Prensa Obrera N° 937

La suspensión por 180 días de las exportaciones de carne fue respondida por las patronales con un violento ataque a los trabajadores. El Consorcio de Exportadores aseguró que afectará el empleo de 10.000 trabajadores, que se sumarán a los despidos durante la “crisis por el brote de aftosa” (La Nación, 10/3). Los capitalistas defienden su tasa de beneficios. Estamos ante una lucha entre distintas camarillas de la burguesía. La suspensión de las exportaciones es un intento del gobierno de disciplinar a un sector que presiona por la eliminación de las retenciones. No es un intento de reducir el precio de las carnes. Los productores de hacienda advirtieron que la baja de precios en Liniers el 10 de marzo no se trasladará a los mostradores (La Nación, 11/3). Esta situación es muy angustiosa entre los trabajadores del frigorífico Estancias del Sur, ubicado en Unquillo, Córdoba, propiedad de la patronal negrera de Tango Meet. Ya comenzaron con el despido de pasantes y de algunos trabajadores. Los pasantes ganan 2 ó 3 pesos la hora. Son convocados cuando hay picos de faena o producción, y despedidos sin indemnización. La empresa los utiliza para mantener el salario en niveles de miseria. Es posible bajar el precio de la carne, mantener los puestos de trabajo y llevar los salarios a un mínimo de 1.800 pesos indexado por inflación. Para ello hay que terminar con el lucro capitalista. Llamemos a asambleas, votemos un programa que incluya: Ningún despido; efectivización de los pasantes y trabajadores precarizados; salario mínimo de 1.800 pesos indexado por inflación; apertura de los libros bajo control de trabajadores elegidos en asamblea, que plantee la reducción de la tasa de ganancias de la empresa, en beneficio de los puestos de trabajo, del salario y de fijar precios populares para la carne. El Partido Obrero de Unquillo está comprometido con todas sus fuerzas con los trabajadores de Estancias del Sur. Una prueba del reconocimiento de los trabajadores es que en un piqueteo sobre un turno de 130 operarios se colocaron 21 prensas.

- Anulación del tarifazo. - Expropiación y estatización bajo control obrero de aguas cordobesas. - No al impuesto al salario. - Por los 1.800 pesos de básico y la actualización mensual de acuerdo al índice de precios. Hablan: luchadores docentes, de la construcción, del movimiento contra el tarifazo del agua, de la universidad.

En las elecciones presidenciales peruanas del próximo 9 de abril, dos candidatos se perfilan para pasar a la segunda vuelta: la derechista Lourdes Flores y el nacionalista Ollanta Humala, militar retirado y organizador de un fallido golpe contra Fujimori en 2000. La cuestión minera ocupa el lugar central en la política peruana. Hay en curso una movilización popular contra los pulpos imperialistas. La campaña electoral, reconoce un diario financiero, “se desarrolla en el contexto de un creciente descontento, que tiene como blanco las operaciones de empresas extranjeras. Varias empresas internacionales han sido objeto de movilizaciones el año pasado, incluyendo al grupo anglo-australiano BHP Billinton, a la norteamericana Newmont y a la británica Monterrico. Todos ellos fueron forzados a suspender operaciones o retirar proyectos” (Financial Times, 29/2). El mismo diario caracteriza que “el descontento local” (ídem) y “el estado de ánimo crecientemente radical” de los campesinos-indígenas son los principales “problemas” que enfrentan las mineras. La burguesía, y en particular los grandes grupos mineros internacionales que operan en Perú, recelan que Humala pretenda “renegociar los contratos” mineros vigentes. Gracias a las colosales exenciones impositivas y las condiciones establecidas en los contratos firmados en la época de Fujimori, Perú se convirtió en uno de los destinos preferidos por los grandes pulpos mineros internacionales y en uno de los mayores productores mundiales de minerales: es el tercer productor mundial de cobre y el quinto de oro (acaba de desplazar de ese puesto a Rusia). El gran capital minero domina enteramente la economía peruana (y a su régimen político). El candidato a vicepresidente de Humala, Gonzalo García, director del Banco Central, explica que su eventual gobierno va a respetar los contratos “por un tiempo”. Humala, dice, impulsará una reforma constitucional que “permita cambiar las actuales reglas que hacen inamovibles los contratos” (Página/12, 5/3). O sea, que Humala buscará “cambiar las reglas” para renegociar los contratos... ¿En qué consistiría esa “renegociación”? El propio Humala explica: “en participar como propietario, con un porcentaje del accionariado ya que los recursos son del Estado, no de las empresas” (Ambito Financiero, 30/1). El vice de Humala, redactor en jefe del plan de gobierno del candidato, es partidario de las privatizaciones. “Vamos a hacer una auditoría de las privatizaciones. En los casos que encontremos irregularidades (...) haremos la denuncia a la Justicia y esas empresas privatizadas irregularmente retornarían al Estado para que sean nuevamente privatizadas” (Página/12, 5/3). Como se ve, nada más lejano de las acusaciones de “estatismo” que le formulan los grandes pulpos mineros. De todos modos, “la idea —continúa García— es desarrollar empresas nacionales y hacerlas participar en procesos de producción que hoy están en manos de empresas transnacionales” (ídem). O sea, promover una asociación. García, incluso, dice que el gobierno de Humala mantendrá la vigencia del “Tratado de Libre Comercio” con Estados Unidos si el parlamento actual lo aprueba: “sería —sostiene— un tratado entre estados, de cumplimiento obligatorio” (ídem). Humala es presentado por sus detractores como un émulo del general Velazco Alvarado, que encabezó un régimen militar nacionalista que debutó en 1968 nacionalizando el petróleo y realizando una reforma agraria. En 1975, Velazco fue derrocado por otro general (Morales Bermúdez) y el régimen militar terminó como agente del imperialismo. En vista de sus planteos, se trata de una comparación abusiva. Más bien, Humala tiene semejanzas con Lucio Gutiérrez, el coronel ecuatoriano que hizo campaña como “nacionalista” para gobernar con el FMI (y terminar volteado por una rebelión popular).

El Directorio recién estrenado del Bapro llegó, como era de esperar, aferrado al paraguas de la tregua, convenida por Kirchner y la CGT. Ante los requerimientos de blanqueo del salario (del 30 al 40%, según la escala de lo que paga el Bapro es en negro) que le formulamos los trabajadores, ofrecieron, arteramente, dar cumplimiento a artículos elementales del convenio colectivo, que los anteriores directorios de turno dejaron de aplicar en aras del achique de la banca pública, y condujeron a las ignominiosas condiciones de trabajo actuales. Pretendieron cambiar la puesta en vigencia de las conquistas avasalladas, por un compás de espera de treinta días para ofrecer una “propuesta concreta de blanqueo”. El gobierno, para quien “el rojo es deuda”, evade las cargas sociales de sus trabajadores y les pide “un período de gracia” para comenzar a plantear las “cuotas” de la “moratoria”. En pleno enero, un contundente plenario de delegados negó el compás de espera y le exigió que, paralelamente con el cumplimiento del convenio vigente, mejorará parcialmente las condiciones laborales con el ingreso de personal, se haga efectiva una suma significativa de dinero en blanco —a cuenta del blanqueo general— para paliar la difícil situación que tendremos en febrero, mes en el que, despojados de todos los adicionales no remunerativos que (por única vez) “tiraron” en diciembre (600 pesos) y enero (300 pesos), se cobrará mínimamente por encima del salario de noviembre. El Directorio no cumplió siquiera con lo que prometió sobre ingreso de personal y lo atinente al convenio colectivo. Con maniobras deleznables, el joven presidente (bien entrenado para perpetrar las peores fechorías en contra de los trabajadores) y sus adláteres como el director Valdovinos, quien lleva adelante las negociaciones salariales, lograron estirar la respuesta hasta el día 24 de febrero, en que ofrecieron efectuar el blanqueo en “cuarenta y cuatro meses” a razón de 10 pesos por mes (no sólo una falta de respeto, tambien una estafa,) no contentos con eso, para que ningún acuerdo paritario fuera sobre los montos devengados, completaron la burla proponiendo el blanqueo por franjas, lo que dio una suma de 130 pesos a razón de 13 pesos por mes para el año 2006. La paciencia de los trabajadores del Bapro está agotada, las condiciones laborales de las sucursales del Conurbano son deplorables, la falta de personal hace que la gente se enferme física y psíquicamente, y la Mutual es un seguro “camino al cielo”. El Plenario de Delegados de Base de la seccional Buenos Aires, del día 2 de marzo, por unanimidad, votó el paro para el 8 de marzo, con movilización a Casa Central para arrancarle al gobierno de Solá la plata de los trabajadores. Votó también un llamamiento a los compañeros del interior a la unidad de acción y, luego, en el hall de Casa Central, lo manifestó al grito de “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta...”. Tenemos un duro camino, esta es la puntada inicial de un plan de lucha que deberemos llevar adelante con todos los compañeros del interior de la provincia.

Este barrio es terreno de disputa entre las dos cabezas del PJ de Alberdi: el actual intendente, Luis “Pato” Campos, y el anterior —hoy diputado provincial—, Raúl “Turco” Hadla. Y aún así es un barrio con carencias de todo tipo. Para instalar las cloacas, por ejemplo —en un momento en que el intendente está recibiendo millones de pesos para obras públicas— la puntera organizó a los vecinos para hacer loterías para la compra de los caños. El estado de las calles es calamitoso, la iluminación, deficiente. Esto sólo por hablar de lo que salta a la vista de cualquiera que lo visite. Y está a no más de 10 cuadras de la plaza principal de la ciudad. En este barrio funciona desde hace poco menos de un año un merendero del Polo, y tenemos un pequeño reagrupamiento de compañeros que están entre los tantos que todavía siguen en la lista de espera por alguna forma de ayuda social, mientras levantan la bandera de trabajo genuino y universalización de los planes. Al frente del Polo del barrio Santa Rosa se encuentra Isabel Córdoba, acompañada por toda su familia. La compañera formaba parte de la lista de candidatos a convencionales constituyentes por la Sección III. Relata que lo sucedido el día 20 fue extraordinario: más de una decena de personas del barrio —algunas que se acercaban por primera vez— pasaron a felicitarla por el triunfo; y todavía al día siguiente siguió recibiendo felicitaciones. Es fundamental sacar una conclusión: la compañera Isabel es reconocida en el barrio como la dirigente del Partido Obrero, y partir de ahí para pasar a organizar a los vecinos. Isabel les explica siempre a los vecinos que concurren a las reuniones, que hay que sacudirse el miedo a los punteros y organizarse de forma independiente y disputarles el barrio.

La juventud francesa está en pie de guerra contra el gobierno derechista de Chirac, Villepin y Sarkozy. Un millón de jóvenes —respaldados por los trabajadores convocados por los sindicatos— manifestaron el 7 de marzo en París y en otras 175 ciudades. Cincuenta universidades están ocupadas. Las asambleas, los piquetes y las manifestaciones son cotidianas y se realizan con el apoyo activo, en muchos casos, de los trabajadores docentes y no docentes. Los secundarios participan activamente en las movilizaciones y se anuncia la inminencia de su entrada en huelga. Un plenario de representantes de las 64 universidades de Francia aprobó la realización de nuevas jornadas nacionales de acción para el 16, el 18 y el 23 de marzo. Esta gigantesca movilización nacional de la juventud tiene una consigna central: la derogación del “contrato primer empleo” (CPE) y de la “Ley de igualdad de oportunidades” que acaba de hacer aprobar el gobierno. El CPE es un nuevo tipo de “contrato basura” por el cual todo joven menor de 26 años podrá ser contratado “a prueba” por un período de dos años, en los cuales podrá ser despedido sin ninguna causa ni indemnización. La “Ley de igualdad de oportunidades”, en la que está incluido el CPE, establece además la autorización para contratar aprendices desde los 14 años y la autorización del trabajo nocturno a partir de los 15... Mediante este nuevo “contrato basura” (similar a otros que ya existen desde hace treinta años) y las nuevas normas sobre el “aprendizaje” y el trabajo juvenil nocturno, Villepin pretende extender, todavía más, la precarización del empleo. Existen en Francia cuatro millones de precarizados, la mayoría jóvenes. La desocupación —que entre los jóvenes llega al 25% (y hasta el 40% entre los no calificados)— fuerza a los trabajadores a aceptar empleos temporarios, precarios, basura, con salarios por debajo del nivel de la pobreza: el 80% de los nuevos empleos que se crea es en condiciones de precariedad. Contra esto se han rebelado los jóvenes. Ahora en las universidades y en los colegios; en noviembre pasado, en los suburbios que rodean París. No se trata, sin embargo, de una rebelión puramente juvenil. Los jóvenes en la calle son la expresión más activa de una población explotada harta de la precariedad, la miseria y el desempleo. La movilización juvenil es tan fuerte que los propios presidentes de las universidades han reclamado la anulación del CPE. Para echar leña al fuego, Villepin mandó a la policía a desalojar a los estudiantes que habían ocupado la universidad de La Sorbona y anunció que, pese a las protestas, mantendrá el CPE y la “Ley de igualdad”. No es la primera vez que un primer ministro se comporta como un matón frente a las movilizaciones populares; antes que Villepin lo intentaron Balladour (en 1994) y Juppé (un año después): todos cayeron derrotados. La movilización de los jóvenes es un nuevo golpe demoledor a un régimen masivamente repudiado. En noviembre, la juventud de los suburbios en la calle; en mayo, los trabajadores con su voto por el No en el referéndum sobre la Constitución europea, mostraron que el gobierno está acabado quince meses antes de las elecciones. Es en este cuadro político que deben entenderse las comparaciones de la prensa del actual movimiento juvenil con el de mayo de 1968. La rebelión juvenil es un poderoso llamado de atención a la izquierda, cuya principal preocupación política es la determinación de la candidatura para las presidenciales de 2007. Para terminar con la precarización y el desempleo hay que terminar con el régimen político que los promueven: ¡Fuera el CPE! ¡Fuera la “Ley de igualdad de oportunidades”! ¡Fuera Chirac!

Después de haber fracasado en salvar a Ibarra, Kirchner arremetió de nuevo contra los piquetes de Gualeguaychú. En el primer caso, no le interesó condenar las responsabilidades políticas por la masacre de Cromañón. En el segundo, no le interesa el medio ambiente de los argentinos sino la cuenta de beneficios de los pulpos papeleros. No le puede interesar la ecología a un Presidente que ha entregado su propia provincia a la actividad contaminadora de los pulpos de la minería. Pero Ibarra fue destituido por una lucha popular y la asamblea entrerriana resolvió seguir adelante con los cortes. En Las Heras, el gobierno lanzó detenciones masivas contra los trabajadores por el delito de hacer huelga contra el impuesto al salario. En las vísperas del 24 de Marzo ha militarizado su propia provincia tal como se lo reclamaron las petroleras Pero hace 24 horas este mismo gobierno se presenta acompañado de Moyano para subir el mínimo salarial que queda exento de impuestos. Es nada, pero es un recule ante la lucha de la clase obrera. Ahora tenemos que imponer el retiro de la Gendarmería de Santa Cruz. Finalmente, después de haber fracasado en el propósito de convertir al 24 de marzo en un acto oficial, el gobierno resolvió que fuera un día feriado. Estamos ante el intento de estatizar una jornada de lucha. De estatizar la memoria. De escribir una historia oficial. Nada menos que los agentes políticos de Techint, Mercedes-Benz, Citibank, Acindar —o sea los agentes ‘democráticos’ de la clase social que impuso una dictadura asesina hace treinta años. Ahora, Kirchner tratará de imponer el feriado en el único ámbito donde, por ahora, suele proclamarse ganador: el “borocotizado” Congreso nacional, donde las voluntades se subastan con los recursos del presupuesto público. ¡No pasarán! No será el Estado capitalista el que dirá “presente, ahora y siempre” a los treinta mil compañeros desaparecidos. Por los luchadores que perdieron sus vidas en la lucha, por la nueva generación que los venera y se promete seguir la lucha por la emancipación nacional y social. Llenemos la Plaza, el próximo 24, con el grito: Abajo la represión, fuera la gendarmería, abajo el gatillo fácil, abajo las torturas en cárceles y comisarías. Por la memoria de los treinta mil desaparecidos, por los piqueteros asesinados, por los que cayeron por las balas policiales en diciembre de 2001, por Kosteki y Santillán, por los jóvenes de Cromañón, por la libertad de los presos de Santa Cruz, por el cese de los procesamientos a los luchadores, por las María Soledad y las Paulina Lebbos, por los chicos y chicas que son forzados a la prostitución por la miseria del capitalismo y las mafias protegidas por el aparato estatal. Llenemos la Plaza para defender a las luchas obreras, populares y ecológicas. Por la unidad de los trabajadores de Argentina y Uruguay contra los pulpos capitalistas saqueadores y sus gobiernos. Llenemos la Plaza que Aníbal Fernández intentó cercar y vallar y que ahora pretenden estatizar. El presente es lucha. El Partido Obrero concentra en Rivadavia y Callao desde las 16 horas.

El gobierno provincial impuso a través de las burocracias de Atep, Apem y Amet un básico salarial de 350 pesos y la quita de un ítem remunerativo (estado docente) que equivalía al 50% del básico. La dirigencia entreguista fue más lejos todavía, al aceptar “un formal compromiso por parte de los gremios firmantes de no efectuar medidas de acción directa, incluyendo manifestaciones públicas en reclamos de reivindicaciones y en particular, entorpecer de cualquier manera el normal desenvolvimiento del Estado y de la provincia en sus distintas actividades, lo cual incluye las manifestaciones que de cualquier forma perjudiquen derechos de terceros”. La Unión Docentes de Tucumán convocó a una marcha de antorchas, de protesta, que reunió a unos 500 docentes el 1 de marzo. Como resultado de esa acción, desde la Legislatura, por intermedio de Juri, se comprometieron a restituir el estado docente y a atender otros reclamos, como un mayor aumento del básico. Sin embargo, el bloque legislativo que preside Juri sigue toda la política de Alperovich. La comisión de educación de la Legislatura cogobierna con la camarilla que dirige la Secretaría de Educación. La directiva de UDT ha impulsado la realización de asambleas y elección de delegados. El sábado 11, al mediodía, un plenario iba a decidir el curso de acción a seguir. El descontento es muy grande y el reclamo de plan de lucha crece en las escuelas.

La Asamblea Constituyente expresa su profunda consternación por el asesinato de la joven tucumana Paulina Lebbos y sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de facultad, que se movilizaron por su aparición con vida en los últimos días. Numerosos hechos similares, que tienen por lo general por blanco a mujeres jóvenes y adolescentes, ponen de manifiesto una situación de conjunto y, por lo tanto, una responsabilidad política del Estado. En muchos casos ha sido denunciada y hasta comprobada la complicidad de aparatos del Estado en la comisión de los delitos. Las responsabilidades políticas y estatales en la situación de indefensión en que se encuentra la ciudadanía argentina han quedado de manifiesto en la reciente destitución del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La desaparición de Marita Verón y las vicisitudes de lo ocurrido con Fernanda Aguirre se suman a otros acontecimientos en Río Negro, Entre Ríos, a la masacre de la dársena en Santiago del Estero, para probar irrefutablemente que está comprometida la responsabilidad del poder político. La Convención Constituyente reunida en la ciudad de San Miguel de Tucumán reclama el completo esclarecimiento del crimen del cual ha sido víctima la ciudadana Paulina Lebbos y el correspondiente juicio y castigo a los culpables. Asumiendo su propia responsabilidad como órgano electo por el pueblo de Tucumán, la Asamblea Constituyente se compromete a designar a la brevedad una Comisión compuesta por un miembro de cada bloque parlamentario para asistir políticamente a la familia de la víctima en lo que sea necesario para el esclarecimiento del hecho y como expresión de su propia responsabilidad en asegurar que este crimen y otros que puedan estar vinculados a él no queden impunes. San Miguel de Tucumán, el 14 de marzo de 2006

En PO N° 935 apareció un error involuntario en el artículo “La dictadura, el negociado de la burguesía nacional”. Hubo un trastocamiento de las citas. La referencia 11 corresponde al citado libro de Majul y no al de Schavtzer; y la cita 12, al libro de Osvaldo Coggiola y Edgardo Bislky, Historia do Movimento Operario Argentino, Xama, SP, 1999.

La satisfacción kirchnerista por el acuerdo con Tabaré no duró más que el viaje de regreso de Santiago a Buenos Aires. La “solución” a la crisis de las papeleras fue pinchada por partida doble: en primer lugar, porque Tabaré acató enseguida la orden de los Batlle y Sanguinetti para cerrar filas con los pulpos papeleros. Pero, principalmente, porque los asambleístas entrerrianos percibieron que estaban frente a una nueva maniobra para levantar sus cortes. Gualeguaychú la desenmascaró, al reclamar que la suspensión de las obras por noventa días estuviera acompañada de una prohibición del tránsito de materiales hacia las pasteras. Ese mismo día, La Nación publicaba un mapa con las rutas marítimas que Ence y Botnia recorrerían para transportar sus equipos en el curso de la “tregua” propuesta por Kirchner. La estafa fue tan evidente que, en la asamblea de este lunes, los vecinos “terminaron bromeando y riendo sobre las expresiones presidenciales” (La Nación, 14/3). La democracia de la calle La cuestión de las papeleras ha vuelto a poner en el tapete la impotencia kirchnerista frente a lo que otro uruguayo, Julio Sanguinetti, llamó “la democracia de la calle, capaz de tumbar presidentes” (La Nación, ídem). De este modo, Sanguinetti quiso advertirle a Tabaré que en la crisis de las papeleras lidiaba con la Argentina de las asambleas y las rebeliones populares. Muy pocos días atrás, esa misma “democracia de las calles” se había llevado puesto al Tabaré porteño, por su responsabilidad en el crimen de 194 pibes. Este lunes, una pueblada campesina arrasaba con la municipalidad de San Vicente, en Misiones. Kirchner tropieza, a cada paso, con la impronta de la rebelión popular. Las Heras La muerte del policía Sayago es definitivamente un pretexto para llevar adelante detenciones en masa, con el propósito de golpear y amedrentar la lucha de los petroleros. También es una expresión de la brutal lucha interna en el partido oficial de Kirchner. Se ha llegado al extremo de detener a una decena de trabajadores de la misma empresa que, días atrás, había parado contra los despidos. ¿La militarización de Las Heras puede ser el ensayo de un “remedio” similar para Gualeguaychú, con la gendamería ocupando los puentes? Castillo de naipes El Hospital Francés está imponiendo una victoria. Es la victoria de un método de lucha de clases, que desechó todas las componendas que se ofrecían a los trabajadores en nombre de la fatalidad de la quiebra de la empresa. Los aeronáuticos, técnicos y pilotos, por su parte, han retomado la huelga en un conflicto que mueve toda la estantería de las paritarias amañadas con el moyanismo. En subtes, los obreros rechazan ofertas de la patronal incompatibles con las reivindicaciones. Frente a las huelgas y manifestaciones populares, el “armado” kirchnerista desnuda su inmensa fragilidad. En Las Heras, hasta el cura local y una concejal kirchnerista están denunciando la escalada represiva. Las Heras, Cromañón, Entre Ríos, el Francés, aeronáuticos revelan los límites de la “borocotización” como método de gobierno, y de la cooptación de las direcciones sindicales como recurso para frenar las luchas obreras. El gobierno también fracasó en el copamiento del 30o aniversario del golpe militar. Los represores de los yacimientos del sur no pueden convencer a casi nadie para marchar con ellos en este 24. La oportunidad En este curso de luchas, no sólo está en juego un conjunto de reivindicaciones populares, sino una cuestión política de orden general. Para el gobierno de la “burguesía nacional”, la reelección depende de su capacidad de liquidar esta tendencia a la rebelión popular. Para el pueblo explotado, la victoria de estas luchas abre una perspectiva política obrera y socialista.

En las paritarias de julio la federación química y las empresas acordaron el 70% de aumento sobre el básico del convenio nacional. En relación al convenio por empresa, las patronales como Sulfacid e ICI intentaron burlar lo pactado, por medio de un recurso preventivo de crisis. Adujeron que no pueden hacer frente a los convenios locales y entregaron al ministerio listados de posibles despidos. En Sulfacid se terminó aceptando el apriete de la patronal. ICI primero despidió a 70 operarios antes de pasar a discutir el nuevo convenio, un proceso que ya atravesó tres conciliaciones obligatorias. Los trabajadores llevan adelante una lucha histórica, pues después de 30 años de parálisis han votado en asambleas huelgas por tiempo indeterminado, bloqueos y cortes de ruta. Han impedido hasta el momento los despidos y la entrega del convenio. Hay que rodear de solidaridad este conflicto, impulsando un plenario general que vote un plan de lucha regional (y que la CGT San Lorenzo se ponga a la cabeza del conflicto). El día de la mujer en las puertas de ICI Las “mujeres” de los trabajadores de ICI convocaron a una radio abierta en puerta de fábrica, en medio de los piquetes, para reivindicar su día y acompañar la lucha de sus familiares. La empresa dice que “ICI es una gran familia”, pero manda a las familias cartas intimidatorias para que “la familia” presione a los trabajadores a aceptar el convenio de la patronal. Las mujeres comenzaron a organizarse para responder estas cartas. Recolectan firmas de todas las familias, recorren los domicilios de los obreros. La radio abierta fue una actividad muy importante; participó la “familia ICI” y trabajadoras de la municipalidad de San Lorenzo, de los hospitales Granaderos a Caballo y Granadero Baigorria, los vecinos de la calle Mosconi que siguen luchando por la contaminación de ACA, representantes del Cuerpo de Delegados y Comisión Directiva de Amsafe San Lorenzo y las compañeras del Polo Obrero. Cuando los obreros se reunieron en asamblea ante la noticia de la conciliación obligatoria, las mujeres se quedaron garantizando el piquete. Allí realizamos el siguiente reportaje a algunas de estas mujeres: Corresponsal: -¿qué opinan del desarrollo del conflicto? Viviana: -Tengo mucha bronca, mi marido recibió por tercera vez el telegrama de despido, en diciembre nos retuvieron la quincena y pasamos las Fiestas sin un peso, hoy con el inicio de clases estamos otra vez en la misma situación, no pagaron la quincena. Laura: -Sentimos un manoseo constante de la empresa, nos ponen a nosotras y a nuestros hijos como rehenes de esta situación, juegan al desgaste. Lo peor es que el gobierno nacional y provincial no han hecho nada; el Ministerio de Trabajo, que debería defender a los trabajadores juega para ellos. Marisa: -Nuestros maridos están luchando por un convenio que la patronal ya firmó durante las paritarias y que ahora se niega a cumplir. El caradura de Clark, que fue el paritario que puso la fábrica, se viene hasta el piquete sólo para provocar. Mónica: -Nosotras vamos apoyar a nuestros maridos porque reclaman lo que les corresponde, nada más.

Paulina Lebbos, que había estado desaparecida desde el 26 de febrero, fue encontrada muerta y mutilada el domingo pasado, por una casualidad. Estudiante universitaria de Filosofía y Letras, Paulina era hija del subsecretario de Juventud del gobierno de Alperovich. Como miles de jóvenes, concurrió ese día a una promocionada zona de esparcimiento y retornó junto a una amiga en un remís; pero Paulina, que siguió viaje, nunca llegó a destino. Sus amigos, junto al Centro de Estudiantes de Filosofía, organizaron marchas exigiendo la aparición con vida . El tema se transformó en una cuestión política cuando los familiares abrieron interrogantes sobre el curso de la investigación y el gobierno adoptó medidas de emergencia, inspeccionando y cerrando decenas de boliches mal habilitados por organismos oficiales. Cuando se denuncia la venta de drogas algunos medios oficialistas atacan a la juventud y no a las mafias que, impunes, operan en la provincia. Las acusaciones del padre de la víctima contra los aparatos de seguridad y el mismo secretario, concluyeron con la renuncia de éste. El gobierno de Alperovich enfrenta una seria crisis política. Con la excusa del presunto remis trucho hubo operativos contra miles de trabajadores remiseros, pero se abandonaron pistas mucho más claras ofrecidas por la familia. La mala fama de los truchos obedece a la remisería “5 estrellas” del grupo Ale. Pero ésta es una remisería blanqueada, e incluso integrada ya desde Miranda, a los aparatos de seguridad del Estado. Varios de sus directivos están denunciados por otros casos de desaparición de personas, como el de Marita Verón. Es desde las mafias remiseras que se está fogoneando el combate a la “competencia ilegal”, e incluso la exigencia de usar a la Gendarmería para el control de la calles y rutas. Con el pretexto de la desaparición de Paulina pretenden militarizar Tucumán. Desde que Alperovich llegó al gobierno se ha duplicado el personal policial, de 5.000 a 10.000 efectivos, sin que la seguridad ciudadana haya mejorado. La saturación de efectivos tiene más que ver con los poderosos operativos de control social y contra la lucha popular que contra la delincuencia. Es el propio Estado quien fomenta la delincuencia de “guantes blancos” cuando el gobierno impulsa la privatización y generalización de los juegos de azar, un escenario ideal para el lavado, el tráfico de droga y la prostitución. Recientemente la fundación “Adoptar” denunció que en Tucumán se había triplicado la prostitución infantil. Desde el gobierno se bajó, desde el comienzo, la línea de no politizar el reclamo, quizá porque sabían del grado de compromiso del aparato del Estado con el delito organizado, y en todo caso para no afectar las licitaciones de los juegos de azar. Pero de esto se trata, de politizar el reclamo, porque sólo acabando con el Estado mafioso se puede acabar con la mafia. El Partido Obrero expuso esta situación en forma clara y rotunda con un proyecto de declaración en la Constituyente que fue escuchado en directo por gran parte de la población.

Desde las primeras manifestaciones contra la dictadura, cada movilización, cada lucha contra la impunidad se convirtió en arena de importantísimas delimitaciones y debates políticos. Manifestaciones Los movimientos de familiares de víctimas nacieron en pleno terror. Fueron ganando vigor a medida que la dictadura militar acentuaba su descomposición y la crisis económica y las movilizaciones populares se profundizaban1. Sus integrantes son perseguidos y asesinados por el gobierno militar (Azucena Villaflor). A inicios de los ’80, los movimientos habían adquirido una gran trascendencia política. En diciembre de 1981, la marcha de Madres “resiste” durante 24 horas en Plaza de Mayo inaugurando una movilización que se repetiría todos los años. En 1982, la “Marcha por la vida” congrega a miles. La lucha por el “juicio y castigo” y la “aparición con vida” exigía el fin de la dictadura asesina. El Partido Obrero militó desde un principio en este movimiento y participó, en especial a través de la compañera ‘Cata’ Guagnini, de la fundación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. Alfonsín Cuando se produce el derrumbe de la dictadura, la preocupación fundamental de la burguesía es preservar el aparato represivo y el Estado en su conjunto. Por eso puso en marcha una “institucionalización”, a través de una multipartidaria de la UCR, el PJ, el PI y el PC, entre otros. Bajo la máscara democrática preservó el cuerpo legal de la dictadura, garantizó la continuidad de la burocracia civil, militar y judicial, y de los compromisos internacionales con el FMI y reconoció la deuda externa capitalista que había sido estatizada. El que encabezó ese proceso fue Raúl Alfonsín. Las manifestaciones por el juicio y castigo chocan con el gobierno de la UCR, que amparaba la impunidad. El 22 de marzo de 1984 se realiza la primera “marcha prolongada” convocada por los organismos de derechos humanos, en la cual confluyen trabajadores de Luz y Fuerza, Foetra y centros de estudiantes. El gobierno armó actos paralelos. El 22 de abril de 1985, cuando comienza el Juicio a las Juntas, cien mil personas ganan la calle (aunque no lo hacen a Tribunales por pedido expreso del gobierno, que tiene su propia gente en la dirección de la APDH). La movilización fue una elocuente demostración de la falta de confianza en el gobierno. Pero éste consiguió armar una contra-marcha de contenido político oficialista el 26, a la que sumó a la inmensa mayoría de las organizaciones políticas y de derechos humanos. Es decir que no hubo que esperar a Kirchner para que empezara a funcionar la cooptación política de los “organismos” por parte del Estado. El ala oficialista reivindicaba el juzgamiento de los militares como una cuestión de responsabilidades individuales y no juzgar al aparato de represión y al Estado; mucho menos a las clases sociales que financiaron el gobierno militar. El “juicio” apuntó a desviar la lucha por el desmantelamiento del conjunto del aparato de la dictadura. El Partido Obrero advirtió tempranamente que “la orientación del gobierno es hacer desembocar este juicio en una amnistía”2. Fueron condenados solamente 16 oficiales (absolviendo a los otros 1.684 acusados). El proceso judicial consagró de hecho el principio de “obediencia debida” (se limitó a castigar a los mandos superiores) antes de que fuera convalidado por una ley especial. Del mismo modo, marcó el “punto final” de la investigación del genocidio. Las leyes de impunidad sancionadas más tarde no fueron una ‘claudicación’ del gobierno de turno sino la continuidad (no la negación) de la política que dio lugar al juicio a las juntas. Cuando Madres denuncia el amparo alfonsinista al aparato represivo, la mayoría de los organismos de derechos humanos se suma a la maniobra gubernamental para aislarlas y silenciarlas. Por esto, incluso, esos organismos no participan del acto en la Plaza del 24 de marzo de 1986 (décimo aniversario del golpe). En una solicitada explican que había que “afirmar la democracia y la libertad de hoy”. Como se ve, hoy no se observa nada nuevo bajo el sol, salvo que a esta maniobra se han incorporado ahora, las propias Madres. La “defensa de la democracia” es la excusa que utilizará Alfonsín en las Pascuas de 1987 para claudicar ante el levantamiento carapintada encabezado por Aldo Rico, con la complicidad del alto mando militar. Mientras el gobierno reprimía las masivas manifestaciones populares contra los cuarteles, la “defensa de la democracia” paría un “acta” firmada por todos los partidos, incluido el PC, donde son expuestos con claridad los fundamentos de la futura Ley de Obediencia Debida. El santacruceño Kirchner formó parte de la legión de los demócratas que apoyaron el “acta democrática”. La Tablada Alfonsín recurrió varias veces a la militarización y hasta instauró el estado de sitio por decreto. En enero de 1989, con motivo del asalto al cuartel de La Tablada, decenas de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) son muertos, desaparecidos, torturados y encarcelados. Los carapintadas que habían protagonizado, mientras tanto, otros levantamientos militares, participan de la represión. El Congreso se reúne con las dos cámaras para saludar la intervención del Ejército. Izquierda Unida publica una solicitada que condena el asalto y no dice una palabra sobre la masacre. Los hombres de la dictadura actuaban ahora amparados por el gobierno de Alfonsín, que ingresaba a un acelerado ocaso. Por esos días, procederá a una devaluación del peso que lo llevará al derrumbe. Para el 23 de marzo, en otro aniversario del golpe, las Madres convocan a una nueva marcha. Izquierda Unida (PC y MAS), por intermedio de su candidato a presidente, Néstor Vicente, y de su vice (y futuro diputado), Luis Zamora, anuncia públicamente que boicotea dicha marcha porque su convocatoria repudia la masacre de La Tablada. Había elecciones y no querían ser acusados de cómplices de “los terroristas”. Estos ausentes fueron el blanco de la multitud que coreó que la Plaza no era para los cobardes. Los ’90 Carlos Menem, el sucesor de Alfonsín, culminará la obra de impunidad con los decretos de indulto y la liberación de Videla y compañía, que de todos modos habían gozado de un encarcelamiento de lujo (denunciado con frecuencia en la prensa). En nuestro periódico explicábamos que el indulto era el resultado de “la inconsistencia de los movimientos políticos pequeño burgueses y de las organizaciones de derechos humanos, que sistemáticamente subordinaron la lucha por el castigo a los genocidas a la estrategia de la defensa del orden político llamado democrático”3. Es que, con el tiempo, el Estado capitalista se fue sintiendo lo suficientemente seguro como para cancelar lo que habían sido concesiones anteriores, realizadas en un marco de intensa presión popular. Sin embargo, luego de un tiempo, las manifestaciones contra el ‘gatillo fácil’ (Bru, Bulacio), y las que siguieron al asesinato del colimba Carrasco y de María Soledad en Catamarca, produjeron una renovación de la lucha contra la represión, sus aparatos y el Estado. El pueblo pagaba con nuevas víctimas la tarea inconclusa de desmantelar el régimen dejado por la dictadura militar. En el vigésimo aniversario, en 1996, las movilizaciones del 23 y 24 congregaron a más de cien mil personas. Era el comienzo de la segunda presidencia menemista y el comienzo, también, de su debacle. La concurrencia masiva demostraba que estaban dadas las condiciones para una lucha de conjunto contra el menemismo. En 1997, dos meses antes del 24 de marzo, es asesinado el fotógrafo José Luis Cabezas. Los movimientos de derechos humanos y la CTA, sin embargo, se cuidaron muy bien de no levantar la consigna “Fuera Menem” en esas masivas movilizaciones, bajo el menemismo, de los 24 de Marzo. Es que, en definitiva, apuntaban a un relevo del tipo de lo fue el gobierno de la Alianza. En el marco de los indultos del menemismo y de la levantada de cabeza de los milicos y los aparatos represivos, se produce el atentado a la Amia. Pero el gobierno de De la Rúa y Chacho Alvarez debuta, en diciembre de 1999, asesinando obreros en Corrientes, militarizando y asesinando, luego, en Mosconi y Tartagal, garantizando la impunidad establecida para los asesinos. El 24 de marzo de 2001 el movimiento de lucha, que venía de protagonizar importantes paros y piquetes desde mediados de 2000 y acababa de echar a López Murphy, reunió a setenta mil manifestantes en una Plaza de Mayo piquetera. “La ausencia de columnas sindicales organizadas por la burocracia fue total”4. Moyano quería impedir que se viabilizara en las calles (como ocurrió el 19 y 20 de diciembre de ese año) la oposición política al gobierno delarruista. La misma orientación exhibieron “los organismos”, que mantenían la tesitura de una marcha por la ‘memoria’. Para el próximo 24, cuando se cumple el 30 aniversario, observamos que nada ha cambiado en el empeño de los pseudodemócratas de querer convertir la conmemoración en un pretexto para defender al régimen político existente, el cual no vacila en militarizar Santa Cruz, como lo hacían los milicos, simplemente para defender los intereses de los pulpos internacionales, nada menos que del petróleo. Treinta años El Argentinazo demostró que la lucha popular en defensa de las libertades democráticas sigue vigente. Esta sola circunstancia impugna los títulos que se arrogan los pseudodemócratas. La imposición del estado de sitio, la militarización y asesinato masivo llevados a cabo por de De la Rúa provocaron un masivo repudio en las calles y una rebelión generalizada. Lo mismo ocurrió, más tarde, con el asesinato de Maxi y Darío bajo el gobierno de Duhalde. Que treinta años después la lucha contra la represión, contra los aparatos represivos y contra la impunidad mantenga su vigencia, es la demostración más cabal de que el régimen democratizante no ha sido capaz de resolver ninguno de los problemas planteados por la dictadura militar. Una lucha democrática consecuente es antagónica del Estado y sus aparatos. Por eso todos los gobiernos se esforzaron por reducir la conmemoración del 24 de Marzo a un momento de recogimiento, que ahora va a ganar el condimento del feriado. El empeño ha sido siempre desligarlo de la situación política concreta del momento; valerse de la represión del pasado para ocultar la represión del presente; ‘recordar’ cuando Acdel Vilas, primero, y Domingo Bussi, después, militarizaron Tucumán, para tapar la criminal militarización, en este mismo momento, del norte de Santa Cruz. Lo que Kirchner hace hoy es una mala copia de las fechorías políticas, en su momento, de Alfonsín, la Alianza, Duhalde, Rodríguez Saá y, a su modo, Menem. La historia reciente es testigo de que los gobiernos “democráticos” no sólo consagraron la impunidad a los asesinos de ayer: son, fundamentalmente, los que encubren y protegen al aparato represivo del gatillo fácil; mandan a la Gendarmería a reprimir puebladas y a militarizar ciudades enteras (Cutral Co, Mosconi, Corrientes, Tartagal, ahora Las Heras) y apelan al estado de sitio cuando les resulta necesario; llevaron adelante masacres (La Tablada, 20 de Diciembre, Puente Pueyrredón); asesinaron a decenas de luchadores obreros y piqueteros; encarcelaron a luchadores políticos y procesan, aún hoy, a otros miles de ellos. El verdadero ajuste de cuentas con los verdugos será el entierro definitivo del régimen social capitalista. 1) Prensa Obrera N° 936. 2) Prensa Obrera N° 93, 18/4/85. 3) Prensa Obrera N° 320, 19/12/90. 4) Prensa Obrera N° 700, 29/03/01. 30 Años del 24 de Marzo en Prensa Obrera Cómo la “burguesía nacional” organizó el golpe del 76 (PO N° 933 - 16/2) La dictadura, el gran negociado de la burguesía nacional (PO N° 935 - 2/3) La lucha de la clase obrera contra la dictadura (PO N° 936 - 9/3) Ver también: Techint y la Dictadura (PO N° 935 - 2/3) La burocracia con los milicos (PO N° 936 - 9/3)

El plenario de secretarios generales del sindicato docente (Aten) —munido de los mandatos de las asambleas— decidió continuar el no inicio de las clases y reunir de nuevo, el miércoles 15, las asambleas de seccionales. La decisión partió a Aten en dos. El “espacio” Azul y Blanco (que dirige Aten provincial y responde a la política de Ctera y Filmus) propuso una tregua, para un supuesto proceso de “negociación”. Las asambleas de las seccionales más atadas a este sector se pronunciaron por la “suspensión” de la huelga. La dirección provincial ha desaparecido de los medios. Boicoteó a la delegación que viajó a Buenos Aires para instalar la huelga neuquina a nivel nacional. La política del “espacio” Azul y Blanco copia a la burocracia de Ctera. Ésta aísla y demuele la lucha de las provincias, aquél la de las seccionales de la provincia. La CTA y ATE son ruedas auxiliares de esta política de derrota: se han negado a impulsar un plan de lucha por el salario entre los estatales con el argumento pérfido de “preparar bien la salida de todos juntos”. Los docentes perciben la intención desmoralizante que se encuentra detrás del ‘cierre’ de los conflictos a nivel nacional y de salir a ‘pedirle’ a Sobisch una “oferta”. Como consecuencia de esta acción la huelga ha decaído en los últimos días. El gobierno tiene tres problemas que obstaculizan su propósito de quebrar la huelga. Uno, la sustitución de un aumento salarial por un aumento en la remuneración por presentismo sólo logró cosechar más bronca entre los docentes y los auxiliares de servicio. Dos, la ‘campaña’ de inauguración de escuelas ha sido un fiasco, un operativo de habilitación de fachadas de establecimientos que no están habilitados para comenzar las clases (como lo denunció la propia burocracia de la Uocra). Esto alimenta la rebelión de los padres. Tres, el gobierno debe enfrentar la tenacidad del activismo de Capital y la zona de Confluencia. La última asamblea de la seccional Capital, con alrededor de 600 docentes, resolvió fortalecer la organización por distritos y elegir delegados para conformar comisiones de organización, prensa y fondo de huelga. Estas comisiones se han propuesto poner en marcha todos los medios para que los trabajadores de la educación se sumen al paro activamente: recorrida de escuelas, asambleas en los distritos, reorganización de la Coordinadora de Padres. Activistas y delegados de Tribuna Docente-Lista Marrón y de la Lista Naranja —dirección de la seccional Capital— intervienen activamente en este proceso. La crisis política interactúa con la huelga docente. La burocracia petrolera (que está con Sapag contra Sobisch) ha comunicado su apoyo a la lucha y colabora con los cortes de ruta de los docentes del interior —en los yacimientos de Rincón de los Sauces, Buta Ranquil y Añelo. La defensa de la huelga a través de la elección de comités de huelga, la ocupación de las rutas, el llamado a los trabajadores de Aten a sumarse, puede dar vuelta la situación.

En los próximos días se decidirá la suerte del Mercado del Norte. El 90% de los 350 trabajadores que trabajan en una gran cantidad de puestos de comida y de ventas de carnes y verduras se encuentran en negro y cobran salarios por debajo del índice de la pobreza. El gobierno quiere cerrar el mercado y construir en ese terreno un gran centro comercial en pleno microcentro de Tucumán. La primera jugada de parte del gobierno fue aumentar los impuestos de una manera confiscatoria, pues va del 300% al 400% para los puestos, y pretender el cobro de una deuda en forma retroactiva (cada negocio tendría que pagar entre 10.000 y 15.000 pesos). No contento con esto, ya ha organizado a los negocios más grandes (perfumerías, grandes carnicerías, mini supermercados, etc.). Alperovich está decidido a quedarse con el mercado y ya ha dicho que lo piensa desalojar de improviso. A los grandes puesteros les ofrece un subsidio por el tiempo que estarían parados, que no se sabe de cuánto sería. No al cierre del mercado, que se elija un cuerpo de delegados de los trabajadores y pequeños puesteros para defender las fuentes de trabajo; asamblea general del mercado y plan de lucha, defendamos lo que es nuestro.

La convocatoria a una movilización política independiente para el próximo 24 de Marzo, representa una dura derrota para el gobierno de Kirchner, que no ha ocultado su intención de convertir esta fecha en una ocasión para recoger apoyo político para su gobierno, convertir a la jornada en ‘fiesta’ y tapar, en definitiva, la militarización de Santa Cruz, la impunidad que continúa con relación a la masacre de Cromañón y hasta hacer pasar su reciente decreto que ‘reglamenta’ el derecho de huelga. Se trata de un decreto con vigencia retroactiva, porque ya se aplica en Las Heras, donde se encarcela a los obreros y delegados que participan de huelgas. Los operadores políticos del gobierno han fracasado en el propósito de copar la Plaza de Mayo con los alcahuetes de reciente cosecha. La destitución de Ibarra fue un golpe para esas pretensiones. El plan oficial preveía imponer la restitución del sobreviviente del derrumbe de la Alianza y con ese triunfo político armar un gran acto oficial el 24 de Marzo. Para los operadores políticos de Kirchner, podía servir hasta para dar el puntapié inicial a la campaña reeleccionista. La destitución de Ibarra postergó la ‘jugada’; hay muchos punteros y aparatos ‘heridos’ en sus intereses, como para contar con su ‘poder’ de regimentación. La política de cooptación de los organismos de derechos humanos sufrió un revés. Aunque los funcionarios de gobierno insistieron en que seguía habiendo margen para el acto oficialista, aún después de la destitución, a los que giran en su órbita les pareció todavía prematuro —o sea, hasta que no se ‘arreglen’ más adecuadamente los ‘territorios’ de cada bando. Fuera la Gendarmería La lucha política al interior de las organizaciones que convocamos a una movilización independiente, tuvo como resultado que las consignas centrales tengan un claro contenido de denuncia de la política del gobierno nacional. La inmensa mayoría de las organizaciones (más de 200) defendieron esta perspectiva, lo cual aisló la pretensión de quienes pretendían salvar al gobierno. El programa votado plantea el “no a la represión”, “fuera la Gendarmería de Santa Cruz”, “no al pago de la deuda externa”, “retiro de las tropas argentinas de Haití”, “basta de políticas que generan hambre y miseria”, “la anulación de los indultos”. En síntesis, rescata las tareas que han quedado pendientes después de treinta años. La cuestión de la Gendarmería adquiere una importancia central. Sucede que en las vísperas del 24 de Marzo al gobierno se le vuelve a plantear el problema de los piquetes, que ya no se limitan a los trabajadores desocupados, sino que se extienden a los obreros petroleros de la Patagonia, a los asambleístas de Gualeguaychú, a los vecinos que combaten los impuestazos, a los jóvenes que luchan contra la violencia del ‘gatillo fácil’ y de las mafias amparadas por el poder político. El envío de la Gendarmería y la militarización de Las Heras hace las veces de una prueba piloto para intervenir en otros conflictos sociales que están en marcha y que el gobierno no logra superar, mostrando los límites de la cooptación y la ‘borocotización’ de la oposición. Feriado y estatización Luego de sus intentos de copamiento de la movilización popular, el gobierno pretende convertir el 24 de Marzo en un feriado nacional, o sea estatizar la jornada. Cuenta para eso con el apoyo de la totalidad de las fuerzas políticas del régimen. Enyesar al movimiento popular, momificarlo —ese es el contenido de la pretensión de estatizar el 24 de Marzo. Es el viejo y remanido recurso de la regimentación, que caracteriza a todos los demagogos nacionalistas de contenido social patronal. Feriado mediante, el aniversario del 24 de Marzo se celebraría en las escuelas y dependencias públicas, con discursos armados en los despachos oficiales. Indudablemente, para la clase capitalista que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, la estatización de la jornada tiene un significado estratégico. Es que le permite encubrir su responsabilidad en la masacre y aparecer, desde su propio Estado, apadrinando una celebración testimonial de los derechos humanos. Llenemos la Plaza Una movilización masiva el 24 de Marzo contra la represión de la Gendarmería, contra el hambre y el envío de tropas argentinas a Haití, representará una clara demostración a favor de todas las luchas en curso. Será un impulso a la lucha petrolera de Las Heras, a los piqueteros entrerrianos, a los aeronáuticos, a los familiares de las víctimas de Cromañón. El Partido Obrero llama la atención acerca de la enorme oportunidad política abierta y convoca a realizar una gran demostración popular contra el gobierno que en Las Heras ha tomado el partido de Repsol.

Los trabajadores del frigorífico Subpga (Berazategui) resolvieron en una asamblea, realizada el viernes 10, la ocupación de sus instalaciones. La patronal pretende justificar el no pago de los ya acordados 80 pesos por semana por la suspensión de las exportaciones de carne. Sin embargo, la cuota de exportación, llamada Hilton, que monopoliza un grupo selecto de frigoríficos, entre ellos el Subpga, no está suspendida. La enorme masa de dinero que acumula en sus arcas, por el beneficio del cambio de la exportación (peso-dólar), no fue compartida jamás por los trabajadores, que están sometidos a un verdadero infierno laboral. En torno al salario (los obreros de la carne tienen un mínimo salarial de 665 pesos mensuales) y de la defensa de los puestos de trabajo amenazados también por la suspensión de las exportaciones, se está produciendo una intensa deliberación en los frigoríficos de todo el país. Llamamos a defender la ocupación del Subpga, impulsando una cadena de solidaridad obrera en su apoyo, a impulsar una asamblea general de los trabajadores de la zona (El Látigo viene de obtener una victoria con la reincorporación de compañeros) para impulsar un plan de lucha común por la defensa de los acuerdos previos y de la totalidad de los puestos de trabajo; la efectividad de los contratados, un mínimo de 1.800 pesos indexados y la garantía horaria por el 80% de ese monto, por la apertura de los libros y la elección de delegados.

Luego del enfrentamiento producido por el proyecto de declaración que leyeron los representantes del PO en la Constituyente, el bloque oficialista impuso, con una maniobra ilegal, la formación de la comisión de reglamento. La presidenta no dio tiempo a debatir la propuesta e incluso la votación fue tan veloz que no fue registrada por la mayoría de los diputados. El pedido de reconsiderar el procedimiento trucho no reunió el respaldo que se exige de cuatro legisladores; el radical quedó del otro lado de la valla. Pocas horas más tarde los encargados de formar la comisión excluyeron la incorporación de un representante del PO, de manera que cuando se discuta el proyecto de organización de los debates no existirá la posibilidad de presentar un proyecto o dictamen propio de nuestro partido. De este modo somos excluidos del debate, porque nuestro planteo será descartado con la excusa de que estará fuera de temario. Toda Tucumán sabe que el Partido Obrero plantea que la Constituyente debe reunirse en una comisión única, o sea, sesionar en forma de plenario general o de asamblea. Estamos frente a una lucha contra la proscripción en un ámbito parlamentario, incluso antes de que empiecen las sesiones. Los caciques oficialistas creen tener para ello la vaca bien atada; pero por las mismas horas se ha producido una crisis de gabinete, porque se vieron obligados a renunciar los funcionarios que fracasaron en hallar a Paulina Lebbos durante quince días después de su secuestro. Se ha producido en Tucumán, por lo tanto, el comienzo de un Cromañón, precisamente lo que advertía el proyecto de declaración que propuso el PO con relación al asesinato de la joven. Los oficialistas tienen un inmenso aparato y aún más dinero. Pero no pueden evitar las consecuencias implacables de sus contradicciones.

Los cortes de ruta contra las papeleras de Fray Bentos han actualizado un conjunto de denuncias sobre el carácter altamente contaminante de los principales proyectos mineros en explotación o en construcción en nuestro país. Poco más de tres años atrás el pueblo de Esquel se movilizó masivamente contra la instalación de una mina de oro cerca de su ciudad, denunciando la utilización de cianuro y su peligrosidad tanto para la salud humana en forma directa y la potencial contaminación de las aguas de los grandes reservorios de la zona. Impusieron el No a la Mina en un masivo plebiscito a principios de 2003 que dejó una profunda huella en toda la provincia. Chubut es de las pocas provincias que hasta el momento prohíbe la extracción de oro utilizando cianuro. Santa Cruz No es el caso de la provincia del Presidente, Santa Cruz, donde la Anglogold viene operando desde 1998 la mina de oro de Cerro Vanguardia, utilizando masivamente cianuro a pocos kilómetros de Puerto San Julián. La provincia es socia minoritaria del emprendimiento a través de Fomicruz. Hay además en marcha tres nuevos proyectos de oro similares, aunque más pequeños: San José-Huevos Verdes, entre Las Heras y Perito Moreno, propiedad de la estadounidense Minera Andes y de la peruana Mauricio Hochschild, y Mina Martha y Manantial Espejo, esta última propiedad de la canadiense Pan American Silver, ambas cerca de Gobernador Gregores. La instalación de la gran minería metalífera comenzó bajo el gobierno de Menem con las extraordinarias ventajas impositivas y de estabilidad fiscal y cambiaria fijadas entonces y mantenidas a rajatabla por los gobiernos de De la Rúa, Duhalde y Kirchner. Minera Alumbrera y Agua Rica Minera Alumbrera, instalada en la provincia de Catamarca, en 1996, es hoy propiedad de la compañía suiza Xstrata, cuyo presidente fue acusado en EEUU por lavado de dinero e indultado por Clinton al final de su mandato. Esta gigantesca mina de cobre muele diariamente cerca de 150 mil toneladas de roca, generando nubes de polvo que recorren toda la comarca y un inmenso dique de cola adonde van a parar los desechos (el material estéril). Pero además transporta el mineral extraído a través de un mineraloducto de 300 kilómetros hasta la ciudad de Tucumán, atravesando Andalgalá y toda la zona tucumana de Tafí del Valle. Es decir que extrae enormes cantidades de agua de la desértica Catamarca para llevarla a Tucumán, donde una planta de filtrado en las afueras de San Miguel de Tucumán quita el agua que, con todas sus impurezas, es volcada a la cuenca del Río Salí, amenazando todo el ecosistema río abajo, incluyendo el dique de Río Hondo, en Santiago del Estero. Es decir que esta mina amenaza con su contaminación a tres provincias del NOA. En su momento, la provincia de Tucumán inició acciones contra Alumbrera, pero todo quedó en la nada cuando el gobierno de Alperovich aceptó una compensación completamente irrisoria. En la actualidad, Agua Rica proyecta construir una mina de envergadura similar a la de Alumbrera en Catamarca, cerca de Andalgalá, lo cual ya ha provocado un masivo movimiento de repudio que tiene dividido al oeste catamarqueño. Es que las ganancias mineras se han incrementado geométricamente. El cobre, principal producción de Alumbrera y del proyecto de Agua Rica, ha más que triplicado su valor en dólares desde 2001, que se suman a los beneficios de la devaluación para estas empresas (abaratando sus costos locales). Como no pagan nada de retenciones, sus ganancias se han multiplicando obscenamente, mientras el oeste catamarqueño se debate en la miseria y los daños al ecosistema. Una de las razones de la derrota electoral sufrida por el gobierno del Frente Cívico en las pasadas elecciones de octubre es el cambio de humor de la población catamarqueña con respecto a la minería. San Juan... y Chile Uno de los centros de la controversia actual es la provincia de San Juan, donde se ha inaugurado recientemente la mina de Veladero y donde el gobierno de Gioja (firme aliado de Kirchner) se presenta como un decidido defensor de la gran minería (un sanjuanino es secretario de Minería desde los tiempos de Duhalde). Aquí se trata de una mina de oro similar y más grande que la que se pretendió instalar en Esquel. El oro es extraído por lixiviación, es decir, utilizando cianuro masivamente. La mina está ubicada a más de 4.000 metros de altura, en las nacientes del río Jáchal, que da riego y agua potable a gran parte de la provincia. San Juan es una provincia sin lluvias (menos de 200 mm al año) y toda su vida depende del agua que desciende de las montañas, de sus embalses, tanto para riego como para consumo humano. La situación se ha puesto al rojo vivo, pues la firma canadiense Barrick, dueña de Veladero, tiene en marcha, además, un nuevo proyecto cerca de éste, tres veces mayor, en la frontera con Chile, Pascua-Lama. Y resulta que a pesar de la benevolencia de Gioja y Cía, la resistencia es muy fuerte por parte de los grupos chilenos que se le oponen. Diez días atrás la Corema (Comisión Regional de Medio Ambiente), de la Tercera Región de Chile, aprobó con restricciones la construcción de Pascua-Lama, negándole a Barrick la posibilidad de mover varios glaciares (Toro I, Toro II y Esperanza), como figuraba en el proyecto. Los que se oponen en Chile a Pascua-Lama, ubicada a 90 kilómetros de Vallenar, en la Tercera Región, no han quedado conformes y amenazan con nuevas movilizaciones, sin descartar un corte de las rutas hacia Argentina (ver La Nación, 26/2), tomando el ejemplo de las movilizaciones de Gualeguaychú. Barrick proyecta nuevas presiones para que le dejen correr los glaciares. Es que el oro a más de 550 dólares la onza (más del doble que en 2001) y con tendencia alcista... puede mover montañas. Río Tinto El pulpo inglés ha comenzado la explotación de yacimientos de potasio al sur de Mendoza, en la frontera con Neuquén, en la zona de las nacientes del Río Colorado. Estos yacimientos, que al igual que los de San Juan son construidos en gran medida por Techint, amenazan todo el ecosistema de los ríos que dan vida al valle del Río Negro y del Río Colorado, por la gran cantidad de material salino que extraerán. De conjunto, la actividad minera ha pegado en los últimos años un salto gigantesco al calor de los saltos de precios en el mercado internacional y de las enormes facilidades del gobierno. Kirchner es uno de los principales representantes del lobby minero (junto con Gioja), y las multinacionales han tomado a la Argentina, junto con Perú, como sus principales bases de operaciones. La amenaza ambiental va de la mano de su carácter depredador y rentístico. Después de décadas de explotación las zonas mineras quedan devastadas y en ruinas. Las grandes riquezas mineras de que dispone la Argentina deben ser explotadas racionalmente en beneficio del pueblo, no de los pulpos explotadores, y bajo control de los trabajadores. Este es un problema que recorre toda la América Andina, desde Argentina y Chile hasta Bolivia, Perú y el resto de los países de la región.

A pesar del triunfo alcanzado el año pasado con la lucha nacional dirigida por la Conadu Histórica, el tema salarial nuevamente está sobre el tapete. Los sueldos universitarios quedaron por debajo de la línea de pobreza y por eso está planteado nuevamente el reclamo de la media canasta familiar para el cargo testigo (20 horas semanales). La precariedad en que trabaja la docencia universitaria es absoluta. Tomando por ejemplo la universidad más grande del país, la UBA, más del 70% somos docentes precarizados; nuestros cargos tienen carácter interino, o sea que se nos renueva el contrato cada año o semestre, sin ninguna seguridad de continuidad. Independientemente de que tengamos uno o veinte años de trabajo, podemos quedar “despedidos” en cualquier momento sin ningún tipo de indemnización ni mes de preaviso, porque... las patronales —el Rectorado o las facultades— no reconocen relación laboral más allá de los meses estipulados en el último contrato. Obviamente esta inestabilidad es utilizada como chaleco contenedor de la masa de los trabajadores. Salario y estabilidad son los grandes temas alrededor de los cuales proponemos estructurar los reclamos que impulsaremos en las distintas asambleas y en el congreso de la Conaduh del 17 y 18 de marzo que definirá un plan de lucha. Por la media canasta familiar para el cargo testigo, ningún docente ad honorem, blanqueo de todas las sumas en negro, estabilidad y carrera docente. Es fundamental que la Conaduh lance una fuerte campaña de difusión y propaganda que nos permita preparar el terreno para las medidas de paro concretas. La existencia de dos federaciones es otro tema de debate entre el activismo, que incluso cobra mayor dimensión en los momentos de huelga. En la lucha del año pasado fue una cuestión de peso. Frente al paro de nuestra Conaduh, docentes y gremiales de otras universidades se plegaron, en sintonía con los reclamos y métodos de la huelga, chocando con su dirección. Consecuencia de esto fue la crisis que terminó con la separación de un ala representada en Anahí Fernández (CTA) y Sanjorenti, siendo actualmente reemplazados por una dirección encabezada por De Feo —que ya planteó sus expectativas frente a las propuestas del gobierno en materia salarial— y Maturana (conducción sólo reconocida por seis asociaciones). En quince días se realizarán congresos de ambas Conadu para discutir la cuestión salarial. Pronunciémonos por un congreso de delegados electos en asambleas de todas las asociaciones de base que impulsen conjuntamente un plan de lucha nacional que nos permita obtener nuestros reclamos.

La inauguración de la Asamblea Constituyente tucumana estaba prevista como un acto formal de verificación de los mandatos y jura de los convencionales. Pero se transformó en el escenario de una fuerte confrontación política cuando los representantes del Partido Obrero presentamos un proyecto de declaración que cuestiona al poder político por el crimen de Paulina Lebbos, y plantea la formación inmediata de una comisión con representantes de cada bloque de la Asamblea. La lectura del proyecto de declaración, a cargo de Daniel Blanco, efectuada con voz sonora y ritmo pausado, fue televisada en directo por el Canal 10 y creó, asimismo, un clima de fuerte tensión en el recinto. Nuestro partido había convertido a la Asamblea en una tribuna de denuncia política en menos tiempo de lo que canta un gallo. La bancada oficialista y los restantes convencionales patronales quedaron a la defensiva. Cuando el jefe del bloque del gobierno esgrimió una cobarde propuesta de “pase a comisión”, tomó la palabra nuestro compañero Martín Correa, que denunció que la propuesta oficialista pretendía nada menos que archivar un crimen y plantear una situación agobiante de indefensión de la ciudadanía. Contrastó la conducta de la bancada del gobierno con la movilización que estaba impulsando el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, que dirige la lista de la UJS de Tucumán. Al concluir la sesión, los medios se concentraron en los protagonistas de la jornada. Con dos diputados habíamos puesto en jaque a otros 38. La “asamblea” trucha sirvió como tribuna socialista.

​Los asambleístas entrerrianos han dado un ejemplo de firmeza extraordinaria. Es que más de 35 días de corte, que hicieron fracasar todas las presiones sobre la lucha, no podían ser bastardeados por el pusilánime pseudoacuerdo que Kirchner y Tabaré dijeron haber alcanzado en Chile. Los asambleístas plantean correctamente que primero deberán suspenderse las obras, incluida la prohibición del paso de materiales e insumos para las plantas por cualquier vía, terrestre o fluvial. “Reiteraron que se oponen a cualquier planteo de cambio de tecnología y rechazaron que se hable de cualquier tipo de control y monitoreo puesto que el objetivo es el No a la instalación de las plantas” (La Nación, 12/3). En la otra orilla El “compromiso” de Tabaré fue criticado con dureza por los blanqui-colorados de Uruguay. Le reprochan que hubiera colocado en un mismo plano a una obra industrial ‘legal’ y los piquetes, por supuesto que totalmente ‘ilegales’, y que para colmo habrían provocado “más de 200 millones de dólares en pérdidas económicas” (Clarín, 12/3). Las empresas reclaman que se les financie cualquier tregua que se acuerde, o sea que el Estado les pague el “lucro cesante” que ocasionaría. La movilización de Colón-Gualeguaychú es un duro golpe a las multinacionales que cuentan con los “aportes crediticios” del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. El ejemplo de Entre Ríos podría extenderse, afectando la lucratividad de “sus” inversiones, condicionando los préstamos de los organismos internacionales. La burocracia del sindicato de la construcción de Uruguay, cuyas traiciones descomunales son la causa de la superexplotación y los bajos salarios de sus afiliados, ha salido a defender a los pulpos y al gobierno que está negociando con Bush el ingreso al Alca, esgrimiendo la defensa de las fuentes de trabajo. Se escuda en un enfoque de sindicalismo corporativista estrecho, porque nunca se ha visto que la defensa del derecho al trabajo pase por la defensa de los expoliadores capitalistas. El mejor interés de los obreros uruguayos pasa por reclamar la nacionalización de los pulpos contaminadores y la reconversión de las plantas a una producción que satisfaga las necesidades de trabajo, salud y condiciones de vida de los trabajadores. El estudio del impacto ambiental que acordaron ambos gobiernos no debe hacerse interrumpiendo el piquete, porque sería aprovechado por los pulpos, ni debería estar confinado a los ‘técnicos’, que nunca son neutrales cuando están en juego los intereses de las clases dominantes de las cuales esos ‘técnicos’ dependen: es preciso que una comisión de asambleístas de ambos países controle el estudio de impacto ambiental. Que valore sus resultados y establezca resoluciones al respecto. Es necesario que, en ese caso, los Estados de Uruguay y de Argentina se comprometan a garantizar los salarios de los trabajadores y que el uruguayo no pague ninguna clase de lucro cesante. Hay que unificar las acciones de ambos pueblos. Esto va más allá de las papeleras, porque el destino del proletariado de ambas márgenes del Plata depende de su unidad clasista frente al Estado capitalista.

Una vez pactada la entrega, como un verdadero ministro del gobierno, el jefe de la Ctera, Hugo Yasky, se puso en funcionamiento personalmente para reventar las luchas, huelgas y no inicios con los cuales la docencia salió a luchar por un básico de 840 a 1.000 pesos. En Salta, donde ATE actuó por intermedio de la Asamblea de Docentes Autoconvocados para meter una “mesa de diálogo” con el gobierno del represor Romero. En Tucumán, los burócratas de Atep-Ctera aceptaron un “acuerdo salarial” que eleva el básico de 260 pesos a 350. Más de 500 docentes se movilizaron contra la entrega el 1 de marzo, en una combativa marcha de antorchas. En Chaco jugaron el papel de bomberos, cuando había una enorme disposición a la lucha, que obligó al gobernador a dar un aumento de 100 pesos en el básico, y lo llevó a 460 pesos, por encima del de la provincia de Buenos Aires. Igual en Mendoza, a pesar de que en el no inicio se movilizaron más de 1.500 docentes, junto a otros miles de trabajadores, para reclamar un salario inicial de 1.000 pesos y el blanqueo de todos los ítems en negro. Lo propio en San Juan. En Buenos Aires, la burocracia de Yasky-Baradel-Perillo entregó a la docencia por 100 pesos remunerativos a partir de los 12 años (80 pesos en la mano) y un “básico” de 414 pesos (¡!). El sabotaje, sin embargo, fracasó en San Luis y Neuquén. San Luis votó el viernes 10 de marzo comenzar con paros desde el lunes siguiente, hasta obtener 1.500 pesos de básico. Por otro lado, en medio de un aislamiento completo organizado por la burocracia celeste de Ctera, continúa la huelga de los compañeros neuquinos, que han resuelto el pasado fin de semana mantener el no inicio hasta conseguir el aumento de salarios que cubra la canasta familiar (ver nota). Es imprescindible apoyar con todo a los maestros neuquinos y puntanos, y sacar masivamente la conclusión de este nuevo escenario de entregas de la burocracia de Ctera.

El gobierno acaba de enviar a la Legislatura un proyecto para modificar el Código Tributario, que aumenta las atribuciones del director de Renta para impulsar allanamientos y establecer deudas presuntas y embargos preventivos, inhabilitaciones y cierres; la función de Tribunal fiscal quedaría “en manos del ministro de Economía de la provincia” (El Siglo, 1/3), o sea que no hay un ámbito específico para la defensa. El proyecto deja abierta la puerta para elevar algunos tributos, como es el caso del impuesto inmobiliario, e incorporar algunas actividades que hoy no tributan (algunas producciones primarias y la educación privada), y significativamente se le “otorga ciertos beneficios (exenciones impositivas) a un minúsculo grupo que opera con fideicomiso” (El Tribuno, 5/3) con fuertes vinculaciones con el gobierno. El gobierno sostiene que el 40% del comercio interno provincial se realiza en negro y que es necesario combatir la evasión. La iniciativa del gobierno ha provocado la reacción de las cámaras empresariales que destacan que Tucumán sería la provincia con mayor presión fiscal. Las cámaras empresarias han logrado arrastrar en la queja a los colegios profesionales. Hace unos meses, el gobierno anunció que rebajaría el mínimo imponible para los ingresos personales, de 15.000 pesos a 5.000. El bloque del PJ de la Legislatura rechaza el proyecto, mientras Alperovich dice que si no lo aprueban como lo había enviado, lo vetaría. La cuestión ha precipitado el primer choque de importancia del gobierno con las cámaras empresarias. La Asociación Tucumana del Citrus ha planteado que “el sector debe ser auxiliado y no presionado” (La Gaceta, 3/3). Otros sectores directamente reclaman la eliminación de algunos impuestos, como es el de sellos o el de Salud Pública; algunos se animan a reclamar la eliminación de ingreso brutos. La camarilla gubernamental está íntimamente vinculada a un asunto de negocios que ve en esta modificación al Código un instrumento que lo favorece. Frente a todo este escenario, el PO plantea la lucha unida de la clase obrera y de la clase media en ruina para abolir todos los impuestos que afectan al salario y a la vivienda única, para establecer un sistema impositivo donde paguen los que más tienen, o sea un impuesto a las rentas y grandes fortunas de los capitalistas.

El pasado 7 de marzo se realizó la décimocuarta marcha contra la impunidad en Formosa. 200 personas, en su mayoría jóvenes, se movilizaron desde la casa de los padres de Antoliano Figueredo, joven de 16 años asesinado por la policía de la provincia de Formosa el año pasado. En la plaza central de la ciudad se sumaron los familiares y amigos de otros jóvenes trabajadores, también asesinados impunemente por la policía. Junto a ellos también marcharon distintas organizaciones sociales y políticas. La marcha se dirigió a la Casa de Gobierno para exigir la renuncia del ministro de Gobierno, Elvio Borrini. Borrini es un ex represor de la dictadura militar, que ha continuado reprimiendo y torturando a nuestra juventud. Se escucharon los testimonios de cada uno de los familiares y el pedido de justicia y cárcel para los asesinos. Luego nos dirigimos al Superior Tribunal de Justicia, donde se realizó un repudio a los jueces que se pasan las causas unos a otros sin dar respuestas concretas. Se unieron a esta lucha familiares de víctimas de mala praxis médica y víctimas de abuso sexual, casos en los cuales se encuentran involucrados personajes vinculados al poder.

Los trabajadores del Francés acaban de arrancar un gran triunfo. El gobierno de la Ciudad se hace cargo de pagar los sueldos adeudados (enero, febrero, aguinaldo y vacaciones) e inclusive se compromete a pagar los sueldos de marzo. Al momento de escribir estas líneas, se está en plenos preparativos para girar el dinero a las cuentas de los trabajadores. Esta victoria fue la coronación de una impresionante movilización. Los compañeros del Francés, acompañados por delegaciones solidarias de asociados, partidos de izquierda y organizaciones populares, conmovieron el centro de la ciudad con movilizaciones a Plaza de Mayo y al Ministerio de Salud. En este último, los compañeros cortaron durante varias horas la avenida 9 de Julio. Mientras tanto, el gobierno dispuso un gigantesco despliegue policial. Esta movilización obligó al gobierno a cambiar de libreto. Luego de intentar lavarse las manos, el propio Kirchner hizo declaraciones públicas exhortando a las autoridades a dar una solución a la crisis del Hospital. Estas declaraciones fueron el disparador que culminó en la intervención del Estado a través de Scapavento, secretario de Salud de la Ciudad, y de Ginés González García, en representación del Ministerio de Salud nacional. El lunes 13 se cortó la avenida Independencia y centenares de compañeros del Francés marcharon junto al resto de los organizadores en la jornada en apoyo a los petroleros de Las Heras, pasando a convertirse en uno de los principales animadores de esta convocatoria. La efervescencia existente puede medirse por el siguiente hecho: al cierre de la jornada donde se concluían las tratativas para el cobro de sueldos, un verdadero escudo humano formado por centenares de trabajadores bloqueó la salida y obligó al gerente de personal a renunciar. Una nutrida columna “escoltó” a este odiado personaje a la puerta del correo para firmar el telegrama respectivo. La etapa que se abre Los trabajadores del Francés van por más. Existe una conciencia bastante extendida de que esta victoria es el primer episodio de una lucha que debe apuntar a la expulsión de los vaciadores y avanzar en una salida que privilegie los intereses de los trabajadores y de la población. Mientras venían desenvolviéndose estos acontecimientos, la dirección del Hospital se presentó a concurso, una decisión que venía siendo pergeñada por los directivos desde hacía varias semanas. Los directivos del Hospital extorsionan a los trabajadores con la convocatoria de acreedores, al ofrecerla como única salida para evitar la quiebra del establecimiento. Omiten que son responsables del hundimiento del Hospital, cuya conducción han compartido. Hasta el día hoy no se ha avanzado en el esclarecimiento del fenomenal vaciamiento, y menos aun en sancionar a los culpables de este delito. De Leone, ex tesorero y actual presidente, exige una suerte de cheque en blanco, pero su Asociación no ha presentado ninguna propuesta para reactivar el Hospital. No hay plan; no hay evidencia de que exista. La convocatoria rescata a los vaciadores El concurso habilita a la empresa a renegociar a la baja el convenio y las condiciones salariales y laborales vigentes. Pero incluso semejante sacrificio no serviría para sacar al Hospital a flote. La crisis del Francés no tiene su origen en el costo laboral sino en el fraude financiero de la patronal. Es por esto que la nueva administración ha puesto trabas para que funcione la comisión fiscalizadora que reclaman los trabajadores. Ahora que han dejado a la caja sin un centavo es necesario una investigación de libros y cuentas para castigar a los responsables empresariales y confiscar sus patrimonios. Una asamblea del Hospital votó el rechazo de la extorsión patronal y se la comunicó al juez del concurso. El deterioro del Hospital, mientras tanto, se agrava: van escaseando los insumos, se dejan de hacer los gastos básicos y empieza a comprometerse seriamente la continuidad de los servicios. Esta circunstancia plantea pasar a otra etapa de lucha, lo cual ha sido advertido por los compañeros del francés. Por eso han colocado en el centro de sus reclamos que el Estado se haga cargo del pago de los salarios (a cuenta, decimos, de lo que deberán pagar los vaciadores) y la formación de una mesa tripartita (Estado, conducción del Hospital y trabajadores y médicos) para discutir una salida de fondo y donde haya una fiscalización conjunta del Estado y los trabajadores, con capacidad de veto de las decisiones empresarias. Esta propuesta entra en choque con las pretensiones de la patronal, que busca tener las manos libres para seguir con su manejo discrecional del hospital, como con la política del Estado, que pretende esquivar un compromiso económico más permanente, lo que plantearía una virtual estatización del hospital y sentaría un precedente de características explosivas en medio de un escenario donde asistimos a un colapso de centros de salud privados, en primer lugar, de las colectividades. Ingresamos en una nueva etapa del conflicto en que se coloca sobre el tapete el destino del Hospital. No se puede escapar el hecho de que los salarios actuales del Francés no están a la altura de las necesidades ni la calificación de los trabajadores. Si la dirección no es capaz ni siquiera de asegurar el pago de esos salarios desvalorizados y garantizar la subsistencia de los trabajadores a su cargo (no hablemos de los insumos y otros gastos), entonces, que el Estado se haga cargo y el Hospital pase a integrar el sistema de hospitales públicos en manos de la Ciudad y del Gobierno nacional. Impulsemos un plan de reactivación del Hospital, sostenido por los fondos públicos y controlado por los trabajadores.

El 13 cortamos las rutas y nos movilizamos en por lo menos diez provincias del país por Las Heras. La jornada incluyó diez cortes de ruta sólo entre el Gran Buenos Aires, la Capital y La Plata. La concentración frente a Repsol estuvo precedida por un piquete en Diagonal Norte. Desde allí partió una movilización de varios miles de compañeros, que encabezaron centenares de trabajadores del Hospital Francés, delegaciones del Subte, de AGD-UBA, de Parmalat, de la Fuba, del Garrahan, de ferroviarios del Roca, de gráficos, docentes, de directivos y delegados de Foetra, una ruidosa murga del Mercado de Pulgas, entre otras delegaciones obreras, una fuerte columna del Polo Obrero y otras agrupaciones piqueteras. Al grito de “Las Heras, el Francés, los piqueteros, unidos venceremos”, fue una gran jornada nacional por la liberación de los presos, el retiro de la Gendarmería y el cumplimiento de todas las reivindicaciones obreras. Pero lo más fuerte de la jornada fue que las tres empresas petroleras más grandes, Bolland, Geoservice y Astra, pararon en la propia Las Heras, desafiando la mayor militarización que se recuerde en muchos años contra una huelga de los trabajadores. Las mujeres de la devastada Indus (la petrolera encuadrada en Uocra), con sus delegados y activistas presos, formaron una comisión de mujeres que fue a llevar su propaganda a los trabajadores cuando salieron a sus tareas, delante de la policía. Desde la iglesia de la localidad, las compañeras se reagrupan y llaman a cotidianas movilizaciones de resistencia contra la represión. El PO de Las Heras, Caleta y Pico Truncado pegatinó diez mil afiches en Las Heras y en centenares de lugares de trabajo, con la clara intención de usarlos como medio para luchar contra la campaña oficial de atemorizamiento. Los cortes de autopistas como La Plata y Gaona, durante cinco horas, como la derrota del operativo “media calzada” en el centro porteño, expresan la determinación de lucha del movimiento piquetero. No obstante, también se puso de manifiesto una enorme dispersión política. La CCC, premeditadamente, dividió los cortes en función de un planteo particular de la CCC, de 75 pesos de ayuda escolar, tratando por este medio de ofrecer una señal de posibles compromisos al gobierno. Se empeñó igualmente en que los cortes no fueran completos. Llamamos al movimiento piquetero a unirnos localidad por localidad y provincia por provincia, y a la unidad de la clase obrera en lucha, como la que se expresó, una vez más, con el Subte , con el Turbio o con el Garrahan, con los petroleros de Las Heras.

Dentro de las consignas centrales de la movilización fue excluida cualquier consigna alusiva a la exigencia de justicia por la masacre de Cromañón. Los que encabezaron el rechazo fueron un grupo de organismos de derechos humanos, que ejercieron un poder de veto, sin importarle que son una clara minoría. Cosas de demócratas. Este grupo de ‘organismos’ se opuso al planteo de castigo a los responsables políticos de la masacre de Cromañón y rechazó incluso la consigna de “justicia para los pibes de Cromañón”, o sea que no vaciló en ponerse en el campo de la defensa de la impunidad y el encubrimiento. Pérez Esquivel dedica sus esfuerzos a que la Constituyente tucumana consagra dos piadosas líneas sobre el derecho originario de los aborígenes. No alcanza con destacar el contrasentido que representa que los defensores de derechos humanos se nieguen a exigir justicia por las víctimas de una masacre, incluso después que los responsables políticos de ella fueran destituidos por las sacrosantas instituciones establecidas por la Constitución, e incluso después que sus cómplices declaren que están obligados a gobernar sobre “las ruinas de Cromañón”. Cuando se llega a semejante extremo hay que concluir, so pena de complicidad, que han dejado de representar cualquier causa popular para convertirse en apéndices del aparato del Estado.

Las maniobras dilatorias que se pretendieron tejer con la burocracia, en particular de Moyano, fueron infructuosas para impedir el paro de la semana pasada. La patronal de Aerolíneas ofreció un aumento no remunerativo del 20 por ciento, luego admitió que fuera remunerativo, pero de todos modos está lejos del 70 y 45 por ciento que reclaman pilotos y técnicos. El grupo español está enredado en disputas que afectan más su cuenta de beneficios que la cuestión salarial. Sus balances siguen impugnados por diversos fraudes, lo cual traba la cotización de la empresa en la Bolsa y obstaculiza la obtención de un financiamiento más barato. Por otro lado, el gobierno todavía no efectivizó el anuncio de aumento de tarifas. El grupo Marsans usa la cuestión de los salarios para extorsionar por los otros puntos e incluso arrancar un subsidio para los recorridos ‘no rentables’ y la exención del IVA en la compra de los combustibles. El gobierno y las patronales ven con preocupación la prolongación de este conflictos. Un editorial de La Nación se queja: “Pilotos y técnicos reclaman ahora aumentos que oscilan entre el 40 y 70 por ciento. ¿Podrá contenerse la inflación con este ritmo de reclamos salariales?...”. Un sector del activismo de los técnicos ha planteado la necesidad de lanzar la huelga general por tiempo indeterminado. La burocracia procura dilatar, proponiendo un paro de 48 horas. La lucha aeronáutica es estratégica para el movimiento obrero.

El viernes 10, se terminaban los plazos para cumplir con el acuerdo logrado luego de 18 días de huelga. Por esto, el jueves salieron a una cacería de petroleros, de la Indus, desocupados o el que se les cruzara. Todo es una cortina de humo para no hacerse cargo de que otra vez quieren cagar a los trabajadores. Ustedes saben que a nosotros y otros compañeros que pusieron la cara durante esta lucha, no nos han pagado los días caídos ni los tickets. También saben que detuvieron a “Juanito” Barrientos, de Astra Evangelista, y a los delegados de la Indus. Si a ustedes les llega esta carta, es porque no nos dejaron llegar a nuestro lugar de trabajo y tal vez estemos presos. Pero somos petroleros y no nos vamos a esconder. ¡¡¡Peleamos por algo justo y no somos delincuentes!!! Nos puede ir bien o mal, pero el día de mañana queremos mirar a la cara a nuestros hijos y mujeres, para decirles que peleamos de pie por su futuro. A nosotros, tal vez nos metan presos, tal vez les dirán que otros delegados de otras empresas están presos, nos quieren meter miedo y que nadie reclame más nada; pero hoy, lunes 13/3, miles y miles de compañeros de todo el país que ni conocemos, se están movilizando en una jornada nacional de lucha en apoyo a los petroleros de Las Heras con estas consignas: • Abajo el impuesto al salario. • Por el reencuadramiento laboral de los trabajadores de la construcción que realizan tareas petroleras. • Por la jubilación con el 82% móvil sin límite de edad. • Por la libertad de los compañeros presos. • Fuera la Gendarmería y los grupos de represión (Geop) de Las Heras. Por estas banderas, los convocamos a realizar un paro en los lugares de trabajo y a acompañar a las 18 hs, en la plaza, a los familiares de nuestros compañeros detenidos. ¡¡¡Fuerza, compañeros, la única lucha que se pierde es la que se abandona!!!

El encubrimiento entre los encubridores del caso Amia ha sufrido otra fractura interna tras la renuncia del último encargado de la investigación, Alejandro Rúa, quien ha denunciado con todas las letras (La Nación, 26/2) que el nuevo ministro de Justicia, Alberto Iribarne, continúa el proceso de ocultamiento y distorsión de pruebas seguido hasta ahora por el Estado argentino y por los organismos de la comunidad israelita en el país. Rúa fue prudentemente transferido a otra área del Ministerio de Defensa, pero Iribarne no toleró siquiera eso y decidió su desplazamiento, con lo cual se produjo el contrasentido inédito de que un ministro eche de la administración pública a un funcionario que se encuentra bajo dependencia de otro ministerio. Semejante escándalo ha fracturado incluso a la Daia y a la Amia. Los primeros defienden a Iribarne y los segundos, tibiamente, hacen lo propio con Rúa. Entretanto, Iribarne se ha permitido reemplazar a Rúa por un funcionario de su propia cartera, el secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar. Según Rúa, el ministro de Justicia frena las investigaciones para salvar de algún modo al ex juez federal Juan José Galeano y a quienes fueron sus fiscales, Eamon Muller y José Barbaccia. Ellos, durante once años, se dedicaron al armado de todo un entretejido de pruebas falsas con la complicidad de la Daia, de la propia Amia, de la Embajada norteamericana y hasta del Estado de Israel. También, dice Rúa, se quieren atemperar las responsabilidades de otro juez, Claudio Bonadío, encargado en su momento de indagar las irregularidades de Galeano y compañía. La continuidad menemista La denuncia de Rúa produjo un pequeño terremoto político —si bien el desarrollo de las cosas puede transformarlo en una crisis de magnitud impredecible— por proceder de un funcionario oficial, pero de modo alguno puede sorprender. Iribarne, ministro de Justicia de Kirchner, fue viceministro del Interior de Carlos Ruckauf y de Carlos Corach durante el gobierno de Carlos Menem, de modo que la continuidad del encubrimiento llega por sí, mientras mejoran a ojos vista los vínculos de Casa Rosada con los “jueces de la servilleta”. Por ejemplo, si Bonadío no fue a parar a la Comisión de Acusación del Senado, donde habría resultado difícil impedir su juicio político, debe agradecérselo especialmente a los consejeros kirchneristas Miguel Pichetto y Joaquín Da Rocha, que le sacaron las castañas del fuego. Así, el gobierno “nacional y popular” protege una cantidad de negocios demasiado sucios para ser develados; por ejemplo, las ventas de armas e incluso de material nuclear a países de Medio Oriente que desataron en su momento una guerra de mafias internacionales. Una de las víctimas de esa guerra fue el hijo de Menem, asesinato encubierto hasta por su propio padre: digamos, sólo al pasar, que en los pocos restos que pudieron rescatarse de aquel helicóptero (¡la mayor parte fue vendida como chatarra!) los peritajes encontraron 17 impactos de proyectiles calibre 7,63. Por eso, en la llamada “causa Amia” debió urdirse toda esa trama que derivó en una farsa de juicio, con todo el mundo absuelto —cosa que se sabía desde el primer día, ya que las acusaciones no tenían en qué sostenerse— tras una década de inventar culpables “políticamente correctos”, como Irán (uno de los “ejes del mal” tanto para Washington como para Israel), inventos absurdos como el inexistente “terrorista” libanés Ibrahim Hussein Berro o la responsabilidad en el hecho del grupo Hezbollah, que jamás actuó fuera de la franja de Líbano ocupada por el ejército israelí y nunca dejó de hacerse públicamente responsable de cada una de sus acciones. También por eso, al decir de Rúa, “aquí existió una asociación ilícita que desde 1995 quiso darle una solución falsa al caso y para ello cometió diversos delitos, como extorsionar testigos, sustraer fondos públicos, detener personas ilegalmente y tergiversar datos” (ídem anterior). En cuanto a la intervención en ese entramado de las organizaciones israelitas argentinas, queda a la vista, otra vez, la veta profundamente antisemita del sionismo, a cuyas entidades poco importa la situación de los judíos en el mundo; en cambio, sólo intentan seducirlos para que se radiquen en Israel, Estado opresor y militarista por definición. El caso Amia sólo tendrá una oportunidad de aclararse, con todas las dificultades que eso implica después de once años de falsedades, si, tal como exige Apemia, se constituye una comisión investigadora independiente de toda esa charca y se abren de una vez los archivos de la Side, cosa que el gobierno argentino niega sistemáticamente. De ahí saltará toda la porquería.

El actual rector de la UBA pretende seguir en su cargo durante cuatro años más, aunque ‘a priori’ sus posibilidades parecen remotas. Su bloque original se ha partido y una parte de él apoya el retorno del shuberofismo —que encabeza el decano de derecho, Alterini. Jaim Etcheverry no pudo ser más claro: “veo un cierto peligro en el regreso a muchas de esas prácticas del pasado, incluso de la mano de la misma gente... que permitieron que yo accediera al Rectorado” (Página/12, 9/3). Etcheverry gobernó con las camarillas del shuberofismo; como no hubieron concursos docentes, tampoco se modificó la estructura profesoral de la universidad. Es natural que no pueda polarizar ahora con el shuberofismo. ¿Cómo lo va a denunciar o enfrentar? Jaim Etcheverry no puede siquiera levantar la bandera de la transparencia: más de 180 millones de pesos que la UBA tenía depositados en una cuenta bancaria, de los descuentos patronales retenidos a los docentes y no docentes, se esfumaron sin explicación. El actual cogobierno entre las distintas camarillas de la UBA ha impulsado los acuerdos con las empresas, la “venta de servicios”, el entrecruzamiento con la “patria inmobiliaria” y las pasantías en las empresas privatizadas y las dependencias del Estado. Este proceso privatizador fue justificado como una forma ‘creativa’ de conseguir fondos para el funcionamiento de la universidad. Ahora que hay un gobierno ‘nacional y popular’ lo disfrazan como una política de unidad entre la universidad y las necesidades del país... que no son otras que las de Repsol, Techint y la ‘patria devaluacionista’. No sorprende que estas camarillas separaran de su cargo al decano de Ingeniería Bruno Chernusky Frías por su oposición a la Coneau, a la venta de servicios y a los manejos turbios de la “Fundación Facultad de Ingeniería”. La separación del decano había sido motorizada por el shuberofismo y pactada luego con el propio rector. Rechazamos las alternativas que plantea la Asamblea Universitaria; planteamos la realización de un juicio de responsabilidades a todos los candidatos que pasaron por la dirección de la universidad y de las facultades. Es necesario que se forme una Comisión Investigadora, con mayoría estudiantil y sindical, para preparar el dictamen que dé lugar a un juicio de responsabilidades al personal político que gobernó la UBA en la última década. Llamamos al movimiento universitario a discutir esta propuesta y a preparar una gigantesca movilización el 4 de abril a la Asamblea Universitaria. Ver también de Prensa Obrera 936 La Asamblea Universitaria es reaccionaria

El miércoles 8 de marzo, en Pico Truncado, presentamos la “amicus curiae”, recurso de amparo por los detenidos. Pedimos una reunión con la jueza Ruata y nos informaron que no nos podía atender, ni ese día ni el posterior. Nos derivaron al secretario del juzgado, que nos negó que hubiera ocupación de planta alguna por parte la gendarmería, aunque la militarización de Indus tenía estado público. El secretario admitió que la militarización fue ordenada por el ministro Aníbal Fernández y que la jueza ordenó el procedimiento a partir de una denuncia de la patronal. Cuando denunciamos que la policía ordenó a un trabajador presentarse al juzgado sin exhibir ninguna causa, el secretario reconoció que disfrazan el procedimiento legal mediante citaciones a prestar testimonio, aprovechando la citación para someterlo a una rueda de reconocimiento. Este “procedimiento” es aplicado a toda la población. ¡Huelga, a pesar de todo! Ante el reclamo de encuadramiento en el convenio petrolero, por parte del conjunto de los trabajadores, las patronales y la burocracia del sindicato petrolero responden ofreciendo el pago del 50% de los días caídos y una negociación separada por empresa. Los trabajadores rechazan este planteo, en parte porque ignora su pretensión fundamental, en parte porque reclaman una negociación de conjunto, y por último porque entienden que los días caídos deben pagarse al ciento por ciento e incluyendo la previsión de horas extras que se ejecutan normalmente. La propuesta burocrático-patronal tampoco planteaba reincorporar ni a los despedidos ni a los delegados. Los trabajadores se mantuvieron firmes en su posición a pesar de la presión de los burócratas —Pérez (comisión directiva) y Mamaní— para que acepten. El jueves 9 continuó el paro en Indus y se concretó una reunión en la Subsecretaría de Pico Truncado, para evitar la presencia masiva de trabajadores. No dejaron ingresar a los delegados y se firmó un acta sólo con el gremio y la patronal. Cuando vuelven a la planta de Indus para informar a los compañeros, la policía detiene a dos delegados. El comisarío nos dice que las detenciones obedecen a la muerte de Sayago, que “nada tienen que ver el conflicto obrero”. No nos deja verificar si los compañeros están bien tratados, tampoco nos dicen adónde se los trasladaría. Fuera de la comisaría había un gran dispositivo de la Gendarmería con máscaras, gases, escudos y helicóptero. Se arma una movilización de aproximadamente 200 personas, pero en el ínterin trasladan a los detenidos y comienzan los allanamientos y las detenciones. El propio jueves detienen a once compañeros de Indus y a un desocupado. Los trabajadores se refugian en la parroquia de Las Heras; el cura Bicego les ofrece las instalaciones, teléfono, computadora, cocina, baños. Allí decidimos plantear la presentación de hábeas corpus para armar una vía de acción a los familiares y delegados, y realizamos todas las denuncias a los medios nacionales, incluido un comunicado. Trabajadores de Indus y delegados petroleros pasan la noche en la iglesia y el viernes se producen dos detenciones más. La jueza informa recién por la tarde los lugares de detención de los trabajadores. Se arma una comisión con los familiares de los detenidos —15 mujeres—, se saca un volante y se comienza a ir casa por casa convocando una movilización para el viernes a las 18 horas. No sale el paro el viernes, tampoco vienen los trabajadores petroleros. La Gendarmería se aposta en los campos, en los accesos a las petroleras y se encarga de custodiar que los trabajadores que ingresan a trabajar no tomen contacto entre ellos. El jueves, en el momento de las detenciones, no funcionaban los teléfonos, tampoco Internet; Las Heras había quedado aislada del mundo. El viernes 10, a las 18 horas, se hizo una movilización, con aproximadamente 200 personas, compañeros de Caleta y petroleros. Al terminar la movilización llega el cura Bicego para informar que el comisario le dijo que tenía orden para detener a tres que estaban dentro de la iglesia. Así se completaron los (hasta ahora) 19 presos del norte de Santa Cruz y se “preparó” la jornada del 13.

El Teatro Nacional Cervantes está cerrado. Las autoridades finjen una remodelación de las salas, pero el cierre es producto de las medidas de fuerza del personal técnico, que piden ser reconocidos como técnicos y no como administrativos. Esto implicaría un aumento sustancial de sus salarios. Los trabajadores decidieron cumplir horario administrativo hasta que sean reconocidos como técnicos y por eso el teatro no funciona en su horario habitual, la noche. El conflicto está trabado. El Cervantes tiene un director propuesto por la Secretaría de Cultura pero la supervisión de su presupuesto, contrataciones y ejecución dependen de la Subsecretaria de Gestión Pública. El secretario de Cultura, José Nun, ha dicho que “es un tema económico, la última palabra la tienen en Hacienda”. La Asociación Argentina de Actores, Argentores (autores), AC (cronistas del espectáculo), Mate (Movimiento de Apoyo al Teatro) y el Sadem se han pronunciado por la reapertura del teatro, pero no denuncian la verdad de la cuestión. La trastienda del conflicto es la política de Kirchner-Nun de vaciamiento de los organismos artísticos dependientes del Estado y privatización de la cultura. Nun asumió como secretario de Cultura con la promesa de Kirchner de aumentar el presupuesto; sin embargo, “lo único cierto es que para 2006 Cultura contará con 60.300.000 pesos, en vez de los más de cien millones que había pedido su titular”. Esta política lleva prácticamente a la extinción el presupuesto de Cultura, con el consiguiente desmantelamiento de la estructura edilicia y el equipamiento, y la superexplotación laboral a través de contratos basura, pago en negro y congelamiento salarial. Nun busca “un respaldo mayor del sector privado y también de ONG. Uno de sus propósitos para 2006 es impulsar el desarrollo de proyectos mixtos que pongan en juego esfuerzos públicos y privados” (Clarín, 23/12/05). Ferviente impulsor de la Ley de Mecenazgo, resume la política cultural kirchnerista: vaciamiento de la inversión estatal para dar paso a la privatización, haciendo del negocio de las Art Gallery, el turismo cultural y un “cordón cultural” para los sectores de mayor poder adquisitivo. Los técnicos del Cervantes tienen que cobrar como técnicos. Su triunfo convalidaría los reclamos de otros sectores de la cultura y sería un primer paso contra la política de vaciamiento y privatización. Solidaridad con los trabajadores del Cervantes. Por su inmediata recategorización y aumento salarial. Apertura del teatro y programación bajo control de los artistas y trabajadores. Coordinación de las luchas de artistas y trabajadores de la cultura. Aumento del presupuesto bajo control de los trabajadores. No al vaciamiento y privatización.

El secretario general del sindicato de los no docentes, Vallejos, debía sentarse, con diez años de retraso, en el banquillo de los acusados en el juicio por manejos poco claros de los 217 mil pesos que la universidad le entregara para cursos de capacitación en 1996. No obstante, un pedido de postergación lo ha impedido. Las negociaciones se hacen febriles. Está claro: el operativo “salvemos a Vallejos” está en marcha. Las autoridades universitarias no sólo han hecho la vista gorda: lo han encubierto, como lo revela el que hayan dejado prescribir la causa por malversación de fondos en Medicina. Tampoco iniciaron acción judicial alguna. Recién cuando una no docente de Medicina presentó una denuncia, se constituyeron en querellantes. Vallejos fue encubierto porque ha sido funcional a los intereses de las camarillas que detentan el poder en la UNC: desmovilizó y desorganizó al gremio como herramienta de defensa de los trabajadores no docentes; entregó la Daspu a los negociados privados; tiró para atrás el reclamo de aumento salarial, etc. Lo de Vallejos se traslada también al movimiento estudiantil, pues “dirigentes” como Ojea o Montini, también tienen cuentas pendientes con la Justicia y actúan intentando garantizar que los estudiantes no se “rebelen” y perjudiquen los “negocios”. Vallejos es muy bien conocido por los no docentes, ya que prestó efectivamente sus servicios, no sólo a González y sus amigos, sino a la totalidad de los decanos, por eso ninguno abrió la boca. Su recambio está asegurado con gente anteriormente ligada a él que hoy es apañada por el oficialismo. Todas las camarillas de la UNC (Willington, Yanzi, Tabela, Di Giusto, Scotto, Fidelio, Barraco, etc.), la burocracia de Vallejos y los “opositores” del MUN, la Franja Morada, el Aces y el Frente Nuevo se alinearon en un frente único en función de oponerse a la agenda que quedó planteada: el aumento salarial, el blanqueo de las sumas en negro y la titularización; el aumento presupuestario bajo el control de los trabajadores universitarios, los derechos políticos de la mayoría de los docentes, la Daspu para los trabajadores universitarios, la anulación de la LES y el conjunto de los problemas estudiantiles. Hoy continúa esta alianza en función de seguir garantizando los negociados y bloquear el recrudecimiento de la lucha por todos los puntos que quedaron sin solución. No obstante, cada uno se encuentra encargado de “reagrupar la tropa” de cara a las elecciones de consejeros directivos docentes, no docentes y egresados del mes de mayo. Es que los consejeros electos serán los encargados de votar el próximo rector; por lo tanto, está en disputa la caja grande. Ahora es cuándo El estado actual de cosas ya lo hemos rechazado con miles en las huelgas y movilizaciones de agosto de 2005, en la resistencia de todos los años por parte de los ingresantes a que se establezcan cupos de ingreso. Este escenario se respira en los pasillos de las facultades, ya que ningún reclamo ha sido satisfecho. El Partido Obrero impulsa la continuidad de la lucha por el aumento salarial, la titularización de los trabajadores universitarios en condición de contratados, el 82% móvil a los jubilados universitarios, el rechazo al convenio negrero de Fatun y los rectores, la defensa incondicional de la Daspu y los derechos políticos a la totalidad de la planta docente. Por la eliminación de cualquier restricción al ingreso, cursada y egreso: no a los cupos. Anulación de la LES, gratuidad en los posgrados, eliminación de las contribuciones “voluntarias”: no al arancelamiento. Democratización de los órganos de gobierno, elección directa de las autoridades, mayoría estudiantil en los consejos. Educación pública, estatal y gratuita. ¡Fuera la camarilla corrupta y privatizadora de la UNC!

Todas las caretas, ajadas ya por el uso, han vuelto a caer: el que se hace llamar “hijo de las Madres”, el que hizo descolgar el retrato de Videla en el Colegio Militar, el Presidente “nacional y popular”, ha impuesto en su provincia un régimen formal de terrorismo de Estado. “Si las Madres de Plaza de Mayo se han quedado sin trabajo en Buenos Aires, que vengan acá”, ha dicho el presbítero Luis Bicego, cura párroco de Las Heras, quien tiene más de cien personas refugiadas en su parroquia (“el único lugar seguro... por ahora”, añadió). Esa iglesia está rodeada por tropas policiales y de Gendarmería. El lunes 13 de marzo, ya eran 19 los trabajadores detenidos por la muerte del oficial de policía Jorge Sayago, desparramados en distintas unidades carcelarias de casi todos los confines de la provincia, torturados, golpeados, amenazados bárbaramente durante el viaje, como sucedió, por ejemplo, con el menor Alexis Gómez, a quien le sacaron medio cuerpo de la camioneta que lo trasladaba y le prometieron, mientras los canas intercambiaban risotadas entre ellos, arrojarlo a la ruta desde ese vehículo que circulaba a más de 100 kilómetros por hora. El chico llegó a Pico Truncado en tal estado que la propia policía debió suministrarle atención médica para no tener un problema mayor. El domingo 11 de marzo, efectivos de Gendarmería irrumpieron en una asamblea de trabajadores de la petrolera Indus y detuvieron allí a nueve compañeros. La soldadesca no mostró orden de arresto alguna, que fueron exigidas inútilmente por los abogados (entre ellos los de Apel y de otras organizaciones). También sin orden judicial, la Policía y Gendarmería detienen personas por la calle, y sólo después la jueza Graciela Ruate de Leone firma la orden de captura, por lo cual el párroco exige juicio político contra ella. “Desde los tiempos de la dictadura no se veía algo así”, subrayó el presbítero. No le falta razón: desde el fin de semana Las Heras está sin Internet y han desprovisto de señal a los teléfonos celulares, de modo que el pueblo quedó incomunicado. Algo muy parecido a la recordada “Noche del Apagón”, en Jujuy, cuando la dictadura secuestró a la comisión interna y a todos los activistas de Altos Hornos Zapla que no habían logrado huir. Ahora, el mismo gobierno que bate el parche por las caras tapadas con que marchan algunas organizaciones piqueteras, envía a reprimir al temible GOE (Grupo de Operaciones Especiales) de la policía santacruceña, todos sin identificación y encapuchados con pasamontañas. En cuanto a la muerte de Sayago, el mismo Bicego declaró: “Para encontrar a los verdaderos culpables hay que mirar la película desde el comienzo. ¿Y cuál fue?: el justo reclamo de los trabajadores”. El cura agregó: “Yo primero le echo la culpa de todo lo que pasó y de la muerte del policía a quien dio la orden de detener a (Mario) Navarro (delegado petrolero). Eso provocó la bronca. Luego ¿quién dio orden de reprimir aquella noche? ¿y quién da ahora la orden de detener a la gente? Porque detrás de la jueza hay alguien que está empujando...”. Un desastre provocado En ese punto, conviene recordar que la noche de la pueblada la concejala oficialista Roxana Totino, quien intentó mediar cuando empezó la represión, fue golpeada por la policía. En otras palabras: alguien había tomado la decisión política de reprimir y no sólo de reprimir; además, se quería provocar un desastre como el que ocurrió. A Sayago sus compañeros lo dejaron extrañamente solo y nunca podrá saberse de dónde le llegó el tiro y el fierrazo que lo mató, sobre todo cuando ya se ha hecho pública una interna policial feroz, tan feroz como la interna política que ha fracturado al bloque oficialista en la Legislatura provincial (por ejemplo, se eligió a un vicepresidente de la Cámara y al día siguiente, después de la ceremonia y los discursos, fue reemplazado por otra diputada amiga de Kirchner y enfrentada con el gobernador Acevedo, lo cual indica pugnas mayores en la trastienda del asunto). La noche en que los trabajadores de Las Heras liberaron a Navarro, recuerda Bicego, “estuvo medio pueblo. Entonces... ¡que detengan a medio pueblo!”. El párroco también subraya que fue una noche neblinosa, que no se veía casi nada, que del video en poder de la Side no pudo extraerse dato alguno. En definitiva, no hay ni puede haber pruebas contra nadie. Entretanto, las empresas aprovechan el terror estatal, la militarización general, para incumplir todos sus acuerdos con los trabajadores y, aún más, pretenden que ese terror destruya cualquier asomo de organización sindical y política de sus obreros. En respuesta a Bicego, la nueva ministra de Gobierno de la provincia, Elsa Capuchinelli, le ha pedido al párroco que se ocupe “de las cosas de Dios, no de las cosas de la Tierra”. Las cuestiones terrenales, según parece, consisten en poner al aparato represivo del Estado en condición de esbirros de las petroleras, de las grandes depredadoras de las riquezas naturales del país, y aterrorizar para eso a los trabajadores y a toda la población. El asunto tiene su lógica. El conflicto de Las Heras, un pueblo aparentemente perdido en la zona desértica del norte santacruceño, tiene una particularidad histórica: está desarrollando una lucha formidable, ejemplar, contra la flexibilización laboral y contra el impuesto al trabajo que afecta a 700 mil trabajadores del país. En otras palabras: la huelga apunta al corazón de la política antiobrera del gobierno. Por eso exhibe tan claramente hasta dónde es capaz de llegar Kirchner en materia de represión, por eso desnuda la miseria terminal de las burocracias de la CGT y la CTA, por eso muestra la necesidad imperiosa de una central obrera independiente de burócratas, patrones y gobierno.

El acuerdo firmado por el gobierno con la española Gas Natural BAN, concesionaria del servicio de gas, inaugura el tarifazo en la era K. Es considerado un “modelo” para las otras privatizadas. En cuotas e indexado El gobierno concede un aumento del 20 por ciento en las tarifas de gas para todos, incluidos los domicilios particulares. Pero este aumento es “sólo un punto de partida, ya que el cuadro de precios definitivos para todas las categorías de usuarios surgirá después de la revisión tarifaria integral, prevista para mediados de año. De esta reestructuración surgirá, sin dudas, un aumento adicional” (Página/12, 19/2, destacado nuestro). Es decir que estamos sólo ante la primera cuota. En épocas de “convertibilidad”, el negocio era atar las tarifas a la inflación estadounidense. Ahora que lo que sube es la inflación argentina, hay un consenso, según Página/12, para que las tarifas se ajusten de acuerdo con “la evolución de los precios locales”. “Están eximidos” Una de las cláusulas más importante establece que la “empresa se verá eximida de invertir en la expansión del servicio” (ídem). La inversión en infraestructura figuraba en todos los convenios de privatizaciones y fue sistemáticamente violada por las empresas (luego de 2001, alegaron insolvencia financiera). El reajuste tarifario sólo cubrirá deudas de las empresas (en el caso de Gas Natural BAN, de unos 200 millones de dólares) y la retribución a los accionistas. El gobierno premia a la empresa eximiéndola de la obligación de extender la red (en especial a la zona norte, donde hay mayor proporción del gas licuado y de garrafas que es más caro). El Estado se haría cargo de las inversiones armando para ello un nuevo “fondo fiduciario”, o sea, contrayendo deuda. A lo único que se compromete la empresa es a absorber una eventual sentencia favorable a la demanda (de 260 millones) contra el Estado realizada por otro miembro de la sociedad, los yanquis L&G, por los “perjuicios” de la pesificación y el congelamiento de tarifas. Una ganga, en comparación con la rentabilidad que le representa la extensión y los términos del contrato. A decretazo limpio El contrato entrará en vigencia a partir de mediados de año, es decir en pleno invierno, cuando el consumo de gas es masivo. Saldrá por un decreto del Poder Ejecutivo. Será diferente al documento “que meses atrás fue sometido a audiencia pública y el que, finalmente, llegó a los legisladores para su consideración” (ídem).

El rejunte de fuerzas, corrientes y agrupaciones que conforman el Frente para la Victoria empezó a manifestar sus contradicciones luego de conocerse la expulsión de los concejales Juan Carlos Neurburguer y Norma Ruiz. La crisis se desata en el marco de la pelea entre el PJ y el FPV. El enfrentamiento fue suscitado por el proyecto de ordenanza enviado al Legislativo para tercerizar el mantenimiento del alumbrado público y semáforos, concesión que se otorgaría a la empresa Sutec. Frente a esta propuesta los dos bloques kirchneristas (¿?) habían tomado posiciones encontradas. El bloque K disidente ya se había manifestado por medios locales a favor del proyecto oficial, mientras que el bloque K oficial difería en cuanto a quién debía darse la concesión del servicio. Estos últimos proponían la creación de una cooperativa con el argumento de producir una mayor generación de empleo, encubriendo el manejo punteril y de clientelismo político que esta propuesta contiene. La quiebra del PJ nos muestra la necesidad inmediata de profundizar la organización social de los barrios y la intervención política en los municipios, centro de las tendencias a la disolución del Estado. Frente a esto, planteamos: el Partido Obrero se opone a las contrataciones digitadas sin control; denunciamos que el manejo punteril de las fuentes de trabajo que se puedan generar con la obra pública sólo producirán más trabajo precario y explotación sobre los trabajadores; el Partido Obrero levanta el monopolio de la obra pública por el Estado y bajo control de los propios trabajadores, la contratación de los trabajadores debe ser directa y de dependencia con el Municipio, bajo convenio, con un salario igual a la canasta familiar de 1.800 pesos, indexados por inflación. En Almirante Brown tenemos trazada una mesa de trabajo con el intendente, donde se discutirá la mano de obra que se creará con la obra pública millonaria que se tiene preparada en el distrito; para la creación de una bolsa de trabajo bajo el control de los trabajadores.

La Convención municipal de El Bolsón ha comenzado —tal lo denunciado por el Partido Obrero— preparando el terreno para consumar una nueva estafa a la población trabajadora. Luego de un intenso debate acerca de su modalidad de funcionamiento —si por comisiones (lo que favorece a quienes tienen la mayoría de los convencionales, y, por ende, pueden participar en todos los debates) o por sesiones plenarias y públicas, como planteaba el PO— el radicalismo hizo pesar su “mayoría automática”, pese a la oposición del resto de los convencionales. Este no es un problema menor, el tratamiento en diferentes comisiones de los distintos temas a tratar, además de impedir la participación plena de las bancadas minoritarias, sustrae el debate de la participación popular, un tema que para el partido gobernante es “de principios”. No podía ser de otra manera, en una Convención organizada para consumar una entrega sin precedentes en El Bolsón de la tierra pública al gran capital. Esta será, de aquí en más, la “madre de las batallas”. El Partido Obrero ha preparado un borrador de propuesta sobre las “tomas” de tierra, para poner el debate con los ocupantes de terrenos fiscales, con los centenares de vecinos sin techo —ni posibilidades de conseguirlo— y con las organizaciones populares, para impulsar una movilización popular que imponga el tratamiento inmediato y ejecutivo del tema. La gravedad de la crisis habitacional, que ha empujado a decenas de familias a la precariedad de las “tomas”, y la inminencia del crudo invierno cordillerano, hace que su resolución no admita dilaciones. ¡Que la Convención municipal tome en sus manos los pasos prácticos para resolver este problema fundamental en el término de su mandato! ¡Que se forme una Comisión integrada por un representante de cada bancada y delegados de las “tomas” para comenzar a trabajar inmediatamente! • Mensura y titularización ya. • Entrega de materiales y asistencia técnica para construir viviendas dignas. • Comenzar ya las obras para llevar a las “tomas” los servicios básicos (agua, luz, cloacas, etc.). En esta campaña el Partido Obrero de El Bolsón está empeñando su esfuerzo. En el marco de la misma, y de la conmemoración de los 30 años del golpe genocida, realizaremos este domingo, 19 de marzo, una charla pública con el compañero Christián Rath, de la Dirección Nacional de nuestro Partido.

El anuncio kirchnerista —ahora apoyado por Telerman— de vender casi veinte hectáreas de las tierras nacionales de Retiro no tiene nada de original: es una reedición del proyecto que Menem encargó en 1996 a la Sociedad Central de Arquitectos, y que De la Rúa quiso llevar a cabo en 2000. Se trata de la venta de las tierras ubicadas entre las estaciones de tren y las avenidas Libertador y Pueyrredón, para la construcción de hoteles, oficinas y torres de lujo. Sus propagandistas señalan que “dos tercios” de estos terrenos permanecerán como “espacios verdes”. Pero incluyen en esos espacios a los parques o piletas privadas de los futuros edificios. La privatización de Retiro levantará un inmenso “tapón” entre la ciudad y el río, completando el cerco que ya se está levantando a lo largo de Puerto Madero. El Ferrocarril San Martín El anuncio kirchnerista no sólo apunta a un negociado inmobiliario: con los recursos obtenidos por la venta de tierras, se pretende “solucionar (sic) el problema de la Villa 31 y electrificar el Ferrocarril San Martín” (Clarín, 19/2). El Estado retomó el control de ese ferrocarril hace un año atrás, pero de inmediato delegó su operación en una “unidad de gestión” integrada por Metrovías, Ferrovías y TBA. “Casualmente”, el primer “proyecto de desarrollo inmobiliario” para Retiro acaba de ser presentado por los grupos controlantes de esos tres concesionarios, es decir, Roggio, Romero y Cirigliano (La Nación, 17/2). El proyecto Retiro consagrará la reprivatización del San Martín bajo la modalidad “kirchnerista”, donde el Estado costea la inversión —en este caso con los recursos de la venta de tierras—, y los pulpos privados ganan por partida doble: como operadores del futuro ferrocarril electrificado y como contratistas de la obra. Con el mismo sistema, se realizará el “soterramiento” del Ferrocarril Sarmiento, que será costeado con la venta de las tierras que quedarán disponibles de Caballito a Liniers. En materia de parasitismo, el gobierno de la “producción” ha dejado chicos a todos sus antecesores “neoliberales”. La Villa 31 El proyecto Retiro exige, al decir de Telerman, la “urbanización” de la Villa 31. Lo que los actuales “transversales” entienden por ello es lo siguiente: van a construir viviendas para el 10% de la villa. Al resto, pretenderán desalojarlos con resarcimientos ruinosos y extorsiones. Pero esa “urbanización selectiva” no tendrá otro objetivo que promover una división en la villa. Luego, con impuestos o cuotas prohibitivas, se las arreglarán para expulsar también a los vecinos de esa “zona urbanizada”. Ese fue el plan que Soros urdió con Aníbal Ibarra en el año 2000, y que Altamira desenmascaró desde la Legislatura. El “proyecto” Retiro Puerto es un verdadero Cromañón urbanístico y social. Pero Telerman lo ha convertido en la punta de lanza de su “nuevo” gobierno.

Hace mucho que los vecinos y ambientalistas denuncian la presencia de uranio en el agua que consume el pueblo de Ezeiza y Echeverría. Años atrás, la zona se hizo famosa por la lucha contra la construcción de un basurero nuclear y la puesta en marcha de un basural del Ceamse. Queda claro que en Echeverría y Ezeiza, con Granados y Groppi, gobiernan los contaminadores. El gobierno nacional es responsable de estos ataques contra el medio ambiente. Ambos intendentes hace rato que vienen avalando el envenenamiento del pueblo, pero a K no se le movió un pelo a la hora de convertirlos en sus socios en las últimas elecciones. Así, el “hijo de las Madres” se alió con Groppi, ex funcionario de la dictadura y ahora genocida ambiental; así, el mentor de la “nueva política” hizo migas con el duhaldista Granados. Kirchner no puede oficiar de árbitro ni en Gualeguaychú, ni en ningún otro lado, ya que como en Ezeiza y Echeverría, la contaminación prolifera en toda la Argentina de la mano de las privatizadas como Suez —Aguas Argentinas—, o de la falta de control del Estado-Cromañón, como en la CNEA. No podemos dejar en manos de los punteros oficialistas, ni de opositores borocotizados, nuestro derecho a la vida. El PO plantea una salida de conjunto y tomar el ejemplo de la asamblea de Gualeguaychú, que a fuerza de piquete y lucha puso sobre el tapete el problema de la contaminación, la superexplotación de los recursos naturales y la falta de control. En Echeverría y Ezeiza unamos nuestras fuerzas en un plan de lucha común contra la contaminación. Hay que nacionalizar los recursos naturales y todas las industrias contaminantes. Para que ningún trabajador del Ceamse se quede sin trabajo, para que continúen las investigaciones científicas en CNEA, y para que el pueblo no sea envenenado, que funcionen bajo control obrero, de los vecinos y las organizaciones ambientalistas independientes. Por el apoyo incondicional al pueblo de Uruguay y Entre Ríos en su lucha contra sus gobiernos contaminadores.

Entiendo que el triunfo del PO y la espectacular cantidad de votos que sacamos en toda la provincia, tiene como una causa importante —entre otras, seguramente— el hecho de que la gente está buscando una vía política distinta a la que le ofrecen los personajes de siempre. Sobre todo en mi ciudad —La Cocha—, donde desde hace tres períodos se viene pasando de mano la Intendencia entre el “Puma” Rodríguez y su mujer. En el caso de La Cocha, el voto fue la respuesta a una tarea militante, ya que —a diferencia del punterismo del gobierno— no ofrecimos bolsones a cambio del voto. Esto eleva nuestro compromiso para realizar una tarea de organización. Hasta el mismo sábado por la noche, los punteros del PJ repartieron bolsones, chapas, blocks, casillas, con la camioneta de la Municipalidad. Y el mismo domingo, desde primera hora, hubo un gran despliegue; hacia cualquier lado que nos dábamos vuelta, estaban los punteros. Es más, los fiscales de mesa (todos de la Municipalidad) anotaban a la gente que iba a votar para después tomar represalias con los que no fueron o no los votaron a alguna lista oficialista. Pero nosotros estuvimos firmes en nuestros puestos. Quiero agradecer al grupo de personas que me apoyaron en esta tarea y que es la primera vez que se acercan a una actividad del PO, porque logramos con su colaboración que todos nuestros votos —y también de los otros partidos que no tenían fiscales— fueran respetados. Yo creo que, despacio pero a paso firme, tenemos que seguir la lucha por más, concientizando a los sectores más necesitados de que no se puede condicionar el voto e ignorar cuatro años de olvido de parte del gobierno, por un bolsón de mercadería que no alcanza para una semana.

Jorge Telerman admitió que su gobierno se erige “sobre las ruinas de Cromañón”. Pero para ilustrar su incapacidad para hilvanar dos ideas seguidas, mantuvo en el gobierno a toda la plana mayor ibarrista, en algunos casos, a través de una rotación de cargos. La caída de Ibarra ha dejado planteada la investigación de todos los negociados de sus seis años de gobierno. Pero Telerman debuta para realizar una operación de encubrimiento, por eso los responsables de la “asociación ilícita” se quedan en sus cargos. Telerman ha reforzado en el nuevo gabinete la presencia de representantes directos del capital. Será el caso del ex funcionario menemista Javier González Fraga, para la cartera económica. Telerman recibió el apoyo de la Ucedé porteña, que podría también aportarle funcionarios. El reemplazante de Ibarra anunció una relación “privilegiada” con la Legislatura, o sea con el macrismo. Los denunciantes del ‘golpe institucional’ delatan su connivencia con los ‘golpistas’. Todo este enjuague cuenta la bendición del kirchnerismo, que colmó con sus punteros la ceremonia de asunción de Telerman. Incluso estuvo Alberto Fernández, o sea que permanecería intacta la red transversal de corrupción montada por Victor Santamaría, del Suterh, por un lado, y Vilma Ibarra, por el otro Telerman es un compendio de veinte años de gobiernos capitalistas. Para ponerse a “tono” con esa trayectoria de saqueos y corruptelas, anunció el relanzamiento del proyecto Retiro Puerto, la privatización de sus terrenos, y le aseguró a la camarilla de De Vido su colaboración en este negociado inmobiliario. La operación exige la erradicación de la Villa 31, del campo del colegio Buenos Aires y nuevos despidos entre los portuarios. Telerman va a gobernar para los monopolios inmobiliarios, del juego y de la “cultura” . Asimismo va a agudizar la lucha de camarillas, porque es un rejuntado de camarillas. Es necesario luchar contra las “ruinas” políticas que toman el relevo del gobierno, concientes de que han sido cómplices de la masacre de Cromañón”.

En Junín, el intendente radical Mario Meoni ha ratificado el aumento del 18% de las tasas municipales. Dice que de otro modo no puede afrontar el reclamo de aumento de salarios de los municipales. Pero Meoni cambia todos los días de argumentos y también lo justifica por una deuda con una concesionaria privada que recolecta los residuos (que —dicho sea de paso— no les paga a sus empleados). Sin embargo, aún no apareció el millón de pesos que se “evaporó” el año pasado, y produjo acusaciones de manejo irregular de fondos. El aumento de las tasas ha provocado una crisis en el Concejo Deliberante; el kircherismo (que lo bancó en octubre) le está soltando la mano (Meoni era parte del Grupo Olavarría, de Eseverri, que se pasó de la UCR al oficialismo). Para derrotar el impuestazo de Meoni tenemos que seguir el ejemplo de los trabajadores y vecinos de Ituzaingó y del Partido de la Costa, que llegaron a los cortes y piquetes en rutas. Meoni no puede invocar que “los tributos vuelven al pueblo” porque el déficit habitacional sigue siendo enorme. Toleró el incumplimiento de la construcción de un barrio (que sólo se edificó en un 30% y con materiales precarios) y ahora ha montado una provocación contra un grupo de vecinos que tenían firmado un convenio de tenencia. Ilegalmente, Meoni ha sorteado casas habitadas e iniciado causas por usurpación a quienes hace años que viven en esas casas. Está en marcha una asamblea de vecinos por las viviendas que puede convertirse en un gran movimiento de conjunto. Los choques entre Meoni y el Concejo no tienen desperdicio. Mientras que Meoni quiere que los boliches sigan abiertos sin límite horario, porque su “Junín turístico” es una ciudad privatizada (laguna), en manos de los capitalistas hoteleros, de los boliches y los especuladores inmobiliarios; la propuesta de la mayoría del Concejo de restringir el horario y la presencia de los chicos en las confiterías y la calle tiene todo el olor de una medida represiva contra la juventud de los barrios (no hace mucho, intendente y concejales discutían sacar una especie de “carnet de buena conducta local” como condición para transitar por Junín). La juventud tiene que levantar su propio programa de reivindicaciones por el trabajo, el salario y la defensa de sus derechos, denunciando los intereses capitalistas que están en juego y a los que sirven Meoni y los concejales patronales. El Partido Obrero impulsa una campaña popular contra el impuestazo. Impulsamos una asamblea popular para derrotar esta intentona. Por un plan de obras públicas con prioridad en las viviendas y las cloacas y bajo control de los trabajadores (incluida la bolsa de trabajo). Apertura de los libros de la Municipalidad para ver qué se gasta, cómo y en qué.

Compañeros de la redacción de Prensa Obrera: Creo que en los distintos artículos sobre la cuestión de las papeleras se han deslizado algunos errores, que para la exactitud y el rigor con que encaramos cada uno de nuestros planteos, hace que dichas consignas no sean totalmente claras y sean hasta cierto punto incorrectas. En la prensa N° 932, en tapa se dice: “...los recursos forestales, deben pasar al control colectivo”. En PO N° 933 en dos artículos se menciona... “la nacionalización sin pago de los recursos forestales” y en PO N° 934, ídem. Claramente se dice que el capitalismo para obtener superbeneficios no vacila en superexplotar los recursos naturales que por ende corresponde sean gestionados por los trabajadores, al igual que las industrias contaminantes, como las papeleras. Se ve que hay una utilización como sinónimos a recursos forestales con recursos naturales. Los recursos naturales para definirlos simplemente, son aquellos originados por “la mano de la naturaleza”, mientras que los recursos forestales siempre son originados por la mano del hombre, es decir implantados, son cultivos como cualquier cereal, forrajera, frutal, etc. Por lo tanto, y en la medida en que se los implanta y se los cultiva, también se los cosecha, no constituyendo esta tala algo anormal que se asemeje a una práctica de depredación. Recursos naturales son los suelos, el agua y las formaciones vegetales como los bosques o las selvas, pero estas papeleras no utilizarán madera proveniente de estos ambientes. Ellas contaminarán el agua, el suelo y el aire de la región. Por lo tanto los recursos naturales forestales han sido plantados para cosecharlos. Esos cultivos forestales pertenecen a diversos propietarios, si bien es cierto que en su mayoría los monopolizan estas multinacionales papeleras. Por lo que creo que no corresponde plantear la nacionalización de dichos recursos en manos de pequeños y medianos productores uruguayos, que los hay en gran número. Sin embargo, creo que se podría incluir el planteo de nacionalización de las empresas contaminadoras y sus forestaciones. Pues existe otro elemento importante de analizar: las forestaciones de propiedad de las empresas papeleras son masas a gran densidad, de las cuales sólo es posible extraer volumen de madera para triturar en esas industrías; mientras que los forestaciones de menor densidad, tienen procesos de integración, por ejemplo, con ganadería durante muchos años y el principal producto final es madera para aserrar, destinando prácticamente al descarte para triturar y hacer pasta. Por otra parte, y en varios artículos está reflejado, recogiendo opiniones de otros medios o de terceras personas, que las forestaciones causan diversos perjuicios, como que agotan el agua, desertifican los suelos. Esto es muy criticable técnicamente y en la realidad quizás el comportamiento normal sea totalmente inverso. Otro tema son las críticas al monocultivo de Eucalyptus, que como todo monocultivo, genera un desierto verde, expulsa campesinos, concentra la propiedad. Claro que también en esos mismos artículos se critica el monocultivo de Eucalyptus por parte de asociaciones de productores que siembran soja, es decir la madre de los monocultivos (300.000 has de Eucalyptus contra más de 14.000.000 has de soja en Argentina y 200-250.000 has contra casi 2.000.000 en Uruguay). En Argentina existen alrededor de 40.000 productores con forestaciones, la inmensa mayoría pequeños productores; creo que no corresponde la nacionalización de esos recursos. Aquí como en Uruguay, las grandes empresas papeleras cuentan con recursos forestales muy grandes, el planteo debería ser nacionalizar esas empresas y todos sus activos, incluyendo los forestales.

Con esa consigna se conformó, a instancias de Tribuna Docente, una comisión de afectados por los concursos en el nivel secundario (que dejan en la calle a miles de docentes en toda la provincia). Rápidamente los compañeros ganaron los medios gráficos, radiales y televisivos, solicitando una urgente audiencia al Ministerio de Educación sobre el tema. El jueves a la noche, una concentración con antorchas y radio abierta en pleno centro de Resistencia contribuyó aún más a instalar el tema entre la población (durante el acto nos enteramos de que la viceministra estaba reunida discutiendo el tema con Atech y Utre-Ctera). Al final de la actividad se resolvió difundir el tema en las escuelas y realizar una nueva concentración el martes, en el mismo lugar. Tribuna Docente interviene activamente en el movimiento reclamando al Estado la inmediata resolución de una garantía salarial para los compañeros afectados (algunos quedan en la calle después de 10 ó 20 años de servicios), denunciando el manejo clientelista de la Junta de Clasificación (donde la Celeste es mayoría), que amontonó varios concursos luego de tenerlos en el freezer por más de diez años haciéndole el juego al gobierno, que pretendía esconder las consecuencias de la reforma educativa.

Más de 1.000 vecinos, organizaciones populares y partidos de izquierda marcharon el miércoles 8 para reclamar la anulación del tarifazo del agua y la estatización de la empresa y repudiar a la Legislatura que votó el tarifazo. Si bien la postergación por 90 días de la aplicación del nuevo cuadro tarifario y la revisión de las zonas distendieron la situación, se han abierto nuevos focos de conflicto. El amague de volver a 30 m3 libres (incluidos en el abono), contra los 10 m3 establecidos en el tarifazo, llevó a Aguas Cordobesas (Suez) a proclamar la posibilidad de recurrir a la Justicia o incluso irse de Córdoba. Por un lado, la empresa busca salvar el acuerdo u obtener subsidios del gobierno, por el otro los vecinos siguen organizándose en asambleas barriales. Un objetivo es generalizar las asambleas y convocar a una gran marcha para el Día Internacional del Agua (fines de marzo). El intendente Juez ha tratado de colocarse a la cabeza del reclamo, con el planteo de lanzar “con todo” una iniciativa popular que, sin embargo, se viene postergando, en parte porque no cuenta con el aval del gobierno de Kirchner. La resolución del Ente de Servicios Públicos, autorizando a las cooperativas del interior (y las pocas que quedan en la ciudad de Córdoba) a aumentar las tarifas en el orden del 50%, provocará una “provincialización” del conflicto y la entrada en escena de nuevos actores. La cooperativa local de Villa María aumentó el 15% el servicio, zonificó la ciudad y puso medidores. También ha salido a la luz que, a través de una resolución, la Dipas (Dirección de Agua y Saneamiento) bajó la cota del lago San Roque, disminuyendo sensiblemente el caudal almacenado (de donde se provee de agua la ciudad de Córdoba). La medida viene como anillo al dedo al proyecto inmobiliario de la costa, un acuerdo entre De la Sota y el intendente radical Felpeto, que mueve millones de dólares. La “guerra del agua” está extendiéndose y contaminando al conjunto de la situación política. Por ello el Partido Obrero de Córdoba realizará un acto el viernes 17 con el objetivo de apoyar la lucha contra el tarifazo, por la expropiación sin costo y la estatización de Aguas Cordobesas, y por el conjunto de las luchas populares.

Por una alternativa obrera y socialista Pongamos en pie un gran Partido Obrero Ninguno de los graves problemas que sufren las masas trabajadoras y explotadas de la provincia ha sido resuelto. Los docentes y estatales tienen salarios de pobreza y en gran parte se les paga en negro. Sigue la política de subsidios a los monopolios. Se ha subsidiado con millonarias sumas a las empresas de transporte y encima se ha elevado el boleto a 90 centavos. El problema del agua no se ha resuelto, pero el aumento tarifario para la privatizada Agua de los Andes se realizó en noviembre pasado. Los inundados de San Martín —habiendo perdido sus escasos bienes por la imprevisión oficial— están penando por la falta de acción gubernamental. Los desocupados trabajan en negro en los ‘emprendimientos’ por fuera de salarios de convenio. Los trabajadores del Ledesma están amenazados de una importante reducción salarial. El pueblo trabajador jujeño está sufriendo una degradación social histórica, mientras los capitalistas se llenan sus bolsillos como nunca. No al ‘colaboracionismo’ Hemos llegado a esta situación porque una gran parte de las direcciones de las organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados están enfeudadas al gobierno, han sido cooptadas (y borocotizadas) por éste. El fuerte y combativo movimiento de masas jujeño, el que protagonizó los ‘jujeñazos’, el que fue protagonista de la caída de gobiernos antiobreros, está hoy paralizado, regimentado y degradado socialmente. Está maniatado para defender en la lucha reivindicativa los reclamos de las masas trabajadoras y plantear una alternativa obrera y socialista en el terreno político. Nos tenemos que liberar de la podrida política colaboracionista con el régimen de Fellner, que se jacta de haber reconstruido, contra el pueblo que defendía sus derechos, un poder que beneficia al gran capital. El movimiento obrero y de los explotados de Jujuy debe ponerse de pie, estructurando una alternativa obrera y socialista, independiente del poder y de las fuerzas políticas burguesas. Como en Salta y Tucumán Por eso convocamos a poner en pie un gran Partido de la clase obrera y los trabajadores. Que canalice políticamente la fuerza social de miles y miles de explotados, que potencie su lucha reivindicativa, que se plantee recuperar las organizaciones de masas. Que estructure una alternativa política obrera y socialista. Como se está haciendo en Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Trabajemos juntos para poner en pie esta alternativa obrera y socialista. Ni reelección, ni pseudooposición: por una alternativa obrera y socialista Se pretende instalar una falsa polarización política en la provincia. Fellner quiere una reforma constitucional reaccionaria que asegure su re-reelección, avance en el dominio totalitario de su camarilla (eliminar la elección de legisladores por distrito único, etc.) e institucionalice el cuadro de retroceso social de las masas trabajadoras. Por otra parte, se ha constituido un frente ‘opositor’ con sus ex socios, el ex vice gobernador Daza y el frente jujeño de la UCR, que dicen oponerse. Ninguno levanta las reivindicaciones del pueblo trabajador. Son dos variantes de la burguesía jujeña que quieren asociarse al régimen K que le paga 10 mil millones de dólares al FMI y llena de subsidios a los capitalistas, pero ha hundido socialmente a la clase obrera, los jubilados, los desocupados y el pueblo explotado. El PO se opone a esta pseudopolarización. Contra los corruptos explotadores del pueblo y sus cómplices, propugnamos la construcción en la lucha reivindicativa y política de una alternativa obrera y socialista. Organicémonos por: • Salario mínimo de 1.800 pesos, igual al costo de la canasta familiar. Jubilación de 82% móvil. • Trabajo bajo convenio en la obra pública municipal y en las cooperativas de vivienda. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la formación técnico profesional a cargo de la patronal. • Expropiación sin pago de las empresas de agua y luz. Prestación de los servicios por administración bajo control de trabajadores. • Plan de obras públicas básicas en viviendas y servicios financiados por un aporte extraordinario de las grandes empresas. • Expropiación de los latifundios y pulpos agroindustriales, explotación colectiva por obreros y campesinos. • Estatización de la banca bajo control obrero, por un plan económico único votado en un congreso de trabajadores del campo y la ciudad. Venga al 1er Congreso del PO jujeño, al acto inaugural que se realizará el viernes 7 de abril en San Salvador.