L a privación del mandato parlamentario a Luis Patti podría haber sido un acontecimiento revolucionario. Un individuo que integró el aparato de represión de Ramón Camps, que participó en el asesinato de Cambiasso y Rossi (incluso cuando ya la dictadura había convocado a elecciones) y que habría practicado la tortura como método contra los delincuentes en su condición de comisario de policía, habría sido destituido, por esas razones, incluso sin el menor cuidado por la violación del voto electoral que eso significa (no importa si la Justicia le probó o no esos delitos, porque el Poder Judicial es un antro de encubrimiento). Se habría defendido el principio de los derechos humanos en su versión consecuentemente democrática. La violación del mandato electoral recibido por Patti habría sido el aspecto más revolucionario de la decisión de destituirlo, de ningún modo una consecuencia indirecta, involuntaria o no deseada de la destitución. Por una parte, el voto es expresión de la soberanía popular solamente cuando se basa en la deliberación sin restricciones del pueblo que debe votar y, por la otra, la expropiación parcial de derechos políticos a la parte de la población que defiende los métodos propios de las dictaduras reaccionarias no sólo no es antidemocrático sino que sería el aspecto más democrático de la medida. ¿O acaso la democracia es el ‘consenso’ entre la soberanía del pueblo, de un lado, con los aparatos de represión, de control y de crimen que dominan la organización del Estado y de la propia sociedad, por el otro? La represión contra los represores ha sido la metodología de las grandes asambleas nacionales de la historia, o sea de las que abrieron el camino a lo que fue más tarde la democracia como régimen político. De ese modo actuaron el Parlamento largo en Inglaterra, en 1640-60, y la Asamblea nacional de Francia, en 1791-93. Naturalmente que esperar un planteo consecuente de parte de un Bonasso es pedirle peras al olmo. El ex montonero no vaciló, incluso, en montar una farsa. Como lo relata Página/12 , aprobatoriamente, claro, la “suspensión” del mandato de Patti fue pactada por Bonasso con antelación a la sesión de apertura del Congreso, no ya con el resto del kirchnerismo sino hasta con Carrió y con Macri. Cuando Bonasso tomó la palabra ya sabía que contaba con una aprobación casi unánime —salió a ‘pelear’ contra un molino de viento. Para mayor vergüenza del oficialismo, cuando hubo que levantar manos se agregaron el duhaldismo y hasta el Paufe —¡el partido de Patti! Quien creyó que Menem fue el último payaso que vio en la vida, o De la Rúa el último zombi (o el Chacho Alvarez el último de los charlatanes) tendrá que revisar muy rápido sus conclusiones. El arreglo (o ‘contrato moral’) al que llegaron los ilustres diputados es que el asunto quede dormido en la ‘comisión de reglamento’ de Diputados, la cual, según todos los diarios, el oficialismo demoraría en conformar todo el tiempo posible. Es decir que los valientes demócratas que calientan las bancas en el Congreso han pactado que Patti no sería siquiera echado. Si, mientras tanto, asume su suplente tendremos a un lugarteniente de Barrionuevo, Dante Camaño, convertido en legislador. Un comisario de la peor burocracia reemplazaría al comisario de la seccional. Patti, de todos modos, anticipó que apelará a la Justicia, para lo cual cuenta con el antecedente favorable del fallo que le dio la razón a Bussi. En el caso Bussi, además, la Corte declaró su propia facultad para resolver en la causa. El Congreso no cuestionó, en aquel momento, esta decisión, y tampoco lo haría ahora Bonasso o el parlamento en su nueva composición. El pacto ‘moral’ que armó el simulacro contra Patti el lunes pasado, no solamente contempla la instancia de la comisión de reglamento sino también la palabra final del poder judicial. La farsa democrática no podría haber sido más completa. Va de suyo que un parlamento que renuncia a sus atribuciones, por un lado políticas (o sea que tiene que ver con sus objetivos realmente democráticos) y por el otro constitucionales (los diputados juzgan a los diputados), es un pedazo de papel. Si la justicia, que sigue con resabios feudales (inamovibilidad de los jueces), enfrenta una decisión de los representantes del pueblo, estos deberían juzgarla a ella y destituirla. Si la justicia quiere gozar de independencia debe someterse al requisito de ser ella misma electa y revocable por el pueblo. El pobre Bonasso, como se ve, hizo gala, no de convicciones democráticas, sino de una suprema hipocresía. ¿Qué es sino ‘arreglar’ el ‘asunto’ Patti con ese supremo demócrata, Mauricio Macri, cuya corporación fue uno de los bastiones de la dictadura o, dicho mejor, cuando la razón histórica de la dictadura no fue otra que la de proteger los negocios de los Macri? Ahora que Macri padre se queda con el Belgrano Cargas y que la corporación ingresa a la cámara de empresarios kirchneristas de la energía (Angelo Calcaterra, de Sideco, con los Mindlin, los Ivanissevich y los Eskenazi), la ‘movida’ de Bonasso se puede interpretar estrictamente como una operación de negocios. Bonasso, el ‘justiciero’, perdió, sin embargo, el sable a la hora de juzgar el diploma de Borocotó; no podía invalidar a su mandante de la Rosada. Claro que lo de Borocotó no es lo de Patti y que tampoco habría que impugnar la banca de un tránsfuga, porque en ese caso el Congreso quedaría vacío, en especial de kirchneristas, que vienen del duhaldismo. Echar a Borocotó podría ser un arma de doble filo, porque en el futuro se podría utilizar el antecedente para impugnar a cualquier clase de adversario político. En el régimen social capitalista el Congreso lo manejan los ‘lobbys’, de modo que sólo se puede terminar con el político ‘comprado’ aboliendo el Estado capitalista. Pero cuando la ciudadanía está convencida de que Borocotó fue comprado por Kirchner, lo mínimo que tendría que haber aprobado Diputados es la formación de una comisión investigadora de esa corruptela. En realidad, la farsa de la impugnación a Patti (retórica y encubridora) sirvió para hacer pasar el diploma de Borocotó. La hipocresía (doble discurso) de Bonasso y del oficialismo se pone en evidencia en un hecho contundente, sobre el cual los diarios escribieron alguna cosa los días previos a la sesión de Diputados. Por eso, al momento de pedir la palabra, Bonasso ya sabía que su gobierno acababa de nombrar, como secretario de Finanzas, o sea con atribuciones ejecutivas, no enunciativas, como las que reclamaba Patti para él en calidad de eventual diputado, a Alfredo Mac Loughlin, quien fuera funcionario de los gobiernos municipales de Osvaldo Cacciatore y Guillermo del Cioppo, de la dictadura militar. A lo mejor Mac Loughlin no torturó a nadie (lo mismo alega Patti), pero formó parte del régimen militar de los torturadores, esto con completa conciencia de que el gobierno al cual servía secuestraba, mataba y torturaba, o sea al régimen que sin esos secuestros, asesinatos y torturas él no hubiera podido servir. Desde el punto de vista de las jerarquías propias del régimen social actual, los verdaderos ‘peces gordos’ son los capitalistas y sus corporaciones; los represores son los que hacen el ‘trabajo sucio’ para ellos, para la conservación del régimen social que dominan esos capitalistas y esas corporaciones. Los Mac Loughlin forman parte del estrato superior de la jerarquía, los Patti de la parte inferior. Por eso no extraña verlo a Mac Louhglin acompañando a otro funcionario de la dictadura, Domingo Cavallo, integrar la Bolsa de Comercio; formar parte del directorio del Banco Hipotecario. En este último caso hay un proceso judicial por operaciones fraudulentas con las acciones del Banco (Mac Loughlin conoce a las dos puntas del negocio: el mercado de valores y las empresas cotizantes). Pero, claro, como Bonasso lo sabe mejor que nadie en este país, Mac Loughlin tiene un salvoconducto que vale oro: es el gestor de los 1.030 millones de dólares de Santa Cruz, que Kirchner tiene depositados en el exterior. Un salvoconducto que le ha permitido incluso sortear su condición de testigo contra el Estado nacional en las controversias que Argentina ha acumulado en el Banco Mundial con las empresas de servicios y que cada tanto despiertan las iras (ahora ya sabemos que fingidas) del Presidente. Toda esta lamentable historia nos lleva al punto debatido por la prensa la semana pasada: ¿el nuevo gabinete es setentista? Es claro que no, es rabiosamente noventista, o sea la década que vio la ‘reconversión’ de los ideólogos de la ‘patria socialista’ a la ‘globalización’ y después a la ‘otra globalización’ —pero dominación mundial completa del capital, al fin. Miceli pasando, en ‘los noventa’, por el ‘emblemático’ Banco Provincia y por Ecolatina de Lavagna; Garré por el Frepaso y por la Alianza (hasta la última gota de la cicuta). Decir que retornó el ‘setentismo’ es olvidar que el gobierno más ‘setentista’ fue el de Menem, con sus Susanas Decibes, sus Solás, sus Polis, sus Galimbertis, sus Kirchners, e tantissimi altri. Este es el gabinete que gestionará los títulos públicos indexados por inflación, que ya han subido más de seis mil millones de dólares desde principios de año. Si hubiera habido que cancelarlos, sólo el aumento se habría llevado la casi totalidad del superávit fiscal. América Latina atraviesa un período revolucionario, o sea de grandes crisis capitalistas y estatales y levantamientos populares. En estas aguas tormentosas el imperialismo se ha visto obligado a confiar en forma transitoria la gestión del Estado a un personal político con mayores dotes de demagogia social y política que el que llevó a una serie de bancarrotas y a la actual situación general. Esta es la función que cumple, no el setentismo, sino los que pretenden ser sus sepultureros. Pero no pasarán. Ver "Los Patti que Bonasso tiene en Haití" Por Jorge Altamira