Prensa Obrera N° 939

El 12 de mayo de este año (2005), el presidente Néstor Kirchner recibió en la Casa Rosada a los familiares de los desaparecidos de Mercedes-Benz Argentina y a un grupo de ex trabajadores de Mercedes-Benz. El Presidente se mostró indignado porque todavía la Justicia demoraba la investigación de la denuncia hecha contra la empresa por nuestros desaparecidos y prometió: “1) la formación de una Comisión de Investigación con la participación del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, el ex obispo luterano, expulsado por Pinochet y durante años secretario general de Amnistía Internacional en Alemania Helmut Frenz, y un representante del gobierno argentino; ”2) el nombramiento de un fiscal especial para que los gerentes de la empresa no burlen las citaciones y declaren bajo juramento; ”3) el arresto efectivo del subcomisario Rubén Lavallén. Este torturador, apropiador de una menor de una pareja desaparecida y jefe de seguridad en la empresa Mercedes-Benz Argentina, participó en los secuestros y en la tortura de los trabajadores de la Mercedes-Benz. Tiene hace años dos órdenes de captura, uno del juez español Baltasar Garzón y otro por el juez argentino Canicoba Corral; ”4) la investigación de la sustitución de identidad operada a través de la inscripción de las partidas de nacimientos de quienes figuran como “hijos” del ex gerente de Mercedes-Benz, hoy Daimler-Chrysler, Juan Ronaldo Tasselkraut, chicos que probablemente son hijos de desaparecidos. Estas partidas fueron expedidas por parteras que están involucradas en otras causas de desaparecidos, y tienen evidencias manifiestas de adulteración. Toda esta documentación fue entregada a la Justicia. Y la Justicia no investiga. Además, declaró un ex director de Mercedes-Benz bajo juramento en el Juicio por la Verdad, que la empresa Mercedes-Benz donó durante la dictadura aparatos de neonatología al Hospital de Campo de Mayo. Hasta ahora, no se cumplió lo prometido. Nos dijeron que no se va a formar ninguna Comisión Investigadora ni se va a nombrar ningún fiscal. La investigación no avanza y la apropiación de los chicos Tasselkraut no se investiga. Queremos informar que la Daimler-Chrysler abrió en enero de 2005 un juicio contra la República Argentina en el marco del Ciadi, un organismo bajo el techo del Banco Mundial en Washington, donde varios inversores extranjeros y las empresas privatizadas de servicios públicos piden cientos de millones por “ganancias perdidas” por la devaluación. El juicio es totalmente secreto y está prohibida la publicación de los documentos. El gobierno argentino en un momento prometió publicar todo en Internet, pero no se hizo tampoco. Daimler-Chrysler es socio mayoritario de la empresa Nahuelsat SA, y Nahuelsat maneja el único satélite que tiene Argentina en la órbita. De este satélite depende la comunicación de Argentina con el mundo. Además, a Nahuelsat le fue otorgada una concesión, en épocas menemistas, de colocar el segundo satélite argentino, lo que hasta hoy no lo hizo y nuestro país estaba en grave peligro de perder el derecho a esta posición en el cielo. Se solucionó por el momento, porque Venezuela presta un satélite suyo en esta posición y los organismos internacionales le dieron a Argentina una prórroga. Esta empresa, con origen nazi, chantajea al gobierno argentino con el juicio en el Ciadi, pero es ella la que no cumplió con el contrato. Debería pagar al Estado argentino los daños y perjuicios, y se condenada por su participación en la dictadura. Tememos que los 14 desaparecidos de Mercedes-Benz se transformen en algo que será negociado a cambio de ganancias multimillonarias. Nosotros no aceptamos que los derechos humanos sean parte de esta negociación espuria. Seguimos exigiendo Verdad y Justicia.

La lista antiburocráctica y combativa acaba de ganar las elecciones de interna en Stani Cadbury: obtuvo 341 votos contra 141 de un desgajamiento de la burocracia y 59 de la lista oficial de Daer. La victoria expresa una lucha denodada del activismo que lleva varios años. Los siete delegados que acaban de ganar la elección expresan al movimiento de lucha que arrancó las primeras victorias contra la flexibilidad laboral en mucho tiempo en el gremio de la alimentación y enfrentó a la burocracia “histórica” del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (Daer). La interna fue sometida a desafuero por la patronal, con el visto bueno de la conducción del STIA, a pesar de lo cual unos y otros no pudieron lograr el despido del activismo empeñado en la recuperación de la organización obrera. La interna “proscripta” de Stani Cadbury fue parte de la Lista Celeste y Blanca que enfrentó a la burocracia en las últimas elecciones y en condiciones de fraude arrancó más del 20% de los votos. La Lista Celeste y Blanca se fogueó en la lucha contra el convenio firmado a principios de 2005, un convenio marco nacional con nuevos mínimos de salario (3,30 pesos) y flexibilidad laboral — jornada anual y partición de las vacaciones, que impuso además un aporte obligatorio a los no afiliados (2%) por “uso del convenio”, además del aumento de la cuota sindical. Un convenio que hoy vuelve a estar en debate, sin que nadie (ni siquiera las internas) conozcan el anteproyecto ni quién lo discute. Sólo ha trascendido el “anuncio” de 1.800 pesos de básico para la categoría inicial pero sin ninguna medida de deliberación o lucha que acompañen este anuncio.

—Detrás de la última noticia, en la radio y en la tele, busco el rostro del porqué. Sus blancos pañuelos y locas banderas descansan en el puño de no volverán. —¿Acaso la tortura de los años, el encierro y la locura de la resistencia, volvieron tu rostro más amargo, tu boca más fruncida, tu mente menos clara? —¿No fueron suficientes 30.000 causas, 30.000 pañuelos, 30.000 compañeros desaparecidos, sin duelo y sin justicia? —¿Puedo, acaso, dejar de pensar un segundo en lo claro de las ideas de mi padre, en lo claro del momento histórico, en lo claro de la resistencia a aquellos que todavía en nombre de la Burguesía nacional, de la Tiranía del Sistema, de la opresión capitalista, de la bestialidad del Imperio, buscan esconder los nombres, la lucha y la herencia que por mis venas corren? —¿Quién en nombre mío y de mis hijos puede absolver a los asesinos? —¿Quién en nombre de mi padre, de los detenidos-desaparecidos, de los exiliados, de los hijos que aún faltan, de los 5.000 presos políticos actuales y de sus familiares, de los trabajadores, estudiantes, mujeres, desocupados y piqueteros asesinados, suelta la correa que desata al demonio-genocidio-exterminio? —Justo vos, Hebe, te dejaste vencer; muerta sin combate, sin honor, ni gloria antiimperialista. ¿Puede un puño tan alto, tan firme quebrarse en mil pedazos? ¿Puede la historia y nosotros, el pueblo, los hijos, tu hijo, olvidar y perdonarte? —Mi mano se desliza, toco el fondo de las incertidumbres, sólo una luz me rescata... la luz de la memoria. Por eso te digo Hebe, para vos que te equivocaste, para vos también, ni olvido, ni perdón.

Miguel Juárez (Miguelito) se jubilaba a fin de año, tenía 35 años en la fábrica. El miércoles 22 de marzo, con una temperatura de 30 grados se encontraba trabajando en su máquina (la 6 más 6), que en el turno anterior se había roto. Le empezó a doler el pecho y avisó que se iba hasta la enfermería... pero antes de salir del galpón, se descompone y vemos cómo se va para atrás; eran las 16:20 hs. Todos empezamos a preguntar qué había pasado; en el Hospital “Héroes de Malvinas” no quieren firmar el certificado de defunción. Miguel Juárez murió de ataque cardíaco, no le aguantó el corazón. Paramos la producción en señal de duelo y el turno de las 6 de la mañana tampoco trabajó. Recién se inicia el trabajo el 23, a las 18 horas. Bronca y asombro. Indignación y amargura. En los sectores de semielaborados, la temperatura puede llegar a los 36 ó 37 grados; en vulcanizado, un día de 30 grados afuera se puede transformar en uno de 40 y pico adentro del galpón. Problemas de cintura, aplastamiento de vértebras, hernias de disco, ¡ya los sufren compañeros con uno o dos años de antigüedad! La máquina de Pirelli arruina el cuerpo de un trabajador con 20 años de edad. Hay que terminar con las 12 horas y el sistema del 4 por 3. Porque no tienen derecho y porque no queremos otros compañeros que terminen como Miguel Juárez. ¡Nunca más!

Por más barullo que hagan los alcahuetes del gobierno, nadie desconoce que durante varias semanas el gobierno estuvo planificando la conmemoración de un 24 de marzo oficialista, incluida una salida al balcón. La decisión de convertir a la fecha en un feriado iba en esa misma dirección, con un agravante suplementario: que al transformarse en efemérides, el 24 de marzo perdiera su condición de jornada de lucha contra la represión y por la defensa de los derechos políticos y de organización de los trabajadores, y quedara convertido en una pleitesía a la democracia de turno. Pero la dictadura no fue un accidente de ruta que los argentinos deberían recordar como una pesadilla, sino el producto concreto de una organización social y política determinada. Esa organización social y política sigue en pie, y con ella los aparatos de conspiración y espionaje para hostigar y reprimir a los trabajadores que luchan. Apenas un par de días después, la ministra Miceli fue agasajada, en un hotel lujoso de la Recoleta, por los empresarios menemistas que dieron el golpe de 1976, con el patrón procesista Julio Werthein a la cabeza. El máximo disenso que osó ostentar la funcionaria fue sustituir un lomo a la pimienta por un pescado, como acto de solidaridad con la campaña contra el consumo de carne. El disfraz derecho-humanista del gobierno actual no alcanza a disimular la feroz intención de redorar los blasones del aparato represivo, para que sirva con eficacia a la defensa del orden existente. La hipocresía es tan inmensa que, sin solución de continuidad, Aníbal Fernández promovió el encarcelamiento de dos dirigentes del sindicato aeronáutico en lucha, por un incidente del cual es responsable el propio ministro, que se niega a ordenar el tránsito cuando hay manifestaciones, con la clara finalidad de promover los encontronazos con automovilistas y transeúntes. Al mismo tiempo abundan las evidencias de que el gobierno está intentando preservar al jefe de la Armada, que se encuentra denunciado por amparar a la red de espionaje en la base de Almirante Zar. El fracaso de esta tentativa de estatización del 24 de marzo provocó una enorme crisis en el oficialismo, solamente inferior a la que podría desatar en los próximos días el desaguisado de la ‘tregua’ fraudulenta por la instalación de las pasteras contaminadoras. Es que en contraste con este fracaso, que volvió a poner al desnudo la pelea dentro de la federación de camarillas que caracteriza al kirchnerismo, unas casi cuatrocientas organizaciones habían coincidido en convocar a una jornada de lucha, cuyas reivindicaciones quedaron plasmadas en un ‘mamotreto’ tanto más largo cuanto más se acumulan, en la realidad, los agravios del Estado capitalista y de su régimen contra el pueblo. Para no faltar a la cita con sus propios principios, el gobierno nac. & pop. acababa de rechazar en una conferencia sobre el agua, en México, el derecho humano a ese recurso de la naturaleza y había votado a favor de la privatización de su explotación. Al mismo tiempo, como si ignorara el dicho que lo que abunda no daña, excusaba con un reclamo a la justicia su oposición a derogar los indultos, no solamente por la vía del decreto sino también por ley. Igualmente seguía manteniendo tropas del ejército en Haití para realizar el trabajo sucio de represión interior, en el marco del terrorismo de Estado internacional que lleva adelante el gobierno Bush. A los demócratas del ‘boletín oficial’, nos referimos por supuesto a Página/12, no les gustaron ni un poquito estos planteamientos. Pero entonces tampoco tienen autoridad para conmemorar a treinta mil desaparecidos, porque hasta nuevo aviso esos compañeros lucharon, cuanto menos, por la “patria socialista” —de ningún modo por la “reconstrucción de la burguesía nacional”. Nadie se juega la vida para reconstruir a la burguesía nacional. Aún hoy, cuando ya ha pasado una semana del 30º aniversario, continúan las persecuciones contra los obreros petroleros de Santa Cruz y avanza la instalación permanente de la Gendarmería en la región. ¿No es claro que se trata de proteger los intereses de las petroleras y la mayor explotación de los trabajadores? Los derechos no se pueden defender ignorando la organización social y política que los pisotea. ¡100.000 personas, la movilización más grande de las últimas décadas, escuchó hasta el final el ‘mamotreto’ que reivindicaba al 24 de marzo como una jornada de lucha! En contraste con esta gigantesca delimitación política, el lunes siguiente, los legisladores de Macri y de Carrió celebraban con el gobierno de la Ciudad la asunción de los nuevos ministros mostrando ,hasta para los ciegos, la convergencia de principios y de intereses entre ‘opositores’ y oficialistas. Se equivocan los que denuncian un enfrentamiento entre los convocantes de la marcha y firmantes del ‘mamotreto’ con las Madres y Abuelas. El reo en esta historia es el gobierno que ha cooptado a algunas dirigentes de esos movimientos, como ya lo hiciera antes con los ‘piquetruchos’. El reo es el Estado y sus funcionarios, que manejan poderosos elementos de presión. Un análisis crítico de la jornada que omita este ángulo debe concluir en una gran pavada. Hace tiempo que algunos organismos, pero en especial algunos dirigentes, actúan en la órbita del Estado; ahora estos dirigentes tienen familiares en el gobierno, como es el caso de Estela Carlotto o el de Esther Vázquez, la madre que tomó la palabra luego de la lectura del documento. Recordemos que lo hizo por instigación de una patota de la JP, que se había instalado frente al escenario cuando todavía no había nadie. Se critica la politización de la jornada del 24, ¡como si el aniversario de un golpe militar no fuera la más política de las jornadas!, pero se pone un manto vergonzoso de encubrimiento al ‘trabajo’ de Estela de Carlotto para que Ibarra no perdiera el puesto que hubiera debido dejar cuando se fueron sus padrinos De la Rúa y Chacho Alvarez. “Tienen 364 días para hacer política, dejen uno para la memoria”, pretendió justificar alguien que no quería una jornada de lucha. Podríamos entonces celebrar el 1° de Mayo en Navidad o en Carnaval. Es lo que ocurre, por otra parte, en Estados Unidos, que celebra el ‘día del trabajo’ en noviembre, y no por casualidad, sino porque fue precisamente una masacre obrera en Chicago la que conmemora el 1° de Mayo como jornada de lucha. La burguesía norteamericana ‘homenajea’ a los trabajadores de acuerdo a sus propios métodos. Los explotados deben hablar por sus heridas y reivindicar sus símbolos y sus mártires y héroes; de lo contrario, el adversario distorsionará su historia y confiscará el futuro. Hay que admitir, sin embargo, que el gobierno consiguió alguna cosa con su operativo fracasado: que no se hablara de la responsabilidad del peronismo en el golpe militar. Un peronismo que también había llegado al gobierno, después de 18 años, para reconstruir a la burguesía nacional —aunque no usara ese pseudo lenguaje precisamente. Para gobernar para las patronales diseñó una política de regimentación de los trabajadores, de cooptación de la burocracia de los sindicatos y de aniquilamiento de su vanguardia. Con López Rega, las tres A y la llamada ‘patria sindical’ recorrieron el primer tramo del camino que luego ‘completó’ la dictadura militar. Cuando Aníbal Fernández menciona a la “izquierda siniestra”, se nutre en esa tradición criminal. En el 30º aniversario lo tuvimos, como debía ser, en la vereda de enfrente. La vereda de los que luchan por los derechos humanos y las libertades no será nunca la de Aníbal Fernández. Aníbal Fernández tiene que renunciar. El 24 de marzo fue una jornada de lucha. Ahora y siempre.

Los sueños de los 30.000. El 24 de marzo, desde aquel 1976, es una herida abierta. Para quienes somos parte de una generación que soñó y luchó, entregando generosamente muchas vidas, esta fecha significa fundamentalmente un compromiso: continuar la lucha de los 30.000. Mantener el fuego de la indignación ante las injusticias, del dolor ante la miseria y la pobreza, de la insubordinación frente a todas las formas de opresión, de la rebeldía frente al poder que oprime y disciplina. Nuestra generación no fue la primera que fue exterminada en nuestro país. De varios genocidios se hizo esta “Argentina” capitalista. El de los pueblos originarios, el de los pueblos afrodescendientes. Varias masacres dolieron nuestra historia. Los obreros de la Patagonia, los de la Semana Trágica, los de León Suárez, los del 17 de octubre. Varias proscripciones marcaron nuestros desencuentros. El poder estigmatizó siempre a los rebeldes: indios, negros, anarquistas, cabecitas negras, imberbes, subversivos, duros, siniestros. Siniestros. Estigmatizar, para aislar, condenar, y reprimir. Continuar la lucha, es sostener el Nunca Más genocidios, Nunca Más impunidad, para avanzar en la desarticulación del aparato del terror. Este 24 de marzo estuve en la Plaza de Mayo, no por primera vez. Estuve, como tantas otras veces, junto a los organismos de derechos humanos, junto a los movimientos que son parte de la resistencia, junto a la izquierda. Como estuve en tantos actos de las Madres y de otros organismos. Como siempre. Y no estoy en un escenario en mi carácter de locutora, sino como militante. Sé quién convoca, qué se va a leer, y quiénes lo firman. Ir a un acto de estas características sin saberlo, es a mi entender, una irresponsabilidad inexplicable —por lo que no comprendo que dirigentes de movimientos de derechos humanos puedan afirmar que no sabían lo que se iba a leer, cuando este material estuvo elaborado públicamente, en reuniones a las que estos grupos asistieron—. Participo en los actos, como militante, no de un partido, no de uno de los organismos, sino como militante de un movimiento heterogéneo, diverso, pero que ha sostenido durante años la voluntad de hacer de los derechos humanos, una bandera que alude no solamente al pasado, sino que permite soñar otra Argentina y otro mundo, con libertad, dignidad, justicia. Es por ello que me siento en la obligación de expresar lo que pienso, frente a lo sucedido en la jornada de los 30 años. El acto convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, fue de una masividad apabullante. Resultaba conmovedor ver a los miles de personas que han vuelto a las calles, y aquellas que salieron por primera vez para expresar su compromiso con la memoria. Es sabido que no era el acto que deseaba el gobierno, que hasta último momento intentó tener “su propia Plaza”, con la compañía de dirigentes históricas de los derechos humanos que lo flanquearan. Es sabido que más de trescientas organizaciones, durante varios meses, llegaron a acordar el texto que leí junto a otra compañera, desde el escenario de la Plaza de Mayo. Es sabido que las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y las Abuelas de Plaza de Mayo no estuvieron de acuerdo en firmarlo, pero que acordaron con los organizadores de la marcha participar de la convocatoria, compartiendo las consignas centrales. Sin embargo, una impresionante campaña mediática está transformando lo sabido en omisión, y poniendo en escena una burda tergiversación de la realidad. Desde que llegamos a la Plaza, varias horas antes que se iniciara el acto central, sectores provocadores que rodearon el escenario, intentaron impedir que se repitieran las consignas acordadas por los convocantes, y que se leyera el documento. Insultos a los locutores, amenazas, y hasta agresiones físicas, fueron sostenidas durantes varias horas. De esto no hay ni una palabra en las declaraciones posteriores realizadas por Madres Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y el Serpaj, entre otros. No recibimos solidaridad en el momento. No recibimos apoyo después. Lo que sí recibimos fue la descalificación del acto, ignorando la provocación organizada sobre el mismo. Personalmente, acepto que esas organizaciones puedan tener esperanzas en este gobierno, como pueden haberlas tenido en otros gobiernos anteriores, desde Alfonsín hasta el gobierno de la Alianza. No acepto que se condene el disenso. No acepto que se diga que reivindicar los derechos humanos hoy, es olvidar a nuestros 30.000 compañeros. Creo, por el contrario, que se falsifica la memoria, cuando se la recorta, cuando se la pretende remitir a un pasado sin presente. Nuestros 30.000 compañeros y compañeras no aceptarían jamás que se los recuerde, olvidando a los trabajadores reprimidos salvajemente y varios de ellos presos en Las Heras por reclamar trabajo, olvidando que el pago de la deuda externa se realiza al mismo tiempo que continúa el hambre de nuestro pueblo, o mirando para otro lado cuando se participa con fuerzas militares argentinas de la invasión a un pueblo hermano como Haití. No. No nos perdonarían que el recuerdo se llenara de tantos olvidos. Es cierto que hubo autoritarismo este 24 de marzo. El autoritarismo de quienes no aceptando un consenso mayoritario, rompieron los acuerdos realizados en el espacio del Encuentro “Memoria, Verdad y Justicia”, para imponer otra lectura del acto multitudinario. El autoritarismo de quienes habilitan al gobierno para que repita los discursos macartistas de la “izquierda siniestra”, y hacen caso omiso del accionar de sus patotas. La izquierda tiene mucho para cambiar, mucho para debatir y mejorar, para coordinar, y para aprender. Pero no son precisamente los que mandan o los que habilitan las patotas quienes están autorizados para dar consejos de democracia. Este 24 de marzo, nos queda la alegría de la gente en las calles, y el dolor de que los compañeros y compañeras con quienes compartimos tantas rondas en la vida, parecieran desconocer esta historia y hacer coro a quienes vienen trabajando para desarticular al movimiento popular. A quienes continuamos cultivando los sueños, en el llano, nos seguirán pegando desde la fuerza que les da el manejo indiscriminado de los medios de comunicación de masas y del aparato estatal. Pero no tenemos miedo ni melancolía. Estamos parados en nuestra tierra, abonada en la sangre de todos los maltratados de la historia. Seguiremos siendo la voz de los vencidos, hasta siempre, hasta la victoria.

El hecho de que Gak haya admitido su simpatía incondicional para con Schuster demuestra que el rector del Pellegrini está del otro lado de la barricada. Schuster, que tiene un perfil progre similar al que ostenta Gak, fue uno de los más duros defensores de la venta del campo de deportes del Nacional Buenos Aires, enfrentándose directamente con los intereses y necesidades de los estudiantes de dicho colegio. Pero dicho apoyo obedece a una concepción política más general. El rector del Pelle, integrante del oficialista Plan Fénix, ha apoyado en su momento a Aníbal Ibarra firmando una solicitada en contra de su destitución, lo que demuestra que se pone en contra de los pibes que van a su propio colegio y son sobrevivientes de la horrible masacre de Cromañón. Al mismo tiempo, Gak está volcado dentro del colegio a avanzar sobre las libertades democráticas de los estudiantes. Tiene la intención de sancionar a los compañeros que hace unos días realizamos una asamblea durante el turno mañana, asamblea que él mismo no autorizó por no creerla pertinente. Es un avance en contra de nuestra propia independencia frente a las autoridades. Pero su actitud antidemocrática no se queda ahí. Durante el verano, Gak puso en el cargo de vicerrector de la mañana a un profesor cuya designación ningún integrante de la comunidad educativa avaló y mucho menos decidió. Es decir que nos dejó afuera de la elección de vicerrector sin siquiera consultarnos. Y como frutilla del postre, anunció su terminante decisión de prohibir cualquier tipo de propaganda política partidaria dentro del colegio. Todo esto demuestra que, por más progres que sean, siempre se ponen del lado del Estado y de los empresarios en contra de los intereses de los estudiantes. Por eso debemos ir a la movilización del 4 de abril, para oponerles un programa que nos represente, con la perspectiva de democratizar realmente las facultades y los colegios preuniversitarios, y echar a todos estos lamebotas del gobierno de una vez por todas.

“No callaremos, no olvidaremos, jamás” Nunca más pasarán... No más muertos, gatillo fácil; basta de impunidad, desaparecidos y asesinados. Por un gobierno de los trabajadores; ¡Piqueteros Carajo! ¡Nos vemos en la lucha! (Esto es lo que pienso de los Derechos Humanos).

Masiva fue la marcha y el acto en la ciudad de Mendoza, 8.000 personas recorrieron el centro de la ciudad, en su gran mayoría gente no encolumnada en organizaciones. Se destacó también la presencia de fuertes columnas de la izquierda, entre ellas la del PO. La convocatoria hecha por la multisectorial contra el golpe planteó cuatro ejes: • Ningún genocida suelto. • Contra el pago de la deuda externa y la política económica del gobierno. • Abajo la represión, retiro de la Gendarmería de Santa Cruz y libertad a los compañeros presos. • Contra el imperialismo, por el retiro de las tropas argentinas de Haití. El documento leído en base a estos ejes políticos, así como las consignas cantadas a lo largo de la marcha, marcaron el carácter de lucha y claramente opositor que tuvo esta jornada, muy a pesar de la presencia en la misma de sectores oficialista, como Barrios de Pie y la FTV fueron derrotados en su intento de coparla.

En las últimas 96 horas se han extendido los cortes de ruta de los docentes en el circuito petrolero de la provincia. Los estudiantes secundarios “ocupan los edificios en apoyo a los docentes y reclamando mejor infraestructura y mobiliario” (Río Negro, 27/3). Tuvo lugar una movilización de 7.000 docentes, docentes universitarios, estatales y jóvenes. El obispo de Neuquén está ofreciéndose como figura de mediación y garante de algún acuerdo. Filmus también (Río Negro, 25/3). La burocracia de Aten pretende negociar a espaldas de los docentes. En el plenario de secretarios generales, la misma seccional Rincón de los Sauces denunció que la dirección Azul y Blanca montó una maniobra para desvirtuar las reivindicaciones. Guagliardo, secretario general, reconoció que excluyó de una ronda de consultas con todas las listas y conducciones, a aquéllas que son opositoras. ATE le ha dado la espalda al llamamiento de una huelga conjunta. El paro del 22 de marzo de la CTA fue aislado. Las asambleas, que son sistemáticas y concurridas, se han convertido en uno de los resortes de la huelga y un freno a las maniobras del gobierno y la burocracia. La huelga tiene, desde el primer momento, un nivel de cumplimiento oscilante en la Capital, por la acción del gobierno sobre los directores, por el peso del personal contratado y los límites de la dirección. Profundicemos la huelga extendiendo los cortes (incluso a Capital) y organizando a delegados por distrito responsables ante la asamblea.

La madre, Martha Vázquez, que tomó el micrófono en el acto del 24 de Marzo, es la madre de José Vázquez Ocampo, secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, o sea la segunda autoridad del Ministerio después de Nilda Garré.

Finalmente, luego de varias semanas de lucha política para convertir este 24 en una gran manifestación de lucha contra la represión, por la libertad de los presos políticos y por sacar a la Gendarmería de Las Heras, la plaza San Martín se llenó de jóvenes coreando contra “K”. Llamativamente, ningún medio gráfico local ni nacional destacó la masiva movilización (más de 5.000 personas). Decenas de organizaciones firmamos un documento que denuncia la represión en Santa Cruz, y exige la cárcel efectiva y común para todos los represores. La movilización de varias cuadras marchó por las calles platenses con la destacada presencia de jóvenes secundarios. El Colegio Nacional de la UNLP En las semanas previas al 30° aniversario del último golpe militar, quedó de manifiesto la campaña demagógica y engañosa que llevó a adelante el gobierno en el Colegio Nacional de La Plata. El gobierno de K entregó a la dirección del colegio 2 millones de pesos, a fines del año pasado, con el supuesto fin de refaccionar el establecimiento. Los directivos, a cambio, llevaron a adelante actos de carácter oficialista. El lunes 20 tuvimos la presencia del ministro Arslanián, y el martes 21 de Filmus. Desde la comisión directiva del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional (CECoN), entendimos la necesidad de emprender una sistemática campaña de delimitación política. Pasamos por todas las divisiones y organizamos al Cuerpo de Delegados, haciendo eje en la escalada represiva del gobierno (fundamentalmente en Las Heras) y profundizando nuestra denuncia acerca de cómo la misma clase social que organizó y financió la dictadura del ‘76, es la que hoy se lleva superganancias con el gobierno de K. La charla-debate propuesta de nuestros compañeros del FLEs (Frente de Lucha Estudiantil secundario en la UJS) con el secretario de DDHH de Adulp Guillermo Casas (dirigente nacional del PO) tuvo una presencia masiva y una gran aceptación por parte de los estudiantes. En el Albert Thomas, colegio industrial, más de 300 pibes ovacionaron al compañero Casas. Lo mismo sucedió en el Liceo Víctor Mercante. El día 23 a la mañana se realizó el acto de los trabajadores del ARS votado en una numerosa asamblea de la fábrica. ¡Redoblaremos la apuesta hasta conseguir la libertad de los compañeros de Las heras y el retiro de la Gendarmería!

(Texto de la resolución del Concejo) VISTO La situación crítica del Norte de Salta manifestada por las lluvias de los días 17 y 18 de marzo que confirman que las partidas remitidas por parte de los Estados nacional y provincial son absolutamente insuficientes, Y CONSIDERANDO Que la gravedad de la situación provocada por el desplazamiento de los cauces de agua y las inundaciones amenaza la vida, las viviendas y la salud de las personas. Que esta crisis no puede adjudicarse a un simple fenómeno de la naturaleza. Que la actividad petrolera y las deforestaciones han provocado importantes daños ambientales que, entre otros efectos, la modificación en las cuencas hídricas que ha tenido un efecto devastador con la ruptura de puentes, caminos, defensas y viviendas. Que estas compañías deben indemnizar al Estado y a los habitantes por los daños emergentes de las últimas inundaciones. Que es imprescindible en resguardo de la vida de los habitantes del departamento la atención inmediata a las familias y la reparación del daño producido por la catástrofe, y además encarar una reparación histórica social, estructural y ambiental. Que tanto el gobierno nacional como el provincial han anunciado, desde el comienzo de la crisis un conjunto de obras de las que sin embargo apenas un 10% están orientadas a dar salida a los problemas más graves que plantea la emergencia, esto es defensas, construcción de viviendas y provisión de servicios básicos. Que la declaración de emergencia hídrica por el gobierno provincial, como las declaraciones de emergencia anunciadas por la nación, configuran básicamente beneficios para los grupos empresarios de la zona, entre ellos los que son principales responsables de la catástrofe que estamos viviendo. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TARTAGAL EN REUNION HA ACORDADO Y RESUELVE Art. 1. Reclamar al gobierno nacional y provincial la inmediata constitución de un fondo de emergencia de cien millones de pesos para atender la construcción de defensas, viviendas y servicios en todo el Departamento San Martín. Art. 2. Ese fondo deberá constituirse en un 50% por fondos aportados por el Estado y en un 50% aportado por las empresas operadoras de la actividad petrolera a modo de anticipo de la indemnización al pueblo por los graves daños provocados en el medio ambiente. Art. 3. Las obras prioritarias y la utilización de los fondos estará bajo control directo de los trabajadores y vecinos electos en asamblea, de modo de evitar el desvío de fondos y garantizar que se usen en las prioridades populares, en comisión que oportunamente sea creada y reglamentada por el Concejo Deliberante. Art. 4. Las obras a ejecutarse se harán por administración, incorporando prioritariamente mano de obra desocupada de la zona en las condiciones del convenio colectivo vigente para la actividad. Asignar prioridad a los afectados por la catástrofe. Art. 5. De forma. Tartagal, 25 de marzo de 2006. Aprobado por unanimidad.

Ante lo ocurrido al finalizar el acto de repudio al golpe de Estado, y las declaraciones posteriores de la Sra. Estela de Carlotto, los organismos de DDHH que fuimos el núcleo convocante del Encuentro “30 años, Memoria, Verdad y Justicia”, manifestamos que: 1) Repudiamos enérgicamente la actitud del grupo de provocadores que se ubicó desde muy temprano frente al escenario y que insultó y agredió durante cuatro horas a los locutores y a las compañeras y compañeros designados como responsables del palco. 2) Nos consternan las declaraciones de la Sra. de Carlotto acerca de que desconocía el contenido del documento que se leería y que se considera estafada. Tal como consta en la página web del Encuentro “30 años, Memoria, Verdad y Justicia” (www.30anios.org.ar), el primer borrador del documento estuvo a disposición de las organizaciones el lunes 20 de marzo a partir de las 16 horas, el martes 21 se discutió ese borrador en la comisión correspondiente y el miércoles 22 se aprobó con correcciones en la reunión plenaria. El jueves 23 a las 11:47 horas se envió por correo electrónico a Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de DDHH. Dicha organización envió a las 15:44 del mismo día un correo a la dirección del Encuentro (treintaanios@yahoo.com.ar) diciendo que no lo firmarían. Queda claro que la Sra. de Carlotto sí conocía el contenido del documento. 3) De las 356 organizaciones convocantes a la marcha, sólo 14 —incluidas Abuelas y Madres Línea Fundadora— no firmaron el documento, y en todos los casos mantuvieron la decisión de mantenerse como convocantes y marchar unitariamente bajo las consignas aprobadas. Para el desarrollo del acto, además de la lectura del documento consensuado, algunos organismos de DDHH propusieron que al comienzo del acto se leyera la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, propuesta que fue aprobada unánimemente por todas las organizaciones que integran el Encuentro. Ni Abuelas ni Madres manifestaron, formal ni informalmente, el deseo de dar lectura a otro documento, y no pusieron ninguna objeción ni solicitaron que el documento consensuado no fuera leído. Ratificamos entonces que estas instituciones participaron de todas decisiones del Encuentro “30 Años”, e inclusive enviaron un correo en el que manifestaron su decisión de realizar el aporte económico para financiar el acto, preguntando dónde lo acercaban. 4) La acusación de que se impidió el uso de la palabra a la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Sra. Marta Vázquez, es una mentira y un burdo intento de esconder una maniobra perfectamente orquestada destinada a evitar que se leyera un documento que señala críticas al Gobierno. El Encuentro “30 Años, Memoria, Verdad y Justicia” —que Madres LF y Abuelas de Plaza de Mayo integraron desde su primera reunión— discutió con minucioso detalle la organización del acto y acordó que la lectura de la carta de Walsh y del documento estaría a cargo de actores y locutores solidarios y que nadie más que ellos y los compañeros responsables de la organización subiría al escenario. Sin embargo, dada la enorme cantidad de gente que había en la plaza, la solicitud de las madres y las abuelas, y nuestra preocupación por los incidentes que pudiesen ocurrir por el accionar violento del grupo mencionado en el punto 1, los encargados de organización y seguridad del acto hicieron subir al palco a las Madres y a la Sra. de Carlotto. Una vez allí, y sin tener en cuenta los consensos alcanzados, la Sra. Vázquez informó a los responsables del palco que su organismo y Abuelas habían decidido que ella haría uso de la palabra para comunicar que no habían firmado el documento al que se estaba dando lectura. Tal como lo registraron los numerosos medios presentes, y como ella misma reconoció en una entrevista radial hoy por la mañana, la Sra. Vázquez habló no sólo una vez sino en dos oportunidades, siendo vivamente aplaudida por el mismo grupo de provocadores que con chiflidos, gritos, insultos y arrojando objetos al palco, pretendieron impedir la lectura del documento consensuado por 342 organizaciones. 5) La convocatoria y organización del acto fueron realizados por el Encuentro “30 Años, Memoria, Verdad y Justicia”. Todas las organizaciones que lo conforman respetaron los acuerdos, concentraron en Plaza Congreso y marcharon detrás de todos los organismos de derechos humanos. Hubo grupos políticos afines al Gobierno que no participaron de la convocatoria y se dirigieron directamente a la Plaza de Mayo copando los alrededores del palco, intentando impedir que se leyeran las consignas, sub-consignas y la parte del documento en la que se denuncian las violaciones actuales a los derechos humanos. El Encuentro fue el que organizó esa columna inmensa de miles y miles de argentinos que marcharon desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. Fue el Encuentro el que logró hacer entrar a Madres y Abuelas a la Plaza ante la actitud de los sectores provocadores que se habían instalado previamente rodeando el palco. Fueron los integrantes del Encuentro los que no pudieron ingresar a la Plaza, que pudo ser utilizada en menos del 50% de su capacidad por la negativa del Ministerio del Interior a nuestra solicitud de correr las vallas para que todos pudiésemos manifestarnos en esa histórica Plaza el 24 de Marzo. Una hora después de finalizado el acto seguían llegando columnas a la Plaza. Miles y miles de esos manifestantes pertenecen a las 342 organizaciones que sí firmaron el documento; decir que éste fue producto de un grupo minoritario que trató de usar el acto es simplemente mentira. Grupo minoritario, provocador y siniestro fue el que copó los alrededores del palco para impedir la lectura del documento. 6) A pesar de todo lo detallado, consideramos que los incidentes ocurridos en el día de ayer no pueden opacar la extraordinaria manifestación popular que concentró a centenares de miles de personas en la Plaza de Mayo para repudiar al golpe, para denunciar la impunidad de ayer y de hoy, y para reivindicar a nuestros 30.000 detenidos-desaparecidos y su lucha, que es la nuestra.

La jornada del 24 de Marzo en Tucumán se empezó a palpitar desde mucho antes del viernes. Los constituyentes del Partido Obrero denunciaron en la asamblea el intento de estatizar la jornada con el feriado, para quitarle contenido político, y que los mismos que provocaron el golpe del ‘76 hoy están gobernando junto al Presidente. Esto fue caldeando los ánimos y por supuesto se tradujo a las reuniones de organización con todas las fuerzas, donde se clarificó desde un primer momento lo que luego se plasmaría en la Plaza Independencia. Por un lado, el bloque del Partido Obrero planteando una jornada antigubernamental y de denuncia al régimen político, nacional y provincial; por otro lado, los organismos de derechos humanos que querían sólo una marcha “recordatoria”; por último, el PC, el MST y la CCC, oscilando entre ambas posturas. Se terminó consensuando un documento de denuncia al gobierno de Alperovich, pero no al gobierno nacional. Por supuesto que no lo avalamos y planteamos que marcharíamos a la Plaza con nuestras propias consignas. El viernes, desde horas tempranas, se anunciaban fuertes tormentas en nuestra provincia, cosa que no amedrentó a los compañeros del partido ni a la concurrencia en general. Cerca de 4.000 personas se juntaron en la Plaza Independencia, una gran cantidad de trabajadores y columnas de distintos sindicatos. Se destacó una columna de estudiantes, familiares y compañeros de Paulina Lebbos con su reclamo de justicia. Se acercaron una gran cantidad de familiares de desaparecidos y asesinados por el proceso militar. Como en los últimos tres años, el Partido y Polo Obrero tuvieron la columna más numerosa, más de mil compañeros organizados y un gran espíritu de lucha. Nuestra composición estuvo signada por una gran cantidad de compañeros de los barrios, de la sanidad, trabajadores del citrus y del tabaco, docentes primarios y universitarios, estudiantes de Artes, Filo, Psico, Derecho y Ciencias Económicas y varios secundarios. Un párrafo aparte se merecen los organismos de derechos humanos y el PC (un partido que colaboró activamente con el gobierno militar de Domingo Bussi) que desde la tribuna lanzaron una provocación, pidiendo a los gritos que el Partido Obrero se corriera para dejar pasar a los familiares de desaparecidos cuando los familiares ya estaban subidos en el escenario. Desde abajo alguien les contestó, “a dónde se van a correr si están en todos lados”. Teníamos la columna más grande porque para nosotros, el 24 de marzo, es una jornada de lucha sagrada y estábamos en todos lados.

El departamento de Orán, en Salta, es un verdadero feudo del ingenio El Tabacal, propiedad de la Seabord Company y principal empleador de la región. Dos “contratistas” de El Tabacal —apellidados Tejerina y Caballero— han denunciado a la concejal del PO Josefa Cardozo por “difamaciones” y “amenazas”, y han reclamado al Concejo Deliberante de Orán que nuestra compañera sea sancionada. ¿Quiénes son Tejerina y Caballero? Dos “contratistas”, es decir dos intermediarios parásitos que conchaban trabajadores para El Tabacal. Los obreros empleados por Tejerina, Caballero y por otros contratistas trabajan en negro y son, en su mayoría, menores. Cobran 13 pesos por una jornada de 8 horas de un trabajo agotador. Los compañeros denunciaron que trabajan sin ropa adecuada, sin cascos ni guantes, sin condiciones de seguridad e higiene elementales. Los trabajadores no tienen ninguna seguridad laboral ya que la contratación es “por día”. Peor todavía, los salarios se pagan con atrasos considerables (como ellos mismos se vieron obligados a reconocer). ¿Cuáles fueron las supuestas “amenazas” y “difamaciones” de la concejal del PO contra estos dos verdaderos “modelos sociales”? Haber denunciado todos estos hechos en la prensa, ante el Ministerio de Trabajo y la DGI, y haber llamado a los trabajadores de El Tabacal a organizarse para imponer su contratación directa por el ingenio, en blanco, con aportes, obra social, seguro de trabajo y sindicalización. Haber denunciado que esta tercerización es una práctica habitual; que en los últimos años El Tabacal despidió 4.000 trabajadores “mayores” (entre 30 y 50 años de edad); que El Tabacal paga salarios de 600 pesos a sus empleados directos (y de menos de 350 a los que trabajan para las contratistas), cuando el costo de la canasta familiar está en los 1.800 pesos; que El Tabacal es una fuente de contaminación (ya que durante la cosecha cae sobre la ciudad una hojarasca negra que resulta de la quema de la caña que produce enfermedades respiratorias). Una concejal del PJ, de apellido Hucena, apoyó el pedido de sanciones contra la concejal del PO. Así dejó en claro que el PJ de Orán no es más que una oficina de El Tabacal. No son los únicos: a pesar de las denuncias formuladas en el Ministerio y en la DGI, muchos de los trabajadores siguen sin cobrar. Se pretende “castigar” a Josefa Cardozo por haber cumplido cabalmente la función para la que fue elegida por los 3.000 trabajadores que la votaron: actuar como una tribuna del pueblo que denuncia a los explotadores y a sus cómplices políticos, y organiza a los trabajadores. El Partido Obrero está a muerte por la organización de los trabajadores de El Tabacal, por su lucha por las condiciones de empleo, por el salario y por ponerle fin al sistema de los “contratistas”.

Tras la culminación del impresionante acto antigubernamental del pasado 24 de Marzo, el kirchnerismo mana abundante sangre por la herida. Por supuesto que hablamos de una herida en el sentido político, porque las únicas heridas físicas, corporales y que afectan la integridad psíquica y moral de las personas, las sufren los valientes petroleros santacruceños y los luchadores sociales que en todo el país, desde San Pedro a Las Heras, desde Gualeguaychú a San Juan, son víctimas de la represión del kirchnerismo. Pese a esmerarse en su demagogia izquierdizante, llevando a la propia Hebe de Bonafini a los mismísimos salones del Colegio Militar, la gente está muy lejos de tragarse el verso oficial. Durante años vimos a Hebe despotricar contra los familiares que cobraban indemnizaciones arrancadas con la lucha, por ser víctimas también ellos del terrorismo de Estado. Se erigía como jueza moral de la Nación, acusándolos de “traicionar” la sangre de los desaparecidos, es decir, de sus propios seres queridos inmolados en el altar de la represión dictatorial, pese a que seguían —y siguen— reivindicando el juicio y castigo a los culpables. Paralelamente, sin embargo, Hebe creaba su propia Fundación Madres de Plaza de Mayo que, como toda fundación bajo el capitalismo, tiene como objetivo prioritario ser el receptáculo de ayudas y subsidios diversos. ¿Qué dirá Hebe ahora, cuya Fundación, que siempre recibió apoyos de ONGs europeas —entre otras—, junto con su universidad, parecen gozar de muy buena salud económica? ¿Estará recibiendo también subsidios oficiales? Eso es lo que parece, por lo que se desprende de una nota de Julio Blanck en Clarín (26/3), quien sostiene que ahora Hebe se siente “contenida” en el sistema. ¿Pero, por qué se siente ahora “contenida”? ¿Acaso hubo un cambio de sistema, Hebe? ¿O esta es la revolución de la que vos hablabas en tus encendidos discursos de otrora, en Plaza de Mayo? Si esto es así, ¡qué revolución devaluada proponías! ¡Una revolución que cumple con las aspiraciones de la misma clase social —la burguesía nacional— que perpetró el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976! Recuerdo que, en su momento, Cata Guagnini había deslizado el comentario crítico acerca de que una fundación implicaba el intento de cristalizar un movimiento de lucha que, como todo movimiento de lucha, o en algún momento se plasma en algo políticamente superador, es decir, en una organización más abarcativa, con un programa general y una perspectiva histórica, o fatalmente se traduce en una cooptación de dicho movimiento por el sistema imperante. Yo pensaba en ese momento que la de Cata era una crítica extremista, y que Hebe, de algún modo, buscaba un recurso para sostener su denodada lucha contra la impunidad. La nota de Julio Blanck me da la pauta de cuánta perspicacia política, de cuánta razón tenía Cata, y cómo me dejaba llevar yo por mi propio impresionismo. Pero Hebe, por supuesto, no es la única. En el otro rincón (porque, según Julio Blanck, están peleadas entre ellas, aunque el kirchnerismo —que “obra milagros” como acrecentar la brecha social entre ricos y pobres en plena reactivación— probablemente las reconcilie), se encuentra la señora de Carlotto. Cuando uno la escucha, no puede dejar de ver a una funcionaria oficial que se escuda en su rol de Abuela... ¡Si hasta salió a hacer “lobby” —ante Telerman— por Gabriela Alegre, ¡la ex secretaria de Derechos Humanos de Ibarra! ¡No pudo salvarlo a Ibarra, tampoco la pudo salvar a Gabriela Alegre... y supone ahora que va a “salvar” la política de entrega y represión de Kirchner! En este punto, una vez más, debemos rendirle tributo a la memoria de Cata. “Ni reír ni llorar, comprender”, decía Baruj Spinoza. Comprendamos, entonces, sin enjugarnos las lágrimas por estas lamentables deserciones. Sí podemos guardar un poco de ironía con el patético ministro del Interior —el mismo que, a cuenta de las compañías petroleras, mandó a la Gendarmería a reprimir a los petroleros de Santa Cruz—, quien pretendió demonizar a la izquierda tildándola de “siniestra”. Pero el kirchnerismo es la derecha “aggiornada”, adaptada a las circunstancias del post Argentinazo. No existe el sujeto de izquierda cualitativamente de derecha, porque el sujeto es lo que hace, y no una supuesta esencia “ideológica”. Y en las relaciones económicas y sociales, en el manejo del Tesoro y en la política exterior, no cabe ninguna duda: Kirchner y su gabinete son muy... “diestros”.

Organizaciones opositoras al gobierno que encabeza el presidente Néstor Kirchner también marcharon por las calles de la ciudad en repudio al golpe militar del cual se cumplen 30 años y en memoria de los 30 mil desaparecidos. Con consignas anti-K, la movilización que agrupó a medio millar de personas pertenecientes a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), socialistas, comunistas, humanistas, Partido Obrero, Amas de Casa del País y Adunce, se dirigió por la calle Rodríguez hasta la glorieta de Plaza Independencia, donde se desarrolló el acto central. En el lugar, inicialmente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional y luego se dio lectura a un documento elaborado por la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia contra la Impunidad de Ayer y Hoy. El escrito manifiesta, entre otras cosas: “queremos rendir homenaje a todos los compañeros que durante esos años estuvieron detenidos y a todos aquellos que, habiendo luchado contra el golpe, encarnaron la lucha contra la dictadura en las duras condiciones impuestas. Para ellos va nuestro reconocimiento. Y denunciamos a los que cavaron ‘trincheras’ para esconderse y enriquecerse, tal como lo hiciera el matrimonio Kirchner”. Agrega que “a lo largo de estos 30 años y bajo diferentes gobiernos, el poder de los grupos económicos concentrados han mantenido el genocidio de nuestro pueblo, ya no bajo la forma de la desaparición forzada de personas, sino por medio de la desocupación, la exclusión social, el hombre y la desigualdad creciente entre los que acumulan riquezas y los que no tienen nada”. Se enfatizó, además, que todos los que “estamos en esta plaza tenemos bien en claro que nuestra lucha para terminar con la impunidad de los genocidas de la dictadura continúa. Seguiremos exigiendo, trabajando, denunciando y luchando sin claudicaciones hasta ver a todos y cada uno de los asesinos detrás de las rejas. Pero sabemos que esa lucha no se agota allí; sabemos que nuestra lucha incluye también terminar con la impunidad de los genocidas de hoy: los que matan de hambre, de miseria, de frío y de desocupación”.

Nuestro compañero Daniel Blanco, miembro del Comité Nacional del PO y convencional constituyente de la provincia de Tucumán, sufrió un infarto cardíaco el lunes 28 de marzo. Al cierre de esta edición, Daniel se encuentra internado y compensado. De todo el PO, para Daniel, un fuerte abrazo militante

La movilización convocada por la Multisectorial fue masiva; sin embargo su desarrollo político fue por lo menos confuso. Con el argumento de defender un acto unitario, diferentes organizaciones de izquierda, sindicales y de DDHH se negaron a que el documento tuviera una denuncia clara de la entrega y la represión actuales del gobierno kirchnerista. Con esta línea también habilitaron que las “Madres” leyeran un documento pro-kirchnerista. Para respaldar esta posición concurrió al acto una columna del Frente para la Victoria con la vice-gobernadora de la provincia a la cabeza. Los principales representantes de un régimen político tantas veces denunciado por la represión y la impunidad, como el de Santa Fe, estaban presentes en el acto contra la impunidad. Luego de su arenga las Madres se bajaron del escenario y se retiraron junto a los kirchneristas. Finalmente no se respetó el acuerdo para que fuese leída una carta de los familiares de los petroleros de Las Heras. El PO dio la batalla en las reuniones para que el documento y la marcha delimitaran sus posiciones con el gobierno K y se destacara el apoyo a los trabajadores de Santa Cruz. El PO se movilizó, sin firmar el documento, en un bloque junto a otras organizaciones de izquierda, reclamando en los carteles por el retiro de la Gendarmería de Las Heras. En la columna partidaria se destacó la participación de compañeros del Polo, de Tribuna Docente y de la juventud. Como parte de esa lucha política se vendieron cerca de 100 prensas.

Se cumplen hoy 30 años del golpe de Estado de 1976, que instaló la más feroz dictadura que conoce nuestra historia. Estamos presentes varias generaciones para reafirmar la memoria, para mantener vivo el recuerdo de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, el dolor de tantos compatriotas asesinados, encarcelados, torturados, perseguidos y condenados al exilio. Marchamos para seguir exigiendo el castigo de los responsables y ejecutores del genocidio, para denunciar la impunidad de ayer y de hoy, las nuevas formas de represión y para seguir luchando por los ideales por los que dieron su vida nuestros compañeros: una Argentina sin opresión, sin explotación y sin miseria. Reivindicamos hoy la resistencia y la gigantesca y heroica lucha obrera y popular que se abrió paso desde los socavones de la dictadura, la lucha inclaudicable de las madres, las abuelas, los familiares, los ex detenidos-desaparecidos, y todos los organismos de derechos humanos, lucha que se continuó a lo largo de todos estos años en la pelea incesante por terminar con la impunidad del pasado y del presente. La dictadura tuvo como objetivo imponer un proyecto de país. Para lograrlo recurrió al genocidio con el fin de destruir las organizaciones obreras y populares, exterminando a los luchadores y sometiendo por el terror al pueblo argentino. Durante esos años, los países imperialistas, los terratenientes, los organismos multinacionales de crédito como el FMI, los monopolios y los grandes grupos económico-financieros nacionales y extranjeros fueron los beneficiarios de estas políticas, que profundizaron la crisis estructural de la Argentina y agigantaron la desigualdad entre los pocos que acumulan enormes riquezas y los millones que no alcanzan siquiera a percibir un ingreso mínimo que les garantice la subsistencia. Esto fue así durante la dictadura y sigue siéndolo en la actualidad. En su declive, la dictadura intentó apropiarse de la reivindicación histórica de Malvinas. Las mismas fuerzas armadas que aplicaron el terror fascista claudicaron cobardemente frente al imperialismo, mientras los jóvenes soldados combatieron y murieron heroicamente en la defensa de Malvinas. A pesar de que el terror fascista de la dictadura fue derrotado, las clases dominantes siguieron imponiendo la continuidad de su proyecto económico-social durante los gobiernos constitucionales posteriores. Cambian los gobiernos, pero continúa el sistema que ha condenado a cerca de 14 millones de argentinos a la pobreza y la indigencia. En estos años vimos surgir la dolorosa Argentina de los hambreados, la de los millones de desocupados y los obreros flexibilizados y con salarios por debajo del nivel de pobreza. La Argentina de la salud y la educación colapsadas. La de la corrupción por arriba y el hambre y el desamparo por abajo. La Argentina de la impunidad, donde los sucesivos gobiernos ampararon a los ideólogos, responsables y ejecutores de los crímenes de la dictadura y mantuvieron intacto el aparato represivo. Esta impunidad engendró nuevas impunidades. Pero a la vez creció la otra Argentina; la de la lucha y la resistencia popular a todas estas políticas. Esta lucha tuvo un punto de inflexión en las heroicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que sacudieron la Argentina hasta sus cimientos. La oleada de piquetes, puebladas y paros que se venían sucediendo desbordó en esas jornadas en las que el pueblo se volcó a la calle porque no estaba dispuesto a soportar otro estado de sitio, ni a seguir en el mismo estado de opresión. 34 personas entregaron su vida en estas jornadas y otros 6 murieron luego a causa de las heridas recibidas. La consigna “que se vayan todos” expresó a los millones que cuestionaron las instituciones del sistema. Con nuestra lucha inclaudicable por justicia logramos la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que se reabran causas contra los genocidas en todo el país y conseguimos la detención y el procesamiento de alrededor de 150 represores. Sin embargo, la gran mayoría disfruta de prisión domiciliaria o están detenidos en unidades de las fuerzas armadas gozando de privilegios inaceptables. Y más de mil aún no han sido ni rozados por la justicia. ¡Por eso, hoy como ayer, exigimos cárcel efectiva, común y perpetua para los genocidas! La mayoría de los jueces se niega a procesar a los represores como partícipes del terrorismo de Estado y el genocidio, imputándoles únicamente delitos puntuales. Aún teniendo a la vista las listas de quienes integraban el personal de cada centro de exterminio y las de los detenidos-desaparecidos que pasaron por ellos, los jueces cómplices se niegan a tratar estas causas como un plan sistemático de exterminio y desaparición. Por otra parte, la nulidad de los indultos, reclamo que venimos levantando desde hace años, volvió a ser manipulada por el gobierno y sus representantes en la Cámara de Diputados, quienes hace pocos días votaron en bloque contra su tratamiento y aprobación. Por eso, hoy como ayer, exigimos la anulación de los indultos a los genocidas. Uno de los efectos más perversos del genocidio y de la impunidad que lo sostuvo, es la situación que viven hoy en día los más de 500 hijos de nuestros compañeros desaparecidos, secuestrados junto a sus madres o nacidos en cautiverio, que fueron apropiados, no conocen aún su verdadera identidad y permanecen secuestrados por apropiadores militares, policiales o civiles. Exigimos al Gobierno que encuentre a esos jóvenes y que les restituya su verdadera identidad. Exigimos el juicio y castigo a los apropiadores y a los médicos y parteras que participaron de estos crímenes. Porque mientras haya una identidad cambiada se pone en duda la identidad de un pueblo. Cada joven que recupera su identidad es una conquista de la lucha de todos. Es por ello que, hoy como ayer, decimos: Restitución de la identidad a los más de 500 jóvenes apropiados. No creemos en las tan publicitadas autocríticas de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas. Mientras siguen sin entregar los archivos de la represión continúan espiando al pueblo, como quedó claro ahora con los hechos de la Base Almirante Zar, el mismo lugar donde masacraron a los héroes de Trelew. Y hoy como ayer, decimos: ¡¡¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!!! En estos años la situación económica y social no ha cambiado: el gobierno de Kirchner está pagando una deuda externa ilegítima, inmoral y fraudulenta, mientras dice que nos estamos desendeudando. En 2005 se efectuó el pago más grande de toda la historia nacional. Se convalidaron las privatizaciones, se sigue beneficiando a las empresas que saquean nuestros recursos naturales, se avanzó en la devaluación del salario y la liquidación de las conquistas obreras. La desocupación sigue siendo masiva y la miseria que abarca a más de la mitad de la población, la destrucción de la salud y la educación pública. Las grandes fortunas siguen evadiendo el pago de los impuestos, como lo demuestra que la mitad de los trabajadores están en negro, privados de sus derechos laborales. Hoy como nunca es cierta la afirmación de que estamos pagando la deuda externa con el hambre y la miseria del pueblo trabajador y explotado. Mientras tanto sigue aumentando el costo de la canasta familiar. La mayoría de las empresas recuperadas por sus trabajadores, que heroicamente las mantienen abiertas y en producción cuando sus patrones huyeron o quebraron, lejos de recibir apoyo, son boicoteadas por el Estado. Por eso decimos ¡Basta de políticas que generan hambre, desocupación y pobreza! No al pago de la deuda externa, No al Alca. No a los tratados de libre comercio. También durante este gobierno se produjeron graves hechos represivos contra el pueblo. La situación que hoy está viviendo el pueblo de Las Heras, provincia de Santa Cruz, es la expresión concentrada de esta política. El norte de la provincia, en la que reinan las petroleras y mineras imperialistas y los terratenientes, tiene una ciudad militarizada; los trabajadores y sus familias sufren una permanente persecución, los 20 presos políticos han sufrido torturas y el gobierno nacional, como respuesta al conflicto, envió la Gendarmería. En los últimos días el Presidente de la Nación ha dicho que hubo excesos. Nosotros decimos: no hubo errores, no hubo excesos. Exigimos en este 24 de marzo la inmediata libertad de todos los presos políticos de Las Heras y el retiro de la Gendarmería. La represión abarca diferentes lugares del país. Se persigue al movimiento obrero, se reprime, se desplaza y despoja de sus tierras al movimiento campesino, como el Mocase en Santiago del Estero, y al movimiento de pueblos originarios, como el pueblo Quom en Formosa. Denunciamos la acción de bandas paramilitares financiadas por los terratenientes. Por primera vez después de la dictadura, en 2005 se impidió el acceso de manifestaciones populares a la histórica Plaza de Mayo En respuesta a la gran movilización popular en repudio a la presencia del genocida Bush en la Argentina se dispusieron operativos de cerco en Mar del Plata y Buenos Aires. Y aun hoy están presos militantes que expresaron su repudio a la visita. Los detenidos a raíz de la protesta popular en la estación Haedo del Ferrocarril Sarmiento siguen presos. Los vallados se instalaron como parte del paisaje cotidiano. La Plaza de Mayo, la Legislatura y el Congreso son ejemplo de ello. Las amenazas y ataques que están recibiendo sectores destacados de la clase obrera buscan disciplinarla en momentos en que sectores importantes de los trabajadores empiezan a mostrar nuevamente su capacidad de lucha. Continúa la tortura de los jóvenes en las cárceles y comisarías, que llegan a provocar la muerte, y que son parte del exterminio que sufren día a día nuestros jóvenes, especialmente los más pobres. Magdalena es un ejemplo de ello. El gatillo fácil y la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en los barrios populares, especialmente en la provincia de Buenos Aires, son parte de esta misma política. Se han ratificado tratados internacionales sobre terrorismo, que sólo servirán para profundizar la persecución a los luchadores populares. Y hay proyectos para sancionar las llamadas leyes antiterroristas. Durante el gobierno de Kirchner hay más presos políticos que en todos los gobiernos constitucionales anteriores y se profundiza la criminalización de la protesta social. Día a día aumenta el número de procesados por luchar y, contradiciendo sus promesas, el gobierno obstaculiza la sanción de la amnistía/desprocesamiento de los luchadores populares. Por eso decimos: basta de represión. Retiro de la gendarmería de Las Heras y de todos los conflictos sociales. Libertad a los presos políticos. Amnistía o desprocesamiento de los luchadores populares. Ya han pasado 15 meses de Cromañón. La corrupción y negligencia del Estado y los grandes negociados son las causas de esta masacre. Miles de jóvenes y sus familias, acompañados por organizaciones populares, siguen marchando exigiendo juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la muerte de 194 jóvenes y de los padecimientos de los miles de sobrevivientes de ese trágico 30 de diciembre. Como resultado de esta lucha se ha conseguido hasta ahora la cárcel para Chabán y la destitución de Ibarra, principal responsable político de lo ocurrido. La lucha sigue hasta terminar con la impunidad de todos los responsables. La movilización popular en torno al pedido de juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre de Puente Pueyrredón ha logrado la condena a cárcel perpetua de Fanchiotti y Acosta, responsables materiales de los asesinatos de Darío y Maxi. Lejos de ello se encuentran todavía los responsables políticos e intelectuales de este hecho represivo: Duhalde, Aníbal Fernández, Solá, Atanasoff y Alvarez entre otros, siguen todos en libertad y continúan impunemente desempeñando funciones públicas. La impunidad de la masacre de la Amia es completada por el gobierno de Kirchner que mantiene cerrados los archivos secretos del Estado y niega su entrega a una Comisión Independiente. Después de reconocer la responsabilidad del Estado en el encubrimiento del atentado, sin procesados ni condenados, la política del gobierno nacional facilita la prescripción de la causa Amia en los próximos meses, con el objeto de encubrir su propia responsabilidad. También continúan impunes: los asesinatos de Ibáñez y Cuellar en Jujuy a fines de 2003; la detención, cárcel y tortura a trabajadores y desocupados, incluidos mujeres y niños en Caleta Olivia; la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001; los más de 1.700 casos de gatillo fácil; la bomba de Plaza de Mayo en diciembre de 2003; la muerte de los 14 obreros de Río Turbio, víctimas como cientos de trabajadores de inhumanas condiciones de trabajo y seguridad laboral; los ataques al Servicio de Paz y Justicia y las amenazas y agresiones a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; el ataque a la sede del Partido Obrero y a los locales del Frente Popular Darío Santillán; la masacre en la cárcel de Magdalena. Por eso decimos no a la impunidad de ayer y de hoy. Durante todo este tiempo ha crecido la movilización obrera y popular. Desde esta jornada de lucha apoyamos a todos los hombres y mujeres trabajadores ocupados, desocupados, jubilados, estudiantes, docentes, campesinos, pueblos originarios y a todos los que luchan por sus derechos y por construir una Argentina con trabajo, salarios, salud, educación y vivienda para todos. Apoyamos y reivindicamos la lucha férrea y permanente de las mujeres por sus derechos. Romina Tejerina se ha constituido en un símbolo de esa lucha. Apoyamos la lucha del pueblo de Entre Ríos que enfrenta a las multinacionales y resiste la instalación de las papeleras. La lucha de nuestro pueblo es parte de un torrente, una tempestad de puebladas y rebeliones que recorre América Latina. Crece la solidaridad con Cuba, Venezuela y Bolivia asediadas por el imperialismo, y avanza el reclamo de unidad y lucha de los pueblos de Latinoamérica. Exigimos la libertad de los cinco patriotas cubanos presos en Estados Unidos y denunciamos las torturas en la base de Guantánamo y en Abu Ghraib, y la utilización de fósforo blanco en la masacre de Fallujah. El imperialismo yanqui, que desató junto a sus socios una guerra genocida contra Irak, está empantanado por la heroica resistencia del pueblo iraquí. Todos los pueblos del mundo hemos manifestado no a la agresión imperialista a Irak y nos oponemos a los planes de invasión al hermano pueblo de Irán, a los pueblos de Medio Oriente y Corea del Norte. Apoyamos la lucha del pueblo palestino. Repudiamos el plan Colombia y la instalación de nuevas bases militares en América Latina. Repudiamos hoy las maniobras que pretenden usar la causa Amia para sumarse a la campaña imperialista contra la nación iraní. Exigimos que el gobierno argentino, respetando el derecho de autodeterminación de los pueblos, retire inmediata y totalmente las tropas argentinas estacionadas en Haití y no mantenga cooperación militar alguna con los yanquis. Por eso decimos: fuera yanquis de Irak y de América Latina, retiro inmediato de las tropas argentinas de Haití. Por nuestros 30.000 detenidos-desaparecidos, a 30 años del golpe reafirmamos nuestra lucha para terminar con la impunidad de los genocidas de la dictadura: seguimos exigiendo, denunciando y luchando sin claudicaciones hasta ver a todos y cada uno de los asesinos detrás de las rejas. Pero sabemos que esta lucha no se agota allí; también queremos terminar con la impunidad de los que hoy matan por hambre, desocupación, pobreza y entrega. Recuperamos hoy la memoria de todos los caídos en las luchas a lo largo de nuestra historia. Somos parte de un pueblo que lucha hace muchos años por un país donde sean posibles el pan, el trabajo, la tierra, la salud, la educación, la vivienda, una niñez y una vejez protegidas, una juventud con futuro, justicia y plena vigencia de los derechos humanos. Por esa Argentina dieron su vida nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Por esa Argentina nos comprometemos a seguir dando nuestro ¡Presente! en la lucha hasta conseguir que el país que soñaron y soñamos se haga realidad, una Argentina liberada de la opresión imperialista y de la explotación. Las causas de sus luchas, que son las nuestras, siguen vigentes. Por eso, sorteando todos los embates estuvimos, estamos y estaremos cada 24 de marzo en esta Plaza. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, ¡¡¡Presentes!!!

Como parte de un esfuerzo de apaciguamiento, Sancho anunció un aumento no remunerativo de 300 pesos. Tres días más tarde anunció otro aumento no remunerativo para los médicos “full time” de 700 pesos adicionales a los 300 pesos, y en especialidades críticas el aumento se va a 2.500 pesos. El aumento de 300 pesos le ha valido una crisis prematura con la CGT, que ha planteado la incorporación al básico de los aumentos en forma gradual y amenazó con alguna “acción” en caso de no ser recibidos por el gobernador. En el sector docente la reacción ha sido unánime y se concretó una marcha de 500 compañeros. En el Hospital de Gallegos ha provocado un alzamiento espontáneo de todos los sectores no abarcados por las cifras otorgadas a los médicos, con asambleas autoconvocadas y la amenaza de un paro esta semana si no les dan los 1.000 pesos de aumento que les dieron a los “full time”. El malestar se dio a conocer también en la propia policía. Al respecto es revelador un incidente ocurrido el 24 durante la marcha docente, ya que llenos los jardines de la Casa de Gobierno de manifestantes, la guardia policial permitió pasar solamente al secretario general de Adosac. Un policía, ante el reclamo del fotógrafo que se quedó afuera, le dijo: “Ustedes nos dejaron solos a los policías cuando reclamamos el aumento y nos acuartelamos en octubre”... Todo este panorama revela tres cuestiones: tenemos un gobierno con escasa autoridad, los trabajadores empiezan a dar muestras de ir a fondo en un reclamo por el básico contra el salario precarizado, y la crisis policial no se ha cerrado a pesar de los hechos de Las Heras.

Con el antecedente de los distintos reclamos en docentes secundarios (Cedems), los cortes de rutas de la CCC y las tomas de los municipios de Santa Clara y San Pedro; se fueron acumulando los conflictos. Las bases fueron más allá que sus direcciones en el caso docente. En San Pedro desde noviembre a marzo se sucedieron casi 100 despidos arbitrarios a trabajadores municipales integrantes de seis sindicatos: Soemi-Seom-SUM-Soem-Upcn-ATE y por los reclamos de sus delegados (dos Soemi) se iniciaron procesos y persecuciones a manos del intendente. Tras la toma del municipio por la CTA (presa de los intereses políticos del oficialismo), y la negociación por su cuenta con el gobierno sobre sus cuatro despidos, no se pudo superar el vandalismo para poder plantear, como lo propusimos a los compañeros, “asamblea común” que reclame todas las reincorporaciones y el cierre de todos los procesos judiciales abiertos a los trabajadores. Desde el gobierno de Fellner-Moisés la reacción no se hizo esperar y, a días de los 30 años del golpe, no dudaron en mandar a la policía a reprimir la “carpa docente”, a militarizar todas las rutas (gendarmes, policía provincial, federal) y procesar a los obreros sanpedreños; acciones que desnudan un aparato represivo intacto y el carácter de un gobierno cría del Proceso, que se sostuvo con el método del “garrote y la zanahoria”. Esto reforzó nuestra iniciativa más allá del repudio a gobierno y la solidaridad con los compañeros, y preparó las condiciones para un 24 de Marzo junto a los trabajadores docentes, municipales, desocupados y delegaciones del partido y el Polo Obrero desde Santa Clara-San Salvador-Perico, con la concurrencia de 250 personas frente a la tribuna y otras 100 en sus alrededores, que ganaron la plaza Belgrano en un único acto, por los 30.000 compañeros desaparecidos ¡presentes!, contra los crímenes de ayer y la represión de hoy (grabados en letras negras, sobre una gran bandera). Intervinieron José por la UJS, Patricia por Tribuna Docente (Salta), José y Gaby del PO. Con la cobertura de medios (radios, diarios), no faltaron las notas a los participantes de los sindicatos, quienes dieron fe de la necesidad de independizarse de la burocracia y sin tapujos organizarse en los términos que propone el PO. El apoyo a las luchas en curso, la convocatoria al acto y su contenido, propician las condiciones para el Primer Congreso Provincial del PO, con la concurrencia de delegados y bases protagonistas de las luchas obreras, que intentan superar su estancamiento a mano de sus direcciones y que junto al PO tienen la tarea de poner en pie una “Alternativa Obrera y Socialista”, que dispute el poder político a la patronal por el gobierno de los trabajadores.

“Las recientes declaraciones del ministro del Interior, Aníbal Fernández, con referencia a la izquierda de Argentina son incompatibles con su continuidad en un cargo de responsabilidad de un Estado republicano. El calificativo de “izquierda siniestra”, al cumplirse el 30º aniversario del golpe militar del 24 de marzo, no puede interpretarse sino como una amenaza política de parte de quien es el encargado de disponer de las fuerzas de seguridad interior. Por mucho menos —mostrar una camiseta injuriosa contra la religión musulmana— fue expulsado un ministro del gobierno italiano, que está presidido, sin embargo, por un anticomunista y derechista notorio como Silvio Berlusconi. El Presidente de la Nación acaba de calificar como “excesos” los recientes episodios de vejámenes y torturas contra trabajadores petroleros de Santa Cruz, sin que la descalificación política hubiera producido la renuncia de ningún responsable político de los aparatos represivos que han cometido esos delitos. Aníbal Fernández, el responsable último de esos atropellos, ni siquiera se dio por aludido, como tampoco lo hizo cuando Alberto Atanasoff declaró en sede judicial que Aníbal Fernández se encontraba entre los funcionarios del gobierno de Duhalde que organizaron la represión del 26 de junio de 2002 en Puente Pueyrredón. Hasta la fecha, Aníbal Fernández no ha respondido a un pedido de audiencia, formulado por las autoridades del Partido Obrero, para que se proceda a investigar el atentado cometido contra nuestra sede central, el 14 de noviembre de 2005. El 11 de noviembre de 2005, tres días antes, el ministro de Interior se había visto obligado a rectificarse, por carta documento, de agresiones verbales formuladas con la misma alevosía que la presente contra el Partido Obrero. Con este prontuario político, que bien podría alargarse, el calificativo de “siniestro”, aplicado a un amplio arco político del país, constituye definitivamente un atentado político-estatal a la vigencia de los principios republicanos y de las libertades democráticas. El atropello debería ser suficiente para que el Congreso nacional reclame la renuncia de Aníbal Fernández, y el Presidente de la Nación su inmediato relevo.”

El Congreso Provincial de Adosac, reunido el 18 de marzo, votó convocar a una marcha provincial en Río Gallegos, el 24 de marzo, para reclamar el pase al básico de las remuneraciones en negro. El salario en negro es el 75% del salario total de los empleados públicos de Santa Cruz. El Congreso caracterizó el desplazamiento de Acevedo como un “golpe contra el pueblo” y denuncia la complicidad de Acevedo en este “golpe institucional”. El día 23, una asamblea autoconvocada de 120 trabajadores en el Hospital de Río Gallegos, lanzó la consigna de 1.000 pesos de aumento para todos y la equiparación con el aumento otorgado a un sector de los médicos. Sin embargo, este sector no se sumó a la movilización del 24. El 24, a pesar del feriado, frío y ventoso, nos congregamos frente al Colegio Ladvocat. Luego de recibir a las delegaciones de Caleta Olivia, Río Turbio y Calafate, marchamos a la Casa de Gobierno. La columna rondaba las 500 personas entre docentes y los empleados públicos y municipales que se sumaron. La movilización se instaló en los jardines de la Casa de gobierno y entregó un documento. Marchamos hasta la Casa del gobernador. Los delegados de cada localidad denunciaron contundentemente al gobierno y la represión en Las Heras, y reclamaron la libertad y el desprocesamiento de los que luchan. Asimismo, propusieron un paro general. A las 18 horas se realizó el acto central por el 24 de Marzo, cuya convocatoria firmaron los movimientos de derechos humanos locales, la Adosac, docentes universitarios y el FUT-PO. También en Las Heras la marcha por el 24 fue importante por su carácter combativo. Congregó a más de 100 personas de a pie y una caravana de autos. Marchó por el centro y se manifestó ante la casa del intendente, del diputado por pueblo y finalmente frente al hotel donde estaban el gobernador y toda su comitiva. También hubo actos en otras localidades. Tomado de conjunto se trató de la primera gran jornada contra el gobierno “interino” surgido del golpe de hace una semana.

El Partido Obrero mantuvo, de manera sistemática e ininterrumpida, una prensa política bajo la dictadura. Desde abril de 1976 hasta mayo de 1978 con el nombre de Adelante, y luego con el de siempre, Política Obrera. El periódico venía cubierto con hojas que lo hacían parecer un apunte universitario. Uno de los primeros decretos de la dictadura había “disuelto” al periódico y al partido. En la primera quincena de abril de 1976, apenas quince días después del golpe, apareció el Nº 1. En su primer número, Política Obrera presentó una completa caracterización del golpe, en la que se destacaba el señalamiento de que la situación contrarrevolucionaria que se había creado era “inacabada”, con lo que hacía referencia a las fenomenales contradicciones que enfrentaba la dictadura y a la resistencia popular que no había exterminado. Por eso, Política Obrera podía presentar una reseña acabada de la lucha huelguística contra el golpe. La prensa aparecía con una regularidad quincenal. La edición y distribución de una prensa clandestina era una tarea extremadamente compleja. El periódico iba “envuelto” en paquetes de cigarrillos, de galletitas, de fideos, de jabón en polvo. Incluso, algunos años, el periódico traía una “cubierta” que consistía en varias páginas de una publicación cultural. En esas condiciones, no sólo se lo distribuía en fábricas, barrios y universidades: Política Obrera entraba a las cárceles donde se encontraban detenidos nuestros compañeros. En esa prensa clandestina, bullía la vida y la resistencia obrera: en el Nº 11 (noviembre de 1977) se presentan informes de Peugeot, portuarios, Alpargatas, Yelmo, Siam San Justo, Chrysler y un sinnúmero de talleres gráficos; la siguiente edición traía información de Fiat Palomar, Squibb, Ivasa, Fate, Codees, Cattáneo, Resero, Carpenter, Eximia, Siam electrodomésticos, Cibe e Ika Renault. En noviembre de 1977, la tapa de Política Obrera señala la primera victoria obrera contra la dictadura, con las huelgas de los estatales. Bullía también la lucha democrática. En la denuncia de las desapariciones, asesinatos y la situación de los presos, Política Obrera fue una tribuna permanente. Número tras número reclamó la aparición con vida de nuestros compañeros Fernando Sánchez, Marcelo Grassi y Marcelo Arias y de todos los secuestrados por la dictadura. En octubre de 1977, Política Obrera da cuenta de la primera movilización por la aparición por vida de los desaparecidos, en la que participan 2.000 compañeros (respaldados por 20.000 firmas). El Informe de Actividades al II Congreso de Política Obrera, celebrado en la clandestinidad en 1977, informaba que la venta de la prensa alcanzaba los 2.000 ejemplares quincenales, una verdadera hazaña política y militante. En mayo de 1978, asentada plenamente en su trabajo clandestino, Política Obrera volvió a su antiguo nombre. Retornó con el número 284 (incorporando como propias las 25 ediciones de Adelante y Tribuna). De una manera sistemática, Política Obrera señalaba su intervención en las luchas obreras y democráticas y presentaba balances políticos de la situación nacional e internacional. Temas de relevancia histórica como la revolución sandinista de 1979 o la rebelión polaca de 1980/1 fueron abordados extensamente en Política Obrera. En 1981, Política Obrera realizó movilizaciones públicas en Buenos Aires en defensa de la lucha de los obreros polacos. La historia de la lucha contra la dictadura está en las páginas del periódico. En agosto de 1979, se publica una declaración de Política Obrera con relación a la llegada de la misión de la OEA, distribuida en fábricas, colegios y barrios, que reclama la aparición con vida de los detenidos-desparecidos. Con posterioridad, Política Obrera publicó como una “separata” especial el informe de la OEA sobre los detenidos-desaparecidos, algo que no hizo ninguna otra publicación en el país (Política Obrera publicó también el libro de Jacobo Timmerman “Preso sin nombre, celda sin número”, la primera denuncia publicada por un sobreviviente de los chupaderos de la dictadura). Política Obrera era el periódico de una organización que luchaba y que crecía en la lucha. En abril de 1980, el periódico informaba acerca de la realización de una escuela de cuadros (¡en la clandestinidad!) con 300 asistentes. Un año más tarde, la escuela de cuadros recibía 400 compañeros, ¡un crecimiento del 30%! Política Obrera estaba reagrupando a una vanguardia obrera, juvenil y democrática que se movilizaba contra la dictadura y que llegaba a una periferia de enorme amplitud (el periódico informaba en 1981 sobre el éxito de la campaña financiera, que había logrado recaudar 90.000 dólares). Cada número de Política Obrera tiene su importancia. En todos estaban presentes las luchas, las denuncias y la elaboración política. Pero, quizás, el periódico más importante es el que apareció el 10 de marzo de 1981. Titulaba “Bajo el signo de la catástrofe” y caracterizaba que, con la devaluación de la moneda y la fuga de capitales, comenzaba el derrumbe del régimen militar, y afirmaba que la crisis “pone a la orden del día el fin de la dictadura”. Comenzaba una nueva etapa de luchas, cada vez más osadas de la clase obrera, de la juventud y del movimiento de los familiares, como las grandes manifestaciones de la CGT a San Cayetano o la primera Marcha de la Resistencia. El 2 de marzo de 1982, la tapa de Política Obrera planteaba “manifestaciones de masas y huelgas activas para acabar con la miseria y la dictadura”. Tres semanas después, el 30 de marzo de 1982, una gigantesca huelga general activa sacudió a la dictadura. La resistencia obrera, popular y democrática estaba acabando con el régimen militar. Política Obrera luchó por la derrota de la flota imperialista en Malvinas y denunció la miserable capitulación de la dictadura frente al imperialismo. Después de la derrota de Malvinas, el imperialismo y la burguesía organizan la retirada de la dictadura y el “retorno a la democracia”. En su edición del 6 de noviembre de 1982, Política Obrera plantea en su tapa que “es necesario un partido obrero”. Eran las conclusiones del III Congreso de Política Obrera, realizado también en la clandestinidad. En ese Congreso, Política Obrera resolvió intervenir en las elecciones, para lo cual debía conquistar su legalidad. Pero no podía hacerlo con su nombre porque había sido ilegalizada por la dictadura. Así, la organización Política Obrera que publicaba el periódico Política Obrera se transformó en el Partido Obrero que publica Prensa Obrera. Una misma organización, un mismo periódico; siempre PO. Esta es la tradición de lucha y de organización que reivindicamos.

El fraude de la ‘tregua’ de noventa días que habían pactado Kirchner con Tabaré Vázquez quedó al desnudo en menos tiempo de lo que se podía prever. El argentino se dio cuenta, al final, de que el documento que debía consagrar la impasse era tan genérico y abstracto, que equivalía a un encubrimiento de las pasteras, que los asambleístas entrerrianos de ningún modo iban a aceptar (La Nación, 29/3). Por otro lado, la pretensión, que la información le atribuye al gobierno argentino, de que el texto que se suscribiría determinase “qué se hará con los residuos sólidos, los líquidos, qué inversiones hay que hacer ”equivalía un derecho de veto sobre un emprendimiento capitalista, que ni las patronales ni el gobierno uruguayo estaban dispuestos a aceptar. Este empantanamiento es una prueba de que la ‘tregua’ fue un arreglo improvisado para desmantelar los cortes de ruta en la frontera. Lo notable de esta crisis es que Página/12 había anunciado que “la mesa está servida” y La Nación, con mayor claridad, había informado que “lo positivo es que Kirchner reconoce tres puntos que quedarán expuestos en el documento final: primero, que las plantas se van a construir en Uruguay; segundo, que seguirán en Fray Bentos, y tercero, que se harán con la tecnología anunciada” (28/3). El ‘cortocircuito’que refleja la postergación de la reunión no puede ser entonces mayor. Bien mirada, sin embargo, esta crisis estaba anticipada con bastante certeza. La empresa Botnia había advertido que solamente suspendía... “los trabajos de instalación de la planta de celulosa”. Al día siguiente, los diarios informaron que “las tareas continuaron (...) ya que la orden de parar no alcanza a la construcción civil sino a la instalación de las maquinarias” (Ambito, 28/3). En el caso de Ence, “no tiene nada que anunciar porque no las ha comenzado (las obras), y recién está en la etapa inicial de remoción del terreno” (ídem). Es claro, entonces, que las dos papeleras no “plantarán” máquinas, pero continuarán la obra civil durante la “tregua”. La raíz de la crisis no es la mala fe de los capitalistas y de sus gobiernos, que no serían tales si no ejercieran sistemáticamente la mala fe. La raíz se encuentra en la conciencia política de los asambleístas entrerrianos, que no se han desmovilizado, como lo ha demostrado el apagón y el cacerolazo del martes 28 en Colón y Gualeguaychú.

En cientos de oficinas de las grandes empresas de la City, con miles de profesionales de variadas ramas, secretarias ejecutivas y las categorías más altas de los sectores calificados del movimiento obrero, la noticia del aumento al “mínimo no imponible” ha significado un aumento de los salarios. Pero para que esto se produjera, centenares de heroicos luchadores pelearon y siguen librando una gran lucha que aún no se ha cerrado. A dos mil kilómetros de Buenos Aires, en las peores condiciones imaginables, los petroleros, los trabajadores de la construcción y sus heroicas familias, después de una gran lucha contra las patronales más poderosas del mundo, contra el Estado y contra la burocracia sindical, siguen peleando. Tienen pendiente la liberación de los trabajadores presos que dejó esa lucha, el encuadramiento sindical en el convenio petrolero, la reincorporación de los despedidos y el cese de la campaña de desafiliaciones al sindicato petrolero de todos los delegados y activistas que participaron en el conflicto. Hay una campaña de represalias contra los delegados y luchadores petroleros. La burocracia que dirige el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz ha comenzado a mandar decenas de telegramas de suspensión de la afiliación a los más destacados luchadores. Los propósitos de esta suspensión son inmovilizar cualquier acción de lucha contra las patronales, impedir que estos luchadores pasen a dirigir el gremio y son una abierta invitación al despido por parte de las patronales. El encuadramiento de los trabajadores de la construcción en el convenio petrolero es una reivindicación profunda. Ataca una cuestión vital para todos los trabajadores argentinos: la flexibilización laboral y los convenios basura. En Las Heras, más de tres mil obreros que trabajan en el petróleo no están bajo las normas del convenio petrolero; en esas empresas “auxiliares” el sueldo es menor a la mitad del de los petroleros, y además el 80% de los sueldos que se perciben son adicionales en negro. En un lugar donde aguantar 12 horas en los campos de petróleo es casi una proeza, las condiciones de trabajo son, sin embargo, terribles. El ‘paraíso’ En Las Heras operan unas 22 empresas petroleras, pero casi 70 otras empresas, que realizan tareas directamente vinculadas con el petróleo, actúan como tercerizadas de las petroleras. Se trata de empresas que realizan el tendido eléctrico en los campos de petróleo; empresas que realizan el armado de las baterías donde se almacena el petróleo extraído; que hacen la estructura donde se realizará la excavación; que hacen el anclaje de los equipos de perforación; que realizan el tendido de las cañerías de petróleo; otras que realizan el vacío de los gases de los pozos; otras que transportan agua para las perforaciones; decenas que trabajan transportando a los trabajadores diariamente en los campos de ripio a cada base. Estas empresas tercerizan incluso lo que ya está, pues se desdoblan en un trabajo de “chiquitaje” que afecta a casi 500 trabajadores que figuran como al “servicio de Indus”,o con cualquier otro nombre. Todos estos miles de obreros ganan menos de la mitad de lo que se percibe en el convenio petrolero, y la provisión de ropa y elementos de trabajo es de cuarta categoría. Esto ocurre en un lugar donde la ausencia de un mameluco térmico o buenos botines de seguridad equivale a una enfermedad o a un accidente. El encarnizamiento del gobierno y las patronales con los trabajadores de Indus tiene su explicación. La lucha de Indus es revolucionaria, abre la posibilidad de desarmar ese paraíso de flexibilización laboral que han armado las patronales y el gobierno en toda Santa Cruz. El encuadramiento sería un verdadero terremoto político que puede abrir una nueva situación en la clase obrera de Santa Cruz y en Comodoro Rivadavia. Es un llamado a la rebelión para 12.000 obreros que trabajan en el petróleo. Las patronales saben que los obreros ven con odio las cuantiosas ganancias de las petroleras y los siderales beneficios de las tercerizadas que en pocos años se han enriquecido a costa de trabajadores súper explotados, alejados de sus familias y con sueldos de hambre, en un lugar donde el costo de la canasta familiar duplica el de Buenos Aires. Las patronales saben que este odio, debido al brutal contraste entre la enorme riqueza y la desocupación, ha llevado a que hoy más de dos mil trabajadores sean petroleros ‘de prepo’, con o sin convenio, por la toma de plantas y los cortes de ruta. La lucha por el reencuadramiento es también una señal para los miles de trabajadores de las decenas de “parques industriales” diseminados en el país donde, amparadas en convenios basura, las empresas han hecho lo mismo que en Santa Cruz. Si triunfa esta lucha por el encuadramiento de los obreros de la Indus también producirá el efecto para miles, como lo produjo el mínimo no imponible. La lucha continúa La lucha ha dejado en crisis al gobierno nacional, y se llevó puesto a un gobernador, posiblemente también caiga en la volteada el intendente de Las Heras, a esta altura un cadáver político. El propio gobernador y todo su gabinete han bajado a Las Heras con el propósito de tirar lastre y tratar de cooptar a los principales referentes de la lucha. Pero hay tres cuestiones centrales no resueltas. 1) El gobierno provincial y la jueza fantoche que lleva el caso Sayago han seguido la política del gobierno nacional. No pueden contener la lucha, tiran lastre y siempre dejan rehenes. Ya lo hicieron con Cristian Ruiz, que sigue injustamente encarcelado; ya lo hicieron con los compañeros que estuvieron en la pueblada de Pico Truncado, a los que tuvieron ocho meses en prisión, y ahora lo hacen con tres obreros de la construcción sin prueba alguna. Hay que arrancarlos de la cárcel. 2) La lucha por el encuadramiento está lejos de haber terminado, y tampoco han reincorporado a los cesantes. El gobierno ofreció reubicar a los despedidos en otras empresas, lo que ha sido rechazado por los obreros, que piden su restitución a Indus. Aún no se ha firmado un solo encuadramiento de esta empresa en el convenio petrolero. 3) Hay que defender a muerte a los delegados y activistas petroleros, aspecto vital para defender la unidad obrera que se ha creado en Las Heras. Ya se inició una campaña con petitorios repudiando las suspensiones de las afiliaciones. Todo este heroico activismo está viviendo una experiencia política acelerada. Muchos están considerando al nuevo gobierno provincial de Santa Cruz más pérfido aún que el anterior. En Las Heras aún están frescas las pintadas de la fórmula Acevedo-Sancho. Son lo mismo a la hora de cumplir al pie de la letra las instrucciones patronales petroleras. A nadie se le escapa que, en Santa Cruz, los sueldos en blanco son el 20% de los salarios, y eso significa que la jubilación es un pasaje a la indigencia. Los compañeros, en esta gran lucha, también han tenido la oportunidad de ver actuar a los partidos de izquierda que participaron y siguen participando. El Partido Obrero puso a disposición del conflicto una compañera abogada que está defendiendo a 10 obreros de los 18 detenidos. El FUT-PO ha realizado una enorme campaña de agitación en los campos petroleros en defensa de los detenidos. En Cañadón Seco, Pico Truncado, Caleta Olivia, Kaike, Río Gallegos y Las Heras. Está desarrollando una denuncia en toda la provincia contra las desafiliaciones de petroleros, entre las que se encuentra la de Norma Villamayor, histórica dirigente petrolera de Cañadón Seco. El FUT-PO, nacional y provincialmente, seguirá contribuyendo a apuntalar una de las luchas que muestra la vitalidad revolucionaria de la clase obrera. La realización del Congreso Provincial del FUT-PO de Santa Cruz que se hará en Caleta Olivia los días 14 y 15 de abril, será una oportunidad para que decenas de estos destacados luchadores de la provincia analicen todo este gran proceso de luchas y también discutan la necesidad de una opción política obrera y socialista para dirigir los destinos de la clase obrera de Santa Cruz. Más que nunca, Santa Cruz necesita un partido de los trabajadores.

La mayor movilización en muchos años. 40.000 personas marcharon repudiando el golpe.La movilización y su preparación pusieron de manifiesto las perspectivas políticas de las diferentes fuerzas. La convocatoria de los organismos de derechos humanos (fundamentalmente H.I.J.O.S) dejaba de lado al conjunto de las corrientes opositoras al gobierno nacional. H.I.J.O.S y los organismos actúan como voceros no oficiales del “juecismo”, con quien compartieron diversos actos oficiales. Montaron un festival con todo el aporte del municipio y leyeron un documento de fuerte crítica a De la Sota, pero que ni siquiera al gobierno nacional (aunque se ve obligado a reclamar el retiro de la Gendarmería de Las Heras). “La izquierda que se une... a la política oficial” Los partidos de izquierda y las organizaciones piqueteras hicimos un bloque propio dentro de la marcha. Que se diferenciaba por la denuncia de la política de entrega, miseria y represión del gobierno. El carácter militante de la columna sumaba adherentes a su paso, engrosándose notablemente. Pero cuando decidimos (dos cuadras antes de llegar al palco del festival oficial) desviarnos para poder leer el documento nacional, el MST-Unite y el Partido Comunista decidieron seguir a la columna de los organismos y del kirchnerismo (que armó columna propia) y participar de la lectura del documento oficialista. Aunque el MST El Socialista participó del documento opositor y de su lectura, su legisladora, Liliana Olivero, se había subido los días previos al carro de la política oficial en torno al golpe. Liliana Olivero, junto a funcionarios de la Municipalidad y legisladores del Frente Nuevo, solicitaron en la jefatura de la policía provincial una “necesaria autocrítica”. Aunque en principio no había disposición a ello. De la Sota obligó al jefe de Policía a hacer pública una autocrítica, alegando los “oscuros personajes que degradaron la institución”. Para Olivero esto no se hubiera hecho “si no mediaba un pedido expreso de la unicameral” (La Voz del Interior, 25/3). ¿Pero a quién “redime” esta “autocrítica”? El PO La columna del Partido Obrero fue la mayor de los últimos años. Más de 1.200 compañeros, 170 periódicos vendidos, un constante canto de consignas denunciando al gobierno y la represión, miles de volantes repartidos.

En proporción a la cantidad de habitantes, fue la movilización más importante de cuantas se produjeron el 24 de Marzo. En “la capital de los derechos humanos”, una enorme multitud que superó las 12.000 personas volvió a concentrarse en el Monumento a San Martín y marchó por el centro de la ciudad, pasando en su recorrido ante el Comando del Ejército. Pero este acto fue la contracara de la movilización en Plaza de Mayo. La convocatoria se hizo bajo las consignas “No olvidamos, ¡Resistimos!”, ni una palabra contra el gobierno nacional. Esto en una provincia paralizada por los cortes y la huelga docente, donde las direcciones que apoyaron un 24 de marzo de efemérides, bloquean al mismo tiempo la huelga general de trabajadores del Estado y no les importa una derrota de la huelga docente. Pero como una gran parte de la concurrencia eran, justamente, docentes, jóvenes y estudiantes, el repudio al feriado nacional, la lucha de Las Heras y la denuncia de la presencia de la Gendarmería en Santa Cruz tuvo que ser mencionada por más de un orador. El acto frente a Repsol Una columna de trabajadores de Zanón, de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Bellas Artes, de la seccional Plottier de Aten, de nuestro partido y de organizaciones de izquierda se concentró, antes de marchar al acto central, ante las puertas de Repsol. Aquí, los oradores denunciaron el carácter clasista del golpe del ’76 y reivindicaron el papel jugado por la clase obrera contra la dictadura, plantearon “Libertad a los presos de Kirchner, Fuera la Gendarmería de Santa Cruz” (consignas que encabezaban la bandera que presidía la columna). Más de 1.500 manifestantes formaron parte de esta columna.

—¿Cuál es la situación legal de los trabajadores detenidos? —Quedan ocho detenidos por homicidio calificado en concurso con coacción agravada. A los cinco ya procesados se suman otros tres, que son defendidos míos. También soy defensora de tres trabajadores procesados por coacción sin prisión preventiva y de tres más a los que se les dictó la falta de mérito. Algunos ni siquiera estuvieron en la alcaldía. Pero la jueza valoró más el único testimonio en contrario, el de Flavio Torres, que el de la vecina que lo vio llegar a su casa. Todos son trabajadores de Indus, en general muy jóvenes. Los procesados por homicidio rondan los 30 años, son soldadores profesionales, padres de tres hijos cada uno, sin antecedentes. —¿En qué se basó la jueza para dictar el procesamiento? —La única prueba es el testimonio de Torres, que declaró el 7 de marzo ante la Brigada de Investigaciones y luego ante la jueza. Pero el viernes pasado su padre nos informó que corrigió su declaración y denunció que había sido fruto de amenazas y apremios ilegales. —¿Quién es Flavio Torres? —Es un trabajador de Indus, muy jovencito. En su rectificación, cuenta cómo el sargento 1º Angulo se le acercó por un crimen no esclarecido de un sobrino suyo, que primero con sugerencias y luego con amenazas lo llevó a la Brigada de Investigaciones. Allí, Angulo le fue mostrando gráficas, colocando nombres y le indicó en qué lugar tenía que decir que había estado. Él, asustado por los apremios y temiendo que le pasara algo a su familia, declaró lo que le dijeron. Su declaración es muy genérica, dice que vio un grupo de hombres peleando con la policía pero no explica qué hacían, si estaban tirando piedras, empujando, pateando. Llamativamente, la jueza adujo que estaba indispuesta y no presenció su última declaración, que es mucho más detallada. Pero al día siguiente el jefe de la Policía de Santa Cruz dijo que él había estado presente —aunque no figura en actas— y que no hubo apremios. —¿Es legal que no figure en actas? —No. Tan ilegal como tomar declaraciones en la Brigada de Investigaciones. Hicimos un pedido expreso de que se tomaran en sede judicial pero la jueza ni se dignó contestarlo y siguió ordenando que se tomen en la Brigada. Si bien la Policía tiene facultades de tomar testimoniales, a partir de que la jueza toma cuenta del sumario deben hacerse en sede judicial. La causa está basada en la inteligencia y las providencias de la Brigada de Investigaciones, que es la misma que fue acusada por el presidente Kirchner de los excesos y las torturas. Se han cometido nulidades muy gruesas. —¿Por ejemplo? —Ordenar intervenciones telefónicas o captura de mensajes de texto sin explicar qué relación tienen con los hechos. Uno de los primeros detenidos fue procesado por una única prueba basada en dichos de terceros: “Me dijeron que fulano de tal estuvo en el lugar y tiene estas características físicas”. En el único exhorto que libró, pidiendo un allanamiento en Chubut, el juez contestó que el exhorto no cumplía las formas legales mínimas y era susceptible de toda nulidad. Que de todas maneras le haya dado curso permite suponer que fue presionado. Las órdenes de detención tampoco están fundadas. En el expediente hay pruebas que no están ordenadas por la jueza. Eso puede suceder mientras rige el secreto de sumario, pero a partir de que participan las partes corresponde que exista un control de las pruebas. Cuando se denunció esto a los funcionarios contestaron que “fue orden de la jueza”. Serán órdenes orales, porque en el expediente no están. Ningún procesamiento se puede basar en un testimonio tan leve y cuestionado como el de Torres, está viciado de cualquier valoración. Ante el beneficio de la duda, la jueza debió favorecer a los imputados y dictarles a todos la falta de mérito. Nosotros vamos a apelar el procesamiento y la prisión preventiva. La apelación es ante la jueza y después se eleva a un juez de apelación, el Dr. Meyer de Caleta Olivia. Lamentablemente tenemos como antecedente su negativa a la apelación de los piqueteros de Caleta Olivia. —¿Corresponde pedir el juicio político a la jueza? —Creo que va camino a un juicio político. Nosotros planteamos una recusación, que vamos a mantener en la apelación. Nos fundamos en el manejo indiscriminado de la prueba sin control de las partes y en que ha expresado una animosidad concreta y un adelanto de opinión en un comunicado que ella firma. A nuestro entender, eso es un adelanto de opinión sobre la culpabilidad de los detenidos. —¿Cuál es el papel de Indus? —Los familiares que se reunieron con los funcionarios, antes de la declaración de Torres, denunciaron que Angulo había cenado con el apoderado de Indus la noche anterior a las detenciones. Describieron el maltrato sistemático de la patronal. Durante 14 años, hasta la lucha por el encuadramiento, no habían tenido una huelga. Indus es la empresa más afectada porque 200 de los 300 trabajadores mal encuadrados trabajan allí. —¿Cómo está el ánimo en el pueblo? —Después de la caída de Acevedo y de las denuncias del párroco, los nuevos funcionarios tratan de acomodarse: crearon la Secretaría de DDHH, apareció un aula y un maestro para 23 chicos que no habían podido empezar las clases. No había veredas, están asfaltando. Pero la gente no se lo cree y sigue muy asustada porque siente que la causa de Sayago se está usando para castigar su lucha y para regimentar a los petroleros. Y en Las Heras todos son petroleros, aunque estén encuadrados en la Uocra. Y todos han pasado por un piquete para conseguir trabajo o para conseguir un aumento. —¿Qué pasa con la Gendarmería? —Los funcionarios se comprometieron ante los familiares a retirar la Gendarmería. Dijeron que se va a ir retirando de a poco.

El acto del 24 en la Plaza 25 de Mayo de Catamarca fue el más nutrido de los últimos diez años. Fue el único acto de contenido popular, ya que las restantes actividades que se realizaron fueron académicas o cerradas entre las paredes de los despachos oficiales. Fue convocado por ATE-CTA, Suten-CTA, Liga por los Derechos del Hombre, ex detenidos políticos, Familiares de Desaparecidos Políticos, Agrupación La Maza-Unca, Agrupación Luis Franco-UJS, Movimiento Universitario de Izquierda, Partido Comunista, Partido Humanista, Partido Obrero, Polo Obrero. En el acto se leyó un documento que señala la continuidad de la dictadura con la democracia: “En Catamarca, la vuelta a la democracia formal en 1983, inició una etapa en la cual muchos colaboradores del autodenominado ‘Proceso de Reorganización Nacional’ siguieron ocupando cargos de responsabilidad en distintos estamentos del Estado y de algunos partidos políticos. La entronización de la impunidad y, por contrapartida, de la debilidad de nuestra memoria histórica, fue el regreso a la gobernación de la provincia de un ex gobernador procesista”. El documento también remarca el desarrollo de la resistencia del pueblo explotado: “La lucha popular tuvo un punto de inflexión en las heroicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. La oleada de piquetes, puebladas y paros que se venían sucediendo desbordó en esas jornadas en las que el pueblo se volcó a la calle...”. Las organizaciones convocantes denuncian que “Ya recorrida más de la mitad de la gestión del gobierno de Kirchner (...) la brecha entre los ingresos de los pobres y la burguesía se ha agigantado. Con Kirchner el número de luchadores sociales procesados y encarcelados por defender los intereses de los sectores populares aumentó considerablemente”. (...) “En los hechos (es) una continuidad negociada del régimen” y reivindica las banderas históricas de los movimientos democráticos por los derechos humanos. Los convocantes denuncian que “se ha profundizado la entrega al FMI, el pago de la deuda externa, se convalidaron las privatizaciones, se avanzó en la devaluación del salario y la liquidación de las conquistas obreras...”. Plantean que “se sigue permitiendo en Catamarca que las empresas extranjeras logren enormes ganancias a costa de la destrucción del equilibrio de nuestro ecosistema. La gran minería a mediano plazo significa más hambre y marginalidad. Se sigue permitiendo en Catamarca que las empresas privatizadas de servicios públicos aumenten sus ganancias renegociando sus obligaciones en acuerdos espurios con el Estado y envenenando a los catamarqueños con agua plagada de nitrato”. “A 30 años del golpe, resulta preocupante que en Catamarca, con la excusa de combatir la inseguridad, y de ‘normalizar’ a la protesta social, se apruebe un Código Contravencional que tiene como objetivo sancionar a todos los que reclaman por sus derechos y perseguir todavía más a los sectores empobrecidos...”. En el acto se señalo que “Las amenazas y ataques que están recibiendo sectores destacados de la clase obrera... buscan disciplinar a los luchadores... (que buscan) recuperar sus cuerpos de delegados, comisiones internas y sindicatos, echando a la traidora burocracia sindical”. Y el documento se pronuncia claramente: “¡Fuera la Gendarmería de Santa Cruz y de todos los conflictos sociales!”. El documento unitario saluda también la lucha de “miles de jóvenes y sus familias (que) marchan por la masacre de Cromañón, poniendo en el banquillo de los acusados a los principales responsables políticos y materiales: Aníbal Ibarra y Omar Chabán”. Y plantea: “cárcel a los responsables políticos y materiales de la masacre de Cromañón”. Fue un 24 de Marzo no sólo de memoria y verdad, sino, fundamentalmente, de lucha.

Resulta sorprendente cómo el gobierno, varios de cuyos funcionarios estaban bajo la lupa del centro de espionaje naval organizado en la base Almirante Zar, en Trelew, intenta presentar el problema como si se tratara de la psicosis de algún “cabo Gómez”. Sin embargo, han caído el tercero en el orden jerárquico de la fuerza y comandante de Operaciones Navales, almirante Eduardo Avilés, y el director de Inteligencia Naval, almirante Pablo Rossi. Del centro de espionaje organizado en Trelew se enviaban, todos los miércoles a las 12 del mediodía, partes de inteligencia al Comando de Operaciones Navales, en Puerto Belgrano, y a otro sitio que aún se ignora porque no se ha logrado descifrar el código empleado por los espías de la Armada. El lenguaje de esos informes rememora viejos tiempos cuando califican a las personas espiadas de “judíos” o “marxistas”, y hasta detallan sus costumbres cotidianas e incluso sus preferencias sexuales. Ahí se desmenuzan con particularidades sorprendentes datos sobre organizaciones y militantes. El jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, dijo en una entrevista radial: “Soy el responsable de la Armada y me hago cargo”. En efecto, así lo dicen sus reglamentos, las responsabilidades no se delegan. Godoy admite que “yo no le entregué mi renuncia a nadie”, pero tampoco nadie se la ha pedido. Es más, Kirchner y su ministra de Defensa, Nilda Garré, lo han respaldado públicamente. Si Godoy ignoraba qué sucedía en la base Almirante Zar, debería ser echado por inepto. Si él mismo es parte de las operaciones de espionaje, tendría que ir preso. Pero todo el mundo parece muy interesado en echar tierra sobre la cuestión y aguardar que nuevos escándalos hagan olvidar este. Pero Das Neves, tocado directamente por la actividad de los espías, declaró: “...el espionaje no era una cuestión aislada en la Armada. Creo que había una metodología y, obviamente, por lo que pude observar, no data de dos o tres años sino que nunca se interrumpió”. Estamos ante una actividad institucional que perdura desde mucho antes del golpe de 1976, y ellos mismos lo admiten cuando se ven obligados a separar a dos almirantes. Hay en el caso cuestiones más graves aún. En las carpetas secuestradas — por ahora el juzgado sólo puede trabajar con el papel incautado porque carece de técnicos capaces de decodificar los datos de las computadoras, confeccionados en clave — hay fotografías de personas en reuniones privadas, lo cual pone en evidencia que actúa, como siempre, una amplia red de “buchones” e infiltrados. Es más: no sólo el juez, Jorge Pfleger; también los vicealmirantes Enrique Olmedo y Benito Rótolo, encargados de la investigación interna, dicen tener la semiplena prueba de la actividad de civiles infiltrados en diversas organizaciones. Estas fuerzas armadas que padecemos, no son fuerzas preparadas para la guerra, para defender las fronteras propias ni atacar las ajenas, sino apenas para hacer de policía interior bajo el mando de una potencia supranacional. Ahí está, por ejemplo, la reunión que intentó ser secreta, en Bariloche, entre miembros de la Comisión Nacional de Energía Atómica — sólo algunos, especialmente invitados — con la Oficina de Investigaciones Navales de la Armada de los Estados Unidos. Esa es la razón principal de la crisis permanente de las fuerzas armadas, que imparable e inevitablemente las corroe y las destruye por dentro. Se trata de instituciones carcomidas hasta la médula, necesariamente enemigas de la Argentina y de los intereses nacionales. Destruir y desmantelar ese aparato es cuestión de seguridad nacional y salud pública.

Por doble vía, el gobierno confirmó la instalación permanente de la Gendarmería en Las Heras. “Funcionarios nacionales”, dice La Prensa de Santa Cruz (25/3), “confirmaron que se producirá el asentamiento de una base de la Gendarmería Nacional, con aproximadamente 40 efectivos. El intendente municipal otorgó un predio para la instalación de una base”. La instalación permanente ha sido reclamada por las petroleras. Ha salido a la luz que “Antenor Marsicano, comisario a cargo de la alcaidía de Puerto Deseado (donde se encuentran detenidos los cinco procesados con prisión preventiva acusados de haber participado en la muerte del policía) fue el primero en alertar al jefe de la Policía provincial, el comisario general Wilfredo Alejandro Roque, sobre presuntas ‘irregularidades’ cometidas por efectivos del cuerpo, durante el primer operativo de detenciones ordenado por la jueza Graciela Ruata de Leone”. Según Antenor: “el examen médico realizado a los cinco apresados (y contrastado con el realizado en Las Heras antes del traslado) concluía que habían sido víctimas de duras golpizas, presuntamente asestadas por efectivos policiales” (Ambito Financiero, 24/3). Al conocer el informe, dice también Ambito, “Roque sorteó entonces a Acevedo y estableció una línea directa con el presidente Kirchner”. Acto seguido, en la madrugada del 25 de febrero, el comisario radicó ante la jueza Ruata de Leone una denuncia penal por posibles “excesos” y la jueza libró un oficio reclamando la nómina del personal policial afectado a las detenciones. El 15 de marzo, luego de la caída de Acevedo, Kirchner denunció a su vez los “excesos” cargándolos en la cuenta del gobernador renunciante: “cuando los fueron a detener se excedieron y los golpearon”, declaró (Clarín, 17/3). Las golpizas no se produjeron por bronca de los efectivos ante la muerte de un efectivo de la fuerza, sino para que incriminaran a alguien en la muerte del policía. “Me dieron nombres y me mostraron una foto de Cuatrihuala (uno de los detenidos) y me amenazaron para que lo incrimine: ‘decí que es éste o te cagamos a palos’”, reveló uno de los detenidos (Ambito, ídem). Los mismos presos denunciaron que “son el chivo expiatorio que la jueza y el gobierno necesitan para esconder a los verdaderos culpables” (ídem). Todos los hilos conducen a una conspiración política inspirada por el Presidente y al armado posterior de una “historia oficial”; fue denunciada también la eliminación total de las pruebas en las horas siguientes a la pueblada y a la muerte del policía (ver PO anterior), horas en las que todo lo que se hacía o se deshacía en materia de seguridad estaba en manos directas del enviado del gobierno (Tibiletti) y del jefe de Policía. Este, el mencionado Roque, es un incondicional de Kirchner, impuesto luego del acuartelamiento de la policía provincial en octubre del año pasado, una acción que el entonces gobernador denunció como provocación. La presencia de Hebe de Bonafini, alentada por la Casa Rosada, puede haber sido una cortina de humo de toda esta trama —esta sí “siniestra”. Una vez más los presos denuncian que “el domingo (19/3) nos hicieron limpiar todo porque iba a venir la señora Madre de Plaza de Mayo, pero al final fue pura mentira. Nosotros ya estamos sindicados como asesinos, ya nos condenaron” (ídem). Una investigación independiente debería tomar todos estos hilos, que llegan hasta la propia pueblada de Las Heras y la muerte del policía. El gobierno títere le ha dado la tarea de “echar luz” sobre los sucesos a Alberto Marucco, titular de la flamante Secretaría Provincial de Derechos Humanos, un hombre acusado de montar los grupos de provocadores a sueldo contra las movilizaciones de los mineros o de otros sectores populares en tiempos de Kirchner gobernador de la provincia (OPI, 24/3). Una investigación independiente, para ser tal, debería incluir a los Familiares de los Presos y Perseguidos de Las Heras y Santa Cruz. Libertad a los presos políticos. Fuera la Gendarmería de Las Heras.

El día 23 a las 11, en el hall del Hospital Ramos Mejía se desarrolló el acto conmemorativo del 24 de Marzo, a 30 años del golpe militar, coordinado por la Comisión por la Memoria del Hospital. Durante la semana se desarrollaron distintas actividades, como la proyección de diferentes documentales y la creación de una galería que permitía hacer un recorrido desde 1972/73 hasta la actualidad, donde “misteriosamente” fue arrancado y reemplazado el panel que se había armado en referencia a la brutal represión de Las Heras, los cortes en Gualeguaychú y las fotos de Cromañón, por un cartel que bajo el título de “América Latina camina”, acompañaba las fotos de todos los presidentes centroizquierdistas, incluida la foto de Kirchner. Ante esto, hubo rápidamente que volver a conseguir fotos y realizar una nueva cartelera, que coexistió con la de Lula, Tabaré Vázquez, Bachelet y compañía. Al acto concurrió el secretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Se leyeron íntegras, entre otras, las adhesiones del PO-Polo Obrero, otra de la lista Violeta-Blanca, y el documento central, que fue el resultado de una cerrada discusión política sostenida durante la semana previa, en el que pudimos evitar que se licuara todo contenido de denuncia a la violación actual a los derechos humanos. Junto al relato de ex detenidos-desaparecidos, padres de víctimas de la dictadura, madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y representantes de diferentes organismos de derechos humanos, contamos también con la concurrencia de los compañeros del Hospital Francés, que incluyó la intervención de uno de sus delegados contra el cierre de dicho nosocomio, lo que curiosamente puso muy nerviosos a los “progres”. ¿Cómo pueden escindir la lucha de los 30 mil detenidos-desaparecidos, la inmensa mayoría de ellos trabajadores, de la lucha actual por la elemental defensa de los puestos de trabajo? Todo un misterio, que podríamos denominar “la gran Carlotto”: para que no desaparezcan físicamente los trabajadores que luchan ahora, hacemos “desaparecer” sus luchas con un mero acto de voluntad. Es decir, hacemos desaparecer la lucha de clases. Las luchas “no están, no existen, se evaporaron” (¿eso no lo había dicho Videla?). Los centroizquierdistas no se pueden dar cuenta de cuán cerca están del fascismo. No podemos dejar de mencionar que se hizo presente también una madre-víctima de Cromañón, quien se encontraba muy mal de ánimo como para entablar la lucha política con el fin de tomar la palabra. De todos modos, sentimos que el acto representó un triunfo político, porque la verdad es la única realidad, y la verdad fue dicha.

En septiembre de 2005, el gobierno había ofrecido a los accionistas de la francesa Suez 1.000 millones de pesos para inversiones mínimas. Pero a la empresa le resultó insuficiente y decidió retirarse del país a partir de abril de este año. Por eso, lo que todos los medios, desde La Nación y Clarín hasta el boletín oficial Página/12, llaman tramposamente “reestatización” no es otra cosa que un recambio, la nueva privatización de una empresa quebrada. Por eso nadie la quiere, porque, entre otras cosas, arrastra un endeudamiento — producto del fraude y el vaciamiento — de más de 670 millones de dólares y ahora el Estado argentino deberá levantar ese muerto. Además, Suez considera ganado su juicio a la Argentina ante el Ciadi, organismo arbitral del Banco Mundial, por 1.700 millones de dólares. En el Ciadi los monopolios internacionales han presentado demandas contra la Argentina por casi 17.000 millones de dólares. Osvaldo Guglielmini, procurador del Tesoro de la Nación, denunció que los montos de esos juicios “están inflados en un 1.000 por ciento”. Sin embargo, Guglielmini añade con énfasis que al gobierno argentino “ni se le pasa por la cabeza desconocer los laudos de ese tribunal” (Ambito Financiero, 22/3). Cualquier cosa antes que una ruptura con el Banco Mundial. Todo un hilo conductor transcurre desde la privatización menemista en 1993 hasta la “estatización” de Kirchner, respaldada, de nuevo, por María Julia Alsogaray. Esa continuidad se observa incluso en las caras de los ejecutores de una y de otra: son exactamente los mismos tipos. El ejecutivo y el sindicalista El encargado de informar al gobierno argentino que Aguas Argentinas hacía bien las cosas y cumplía sus obligaciones contractuales era quien fue, sucesivamente, gerente de relaciones institucionales, gerente de regulación jurídica y, al momento de la “estatización”, director general adjunto de la compañía en representación de Suez. Nos referimos al abogado Carlos Humberto Ben, quien, además, fue nombrado por Menem coordinador alterno de la comisión privatizadora de Obras Sanitarias de la Nación, en 1993. Pues bien: este tipo ha sido designado ahora, por Kirchner y De Vido, presidente de la flamante AySA, la empresa inventada por el gobierno tras rescindir el contrato de la concesionaria. Como se ve, esta gente ni se toma la molestia de disimular. Otro de los grandes promotores e ideólogos de la privatización en 1993, enrolado entonces en la corriente de los “ultramenemistas”, fue el sindicalista José Luis Lingieri. Ahora, este burócrata es el segundo de Hugo Moyano en la CGT, se ha hecho “kirchnerista” de la primera hora y, tras llevar adelante negociaciones fracasadas — según admitió él mismo — con el grupo Eurnekian y con George Soros para que se hicieran cargo de Aguas Argentinas, derivó en defensor a ultranza de la “estatización” y, por supuesto, ya está en el directorio de AySA. Lo primero que ha dicho Lingieri es que el Estado pondrá 500 millones de pesos para compensar inversiones que los privados no hicieron. AySA, como Enarsa, no es otra cosa que una asociación ilícita dirigida por el Presidente y por su “cajero” De Vido para hacerle ganar licitaciones a empresas vinculadas, y proseguir con la entrega del patrimonio nacional. Por eso De Vido rebatió a los medios de prensa más alcahuetes del gobierno y sostuvo que aquí “no hay ningún proceso de reestatización” (La Nación, 27/3). Tenemos un solo modo de conseguir que el agua deje de tener olor a podredumbre: Que el sistema de aguas, puesto nuevamente a cargo del Estado, quede en manos de los trabajadores y no de la burocracia sindical corrupta; en manos de las organizaciones sociales en lucha y de los vecinos organizados en asambleas populares, como las que están surgiendo en Córdoba por este mismo problema (allí, el gobernador De la Sota, a diferencia de Kirchner, arregló con Suez un subsidio de 9 millones de pesos mensuales y un aumento tarifario de hasta un 80 por ciento). Expropiación sin pago ni compensaciones de las empresas de servicios privatizadas. Desconocimiento del Ciadi y “árbitros” parecidos del Banco Mundial y otras entidades del imperialismo. Que se demande a esos pulpos ante las cortes internacionales que correspondan por incumplimientos contractuales y negligencia criminal contra la salud pública. Fuera la banda del “cajero” De Vido.

—¿Cómo está hoy la situación? —Todavía no hay soluciones. Hoy, delante de todo el gabinete, les dijimos todos los problemas: la reincorporación de los despedidos, el reencuadramiento, la libertad de los compañeros detenidos. Nos salieron que con el tema de los presos no se puede hacer nada, que la Justicia es “independiente”. Nosotros sabemos que toda la causa y las detenciones han sido orquestadas desde el poder, pero se les va a volver todo en contra, como con la caída del gobernador, que también fue producto de esta lucha. —Hoy es 24 de marzo, se conmemoran 30 años del golpe militar. —Hay una similitud, en cuanto a la represión de hace 30 años. Por los diferentes apremios, nos limitaron las comunicaciones por Internet o teléfono; la policía, pegando y deteniendo compañeros que no tenían nada que ver. Nuestra causa fue y sigue siendo el aumento del mínimo no imponible y el reencuadramiento laboral. —¿Cómo jugaron los distintos sectores? —El gobierno local no se hizo cargo, no apoyó nuestro reclamo, que era legítimo; los sindicatos de Petroleros Privados y de la Uocra no se hicieron cargo. En el gobierno provincial supuestamente había una interna, pero todos salieron contra nuestra lucha (Acevedo, la Policía, la Justicia). Kirchner nos mandó la Gendarmería para que no se le escapara de las manos, porque desde que asumió tiene conflicto tras conflicto. Los gobiernos nacional y provincial quisieron judicializar la protesta para tapar los reclamos de reencuadramiento y del aumento del mínimo no imponible. Por otro lado, fue muy importante el apoyo de partidos y organizaciones de Buenos Aires, de Caleta Olivia, Pico Truncado, Comodoro Rivadavia, Neuquén, etc., que abrieron un camino para que nuestro reclamo se llevara al orden nacional e internacional. —¿Qué conclusiones pueden sacar los trabajadores? —Creo que debe haber una nueva alternativa política tanto a la UCR como al PJ. A partir de esta lucha deberá llamarse a la reflexión a los obreros que son manipulados por las dirigencias actuales, del gobierno y de los sindicatos. —¿Cómo viste las intervenciones de los compañeros del PO? —Han sido muy buenas. Pudimos hablar más de política partidaria y gremial; esta práctica se había perdido hace muchos años. Debemos agradecer a todos. Desde las bases, una vez que se termine el conflicto, debemos saber que hay otras alternativas y cada uno debe tomar el camino que crea conveniente. Insto a la juventud y a los viejos a que busquemos otros caminos.

Proyecto de Declaración Visto: Que este 24 de marzo de 2006 se cumplen 30 años de aquel nefasto golpe de Estado de 1976 y... Considerando: Que se hace necesario e imprescindible remarcar una posición clara y contundente de parte de este Concejo Deliberante en relación a esta fecha, en la que se conmemora y se recuerda un día negro en la vida de los argentinos, donde miles de luchadores políticos y sociales fueron expulsados, perseguidos y asesinados, donde miles de trabajadores fueron despedidos de sus trabajos, intervenidos en sus organizaciones sindicales, despojados de conquistas históricas, como los convenios colectivos y las obras sociales, la caída de los salarios y en forma paralela a esto, el endeudamiento externo del país a valores nunca registrados en la historia de la República Argentina. Que el pueblo de General Mosconi, como consecuencia de este golpe militar ha sufrido la desaparición física, como así también el exilio de varios de sus vecinos, que aún hoy el Estado, como responsable político, no ha esclarecido estos crímenes. En tanto compañeros que estuvieron exiliados en otro país, muchos de ellos ya muertos, el Estado no los reconoció en tal situación y por lo tanto sus familias no han recibido el resarcimiento moral, ético y económico correspondiente. Que el 24 de marzo del año 1976 lo recordamos como el golpe militar más sangriento de la historia argentina. Que sus ejecutores, los torturadores y asesinos de 30.000 compañeros, fueron el instrumento político de intereses sociales perfectamente definidos: la burguesía nacional y el imperialismo (el 99% del empresariado nacional y extranjero) planteaban por aquellos años “la supresión directa de todos los obstáculos legales y de otro orden que traben la producción”, pedían la eliminación directa de las organizaciones de lucha de los trabajadores (las listas de los activistas a secuestrar por las fuerzas represivas eran provistas por las propias patronales). Con la dictadura en el poder, los grandes beneficiarios fueron este empresariado nacional, los llamados “capitanes de la industria”. Los Pérez Companc, Macri, Fortabat, Roggio, Acindar. Esto lo demuestran muchos escritos, pues la mayoría de los dueños de la Argentina de hoy se consolidaron en el período de 1976-1983, donde sus fortunas crecieron y ampliaron productivamente a partir de los enormes subsidios y beneficios en los contratos con el Estado. Que este 24 de marzo de 2006 nos encuentra a los argentinos viviendo dos acontecimientos políticos de gran importancia que deberían ser repudiados de inmediato y lo más enérgicamente posible. Uno de ellos es la lucha de los petroleros de Las Heras y el otro son las tropas militares argentinas en Haití. El presidente Kirchner en un discurso de dos horas ante el Congreso ha señalado las ventajas de la democracia, pero este mismo Presidente en Santa Cruz, al pueblo de Las Heras, de Pico Truncado y de Caleta Oliva lo ha militarizado. Hoy en Santa Cruz, “en democracia” se está encarcelando a obreros y delegados que participan en huelgas. Advertimos desde este Concejo que con estas militarizaciones empezaron las operaciones de ensayo del golpe de hace 30 años y también, como en el ’76, a pedido de los patrones. El pueblo de Haití está viviendo un levantamiento popular y el gobierno argentino ha mandado tropas para defender un golpe de Estado patrocinado por los EEUU y el gobierno de Francia y ahora están empeñados en desconocer el resultado electoral que arrojaron los comicios recientemente realizados. Los soldados argentinos en Haití están cumpliendo el mismo papel que las fuerzas armadas de Videla en el ’76. La prensa informa cotidianamente del asesinato de luchadores por parte de los ejércitos ocupantes. Que en tiempos de “democracia”, también en nuestra comunidad se vivieron hechos que tienen mucho que ver con los tiempos golpistas del ’76. ¿O nos olvidamos que hace unos años, General Mosconi fue prácticamente militarizada por Gendarmería Nacional y la Policía de la provincia, luego de una protesta en Ruta 34, y que durante días se produjeron detenciones arbitrarias, violaciones de domicilio y zonas liberadas? ¿Qué explicaciones puede dar esta “democracia” de las cinco muertes de trabajadores producidas en esta región, donde el esclarecimiento de esta situación está muy lejana? ¿O más recientemente, no fueron reprimidos impunemente los compañeros de la UTD? Que en relación de convertir el 24 de marzo en feriado nacional, propuesta hecha por el gobierno y apoyada por la gran mayoría de las fuerzas políticas, tiene el claro intento de regimentar y estatizar al movimiento popular de repudio al golpe. Indudablemente, para la clase capitalista, que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, de la cual muchos fueron funcionarios y embajadores de la dictadura, la estatización tiene un significado estratégico: es que le permite encubrir su responsabilidad en la masacre y aparecer con celebraciones testimoniales de los derechos humanos, con discursos armados en los despachos oficiales. Por los luchadores que perdieron sus vidas en la lucha, por las nuevas generaciones que los veneran y se aprestan a seguir luchando por la emancipación nacional y social. Por ello: EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE MOSCONI DECLARA : Art. 1º. El hecho de convertir en feriado el 24 de marzo tiene como único objetivo ocultar las violaciones a los derechos Humanos en plena democracia, como lo confirman las numerosas causas penales abiertas a más de 5.000 luchadores populares, los asesinatos impunes del Puente Pueyrredón y la militarización de la provincia de Santa Cruz. Art. 2°. Total solidaridad con la movilización popular que se llevará a cabo en Plaza de Mayo el día 24 de marzo bajo las consignas: 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Abajo la represión. Fuera la Gendarmería de Las Heras. Basta de perseguir a los trabajadores. Desprocesamiento de los luchadores populares. Art. 3º. Solicitar al gobierno y al Congreso Nacional que en forma inmediata retire la Gendarmería del pueblo de Santa Cruz y que brinde una solución urgente a los reclamos de los trabajadores petroleros. Art. 4º. Solicitar al gobierno y al Congreso Nacional que retire las tropas argentinas de Haití, ya que entendemos que éstas están custodiando intereses capitalistas extranjeros y no genuinas aspiraciones de sectores populares nacionales. Art. 5º. Reclamar la inmediata libertad de los presos por luchar, de los presos de Las Heras, como así también de los más de 5.000 trabajadores procesados por luchas sociales en todo el país. Art. 6º. Invitar a los demás municipios a adherirse a esta iniciativa. Art. 7º. Comuníquese, publíquese, archívese. Art. 8º. De forma.

Todos recordamos aquella foto de la vergüenza que mostraba a los diputados menemistas —hoy kirchneristas de la primera hora— abrazados y eufóricos por haber logrado en 1993 la eliminación de la petrolera estatal YPF y su traspaso, a precio vil, a la española Repsol. Ahora, la Justicia federal ha citado a declaración indagatoria a 32 personas por las irregularidades cometidas en ese negociado; entre ellos, al español Alfonso Cortina, ex titular de Repsol, y a la señora Alejandra Miniccelli, actual número dos de la Sindicatura General de la Nación y esposa del “cajero” de Kirchner, Julio De Vido. Algunas informaciones no necesitan mayor análisis.

Los movimientos que en el mundo defienden los derechos de la mujer tienen un espejo inmenso en que mirarse, el de las luchadoras de Las Heras. Han sido protagonistas de una de las principales luchas de la clase obrera en los últimos años. Centenares de ellas son petroleras o del gremio de la construcción, ‘de prepo’, o sea ganándose sus puestos de trabajo ocupando plantas y cortando rutas. Además de haber participado muchas de ellas en los últimos piquetes que desataron el actual conflicto, han jugado un rol fundamental en la lucha por la liberación de los obreros presos. Han creado una agrupación de mujeres en lucha, que ha realizado acciones de increíble heroísmo y audacia. Han volanteado las entradas de los campos petroleros, por la libertad de sus presos, donde volantear es una verdadera proeza, pues hay que detener en el medio del campo, con un viento que corta las manos, a las combis herméticamente cerradas que llevan a los trabajadores y repartir allí los volantes ante el asedio de la policía y los gendarmes. Las mujeres han realizado tres movilizaciones con sus hijos al juzgado de Pico Truncado, donde han permanecido horas y horas durante el interrogatorio de sus compañeros, agitando sin cesar, hostigando a la policía y a los gendarmes, en medio de un verdadero páramo de viento y frío. Una de ellas irrumpió en una misa cuando se llevaban presos a sus compañeros y realizó una arenga en defensa de la lucha que conmovió a todos los presentes, dando lugar a que luego la iglesia fuera un centro de organización de mujeres, obreros de la construcción y petroleros. Aprendieron aceleradamente a sacar comunicados de prensa y a ir a las radios del lugar para programar las movilizaciones; realizaron cuatro marchas por el pueblo por la libertad de los obreros presos, y fue en la casa de una de ellas que se realizaron las reuniones directas entre familiares y obreros con el gobierno, porque el gobernador ya no consideraba lugar “neutral” a la iglesia del pueblo. Los hijos de estas leonas pasan horas en la iglesia, en las movilizaciones, viven día a día lo que pasa con sus padres, y hasta cantan consignas como “Ico, ico, fuera los milicos” y “Libertad a los obreros por luchar”, que son sus preferidas. Va a las mujeres de Las Heras nuestro homenaje.

Unas 5.00 personas marcharon el 24 en la ciudad de Santa Fe. Sin dudas, la marcha más masiva de los últimos años por el golpe. El gobernador Obeid tuvo que realizar su acto en la esplanada de la universidad, porque la plaza la ganamos las organizaciones de derechos humanos, el movimiento piquetero y los partidos de izquierda. La columna del PO irrumpió con fuerza al grito de “Libertad a los presos por luchar”. Además, realizamos una bandera y logramos que encabece la columna con las consignas “Abajo la represión, fuera la Gendarmería de Las Heras”. A pesar de todos los esfuerzos por presentar un documento que no dijera nada, la centroizquierda no pudo ocultar la represión de Las Heras ni la denuncia por los compañeros del PO que fueron golpeados por la policía mientras realizaban pintadas una semana antes. Se vendieron más de 100 prensas. Una mención especial para el “Colito” que vendió 38 prensas y Virginia que con 16, fueron los más destacados del equipo de piqueteo.

La “Policía 2”, la nueva fuerza de seguridad de la Provincia de Buenos Aires que venía a “remediar” la imparable descomposición de la “Bonaerense”, ha demostrado que también ella es una banda descontrolada. Detrás de una fachada “renovada”, con móviles y comisarías nuevas, la “Policía 2” patrulla las calles de Avellaneda sembrando el terror en las barriadas. Con unas pocas semanas de diferencia y sólo en Avellaneda, esta nueva “maldita policía” ha protagonizado por lo menos tres casos de gatillo fácil en el distrito. Las denuncias comenzaron a partir de la movilización de los familiares y amigos de Hugo Reinaldo Krince, un joven padre de Villa Luján, asesinado en una esquina del barrio en la madrugada del sábado 18 de marzo. El jueves 23, un centenar de vecinos se movilizaron hasta la comisaría, en pleno centro de Avellaneda. Allí, el papá de Hugo, Julio Krince, en diálogo con Prensa Obrera, describió los hechos. Según todos los testigos, dos hombres acompañados por una mujer que se desplazaban en un auto particular bajaron en la esquina de Pergamino y Lafuente y encararon al grupo de Hugo y sus amigos para comprar drogas. Ante la negativa de los chicos, volvieron al auto a buscar los fierros y comenzaron a tirar al bulto. Hirieron a Hugo y a otro más. A Hugo lo remataron en el piso de tres tiros en la espalda; al otro chico lo “detuvieron”, y pasó varios días herido en la comisaría. El juez caratuló la causa como “homicidio en riña”, dejando en claro su intención de absolver a los policías. Les fueron retiradas las armas reglamentarias, pero aún permanecen libres. Gracias a la movilización del barrio, otros casos similares ocurridos también en Avellaneda, en un lapso muy corto, comenzaron a salir a la luz. Los familiares y amigos de Hugo participaron con sus banderas y pancartas de la columna del Partido Obrero en la movilización del 24 de Marzo. Hay que profundizar la movilización en unidad con los familiares de los otros casos para exigir la prisión inmediata de los policías acusados y el cambio de carátula a “homicidio agravado”.

Tres millones de jóvenes y trabajadores manifestaron en toda Francia contra el gobierno de Chirac-Villepin y su nuevo “contrato basura”. La movilización del martes 28 duplicó la del sábado 18. La paralización de la educación fue total, y amplísimo el paro en los transportes y los servicios públicos. Se extendió incluso a algunos sectores privados (además de la educación). Los diarios que no aparecieron. Pese a todo, Chirac-Villepin siguen diciendo que “la República no acepta ultimátums”. El primer ministro cree que los que sí deben aceptarlos son los millones de jóvenes precarizados. Villepin ha intentado utilizar a la burocracia sindical como un ariete contra la movilización de la juventud y contra sus organizaciones. Por eso, armó una entrevista por separado con los dirigentes de las cinco principales centrales sindicales de las que fueron expresamente excluidas las organizaciones estudiantiles y juveniles. Aunque los representantes de los estudiantes protestaron, la burocracia sindical aceptó el “convite”. Entre las “mejoras” que Villepin ofreció a los burócratas estaba la de reducir de dos a uno el “período de prueba”, pero excluyó, de antemano, derogar la posibilidad de despido sin causa durante el período de pruebas. Incluso para la burocracia sindical, esto era demasiado. “No soy el bombero de servicio”, debió aclarar François Chérèque, secretario general de la CFDT, a la salida del encuentro con Villepin. Las direcciones sindicales hayan dejado perfectamente en claro que se oponen a la consigna de huelga general “porque tiene un contenido insurreccional” (El País, 21/3). En un momento de crisis política aguda y de una amplia movilización popular, la burocracia de los sindicatos no duda en dar un respaldo de principios al régimen político y al Estado. Pero u na dirección que no está dispuesta a empeñar todas las energías en la victoria es una dirección que prepara la derrota. La burocracia de los sindicatos y los partidos de la izquierda democratizante están ante la expectativa de que el gobierno adelante para el otoño europeo las elecciones generales previstas para 2007. Un adelantamiento de las elecciones ofrecería un espacio para dirimir la crisis que tiene paralizado al gobierno de Chirac, entre el ala Villepin y el ala Sarkozy. De cualquier modo, es claro que el gobierno no aguanta un año más, de modo que el adelantamiento es la oferta que empujaría a la izquierda democratizante a paralizar las manifestaciones. En oposición a esta maniobra se plantea la consigna: Fuera Chirac-Villepin, huelga general, por un gobierno de las organizaciones obreras que liquide toda forma de precarización y ataque el despotismo del capital.

La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) denunció que uno de sus integrantes fue amenazado un día después de que Aníbal Fernández los denominara como la “izquierda siniestra” por estar entre los autores del documento leído en la Plaza de Mayo. Luego de una reunión de la Asociación el domingo 26, uno de sus integrantes, Osvaldo Barros, recibió intimidaciones. En la reunión se evaluaba precisamente la situación generada el 24 de marzo, en donde militantes cercanos al kirchnerismo realizaron provocaciones desde la primera línea de la marcha, tratando de impedir la lectura del texto, titulado “30.000 razones para seguir luchando”.

El 14 de marzo se cumplió un mes de la muerte del joven boliviano Beimar Mamani, como consecuncia de la golpiza que le dieron los patovicas del boliche Fantástico, de Once. Durante todo este mes, hubo cortes en Cruz y Perito Moreno (en la Villa 1-11-14), que se intensificaron luego de que el juez liberara a los asesinos. El 14 de marzo realizamos una movilización de Congreso a Plaza de Mayo, con otros familiares de casos impunes en la colectividad boliviana y destacados luchadores de la misma. Al finalizar la movilización, la mamá de Beimar agradeció a las organizaciones y personalidades presentes, y reclamó al cónsul de Bolivia que cumpla su promesa de meter presos a los culpables. El 24 de Marzo, los familiares de Beimar marcharon junto a familiares de víctimas de la violencia y la discriminación contra la colectividad boliviana para reclamar justicia para Beimar y todas las víctimas del Estado Cromañón.