Prensa Obrera N° 931

El “interino” Telerman promulgó la ley que devuelve la posesión del Hotel Bauen a sus vaciadores capitalistas. La ley había sido sancionada en condiciones bochornosas. A las cuatro de la mañana de su última sesión ordinaria, la Legislatura votó el proyecto patronal del macrista Morando. Mientras tanto, los trabajadores eran desalojados del recinto a palos y con gases lacrimógenos. Durante varias semanas, el kirchnerismo y los funcionarios del gobierno porteño les aseguraron a los trabajadores que la ley sería vetada. Pretendían que los compañeros del Bauen se retiraran de las calles. Culminados los plazos legales para el veto, Telerman promulgó la ley Morando. Reunido con los trabajadores del Bauen, Telerman justificó su decisión señalando que no quiere tomar “decisiones de fondo durante la transición”. En cambio, no le tembló el pulso para aumentar en un 40% los sueldos de los directores y secretarios del gobierno. Telerman les prometió a los trabajadores del Bauen “una nueva ley correctiva”, sin explicar cómo hará para que la Legislatura que votó la ley Morando vuelva sobre sus pasos. La “corrección”, de todos modos, no alterará el reconocimiento de los derechos de la patronal vaciadora, tal como figuran en la ley original. Telerman señaló también que quiso “evitar roces con el poder legislativo local” (La Nación, 10/1), que está presidido por el macrismo. Es decir que el “interino” le ha dado al gran capital toda una señal respecto del contenido social de una posible “transición” a su cargo. Los que agitan todos los días el fantasma de Macri, van a seguir cogobernando con él, tal como lo viene haciendo Ibarra. Ya con la ley del Bauen en el bolsillo, “el macrismo planteará soluciones similares en casos de predios ocupados donde las expropiaciones no se concretaron” (Infobae, 2/1). Lo que Infobae no dice es que esas “soluciones similares” podrían ensayarse también para las expropiaciones transitorias, como Brukman. Es decir que el ataque al Bauen inaugura una ofensiva en regla contra todas las empresas recuperadas de la ciudad. El kirchnerismo no es ajeno a la decisión de Telerman. Una parte del bloque legislativo K había dado quórum a la ley Morando, y el propio Kravetz formó parte de las consensos previos a su sanción. El kirchnerismo ha pactado con el macrismo los términos de la restitución del Bauen a sus vaciadores capitalistas. La lucha que se viene para defender la gestión obrera en el Bauen exigirá enfrentarse a los agentes de Macri y de Kirchner, en un frente común con el conjunto del movimiento obrero y piquetero que lucha contra el gobierno, y todas las empresas recuperadas que están ahora en la picota.

Felipe Solá presentó un proyecto de aumento del impuesto inmobiliario rural, que contempla los niveles de productividad de cada distrito” (La Nación, 14/12), exactamente lo que una semana antes había reclamado el presidente de Carbap (La Nación, 29/11). El gobierno acordó variar la alícuota y no el revalúo, “una fórmula de transacción acordada”, porque “un nuevo revalúo impactaría sobre... sobre los bienes personales del sector agropecuario” (La Nación, 7/12). Felipe Solá dijo que el inmobiliario rural, con el aumento incluido, es un impuesto “mínimo”, pues cada una de las 28 millones de hectáreas en producción paga 10 pesos al año. Tiene razón de que es “mínimo”: el inmobiliario rural, en la provincia emblemática de la pampa húmeda: aporta menos del 3% del total de ingresos provinciales. El mismo proyecto prevé la rebaja de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos para algunas actividades agropecuarias (acopiadores, semilleros y agroquímicos). Solá anunció que elevará del 10 al 25% el descuento que reciben los “contribuyentes regulares” y redujo de cinco a tres años el tiempo necesario de “cumplimiento en fecha” para gozar de este beneficio, luego de una protesta de Carbap. El aumento constituye una cifra despreciable en los enormes beneficios de la oligarquía. La devaluación de enero de 2002 significó un salto colosal en sus beneficios como consecuencia de la licuación de las deudas en dólares, la valorización de los campos y los altos precios de exportación de los granos y la carne. También, la joda impositiva. Aunque la Ley de Catastro Provincial obliga a realizar un revalúo de la propiedad cada diez años, no existe revalúo desde 1952... ¡hace 53 años! La clase terrateniente ocupa una porción de los sillones de dirección del Banco Provincia y dispone, además, de la declaración de zonas de emergencia que prevé anulación de impuestos, créditos y auxilios extraordinarios invocando sequía o cualquier tipo de desastre natural. Todo esto sin contar el gran recurso que es la división de la propiedad (en manos de testaferros) para eludir el pago de impuestos. El aumento del impuesto inmobiliario rural no toca al terrateniente pero es un mecanismo adicional de confiscación del pequeño y aún mediano productor. Según el último censo (2003), hubo una caída del 30% en el número de explotaciones en los diez años anteriores.

Al Comité Central del Partido Obrero: Por la presente, la Corriente Socialista “El Militante” de General Rodríguez les hace llegar su más enérgico repudio por el atentado sufrido en su sede central el día lunes 4 de noviembre pasado en horas de la madrugada. Este atentado de derecha pone al descubierto (una vez más) el doble discurso de Kirchner, que se autoproclama democrático y progresista pero se muestra intolerante con los sectores de izquierda, que son portavoces del descontento de los trabajadores y el pueblo. Así como el ministro del Interior Aníbal Fernández tuvo una celeridad increíble para acusar a los trabajadores ferroviarios (delegados de la UF Seccional Haedo) y a militantes de izquierda por los hechos de la estación Haedo, y responsabilizar a militantes del Partido Obrero por los hechos ocurridos durante la Cumbre en Mar del Plata y en Capital Federal, en el marco de las marchas de repudio a Bush, esperamos que tenga la misma celeridad para descubrir y encarcelar a los responsables ideológicos y políticos de este atentado terrorista de derecha. Hechos de este tipo nos recuerdan al gobierno peronista y democrático de Isabel Perón y López Rega junto a su “Triple A”. ¿Será el ministro Fernández el heredero setentista de la derecha peronista? Para terminar compañeros, reafirmamos nuestro repudio por este criminal atentado y nos ponemos solidariamente a su disposición como trabajadores y militantes por el socialismo revolucionario. 19 de noviembre de 2005

La burocracia de Atilra (Consejo Nacional) con la patronal (Taselli) acaban de asestar una verdadera puñalada a la lucha de Parmalat. Un acta suscripta en el Ministerio de Trabajo establecía el compromiso de venta de la leche en polvo en existencia en la planta de Pilar como parte de pago por los salarios adeudados y el compromiso de pagar entre el 23 y 27 de enero la segunda cuota del aguinaldo 2005. A cambio, los trabajadores se comprometieron a cesar toda medida de fuerza y aceptar que la empresa designe planteles reducidos (no más de veinte trabajadores) para áreas de mantenimiento, mandando al resto a sus casas. La burocracia realizó tras cartón una asamblea improvisada de carácter “informativo” con una participación casi nula de trabajadores. Dio por finalizada la ocupación y retiró la carpa instalada hace más de veinte días. Luego, la patronal (Taselli) desconoció el acta, envió sus directivos a la empresa, se hizo cargo de las existencias de leche y ofreció un pago “a cuenta” de 300 pesos. Es importante tener en cuenta que se venía de dos asambleas generales en el lapso de una semana, donde el activismo logró sobrepasar el chaleco de fuerza impuesto por el sindicato y había aprobado el corte del acceso al Parque Industrial de Pilar, que luego de maniobras dilatorias de los dirigentes del gremio se terminó por efectivizar el jueves 13 de enero. La burocracia se encargó de bombear esta medida de fuerza, aceptada a regañadientes: levantó el corte cuando todavía no había comenzado la audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde terminó de rubricar el acta vergonzosa, que luego la patronal desconoció. Mas allá de la manipulación de la burocracia, las asambleas y las medidas de acción directa revelan las reservas combativas de la base de los trabajadores y del activismo, pese al desgaste a que la dirección de Atilra viene sometiendo el conflicto. La lucha de Parmalat por la defensa de la fuente de trabajo lleva más de un año de duración. En esta fase crucial de la lucha es imprescindible, de nuevo, una verdadera asamblea general. La burocracia pretende ‘mandarnos a casa’, que es la vía segura para que quedemos desocupados. Necesitamos profundizar la resistencia que ya está en marcha para rechazar los “planteles reducidos”. A la vez, está en debate el control de la venta de la mercadería de la que la patronal se quiere hacer cargo. Todas estas cuestiones deben ser discutidas en asamblea general e impulsar la reocupación de la planta. La asamblea debe formar una comisión de lucha, para asegurar que las iniciativas se lleven adelante hasta el final. Es necesario arrebatarle el control del conflicto a la burocracia. El manejo del conflicto y la orientación de la lucha deben estar manos directas de los trabajadores de Pilar. Taselli pretende dejar en pie una planta de 50 a 100 trabajadores seleccionados por la burocracia. La dirección de Atilra (Consejo Nacional) ha sido un factor constante de derrota de los trabajadores. Fue protagonista de los cierres de las plantas de Carapachay y Chascomús, se llamó a silencio frente al despido de los delegados de Carapachay (dirigentes de la Lista Naranja), y mantuvo una ocupación sigilosa abriendo expectativas en un posible comprador que releve al vaciador Taselli. Un nuevo comprador no hará otra cosa que dejar al 80% de los trabajadores en la calle. Reclamemos que el Estado intervenga la empresa y garantice el trabajo y el salario de sus trabajadores.

El gigantesco volcán de miseria social chaqueña acaba de convertirse en noticia nacional por la salvaje represión desatada contra unas doscientas familias que habían ocupado un barrio Fonavi tras un desastre climático que derrumbó sus precarias viviendas. Sin que lo difundiera la prensa nacional, también fueron reprimidas familias trabajadoras en Fontana y en San Bernardo. En las barriadas populares de Resistencia, Sáenz Peña, San Martín o Villa Angela, son permanentes las razzias de la policía, que levanta, verduguea y tortura a la juventud. En una provincia donde el 70% de la población vive de la asistencia social, hay 100.000 planes Jefes y Jefas, 200.000 desocupados y un déficit habitacional de 120.000 viviendas, y donde barriadas y localidades enteras carecen de agua, el gobierno de la UCR, con la complicidad del PJ, acaba de comprar 100 camionetas 4x4 para la Policía. Pero la brutalidad de la represión amenaza ahora con desatar una crisis política que puede llevarse puesto a Hugo Matkovich, ministro de Gobierno y mentor de la policía brava.

Cumplidos dos meses del criminal ataque al local del PO, la Justicia penal de la Capital Federal sigue “marcando el paso en el mismo lugar”. Demoró durante semanas el reconocimiento del Partido Obrero como querellante, reclamando certificados de la Justicia electoral que dieran cuenta de que los denunciantes lo hacían en representación del PO. La exigencia es absurda, si se tiene en cuenta que el local de Ayacucho 448 es el domicilio legal del PO, y sus apoderados encabezaron, desde el primer momento, la denuncia por el atentado. Se pretende reducir la causa a una denuncia de “particulares”, para diluir el carácter político que debe tener la investigación. La fiscalía ha dispuesto como única medida un oficio a la Comisaría 5ª, ubicada a cincuenta metros del local. El oficio aún no ha sido respondido. El PO exige que sean citados e investigados aquéllos que en los días previos al atentado participaron en una campaña mediática contra nuestro partido. Nos referimos en especial a Aníbal Fernández, por sus reiteradas provocaciones y por su negativa sistemática a recibir a sus dirigentes, también a otros políticos patronales de la Ciudad; reclamamos que se libre oficio a las secretarías de Seguridad (Nacional y de la Ciudad), para que se informe sobre actividades permanentes de vigilancia o control sobre nuestro Partido. En torno de esta acción sobre la fiscalía y el juzgado, llamamos a apoyar una agitación política sistemática por el esclarecimiento del atentado y el castigo a sus responsables.

La UIA y cada empresario citado en la Casa Rosada reclaman que los trabajadores renuncien a sus reclamos salariales con la excusa de “combatir la inflación”. A cambio, ofrecen los acuerdos de precios que, como todo el mundo sabe, son ficticios. Hace seis meses, Kirchner rechazó un aumento del 10% para los jubilados por la misma excusa. ¡Para compañeros que cobran haberes de 390 pesos! Pero la carestía no afecta a todos por igual. Revienta a los trabajadores, pero... ...no afecta a los industriales y supermercadistas, que mantienen sus márgenes de ganancias. ...beneficia a los banqueros, que salieron de la bancarrota que ellos mismos provocaron con títulos del Estado en pesos que se ajustan por la inflación. ...favorece a los beneficiarios del rescate de la deuda en default, que recibieron en gran parte bonos que también se actualizan con la carestía. El mismo gobierno que dice luchar contra la carestía ha creado el gran circuito de interesados en sostenerla. Kirchner no va a impedir que siga la inflación congelando salarios o jubilaciones. La inflación nace de la especulación capitalista que alienta el propio gobierno. Una especulación financiada con la compra de dólares por parte del Banco Central y estimulada por el alza de las propiedades y los alquileres organizada por los pulpos inmobiliarios. Por eso, para combatir realmente la inflación, es necesario el control obrero de la producción. La deuda pública se “come” un gran porcentaje del superávit fiscal, que se acumula mediante el congelamiento del salario de los docentes y de los trabajadores estatales y de los haberes de los jubilados. Ese superávit va, además, al pago anticipado al FMI. Un pago de 10.000 millones de dólares, que se suma a otro tanto ya pagado al FMI y los organismos internacionales desde el momento del default. El Partido Obrero llama a luchar contra la inmensa sangría nacional que se consuma a expensas de los salarios, la educación, la salud, la vivienda y la soberanía nacional. A convertir en consignas nacionales el reclamo por un salario mínimo de 1.800 pesos, igual al costo de la canasta familiar, por una jubilación mínima del 82% ajustados por la inflación. A exigir un plan de obras públicas controladas por los propios trabajadores para poner fin a la desocupación. A imponer un impuesto inmediato a todas las ganancias extraordinarias de los especuladores de todo tipo. A luchar por el control obrero de la producción. A luchar por una salida propia frente a la que nos quieren imponer los pulpos capitalistas y sus comisionistas políticos.

El sindicato de los trabajadores de la sanidad privada (Fatsa), dirigido por West Ocampo, ha terminado firmando un nuevo convenio para los trabajadores de clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico con un básico de alrededor de 1.000 pesos (el reclamo anunciado era que los básicos de una enfermera no bajaran de los 1.500 pesos). El convenio absorbe los aumentos conseguidos en los establecimientos y los generales del gobierno. Además, se establece que la totalidad de éstos son “no remunerativos” hasta abril (manteniéndose como “no remunerativo” el 50%, hasta julio). La patronal, contentísima: posterga los aportes para jubilación y la obra social y el pago de aumento sobre horas extras, aguinaldo, antigüedad, adicionales, etc. Por eso, “recompensó” a la burocracia con una cláusula de “solidaridad” equivalente al 1% del salario de los trabajadores no afiliados (que será descontado del primer mes con aumento). En el convenio para los laboratorios, la burocracia redujo el plus por antigüedad del 1,5 al 1% por año. También en los hospitales de comunidad En el convenio de los hospitales de comunidad, la burocracia había entregado los adicionales conseguidos en los establecimientos, algunos desde hace años. En casi todos los casos, esto fue revertido con luchas. En Galicia Saude, aún no se ha logrado, por la deserción de la mayoría de la Comisión Interna y de la burocracia de Atsa. Por los reclamos, la patronal despidió a una compañera, por lo que un grupo de delegados y compañeros vienen haciendo petitorios, cortes y concentraciones reclamando por su reincorporación. Contra los vaciamientos La burocracia fue cómplice de los cierres y vaciamientos de establecimientos de salud, como el Hospital Israelita y el Antártida, enfrentando y haciendo echar a los trabajadores que querían resistir. Autoconvocatorias y coordinación La burocracia está en tregua permanente. Es fundamental que los trabajadores se autoconvoquen en los establecimientos para reclamar: aumento de salarios del 50%; básicos no menores a 1.800 pesos; pago de horas extras al 50 y 100%; no absorción de adicionales, que los aumentos sean remunerativos; la restitución del 1,5% por antigüedad para los laboratorios. Ni un peso extra del bolsillo de los trabajadores para la burocracia. La defensa del sindicato debe partir de la lucha por el aumento de salarios y la afiliación voluntaria de los trabajadores. La Agrupación Independiente de la Sanidad (Asis) ha hecho un llamado a coordinar entre los sectores combativos y antiburocráticos este frente de lucha.

Ante una concurrencia que superó las 150 personas, se inauguró el ciclo de charlas encarado por el Partido Obrero del Chaco para estas vacaciones. Se realizó en la Universidad Popular de Resistencia con la presencia de Christian Rath, Rolando Núñez (coordinador de “Nelson Mandela DD.HH.”) y Ricardo Goya, titular del suplemento económico del diario Norte. El tema fue el pago anticipado al FMI. Una vez finalizada la introducción de los panelistas, se generó un rico y extenso debate entre los participantes. Entre el público hubo compañeros del MTL, la Cuba, el PCR, un grupo de ex PC e incluso un connotado dirigente local del partido menemista. También asistieron trabajadores de la construcción, textiles, docentes, desocupados, estudiantes universitarios (entre los que se encontraban dirigentes de la agrupación Utopía de la Facultad de Humanidades y de la Nueva Corriente, que dirige el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura), dirigentes de UPCP (estatales), gente ligada a la cultura y otros provenientes del interior provincial. Hacemos una mención especial a los nueve compañeros del Partido que, realizando un gran esfuerzo, se vinieron desde Formosa para participar en el evento. La mesa redonda fue precedida por una intensa campaña de agitación, tanto en Resistencia como en Barranqueras. Se instaló una mesa con materiales partidarios, en la que se vendieron 15 libros, además de la Prensa Obrera y El Obrero Internacional. El ciclo continúa el 27 de enero. El tema: la agenda revolucionaria en Bolivia.

A los compañeros del Partido Obrero: Les hacemos llegar nuestra mayor solidaridad obrera y nuestro repudio contra el brutal atentado al local de la calle Ayacucho. Exigimos la investigación, juicio y castigo para quien haya planificado y perpetrado el mismo, que no nos cabe duda son los mismos personeros que saquean nuestro país y pertenecen al aparato represivo del Estado. Este ha sido un ataque a todos los que luchan contra las condiciones de explotación de nuestro país. Un abrazo revolucionario.

A fines de 2003, con una inflación anual del 3,7%, el por entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, proclamó a los cuatro vientos que la devaluación del peso de enero de 2002 había sido de las “más exitosas del mundo”. Ocurre que la disparada del dólar se había trasladado muy poco a los precios minoristas y mucho menos al salario. Mientras el dólar pasó de 1 a más de 3 pesos, y los precios mayoristas aumentaban un 150%, los salarios (para ese entonces) apenas habían subido el 20%. La devaluación también sirvió para licuar el 75% de las deudas de los “capitanes de la industria” y engrosar un abundante superávit fiscal, clave para pagar la deuda pública. Pero la lucha salarial y el aumento de los precios internacionales de las materias primas fueron “serruchando” este “éxito” autoproclamado. El año pasado, la inflación fue el doble de la de 2004, que a su vez duplicó la de 2003; la de este año amenaza superar el 12,3% de 2005. El aumento de los precios obedece a un conjunto de razones. Una, la devaluación internacional del dólar, más la gran demanda de China, triplicaron y hasta cuadruplicaron los precios internacionales de la soja, del petróleo, del acero o de los minerales. Mientras la mayoría de los países contrarrestó esta tendencia inflacionaria revaluando sus monedas, la burguesía argentina siguió manteniendo el dólar en torno de los 3 pesos. La combinación de la devaluación con los altos precios internacionales, reforzó el superávit fiscal y la capacidad para pagar la deuda pública y sostener el patrimonio de los bancos, que está compuesto en un 60% con bonos de esa deuda pública. Para sostener la cotización del dólar, por una ventanilla el Banco Central fue comprando dólares por medio de una emisión creciente de pesos, y por la otra fue retirando parte de esa emisión de la circulación, canjeando a los bancos títulos públicos por pesos. La deuda del Central con los bancos ha llegado así a 8.000 millones de dólares, a plazos muy cortos y tasas de interés crecientes. Tras el pago al Fondo, las reservas suman 18.000 millones de dólares, de las cuales casi la mitad está hipotecada a los bancos. La inflación hace subir la deuda pública indexada y atrae mayor ingreso de capital y, por lo tanto, produce mayor emisión de moneda y mayor endeudamiento del Central. “En Wall Street recomiendan comprar ‘inflación argentina’...” tituló hace poco Infobae haciendo referencia a los bonos de la deuda en pesos que se ajustan por la inflación. Debido al 12,3% de inflación el año pasado, la deuda pública aumentó en 5.000 millones de dólares; hubo “reendeudamiento”, no “desendeudamiento”. La entrada de dólares financió también un ciclo de especulación inmobiliaria, como se revela en la redolarización de las propiedades. La inflación inmobiliaria ha reforzado la inflación general por la vía del aumento de los alquileres y del consumo de los ricos (bienes durables). El gobierno pretende evitar el agotamiento de la devaluación “exitosa”, mediante la presión contra el aumento de los salarios y el corte de gastos o inversiones sociales. Teme que la inflación reactive aún más las luchas salariales y de los piqueteros. En el reciente acuerdo de precios con las “lecheras”, las patronales de SanCor y La Serenísima “pidieron al Gobierno que se les garantice que no habrá aumentos salariales para los trabajadores de la industria” (Clarín, 14/1). De ahí también la propuesta de un gran pacto con la CGT. El gobierno quiere que la burocracia de la CGT contenga los reclamos y se limite a discutir salarios por productividad (mayor explotación). Los acuerdos de precios engañosos responden a este objetivo. De todos modos, como el kirchnerismo quiere seguir impulsando sus propios negociados, es renuente a dejarse condicionar por un pacto social. Pero la lucha salarial se escapa de los límites de un Moyano, cuanto más de los Cavalieri. Por el impulso de subtes, pilotos y técnicos de Aerolíneas, Garrahan, se fue instalando en todo el movimiento obrero el reclamo de un salario mínimo de 1.800 pesos, mientras la efervescencia entre los jubilados está creciendo. Para recomponer sus salarios y sus condiciones de trabajo, el movimiento obrero necesita una política independiente del gobierno.

El 8 de marzo se realizarán las elecciones para elegir la Comisión Directiva del gremio no docente de la UBA (Apuba). En estos días de vacaciones está cerrando la presentación de listas, cosa que no podía ser de otra manera, siendo que las elecciones fueron convocadas por una burocracia que intenta que el proceso electoral mueva lo menos posible el avispero. El debate es claro: de un lado estamos los que peleamos contra la homologación de un convenio colectivo flexibilizador, contra la reestructuración que se está aplicando en la UBA de la mano de agentes gubernamentales, que viene con el plan de achicamiento del Estado... para pagarle al FMI. De este lado estamos los que luchamos por un salario acorde a la canasta familiar. Aquellos que hemos llevado adelante estas luchas, la Semilla Ramírez, las internas recuperadas, los compañeros que son la principal oposición a la burocracia en los institutos asistenciales que concentran el 40% de los trabajadores de la UBA. Todos nosotros debemos hacer un frente que polarice contra la lista de la burocracia unida, hoy recicladas como empleados del Ministerio de Educación de la Nación. La actual directiva es la abanderada de los salarios miserables, en negro, de la violación de la carrera administrativa y de la precarización del trabajo no docente. Vayamos al frente para recuperar el sindicato, para que sirva como una herramienta de lucha de los trabajadores.

Para un gobierno jaqueado durante todo el pasado año por las luchas salariales de estatales y docentes, de los trabajadores de la salud contra el cierre de los sanatorios, y obligado a echar lastre ante los judiciales, los legislativos y los empleados del Tribunal de Cuentas, es una cuestión estratégica la liquidación del sindicato que sostuvo la huelga más importante de los últimos 20 años: la Unión del Personal Civil de la Provincia. La UPCP tiene un cuerpo de delegados muy combativo y una dirección que, a pesar de sus contradicciones, se las arregló para mantener cohesionado al mayor de los gremios provinciales. Frente a las elecciones del sindicato, llevadas a cabo en diciembre, la apuesta del Estado fue la cooptación de una fracción podrida de su dirección, encabezada por su adjunta, Beatriz Bogado, cuyo programa se ha centrado en la colaboración con el gobierno. Bogado recibió el decidido apoyo de Ctera-CTA. Todo el aparato estatal se puso al servicio de una victoria de Bogado. No faltaron las bolsas de mercadería (que se escamotean a los desocupados), el apoyo logístico y los aprietes de los punteros para la inclusión al pie de los padrones de centenares de “electores” que votaron hasta 18 veces. Finalmente, llegó la intervención “judicial” para bendecir el fraude. Al día de hoy, la elección no está resuelta. La usurpación judicial destituyó a la Junta Electoral y se atribuyó sus funciones. Para volver a poner en pie a la UPCP, es indispensable el aplastamiento de la intervención y de la lista colaboracionista.

A los compañeros del Partido Obrero: A los compañeros de todas las organizaciones sociales en lucha: A todo el pueblo argentino: El atentado que sufriera el Partido Obrero el pasado 14 de noviembre en su sede central constituye, desde todo punto de vista, una declaración política por parte del gobierno, tanto de la Ciudad como nacional. El que los paladines de las “libertades democráticas” se llamaran al silencio durante, por lo menos, 15 días sobre este hecho es, como mínimo, una posición de complicidad. (...) Es que el Estado que condena a la miseria y la explotación y asesina diariamente al pueblo argentino (ya sea en el Puente Pueyrredón, en Cromañón o, lisa y llanamente, de hambre) también debe ser cómplice cuando se ataca a las organizaciones populares. (...) Por todo esto, desde el Frente de Estudiantes en Lucha manifestamos nuestra total solidaridad con los compañeros del PO. Llamamos también a todas las organizaciones del campo popular a redoblar la apuesta contra este gobierno hambreador y represor. Porque sólo así lograremos conquistar los legítimos reclamos del pueblo argentino: justicia, educación, salud, trabajo y salarios dignos. • ¡No a la represión estatal contra las organizaciones sociales! • ¡Viva la movilización y la lucha popular! • Por la construcción de una alternativa política propia para sentar al país sobre nuevas bases sociales, políticas y económicas

El gobierno kirchnerista se proclama cotidianamente campeón de las “políticas activas”. Es decir, de una intervención activa del Estado que —según ellos— beneficiaría por igual a los Techint y a los trabajadores. El resarcimiento a los banqueros, los superbeneficios garantizados a monopolios industriales y comerciales, y los subsidios que el presupuesto destina a todos ellos, y el pago anticipado al FMI dan cuenta de una parte de ello. Pero en lo que se refiere a los explotados, el gobierno despliega “activamente” una política de ataque sistemático, en primer lugar, al salario. De eso se tratan las paritarias “truchas” realizadas en el último año, que han convalidado la confiscación salarial arrancada desde la devaluación, así como la flexibilidad laboral de la década menemista. De eso se trata el congelamiento de haberes a jubilados y desocupados, así como el impuestazo a las “ganancias” (¡!) de los trabajadores que perciben más de 1.900 pesos. Finalmente, digamos que el gobierno de la “cultura del trabajo” está empeñado en quebrar la gestión obrera en las dos principales empresas recuperadas del país: Zanón y el Bauen. Para cerrar el dique de los reclamos, el gobierno ha pactado una tregua de verano con la burocracia sindical. Tiene patas cortas. La gran huelga aeronáutica cerró con un acuerdo transitorio; en marzo se reabre ese conflicto, junto a numerosas paritarias de gran importancia (UOM, alimentación, etc.). Y los congelados docentes vuelven a clase. La carestía creciente, alentada por el propio gobierno, es el acicate de las luchas que inevitablemente están a la puerta. Frente a ellas, la “política activa” del kirchnerismo ha sido confesada por Solá, al anunciar una legislación antihuelgas contra docentes y estatales. Los Kirchner y Miceli podrán tener “políticas” para los Coto o Repsol. También los trabajadores necesitamos nuestra “política activa” para defender nuestros salarios y conquistas: deliberar y resolver, en asambleas, un programa y un curso propio contra los explotadores y su gobierno. • 1.800 pesos de básico, por ocho horas de trabajo. • Universalización de los planes de empleo y aumento a 350 pesos. • 82% móvil para los jubilados. • Ajuste mensual por inflación de los salarios, jubilaciones y planes. • Expropiación inmediata de Zanón y el Bauen, bajo control de los trabajadores. • Blanqueo y elección de delegados en todas las empresas en negro. • Eliminación de todo impuesto al salario.

Después de una semana de trabajo a reglamento, los trabajadores de la papelera KCK de Bernal (perteneciente a la multinacional Kimberley Clark) obtuvieron importantes conquistas: extensión del premio a la producción (300 pesos) a todas las secciones de la fábrica; elevación de los viáticos a 9 pesos diarios (cobraban 6, reclamaban 12); elevación de los tickets canasta al 20% del sueldo (desde febrero). La patronal tuvo que aflojar porque, con las vacaciones encima, la única manera de mantener la producción era con las extras. Durante la semana que duró el conflicto, la patronal “apretó” colectiva e individualmente a cada compañero. Sin embargo, no pudo doblegarlos. La importancia de este conflicto es que es el primero que se registra en esta planta, abierta hace diez años. Quedan planteadas varias reivindicaciones; la principal, la recategorización de los puestos de trabajo.

La salvaje represión contra las doscientas familias que ocupaban el Barrio Fonavi en Puerto Vilelas —que no se detuvo ante mujeres o niños— dejó al descubierto el perverso mecanismo de los partidos patronales (PJ y UCR). En el año 2005, el gobierno tenía planificado hacer 4.500 viviendas. Pero inscribió como titulares a 50.000 personas sin viviendas y a otras 50.000 como suplentes. Las 4.500 viviendas se sortean, pero de esta manera, con apenas 4.500 viviendas, tienen agarradas de las b... a 100 mil personas con promesas. Las familias que fueron reprimidas en Puerto Vilelas y en Fontana se encontraban dentro de esta promesa electoralera. Las UCR y el PJ se reparten las viviendas de la misma manera que los planes Jefas y Jefes de Hogar y las mercaderías. Aunque no trascendió a la prensa nacional, en Barrio Balastro II de Fontana, madres con hijos, madres con niños discapacitados y ancianos fueron desalojados de sus viviendas a fuerza de balas de goma, itakazos y gases lacrimógenos. Los mismos métodos de Puerto Vilelas y de San Bernardo, donde desalojaron a familias campesinas. Hoy, estas familias instalaron una carpa frente al Juzgado de Villa Angela; su abogado defensor es el doctor Eloy Pereyra. Todo esto en medio de anuncios de un superávit de 400 millones de pesos en Chaco y del pago anticipado de 10 mil millones de dólares al FMI. El PO, junto a otras organizaciones como PCR, MTL, gremios docentes, UPCP, Cuba, salimos a la calle exigiendo la renuncia del ministro de Gobierno, Hugo Matkovich, responsable de la represión en todo el Chaco. Basta de repartir las viviendas entre el PJ y la UCR como si fueran mercaderías o planes Jefes de Hogar. Control obrero y barrial de las 10 mil viviendas que se van a hacer este año. Ante el déficit habitacional y teniendo en cuenta el superávit fiscal tanto nacional como provincial, exigimos un plan de 50 mil viviendas más la inmediata construcción del acueducto del norte, para llevar agua potable a todos los pueblos del Chaco. Poniendo en marcha esto se dará trabajo a más de 200 mil chaqueños, más los empleos indirectos que crea la construcción.

El miércoles 11 se nos fue Doña Chicha. Nos tomó por sorpresa porque hasta último momento se mantuvo en la calle luchando junto a los compañeros del Polo y del Partido Obrero. Doña Chicha, como la llamaban todos en el barrio, se caracterizaba por la prolijidad con la que encaraba todas las tareas. Tenía un cuaderno donde anotaba los aportes del Polo, otro cuaderno para la mercadería del comedor de su barrio y otro en el que asentaba el pago del periódico. Con esa transparencia se manejaba a donde quiera que iba, y reclamaba —con justa razón— cuando las cosas no se hacían de esa manera. “Cuentas claras...”, decía. En las asambleas y reuniones de Parque Liceo (barrio en el que vivía) era la primera en destacar la importancia de las movilizaciones y los cortes de ruta, y lo demostraba con su presencia en cada una de ellas (excepto “si hay que caminar demasiado”, pues su cuerpo ya no la acompañaba). Responsable como pocas, asistía a toda actividad a la que se comprometía. Así, estaba con la prensa en la puerta de fábrica o en una plaza, organizando bingos para recaudar el dinero siempre necesario... Doña Chicha era ejemplo entre sus compañeros. Compañera: los que militamos a tu lado, tu familia y tus amigos te recordaremos siempre con mucho cariño. ¡Hasta siempre, hasta la victoria!

Enarsa cerró convenios por diez años con la española Repsol-YPF, Petrobras (40% de su capital en manos de fondos norteamericanos) y Petrouruguay, para comenzar la búsqueda y exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino. El acuerdo comprende las áreas y bloques “off shore” que pertenecen a Repsol y a Enarsa, y abarca una superficie que va desde la frontera con Uruguay hasta la Cuenca Austral. Más claro: la “estatal” Enarsa ha decidido “compartir” con las petroleras las áreas que le fueron adjudicadas en el momento de su creación. Si aparecen reservas nuevas, la propiedad se distribuirá entre las cuatro socias, o sea, se enajenará una parte sustancial de los recursos energéticos nacionales. El ministro De Vido calificó el acuerdo de “estratégico” y el titular de Repsol, Enrique Locutura, fue aún más lejos, “estamos viviendo un gran día para la industria petrolera argentina” (que, como se sabe, está privatizada). Enarsa y Repsol tendrán una participación del 35%, Petrobras del 25% y Ancap del 5%. Las socias cubrirán las tareas de exploración e invertirán inicialmente 15 millones de dólares; si los resultados son positivos la inversión podrá elevarse hasta 100 millones. En ese caso, Enarsa deberá reintegrar el 35% de los recursos invertidos. Además, debe aportar los fondos destinados a la extracción y producción de los pozos, “los cuales podrían superar los 1.000 millones de dólares” (Clarín, 12/1 ). También se firmó un acuerdo marco, sólo con Repsol, para buscar petróleo en áreas cuya titularidad sean de alguna de las dos empresas. “Ambas iniciativas expresan que el vínculo entre el gobierno y Repsol se va afianzando notoriamente desde que la empresa está gerenciada por La Caixa, a su vez fuerte respaldo de José Luis Rodríguez Zapatero”, apunta Ambito Financiero del 12/1, que no se priva de señalar que el gran ausente en estos acuerdos es Petróleos de Venezuela, “que declaró reiteradamente su interés en la Argentina”. El nivel de regalías y el tratamiento impositivo serán iguales a los de las actuales explotaciones off shore de la Cuenca Austral. La cosa no termina aquí: De Vido anunció que es “el primer intento argentino para recuperar la renta petrolera”. Enarsa, en realidad, no es una empresa estatal sino una “sociedad anónima de capital privado”, sujeta al derecho privado (ley 19.550). De ese modo elude el control de los organismos propios del Estado (Sigen, Auditoría General, Oficina Anticorrupción) y del parlamento. Y puede contratar y asociarse de manera directa, por una simple resolución de su directorio. Diversos especialistas señalaron que falta un marco estable y transparente, justamente porque “las áreas de Enarsa no se licitan, sino que la empresa elige con quién se asocia para investigarlas”. Otra pegunta fue cómo se controlará al operador del bloque, que es Repsol (La Nación, 12/1).

Una gran marcha con 450 compañeros de todas las secciones, de rayos, de maestranza, administrativos, del Centro de Atención Primaria (CAP) que están de paro exigiendo el pago de los salarios y aguinaldos, se movilizó al Ministerio de Trabajo el martes 17, al grito de “¡A los ladrones del Hospital, a donde vayan los iremos a buscar!” y “Si lo tiran al Francés al bombo va a haber quilombo!”. El ministerio no se inmutó, no intimó a la patronal a pagar los sueldos o a presentar un plan de pago de los aportes jubilatorios que no depositan hace siete años y sí descuentan del sobre, ni trató el tema más preocupante, el vaciamiento del Hospital por parte de directivos inescrupulosos, chorros o cómplices, de guante blanco, que mientras dicen que no hay que hacer paros ni movilizaciones cobran suculentos honorarios y se niegan a mostrar las cuentas, los libros contables, permitiendo que avance el desguace de este centro de salud. Se votó seguir la lucha: el miércoles a la mañana se marcha al Ministerio de Salud y ya se habla de preparar una gran marcha a Plaza de Mayo. Los trabajadores del Hospital Francés realizaron la semana pasada masivas asambleas, paros, cortes de calle y marchas. No han terminado de cobrar sus salarios de diciembre, ni aguinaldos. Las obras sociales continúan abriéndose del Hospital. En medio de esta movilización hubo un sospechoso incendio, de madrugada, en la sección contaduría. ¿Alguien quiere ‘borrar’ pruebas? Es que nadie se explica cómo el Francés ha llegado a esta situación. Es un Hospital de primera línea, con 1.600 trabajadores calificados, importante aparatología, más de 100 mil afiliados propios, etc. Aunque los estatutos dicen que es un “hospital de comunidad”, es decir privado pero “sin fines de lucro”, hay grandes sospechas sobre la vieja gerencia. A los trabajadores les deben siete (7) años de aportes jubilatorios (los descontaban pero no los depositaban). ¿Qué relación tuvo con este vaciamiento el grupo Bapro? ¿Cómo es que el Hospital es pobre pero los servicios ‘tercerizados’ se forran? La “nueva” gerencia pide confianza, que no haya paros, y ofrece pagar con retraso y en cuotas. Esto fue rechazado por masivas asambleas generales. Los trabajadores eligieron una Comisión Fiscalizadora para abrir los libros e investigar el destino de los fondos. También se reclama que esta Comisión tenga derecho a asegurar que el destino primario de los ingresos sea el pago en fecha de los salarios. La Asamblea votó una marcha al Ministerio de Trabajo, a la que concurrieron más de 200. Pero el desguace continúa. Hay gerentes que renuncian y se llevan consigo carteras de obras sociales. ¿Se va a permitir que esto continúe? Se sospecha que se pretende decretar una ‘convocatoria de acreedores’ que habilite tomar medidas contra los trabajadores (despidos, cierre de sectores, reducción salarial, etc.). Por eso, es fun-da-men-tal que la Comisión Fiscalizadora revise los libros y diga toda la verdad sobre el estado patrimonial, el flujo de fondos, etc. El Francés no debe cerrar La Asamblea votó marchar también al Ministerio de Salud. El Hospital Francés no debe cerrar. Es un gran centro asistencial en una ciudad en la que cerraron importantes hospitales (Israelita, Del Valle, Antártida, etc.) en los últimos años. Para las gerencias y los grupos capitalistas se trata de un negocio; para los trabajadores, la pérdida de su fuente de trabajo; para la población, la pérdida de un centro especializado de salud. El Estado debe garantizar el inmediato pago de todo lo adeudado a los trabajadores. Ante la amenaza de cierre o convocatoria, el Estado debe mantener en funcionamiento el Hospital, bajo la gestión y el control de sus trabajadores. El pueblo porteño y el movimiento obrero combativo deben apoyar la lucha de los trabajadores del Francés.

Después de cuatro años de ausencia, Mercedes Sosa volvió a Tucumán a realizar un recital en la escalinata de la Casa de Gobierno. “La Negra” vino para apoyar la reelección de Alperovich. “Tucumán ha sabido votar y se está levantando”, dijo luego de reunirse con Alperovich. Tiene mala memoria. Alperovich fue ministro de Economía de Miranda; el actual secretario de Cultura, Mauricio Guzmán, fue funcionario de Bussi. Mercedes Sosa blanqueó el pasado de Alperovich y Guzmán, presentándolos como representantes de la “nueva política”. Esto, en momentos en que el gobierno está lanzado a monopolizar el negocio cultural en Tucumán. Por eso, la noche del recital los trabajadores de los cuerpos artísticos de la Provincia volantearon una declaración denunciando la política cultural del gobierno, que tiende a la privatización de la infraestructura cultural, a la inestabilidad laboral y a las persecuciones permanentes ante quien reclama.

La desaparición política en la práctica de Ariel Sharon ha agravado la crisis del régimen sionista. Apoyado por el imperialismo norteamericano, Sharon había formado un nuevo partido —Kadima— con la pretensión de jugar un papel de arbitraje político que ahora, con su desaparición, ha quedado en veremos. La ruptura de Sharon con su viejo partido, el Likud, se debió a su incapacidad para regimentarlo y para imponerle un acomodamiento al giro que el Estado sionista debía hacer frente a la Intifada y a los reclamos de Bush, que culminaron en el retiro israelí de Gaza. La iniciativa de Sharon tuvo en cuenta la fragmentación política de la burguesía sionista. Poco antes de la fractura del Likud, Amir Peretz había desplazado a Shimon Peres de la jefatura del laborismo. Peres se unió más tarde al nuevo partido de Sharon. El Likud, encabezado por Benjamin Netanyahu después del retiro de Sharon, continúa perdiendo votos. Shinui (“Cambio”), un partido de tendencia sionista liberal de derecha relativamente nuevo, que obtuvo el tercer lugar en las últimas elecciones, se ha despedazado. Su líder, Yosef Lapid, amenaza con retirarse de la política. La crisis ha llegado inclusive a Hadash, el frente electoral del PC israelí, donde la grieta entre la fracción de Muhammad Barake (que representa los sectores musulmanes del partido) y la de Hissam Mahul y Benjamin Gonen (que representa a cristianos y judíos) se ha profundizado y amenaza con fracturar el frente. Pero ahora, desaparecido Sharon, ¿quién va a asegurar que se siga su política? ¿Quién disciplinará al sionismo fragmentado? Ehud Olmert no tiene la autoridad política de Sharon, ganada en su larga historia de crímenes al servicio del sionismo. La burguesía sionista recibió la noticia de la internación y las sucesivas operaciones de Sharon con desesperación. La Bolsa de valores de Tel Aviv cayó a un 8% en las primeras 24 horas. La aparente estabilidad de la dirección de Kadima (se le asegura el apoyo de por lo menos el 30% del electorado) y el apoyo público de Bush a Olmert y Peres parecen haber devuelto a las cotizaciones los valores perdidos. Pero la profundidad de la crisis política del sionismo está muy lejos de haberse resuelto. La prensa se ocupa de la evolución de la salud de Sharon hora por hora. Es una muestra de la incertidumbre de un régimen en crisis.

El acuerdo de precios de Mastellone con Kirchner “es sólo por dos meses”, plazo en que “se van a analizar las alternativas que puedan plantearse, como el convenio laboral” (Página/12, 15/1). El mismo día, Héctor Méndez, de la UIA, pidió en la Casa Rosada “calma sindical” para poder “luchar” contra la inflación. El costo laboral de los “sectores transables” como la industria láctea, era, al tercer trimestre de 2005, “un 37% inferior al que debían afrontar antes de que se decretara la devaluación” (SEL Consultores; La Capital, 16/1). A la vez, el costo por unidad de producción era aun menor: “como lo sugiere la baja de la elasticidad empleo-producto (el porcentaje que aumenta el empleo por cada punto que aumenta el PBI), la productividad horaria del trabajo (intensificación del esfuerzo del trabajador) debe hacer crecido” (ídem). Además, a cuatro años de la devaluación, el precio de los alimentos relevados por el Indec acumula un aumento promedio del 120%, lo que incluye subas del 140% en el caso de los lácteos y otros productos; “a mediados de enero de 2001... se necesitaban algo más de 130 pesos para poder comprar 65 productos que componen la canasta familiar que mide el Indec y 48 meses después hay que desembolsar algo más de 285 pesos para obtener la misma cantidad de bienes” (Página/12, 15/1). Los acuerdos de precios no retrotraen los aumentos producidos, pero brindan el argumento para oponerse a los reclamos por el salario. Cuando Moyano dice que “un sueldo de 1.835 pesos lo cobra la inmensa mayoría de los trabajadores y está dentro del descuento mínimo” (del impuesto a las ganancias)” (Clarín, 8/1), está ignorando, cuanto menos, a la mitad de los asalariados, que está en negro y por debajo de los 831,55 pesos que marcan el supuesto mínimo para no caer en la pobreza. Para combatir el encarecimiento de la vida, los trabajadores no tienen otro recurso que reclamar los 2.000 pesos de mínimo y el ajuste mensual por inflación (escala móvil de salarios).

Luego de la lucha del año pasado, el gobierno y el Consejo de Administración del Garrahan han montado una ofensiva para quebrar la gran organización gremial interna del hospital. Por un lado, a doscientos compañeros se les están descontando, mes a mes, los días de paro. En algunos casos, los descuentos llegan a 600 pesos. Para la mayoría de ellos, el 20 por ciento de aumento salarial que obtuvimos quedó absorbido por los descuentos. La sanción es arbitraria: el paro del Garrahan nunca fue declarado ilegal. Junto al embargo de los sueldos, el gobierno y el Consejo persisten en las causas penales. Aunque la Justicia dictó la falta de mérito contra cuatro miembros de la Junta Interna de ATE, las causas penales no fueron cerradas. Hace poco, un compañero enfermero, jefe de la guardia, fue desplazado de su sector y se le abrió un sumario administrativo con un pretexto baladí. Ocurre que el compañero había apoyado públicamente el paro y oportunamente realizó denuncias en la Defensoría del Pueblo contra el Consejo de Administración por violar los derechos del niño hospitalizado. Los consejeros, los directores y los gerentes se llevaron la mejor parte del aumento salarial. El sueldo de un consejero supera hoy los 6.000 pesos. El Consejo de Administración del hospital es una representación política de los gobiernos de Kirchner y del desplazado Ibarra. Manejan fondos públicos por alrededor de 130 millones de pesos, a lo que debemos sumar la recaudación de la Fundación Garrahan, cuyos ingresos y utilización los trabajadores del hospital desconocen. O sea, una caja negra. El Consejo de Administración maneja el presupuesto sin ninguna clase de control. Es imprescindible su control e incluso su gestión por parte de los trabajadores, profesionales y no profesionales. Frente a estos ataques, la burocracia de la CTA y ATE no dicen nada. Por el contrario, fomenta expectativas en el gobierno. Hay una gran tarea por delante: lograr la devolución de los descuentos y la anulación de las causas penales a los compañeros que pararon e hicieron fuerte la lucha del Garrahan.

Tucumán es una provincia rica en recursos acuíferos. Sin embargo, el pueblo trabajador tiene que bañarse con un jarrito, o pagar agua en botellas, o enfermarse porque no tiene con qué lavar las verduras que va a comer. “Airadas protestas” Dos diarios de Tucumán publicaron, en menos de 30 días, casi 100 noticias relacionadas con la falta de agua. Esto habla a las claras de las precarias condiciones de un servicio esencial, de las condiciones de vida que soportan los trabajadores, y explica la epidemia de meningitis y hepatitis que atacó a la población infantil de las escuelas de Tucumán en diciembre. Pero el detalle está en que en todos los casos, la prensa registró el hecho porque los vecinos reaccionaron con los métodos que se han impuesto tras el Argentinazo: cortes de ruta y acciones directas (la “airada protesta vecinal”, como escribió un diario). Aumentos Hubo un incremento desmedido de las tarifas respecto de las tarifas base de la ex Dipos. Para los de “baja capacidad de pago” (más del 90% de los usuarios), el aumento fue del 20 al 60 por ciento para agua, mientras que para agua y cloacas fueron del 30 al 135 por ciento. Lo peor de todo es que disminuyó para usuarios de mediana y alta capacidad de pago hasta un 50 por ciento. Esto lo dice un trabajo elaborado por Defensa de Usuarios de Servicios Públicos (Dusep). Y agrega que la prevista revisión de la Tasa Básica Mensual Zonificada (TBMZ) y el revalúo de propiedades realizado por la Dirección General de Rentas “será justificación para una generalizada y discrecional suba tarifaria”. La salida del Partido Obrero El Dusep dice que “...se hace necesaria una política de saneamiento y la confección de un nuevo Marco Regulatorio y Cuadro Tarifario compatible con una eficiente prestación y tarifas al alcance de todos”. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto puede pagar un desocupado que vive de changas o del cartoneo? ¿O las 100.000 familias de 5 a 7 personas que reciben un plan de 150 pesos? ¿O los trabajadores en negro? Denunciamos que la obscenamente manipulada reforma de la Constitución no va a tratar el derecho al agua. La verdadera solución pasa por poner la empresa del agua bajo control de los trabajadores. Por un plan de obras que garanticen el derecho al agua en cantidad y calidad suficientes para todos, servicio que debe ser gratuito para quienes tienen ingresos menores a 900 pesos. Por la condonación y reconexión inmediata de los servicios cortados a los usuarios trabajadores. Las industrias y los grandes terratenientes —que utilizan descomunales cantidades de agua potable— deben pagarla; hoy la reciben gratis y sin ningún control. Cuando no la saquean, como el Ingenio Concepción, que riega cañaverales con decenas de pozos que bombean día y noche millones de litros de agua de la mejor calidad.

El gobierno de Tabaré Vázquez ofrece al análisis una ventaja indudable: su proimperialismo, su sometimiento formal a los Estados Unidos, no necesita ser demostrado porque la propia administración del Frente Amplio no sólo lo admite: además, hace gala de ello. Pero, para avanzar en ese sentido, para ir más allá que Lula o Kirchner, el FA uruguayo necesita destruirse a sí mismo: las crisis y las rupturas ya golpean las puertas del señor Vázquez. Primero fue el Tratado de Inversiones con los Estados Unidos. Ahora se avanza más y ya se anuncia un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Washington, que convertiría a Uruguay en un ariete norteamericano contra Brasil y Argentina. Peor aún, el canciller, Reinaldo Gargano, desmintió con énfasis que tal cosa estuviese sucediendo, pero rápidamente el ministro de Industria, Jorge Lepra, habitual portavoz de Vázquez, lo desmintió a él, de modo que Gargano tiene a la vista la puerta de salida. Gargano, conviene recordar, es el presidente formal del Partido Socialista, al cual pertenece Vázquez. El Movimiento de Participación Popular (MPP), de los ex tupamaros, se opone mayoritariamente al tratado con Washington, pero sus principales dirigentes, los senadores José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, lo respaldan con énfasis. En cuanto al Partido Comunista, su mesa nacional se ha opuesto al Alca, pero la secretaria de esa organización, Marina Arismendi, ministra de Desarrollo Social, no dice ahora esta boca es mía. Por su parte, Lepra no integra grupo político alguno y en Uruguay no se tenía idea de que fuese votante de la izquierda. Es amigo de Vázquez y extrae su experiencia de su condición de ex presidente de la multinacional petrolera Texaco y ejecutivo de la Cámara de Comercio Uruguayo-Norteamericana. En otras palabras: es el mejor representante de la política del Frente Amplio.

- ¿Cuándo se formó Alerta Núñez? -Fue después del gran golpe que recibimos con la muerte de Lucila (Yaconis). Ante un hecho grave una puede seguir teniendo miedo o luchar. Nosotros decidimos luchar contra la impunidad y la injusticia. Y nos organizamos cuadra por cuadra, armamos redes para controlar qué pasa en el barrio. No nos sirvió de mucho pero demostró que hay funcionarios que no hacen lo que tienen que hacer. -¿Por qué decís que no sirvió de mucho? -La muerte de Elsa corrobora que no estábamos lejos de la verdad. Les avisamos que en la zona había un condenado por violador y que había ataques, y nadie nos llevó el apunte. Llevamos datos de otras violaciones. Y en un caso caratularon intento de robo cuando a la chica no le roban nada y sí la llevan 20 pisos en un ascensor y la acosan. Pedimos al ministro del Interior que en cada comisaría atendiera las denuncias una persona idónea y de sexo femenino. No pasó nada. En la última reunión Elsa les dijo al comisario y a la fiscalía: “tengo miedo, tengo una hija”. Da bronca, esa cierta impunidad que sentís en los funcionarios, esa displicencia. Perdimos una amiga y su hija fue violada y perdió a su madre. A nadie le importó. A mí se me cayó un país, se me cayeron todas las instituciones. Pero si seguís peleando por lo menos no sos cómplice. -¿Ante quiénes habían denunciado la situación? -La policía, la fiscalía, el juez, el ministro de Justicia... Tenemos las cartas-documento que mandamos a Ibarra, a Aníbal Fernández. Estaban avisados. -¿Por qué algunos culpan a los cartoneros? -En una violación duele tanto la chiquita cartonera como esta chica, sólo que la de clase media sale en la tele y la otra no. Pero desde la política es más fácil presentarnos como antagonistas a la clase media y a la clase baja. -¿Se reforzó la seguridad policial en el barrio? -Cuando fue lo de Lucila nos mandaron caballos, perros, cuatriciclos, caminaban por las vías. Fijate vos que hoy es el segundo fin de semana y ya hay menos movimiento policial. Según ellos, tienen menos gente. -¿Qué pasó en la reunión con el Gobierno de la Ciudad? -Dijeron que se iban a ocupar de la parte psicológica de la nena y les pedimos que le dieran una pensión. Dijeron que sí. Vamos a ir sabiendo qué les dan. Telerman se comprometió a poner cámaras y que la zona sea más vigilada. Compromisos del día después que te dejan un gusto amargo. A mí no me modificó mucho las cosas, ¿por qué siempre el día después? Lo bueno es que noté mayor participación en los vecinos, el lunes el cacerolazo fue impresionante. Esto nos sobrepasó. Están todas las instituciones quebradas; cuando la Justicia, la política, la seguridad no son creíbles, ¿en qué creés? Hay que ser consciente de eso.

El PTS se caracteriza por una falsa combatividad y un oportunismo sin límites. En la última asamblea de afiliados votaron con Foessitra en contra del acuerdo salarial y de la reducción de la jornada de trabajo sin presentar un solo argumento válido. El PTS se ha caracterizado por ser una de las pocas corrientes del gremio que no han aportado nada para la construcción de una nueva Federación Nacional. Denunció que el aumento incluía el artículo 15 cuando éste se paga y se incorpora al básico de convenio incluyendo la reducción de la jornada de trabajo, que era el motivo original del reclamo judicial por el artículo 15. Pretendió ignorar que el tema del divisor de las horas seguía en discusión. En las asambleas de edificio fueron variando de posición, en los plenarios de delegados se abstuvieron y recién en la asamblea general de afiliados plantearon su oposición al acuerdo junto con Foessitra. El PTS representa en todas las situaciones a los intereses particulares de la secta en contradicción con los intereses de conjunto de la masa explotada que lucha.

San Jerónimo. El verano en Santa Fe es difícil de llevar. Más de 50º de sensación térmica, aire caliente, mucha humedad y la frutilla del postre: los mosquitos. Como todos los años, los barrios periféricos y más populosos de Santa Fe son desabastecidos de agua y luz. La privatización de los servicios públicos ha vaciado a las empresas y las obras jamás se han efectuado. Al escándalo de Aguas Provinciales se le suma también el de la EPE. El 10 de enero fue uno de esos días en que no se puede vivir. Desde las 5 de la mañana, el Fonavi San Jerónimo tenía cortada la luz; el día anterior había faltado el agua y la luz se cortaba de a ratos. Llegando a la tardecita, un grupo de vecinos nos autoconvocamos en la plaza central. Allí realizamos una asamblea y decidimos cortar el Puente Carretero. A pesar de las promesas se especulaba que la luz no volvería hasta el 11 al mediodía: la radio ya lo anticipaba. Volvimos a recorrer las manzanas anunciando que nos íbamos a la ruta; al llegar veíamos cómo se sumaban los vecinos, ya éramos más de 300. Estuvimos hasta que la luz volvió, cerca ya de las 22 horas. Fue una victoria aplastante y la enseñanza fue general. Corte de ruta y asamblea. Al día siguiente la empresa, por primera vez en su historia, llegó con un generador especial de energía, lo que hace doble la victoria. Esta experiencia nos debe servir ahora para continuar organizándonos por los reclamos del barrio.

Cansados de esperar justicia, los peludos de Bella Unión ocupamos tierra para trabajar. No fue una decisión caprichosa. Agotamos todas las instancias de diálogo (...) sólo hemos recibido promesas incumplidas. Si sumamos a esto la situación insostenible por la que estamos atravesando, no es difícil entender que nuestra paciencia ha quedado colmada. ¿Qué hacer?: Negros nubarrones cubren los cielos de Bella Unión. Había 9.000 hectáreas de caña plantada... quedan 3.000. Las zafras de siete meses quedaron reducidas a dos meses. De 450 productores que había, quedan 124. Los salarios cayeron en más de un 50%. Los niveles de desocupación subieron a más de un 80%. (...) La pobreza hace estragos entre las familias trabajadoras (...) El hambre atenaza los estómagos... Mueren niños de hambre: el más horrendo de todos los crímenes cometidos por el capitalismo. Las poblaciones miserables brotan como hongos (...) Las casas de nosotros, los pobres, están vacías: todo lo vendimos para mal comer. En situación tan desesperante, sólo la tierra puede salvarnos. (...) Hoy con nuestra ocupación de tierras estamos defendiendo al Instituto de Colonización de la feroz embestida de especuladores sin escrúpulos que se están apropiando ilegalmente de las tierras, no para trabajarlas sino para utilizarlas como mercancía de compra-venta. Los 326 productores que se fundieron, perdieron sus tierras, que pasaron a manos de un pequeño grupo de agiotistas y usureros que les compraron la hectárea a 100 dólares y hoy la están ofreciéndo a más de 1.200... Los votamos con una gran esperanza. Señores gobernantes: ¿hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Cuándo se van a acordar de nosotros los de abajo? Hasta ahora en Bella Unión se han visto beneficiados los mismos que siempre estuvieron colgados de la teta del gobierno, sangrando al pueblo que trabaja y lucha. ¿Hasta cuándo? Somos trabajadores: rechazamos las limosnas, queremos trabajo. El país productivo del cual ustedes tanto han hablado será posible si —entre otras cosas— expropian las cientos de miles de hectáreas improductivas que son productivas... si se las quitan a los especuladores y a los explotadores y las ponen al servicio de los hombres y mujeres que quieran trabajarlas. (...) Convocamos a la población de Bella Unión a defender la lucha por tierra para los trabajadores, así como defendimos a las agroindustrias (...). Luchemos por trabajo y dignidad para todos. Tiemblan los de arriba. Los de arriba y los de no tan arriba, los de derecha y muchos no tan de derecha, nos miran de reojo y no se comprometen demasiado aconsejándonos que marchemos más despacio (...) su gran miedo es que nuestro ejemplo de lucha prenda en los trabajadores explotados del país. Y que si las tierras no se entregan, los hombres y las mujeres que desean trabajar las ocupen. Si se cumple con todo lo prometido, no hay que temer. Si el gobierno quita las tierras de manos de los parásitos, si las entrega a los trabajadores junto con herramientas, créditos, semillas, asesoramiento no habrá una ocupación más. De lo contrario... (...) Nuestras ideas. Las bebimos en el Reglamento de Tierras de Artigas, que vio la luz hace casi doscientos años... y en las enseñanzas dejadas por ese formidable luchador por la tierra y contra la pobreza que se llamó Raúl Sendic (...). ¡Arriba los que luchan! ¡Toda la tierra al servicio de los trabajadores y del pueblo! ¡Viva la ocupación! Utaa (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas) - Soca (Sindicato de Obreros de Calnu, Artigas) - Apaarbu (Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión) - Unatra - PIT-CNT Bella Unión, Artigas, 15 enero de 2006 (extractado para su publicación)

El oro tocó su máxima cotización en un cuarto de siglo. Los fondos de pensión, los de cobertura, grandes inversores privados y hasta bancos centrales han triplicado desde julio sus tenencias de ese metal. Ese festín es un síntoma virulento de la crisis: “Los inversores pueden estar atesorando oro como protección frente a posibles turbulencias en los mercados financieros” (Clarín, 10/12). Las consultoras de Wall Street prevén que puede subir un 60% más todavía en 18 meses. En la Argentina, no pocos buitres están de fiesta, y los primeros son los de la camarilla de Kirchner, asociada íntimamente con la industria minera. Las acciones de Anglogold, que explota Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, treparon de 34 dólares en junio a 46 en la actualidad: 35 por ciento en cinco meses. Según la consultora Abeceb, los desembolsos mineros concentraron este año el 41 por ciento del total de inversiones destinadas al sector primario, con 1.700 millones de dólares. La explotación minera en nuestro país es puro saqueo de recursos naturales: “La actividad, bajo protección de la Ley de Inversiones Mineras de 1993 y los decretos de 2003 y 2004, sólo tributa un máximo del tres por ciento del valor extraído en boca de mina...” (Perfil, 11/12). Además, la minería recibe aquí devolución del IVA a las inversiones en exploración, no paga derechos de importación de maquinaria e insumos y no está obligada a liquidar divisas dentro del país. A Kirchner ni se le pasa por la cabeza derogar estas leyes y aumentar la tributación de los pulpos mineros.

Nuestra lucha comenzó varios meses atrás, estando convencionados en Comercio. Desde siempre supimos que éramos telefónicos por las tareas que realizamos de soporte técnico y mesa de ayuda para Arnet Highway de Telecom. Nos reunimos en Foetra Buenos Aires planteando que se nos reconozca como tales y se inició un planteo en Telecom y el Ministerio de Trabajo. Pero las negociaciones estaban estancadas por la empresa. Esto derivó en una fortificación interna y un aprendizaje cotidiano de organización. Se decidió conjuntamente unirse a la última lucha salarial de los telefónicos. El paro de actividades fue total, sólo 5 trabajadores (sobre 293) no se sumaron. Cuando se levantó la medida, se logró con el gremio y la empresa un pre-acuerdo para nuestro encuadramiento sindical y convencional. El 2 de enero se firmó un acta que encuadra a los 293 trabajadores en el convenio 567/03 E de Telecom. Actualmente las condiciones laborales vienen cambiando rápidamente. Se logró entre otras cosas 10 segundos entre llamadas, la reducción de la jornada a la misma extensión que tienen todos los telefónicos, un aumento de más del 50% y la compra de nuevos equipos para cumplir con las normas de seguridad e higiene. Paralelamente se está preparando la elección de delegados. Recordemos que Arnet es un de los sectores con mayor crecimiento en esta multinacional, ya que atiende todos los reclamos de banda ancha y próximamente atenderá el nuevo negocio de transmisión de voz por Internet (IP). Nuestra lucha ha incentivado a otras empresas tercerizadas del grupo Telecom. Además, si sumamos el reclamo de los trabajadores telefónicos de Atento, demuestra que el gremio se está poniendo de pie contra el tercerismo.

Se viene el cambio: con este slogan de campaña, los partidarios de Binner martirizaron a la población durante la pasada campaña electoral. Pero el presupuesto 2006, votado por todas las bancadas, es igual al de 2005. En realidad, como consecuencia de la inflación, es mucho menor. ¿Cómo van a enfrentar los gastos de salud? ¿Cómo van a pagar la asistencia social? ¿Cómo van a enfrentar la creciente desnutrición infantil? El Estado municipal se desentiende de los desastres que crea el régimen social al que representa. En la localidad, hay despidos regulares en Verbano, Celulosa y otras fábricas. ¿Cuál es la política del Municipio de defensa de los trabajadores? El Municipio “lamenta” los despidos pero no quiere pronunciarse. ¿Cómo lo va a hacer si en la Municipalidad hay cientos de compañeros que trabajan en negro por 150 pesos, más un pequeño plus, sin vacaciones, sin aguinaldo, ni seguro de vida? El Municipio “da trabajo”, pero al estilo de un paraíso asiático, de la forma más negrera y explotadora. ¿Cómo el Ejecutivo municipal va a reclamar la vigencia de las leyes laborales si es su primer violador? Frente al reclamo de nuestras compañeras por la falta de agua potable en el barrio Copello, los funcionarios dicen que no son de su responsabilidad los casos de diarreas a repetición, las descomposturas, el corte permanente del suministro. Lo que sí parece ser su responsabilidad es disponer un férreo control policial frente a las madres solteras que con poco y nada intentan atender a sus chiquitos. Aquí sí el Municipio tiene un accionar rápido y directo a través de sus asistentes sociales que culpabilizan a las madres de la miseria, las enjuician e intentan arrancarles sus chiquitos. El Partido Obrero denuncia esta política de ajuste contra el pueblo. Proponemos Derogación de los impuestos al consumo. Impuestos directos y progresivos a las ganancias empresarias; que se abran los libros de las empresas. Plan de obras públicas para las barriadas obreras, que genere cientos de puestos de trabajo, utilizando mano de obra desocupada. Con presupuesto emanado de impuestos progresivos a las empresas y a las grandes fortunas que están acumulando los exportadores. Pase a planta permanente de todos los compañeros que perciben un plan social y desenvuelven tareas municipales. Construcción de la escuela para el barrio Copello. Instalación inmediata del agua corriente en barrio Copello bajo control de obreros y vecinales. Construcción de comedores populares bajo control de las organizaciones de desocupados que luchan. Atención médica integral gratuita y obligatoria y solución con dieta balanceada por especialistas de los cientos de casos de desnutrición. Plan de viviendas para mujeres con hijos y sin pareja; reclamamos que se resuelva la situación de las decenas de mujeres que padecen situaciones de violencia doméstica, que tienen sus hijos con problemas nutricionales, sin vivienda digna. Fuera la asistente Carmen Burgos, que actúa como gendarme y control policíaco sobre las mujeres indigentes. Eliminación de todas las intimidaciones de pago de impuestos por parte del Municipio frente a las familias de bajos recursos o con salarios por debajo de la canasta básica familiar.

La firma del “Tratado de protección de inversiones” con Bush —que entre otras cosas prepara el predominio de los bancos norteamericanos en las inminentes privatizaciones de las cuatro grandes empresas públicas uruguayas— desató una ola de protestas y conatos de rebelión en lo poco que queda de la base militante del Frente Amplio. Los jefes de los partidos y grupos del “ala izquierda” del centroizquierdismo en el gobierno, tuvieron que jugar toda su autoridad para impedir un “levantamiento” de las bases, y aún así, lo mejor que se podrá decir de ellos es que lograron una victoria pírrica, incluyendo tener que apelar (desde la presidencia del MPP) al desalojo policial de las barras de frenteamplistas que colmaron el recinto parlamentario y que al grito de “traidores”, amenazaban con aplicar la “acción directa” sobre los “compañeros legisladores”. Empieza la crisis en la superestructura MPP. Por abrumadora mayoría la dirección formal del Movimiento de Participación Popular (ex MLN-Tupamaros) se opuso a la firma del Tratado; por primera vez en muchos años, el tándem de Mujica (ministro de Ganadería) y Huidobro (senador) fue derrotado ampliamente. Los límites de esa derrota fueron acotados por la propia fracción triunfante, que se limitó al reclamo de que el Tratado se discuta en un congreso extraordinario del FA que se realizará a fines de febrero. Ni siquiera se animaron a darle a su bancada (la más grande del FA) la directiva de no votar el Tratado. Delegados de base. El plenario del Frente Amplio reunido a fines de noviembre terminó abruptamente cuando los “delegados de base” presentaron una posición casi unánime reclamando la convocatoria de un congreso extraordinario para debatir en “la interna del FA” el Tratado con los yanquis. La mesa del plenario desestimó el reclamo y los delegados se marcharon dejando sin quórum al plenario. PCU. Mientras los jefes del Partido Comunista —con la ministra Marina Arismendi a la cabeza— trataban de atenuar la reacción de su base alegando “las mejoras” que habían introducido al acuerdo original pautado por el ex presidente Batlle, la base llenaba de pintadas los muros de Montevideo en contra de la firma del Tratado. Esta reacción contra el Tratado llevó al senador Lorier (el mismo que votó a favor del operativo Unitas con los yanquis y que se fue de la sala para no votar en contra del tercer envío de tropas a Haití) a recordar los “principios” y declarar su oposición en el parlamento. Partido Socialista. La amenaza pública por parte del diputado Chiflett (veterano dirigente del PS y el parlamentario más antiguo del FA) de votar en contra desató la neurosis en la dirección del PS, el partido del presidente Vázquez. Chiflett terminó denunciando las presiones en el parlamento y renunció a la banca, lo que fue seguido de una campaña por parte de grupos y adherentes del PS, pintando los muros en apoyo a la conducta del renunciado diputado y de acusación contra el resto de la bancada. Burocracia sindical. Aunque viene avalando sin fisuras la política antiobrera y antinacional de “su” gobierno, no pudo disimular el repudio de la clase obrera ante el pacto con Bush, y tuvo que delimitarse con una campaña de prensa contra el Tratado, junto a la Feuu (estudiantes universitarios) y la Fucvam (cooperativa de viviendas), en la que denuncian el carácter antinacional del acuerdo con el imperialismo, aunque sin denunciar a los responsables nacionales de la capitulación. La crisis por abajo El marco en el cual se inició la crisis en la “interna del FA” fue la tenaz y masiva movilización callejera por la liberación de los cuatro militantes encarcelados en la marcha contra la presencia de Bush en Mar del Plata y la firma del Tratado por Tabaré Vázquez. En los cuarenta días que duró su encierro, innumerables actos y marchas recorrieron casi todo el país; por su masividad, revelaban la indisimulada adhesión de la base frenteamplista, a pesar del riguroso cerrojo que los partidos del FA le impusieron a esta lucha. El PCU nunca reivindicó la libertad de los presos y la burocracia del PIT-CNT se tomó quince días para sacar un comunicado, en el que no incluía el reclamo de la libertad, cosa que sí tuvieron que hacer tres días después. Sólo en Montevideo, seis movilizaciones masivas (la última con más de 6 mil manifestantes) “convencieron” al gobierno centroizquierdista a gestionar la liberación de los presos políticos, ante la evidencia de que la reacción popular no se iba a detener. El Partido de los Trabajadores intervino en las movilizaciones y piqueteó con su prensa las empresas y barrios obreros, exigiendo al gobierno la convocatoria de un plebiscito para que el pueblo decida si acepta o no el acuerdo colonial con el imperialismo. En esta tarea, registramos que para un importante sector de los jóvenes y los trabajadores frenteamplistas, la firma del Tratado y los presos políticos eran la estación terminal de sus ilusiones en el gobierno izquierdista, cuanto menos en lo referido a esos puntos. La combinación del Tratado colonial y los presos políticos del gobierno “progre” actuó como un revulsivo que le ha hecho “perder la inocencia” a la base obrera y juvenil del Encuentro Progresista-FA. La tradicional “siesta” del verano uruguayo no debe confundirse con un reflujo de la lucha obrera y popular. Las heridas abiertas por el Tratado; el proceso contra los militantes excarcelados; el fracaso de los consejos del salario y el inminente ataque contra los funcionarios públicos, y la privatización de las empresas estatales, plantean en 2006 la irrupción en la escena de la clase obrera y su fusión con los reclamos generales del pueblo trabajador, en un período que estará determinado por el fin de las expectativas pasivas en el “progresismo” y la profundidad de la crisis capitalista que ya ha hecho fracasar el ilusorio “país productivo”, principal bandera del gobierno del frente popular “a la uruguaya”. Pocas horas después de todo esto, echando sal sobre las heridas, el ministro Astori anunció que el gobierno del FA busca firmar “cuanto antes” un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

La instalación de las dos papeleras es fruto de un largo proceso. Con el auspicio del Banco Mundial, desde el ’92 se viene propiciando un “cambio” sustancial en la producción forestal uruguaya, que ha aumentado la friolera de 14 veces. Más de 450 establecimientos rurales dedicados a la cría de animales o a la agricultura han sido comprados por los que, se sabe ahora, son los dueños de Ence y Botnia, y también de la “papelera uruguaya” Fanapel, hoy en manos inglesas. La española Ence explota 50.000 hectáreas de monocultivo de eucaliptos en Fray Bentos. Hoy se sabe que las empresas forestales Colonvade y Los Piques (que compraron 95.000 hectáreas de tierras en Tacuarembó, Paysandú y Rivera) son personeras de la gran papelera norteamericana Weyerhaeuser. Ya en 2004 los efectos de la hiper-forestación uruguaya se hacían sentir. Hubo un petitorio de centenares de chacareros denunciando “los brutales impactos ecológicos negativos de las nuevas plantaciones”, “la creciente extranjerización de la tierra” y “el uso de mano de obra semiesclava por parte de Forestal Oriental”, que no deja entrar a ninguna organización sindical a sus establecimientos. Hoy se sabe que Forestal Oriental es una subsidiaria de la Botnia finlandesa. (Carta de los chacareros de camino Sadam, Cerro Alegre, Ruta 14 y Paraje Prense; Mercedes, 7/8/04.) El Frente Amplio y los tratados de “Libre Comercio” Las multinacionales papeleras ya tienen recorrido un larguísimo camino hacia sus propósitos de colocación en el mercado mundial de más de 1.500.000 toneladas anuales de celulosa. La construcción de las dos plantas es el último eslabón. A pesar de que tanto en Argentina como en Uruguay hay enormes ventajas para las inversiones extranjeras, en exoneraciones fiscales y otro tipo de prebendas, el Grupo Botnia, antes de intervenir en Uruguay, fue mucho más lejos y el 21 de marzo de 2002 logró que entrara al parlamento uruguayo un texto donde condicionaba su presencia en el país a la aprobación de un tratado particular que verdaderamente era una humillación económica y política para Uruguay. En ese tratado, el Estado uruguayo se compromete a compensar “cualquier tipo de daño causado por posibles contaminaciones” y además se compromete a que la zona del puerto de esas papeleras sea una “zona franca”. Con la firma de ese tratado la Botnia será un verdadero Estado dentro del Estado. La comercialización en el mercado mundial de la pasta de celulosa de esas plantas será incontrolable para el gobierno uruguayo, destruyéndose así el remanido argumento del ingreso de divisas por la exportación. Este tratado, pomposamente llamado de “reciprocidad económica”, entre Finlandia y Uruguay, “caminó velozmente” por los pasillos del parlamento uruguayo. El 15/10/03 fue aprobado por el Senado y el 4/5/04 se aprobó en la cámara de Diputados. La aprobación se hizo con el apoyo unánime de blancos y colorados y la oposición de los diputados del Frente Amplio (FA), que fue un verdadero saludo a la bandera. En el FA, el tratamiento de las papeleras era motivo de intensa discusión interna pues ya sabían que esas empresas estaban quedándose con las tierras de medio Uruguay y que después vendría la instalación de las plantas. Por eso fue muy debatido si había un compromiso “de Estado”, o sea, si el FA se comprometía a cumplir los acuerdos establecidos por los anteriores gobiernos. Los adalides del cumplimiento de los “acuerdos de Estado” y los que inclinaron la balanza interna fueron Huidobro y Mujica, dos guerrilleros arrepentidos que hoy juegan un destacado papel en el gobierno del FA. Ambos encabezan hoy, vergonzantemente, la defensa de la instalación de las papeleras, con vulgaridades del estilo de que al Río Uruguay “lo pudre el sistema y no las papeleras” (Mujica), o que la izquierda uruguaya que se opone a las papeleras es “cholula y está colonizada por los porteños” (Huidobro). Con este tipo de defensa y las garantías dadas al Banco Mundial, las multinacionales papeleras comenzaron las obras. Los acuerdos “bilaterales” de comercio no debutan hoy; el FA le da continuidad a la política de relaciones carnales con las patronales imperialistas que tenia el gobierno de Batlle. “Las venas abiertas de América Latina” La monstruosa producción de pasta de celulosa va a producir una inmensa contaminación ambiental en la zona costera de Río Negro, Colonia y Entre Ríos. Las plantas succionarán del Río Uruguay unos 70 millones de litros de agua diarios y devolverán 68 al río pero a una temperatura de 80 grados, con una carga contaminante que afectará la flora, la fauna y el turismo zonal. Amén de que las plantas quemarán casi 10 millones de metros cúbicos de gases, con su consecuente efecto invernadero y la llamada lluvia tóxica. Como apreciará el lector, los intereses económicos que están en juego exceden largamente los emprendimientos turísticos del tipo Las Cañas o del Parque Municipal de Fray Bentos o el Ñandubaizal de Entre Ríos, o la primitiva y artesanal actividad que unos cientos de pescadores desarrollan para sobrevivir. Como una ironía de la historia, fue un uruguayo el autor de un excelente libro que se aplica perfectamente a la construcción de las papeleras de Fray Bentos. Eduardo Galeano denunció en Las venas abiertas de América Latina que la voracidad de las empresas imperialistas saqueaba las riquezas naturales de América y, una vez que terminaban de sacarle el jugo, abandonaban el país dejando una secuela de muerte, hambre y retraso. Lo demostró con la explotación del salitre en Chile, con el guano en el Perú, con la minas de plata de Bolivia, con el petróleo en Venezuela, con el caucho en Brasil. Ahora lo mismo pasa con la desaforada forestación y con las plantas de celulosa, que dejarán exhaustas las tierras y costas uruguayas, como ya ocurrió en Pontevedra (España) y en Valdivia (Chile), en todos los casos sin ningún beneficio para los trabajadores. Galeano denunció en su libro uno por uno a los gobiernos que fueron cómplices de esta monumental entrega. El gobierno FA utiliza los mismos viejos y remanidos argumentos de todos los gobiernos que cedieron a las patronales imperialistas: la creación de empleos y la obtención de divisas. Si no lo denuncia Galeano, otros lo denunciaremos. Kirchner y las papeleras En Prensa Obrera ya denunciamos la inmensa cloaca que significa el Paraná con sus once papeleras arrojando los efluentes de 750.000 toneladas de fabricación de pasta de celulosa, y más de 50 fábricas de los cordones industriales de Zárate, Campana, Villa Constitución y San Lorenzo contaminando desde hace 40 años el río, y la nula intervención del gobierno nacional. Denunciamos la caradurez del menemista Busti, que permite actuar impunemente a la Iby, una papelera que figura entre las más negreras y contaminadoras del Paraná. El gobernador de Misiones se ha llevado las palmas dando una idea más que “original”: “que las papeleras se instalen en mi provincia”, que es el paraíso de la contaminación ambiental. Pero la escandalosa demagogia del gobierno de Kirchner va encontrando su límite y se va a transformar en un búmeran. Los piquetes en los puentes de Entre Ríos ya constituyen un gran problema para el gobierno argentino, que ha hecho del antipiqueterismo su caballito de batalla. El gobierno de Kirchner observa con preocupación a estos sectores medios que acuden al piquete, aunque sin reivindicar a los piqueteros. Dicen que es el “último recurso” frente al avance de las obras. Pero también para los piqueteros, éste fue su “ultimo recurso” para reclamar, cuando ni siquiera hay un patrón a quien hacerlo. Cuando quede expuesta la propia entrega del gobierno argentino, los piquetes van a hacerselos al propio Busti. El “No a las papeleras” va arrojando luz sobre la realidad de que el gobierno uruguayo apoya a las patronales imperialistas que operarán en su suelo, y el argentino a las viejas y negreras patronales papeleras argentinas que van a ser absorbidas o quebradas cuando se inicie la monstruosa producción de la Ence y la Botnia, con una mejor tecnología y en un lugar mucho más accesible al mercado mundial que Puerto Piray o Santa Fe. En poco tiempo, varias papeleras argentinas pasarán a manos de estos grupos internacionales, que explotarán y contaminarán indiscriminadamente tanto en Argentina como en Uruguay. El “No a las papeleras” debe ser una lucha común de los trabajadores argentinos y uruguayos y una denuncia común a sus propios gobiernos.

1) 35% de aumento sobre los básicos de convenio. El aumento va de los 400 a 500 pesos según la categoría, y se incorpora una suma adicional para cubrir los descuentos y retenciones que se producen con el blanqueo de esta suma al básico. De esta forma no se ve reducido el 35% de aumento real (de bolsillo). Las categorías más bajas —1 y 2, que son momentáneas y vuelcan automáticamente a la categoría 3— reciben el 35% de aumento y un adicional de 50 pesos por viático. También se produce un aumento reducido de la antigüedad y de la guardería, que se encontraban congeladas. 2) Se reduce la jornada de trabajo de 8:15 a 7 horas para todos los grupos laborales; la especialidad de tráfico (atención de llamadas) pasa de una jornada de 7:30 a una de 6:30 horas diarias. La reducción de la jornada de trabajo sin afectar el salario comienza con 45 minutos menos y 30 en tráfico a partir del 1 de marzo y continúa con 30 minutos menos para todos los grupos laborales a fines de 2006 y principios de 2007. 3) No hay cláusula de “paz social” ni absorción de futuros aumentos. Se pagan todos los días de “asamblea permanente” y paro. 4) Se crea una categoría 6 para favorecer el ingreso al convenio de los técnicos y “fuera de convenio”, ampliando la escala salarial. 5) En los sindicatos del interior se avanza, además en el aumento y la reducción horaria, con una recategorizacion general (obtenida por Foetra en el conflicto anterior), con el objetivo de eliminar hacia arriba las diferencias generadas por la empresa en trabajadores que realizan las mismas tareas.

Uno tras otro, todos los intentos del gobierno de Obeid para evitar que Suez abandone Aguas de Santa Fe se estrellaron. El último y definitivo fracaso fue la “disolución” de la compañía que votó la asamblea de accionistas el último viernes. Ahora, contra su voluntad, el servicio de aguas y cloacas ha quedado en manos del Estado provincial, que ya anunció que preparará una nueva privatización. El “paso intermedio” entre Suez y los nuevos prestatarios servirá para que la provincia se haga cargo de las deudas dejadas por los franceses y realizar las “obras de infraestructura” que éstos nunca hicieron. Para “atraer” a los nuevos saqueadores, el gobierno ya autorizó una suba tarifaria del 35%. Reclamamos: • Estatización del servicio bajo control, gestión y administración de la asamblea de trabajadores. • Que se ejecuten, por incumplimiento contractual, las garantías de APSF. • Emergencia Sanitaria: camiones de agua potable a todos los barrios necesitados; camiones atmosféricos donde se carece de cloacas. • Devolución del 13,85% a todos los usuarios con los recargos e intereses; que los funcionarios paguen con sus bienes. Indemnizaciones a los usuarios por cortes de luz y agua. • Plan de Obras Públicas financiado por un impuesto directo a las ganancias de las grandes empresas exportadoras, bajo control, gestión y administración obrero-vecinal: agua, cloacas y trabajo para todos. • Plan de acueductos que provea de agua potable: Santa Fe a Tostado (Norte) y Rosario a Rufino (Sur), abasteciendo a 153 localidades desde el río Paraná. • Juicio y cárcel a los funcionarios involucrados en el saqueo de Suez al patrimonio popular. Inhibición de sus bienes.

En la última edición de Prensa Obrera, en el artículo referido al repudio de la bancada del PO de Salta al fraude realizado por la burocracia en el sindicato docente provincial, se dice por error “Fraude en la Asamblea Provincial”. Debía decir “Fraude en la ADP”.

Las perpetuas de Fanchiotti y Acosta no eran inevitables. Al contrario, el 95% de los crímenes del Estado contra el movimiento popular siguen en la impunidad. La condenas por la masacre de Avellaneda son, en consecuencia, el resultado de una formidable lucha. Empezando por la reacción popular de masas del 27 de junio de 2002 ante la heroica convocatoria del propio movimiento piquetero, cuando la sangre de los muertos y los más de 40 heridos estaba caliente todavía. Luego, el 3 y el 9 de julio de ese mismo año, hasta que Duhalde adelantó su salida. Año a año, más piqueteros y trabajadores, con picos de 40.000 y 50.000 personas en 2003 y 2004, desbordaron el Puente cada 26 de junio. Movilizamos en cada fase fundamental del juicio. Tal vez lo más importante fue que quebramos la maniobra de Kirchner, que pretendió cooptar a los familiares de los compañeros asesinados y al MTD en una presunta “Comisión Mixta”. Ni hablar del enorme sacrificio de los ex compañeros de Maxi y Darío que cortaron cada mes el Puente. No hubo punto final El curso del juicio hizo emerger los testimonios de Aníbal Fernández, de Soria, de Vanossi, de Oscar Rodríguez, que el propio tribunal giró a las querellas contra Duhalde, Solá y nueve funcionarios más, para establecer las responsabilidades políticas. Se giraron también los testimonios de Jaunarena y de Genoud. El puñado de testigos oficiales dio pistas inequívocas de que hubo una operación de Estado: “Atanasof instigó a la mano dura”, o “los policías leen los diarios, escuchan las radios, son influenciados por un clima político”. Kirchner no abrió los archivos de la Side, ofreció sólo recortes periodísticos. Saltó el espionaje ilegal —vulnerando la Ley de Inteligencia del Estado— contra la Asamblea Nacional de Trabajadores, como maniobra preparatoria urdida por Vanossi y el gabinete para acusar a la dirección piquetera de atentar contra la Ley de Defensa de la Democracia, causa que duerme en el juzgado de Oyarbide, pero que reservaba la cárcel no para Fanchiotti y Acosta, sino para nosotros, los luchadores. Todo este material engrosa hoy la querella contra los funcionarios políticos. El propio tribunal, al eximir de declarar a Duhalde, Solá y tantos otros funcionarios por estar procesados en otras causas, jerarquizó esas causas y ahora las enriqueció con este cúmulo de testimonios y pruebas. No hay punto final. La perpetua a los asesinos abre una nueva etapa de lucha. Ante todo porque así se lo ha propuesto el movimiento de lucha y los familiares.Segundo porque hay cuatro causas en curso: los heridos de la avenida Mitre, por los cuales está preso el sargento Leiva; el allanamiento ilegal al local de la ex IU, también con heridos de bala; las querellas sobre once funcionarios encabezados por Duhalde y Solá, y también la apelación de la condena a Hernán Gurián, indisoluble de esta lucha por el juicio y castigo. El fallo salva al régimen político El fallo y el alegato del fiscal describen un plan orquestado, solitariamente... por dos policías, Fanchiotti y Acosta. Esto explica que al jefe de la Departamental, Félix Vega, y a todos los partícipes de un plan criminal que cobró 33 heridos de bala acreditados ante la Justicia, sólo se los acuse por “encubrimiento”. No hubo condena por los golpes y torturas en la Comisaría de Avellaneda la noche de la represión, tampoco por la ocupación policial ilegal del Fiorito, donde es reducido Gurián por Vega y los demás condenados, mientras Fanchiotti daba una conferencia de prensa. ¿Tampoco la habrá sobre la entrada ilegal a balazos limpios en el local de la ex IU? Allí, nuestro compañero Manuel Herrera recibió cuatro postas de plomo. No hay condena por la decisión y el planeamiento político de la masacre. Al Estado, el fallo lo critica “por no controlar mejor la agresión a la propiedad”, léase las vidrieras rotas y el ómnibus quemado, que fueron parte de la operación de los servicios, como lo hemos denunciado largamente. No se investigó la operación de Estado como tal, destinada a echarle la culpa a los piqueteros: “ellos planificaron voltear a un gobierno en la ANT, rompieron todo”, dice un informe oficial, “fueron armados, se pelearon entre ellos y como consecuencia de eso mataron a dos”. Un valioso testimonio, de Nora Cortiñas, da cuenta de que en la tarde de la represión le habló a Solá, quien le contestó: “Esté tranquila, señora, que fue una gresca entre ellos”. Solá se acababa de reunir con Fanchiotti. Los desafíos de la próxima etapa Para La Nación, “el veredicto ordenó investigar a funcionarios y ex funcionarios por sus responsabilidades políticas, pero es poco probable (ya que) Kirchner no formó la comisión para investigar más arriba, (y) por eventuales encubrimientos, el resultado de las elecciones o el esquema de poder actual, no es factible que una investigación en lo sucesivo apunte más arriba” (10/1). Es la línea oficial. Que todo termine en lo actuado. Se condenaron los “excesos”; por ello se lo condenó también a Gurián. En esta línea podrían endurecerse todavía fallos contra la lucha popular. Pero la gran movilización piquetera y las definiciones tajantes de Vanina Kosteki y Alberto Santillán han instalado el reclamo de llegar a los responsables políticos. No fue casual la presencia en la sala de la sentencia de Laura Ginsberg, de Apemia, de familiares de Cromañón, al lado de Nora Cortiñas y otros representantes de derechos humanos. Por ello, el 24 de marzo lucharemos para que la consigna sea “30.000 desaparecidos, Cromañón, Puente Pueyrredón, Basta de Impunidad, Libertad a los presos políticos”. Y en ese camino impulsaremos asociar la lucha de la comisión del Puente con los familiares que luchan por cárcel a Ibarra, Chabán y todos los responsables de Cromañón. También con los familiares de la Amia y con la lucha contra el gatillo fácil. La cárcel a la Bonaerense legitima al movimiento piquetero, lo refuerza frente a la colosal ofensiva desarrollada estos años para aislarlo, desprestigiarlo, reprimirlo y desarticularlo mediante la cooptación. Reivindica a los mártires populares y los métodos piqueteros, encarcela a sus verdugos. Los movimientos llegaron a este fallo histórico dispersos y no apreciaron el valor de esta lucha. Algunos, como la CCC, ni estuvieron en Lomas; otros movilizaron “delegaciones”; un grupo dividió en el Puente Pueyrredón por razones faccionales, el MTD llevó el faccionalismo a la agresión contra sus ex compañeros. La movilización a fondo del FPDS y el Polo Obrero estuvo a la altura de las circunstancias durante todo el juicio. Un buen balance, la unificación piquetera alrededor del planteo de paritarias por todas las reivindicaciones, la asociación con la clase obrera en lucha y la independencia política del gobierno pagador del FMI y hambreador de los trabajadores, puede explotar este logro para asestar nuevos golpes en favor de los trabajadores y llevar sus luchas a la victoria.

El BPN ha votado un documento político que orientará sus pasos y contribuye a dar un curso a todo el movimiento piquetero. Rescata el papel jugado por la unidad piquetera todo el año reclamando aumento y defendiendo la organización y reivindicaciones de los desocupados, su asociación con la clase obrera en lucha y la denuncia del pago al contado al FMI en los masivos cortes de ruta del 27 de diciembre, que lo colocaron como la mayor oposición política a la entregada de Kirchner. Caracteriza el objetivo político del gobierno de reprimir y desarticular el movimiento independiente, tanto entre los cuerpos de delegados y sindicatos clasistas que se levantan contra la burocracia de las centrales, como entre las organizaciones piqueteras que no aceptan la cooptación al Estado. Pero coloca en el inventario de 2005 la grandes huelgas obreras, todas con métodos piqueteros, de aeronáuticos, Metrovías, Garrahan, Foetra, que perforan la tregua de Moyano, DeGennaro y Cía. Y, por el lado del movimiento piquetero, el haber arrancado decenas de presos de las cárceles de Kirchner y haber conseguido las perpetuas de los asesinos del Puente Pueyrredón, para ir ahora por el castigo a Duhalde, Solá y todos sus funcionarios. El documento plantea el eje de las paritarias para quebrar la política del gobierno y luchar con el favor popular por las reivindicaciones pendientes frente a la inflación y la falta de trabajo de vastos sectores, asociando el reclamo a un programa de conjunto que tienda a organizar al trabajador precario, en negro y a todos los explotados en común. Con estos objetivos propone una campaña única de agitación por los 1.800 pesos de mínimo, los 350 pesos para todos los desocupados, el 82% para los jubilados y la intervención en todas las luchas para llevarlas a la victoria, preparando un Congreso Unico de la clase obrera en lucha y el movimiento piquetero con el método de las siete ANT. Este documento será difundido por el Polo Obrero entre todo el activismo y propuesto en la primera reunión del año del movimiento piquetero y así en todas las provincias.

Chacareros opositores a la Federación de Productos (que nuclea a las diferentes cámaras por localidad) se han rebelado contra la cámara empresarial de los grandes pulpos del empaque y la exportación (Cafi). Reclaman un “un precio base de aproximadamente 0,25 dólares por kilo”. Ocuparon la sede de la Secretaría de Fruticultura (en Allen) para presionar durante las reuniones de la Mesa de Contractualización (en la que no participan); y vienen realizando cortes de ruta desde mediados de diciembre. ¿Y la clase obrera? El reclamo de los obreros de la fruticultura se desenvuelve a la sombra de esta puja. La paritaria de los trabajadores de la cosecha y de las chacras (afiliados a Uatre) comenzó el 2 de diciembre. La Federación de Productores terminó ofreciendo 25,91 pesos por día (ni siquiera el mínimo garantizado por el ex Estatuto del Peón) más un 7% por permanencia. Uatre reclama 33,15 pesos por día (más el 7%). Así, e l sueldo mensual de un obrero rural apenas estaría sobre el índice de pobreza... ¡para una tarea de 2 ó 3 meses al año! La paritaria de los trabajadores del empaque —en el Sindicato de la Fruta— está paralizada, ante la negativa de la Cafi a considerar el aumento de 30% sobre la escala salarial pasada, más un 20% sobre la productividad. Los trabajadores del empaque, con una importante tradición de luchas, manifiestan una voluntad combativa. Ahora es el momento Con el nuevo año se entró en la “etapa de definiciones”. El 16 de enero comenzó la cosecha de pera y 15 días después comenzará la de manzana. Los productores se han lanzado a la ruta y decenas de cortes impiden el movimiento de los camiones con frutas. Se imponen los “métodos piqueteros” y el corte “duro”. Han detenido camiones cargados, obligándolos a descargar en plena ruta, desparramando la fruta y quemando los cajones. Las direcciones gremiales conformaron una Intersindical (a la que sumaron a los camioneros, y a los trabajadores de frigoríficos) que pretende llevar la protesta lo más lejos posible del Valle (“comenzaremos bloqueando el acceso al puerto de San Antonio” y si es necesario (¿?) bloquearemos también los galpones”, dicen sus voceros). Pero los tiempos de los trabajadores son otros. Numerosas asambleas de rurales en distintas localidades consideraron que es necesario bloquear los galpones. Desde el sábado 14 comenzaron el bloqueo de más de 20 grandes galpones de empaque y de numerosas chacras, impidiendo la salida y entrada de camiones con fruta. También comenzaron —de hecho— un paro de actividades en las chacras, que los gremios aún no decretaron. Desde el Partido Obrero planteamos la necesidad de unificar la lucha de los trabajadores de la cosecha y el empaque por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Paro general de actividades. No levantar la cosecha sin la paritaria firmada. Bloqueo de los galpones para que no puedan sacar la producción. Elijamos delegados en todas las chacras. ¡No a las cooperativas truchas! Ahora es el momento de golpear a fondo contra la Cafi y la Federación. Reclamemos a los pequeños productores que integren a su reclamo el de los trabajadores del empaque y la cosecha, lo que nos permitiría golpear juntos a la gran patronal frutícola, abriendo una perspectiva de triunfo para todos. Hay que abrir los libros de los grandes pulpos para hacer público adónde van las ganancias de la fruticultura. Por un precio sostén garantizado por el Estado para los pequeños productores y financiado con un impuesto de emergencia a los pulpos exportadores.

Ya les he agradecido por habernos acompañado durante nuestra pesada lucha. Hoy, nuevamente les quiero agradecer por habernos apoyado el día de la sentencia. También les quiero decir que nuestra lucha todavía no ha terminado, que ahora nos queda pelear contra la mafia de esta Argentina. Les quiero pedir que no bajen los brazos y que sigan poniendo fuerza para que los que nos estuvieron cagando la vida desde que existe la democracia, los que nos dejan sin trabajo, los que nos dejan sin salud pública, los que nos mandan a reprimir, los que nos mandan a matar, vayan tras las rejas como se lo merecen. Les quiero pedir humildemente que nos sigan apoyando en esta terrible pelea contra: • Eduardo Duhalde, que en 2002 era el Presidente de la Nación. • Juan José Alvarez, secretario de Seguridad. • Luis Genoud, ministro de Seguridad de Buenos Aires. • Jorge Vanossi, ministro de Justicia. • Alfredo Atanasoff, jefe de Gabinete. • Jorge Matzkin, ministro del Interior. • Carlos Ruckauf, ministro de Relaciones Exteriores y Culto. • Carlos Soria, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side). • Oscar Rodríguez y Edgardo Beltrichi, jefes de la Bonaerense. Tenemos que meter tras las rejas a estos mafiosos, vendepatrias, asesinos. Tenemos que seguir peleando para que esto no siga pasando, y lo más importante: tenemos que demostrarle al gobierno corrupto que nosotros no somos como ellos y que con la lucha social vamos a sacar el país adelante. Gracias nuevamente a todos por apoyarnos y darnos fuerzas para salir adelante, porque nada está perdido.

El 5 de enero nos movilizamos al Municipio junto a otras organizaciones piqueteras (CUP, MTD Lomas, Víctor Choque, MTL, etc.). Fue el inicio del plan de lucha de la Coordinadora de los comedores populares. Con la presencia de 250 compañeros y un pliego reivindicativo superior a lo que conseguimos, la primera movilización del año al “nuevo” gobierno local fue muy importante y recogió la simpatía de los trabajadores municipales (cuyo sindicato arregló con Rossi un aumento no remunerativo de 60 pesos; los compañeros nos plantearon que están debatiendo retomar las medidas de lucha). También se solidarizaron vecinos y comerciantes, sobre los cuales el gobierno municipal descargó el impuestazo de fin de año. El petitorio que presentamos incluía el mejoramiento de la calidad y el aumento de la cantidad de alimentos para los comedores, materiales para infraestructura, botiquines, etc. Reclamamos puestos genuinos de trabajo para todos los desocupados mediante el ingreso a las obras públicas que se han anunciado (algunas ya están en marcha). Reclamamos también la eximición de impuestos a todas las familias desocupadas o que no cubran el costo de la canasta familiar. Luego de dos horas de corte en la puerta del Municipio, fuimos atendidos por el secretario de Acción Social y obtuvimos los siguientes compromisos, que en algunos casos ya se han cumplido: zapatillas, garrafas, bloques de cemento y otros materiales de construcción, libros. En relación con los alimentos, hay un compromiso de mejorar y aumentar las entregas a partir del mes de enero. La medida tuvo una fuerte repercusión en los medios locales (radios, diarios y TV), donde difundimos nuestro petitorio y denunciamos que el gobierno paga millones al FMI a costa de las necesidades de los trabajadores. El plan de lucha continúa.

Si terminaste la leche, levantá la taza Darío, por favor. ¿Ya hiciste los deberes? Bueno, está bien, podés salir al patio, no vayas a la calle. Qué chico éste, me pregunta si puede llevar la pelota de trapo, claro, hijo, podés. No olvides, tenés que entrar cuando veas las primeras luciérnagas. Sí, podés invitar a Maxi, no preguntes bobadas. El patio, amparo de paredes, olor a café con leche. Ramas quebradas por pelotazos, no importa. Paredes de patio y luz de luciérnagas, tus dimensiones infantiles. El tiempo ríe en su carrera desbocada. ¿Hay olor a pólvora y humo de gases? ¿Maxi está caído y no podés ayudarlo?, no dejes que cierre los ojos, hablale, abrazalo fuerte, no dejes que se duerma. Estoy llegando, no te encuentro, el patio está vacío, la pelota en un rincón... No dejes que Maxi se duerma. ¿También se te cierran los ojos? Ya llego, no tengas miedo, ya llego... Vienen las luciérnagas, es hora de volver. Son muchas, ya llego, esperame hijo. No, Darío, no dejes que las luces entren en tu cuerpo, no te engañes, no es el sol, hijo. Por qué no me dijiste, amor, que buscabas el sol, ¿por qué no me dijiste que lo buscarías con Maxi en el andén tres de Estación Avellaneda?

La movilización de este martes 17 a la Legislatura no sólo rodeó de una presencia popular el comienzo del juicio a Ibarra. Tuvo, también, la función fundamental de disputarle las calles al gobierno: para ese mismo día, el ibarrismo pretendió consumar “un abrazo” a la Legislatura, en apoyo a su jefe suspendido. Se valieron de todos los recursos de la coacción estatal, como la concurrencia compulsiva desde las reparticiones y micros, a razón de cuarenta pesos por cabeza en las villas. Punteros radicales y kirchneristas aportaron lo suyo, con el sostén de varias burocracias sindicales. Los familiares y partidos de izquierda se concentraron desde las 9 horas en la esquina estratégica de Avenida de Mayo y Perú. Durante todo el día, se desarrolló allí una vasta agitación. A las cinco de la tarde, comenzó la “convocatoria” ibarrista, que pretendió avanzar sobre Avenida de Mayo para consumar su “abrazo”. Pero un férreo piquete protagonizado por el Polo Obrero, la Fuba y otras organizaciones defendió la esquina de Perú, con los principales dirigentes de los familiares de Cromañón a la cabeza. Quedó claro que el “abrazo” de los punteros tendría que pasar por sobre todos nosotros. Ante esta determinación, la marcha ibarrista tuvo que desviar su rumbo y terminar bastante lejos de la Legislatura. El piquete de este martes contrasta con la pusilanimidad de toda la oposición patronal de la Ciudad, que tolera la agitación que desarrolla Ibarra con todos los recursos del Estado. Para los opositores legislativos, la suerte de Ibarra depende de pactos políticos, donde —por sobre todas las cosas— los Chabán y sus émulos queden en pie, con o sin Ibarra. En cambio, en la jornada de hoy defendimos el auténtico capital de la lucha de Cromañón: la movilización popular consecuente. Esa es la ruta que puede asegurar, no sólo la destitución de Ibarra, sino el desmantelamiento del régimen que condujo a la masacre de Once.

El martes 27, en el marco de cortes de rutas en todo el país, denunciamos al gobierno Kirchner que paga al contado 30.000 millones al FMI, una cifra que volcada a la Obra Pública de salud, educación, vivienda e infraestructura, asestaría un golpe decisivo a la desocupación. Al mismo tiempo, niega el aumento a jubilados, desocupados, docentes y estatales, como se aprecia en las cifras congeladas del presupuesto 2006. El Bloque Piquetero Nacional impulsa un Congreso Unificado de toda la clase obrera en lucha y el movimiento piquetero independiente del gobierno, para contribuir a la victoria de todas las luchas en curso por un salario equivalente a la canasta familiar, por su actualización frente a la inflación, por 350 pesos para todos los desocupados, por trabajo para todos mediante el fin de la flexibilidad laboral, del trabajo en negro, y el respeto y la reducción de jornada para crear trabajo genuino. La Mesa Nacional aclara que la agrupación Cuba ha dejado de pertenecer al Bloque Piquetero Nacional, colocándose fuera de él como se pudo apreciar en la reciente movilización del día 27 de diciembre en la que el Bloque hizo su presentación reclamando paritarias para los desocupados a fin de discutir todas sus reivindicaciones: puestos genuinos, aguinaldo, aumento, viviendas populares, etc. Por la Mesa Nacional Néstor Pitrola (Polo Obrero) - Antonio Bitto (MTR 12 de Abril) - Beto Ibarra (MTL)- Hugo Cáceres (UTL)- Gustavo Munizaga (M 29) (3/1)

El sentido de este día Es de reivindicación, De rechazo y petición Tener un trabajo digno Con un salario decente Es derecho de la gente No al trabajo cruel No a la servidumbre Ni a la incertidumbre Todos tenemos derecho No a la discriminación Sí a la transformación Igualdad y justicia Trabajo digno y seguro, Seguro mejor futuro

El 6 de enero se derrumbó el frigorífico Metán y con él parte del edificio lindero correspondiente a la fábrica de zapatillas Shoes. El derrumbe produjo la rotura de un caño de transporte de amoníaco lo que hizo absolutamente tóxico todo el ambiente en cuadras a la redonda. De un lado, 15 personas salvaron su vida sólo porque uno de los trabajadores comenzó a sentir el crujido de una pared que hacía tiempo se venía deteriorando. Del otro lado, 280 trabajadores de la fábrica de calzado pudieron escapar por una escalera que los alejó de una pared que se derrumbaba. Sólo la fortuna hizo que no pasaran transeúntes y vecinos por la puerta, sobre la que se derrumbó toda la fachada del edificio. Los testimonios coinciden en que tanto sobre el techo del edificio del frigorífico (que data de 1923) como dentro del mismo había un excesivo peso: toneles, cámaras refrigerantes y otras maquinarias ubicadas en la terraza del edificio de tres pisos. Ya había varias denuncias por escapes de amoníaco. Los trabajadores denunciaron que las fisuras de una de las paredes que provocó el desmoronamiento eran visibles desde hacía tiempo. Telerman rápidamente salió a hablar de una explosión y a decir que se trataba de un “accidente”. O sea que en la ciudad de Buenos Aires un edificio de tres pisos que ocupa un perímetro de 1.000 metros cuadrados se derrumba “por accidente”. Al mismo tiempo, salió a decir que la burocracia de la Dirección de Habilitaciones estaba cubierta, cuando ese organismo está denunciado como corrupto y deliberadamente negligente desde la masacre de Cromañón. Telerman no es más que otro funcionario-empresario criminal que defiende las bases sociales de un régimen que se derrumba, literalmente. Este derrumbe pone nuevamente de manifiesto el carácter criminal de la organización de control de la ciudad. No sólo se permiten el trabajo en negro, las malas condiciones laborales, la falta de controles sobre materiales tóxicos, sino que además se autorizan, siempre para garantizar el lucro capitalista, condiciones edilicias que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y de los vecinos. El derrumbe de Boedo es otro emergente de la Ciudad República de Cromañón. La ciudad en manos de los Telerman, los Macri y los Ibarra sólo tiene para ofrecer el riesgo permanente sobre la vida de los vecinos, los trabajadores y la juventud. El Argentinazo alumbró en el barrio de Boedo un ejemplo de organización asamblearia que debe ser retomado para que los vecinos organizados pongan en el banquillo de los acusados a todos los responsables de la ciudad Cromañón.

Un campamento que agrupará a los estudiantes secundarios, universitarios y jóvenes de los barrios que encabezaron las grandes luchas de este año. Será una instancia para formarnos colectivamente en los cursos que se dictarán: “La Concepción Marxista del Estado” y “La Revolución en América Latina”. También estamos preparando los clásicos campeonatos de fútbol, vóley, truco y ajedrez; y no te olvides de traer la malla, que el río está para el chapuzón. ¡No te lo pierdas!

La rotunda victoria electoral de Evo y del MAS y las futuras medidas de gobierno que éstos adoptarán una vez que asuman el mando de Bolivia tienen muy nervioso al gobierno Bush y también a los “amigos” izquierdistas de Latinoamérica. La prensa informaba que uno de los primeros jefes de Estado en comunicarse con Evo para felicitarlo por su triunfo político sobre el derechista Quiroga fue Néstor Kirchner. Tanta “ansiedad” y “simpatía” por Evo tienen sus razones: Kirchner está preocupadísimo por saber qué hará el futuro gobierno de Bolivia con la “cuestión de los hidrocarburos”. Por lo pronto, un aumento del precio de exportación del gas boliviano, en el cuadro de la crisis energética que vive la Argentina, pondría en serios aprietos a la “recuperación capitalista” de Kirchner. Pero el meollo de tanto interés por parte del gobierno Kirchner en la situación boliviana lo puso de relieve el subsecretario de Estado norteamericano, Tom Shanon, cuando declaro a la prensa que “confía en que el gobierno brasileño, y en menor grado, la Casa Rosada, influyan en la situación boliviana para resguardar sus propios intereses económicos y de seguridad, los que coinciden hasta cierto punto con los estadounidenses” (La Nación, 18/12). Shanon se refería, cuando hablaba de los intereses económicos que debían defender Brasil y Argentina, a los intereses económicos de los pulpos petroleros Petrobras y Repsol. La Nación del 20/12 informaba que “De todas las petroleras que operan en Bolivia, Repsol es la más expuesta”. Como se puede apreciar, la “intervención” de Kirchner en la “situación boliviana” no es a favor de la lucha del pueblo boliviano por la nacionalización de los hidrocarburos y de su independencia económica y política, sino que tiene como objetivo reforzar la explotación y el saqueo de la nación boliviana en manos de los pulpos petroleros. Una vez más comprobamos que la tan mentada unidad de los pueblos latinoamericanos sobre bases capitalistas sólo beneficia y refuerza la dominación imperialista y de sus lacayos “nacionales y populares”. La única perspectiva histórica viable para acabar con la opresión y el saqueo imperialista de nuestros pueblos es la Unidad Socialista de América Latina.

A pocas horas del comienzo del juicio de la Legislatura, Aníbal Ibarra se lanzó a una abierta agitación política en favor de su restitución. El “suspendido” asiste a cuanto acto público —nacional o de la Ciudad— se realice en la Capital. Los familiares y amigos de Cromañón han enfrentado esta provocación con escraches y denuncias. Como parte de su campaña, Ibarra ha salido a recabar el apoyo de Binner y de Juez; el “socialista” calificó a la eventual destitución de Ibarra como una “barbaridad”. De todos modos, el principal sostén político de Ibarra continúa en la Casa Rosada: “dialoga seguido con Néstor Kirchner y está en contacto fluido con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández” (Ambito, 5/1). El interinato de Telerman En ese cuadro, el “interino” Telerman ha comenzado a “delimitarse” de Ibarra. La intervención al Hospital Moyano (destituyendo a un elemento ibarrista), la postergación del aumento de tarifas en los parquímetros y de la millonaria licitación del mobiliario urbano “fueron vistas como gestos de desautorización al ibarrismo” (La Nación, 10/1). La división entre Telerman e Ibarra traduce, principalmente, una crisis política al interior del kirchnerismo. Frente a la alianza entre Ibarra, Alberto Fernández y el PJ porteño, Telerman se ha alineado con los “patagónicos” De Vido y Zanini que “involucran negocios multimillonarios con intereses políticos y económicos en juego” (La Nación, ídem). Telerman ha iniciado negociaciones con el Banco Mundial y De Vido en torno de un “nuevo sistema de tránsito”, que podría reflotar los proyectos de (carísimas) playas subterráneas en el microcentro. Pero la decisión más relevante del interinato Telerman ha sido la restitución del Bauen a favor de sus vaciadores. El “interino” se propone gobernar con Kirchner y también con Macri. Un mes intenso Aunque Telerman pretenda mostrarse como “garante” de la gobernabilidad de la Ciudad, su interinato “no convence”. Salvar a Ibarra sería incluso una forma de postergar divisiones hasta 2007 (Clarín, 2/1). El inicio del juicio, este martes 17, plantea también el inicio de una gran agitación popular por la destitución de Ibarra y por el desmantelamiento del Estado de Cromañón, que se prolonga en los Telerman y sus “interinos”.

Después de un año de combate a gran escala contra la Ley de Educación Superior y por el salario docente, junto a los trabajadores en lucha por sus reivindicaciones y por una alternativa obrera y socialista, la Unión de Juventudes por el Socialismo mediterránea se va de campamento con el objetivo de preparar el nuevo período. En el Campamento —de cuatro días— se darán dos cursos de formación política, que se dictarán paralelamente. El primero sobre la teoría marxista del Estado; el segundo sobre el proceso político que se desarrolla en América latina, los gobiernos de frente popular y nacionalistas, las rebeliones populares y el programa de la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional y el PO. Serán cuatro días de reflexión y debate, con pileta incluida y fiesta de fin de campamento. Vamos preparando el bolso. Viktor

El puesto del Partido y el Polo Obrero en la “feria piquetera” de Mar del Plata no es uno más entre los 70 restantes. Entre artesanías varias, velas, jabones, ropa, etc. elaborados por los piqueteros marplatenses, y muy naturalmente para todos, se encuentra nuestro stand, con nuestros materiales: El Obrero Internacional, la Prensa Obrera, los libros, folletos y los videos del Ojo Obrero. Algún compañero feriante podría pensar que está desubicado, pues ninguno de estos está “elaborado” por un proyecto “oficial” del Polo, tal cual es el lema de la feria. Sin embargo, ni en la comisión que la controla, ni en las asambleas, nadie ha planteado ningún reparo a “la mercadería”. En esta feria tiene varios puestos Barrios de Pie y la Secretaría de Desarrollo Social, Cáritas, pero tampoco se salvan a la hora del ofrecimiento de los materiales; hasta algún Concejal se ha retirado con su ejemplar bajo el brazo. El stand del PO es, además, uno de los que más “visitas” y consultas recibe. El primer día de venta de la prensa, con el atractivo de su titular (“Mujeres...”), casi nos quedamos cortos, en la cantidad que exhibimos. En el rubro libros el “ranking de ventas” es liderado, entre los autores, por León Trotsky, y entre sus obras por La Revolución Permanente. ¿Qué tal con los veraneantes de la “Feliz”? La iniciativa de la Regional ha sido un acierto.

El MPN ha declarado que la expropiación de Zanón “no está contemplada en la convocatoria de la Constituyente”. Esto empalma claramente con la represión llevada a cabo el día de la asunción de los constituyentes contra quienes nos movilizamos junto a los obreros de Zanón. No puede llamar la atención. El temario de la Constituyente ha sido parido por la misma Legislatura que ha rechazado una y otra vez la consideración del tema. La convocatoria admite la posibilidad de adaptar la Constitución a la política de saqueo y entrega de recursos de la provincia en beneficio de los grandes pulpos, en particular petroleros (una entrega que el gobernador del MPN ha resuelto hasta ahora sobre la base de los decretos de “necesidad y urgencia” y la pasividad o la compra directa de la oposición), pero no la expropiación de Zanón. La convocatoria habilita provocar un vuelco reaccionario del régimen político, con la excusa de un “Estado barato”, pero no la expropiación de Zanón. Según una información no desmentida, el proyecto de expropiación de la planta “fue adoptado y tiene el apoyo del denominado interbloque de los 16” (Río Negro, 11/1). Pero este interbloque, con la presencia protagónica de la CTA, no ha movilizado a nadie. El MPN y los radicales quiroguistas acaban de enviar a archivo el proyecto. Pero Zanón ha vuelto a estar en la agenda política de la provincia. Convocar a una gran movilización política y a un plan de lucha para arrancar la expropiación de Zanón bajo gestión de sus trabajadores está a la orden del día. Los dirigentes de Zanón y el sindicato ceramista han planteado: “Necesitamos un plan de lucha de todos”. Una movilización política por la expropiación de la planta rompería con la política de impotencia del bloque que se presenta a sí mismo como oposición del MPN, cuya “línea” es defender la “vieja” Constitución del ‘57 (como si bajo su imperio la provincia no haya sido saqueada hasta el cansancio y un tercio de la población esté hoy bajo la línea de pobreza). Zanón, la planta ocupada y bajo control de sus trabajadores desde hace años y constantemente amenazada por los capitalistas, no ha merecido un minuto de atención de los diputados nacionales o de los legisladores de Neuquén. Le han dado la espalda a un reclamo que tiene importancia estratégica para el conjunto de la clase obrera. Pero los trabajadores deben convertirla en su propia consigna. Golpear sobre este gran tema para ganar al conjunto de la población y abrir otro escenario para los reclamos populares contenidos. Como ejemplo vale la condena de los asesinos de Santillán y Kosteki, tras la persistente movilización de los piqueteros y familiares; lo mismo ocurre con los familiares de Cromañón, por el juicio a Ibarra y la cárcel a Chabán.

Gracias a la valentía de los chicos, se ha descubierto en Barrio Gaona una de las mayores redes de prostitución infantil del Conurbano bonaerense, que viene funcionando desde hace años en la Plaza La Maestra, Jumbo, Morón y Villa Tessei. Tomó como víctimas a decenas de chicos, hijos de trabajadores y desocupados. Su principal responsable es Claudio Loza, que actúa desde hace años con toda impunidad. Junto a los padres, chicos y vecinos tomamos este problema y lo estamos sacando a la luz. Lo denunciamos ante sus propios vecinos, obligamos a la comisaría de Tessei a tomar las denuncias, a presentarlas a la fiscalía de Morón, que debe ordenar la inmediata captura del pedófilo. Durante años Loza vino haciéndolo ante los ojos de varios “distraídos” y cómplices que le brindaron impunidad. Este depravado sigue en libertad; la Policía y la Fiscalía le están dando tiempo para borrar las pruebas de sus delitos. Delitos que se cometieron a una cuadra de la sala donde está la asistente social que debe proteger a los niños; de la Iglesia del Valle que está frente de la plaza; de la Escuela Nº 31; de un lugar concurrido como Jumbo, y de la Comisaría móvil de Sabatella que funciona en el Club San Martín, a media cuadra de donde se levantaba a los niños. ¿Quién protegerá a nuestros hijos? Nosotros mismos, aportando las denuncias y pruebas como las que ya presentamos: una decena de chicos y los propios familiares de Loza, que venciendo el miedo y la vergüenza fueron a declarar. Los familiares nos hemos constituido como “personas perjudicadas” para tener derecho legal de reclamar, denunciar, presentar testigos, reclamar la cárcel y el castigo. Ya pasaron diez días desde que los chicos prestaron declaración y los revisaron los médicos forenses. No hay un solo detenido. A nadie se le allanó la vivienda. La impunidad sigue. El viernes 20 marchamos a los Tribunales de Morón, a las 10 horas. Vamos a seguir rompiendo el silencio. Hasta lograr el juicio y el castigo a Loza, sus cómplices y sus protectores.

Para el Ojo Obrero, las coberturas en video y fotos de las luchas de la clase obrera tienen gran importancia como archivo histórico, como materia prima para futuras películas y hasta como prueba en los juicios. Pero queremos que los eventos “mínimos” también queden registrados. Mostrar las noticias que animan a seguir luchando e ir por más. Las que no tienen lugar en los grandes medios por su peligro latente: que los trabajadores vean que hay muchos que se enfrentan y ganan, que cunda el ejemplo. La contrainformación, entendida así, es uno de los objetivos de los talleres de edición. Cada “clase” tiene un objetivo de producción, concluir un breve informe cada dos encuentros. Los conocimientos teóricos se introducirán en el primer encuentro. Las nociones generales de montaje y sus implicancias ideológicas serán abordadas en la práctica. El manejo de la computadora de edición se podrá ver a través de una proyección gigante en la pared. Y cada participante trabajará en la editora unos 15 minutos por clase. Tenemos acumulados decenas de futuros informes y la realidad nos provee de nuevo material día a día. Los informes serán colgados en la página web del Ojo Obrero y recopilados en video y DVD como un archivo de la lucha de clases. Desde el 11/1. Miércoles de 19 a 23 (en Ituzaingó 747, 2º piso). Anotate en info@ojoobrero.org o al 156-046-3610.