de la CTA. De Gennaro, Yasky y D’Elía modificaron los estatutos de la CTA al estilo de los gordos. Desde ahora, los delegados no concurrirán más por proporcionalidad sino que deben ser elegidos en listas sábanas, al estilo de los congresos de la burocracia de Ctera. Contra esta política batalló la oposición a la burocracia de la CTA durante todo el Congreso. La delegación del Partido Obrero reclamó el fin del pacto CTA-Kirchner, un verdadero plan de lucha y una nueva dirección. Esa batalla fue dividida por las corrientes sindicales que ha formado el Movimiento Intersindical Clasista (MIC), que se negó a exigir la ruptura con Kirchner e incluso a criticar al gobierno. Su negativa se fundaba en la caracterización de un enfrentamiento entre kirchneristas (los D’Elía) y los “autónomos” (De Gennaro), algo que fue desmentido en todo el desarrollo del Congreso. El Congreso ha integrado a la CTA al Estado kirchnerista.

La heroica lucha de los trabajadores por el reencuadramiento bajo convenio petrolero ha logrado sus primeros triunfos en Las Heras: han sido pasados al convenio petrolero los compañeros de Metrapet/Serpecón y de Argentina 2000. La patronal negrera de la Indus se resiste. Todavía no han sido incorporados los 50 compañeros despedidos y dice que “no le dan los números” para poner bajo convenio petrolero a sus trabajadores. Todavía tienen presos a trabajadores de esta empresa. Estas son las tareas pendientes, no sólo de la Indus, sino de todas las empresas, que están realizando tareas en los yacimientos pero que están con otros convenios, como Empasa en Caleta Olivia (convenio rural) y Río Gallegos (convenio camionero).

Al día siguiente de la movilización de masas de carácter antigubernamental por el 30º aniversario del golpe de Estado de 1976, gran parte de la prensa burguesa coincidía en subrayar que los “grandes protagonistas de esas jornadas fueron los jóvenes” que se caracterizaban por no haber vivido y sufrido en carne propia la infame dictadura militar. ¿Por qué esos jóvenes estudiantes y trabajadores se movilizaron desde el Congreso a la Plaza de Mayo? En primer lugar hay que decir que la masividad de la movilización se debe, en parte, al enorme esfuerzo político y organizativo de más de 300 organizaciones obreras y populares por convocar al pueblo a que se movilice en forma independiente del kirchnerismo. En segundo lugar no fue menos importante la encarnizada lucha emprendida por el PO y otras organizaciones para delimitarse del gobierno capitalista de Kirchner, que pretendía transformar una jornada de lucha de nuestro pueblo en un día de reconciliación entre el Estado de los explotadores y los explotados. En ese sentido, el PO hizo un gran trabajo de clarificación política de cara a las masas, señalando que mientras el gobierno Kirchner se raja las vestiduras porque bajo la dictadura no eran respetados los derechos humanos y democráticos más elementales, hoy —30 años después del aquel golpe de Estado—, el gobierno Kirchner usa la democracia para violar todos los derechos humamos de los obreros petroleros que luchan contra la superexplotación de las petroleras. A todo ello hay que marcar un aspecto que no ha sido debidamente considerado, como lo es el gran aporte de muchos compañeros que han sobrevivido al exterminio físico de los “capitanes de la industria” y su Estado. Ellos, los “viejos”, lucharon contra la dictadura en forma práctica e ideológica. Ellos mantuvieron en pie de lucha a muchas de las organizaciones en las cuales nosotros hoy militamos. Ellos fueron los que nos trasmitieron toda la experiencia de aquellos duros años vividos por nuestro pueblo. Esos compañeros mantuvieron viva la conciencia revolucionaria de la clase obrera, sus organizaciones y su programa, y nos los trasmitieron a los jóvenes. Esto es lo que explica, en definitiva, por qué la juventud fue una gran protagonista de la marcha del 24 de Marzo pasado. A todos esos compañeros mi homenaje.

En la jornada de lucha del 24 de Marzo, el Paula dijo presente: 35 alumnos del Colegio Municipal, de la Intendencia del “japonés” García —ex UCR, Alianza, vecinalista y, actualmente, pidiendo a gritos su incorporación a las huestes K. Los alumnos se movilizaron hasta el Congreso en las caravanas de micros del PO. En la marcha estuvieron con la Fuba, comprendiendo que estaban siendo parte de una experiencia histórica, de un día de lucha, por los desaparecidos de ayer, y contra el gobierno K, que nos hambrea y reprime, y que son la continuidad de nuestros estudiantes torturados y desaparecidos ”la izquierda siniestra”. Compañeros del Paula, felicitaciones; bienvenidos a la lucha.

El martes 28 se realizó en la sede central de Paseo Colón una reunión que la conducción del sindicato pretende hacer pasar por una “asamblea general extraordinaria”. La convocatoria se hizo a través de una pequeña solicitada pocos días antes; no se informó a las internas para que trasladaran el anuncio a los afiliados, y tampoco se envió notificación a los talleres para que sea exhibida en las carteleras como marca la ley. Sobre unos ocho mil sindicalizados activos, se juntaron menos de doscientas personas: treinta o cuarenta delegados cuidadosamente ‘invitados’ y el resto empleados del sindicato, la obra social y jubilados. El temario estuvo estrictamente restringido al orden del día: “venta o permuta” de los terrenos que el gremio posee en Avellaneda. Con el argumento de que los fondos se destinarán a la ampliación de la clínica “Ciudad de la Vida”, se obligó a los asistentes a decidir sobre un patrimonio de todos sin contar con la mínima información, ya que las cuentas son de manejo exclusivo de la tesorería. Un verdadero escándalo. Pero lo más grave es que el problema crucial del salario no fue siquiera mencionado, cuando nuestro propio gremio se encuentra en medio de una paritaria. Los básicos de hambre, las categorías del año ‘75, la efectivización de los 11 mil contratados que hay en la industria gráfica, el “negreo” cada vez más extendido, las extras mal pagadas, en fin, todo lo que resulta más importante para los obreros, no estuvo en el “temario” de la dirección. Sí hubo lugar para que Ongaro se despachara con la sarta de incoherencias de siempre y encima se atreviera a mofarse de otros trabajadores, como los gastronómicos, que sólo se preocupan por “la Coca y la hamburguesa” en contraste con nosotros -dijo- que podemos hablar hasta de filosofía. ¡Pero mientras los camioneros, los mecánicos, los aeronáuticos, los ferroviarios, los trabajadores de la alimentación y los gastronómicos han hecho huelgas y movilizaciones, la Federación Gráfica Bonaerense desapareció del escenario sindical argentino! El sindicato entendido como organización del conjunto de los gráficos no existe; ha sido sustituido por un aparato de secretarios y asesores gremiales. Repudiamos enérgicamente esta truchada y llamamos a luchar por una verdadera asamblea general, convocada con tiempo suficiente y en un lugar adecuado, garantizando el transporte y con abandono de tareas para que todos puedan concurrir; donde se debata y vote un plan de acción por un aumento que nos permita alcanzar la canasta familiar y sin cláusula de absorción, por la efectivización de los contratados, por la actualización de las categorías y la erradicación del trabajo en negro.

La burocracia del Sindicato de Petroleo y Gas Privado, que dio la espalda a la lucha contra el impuesto al salario y por el reencuadramiento bajo convenio petrolero, está en bancarrota, pero da manotazos de ahogado. Esto explica las “cartas documentos” que envió a delegados y activistas que participaron o se solidarizaron con esta lucha, suspendiendo su afiliación por 90 días (paso previo a la desafiliación). Las cartas fueron rechazadas y la burocracia no pudo presentar las pruebas de la supuesta inconducta de los compañeros, porque simplemente esas pruebas no existen. Se ha iniciado una campaña de firmas y pronunciamientos. Pero los traidores no descansan. El próximo 28 se realizará la Asamblea Ordinaria, donde piensan hacer aprobar un balance que legitima el desmanejo de los fondos que ingresaron para “capacitación” (más de 2.000 pesos por afiliado) como consecuencia del último acuerdo salarial con las petroleras. Ni en Caleta, ni en Truncado, ni en Las Heras han realizado “capacitación” alguna. En esta Asamblea podrían incorporar el punto de las suspensiones y desafiliar a los luchadores. Los sindicatos de Neuquén, Chubut y Santa Cruz han formado una Federación Patagónica para “desprenderse” de la Federación Nacional, y negociar por separado en las próximas paritarias. Delegados y trabajadores del yacimiento sur de Santa Cruz, con asiento en Río Gallegos, han formado un nuevo Sindicato de base, separado del Sindicato de Petroleros de la zona norte de la Provincia. Algunos delegados y activistas de Las Heras plantean la intervención del Sindicato de Petroleros de Santa Cruz norte, por parte de la Federación. La burocracia se descompone, traiciona las luchas y persigue a los compañeros que luchan. Nada de intervenciones y atomización frente a las futuras paritarias. • Asamblea general para discutir el pliego de reivindicaciones y elegir paritarios. • Comisión investigadora del manejo de los fondos del sindicato. Abajo la suspensión de las afiliaciones. • Fuera del sindicato los traidores (nacionales, regionales, provinciales o locales) que dieron la espalda a la lucha de Las Heras y persiguen a los compañeros. • Por un sindicato independiente del poder político y las patronales.

“...La CRCI llama la atención de los obreros avanzados de Europa sobre esta secuencia política desde la crisis de abril de 2002 hasta la rebelión actual, pasando por la victoria del No en el referendo reciente, porque plantea la crisis del régimen político francés y la posibilidad de la caída de la ‘Chiracaille’, lo que abriría una perspectiva de poder. “...La CRCI llama a aprovechar los acontecimientos que se desarrollan en la actualidad en Francia para reagrupar a la izquierda combativa de Europa y las fracciones organizadas de los obreros más concientes en una fuerza política revolucionaria que tenga por estrategia la lucha por los Estados Unidos Socialistas de Europa (Rusia incluida). “Por la huelga general del proletariado y la juventud francesa para poner fin a la ‘Chiracaille’.” (Extractos de la declaración del Secretariado Internacional de la CRCI, “Defendamos el levantamiento de la juventud de Francia. Abajo la ‘Chiracaille’. Por la Unión Socialista de Europa. La rebelión de la juventud en Francia”, 7 de noviembre de 2005, publicada en El Obrero Internacional N° 4, diciembre de 2005.)

En París también los organismos de solidaridad se manifestaron para sostener el acto y la movilización en Plaza de Mayo. El Calpa (Coordinación de Solidaridad con las Luchas del Pueblo Argentino) y otras asociaciones, coordinadas por FAL (France Amérique Latine), organizaron su actividad unitaria frente al edificio que ocupó el Centro Piloto en la época de la dictadura. Todos los años se organiza un acto en París, y en esta oportunidad las consignas de la movilización de Plaza de Mayo presidieron también esta actividad. El Calpa intervino para subrayar la continuidad entre la lucha de ayer contra la dictadura y las fuerzas que la promovieron, y el combate de hoy, contra el imperialismo y el gobierno de Kirchner, que organiza la continuidad del régimen de explotación y represión. Un grupo de artistas se asoció al acto. El Calpa, por su parte, realizó el sábado 25 una jornada de solidaridad (debates, films, expresión artística) con las luchas en Argentina, con una notable participación de 400 personas. El reclamo contra la represión en Las Heras ocupó un lugar central. Estos actos permitieron la expresión de la solidaridad y la lucha en París, en oposición al programa de la Embajada, reflejo de las maniobras y provocaciones del gobierno de Kirchner en Buenos Aires.

-¿Cómo fue el proceso previo a conformar la cooperativa? -El Hogar Obrero entró en concurso de acreedores en 1993. Seguimos trabajando durante tres meses, hasta que, entre el Ministerio de Trabajo, el Hogar Obrero y el sindicato fideero, arreglaron pagar las indemnizaciones en el término de un año. Nosotros éramos 33 trabajadores, muchos con 14 años de antigüedad en la fábrica. No pagaron nada, como hicieron con todos los ahorristas y trabajadores de El Hogar Obrero. No solamente no pagaron, sino que armaron una estafa sacando a remate la fábrica, comprándola ellos mismos a través de testaferros. Hoy en día se mantiene esta situación. -¿Cómo fue el proceso de organización de los compañeros de la fábrica? -Hubo un intento de armar una cooperativa con los ex trabajadores, piloteada por El Hogar Obrero a la cabeza de esto esta Julio Vettanin, testaferro de EHO con el objetivo de ser manejada por los vaciadores y estafadores. Nos dimos cuenta de la maniobra. Los compañeros nos desvinculamos de estos personajes y comenzamos una gestión legítima, propia de los trabajadores. Fuimos expulsados de la fábrica. Nos reorganizamos y hace tres años empezamos a transitar el camino por la expropiación. Fuimos al Municipio de Lanús para que declararan de interés municipal la expropiación de la planta. Antes de las elecciones de 2005 nos reunimos con el intendente de Lanús, Manolo Quindimil, que nos dio el apoyo y eso nos empujó a entrar a la fábrica, había intentos de vaciamiento. La encontramos en ruinas, llena de basura, con 13 años de abandono. Constatamos que se podía recuperar, comenzamos a trabajar, hasta que en noviembre de 2005, un juez ordenó el desalojo. En todo este tiempo nuestra ley de expropiación fue cajoneada. -¿Cuál es la situación actual? -El proyecto de ley caducó. Los legisladores no hicieron nada para sacarlo adelante. Estamos en una situación difícil pero no imposible. La experiencia de estos años nos lleva a sacar la conclusión de que debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Hasta ahora todo fue a favor de los estafadores de El Hogar Obrero, que dejó tirada una fuente de trabajo para 180 familias en un país donde hay tanta necesidad de trabajo. Los responsables son el gobierno y El Hogar Obrero. Queremos revertir esta situación para que la historia cambie y logremos el objetivo de expropiar a los vaciadores.

El sábado 25 de marzo se realizó en Pico Truncado el acto organizado por el FUT-PO. Da muchas fuerzas ver a los compañeros hacer las actividades en medio del viento patagónico, de noche y en algunos casos con sus hijitos en brazos; da muchas fuerzas salir a pintar en Koluel Kaike (campamento petrolero) a la medianoche, en medio de la nada, porque era una pintada clave en medio de los yacimientos, de toda una jornada histórica en la zona norte de Santa Cruz. Ni el gobierno de Kirchner y su títere Sancho, ni el fugitivo Acevedo se animaron a hacer un acto en Pico Truncado este 24 de Marzo. El FUT-PO organizó el único acto por los 30.000 desaparecidos y por las luchas que vienen de ahora en más por la libertad de los presos por luchar, la reincorporación de los despedidos, el reencuadramiento sindical, para que salga la Gendarmería de Santa Cruz. El acto fue un gran paso para poder consolidar nuestro partido en Pico Truncado. Las intervenciones de los invitados fueron emotivas y clarificadoras. Claudio Gialeti, ex detenido por luchar; el docente Pérez, que comentó cómo desde su actividad fue conociendo las atrocidades que sucedieron en Santa Cruz; el compañero Luis Astolfo (ex dirigente del Sindicato de Gas del Estado y ex preso político) nos relató sus escritos y nos instó a construir “una organización que dé vuelta la taba, porque si no lo que nos pasó a nosotros les va a pasar a ustedes, a la juventud, y a los leños hay que darles más fuego, no apagarlos”. También intervino la compañera Silvia R. y Darío S., quien estaba junto a su padre, el cual había sido chupado por la dictadura en Caleta Olivia. La tarea es seguir en la construcción de un gran Partido Obrero que le arrebate el poder a los mal nacidos “que, como Acevedo, transitan nuestras mismas calles, y no lo podemos permitir” (Claudio Gialeti). En el acto se reunieron los presos de la dictadura de hace 30 años, con los presos de la “democracia” de 2005; todos reafirmando la idea de que para terminar con la represión de ayer y de hoy, hace falta construir una herramienta política con el fin de superar este régimen en descomposición y organizar el país sobre nuevas bases sociales.

El martes pasado una nueva “jornada” de lucha conmovió a Francia, acompañada de huelgas parciales, incluso en la industria privada. En una cierta medida representó una profundización de toda la movilización precedente, como se ve en la masividad que adquirió en el interior del país, por ejemplo en la ciudad de Marsella y en la región de Bretaña. Por otro lado, comenzó a aparecer el reclamo de la renuncia de Chirac, el presidente de la República. Un diputado socialista, frente a estas evidencias, se animó a decir en el parlamento que Francia asistía a “una crisis de régimen”. La caracterización llega tarde: la crisis de régimen ha provocado una rebelión popular. No es casual que los partidos que marchan a remolque de la situación, no planteen la caída del gobierno mientras las masas se encuentran en la calle. Los acosa, por otra parte, la pesadilla de que la movilización en curso, relativamente encuadrada por la burocracia de los sindicatos y por los sindicatos de estudiantes, empalme con una nueva “rebelión de los barrios”, como la que tuvo lugar en noviembre pasado. Saben también que arrastran una crisis de poder no resuelta desde abril de 2002, cuando la izquierda y la derecha tuvieron que unirse para poder elegir a un presidente (Chirac) con mayoría absoluta de votos (Chirac había obtenido el 19% de los votos en la primera vuelta). La bandera de lucha sigue siendo la derogación del decreto llamado de ‘primer empleo’, que precariza al máximo las condiciones de trabajo. Para “la calle”, observa una corresponsal (La Nación, 1/4), este decreto “presagia una derogación del Código de Trabajo”, o sea la eliminación del derecho laboral. No en vano la patronal francesa sostiene a muerte el decreto. Le Monde (29/3) relata que “la poderosa federación metalúrgica, la más importante del Medef (la central patronal), ha anunciado claramente su apoyo al dispositivo”. La presidenta del Medef, por su parte, ha denunciado “la gestión catastrófica” que el gobierno ha hecho del tema, porque “ha comprometido duraderamente toda reforma ulterior del código de trabajo”. Pocos se han dado cuenta, sin embargo, de lo instructivos que son estos planteos, porque hace sólo un par de años, Francia estaba discutiendo (y había aprobado) la reducción de la semana laboral a 35 horas sin afectar los salarios. No solamente está claro que esta veleidad reformista ha fracasado en las condiciones concretas del capitalismo, sino que fue esa ‘reforma’ el antecedente de la precarización laboral posterior, porque ella autorizó, como canje por la reducción de la semana de trabajo, todo un conjunto de medidas de flexibilización laboral y de congelamiento de los salarios. El horario de trabajo se ‘anualizó’; se desregularon las normas dentro de las empresas; se admitieron los contratos por tiempo parcial. Los trabajadores franceses han perdido poder adquisitivo y creció el desempleo. A pesar de esta experiencia, la izquierda francesa separa la lucha contra la presente ley de trabajo juvenil de la cuestión del poder, como si la precariedad laboral y la desocupación pudieran ser superadas bajo el Estado capitalista. Al cabo de un mes de movilizaciones, el gobierno manejado por la dupla Chirac-Villepin está completamente derrotado. La posta la ha tomado el ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, que rivaliza con esa dupla por la candidatura a la presidencia por el partido oficial en las elecciones de 2007. Al cabo de tres semanas de movilizaciones, en las cuales apoyó a su gobierno y al decreto de ‘primer empleo’, Sarkozy declaró que “no se metería en un combate inútil por la ley, y menos aún cuando no lo asociaron a su elaboración”. Sarkozy es una suerte de Berlusconi francés: pro-yanqui, defensor de la ‘burguesía nacional’, partidario de la mano dura contra los trabajadores. Como fusible de recambio, se presenta ahora con el lema de la ‘reconciliación social’, seguro de que el retiro de la ley de precarización será cargado a la cuenta de su competidor, Villepin. La burocracia de los sindicatos y los partidos socialista y comunista han dado la bienvenida a esta mediación que la derecha del régimen pretende timonear en su propio beneficio. La llamada ‘izquierda plural’ espera que, vacaciones de Pascuas mediante, una negociación satisfactoria con Sarkozy sirva para ‘descomprimir’ la presión de la calle. Pero incluso en este caso la crisis persistirá ‘peligrosamente’, porque Sarkozy no puede hacerse cargo de un gobierno en ruinas sin comprometer sus posibilidades electorales para el año que viene. La caída del gobierno, no la “crisis de régimen”, está a la orden del día. El paso subsiguiente sería obtener el acuerdo de Chirac para que abandone el gobierno anticipadamente y adelantar las elecciones. El riesgo aquí sería repetir en mayor escala lo ocurrido en abril de 2002, con el agravante de que esta vez los dos principales partidos, la UNP derechista y el partido socialista, se encuentran completamente divididos. El propio Villepin, cuyo estruendoso fracaso ha herido de muerte al gobierno, declaró a modo de advertencia que “mi misión es estar en la realidad, concentrar la mirada colectiva para evitar un nuevo 21 de abril, un 21 de abril de 2002...” (Le Monde, 29/3). Sarkozy ya ha adelantado, incluso bastante antes de la crisis en curso, que si gana las próximas elecciones pretende modificar el actual régimen político francés para instalar una presidencia activa, que intervenga en el parlamento, o sea, un demagogo político que pueda recurrir a la movilización de las clases propietarias o semi-propietarias atemorizadas por la crisis, contra la izquierda y las organizaciones obreras. No hay evidencia de que la burguesía apoye esta suerte de aventurerismo político, ni que lo considere compatible con una estabilidad política de la Unión Europea. Lo que no cabe ninguna duda es que las alternativas en danza ponen de manifiesto un empantanamiento político extraordinario. Aunque muy conciente de la creciente miseria social, no hay evidencia de que en Francia la vanguardia de los trabajadores o la izquierda tenga conciencia de esta verdadera crisis de poder. No existe, ni siquiera a nivel del análisis, tampoco de la propaganda, no digamos ya de la agitación, el menor atisbo de consigna que plantee el gobierno de los trabajadores. La llamada ‘extrema izquierda’ teme mucho más pecar de radicalismo que de conservadorismo; los fracasos del pasado la han acobardado. Para ella también lo que pasa hoy en Francia no tiene ningún punto de contacto con Mayo del ‘68. Es claro para cualquiera que la crisis no es francesa, pues toda Europa se encuentra en una impasse. La situación italiana es explosiva, por eso la burguesía recurre a su ala ‘izquierda’, incluso su ‘extrema izquierda’. Las amenazas a la Unión Europea ponen al desnudo la fragilidad de la restauración capitalista en Europa oriental, cuya base es el capital europeo internacional. La cuestión del poder está planteada por una crisis internacional de conjunto. Es precisamente lo que aterroriza a la izquierda reformista y paraliza a la izquierda no reformista.

El 24 de marzo, un conjunto de organizaciones ambientalistas de Uruguay realizó un “Encuentro nacional contra los monocultivos de eucaliptos y pinos y plantas de celulosa”, en la localidad de Mercedes, Uruguay. La resolución aprobada rechaza “las políticas impuestas por las multinacionales, los organismos de crédito multilaterales y aceptadas por los gobiernos nacionales, quienes instrumentan el monocultivo de eucaliptos y pinos”. Fundamentan su rechazo en el enorme consumo de agua de estos árboles (que secan los pozos de los productores rurales próximos); la utilización masiva de agrotóxicos; la creación de grandes latifundios que eliminan la biodiversidad y la rotación de cultivos, desplazando las producciones existentes; el proceso de concentración de la propiedad de la tierra y de su extranjerización que promueve la forestación; por la desocupación que produce entre los obreros rurales. La misma resolución rechaza “las políticas impuestas por las multinacionales, los organismos de crédito multilaterales, y aceptadas por los gobiernos nacionales que están sembrando de plantas de celulosa y papel América Latina”. Rechazan estas plantas porque son contaminantes, porque no pagarán impuestos (por estar ubicadas en una zona franca), porque destruirán empleo rural. El Encuentro exigió, en consecuencia, “que se prohíba continuar extendiendo los monocultivos de eucaliptos y pinos” y que “no se instalen las plantas de celulosa por ser altamente contaminantes y destructoras de la economía regional”. Firman la declaración: Redes AT Uruguay, Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, Rapal Uruguay, Guayubirá, Motvides, Coordinadora Nacional contra las plantas de celulosa, por la soberanía y por un país productivo, Movimiento de Chacareros del Ejido de Mercedes, Asodern, Coordinadora de Mercedes contra los monocultivos de eucaliptos y plantas de celulosa.

El miércoles 22 de marzo, Atento despidió a dos trabajadores del edificio Barracas. Estos despidos sin causa se suman a una serie de provocaciones de la empresa: traslado de trabajo a otros centros de Atento en el interior, cierre de campañas de Telefónica, descuentos salariales varios. Los trabajadores de Atento fueron encuadrados compulsivamente en el convenio de Comercio a pesar de ser una empresa del Grupo Telefónica que realiza trabajos para Telefónica y Movistar. El Ministerio de Trabajo, en la Resolución 766-05, reconoció que los trabajadores de Atento son telefónicos, pero la empresa apeló a la Justicia laboral para ganar más tiempo. En el ínterin, Atento y Telefónica se han jugado a fondo a trasladar la mayor parte del trabajo a otros centros en el interior (Atento, Action Line, etc.), fundamentalmente en la provincia de Córdoba, donde los trabajadores no cuentan con organización de ningún tipo y donde existen fuertes subsidios del gobierno. Además, para aportar mayor confusión, se largaron a la creación de un “sindicato de teleoperadores” que en el caso de Córdoba cuenta con el apoyo de Patria Libre. El vaciamiento de los centros de atención de Buenos Aires va más allá de Atento y se extiende como una política estratégica de las empresas. En este sentido, está en marcha un plan para trasladar el control y la supervisión de la red de telefonía pública nacional (los famosos pisos 9 y 7 del edificio República) a San Pablo (Brasil) para evitar una presión sindical en futuros conflictos laborales. El despido de trabajadores de Atento del edificio Barracas junto con el retiro de campañas de Telefónica del edificio de Martínez no son hechos aislados. En Barracas, la patronal ha comenzado a derivar el trabajo mientras se continúan ofreciendo retiros voluntarios. Los trabajadores de Atento vienen de realizar una agitación y un escrache en la sede central de Movistar en la avenida Corrientes y se preparan para continuar con sus reclamos. Esta lucha tiene que romper el aislamiento al cual pretende llevarla Telefónica, y extenderse a todos los edificios de Atento y de Telefónica. Por una gran campaña y una movilización de conjunto contra el tercerismo. El próximo plenario de delegados de Foetra convocado para el martes 3 de abril deberá discutir estas tareas y rodear de solidaridad la lucha de los compañeros de Atento.

La clase obrera de Santa Cruz viene protagonizando, ya desde hace unos años, un enorme proceso de luchas y de maduración política. La lucha de los petroleros y los trabajadores de la construcción de Las Heras fue el último eslabón de una cadena impresionante: en la gloriosa lucha de los mineros de Río Turbio, contra el gobierno de Kichnner, contra los vaciadores de la mina y contra la burocracia sindical; el reguero de huelgas y movilizaciones docentes; los grandes piquetes municipales de Río Gallegos; la gran pueblada de Pico Truncado; el inmenso movimiento de los desocupados de distintas poblaciones de la provincia que a fuerza de piquetes y cortes de ruta le arrancaron a las patronales petroleras 2.000 puestos de trabajo —un hecho único en la historia de las luchas obreras en la Argentina. Están presentes las luchas de los trabajadores de salud, que hoy vuelven a la lucha por sus reivindicaciones. El conflicto de Las Heras fue un salto en la calidad de esta maduración. El logro del aumento del mínimo no imponible trascendió largamente las propias reivindicaciones provinciales. Algo similar ocurre con la heroica lucha de los trabajadores de la construcción de Indus, que abre el camino para que 12.000 trabajadores del petróleo de Santa Cruz tengan un único convenio petrolero, pero alcanza además a trabajadores de otras cuencas petroleras como Comodoro Rivadavia, Rincón de los Sauces y toda la Patagonia. El reencuadramiento de los convenios en Las Heras atenta contra todos los paraísos de flexibilidad laboral creados en Santa Cruz y en casi un centenar de parques industriales diseminados por todo el país. En Las Heras, además, se ha producido un salto en la conciencia de las mujeres, que ocupan la vanguardia en la lucha por liberar a los compañeros presos y reincorporar a sus compañeros cesantes, y defender a los activistas y delegados perseguidos por la burocracia y las patronales petroleras. En el Congreso Provincial del Partido Obrero-FUT, del 14 y 15 de abril próximo, estarán representantes de todas estas formidables luchas de los últimos años. La caída del gobernador y su gabinete, incapaces de hacer frente a estas luchas y enfrentados por el control de la caja del Estado, es sólo un episodio secundario en el marco de la gran irrupción obrera. La irrupción de la clase obrera expresa una voluntad colectiva de miles de trabajadores de producir una transformación social, económica y política, y la tendencia de la clase obrera a una independencia política completa de los partidos patronales y sus agentes de la burocracia, y construir un partido de la clase obrera. El Partido Obrero-FUT ha sido una parte activa de estas grandes luchas y de este proceso de maduración política. En octubre pasado, muchos miles de trabajadores votaron al FUT-PO. En Pico Truncado, el 20% de los votos. En Caleta, el 14%. En Las Heras, el 9%. Esa votación es también expresión de la tendencia a la independencia de la clase obrera, a una actividad política propia, autónoma e independiente. El gobierno ha tomado nota, por eso nos ataca permanentemente y ha tratado de usar los acontecimientos de Las Heras como una provocación directa contra el PO-FUT, realizando el trabajo sucio de calumniar a nuestros dirigentes provinciales y nacionales. El FUT-Partido Obrero trabaja incansablemente para unir a los que luchan y para que los trabajadores forjemos nuestra herramienta política. Porque el norte santacruceño es el epicentro de esta mayúscula gesta política, el PO de la provincia convoca a su Congreso en la región de cara al proletariado combativo. Junto a los activistas y dirigentes de la lucha de Las Heras, a los jóvenes y a los familiares de los presos debatiremos la propuesta política de construir un gran partido de nuestra clase. Junto a los que hicieron las grandes luchas de Pico Truncado, junto a los docentes y municipales de toda la provincia, junto a los mineros del Turbio, debatiremos un programa de lucha, y un plan de trabajo con las reivindicaciones sociales y políticas de la provincia. • Trabajo para todos. Jornada de 8 horas, limitada a 6 horas por insalubridad. Seguro al desocupado de 900 pesos. Salario mínimo de 2.000 pesos. Aumento al básico, hasta cubrir la canasta familiar (de 3.600 pesos ajustables por inflación). Reencuadramiento laboral en los convenios más favorables. • Plan masivo de obras públicas bajo administración de los propios trabajadores, para que no nos sigan robando. Entrega de tierra y viviendas para la juventud y los desocupados. Renacionalización del petróleo y del gas. Bajo control de los trabajadores. • Triplicación del presupuesto educativo y de la salud. • Que no se cobre ningún impuesto al salario, anulación del impuesto a la cuarta categoría de ganancias. Eliminación del IVA y demás impuestos al consumo. • Anulación de la jubilación privada. 25 años sin límite de edad, 82% móvil y regímenes especiales por insalubridad y trabajos desgastantes. Defensa de la Caja de Previsión y el régimen jubilatorio santacruceño. • Cese de la intervención a la Caja de Servicios Sociales. • Inmediato reencuadramiento en el sindicato petrolero de los miles de trabajadores del petróleo que están con convenios basura y salarios de hambre. Reincorporación inmediata de los cesantes de Indus. No a las persecuciones patronales y de la burocracia contra los delegados y activistas petroleros. Ningún despido. • Libertad y desprocesamiento a los presos de Las Heras, a Cristian Ruiz y a todos los perseguidos por luchar. Que se vaya la gendarmería de Las Heras y de todos los yacimientos. Disolución del grupo GEO de la policía provincial, juicio y castigo por las torturas en las comisarías. Inmediata apertura de las cuentas del Estado provincial. Que una comisión independiente de organizaciones obreras y populares investigue la caja negra de las cuentas provinciales, pues estos recursos deben ser destinados a salud, vivienda y educación. Por un alternativa obrera y socialista. Por un gobierno de los trabajadores. Comité Provincial del FUT-Partido Obrero (1º de abril)

PDVSA, la petrolera estatal venezolana, tomó el control de dos yacimientos operados por la francesa Total y la italiana Eni, luego de que venciera el plazo legal establecido para la transformación de los “convenios operativos” (con los que venían operando las petroleras) en “empresas mixtas” con la estatal venezolana. Otras 16 petroleras se asociaron con PDVSA (como accionistas minoritarios) para continuar explotando los yacimientos que ya tenían en operaciones. Los “convenios operativos” vigentes hasta el presente habían sido firmados en los 90, cuando el precio del crudo oscilaba entre 10 y 12 dólares por barril; con el precio actual de 65 dólares, las petroleras internacionales estaban realizando un beneficio extraordinario. Al obligarlas a asociarse con PDVSA, Venezuela fuerza a las petroleras a distribuir esa renta extraordinaria con el Estado. En compensación, obtienen un plazo de explotación más prolongado (40 años) y la posibilidad de registrar como propias una parte de las reservas venezolanas. Lo que no es poca cosa. Ahora, dijo Rafael Ramírez, presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleo, “se abre un proceso para acordar el reconocimiento de las inversiones (realizadas por las petroleras)” (El Universal, Caracas, 4/4). Tanto las cinco empresas que devolvieron sus yacimientos, como Total y Eni, serán “compensadas” por el Estado venezolano; según el monto que alcance, lo que se presenta como una “expropiación” podría terminar siendo un buen negocio para la Total y la Eni. En un comunicado, la empresa italiana señaló que “Eni va a dar un plazo a PDVSA para buscar un acuerdo que cubra sus derechos completos (...) si no se logra un acuerdo, iniciará una acción judicial” (ídem). Por eso, “los expertos petroleros dicen que es muy temprano para decir si estos acontecimientos señalan un deterioro de las relaciones de Venezuela con las petroleras internacionales o una postura pública más firme como una vía para asegurarse mejores condiciones. ‘No está claro todavía si es una declaración de guerra o simplemente otra mano en un juego de póquer’, declaró Luis Pacheco, ex jefe de planificación de PDVSA” (Financial Times, 4/4).

Los últimos balances muestran que las telefónicas están obteniendo, bajo el “nacional y popular” Kirchner, beneficios tan extraordinarios como los que lograban con Menem. Telefónica declaró un beneficio de 767 millones de pesos (sobre ventas de 3.367 millones), lo que significa una rentabilidad (sobre ventas) del 22,8%. Estos beneficios no incluyen los generados por la telefonía celular. Telecom, por su parte, declaró beneficios por 1.334 millones de pesos (sobre ventas de 5.718 millones). Un beneficio sobre ventas del 23,3% (en este caso, están incluidas las operaciones de telefonía celular). Estos excepcionales beneficios son la mejor explicación de por qué las telefónicas resolvieron “suspender” sus reclamos ante el Ciadi. Más aún ahora que, con los convenios firmados por el kirchnerismo, las privatizadas han logrado extender, a perpetuidad, las condiciones iniciales de la privatización. Con Kirchner, la fiesta de las telefónicas no para.

En las próximas horas, las asambleas docentes de las distintas localidades votarán una propuesta del gobierno, que pasa las sumas fijas no remunerativas al básico -de 285 a 399 pesos-, otorga una suma fija de 100 pesos bonificable, el pago de los días caídos por medio de una recuperación “consensuada” de las jornadas de clase (hasta ahora no se han descontado) y la continuidad del presentismo. Sobre los otros puntos, el gobierno plantea que la situación de los porteros se trate con ATE (estatales), quebrando su vínculo con los docentes, y no asume compromiso alguno en materia de arreglo de los edificios. En números, un maestro inicial de primaria pasa de 750 a 853,23 pesos, y con diez años de antigüedad, de 986 a 1.063 pesos. En Neuquén el costo de vida supera en un 50%, por lo menos, el costo de vida fuera de la Patagonia. Las asambleas, de acuerdo a las tendencias, votarán esta propuesta. Tribuna Docente ha planteado una contrapropuesta a las seccionales de Plottier, Senillosa y Capital, que consiste en la anulación del presentismo y la integración de esta suma al básico; el pago de los días caídos; la efectividad de los porteros, y el control docente sobre la habilitación de los edificios escolares. Este desenlace fue “preparado” por la burocracia sindical provincial, la cual dejó que la burocracia de Uocra y el gobierno organizaran el ataque al piquete docente en Plaza Huincul; se negó luego a reconstituirlo; y luego propuso una virtual rendición a la golpiza, al proponer la suspensión de todos los cortes. La burocracia provincial (Lista Azul y Blanca, una coalición de centroizquierda con influencia del clero) había fracasado diez días atrás en montar una negociación prácticamente en los mismos términos que ahora (ver PO anterior), lo que llevó a la desactivación del otro piquete clave en las rutas del petróleo, Rincón de los Sauces. Luego de una década de salario básico congelado, sumas fijas no bonificables, premios al presentismo y productividad, depreciación del salario por la inflación, los trabajadores de la educación pusieron en pie una nueva huelga que enfrentó una “santa alianza”: el gobierno nacional, el gobierno provincial y la burocracia de Ctera, unidos en el planteo común del salario de pobreza como “techo” para los docentes y la defensa de la ley (privatista) de financiamiento educativo. La huelga se desenvolvió en un cuadro de crisis política del gobierno Sobisch (que fracasó y comenzó a sufrir la disputa de sus contendientes en el MPN). La huelga arrastró de entrada la limitación de no haber logrado una adhesión masiva y sostenida. Pesaron en esto las duras luchas que terminaron en derrotas en la etapa anterior y los límites de la propia dirección. Frente a esto, el activismo se orientó hacia los cortes, y éstos actuaron como un factor de fortalecimiento de la huelga, así como actuó en la misma dirección la labor de los delegados de distrito en Aten Capital. Los cortes sumaron nuevos contingentes docentes, hicieron crecer la agitación y el paro en las escuelas, y hasta se fundieron con la población, como en Rincón de los Sauces o Añelo. Con la instalación de los piquetes la huelga tendió a convertirse en rebelión popular. El sostenido trabajo de ganar compañeros a la huelga logró, en la última semana, picos de adhesión entre el 70 y 100% en muchas seccionales. Operativo conjunto: quebrar la huelga Porque los cortes amenazaban con dar un salto en la situación de la huelga, el MPN puso a sus punteros en acción para enfrentar a los huelguistas en las escuelas, en los cortes y las movilizaciones. El gobierno y las petroleras armaron una campaña pérfida de desabastecimiento de combustible y lock-outs para crear un clima de enfrentamiento con los docentes, y reclutó para esta campaña a la burocracia sindical. Antes de esto, la dirección de la CTA y ATE le había dado la espalda al llamamiento de la asamblea de la seccional capital por una huelga conjunta. Sacar todas las conclusiones de esta huelga debe llevar, más que nunca, a la organización de una Tribuna Docente de masas frente a los desafíos de la etapa que se abre, y en particular la lucha por la recuperación de Aten (habrá elecciones generales este año).

— ¿Cómo esta hoy la situación? — Todavía no hay soluciones; hoy bajó todo el gabinete, y les dijimos todos los problemas: la reincorporación de los despedidos, el reencuadramiento, la libertad de los compañeros detenidos; nos salieron que con el tema de los presos no se puede hacer nada, que la Justicia es “independiente”. Nosotros sabemos que toda la causa y las detenciones han sido orquestadas desde el poder, pero se les va a volver todo en contra, como con la caída del gobernador, que también fue producto de esta lucha. — Hoy es 24 de marzo, se conmemoran 30 años del golpe militar; ¿qué opinás al respecto? — Hay una similitud en cuanto a la represión de hace 30 años con lo que pasó acá en Las Heras; por los diferentes apremios, nos limitaron las comunicaciones por Internet o teléfono, la policía pegando y deteniendo a compañeros que no tenían nada que ver... Nuestra causa fue y sigue siendo el aumento del mínimo no imponible y el reencuadramiento laboral. — ¿Cómo jugaron los distintos sectores durante el transcurso de esta lucha? — El gobierno local no se hizo cargo, no apoyó nuestro reclamo, que era legítimo; los sindicatos de Petroleros Privados y de la Uocra no se hicieron cargo. En el gobierno provincial supuestamente había una interna, pero todos salieron contra nuestra lucha (Acevedo, la Policía, la Justicia). Kirchner nos mandó la Gendarmería para que no se le escapara de las manos, porque desde que asumió tiene conflicto tras conflicto. Los gobiernos nacional y provincial quisieron judicializar la protesta para tapar los reclamos de reencuadramiento y del aumento del mínimo no imponible. Por otro lado, fue muy importante el apoyo de partidos y organizaciones de Buenos Aires, Caleta Olivia, Pico Truncado, Comodoro Rivadavia, Neuquén, etc., que abrieron un camino para que nuestro reclamo se llevara al orden nacional e internacional. — ¿Qué conclusiones pueden sacar los trabajadores de esta experiencia de lucha? — Creo que debe haber una nueva alternativa política tanto a la UCR como al PJ, porque desde hace décadas la dirigencia pasada y actual tienen intereses con las multinacionales... El mismo gobierno pacta con las empresas los negociados, para ser condescendientes con los capitalistas. A partir de esta lucha deberá llamarse a la reflexión a los obreros que son manipulados por las dirigencias actuales, del gobierno y de los sindicatos; impedirles que sean socios de las patronales y construir una alternativa que nos permita luchar por un país donde no haya que pagar un impuesto para poder trabajar. — ¿Cómo viste las intervenciones de los compañeros del PO que estuvieron junto a ustedes en esta lucha? — Han sido muy buenas, pudimos hablar más de política partidaria y gremial; esta práctica se había perdido hace muchos años. Debemos agradecer a todos, porque no nos alineamos en una sola organización; desde las bases, una vez que se termine el conflicto, debemos saber que hay otras alternativas y cada uno debe tomar el camino que crea conveniente. Insto a la juventud y a los viejos que no pudimos lograr un país mejor, a que busquemos otros caminos, para poder concretar el país que todos deseamos.

El aumento del precio de la carne es, antes que nada, una consecuencia de la mega-devaluación monetaria, que ha hecho las delicias y los superbeneficios de todos los grandes e incluso pequeños capitalistas. Lo mismo ocurre, en diferente grado, con todos los demás productos. La aplicación de impuestos a la exportación (retenciones) y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores apuntaron a mantener en el tiempo un diferencial entre el precio de exportación (el cual se establece en los mercados de consumo del exterior) y el precio interno. En el caso de la carne, sin embargo, una persistente reducción de los campos de cría y pastoreo, que han sido volcados a la soja, ha reducido la oferta de ganado, mientras que la eliminación de la aftosa en Argentina y la salida del mercado de Brasil, han incrementado la demanda internacional de carne de Argentina. El resultado de esta combinación ha sido elevar el precio del ganado en pie y sus productos. La queja del gobierno y de sus escribas, que dicen que la carestía de los vacunos obedece a una manipulación del mercado por parte de los capitalistas, es simplemente una estupidez, independientemente del hecho de que los capitalistas buscan manipular y efectivamente manipulan todos los mercados en todas las circunstancias. En este caso, sin embargo, en una situación de predominio de la demanda sobre la oferta, lo que conviene a los capitalistas es la ‘transparencia’, porque la suba de los precios la dicta el ‘mercado’. Al revés, la ‘manipulación’ es el recurso al que debería recurrir el Estado si quisiera congelar o producir una reducción más o menos prolongada o más o menos transitoria de los precios, según como se lo mire. Lo que ocurre con la carne, y con la inflación en general, es que se está disipando la llamada ‘devaluación exitosa’, o sea que afectaría poco los precios internos. Contenida hasta hace algún tiempo por la depresión económica resultante de la bancarrota de 2001, la inflación que provoca la devaluación del peso se ha ido abriendo camino de modo implacable. Tarifazo Al gobierno le preocupa el aumento del precio de la carne por razones poco santas. Le preocupa que un aumento del costo de vida impulse una mayor lucha salarial, lo que al ‘populista’ Kirchner no le interesa en absoluto por paradójico que parezca. A los ‘populistas’, las movilizaciones populares les encantan siempre que se encuentren controladas por ellos mismos. Pero la ‘incomodidad’ principal que le provoca a Kirchner el aumento del precio de la carne es que no puede proceder al aumento de las tarifas de las privatizadas, que ya ha comprometido hace un tiempo y que ahora tendrá que aplicar con retroactividad (como acaba de ocurrir con el precio del gas de consumo industrial). Los ‘servicios públicos’ (y el petróleo y la minería) son el corazón de los negocios de la ‘patria kirchnerista’; primero, porque en muchos de ellos ha metido a sus socios de la ‘burguesía nacional’; segundo, porque ha montado numerosos fideicomisos para financiar esos servicios; tercero, porque los grandes negociados de infraestructura están vinculados a energía y obras, que necesitan de aumentos tarifarios. Los alcahuetes que aseguran que Kirchner defiende los bolsillos del consumidor de carne, se cuidan muy bien de no mencionar el tarifazo pendiente y el que ya está en ejecución, incluidos aquí los llamados ‘cargos específicos’ que comenzarán a aparecer en las facturas para financiar ‘inversiones’. Supermercados La única medida que ha tomado Kirchner para bajar el precio de la carne ha sido la prohibición de exportar, que en realidad no es tal porque excluyó de la lista a la ‘cuota Hilton’, a los ‘convenios bilaterales’ y, por último, a todo lo demás, dado que se seguirán cumpliendo con todos los contratos de exportación que estén respaldados por “cartas de crédito”. Es decir que hasta ahora la ‘lucha’ contra la ‘oligarquía vacuna’ es un verso. A esto hay que agregar que la carne sigue subiendo en las góndolas, a pesar de que baja el kilo vivo en Liniers; lo que implica un beneficio doblemente extraordinario para los supermercados. Los pulpos que firmaron los llamados ‘acuerdos de precios’ de otros productos, que sin embargo no cumplen, se desquitan con los cortes de carne, que no están cubiertos por acuerdo alguno. Kirchner se queda en el molde ante los supermercados para que no se le caiga el resto de la estantería de los ‘acuerdos de precios’. La publicidad oficial se ensaña con machacar el slogan contra el consumo de carne a un pueblo cuyo 50% de pobres hace mucho que le olvidó el gusto. “Cadena” Para agravar la crisis del consumo popular, se añaden las peleas entre los capitalistas de la llamada ‘cadena de la carne’, o sea la anarquía capitalista. Los principales frigoríficos exportadores han propuesto una reducción fuerte de los impuestos a la exportación, alegando que un mayor beneficio en este rubro les permitiría subsidiar los cortes que van al consumo interno. Estos pulpos no tienen un pelo de zonzos y resucitan un viejísimo planteo. El negocio de esta ‘solución’ que proponen sería para ellos redondo, porque ganarían aún más con la exportación y harían una competencia ‘desleal’ a los matarifes y frigoríficos que trabajan con exclusividad para el mercado interno, incluso a los supermercados que faenan para ellos mismos. En esas condiciones, dicen estar de acuerdo con ‘bajar’ el precio de la carne y no sólo ‘congelarlo’, mientras que el resto no acepta reducirlo. La propuesta —de los frigorífico grandes y la Sociedad Rural— ha sido rechazada por el resto de la ‘oligarquía’ e incluso ha acentuado viejas divisiones en el clan kirchnerista de la secretaría de Agricultura. Esta ‘segunda fila’ de la ‘oligarquía’ está promoviendo movilizaciones contra la ‘veda’ a la exportación, pero en realidad con el propósito de que la ‘exportación’ no les haga competencia en el mercado interno. Las aguas se han agitado como consecuencia del temor de que Kirchner ‘arregle’ con los ‘grandes’ y la Sociedad Rural, que son los únicos que le prometen una ‘baja’. El inmovilismo que reina en esta crisis obedece principalmente a la ‘pelea’ entre los socios de la ‘cadena’. Salida Desde un punto de vista capitalista general, la crisis podría tener una solución sencilla, pero va en contra de los diferentes intereses capitalistas particulares. El precio de la carne ha subido por cuatro desde 2001 —de 0,60 a 2,60 pesos el kilo vivo, y aún más en las carnicerías. Ha pasado de 60 centavos de dólar a 85 centavos de dólar y, en términos de poder adquisitivo, de un índice 100 a 170. Es decir que la ‘cadena’ opera con un beneficio que supera la media capitalista, o sea un beneficio extraordinario. Este beneficio extraordinario podría ser apropiado en gran parte por el Estado, por medio de un impuesto especial a las ganancias, y aplicar la recaudación correspondiente a la importación de carne para nivelar los precios. El impuesto a los beneficios extraordinarios de la ‘cadena’ pagaría la importación. Kirchner ni siquiera fantasea con esta salida, estrictamente capitalista, porque provocaría la ‘insurrección’ de toda la ‘cadena’ capitalista. De todos modos, cuando se examina la explotación ganadera debe tenerse en cuenta que el capitalista ‘ganadero’ obtiene otros beneficios, incluso mayores, por ejemplo de la soja; ha desplazado tierras de pastoreo a agricultura para obtener esos mayores beneficios. Asimismo, explota una fuerza de trabajo que se ha desvalorizado enormemente, directamente en el campo y en el almacenamiento y en la industrialización. Los distritos rurales se han industrializado. La introducción de semillas genéticamente modificadas ha aumentado los rindes. Por último, el precio de la tierra ha subido una enormidad, como consecuencia de los mayores precios agro-ganaderos y de la baja de la tasa de interés (el rendimiento de un campo supera en muchas veces al depósito en un banco, por ejemplo). El precio de la carne y la apropiación de los beneficios extraordinarios que ha generado su suba deben ser considerados en el contexto de toda la producción del capitalismo agrario, no solamente de la carne. Programa ¿Qué debemos hacer los trabajadores ante esta situación? En primer lugar, denunciar los enormes beneficios capitalistas de la ‘cadena’ agraria, pero por sobre todo la complicidad del gobierno con estos capitalistas, a los cuales les ha dado el beneficio extraordinario de la devaluación en un marco de crecimiento de los precios de las materias primas. En segundo lugar, denunciar la política del gobierno para ‘contener’ o ‘bajar’ los precios como una farsa, porque la veda a la exportación no se cumple; porque golpea a los obreros de los frigoríficos, principalmente; porque no contuvo ni bajó nada porque el problema no se reduce a la exportación; y porque, por último, Kirchner quiere ‘parar’ la carne para poder aumentar los peajes, la luz, el gas, la nafta, etc. y atacar los reclamos salariales. En oposición a toda esta impostura es necesario plantear el ajuste salarial por inflación y el pago de los días caídos a los obreros de la carne según lo que cobraron en los últimos meses (incluye adicionales y horas extras). Planteamos asimismo un impuesto a las ganancias extraordinarias de toda la ‘cadena’ de la carne y agraria, dado que obedece a una renta de situación y en parte de monopolio. Por sobre todo, reivindicamos el control obrero de la ‘cadena’ de faena y comercialización de los supermercados, que aprovechan la presión del Estado para operar contra el kilo vivo en Liniers y aumentar los beneficios de la comercialización. En los distritos rurales es necesario llamar a los sindicatos, tanto rurales como industriales, a organizar la lucha por el salario mínimo de 1.800 pesos y la contratación de los compañeros desocupados en los términos de los convenios colectivos de trabajo. Todo el Partido Obrero debe poner manos a la obra en esta tarea de propaganda y agitación en todas las zonas agrarias, sean de la pampa como extrapampeana, donde la explotación de la clase obrera y de los minifundistas es infernal.

El miércoles 15 de marzo, la Asamblea Docente de la AGD decidió, en forma unánime, denunciar a la Asamblea Universitaria de la UBA por su carácter ilegítimo y camarillesco, ya que una absoluta minoría de profesores tiene el 50% de la representación de esa asamblea. Mientras la masa de docentes nos preparamos para salir a un plan de lucha nacional —votado por ambas Conadu— por la media canasta, el presupuesto, el salario para los ad honórem, 85% móvil para los jubilados, estabilidad y carrera docente, derogación de las leyes Federal de Educación, de Educación Superior y de Financiamiento Educativo, las camarillas que constituyen menos del 10% del total de docentes de la UBA, a puertas cerradas, “rosquean” cargos y se preparan para profundizar la privatización de la universidad. La Asamblea, también por unanimidad, votó denunciar la participación del candidato Atilio Alterini como asesor de la dictadura militar, y organizar actividades junto a consejeros opositores con la Fuba y centros de estudiantes, para dar a conocer esta posición.

Me llamo Cintia, soy la compañera de un hombre especial, compañero y amigo, con el cual he compartido siete años de mi vida, con el resultado de tres hijos, de 5, 4 y 3 años. Ese hombre se llama Pablo Mansilla, trabajó toda su vida. Hasta el 8 de marzo de 2003 era sólo un oficial soldador, trabajador de Indus, que luchaba para que se le reconozca que él realizaba un trabajo de petrolero y se le pagaba como un albañil. Por eso habían estado 20 días en la ruta y cuando levantaron, lloramos porque creíamos que iban a pasar a petroleros y cobraríamos el doble. Pero la empresa Indus no cumplió. El 8 de marzo, cuando se habían presentado a trabajar, Pablo y cuatro compañeros más fueron detenidos en su lugar de trabajo. La empresa Indus, su apoderado Daniel Davies, “¡oh! casualidad” fue visto la noche anterior cenando con jefes de la GOE, y el mismo día en las oficinas de personal de la empresa había estado el sargento 1º° Angulo, quien “induce a los testigos a ir a la Brigada de Investigaciones a declarar”. Me contaron que en época de los milicos, las empresas señalaban a los trabajadores para que los hicieran desaparecer. Ahora en Santa Cruz señalan a los trabajadores, que después de 14 años se animaron a hacerle un paro a Indus, para que los detengan. A pesar de que los detuvieron en el lugar de trabajo, no avisaron a las familias lo sucedido. Cuando fui a preguntar a la Comisaría por Pablo, se pararon los gendarmes con sus chicotes en la mano queriendo intimidar. Me dijeron que estaba ahí, pero que volviera al otro día. Era mentira: ya lo habían trasladado a Caleta. Empecé a vivir un infierno, el primer allanamiento lo realizaron violentamente ante mis hijos y sobrinos; después vienen a hablar de los derechos del niño. Se llevaron las rodilleras y coderas que son su vestimenta de trabajo como soldador y se los entrega la empresa; ahora la jueza, para procesarlo, dice que su ropa de trabajo son elementos “de protección policial”. Señora jueza: usted no sabe nada de mi marido, yo sí sé con quién duermo, y no es un asesino, sólo es un trabajador que enfrentó a la empresa porque los pobres nos cansamos que nos pongan la mano en el bolsillo y no poder comprarle ni una bicicleta a nuestros hijos. Ignora el trabajo que hace, e ignora incluso lo que se llevaron de mi casa, pero sin importarle que destruye a una familia, usa testimonios truchos e inventa pruebas para decir “marche preso”. Usted y los políticos usan la muerte del policía para tapar todas sus incompetencias, para que la lucha obrera se caiga, y nos sigan sacando plata sin que haya un reclamo. Yo también quiero justicia, pero la jueza y los políticos muestran, culpando a los trabajadores de la muerte, de la que ellos son responsables, sin ninguna prueba más que ser obreros en lucha. Quiero que todos digamos basta y luchemos por nuestro derechos; mi familia y yo necesitamos de todos para que se termine la burocracia que no nos apoya, los milicos en la ciudad, la persecución en la calle, en el laburo, en toda la Argentina y en especial en Las Heras. Por favor, no permitamos que hoy un trabajador esté preso siendo inocente, mañana pueden ser 30.000.

—A fines de febrero y comienzo de marzo, el gobierno firmó un convenio con las telefónicas. ¿Cuál es su opinión? —Vamos a decir primero lo que no es. El acuerdo no varió el marco regulatorio, por lo menos en las cuestiones de fondo, o sea algunas condiciones de “competencia” que se habían establecido en la venta o en la privatización de Entel y, a posteriori, en la modificación regulatoria del gobierno de De la Rúa. Lo que modifica el acuerdo es el pago por llamada en tránsito (que es el canon que pagan los distintos países por transitar por la Argentina). Eso ha tenido un valor a favor de las telefónicas. Eso implica un mayor ingreso para las dos prestatarias. Por otro lado, aparece como importante que caen o se bajan momentáneamente (porque no hay una renuncia definitiva) las demandas que habían entablado las empresas en el Ciadi. Telefónica reclama 3.000 millones de dólares, no sé cuánto era el monto que reclamaba Telecom. —El convenio reafirma las condiciones de la privatización inicial; la prensa lo presentó como una renovación “a perpetuidad”, o “ilimitada”. —No cambiaron las condiciones de la privatización. A diferencia de otras privatizaciones, ésta fue la primera y la más nociva; en realidad, esta fue a perpetuidad. Acá, lo que puede variar las condiciones de la privatización es la variación del marco regulatorio, que es lo que tenemos que encarar nosotros como pelea inmediata o cuasi inmediata. Tenemos que ir por condiciones de prestación de servicio que impliquen necesariamente un beneficio para el conjunto de la población, ésta es la idea. Pero esto se hace modificando el marco regulatorio. El propio Estados Unidos tiene un marco regulatorio que establece la obligatoriedad de prestación de servicios aun en aquellos sectores donde la rentabilidad es nula, baja o negativa. Acá se estableció un fondo específico para esas zonas al que nunca se aportó lo que había que aportar o nunca se llegó a implementar. Tal es así que hoy las empresas no están obligadas a dar telefonía en todos lados, y antes sí estaban obligadas. Uno puede venir hoy y sacar una licencia de telefonía que es única y se la puedo dar. Puedo dar telefonía celular, dar telefonía fija, dar telefonía internacional, dar telefonía nacional. No tiene limitación; lo que compró es la licencia única. Pero además puedo comprarla por determinada región y dedicarme a esa región y no a otra. Esto es una barbaridad, porque entonces no hay, no digamos ya un “mercado de competencia perfecta” (que no existe), sino una legislación que impida trabajar únicamente sobre los nichos más rentables, lo cual desfinancia cualquier tipo de inversión sobre los sectores de menores recursos. De hecho, hoy en día, la telefonía celular está teniendo mayor penetración sobre los sectores de menores recursos que la telefonía fija. Habiendo 18 millones de terminales móviles, o sea más del doble de la telefonía fija, ese servicio no tiene regulación ninguna, está absolutamente desregulado, como si no fuera un servicio. O sea, nació como un artículo de lujo y hoy es un artículo de necesidad: ese artículo de necesidad, que es un servicio para la población muy necesario, no está regulado; tiene absolutamente piedra libre para fijar precios, de tarifas en general, de venta de aparatos, de lo que se te dé la gana. Así están los contratos leoninos, las estafas. Estos acuerdos sí le otorgan la posibilidad a la telefonía fija de mandar imagen, de tener imagen, es decir, de mandar imagen por su red troncal, que es la red troncal de mayor poder de dispersión, la más grande, la más poderosa. Eso sí, les otorga esta posibilidad que no tenían hasta el momento. —¿Qué incidencia tienen estos contratos desde el punto de vista del usuario y del trabajador telefónico? —La tiene para el trabajador telefónico, si se quiere, en la medida en que aumenta el entendimiento entre el gobierno y las empresas. Es una consecuencia política del acuerdo, no una consecuencia directa del acuerdo en sí en el plano laboral. —¿Cómo caracterizás esta política de telecomunicaciones? —Yo creo que no es Dromi, ni es De la Rúa. La política del secretario de Comunicaciones, Ruiz Moreno, no es la misma que la anterior. ¿Alcanza con eso? Por ahora no alcanza. Como gremio vamos a apoyar todo lo que esté bien y rechazar todo lo que esté mal. Esa es la fórmula que nos da resultado; ésos son los techos que tenemos como organización gremial y política. —El 18 de marzo es el Día del Telefónico y es, también, el aniversario de la estatización de la telefonía. ¿Dónde queda el planteo de la “empresa nacional” de telefonía? —Nosotros, históricamente, hablamos de la empresa estatal monopólica y eficiente, que fue la consigna de Foetra en la pelea contra María Julia. Seguimos planteando lo mismo. El problema que hay que definir con mayor claridad es qué tipo de Estado queremos. Cuando hablamos de empresa estatal, tenemos que hablar de qué Estado va a manejar esa empresa estatal, de qué manera va a regirse esa empresa, con qué carácter de Estado. Esto hoy no lo tenemos definido internamente. De hecho, hay una cantidad de empresas estatales que siguen funcionando con una lógica que no es la lógica del usuario. No alcanza con plantear la empresa estatal, sino que hay que ver cuál es el control de los trabajadores y de los usuarios con respecto a esa empresa. De hecho, estamos discutiendo al respecto entre las distintas fuerzas dentro del sindicato. Nosotros participamos hace uno o dos años en un congreso de las telecomunicaciones. Allí llevamos una cantidad de proyectos al Poder Ejecutivo que tenían que ver con la telefonía social, con un marco regulatorio distinto, con la participación de usuarios en los controles, etc., con la característica de un servicio público. De hecho, esos aspectos que nosotros aportamos al Congreso, no están apareciendo. Creo que la pelea a dar próximamente es con relación al marco regulatorio. —¿Cuáles son los planteos de Foetra sobre el marco regulatorio? —Hay tres o cuatro ejes fundamentales. Primero, el servicio tiene que tener carácter universal. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas están obligadas a dar servicio a todo el territorio y al conjunto de la población. Ese el primer punto que divide aguas en cualquier marco regulatorio. Segundo tema del marco regulatorio: debería haber una política “Robin Hood”, donde los que tienen mayor poder adquisitivo realmente subsidien a aquellos que no lo tienen. Tercer tema: no debería haber diferencias en la atención y los servicios en cuanto a la cantidad de consumo. La segmentación es una de las cosas que han hecho las dos empresas, pero que no existía en Entel. Hay segmentos cada vez más diferenciados y producciones determinadas del servicio de telecomunicaciones de acuerdo al cliente al que se le vende. Eso debería estar regulado. No hablemos ya del “compre nacional” (que hoy, de hecho, está por una resolución de la Secretaría de Telecomunicaciones, pero no en el marco regulatorio). Debería estar el tema de cómo evitar la deslocalización del trabajo. Debería haber telefonía social, que implique un desarrollo intensivo de la línea; barriadas pobres que tengan posibilidad de tener líneas con centrales propias y donde se trabajen cien líneas para mil viviendas y se alternen como si fuera un gran conmutador y se fuera alternando para el servicio, y se pueda trabajar intensivamente el servicio. Debería haber tarifa plana, debería haber un marco regulatorio donde las empresas tengan la obligación de servir a hospitales, servicios públicos en general, escuelas, sobre todo con Internet. Ojo, esto que estoy planteando puede verse en cualquier país de índole capitalista.

El actual decano de la Facultad de Derecho, Atilio Alterini, reveló en una solicitada que ya tiene 127 de los 236 votos necesarios para ser elegido rector de la UBA. La denuncia del pasado procesista de Alterini no le quitó apoyos, lo cual es una prueba más del carácter reaccionario de la Asamblea. Pero los consejeros que hasta el momento han declarado su apoyo por Alterini no pertenecen únicamente al radicalismo. También ha sumado (o comprado) los votos del MNR-PS que responde a Ibarra y ahora a Telerman; de sectores del ARI y de fuerzas que luego de 2001 rompieron con la Franja Morada; incluso de un amplio sector de profesores que hace cuatro años apoyó a Jaim Etcheverry. Para asegurarse la mayoría, Alterini ha pactado con un sector del peronismo, al cual le ha asegurado el cargo de vicerrector, el ex decano de la Facultad de Veterinaria, Franco. Sólo con los votos de este bloque Alterini ha logrado reunir a la mitad más uno de los asambleístas. Alterini ha reiterado una y otra vez que lo suyo es una alianza con sectores del peronismo, es decir con el propio gobierno nacional. Esa alianza fue avalada por el ministro de Educación, Filmus y por la burocracia kirchnerista de Apuba (sindicato no-docente). Hebe de Bonafini Este apoyo de todo un sector del gobierno ha dejado en la intemperie a otro sector, que está encabezado por Kunkel y Patria Libre, y Hebe de Bonafini. Los transversales kirchneristas anunciaron su presencia en la Asamblea, pero se limitaron a un acto en la esquina del Nacional de Buenos Aires, con no más de 20 personas. Aunque los ‘transversales’ no sacan los pies del plato, son vistos por la burguesía como incapaces de gobernar. En consecuencia, los que se autodenominan decanos opositores y hasta de izquierda, encabezados por Schuster (Sociales) y Trinchero (Filosfía y Letras) han quedado girando en el vacío, ante la falta de apoyo del gobierno. Una parte de la izquierda, por sobre todo el MST 1, centra sus denuncias en Alterini y ha adelantado que estaría dispuesto a votar como rector a alguno de los decanos del kircherismo, aunque no se animaron a defender esta posición en las asambleas estudiantiles, que en forma homogénea rechazaron apoyar a alguno de los candidatos nominados. Privatización El pacto de Filmus con Alterini tiene un contenido preciso: limitar el financiamiento a los proyectos previamente pactados con el Ministerio. Los demás candidatos comparten en lo sustancial esta política. No por casualidad, todos se reclaman kirchneristas y buscan denodadamente el apoyo de sectores oficiales. La UJS-PO impulsa la lucha del movimiento estudiantil para enfrentar a la Asamblea Universitaria reaccionaria y exige la realización de un juicio de responsabilidades que esclarezca la complicidad de los que gobiernan y gobernaron la UBA con su crisis y privatización.

El viernes 31 de marzo se presentó el recurso de apelación de los detenidos y procesados de Las Heras. Las 34 carillas sólo alcanzaron para esbozar la carencia de cualquier respaldo jurídico de la resolución de la jueza Roata de Leone. Desde la nulidad del procesamiento y la prisión preventiva, hasta la incurrencía en cuatro anomalías más en el proceso que ameritan nulidades. El procesamiento se basa en los dichos de un testigo que se rectificó denunciando apremios ilegales en la brigada de investigaciones (testimonio que fue salvado por el jefe de la Policía de Santa Cruz, Wilfredo Roque, quien se presentó para declarar que pese a no figurar en el acta de la testimonial él se encontraba presente y no habían existido tales apremios), y en el falseamiento de las pruebas que se encuentran en el expediente por parte de la propia jueza. Basta a modo de ejemplo la cita del procesamiento cuando afirma “Sobre los hermanos Mansilla... se ha encontrado en su domicilio indumentaria policial”. Primero, los hermanos Mansilla no viven en el mismo domicilio, y el allanamiento al que se refiere es en el domicilio de Pablo Mansilla, figurando en el acta el secuestro de rodilleras y coderas a las que no se le atribuye ningún carácter; cabe aclarar que dichas prendas son parte de la indumentaria de trabajo de cualquier soldador, oficio que desempeña mi defendido. La conciencia de la Agrupación de Mujeres, familiares y trabajadores de Las Heras, sobre el carácter de rehenes de la jueza y el poder político de los detenidos, transformó el primer encuentro de ellos con el reciente secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Cruz, Jorge Maruco, en el requerimiento expreso de que los dejaran de ‘bicicletear’. Libertad a los detenidos, y separación inmediata del sargento primero Angulo de la investigación policial (principal denunciado de los apremios a los testigos que forman la principal y casi única prueba de la causa), y la intimación hasta el día martes para obtener una respuesta. El próximo domingo 9 en la plaza del pueblo, se realizará el primer festival en la ciudad de Las Heras por la libertad de los detenidos. En concordancia con esto, en medio de las apelaciones en curso a los procesamientos de los ocho detenidos, la jueza ha salido a declarar que el día miércoles resolverá la liberad de cinco de ellos. Esta medida, auspiciosa por un lado, refleja la resistencia y organización que se ha puesto en pie, pero también la arbitrariedad y disloque que constituye este proceso, que permitió detenciones y ahora liberaciones sin responder a ninguna lógica legal. En este marco, el lunes 3 de abril, a las 9 horas, se ha dictado la audiencia de recusación de la jueza Roata de Leone, presentada por esta defensa ante las irregularidades manifiestas en auto.

La agencia de noticias Derf informa que Néstor Kirchner, su ministro de Planificación, Julio De Vido, y el gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, firmaron convenios de habilitación de puertos privados en San Lorenzo y Puerto General San Martín. Los acuerdos, añade la agencia, fueron rubricados en una reunión que se desarrolló en la Casa Rosada. Se debe consignar, añadimos nosotros, que se trata de puertos de salida de la zona cerealera más importante del país. Ahora, inevitablemente, el comercio exportador de la región quedará, aún más que hasta el momento, en manos de pulpos expoliadores como Cargill o Molinos Río de la Plata, entre otros, lo cual actuará en perjuicio directo de los productores asfixiados por el capital bancario vinculado íntimamente con esos mismos monopolios. El entreguismo y los negociados del gobierno Kirchner parecen decididos a superar a los de su maestro Menem.

El viernes 31 se realizó la Asamblea de Consejeros para elegir el Consejo Superior de la UBA. El claustro más disputado fue el estudiantil. Para evitar un triunfo de la izquierda se formó un gran frente que incluyó a los que apoyan a Alterini, como los radicales, el MNR-PS, el ARI, y al sector transversal del gobierno como Patria Libre y otras fuerzas, que dado su poca representación resignaron los principales puestos a los alterinistas. Patria Libre y cia. le han asegurado a Alterini la mayoría del cogobierno. Por nuestro lado, la UJS llevó un bloque de 12 votos sobre 52, lo que equivale a más del 20% de la representación estudiantil. Por lejos, fuimos la primera fuerza.

La jueza Roata de Leone hizo lugar a un pedido del apoderado de Repsol para suspender en sus funciones laborales sin goce de haberes a Luis Guineo, uno de los protagonistas de la lucha de Las Heras. El hecho fue denunciado inmediatamente en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz, que “habló” con la patronal para que reincorpore a Guineo. Pero cuando el compañero se presentó en la base, el apoderado de Repsol lo hizo retirar pues “había una orden judicial”. Una concejal está realizando gestiones para que Tomada y De Vido reciban a una delegación de petroleros; al mismo tiempo, se presentó una apelación ante la jueza. La empresa y la Subsecretaría de Trabajo se comprometieron a abonarle el sueldo, pero Guineo no puede entrar al yacimiento. Han logrado un primer objetivo: aislar a los trabajadores de sus delegados. No se puede confiar en las gestiones del “nuevo” gobierno provincial ni del “viejo” gobierno nacional, que mandaron a la Gendarmería para aplastar a los obreros petroleros. No se puede confiar en los compromisos de la patronal. Mucho menos en la “Justicia” que todavía tiene varios compañeros presos como rehenes. Hay que confiar en los compañeros; hacer Asambleas en los lugares de trabajo; sacar pronunciamientos de todas las empresas; discutir y organizar medidas de fuerza si fuera necesario; movilizarse a la Secretaría de Trabajo y al Juzgado; prepararse para la Asamblea del 28 de abril para recuperar el Sindicato. Luis Guineo debe ser reincorporado inmediatamente.

El informe del Ministerio de Trabajo sobre los convenios firmados el año pasado es lapidario. Porque el récord de convenios firmados, que el Ministerio quiere presentar como un logro, constituye una radiografía de la gran entregada de los intereses sociales más elementales de la clase obrera por parte de la burocracia sindical. Veamos esto en detalle. 1) Hubo un récord de 568 convenios firmados, pero la amplia mayoría fueron acuerdos de empresa. “De los 568, 365 acuerdos fueron de empresa y 203 de actividad”, informó Clarín (24/3). Esto significa que sigue la destrucción de los convenios colectivos por industria y, de este modo, la atomización de los trabajadores frente a la patronal. La consecuencia de esto es una profundización de la brecha entre distintos sectores obreros y la pauperización de una mayoría. 2) De acuerdo a los salarios pactados en los básicos de la categoría representativa del convenio, el 67% firmó por básicos inferiores a los 1.000 pesos. Solamente el 25% firmó “por más de 1.200 pesos, en su mayoría en convenios por empresa, como terminales automotrices, conductores de trenes y personal jerárquico y profesional de empresas de energía”. Para el grueso de los trabajadores los nuevos básicos rondan el costo de la canasta de pobreza. Equivalen a un promedio de 450-500 pesos del poder adquisitivo de los salarios anterior a 2001. 3) “En algunos convenios (calzado) se autorizaron los “contratos a plazo fijo” (Clarín, ídem). Esto significa que los trabajadores son empleados por un período de tiempo y cuando vence el contrato —si fue menor a un año— no tienen derecho a la indemnización. Si fue de más de un año, tienen derecho a la mitad de la indemnización. Se trata de una variante agravada, ya que es general, de los “contratos basura” de los ’90 y del Contrato de Primer Empleo que está provocando la histórica resistencia de los trabajadores y jóvenes franceses. 4) “En algunos acuerdos se incluyeron cláusulas para las Pymes, que permiten que las vacaciones se fraccionen o se otorguen en cualquier período del año, a condición de que uno de cada tres períodos deben otorgarse en verano. También se permite el pago del aguinaldo en tres cuotas”. Estas cláusulas fueron aprobadas durante la década de los ’90 por Menem, Cavallo y Caro Figueroa con la aclaración de que podían ser puestas en práctica si el sindicato lo aprobaba en la negociación del convenio colectivo de trabajo. Desde hace tiempo, pero ahora en forma mucho más generalizada, la burocracia está poniendo en práctica —con la homologación del Ministerio de Trabajo— estos puntos clave de la “flexibilidad laboral” de los ’90. 5) “Buena parte de los convenios contiene ‘contribuciones solidarias’, que consisten en aportes de las empresas al sindicato y también retenciones a los trabajadores beneficiados por el convenio con destino al sindicato”, dice Clarín. El abogado Héctor Recalde dijo que esas contribuciones se justifican como honorarios por gestionar un nuevo convenio. En verdad, los patrones aportan “solidariamente” al sindicato y obligan a los trabajadores a perder 2, 3 y hasta el 4% del sueldo por los “servicios prestados” —léase bajos sueldos y cláusulas flexibilizadoras. 6) “En otros convenios (navales) se otorgaron adicionales por presentismo, vales alimentarios y la posibilidad de acordar sistemas o premios por productividad”. Más flexibilidad laboral.

Felipe Solá firmó con seis empresas radicadas en la provincia un acuerdo para la creación de mil “becas de capacitación” de 200 pesos mensuales, para hacer pasantías. Es el sistema “Bonus”, para jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, y el plan “Segunda Oportunidad”, para mayores de 26 años. “Las becas son por seis meses y funcionan como un subsidio para las empresas que redondean salarios que arrancan en 600 pesos mensuales” (Clarín, 28/3). Las empresas son Peugeot y Dana, automotriz y autopartista respectivamente, ramas que registran importantes ganancias; también incluyen a textiles y laboratorios de genéricos. Estos planes fueron ideados, en 2000, por el entonces ministro de Trabajo de Ruckauf, Aníbal Fernández. Ayer con la excusa de la crisis y la desocupación, hoy con la de la capacitación, los funcionarios subsidian a los empresarios, a costa de la superexplotación de los trabajadores. La promesa es de una futura efectivización del 70%, lo que significa el despido sin indemnización del 30% de los becados.

En nuestras recorridas por los hospitales Durand e Italiano recogimos una gran cantidad de pronunciamientos por los compañeros petroleros de Santa Cruz. El texto firmado dice: Los abajo firmantes nos pronunciamos por la libertad de los presos de Las Heras (Santa Cruz) y apoyamos sus reclamos: • Abajo el impuesto al salario. • Por el reencuadramiento laboral de los trabajadores de la construcción que realizan tareas petroleras. • Por la jubilación con el 82% móvil sin límite de edad. • Por la libertad de los compañeros presos. • Fuera la Gendarmería y los grupos de represión (Geop) de Las Heras. Desde Buenos Aires les mandamos nuestro más caluroso apoyo. La victoria de ustedes es la de todos.

El fin de semana pasado, familiares y amigos de Hugo Krince y otros afectados por la “Masacre de Villa Luján” (ver Prensa Obrera anterior) estuvieron reunidos con el Dr. Gustavo Mendieta, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel) en el Polo Obrero. Los vecinos relataron los hechos y formularon varias denuncias, donde quedaba de manifiesto el accionar de un auténtico escuadrón de la muerte amparado por el Estado. Uno de los amigos de Hugo, que fue herido de varios disparos aquella madrugada, denunció que en la Comisaría 4ª de Sarandí pretendieron hacerle firmar una declaración donde le atribuían el homicidio de su propio amigo; luego estuvo detenido durante una semana en la Comisaría 4ª, donde le negaban las curaciones que debían hacerle en el hospital. Otro ejemplo es el caso de otro de los chicos que se juntaban habitualmente en esa esquina, que fue brutalmente apaleado por los efectivos de “la 2” que llegaron al lugar tras el fusilamiento. En contraste, los asesinos recibieron un “tirón de orejas” y aún permanecen en libertad. Los demás efectivos que acudieron al lugar por el llamado de los vecinos aterrorizados se dedicaron a encubrir la masacre antes de que llegaran los peritos (que recién fueron al lugar pasadas 24 horas, durante las cuales el lugar no fue cercado), levantando todas las vainas y pruebas que pudieron con gran celeridad. Este “escuadrón de la muerte” de “la 2” descargó al menos 25 ó 30 disparos en todas las direcciones. Como dice el papá de Hugo, “no murió más gente porque Dios es grande”. En este caso, que tiene las proporciones de los grandes casos de “gatillo fácil” ocurridos en esta etapa democrática, se acumulan cargos contra “la 2” y la “Bonaerense” por homicidio agravado, tentativa de homicidio, encubrimiento, lesiones, amenazas, violación de domicilio y varios más que hay que terminar de discernir. Una docena de vecinos se presentarán como particulares damnificados en la querella que realizará Apel. La organización de los vecinos, la denuncia ante los medios y organizaciones populares, y la movilización, serán los pilares que sostendrán una acción judicial que tiene por objeto llevar a los responsables de este crimen a la cárcel de por vida.

La mentada “recuperación” jujeña es un fraude para los trabajadores. El 66% de los trabajadores jujeños está en negro o desocupado. Las publicitadas obras públicas, que abaratan los gastos de transporte al empresariado y que alimentan la especulación de las contratistas, sólo ofrecen trabajo basura fuera de convenio. A los salarios devaluados por la inflación se suman los tarifazos de las subsidiadas empresas privatizadas. Los capitalistas jujeños —ya sean terratenientes, industriales, financieros o de los servicios— están obteniendo beneficios como nunca. Para perpetuar la miseria y la explotación, el gobierno de Fellner desarrolló de un fuerte aparato asistencial y mantiene el aparato represivo intacto, reforzado presupuestariamente año tras año. Para asegurar la “estabilidad” de estos negocios, la camarilla de Fellner reclama su reelección. Frente a esta ofensiva, el movimiento obrero jujeño —que en el pasado libró luchas enormes, de gran repercusión nacional— se encuentra empantanado. La parálisis del movimiento obrero es la consecuencia de la complicidad de la burocracia sindical con el gobierno pero, también, del derrumbe de las mayores organizaciones sindicales y piqueteras que conoció nuestra provincia: la CTA y la CCC. La necesaria recuperación del poderoso movimiento obrero y piquetero jujeño exige romper el cerco de contención burocrático y asistencialista con los métodos genuinos de los trabajadores: la lucha, la asamblea, el reclamo y la puesta en pie de una alternativa política propia de los trabajadores. El Congreso del PO Abonados por nuestra participación en las distintas luchas y el resultado electoral, que coloca a nuestro Partido como la primera fuerza de izquierda en la provincia, nos proponemos realizar este 1º Congreso provincial partidario, como un ámbito de debate abierto a todos los trabajadores para resolver lo pendiente: construir una oposición obrera y socialista al régimen de los Fellner, al régimen de la miseria y la precarización, que luche y organice desde su programa, por las reivindicaciones populares y por el poder político.

Se llevó a cabo una asamblea de autoconvocados del Hospital de Río Turbio y 28 de Noviembre. Se decidió un programa de lucha que contiene 8 puntos. Concurrió en forma masiva prácticamente todo el personal del hospital de la cuenca y delegados del Hospital San Lucas. Por mayoría se decidió: 1) contactarse con los otros hospitales para hacer un petitorio único en toda la provincia; 2) comenzar con medidas progresivas, a partir del martes 4 hasta al paro de actividades; el lunes 3, nueva asamblea; 3) que las negociaciones las realicen los autoconvocados; 4) pedir el apoyo a los trabajadores de YCF (Yacimientos Carboníferos Fiscales).

En el Gobierno de la Ciudad hay miles de trabajadores en negro, conchabados bajo la modalidad de contratos basura, pasantías, planes Jefas y Jefes, etc., completamente precarizados, sin obra social ni beneficios laborales, con salarios miserables y en muchos casos sometidos a los caprichos de los funcionarios-punteros que los tienen en “su” planta. Estos miles de trabajadores realizan las mismas tareas que el personal de planta, lo que la jurisprudencia laboral reconoce claramente como una relación de dependencia encubierta que está expresamente prohibida por la Ley 471 (de Empleo Público) actualmente en vigencia. Las penurias de los trabajadores contratados son humillantes, su salario promedio no llega a los 800 pesos, a lo que hay que restarle el pago del monotributo, que ellos mismos deben realizar, y este promedio es mucho menor si se considera a los compañeros de los planes Jefas y Jefes que realizan sus tareas con jornadas mínimas de cuatro horas y presentismo obligatorio por 150 pesos. Los “contratados” tienen que ser gestores de sus propios contratos, cuya renovación es siempre una nebulosa y cada renovación implica que estarán tres meses sin cobrar sus haberes; en muchos casos estos compañeros son obligados a realizar tareas que el personal de planta se niega a llevar a cabo porque son violatorias de las condiciones de trabajo, es decir que son obligados a competir con el personal de planta con salarios miserables y precarizados. Muchos de estos compañeros fueron obligados por los punteros-funcionarios del gobierno y por las burocracias del Sutecba y ATE a movilizarse para “apoyar” a Ibarra. Como esta situación es insostenible, el gobierno porteño inventó el Contrato de Empleo Público, que reconoce a sus “beneficiarios” un status de estabilidad laboral y otros “beneficios” no reconocidos en las otras modalidades contractuales. De todas maneras se trata de un nuevo “contrato basura” tan ilegal como los anteriores, aunque contenga la zanahoria de la “estabilidad”; quienes pudieron pasarse a esta nueva modalidad (sólo una minoría) se encuentran con que sus salarios están congelados a los niveles anteriores y aún mermados por los descuentos de ley. Estos contratos tienen una vigencia anual y a la finalización de los mismos podrían sus beneficiarios pasar a planta permanente si es que no son vetados por alguna razón; la perfidia de esta modalidad es tremenda, ya que los contratados ansían ingresar al mismo con la esperanza de pasar a planta, y como el cambio de modalidad es gradual, la inmensa mayoría se “aguanta” en contratos aún más precarios. En resumen, todos son rehenes de la ilegalidad, la precarización laboral y la miseria salarial, incluido naturalmente el propio personal de planta. Ante esta gravísima situación, la burocracia de los sindicatos estatales se limita a pedir, sin ninguna convicción, el pase... al Contrato de Empleo Público de todos los contratados y la equiparación salarial con la última grilla de planta, que es de 1.038 pesos. Estos reclamos apenas disimulan la complicidad de estas burocracias con el trabajo en negro promovido por el propio Gobierno de la Ciudad. Lo que corresponde es rechazar todas las modalidades de contrato y trabajo en negro, exigir la derogación de decretos de congelamiento de vacantes actualmente vigentes y plantear en consecuencia el pase a planta permanente de todos los trabajadores contratados en todas las modalidades, pasantías, Jefas y Jefes, y arrancar con un salario mínimo de 1.800 pesos para todos los trabajadores de la Ciudad. Corresponde decir que en numerosas reparticiones crecen los reclamos de los compañeros contratados por el pase a planta permanente y por el aumento salarial. Se avecina una gran lucha.

Las imágenes aparecidas sobre la situación en el río Tartagal sólo representan la manifestación más crítica de lo que ocurre en la ciudad y en general en todas las localidades del Departamento San Martín. Campamento Vespucio, que fuera el barrio Pope de los funcionarios de YPF, se está cubriendo de lodo. Mosconi es una suerte de Venecia “cuarta-mundista”... Los barrios tartagalenses son la imagen de la desolación. El problema de la falta de agua, los continuos cortes de luz, las calles que son verdaderos ríos, las casas derrumbadas... Tartagal es Sarajevo. El río nace entre las sierras subandinas que cobijan las riquezas... y la explotación capitalista del gas. Se sabe, a nivel popular, quiénes son los responsables de los desvíos de los caudales o de las deforestaciones: las petroleras, las sojeras, las forestales. Y el gobierno que hace de preservativo. Se acusa de desidia al gobierno municipal... por favor, son delincuentes. Desde que llegaron las primeras monedas de la Nación, sólo se han peleado entre los propios funcionarios del Municipio por el control de los planilleros (trabajadores bajo planilla, o sea en negro contratados por el Municipio), por el control de la poca ayuda social que llega. En momentos en que la crecida traía entre sus aguas la guadaña, hasta el mismo intendente se puso a cargar bolsas en el río, luego le siguieron sus funcionarios. Hipocresía que le dicen. Está Romero. La semana pasada el gobernador anunció el llamado a licitación para la exploración de nuevas áreas petroleras. Los funcionarios romeristas, como sus diputados, sólo utilizan la catástrofe como “ring” donde saldar sus internas. Nada de plata. Sólo para los negocios de la Capital (de los que sólo se beneficiarán los empresarios de la construcción y del turismo, pero no el pueblo). Y está Kirchner... Hace un mes anunció obras para el Departamento y una inversión de más de cien millones de pesos para... la construcción de la Ruta 81, con lo que completa el corredor bioceánico (para las sojeras y poroteras); para el aeropuerto de Mosconi, que es más bien para los funcionarios de las petroleras; el funcionamiento del Belgrano Cargas... y sólo un 10% para obras que verá el pueblo concretamente. Recién hoy, sábado, tuvieron que llegar algunos funcionarios del gobierno central, en medio de toda una presión. Primero enviaron un avión con ayuda social (colchones, mercaderías, etc.). Pero la gente no se deja engañar y un grupo de vecinos en Vespucio no los dejaba salir hasta que hubiera un compromiso real de soluciones. Al final, como en Tartagal también los esperaban, los dejaron pasar pero quedaron de prenda algunos concejales y funcionarios provinciales. El lunes pasado viajaron a Buenos Aires cinco concejales (incluidos los K) a gestionar fondos ante el gobierno nacional, pero sólo fueron recibidos por funcionarios de tercera línea. Las monjas del Colegio Santa Catalina, que está a la orilla del río, organizaron abrazos simbólicos y cadenas de oración. Si bien en un principio plantearon que las petroleras deben poner plata, dejan esta tarea en manos de las gestiones de los funcionarios. Todos viajan a Tartagal. Todos tienen la solución... pero el río crece y las aguas no perdonan. Hacen falta fondos genuinos. Hay que reconstruir Tartagal. Hay que hacer un plan de viviendas inmediato para la gente de la orilla del río. Hay que canalizar nuevamente el río Tartagal. Un plan integral de obras públicas prioritarias que contemple la construcción de cloacas, pavimentación de las calles, etc., en todos los barrios. El problema central es quién pone la plata. El Partido Obrero reclama un Fondo de Emergencia con aportes directos de las petroleras a cuenta de una indemnización al Estado y al pueblo por los daños causados. Empresas que, además, en medio de la crisis no dejaron de explorar, explotar y facturar. Esto fue plasmado en una declaración que aprobó el Concejo Deliberante de Tartagal a instancias de la bancada obrera. Pero está claro que sólo será impuesto por la movilización popular. El lunes realizaremos un acto en las puertas de Panamerican Energy reclamando el aporte de esta empresa y de las otras operadoras. El Departamento San Martín debe ponerse de pie y enfrentar a las petroleras. Y el PO, sus bancadas incluidas, debe ser un factor importante en la movilización política de las masas.

Desde la campaña electoral para la Convención Reformadora de la Carta Orgánica Municipal, denunciamos hasta el hartazgo que su objetivo encubierto era eliminar el status de “área protegida” de numerosas tierras que rodean la localidad, para entregarlas a diferentes emprendimientos capitalistas y/o librarlas a la especulación inmobiliaria. Para muestra basta un botón. La pasada semana, la Provincia de Río Negro autorizó la tala de cinco hectáreas de cipreses en la reserva ecológica de El Guadal, un “área protegida”, para facilitar la ampliación de una cantera. Lo destacable del caso es que la tala fue solicitada... ¡por el propio Municipio de El Bolsón!, pese a que su Carta Orgánica considera la reserva de El Guadal “bosque comunal a perpetuidad con fines de protección del medio ambiente” y prohíbe expresamente su explotación. La voracidad capitalista no tiene límites. No serán sus agentes en el Municipio y en la Convención quienes se los impongan. Solamente la movilización y organización popular puede poner coto al saqueo y la depredación capitalistas del medio ambiente.