Prensa Obrera N° 904

El bloque de la burocracia sindical conocido como “los gordos” (Luz y Fuerza, Sanidad, Smata, Empleados de Comercio, entre otros) ha anunciado la decisión de retirarse de los cargos directivos de la CGT. Pero la CGT no se divide; desaparece el triunvirato y Hugo Moyano será elegido secretario general. Es que los “gordos” y Moyano apoyan al gobierno “nacional y popular”, al igual que el conjunto de la burguesía. El marco de acción de Moyano, en términos de salarios y convenios, es una protección para el conjunto de la burocracia sindical. La burocracia, sin excepción, saluda la reactivación capitalista y sostiene la política oficial de consolidar los niveles históricamente bajos de los salarios. La “disputa” sobre el salario mínimo entre las fracciones de la burocracia y el gobierno es clarificadora: Kirchner propuso 510 pesos, la CGT 630 pesos, la CTA 760 pesos, todos valores en el orden de los 200 pesos/dólares de 2001. No es cierto, por otro lado, que la crisis política entre Kirchner y Duhalde esté partiendo la CGT. Moyano “apareció de cuerpo presente durante el acto de lanzamiento de la campaña de Cristina Kirchner en Obras Sanitarias” y con el dirigente camionero “se mostraron dirigentes que supieron rendir pleitesías al menemismo, como Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN) y Armando Cavalieri”. Este último “fue el de menos pruritos a la hora de admitir que apoyaría la candidatura de Cristina” (Página/12, 11/5). La CGT ha sido “útil” La unidad (de fachada) de la CGT fue parida de común acuerdo entre la Casa Rosada y Duhalde para contener la rebelión obrera. Ha mantenido a una enorme franja de trabajadores por fuera de la rebelión salarial, encuadrados en “paritarias” digitadas en las que se han pactado convenios antiobreros y confiscatorios del salario. En este escenario el gobierno coopta el apoyo o el silencio de la burocracia. Hugo Moyano dispone de cinco millones de dólares anuales para el Sindicato de Camioneros “para capacitación de choferes del transporte de cargas” (Clarín, 3/6). El gobierno “asiste” a las obras sociales quebradas, como recientemente con la UOM, cuyo flamante secretario general ha sido el primero en pronunciarse por la reelección de K. Dicho todo esto, la descomposición de la burocracia es tan aguda como la oleada de luchas que se libran por fuera de ella o contra ella y apelando a los métodos piqueteros que el mismo Hugo Moyano declaró agotados al momento de preparar su asunción como cabeza de la CGT “unida”.

El miércoles 8, con una batucada facultad por facultad de la UNSa, fuimos parando las actividades para lograr la mayor asamblea que se haya visto en los últimos tiempos. El Cuerpo de Delegados autoconvocados viene trabajando hace un mes y esta asamblea masiva es el punto más alto de la organización. Los compañeros de la Radio Universidad acercaron los equipos y transmitieron en directo la asamblea. Se ratificó el reclamo de 800 pesos de básico y el rechazo al convenio que la Fatun negoció con el CIN, un convenio flexibilizador negociado a espaldas de los trabajadores. El otro punto clave aprobado en la asamblea es ir al paro el jueves 16 y a la unidad con los docentes en un plan de lucha común. Al día siguiente, los compañeros de la sede de Orán de la UNSa se declararon en paro por 48 horas con reclamos similares. En esta lucha está presente la experiencia de los docentes provinciales que conmovieron al país con su autoconvocatoria, dejando en pie un modelo para recuperar todos los sindicatos e incluso para tener en Salta una central obrera autoconvocada.

El sábado 11/6 llegamos a acercar la solidaridad al corte de la ruta 12, que se desarrolla en la entrada a Pico Truncado. Marcela Costancio y Mauricio Perancho, dos ex presos por la última toma de Termap, y Omar Latini integrábamos la delegación del FUT-PO. Eran las 18 horas, aproximadamente. Había tres compañeros sobre la cinta asfáltica y dos mujeres en una carpita en la banquina, sosteniendo a “puro huevo” el piquete que cumplía 30 días. Al rato llegaron los delegados de sector y otro grupo de compañeros. Durante todo el día los funcionarios siguieron con su tarea de “ablande”, convocando a reuniones de diálogo a las cuales después no asistían, distribuyendo panfletos con calumnias hacia los delegados, enviando emisarios de distintos sectores para que levanten el corte, o desconociendo a los representantes de ATE. Nos confirmaron que el delegado de Trabajo, oriundo de Pico Truncado y cuñado del gobernador, les dijo que el lunes 13/6 los llamaría a conciliación obligatoria, pero los compañeros contestaron que ni locos iban a regalar 30 días de lucha en la ruta por un apriete legalista. Se hizo la noche, en medio de la meseta patagónica; el frío polar arreciaba, el fuego no alcanzaba, y el termómetro se iba bajo cero. Sentíamos que estábamos ante otra heroica gesta de la clase obrera. Caleta rechaza la conciliación El sábado por la noche, se anunció en un flash por el canal local que un juez laboral rechazaba un amparo interpuesto por los gremios municipales y confirmaba la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo. Poco después, los dirigentes pedían a los compañeros que no abandonaran sus puestos de lucha y que el lunes se llevaría adelante una asamblea. El domingo cayó la primera nevada. Sin embargo, los compañeros que acampan frente al edificio municipal mantuvieron estoicamente el fuego encendido y fue febril la actividad de los delegados, recorriendo los sectores y discutiendo los pasos a seguir en la asamblea. En una asamblea extraordinaria en el Complejo Deportivo Municipal (abierto para la ocasión), con más de 2.000 trabajadores, fue mocionado (sector por sector) seguir la lucha hasta las últimas consecuencias, desoyendo el llamado a conciliación obligatoria, votando por unanimidad las mociones presentadas. Varios oradores plantearon: ¡¡¡Que se vayan todos!!!, mientras un sector de la tribuna coreaba la consigna. Otros compañeros daban nombre y apellido, documento y número de legajo, para que el intendente (que siguió como todo el pueblo la asamblea por una FM) los anotara a ellos primero si iban a echarlos por desacatar la conciliación. ¡¡¡Puro huevo!!! Otra moción votada fue declarar el 13 de junio Día de la Liberación del Empleado Municipal, porque se sacaban de encima 15 años de yugo patronal. Caleta contagia... El domingo a las 18 horas, comenzó el paro de 72 horas de los Trabajadores Petroleros Fuera de Convenio (jerárquicos), que reclaman aumentos salariales, como los decretos de 100 y 50 pesos, y el reconocimiento de su organización sindical. El conflicto, que arrancó hace un tiempo, entra en una nueva etapa después de que se agotaran los tiempos estipulados en la conciliación obligatoria; pudiendo entrar a parar los equipos de producción que estos compañeros dirigen. En total hay 600 trabajadores de paro en el sur de Chubut y más de 300 en la zona norte de Santa Cruz. Al cierre de esta nota, se instala otro piquete, esta vez de petroleros de las empresas DLS, Pride y otras, para sostener este reclamo, sobre la ruta 12, en la salida de Caleta Olivia hacia la zona de los yacimientos petroleros. Como los de la Ford, éstos son trabajadores de los mejor pagos de la región, pero también utilizan los métodos piqueteros. Existen importantes tendencias y reclamos en favor de concretar una asamblea de todos los trabajadores del Sindicato de Petroleros Privados (1.700), que inicie un plan de lucha por la zona 1 que ya se paga en algunas empresas y aumentos salariales. Crisis política en Santa Cruz Sube, sube, sube... la marea. El martes pasado se había conocido la renuncia de la concejala del PJ de Caleta Olivia María Ester Labado. A las versiones de que renunciaría la diputada, Nieves Beroíza, el sábado una reunión autoconvocada en la sede del PJ destituyó al presidente del comité local, Daniel Notaro, echándolo a patadas por querer sacar una adhesión al intendente contra el paro municipal. No faltaron piñas y “mechoneadas” a las mujeres K. Después nombraron una mesa coordinadora, sin ningún funcionario en la misma. Ahora le reclaman al gobernador y al intendente que hagan lugar al reclamo de los municipales. La crisis en el “gallinero justicialista” se acentúa día a día.

El miércoles 8, al cumplirse cuatro meses de su asesinato, los familiares de Cristian Domínguez, acompañados por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, agrupaciones piqueteras y partidos de izquierda, marchamos por Berisso para exigir justicia y castigo a los asesinos. Más de 300 personas salieron del Playón Municipal para pasar por el hospital, la Comisaría 1ª de Berisso y terminar nuevamente en el Playón donde Pedro, su padre, habló a los presentes. Cristian fue detenido en una esquina de Berisso por personal policial, que alegó que estaba borracho y lo trasladó a la Comisaría 1ª. Cristian no estaba borracho sino bajo los efectos de su medicación. De la Comisaría lo trasladaron al hospital, de donde fue retirado por la policía para depositarlo en una celda donde luego aparecería “ahorcado-suicidado”. A partir de aquí se produce todo el armado de impunidad para salvar al aparato represivo responsable de este crimen. Cristian fue asesinado en plena reestructuración de la maldita Bonaerense. Fue asesinado por la “nueva” policía comunal, a la que suscribe el Municipio de Berisso. Esto desnuda la política de Arslanián con respecto a la Bonaerense y a la seguridad; pone sobre la mesa que la formación de los “foros vecinales de seguridad” son un arma contra la juventud y los trabajadores. Desde que se comenzaron a implementar estos foros, las detenciones de jóvenes en las calles aumentaron. Esta nueva policía está metida en cuanto curro, robo, transa con drogas y enriquecimiento ilícito hay. En la Comisaría 1ª, el nuevo comisario de la nueva policía fue desplazado por chorro. Las consignas de la movilización: “Basta de impunidad, basta de represión, abusos y apremios ilegales, basta de muertes en comisarías” son una guía en la lucha que está planteada.

Con la bravata de Aníbal Fernández de “tomar el toro por las astas” continuó la ofensiva política oficial contra la clase obrera en lucha y sus piquetes. Pero el hombre no logra disimular, detrás de los improperios, la impotencia oficial. Aunque “el gobierno nacional inició — según Página/12 (9/6) — una serie de reuniones con el gobierno bonaerense y con los titulares de las fuerzas de seguridad para ver cómo se minimizan los piquetes más irritantes”, cuando el fiscal Jorge Sica quiso reprimir el piquete del Smata en la Panamericana, se cuidó de que la orden llegara media hora después que terminó el corte. El plan de lucha piquetero los golpeó, porque “el corte del Puente Pueyrredón duró 24 horas y fue total”. “‘En medio del juicio por las muertes de Kosteki y Santillán (...) había que ser cautelosos’, declararon algunos funcionarios” (ídem). Para La Nación se ha pasado “de los piquetes a la extorsión sindical”, donde incluye el paro (no ya el piquete) del Teatro Colón que obligó a suspender programaciones. Pero al final “arruga” cuando llama a los dirigentes del Smata a “moderar las demandas y evitar metodologías que fomentan la división”. Obnubilados por la foto de la capital del país, el gobierno y sus alcahuetes se esfuerzan por ignorar las rutas cortadas hace 15 días en todo el norte de Santa Cruz por los obreros municipales; el bloqueo a la Casa de Gobierno chaqueña por todos los gremios de la salud, docentes y el movimiento piquetero; los piquetes ferroviarios que cortaron las vías del Belgrano por aumento salarial, o la ocupación y los bloqueos de los obreros de Parmalat, por nombrar algunos ejemplos más. El récord de piquetes de marzo, abril y mayo responde a los trabajadores sindicalizados. El fiscal Romero de La Plata, un ariete de la reacción política judicial contra los cortes de ruta en la provincia de Buenos Aires, acaba de proclamar que el Código Penal es impotente frente a los piquetes y la protesta social, llamando a buscar otra salida. En una palabra, que luego de dos años de ‘recuperación’ el régimen político se encuentra en una impasse. El piquete viene a rescatar derechos fundamentales mediante el método de la movilización popular; el llamado “estado de derecho” está vaciado de contenido. El gobierno de Kirchner está en problemas porque su “redistribución del ingreso” beneficia a una minoría de chupasangres capitalistas, y sus “derechos humanos”, leyes de Blumberg de por medio, gatillo fácil de por medio, presos políticos de por medio, tienden a proteger los derechos de esos mismos chupasangres. Kirchner, Lavagna y Alberto Fernández se enfrentan a la posibilidad de salir por la misma puerta de emergencia de De la Rúa y Duhalde; Anibal Fernández, a la posibilidad de que el toro se lo lleve puesto. Hay que reforzar el carácter de masas de nuestras luchas y el 26 de junio nuclearnos en el Puente más que nunca contra la impunidad.

Compañeros: Los compañeros trabajadores de la Municipalidad de Caleta Olivia acaban de rechazar en forma anticipada la eventual conciliación obligatoria que dictaría la Subsecretaría de Trabajo. Lo hicieron en una asamblea, con la participación de más de 2.000 compañeros, más el aval del resto, que se quedó cuidando los sectores y protegiendo el patrimonio municipal. Fue otra jornada histórica de los municipales de Santa Cruz, la tierra de K, en la cual todos los sectores de la administración pública han entrado en conflicto salarial. Compañeros, debemos rodear de solidaridad el paro municipal y el corte de ruta de Pico Truncado para demostrarle a K y a Acevedo que ya la gente no se banca que ellos hagan negocios para sus amigos, a costa de la miseria del pueblo trabajador. Esta es una provincia que nada en recursos y en dinero; el pueblo luchará en pos de un futuro mejor. La lucha continúa.

La anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida no ha puesto fin al régimen de impunidad en el país. Esa impunidad está presente (¡y cómo!) en el juicio por la masacre de Puente Pueyrredón, en beneficio de los que dieron la orden de disparar — el ex presidente Duhalde, el actual gobernador Solá y casi la mitad del gabinete de Kirchner, que en 2002 servía a otra camarilla. En el juicio del Puente está vigente la obediencia debida al revés: quizá se castigue a los que cumplieron con las órdenes, pero no a los que las dieron. Esa impunidad está presente también en los cuatro mil luchadores que se encuentran procesados por participar en las diversas peleas libradas por nuestro pueblo, mientras gozan de libertad los gobiernos y capitalistas hambreadores que provocan la necesidad de esas luchas. Por sobre todas las cosas, sin embargo, la impunidad se ensaña todos los días en las ejecuciones sumarias del ‘gatillo fácil’, con las torturas en las comisarías, con los atropellos por ‘portación de cara’ o por ‘portación de vestimenta’. No hablemos de la impunidad de los Chabán o los Alsogaray; de las estafas de IBM-Banco Nación y de IBM-DGI; de los que se llevaron hace diez años la plata de Santa Cruz; de los coimeros de la ‘reforma laboral’; de los banqueros que fugaron, en 2001, 40.000 millones de dólares y luego se vieron premiados por Duhalde y por Kirchner con una compensación de otros 30.000 millones y con una nueva deuda externa que, a diferencia de lo que ocurre con los salarios, se ajusta por inflación. La impunidad no existe en Argentina como una serie de fenómenos aislados entre sí sino que está representada por el régimen político como tal — por su gobierno, su aparato judicial, por el entrelazamiento de uno y otro con la clase capitalista que monopoliza la economía, por la tutela impuesta y otorgada a las grandes potencias imperialistas y sus instituciones. No es una Corte Suprema la que habrá de suprimir la impunidad instalada como régimen de organización del Estado y de dominación política de una minoría a una mayoría. El poder político (la justicia forma parte de él) es ‘generoso’ cuando, como consecuencia de una larga lucha popular (como ha sido la lucha contra el punto final y la obediencia debida) debe echar lastre sobre el pasado; lo hace, no hace falta decirlo, para mejor preservar la impunidad en el presente. Hasta los documentos secretos de la CIA, cuando pasan treinta años, son publicados, debido a la certeza de que el tiempo ya se encargó de diluir las peores fechorías y crímenes, sea porque sus protagonistas y responsables han muerto o gozan de senilidad inimputable, o porque el régimen político como un todo puede asimilar un pasado que se presenta distante y ajeno. La Corte ha declarado esa inconstitucionalidad, al cabo de dos décadas, cuando la burguesía cree tener bajo control las derivaciones de la medida. La mayor parte de los imputados se encuentra fuera de servicio, lo cual evita la posibilidad de que afecte al poder militar de turno. Los que se vean obligados, a partir de ahora, a transitar los pasillos de Tribunales contarán con la complicidad de una justicia entrenada en el embarullamiento y con abogados aún más entrenados para ello. Los políticos de turno buscarán sacarle lustre al fallo de cara a las elecciones de octubre, procurando que quede en el olvido la foto que los reunió con Alfonsín en la firma del acta democrática que consagró las leyes derogadas. Hay que juzgar el fallo de la Corte sin la más mínima concesión al régimen de la opresión capitalista y de la miseria social.

Según el presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la movilización de vecinos de Lugano contra la construcción de un barrio de viviendas sociales en el Parque de las Victorias forma parte de una escalada “discriminatoria y xenófoba” (Clarín, 11/6). El gobierno de Ibarra, que colabora con el desalojo de doscientas familias por semana, se presenta como “abanderado de la vivienda social” frente a vecinos “pretenciosos” que quieren “tener frente a sus casas espacios verdes” (Clarín, ídem). La crisis de Lugano se ha desatado, en realidad, como consecuencia de la entrega de 85.000 m2 de la zona en favor del llamado “Polo Farmacéutico”, una adjudicación de tierras a laboratorios monopólicos. El posible traslado de éstos a Escalada y Cruz, desde otros lugares de la Ciudad donde se encuentran radicados, no generará “nuevos empleos”, como dicen los funcionarios. Pero sí permitirá a estos laboratorios gozar de exenciones de impuestos y tasas, en nombre de una supuesta “promoción del sur”. El destino empresarial de la ex fábrica Suchard provocó el desalojo de las familias sin techo que la ocupaban. Precisamente, el “polo” empresario se quedará “con cuatro hectáreas inicialmente previstas para la urbanización de la Villa 20” (Clarín, ídem). Las familias de esa villa perjudicadas por este acaparamiento serían trasladadas al Parque de las Victorias. En definitiva, el gobierno no está jodiendo a la gente de Lugano para “favorecer a los villeros”, sino para beneficiar a los monopolios farmacéuticos. Este plan de erradicación parcial de la Villa 20 tiene el apoyo de su burocracia villera, del puntero ibarrista Guillermo Villar. La Ciudad tiene tierras y recursos tanto para viviendas como para espacios verdes. El Partido Obrero plantea que la Corporación del Sur quede bajo el control de una Comisión electa de trabajadores. Que sus tres mil predios y terrenos se coloquen a disposición de un plan de urbanización y de establecimientos industriales, educativos y de salud, bajo control de las organizaciones obreras y vecinales. La plena disposición de esas tierras en favor de los trabajadores permitirá armonizar las necesidades de vivienda con las de espacios verdes públicos y con el conjunto de las necesidades sociales de la zona.

El plan de lucha de los docentes y estudiantes universitarios viene ganando en profundidad. El paro de 72 horas que se realizó entre el 7 y el 9 de junio tuvo un acatamiento importante en las universidades del interior y también en la UBA. En apoyo al paro, el movimiento estudiantil realizó ocupaciones, cortes de calle y clases públicas. El Gobierno en contra En la última reunión que tuvieron la Conadu Histórica y la Conadu con el Ministerio de Educación, los funcionarios expresaron que no tenían respuesta frente al reclamo de aumento salarial. Sólo señalaron que elaborarían un cronograma, hasta ahora sin fecha, para proceder al blanqueo de las sumas en negro, que en el caso de la docencia universitaria abarca una parte considerable del salario. Esto llevó a que la Conadu, alineada con la CTA y con los rectores, tuviera que sumarse al paro de 72 horas resuelto por la Conadu Histórica. La crisis universitaria tiene también otras vertientes. El viernes 3, en la Facultad de Ciencias Sociales sede Parque Centenario, un principio de incendio en un tablero de electricidad obligó a desalojar el edificio. Tuvieron que intervenir los bomberos y se vivieron escenas de shock entre los estudiantes y los trabajadores. Esta situación volvió a poner de manifiesto que el gobierno no ha aportado los fondos para la construcción del edificio único de Sociales. La asfixia presupuestaria obligó al propio Consejo Superior de la UBA a declarar la emergencia presupuestaria. Los fondos que se recibe del Estado son menos de la mitad de los que el propio Consejo reclamó para el funcionamiento mínimo de la UBA. Claro que la protesta no pasa de las palabras y el ‘ajuste’ sigue su curso al interior de la Universidad. Los rectores tampoco pueden explicar cómo se gastaron 120 millones de pesos del presupuesto. ¡Es decir que encima que falta presupuesto, se lo roban! Profundizar el plan de lucha Frente a esta situación es necesario profundizar el plan de lucha y la unidad docente-estudiantil. La Conadu Histórica votó un nuevo paro de una semana entera, entre el 21 y el 24 de junio, y realizar en esa semana ocupaciones, cortes de calle y acampes en todo el país. El Congreso Universitario que se realizó el 28 de mayo resolvió que el movimiento estudiantil de todo el país apoye activamente la huelga docente. En el caso de la UBA y las universidades del conurbano se resolvió impulsar un aguante educativo de 24 horas frente al Ministerio de Educación el 22 de junio.

Ante la ruptura de Izquierda Unida en Santiago del Estero, al incorporarse el Partido Comunista al Frente Multisectorial con fuerzas que apoyaron e incluso integraron el gobierno de la Intervención de Lanusse, y que postulan como candidatos a referentes de derecha del clericalismo provincial, el Movimiento Socialista de los Trabajadores-Teresa Vive accedió a reunirse con el Partido Obrero para discutir la conformación de un frente de izquierda para las próximas elecciones de constituyentes. La posición del Partido Obrero fue que la discusión de un frente de izquierda en Santiago debía servir para impulsar la conformación de un frente ciento por ciento de izquierda a escala nacional. La respuesta de parte de los dirigentes del MST fue que la conformación de un frente de izquierda a escala nacional debía contemplar la incorporación e inclusive las candidaturas de figuras como las de Mario Cafiero, Jorge Rivas, Alicia Castro..., o sea de personalidades vinculadas a la burocracia sindical, referentes políticos del aparato del clero o del centroizquierda, contrarias a los programas y las luchas que viene protagonizando el pueblo argentino. Frente a esta propuesta el Partido Obrero desistió de formar un frente con el MST-Teresa Vive, que sólo serviría para encubrir las maniobras que en nombre de la izquierda se están realizando para impedir la constitución de un frente ciento por ciento de izquierda a favor de encumbramiento de arribistas que vienen a usar a la izquierda sólo para renovar sus bancas parlamentarias.

La “inconstitucionalidad” de las leyes de punto final y obediencia debida ha sido saludada sin excepción por todos los partidos y dirigentes que votaron estas leyes hace dieciocho años. El único que se atrevió a hacer una defensa aguda de esta duplicidad fue el propio Alfonsín, que escribió en La Nación que esas leyes fueron tan necesarias y útiles, políticamente, en 1987, como lo es su anulación en la actualidad. En esta línea, evitó poner de manifiesto el carácter condicionado de los principios de justicia, que deben acomodarse a las necesidades del régimen político que domina. Cambió el “marco político”, dice: en 1987, el elenco de represores que se benefició de las leyes formaba parte activa del Ejército, de su cúpula y mandos intermedios, hoy se encuentran en ‘retiro’; la preservación del cuerpo de oficiales sigue asegurada. Pero más allá de esto, nada tienen que temer ahora los capitalistas que apoyaron el golpe y se beneficiaron económicamente con el gobierno militar; ni tampoco el clero; ni mucho menos el gobierno norteamericano. El aparato judicial encargado de hacer valer la inconstitucionalidad es de absoluta confianza de los poderosos. Todos los vinculados a la dictadura han sido legitimados en sus derechos adquiridos por los gobiernos democráticos de los últimos veinticinco años. Ahora la preservación de estos intereses pasa por la inconstitucionalidad, porque ella sirve para rechazar los pedidos de extradiciones de otros países y darle aire al gobierno de Kirchner, sin el temor de un ‘desborde’ en el plano político-judicial. Zaffaroni ya ha dicho, cuando salió el fallo que deja libre a Chabán, que el régimen judicial y el Código Penal victimizan ‘a los pobres’. El fallo refuerza políticamente al Poder Judicial, cuestionado por todos lados, cuando está a punto de dictarse sentencia sobre la pesificación de los depósitos y la limitación de causas que puedan girarse a la Corte a las estrictamente constitucionales (o sea que seremos gobernados por las cámaras de casación). Las consecuencias jurídicas de la actual nulidad son variadas. Según el procurador de la Nación, los militares en condiciones de ser juzgados serían unos trescientos. Para una edad de unos cuarenta años al momento del golpe, un oficial o suboficial con alguna responsabilidad en la cadena de la represión tendría hoy al menos setenta años. Aunque la prescripción de las causas debería caer por tratarse de crímenes de lesa humanidad, “esa tipificación no es automática, y será motivo también de trasiego judicial” (La Nación, 15/6), es decir, de largos procesos. Una eventual condena conduciría en el mejor de los casos a la prisión domiciliaria “por edad avanzada”, si es que la muerte no sorprende antes al represor. Además, “sólo un pequeño porcentaje de los uniformados que serán involucrados permanece en actividad” (ídem, 15/6). El fallo de la Corte deja virtualmente incólumes al Ejército y a la Policía, sin reparar que no habría podido haber terrorismo de Estado sin la existencia de aparatos jerárquicos y burocráticos manejados legalmente de acuerdo con el principio de la ejecución de órdenes; la absolución de los criminales del ‘gatillo fácil’ es una expresión de que la inconstitucionalidad del punto final no le pone punto final a esta continuidad del terrorismo estatal. La ex alfonsinista Elisa Carrió saludó el fallo porque permite a “los oficiales jóvenes, que no estuvieron implicados en la represión (...) trabajar en reconstruir las Fuerzas Armadas para ser reconocidas por el Estado y el pueblo” (ídem). El fallo de la Corte se compagina con esa rehabilitación política. El ‘carapintada’ Rico no se siente afectado esta vez, ahora sabe que los intereses políticos pasan por otro lado — las elecciones de octubre y la desintegración del peronismo. La sentencia de la Corte no condena al terrorismo de Estado sino a los crímenes de lesa humanidad, como lo hace también toda la legislación internacional. O sea que admite que pueda haber crímenes de lesa humanidad por parte de otros que no son el Estado, por ejemplo una insurgencia nacional que apele al terrorismo, como ocurre en Irak, o a una lucha guerrillera, como es el caso de las imputaciones que el gobierno colombiano y Bush le hacen a las Farc. En función de esto numerosos columnistas están pidiendo que se aplique igual consideración a los Montoneros, ERP, ETA, etc. En manos del Estado capitalista, hasta los propios crímenes de lesa humanidad se convierten en el pretexto para no tipificar el terrorismo de Estado. Con esta ‘doctrina’ no habrá problemas para justificar el envío de tropas a Haití, o la eventual participación en operativos en defensa de la “democracia boliviana”, o sea en el rescate de Repsol, British Petroleum y Petrobras. Ninguno de los dictámenes de los jueces de la Corte hace referencia a la necesidad de abrir los archivos de las Fuerzas Armadas y de otros aparatos de Estado, para hacer viable la anulación de la impunidad que permitieron el punto final y la obediencia debida. La revitalizada Corte Suprema tropieza con el mismo obstáculo que ha impedido clarificar el atentado a la Amia o la responsabilidad de Duhalde, Solá y gran parte del gabinete de Duhalde en los asesinatos de Puente Pueyrredón.

En medio de una inmensa crisis política, la Legislatura porteña acaba de votar la casi totalidad de la ley que crea las comunas barriales. El proyecto permaneció trabado durante ocho años, por la falta de un acuerdo respecto del número de comunas a crear y de los barrios que cada una de ellas debía abarcar. Ahora quedó pendiente precisamente “la aprobación de un anexo que defina la cantidad de comunas, sus límites y la fecha de elecciones para designar autoridades comunales” (La Nación, 9/6). Descomposición El avance en la ley fue definido por Ambito (26/4) como “la idea de un generoso reparto de cargos (que) parece sólida a los ojos de los legisladores, y el momento, propicio”, pues “para todos los políticos es una tentación poder tener al menos una zona de la Ciudad para administrar” (ídem). Los macristas y otros “opositores” aspiran a capturar el centenar de cargos rentados de “representantes comunales” que crea la nueva ley, junto con el manejo de los recursos presupuestarios que se les asignará. La legión de “transversales” y pejotistas remendados detrás de Kirchner también saluda la extensión del sistema de cargos y prebendas políticas. Comunas de punteros La ley ha sido sancionada en medio de la indiferencia vecinal, incluso por parte de las organizaciones barriales que siempre impulsaron la creación de comunas. Las Juntas Comunales estarán integradas por funcionarios electos, pero no revocables, que percibirán el 70% del sueldo de un legislador. La Junta no es responsable ante ninguna asamblea de vecinos o trabajadores, sino ante un “consejo consultivo” de las ONG y cámaras empresariales de cada barrio. A las escasas atribuciones que siempre se previeron para las comunas barriales — mantenimiento de las calles secundarias y espacios verdes — , la ley votada por la Legislatura añadió “funciones de inspección y habilitación”. El planteo procura dar respuesta a lo ocurrido en Cromañón, y fue propuesto originalmente por legisladores del “interbloque de izquierda”. Pero estas funciones serán ejercidas por los burócratas comunales sometidos a los “chabanes” de cada barrio, es decir, a sus lobbies inmobiliarios y comerciales. La estafa de las comunas es el rostro de la “democracia participativa”.

El sábado 11 de junio se realizó el XII Congreso ordinario de la Federación Universitaria de La Plata. En el marco de un álgido debate sobre las acciones y ejes programáticos a seguir por parte del movimiento estudiantil, los compañeros de la UJS participamos planteando retomar la lucha contra la imposición del cupo en Medicina organizando un plan de lucha con el objetivo de derrotar por completo el fallo judicial que refuerza el limitacionismo en el ingreso en la UNLP. También planteamos fortalecer el plan de lucha votado por el Congreso educativo del 21 de mayo. La Unión de Juventudes por el Socialismo se sumó a la actual conducción de la Federación, la Lista 20 de Diciembre, para impedir que Franja Morada avance en la Federación a través de la conquista de la Secretaría General. La 20 de Diciembre, dirigida por la Cepa, está constituida por el MST, PC y Agua Negra (agrupación anarquista). Desde la Secretaría Obrero-Estudiantil que le tocó al PO, desarrollaremos las iniciativas de lucha y programáticas que levanten al movimiento estudiantil por la derrota de la Ley de Educación Superior, con independencia de cualquier decano y camarilla profesoral, por la triplicación del presupuesto educativo, junto a los sectores más combativos de la región: los maestros del Suteba La Plata, los secundarios de la CES, los docentes universitarios, quienes vienen batallando por el aumento de salario y presupuestario con paros, piquetes y asambleas. Se abre un nuevo desafío para la UJS platense, reforcemos este camino... Saludos socialistas.

El gobernador Zamora ha convocado a la Asamblea Constituyente que no había logrado concretar el interventor Lanusse. Aunque el propósito declarado es democratizar el régimen dejado por el juarismo, la convocatoria tiene lugar sobre la base del compromiso previo de que se forme una lista única de la UCR (que encabeza un Frente Cívico) y del PJ (con el 90% de sus líneas internas), más partidos como el de la Victoria o el de López Murphy, todo esto bendecido por la jerarquía de la Iglesia, la cual también había dado su bendición a la frustrada convocatoria de la Intervención. En lugar de una asamblea se ha convocado a un concilio de cardenales. El concilio consagra la consolidación del grupo Ick, dueño del Banco de Santiago, de la empresa de aguas y de los principales negocios agropecuarios. Ick fue el responsable del fracaso de la convocatoria anterior, precisamente porque ella no hubiera podido evitar el debate acerca de las relaciones entre este monopolio y el juarismo, del cual obtuvo la privatización del banco provincial. La sustitución de una Constituyente confrontativa, en el marco de constantes movilizaciones populares, por este concilio único de la masa de los partidos de la oligarquía santiagueña, expresa la victoria sin atenuantes del monopolio financiero. La consolidación del grupo Ick es tan evidente que ahora se presenta a la licitación del Banco de Entre Ríos. Se repite la saga de los otros grupos financieros que nacieron del acaparamiento de los bancos provinciales, los cuales se han hecho todos kirchneristas luego de haber prestado un apoyo rabioso al menemismo. Santiago ingresa de este modo al ‘dream team’ de la ‘burguesía nacional’. Las consecuencias las sufrirán los campesinos que son expulsados de sus tierras por la expansión de la oligarquía sojera. Este cambalache conciliar contempla también la inclusión de punteros de Kirchner en la lista de diputados nacionales para las elecciones de octubre, tanto en la lista que confeccione el PJ como en la que trame el Frente Cívico. ¿”Nueva política”? El Gran Acuerdo por Santiago pretende cumplir uno de los puntos de la “agenda” dejados por la Intervención federal en cuanto a depurar al Estado de las mafias y reconstruir un estado de derecho. Pero la convocatoria excluye el tratamiento de las cuestiones sociales — régimen de tenencia de la tierra o el agua, garantías de trabajo y salarios, que es el lecho de cultivo de las mafias de capitalistas y terratenientes en la provincia. En el terreno político se propone constituir a la provincia en “distrito único” pero elevando la base de la representación popular, llevar la renovación de los cargos parlamentarios a cuatro años y disminuir la cantidad de legisladores, o sea reforzar el dominio de los viejos aparatos. La ruptura de IU La otra novedad política es la confirmación de la ruptura de IU. El PC integra el Frente Multisectorial formado por la Democracia Cristiana, Memoria y Participación, el Partido Socialista Popular y otras fuerzas. Son los mismos que ya habían formado parte del arco político que apoyó a la Intervención federal (el dirigente de M y P, el cura Hisse, integró este gobierno como defensor del Pueblo). El Frente Multisectorial estaría encabezado por candidatos de la derecha de la DC, acérrimos enemigos del derecho al aborto y de la enseñanza laica, por lo que en Santiago se ha consumado una segunda novedad política, que la formación de un frente clerical de la izquierda, que el PO denunció desde el primer momento. El MST 1 (Alternativa Socialista) presenta candidatos propios y el MST 2 (El Socialista) ha resuelto abstenerse. La ‘izquierda que se une’ ha concluido su trayectoria con el más denigrante faccionalismo, en un cuadro de desintegración y chupando cirios. Por un bloque de izquierda y socialista El PO presentó su lista, con el señalamiento de que repudiamos los límites de la convocatoria a la Asamblea Constituyente y que planteamos la expropiación de los latifundios, la reforma agraria bajo dirección de comités de campesinos, el monopolio estatal del agua bajo control obrero y la expropiación del Banco de Santiago y de la empresa de aguas en manos del grupo Ick. Nuestra propaganda y agitación denunciará el concilio financiado por el pulpo Ick y subrayará la necesidad de la acción directa y la formación de Asambleas Populares.

Viernes 10. A la hora de la charla de Altamira, en un salón del centro de la Villa 1/11/14 del Bajo Flores, las calles de tierra del barrio estaban todas ‘achocolatadas’ por los charcos producidos por una persistente llovizna. Así y todo, más de 100 compañeros llenaron la sala. La charla fue seguida de un importante debate, donde se evidenció el afán de protagonismo de un sector importante de los asistentes, que se interesaron en los pasos a dar para sumarse a una campaña electoral obrera y de izquierda. Altamira insistió en la necesidad de organizarse para hacer un intenso trabajo de agitación y propaganda, manzana por manzana, dentro de la Villa y en sus alrededores. Llamó a profundizar la “circulación social” de los piqueteros, o sea a que desarrollen una propaganda revolucionaria más allá del ámbito de la organización de los desocupados. El salto es transformar a cada piquetero en un luchador político. Hubo, en los debates, una especial preocupación por la revolución boliviana. Buena parte de los asistentes son trabajadores inmigrantes de Bolivia. Altamira propuso, en el marco de la realización del XV Congreso Nacional del PO y de la Reunión del Ejecutivo del Movimiento por la Refundación de la Cuarta Internacional, la realización de una conferencia con las delegaciones hermanas para debatir una línea de acción en Bolivia. El sábado 11, Altamira estuvo en la Villa 31 de Retiro, donde el tema de la lucha revolucionaria en Bolivia volvió a surgir. En una carpa montada en el centro del barrio, bajo la Autopista, se reunieron cerca de 50 compañeros. Altamira propuso convocar a un plenario de bolivianos residentes en Argentina, dispuestos a organizarse con el PO para construir una alternativa obrera y socialista y luchar por la solidaridad revolucionaria con los trabajadores del Altiplano. Hubo un acuerdo entusiasta sobre este punto. En esta charla se destacó centralmente la preocupación sobre el futuro de la Villa 31 y las amenazas de erradicación de la misma. Jorge Altamira explicó el interés de los monopolios inmobiliarios por expulsar a los residentes de esas tierras — que una compañera nueva caracterizó como sembradas de ‘pepitas de oro’. Altamira propuso sacar un folleto con la propuesta de un plan obrero de urbanización y radicación de la Villa 31 y 31 bis, y montar una intensa campaña sobre todo el barrio. Altamira relacionó toda estas problemáticas con la lucha política entablada por el PO para poner en pie un Frente de la izquierda y los luchadores.

Buenos Aires, martes 14 de junio de 2005 - 15 horas Jorge Altamira, candidato a diputado nacional del Partido Obrero por la Ciudad de Buenos Aires, declaró que “Bielsa es el candidato de la burocracia del Suterh, encabezada por Víctor Santamaría, que maneja el peronismo de la Capital Federal junto con Alberto Fernández”. Altamira señaló que “Santamaría manejó la caja de la campaña electoral de Cavallo-Beliz, y debió renunciar a la Legislatura en el año 2001 por estar involucrado en una estafa inmobiliaria relacionada a un plan de viviendas manejado por su sindicato”. Altamira concluyó con que “el canciller Bielsa, de verbo encendido y prosa afinada, será la sombra chinesca de los cajeros de Cavallo-Beliz”. Secretaría de Prensa Administrador de la lista: listas@po-prensa.org Suscripción Listas PO: http:/www.po-prensa.org/listas

En el marco de la rebelión educativa que recorre al país, desde la UJS-Secundarios impulsamos una radio abierta frente a la Legislatura el viernes 10 de junio, llevando adelante el plan de lucha votado en el último Congreso nacional de estudiantes universitarios y secundarios. Allí decenas de pibes de coles como el Zipolli, A. Carmén Guzmán, Carbó, Ipem 270 y Mantovani, exigimos la triplicación del presupuesto educativo, boleto estudiantil, aumento salarial, anulación de la LFE y la LES, y la inmediata solución de todos los problemas edilicios (inundaciones en el Carbó, edificio del Ipem 270), la falta de viandas, falta de bancos... Tomamos contacto con distintos centros de estudiantes y activistas, y acordamos un encuentro para el 25 en función de profundizar la lucha organizados. Resolvimos marchar el miércoles 15 junto a los universitarios por triplicación del presupuesto y la anulación de la LFE y LES. Así se constituye la UJS-Secundarios al calor de la rebelión educativa, llevando adelante el plan de lucha nacional.

Las últimas semanas el Ojo Obrero participó en cada una de las jornadas de lucha del movimiento piquetero. El jueves 26 de mayo, durante el acampe frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, cientos de compañeros se acercaron a la pantalla, haciendo de la Avenida de Mayo un enorme cine que llamaba la atención de todos los transeúntes. A pocas horas de los ataques de Kirchner por Radio 10, el clima era tenso, el operativo policial era descomunal y montaban provocaciones permanentes (detrás de la pantalla los guardias de Infantería se ponían en posición de ataque al ver que centenares de personas se acercaban a la misma; los polis estaban muy nerviosos). ¡Los periodistas no podían creer lo que veían!, venían a filmar la proyección. Algunos compañeros responsables de los piqueteos comentaron que la gente que cruzaba la Avenida de Mayo se detenía al observar la pantalla iluminada en plena avenida, incrementando notablemente el trabajo con la prensa. Varios vecinos y turistas se sentaron, prensa en mano, entre los compañeros de las distintas agrupaciones a ver el documental sobre la masacre de Cromañón “Ni la bengala, ni el rocanrol”. Luego se hicieron presentes los estudiantes luchadores de la Fuba piquetera con un encendido apoyo a la lucha unitaria: minutos después los delegados de cada organización bajaron a la calle con la novedad del triunfo. El 6 de junio fue una cita de honor el multitudinario acampe del Puente Pueyrredón. Estuvimos registrando, con el ojo piquetero de nuestra cámara, desde la mañana, una jornada unitaria de lucha por los 350 pesos y el aumento para los trabajadores estatales. Desafiando la lluvia y la presencia policial, el movimiento piquetero mostró un avanzado nivel de organización: en cuestión de minutos había decenas de carpas, mesas y ollas en el fuego. Al caer la noche, la logística piquetera del Polo Obrero garantizó una enorme proyección donde los compañeros de todas las corrientes se acercaron a ver los documentales del Ojo, como “Argentinazo” o “Parmalat en lucha”, con la presencia de algunos compañeros de Parmalat en el acampe. Cerramos la medianoche con “Piqueteros, carajo!” en medio del Puente Pueyrredón (en ese momento hubo un especial interés de los compañeros de la CCC, que se acercaron al “cinemóvil piquetero”). Los aplausos de casi 500 compañeros eran motivados por la impresionante lucha reflejada en la pantalla, donde el movimiento piquetero hizo retroceder al gobierno de Duhalde. Los compañeros se retiraron a cenar contentos. Cuando nos dispusimos a desarmar la pantalla se acercaron unas compañeras del Teresa Vive que se acababan de enterar de la proyección; quedamos en que en las próximas jornadas íbamos a poder compartir nuevas proyecciones y nuevas luchas. ¡¡¡Piqueteros, carajo!!!

Parece que hubiera sido ayer cuando numerosos dirigentes de la izquierda de Argentina fueron a bailar samba frente a la embajada brasileña para festejar la victoria electoral de Lula. Que Lula hubiera armado un binomio presidencial con un capitalista textil, financista de las sectas evangélicas y connotado derechista fue juzgado, no solamente en las orillas del Plata, como la expresión más elevada de una construcción política inteligente. Cuando Lula se hizo cargo del gobierno y entregó los principales ministerios a banqueros, latifundistas e industriales, a la izquierda argentina (que se une) no se le movió un pelo. Lula y sus asesores del PT habían encontrado el camino del éxito para los izquierdistas y los progresistas y reabierto el camino que parecía haberse clausurado con el pasaje de la burocracia soviética al capitalismo. Que los sectarios rechazasen a Lula... ¡peor para los sectarios! Lula había llegado al gobierno, había llegado ‘lá’, adonde lo había querido poner la consigna ‘Lula-lá’. Apenas dos años más tarde la experiencia brasileña del frente de izquierda-centro, de frente amplio, de más unidad, de realismo y audacia, se hunde en el fango. La tentativa vecina no terminará derrotada por haberse atrevido a asaltar el Palacio de Invierno sino entre las rejas. La caída del ignominioso e infame muro de Berlín, arquitectura como pocas del stalinismo y sus partidos, parece, en comparación, un acontecimiento heroico. La experiencia izquierdo-centrista de Brasil no se hunde por un grave accidente de ruta sino por su propia política. Los dirigentes del PT llegaron hace tiempo a la conclusión de que no podrían gobernar solos, pero se olvidaron que solamente podrían encontrar aliados entre los ladrones. Porque, efectivamente, la política brasileña es una red de mafias, como la argentina. La política de alianzas se convirtió de este modo en un poquito más que la entrega completa al FMI y a los banqueros, o en la complicidad con las bandas armadas de terratenientes que asesinan a campesinos sin tierras. Se convirtió en un tráfico de influencias, más conocido como cometas. Los aliados tenían un precio; primero se repartieron empresas estatales y reparticiones públicas, luego hubo que repartir dinero. Todos los dedos acusadores apuntan al jefe máximo del PT, José Dirceu, la eminencia gris de Lula, la mano negra que hizo expulsar a los diputados que se negaron a votar una privatización de la previsión social, el Santibáñez de la Alianza do Brasil. Cuando la platea esperaba una gran disputa principista en el PT, la estantería se vino abajo por la corrupción en gran escala. Obviamente que hay algo más, que los cables no transmiten. Ocurre que la economía brasileña dejó de crecer apenas un año después de que se anunciara su despegue. La burguesía industrial, nuevamente, como ocurriera con otros gobiernos, ya no se siente representada adecuadamente. El real, la moneda brasileña, ha subido mucho, penalizando a los exportadores. La tasa de interés que fija el Banco Central es del 20%, la corriente, en el comercio, oscila en el 150-200 por ciento anual. La deuda externa brasileña, para colmo, es ajustable, en algunos bonos al índice de precios, en otros al dólar, en otros a la tasa de interés. Brasil camina por la cornisa de la bancarrota. No debe sorprender, entonces, que pululen las conspiraciones contra la moneda, la política económica, los ministros y el gobierno. Detrás de la cascada de escándalos por desfalco se parapeta la conspiración política. También opera el imperialismo yanqui, que quiere meter a Brasil en el Alca, un planteo que goza del apoyo de una parte importante de la burguesía nacional, lo mismo que ocurre en Argentina con los Techint. Toda esta caracterización corresponde a un gobierno, no de la derecha sino de la izquierda. De la izquierda que acumula, que construye poder, que todos los días se une un poco más, que pacta con los adversarios o enemigos del derecho al aborto y los propone como cabeza de lista, o con burócratas sindicales o con socialistas defensores del pago de la deuda externa y socios de Ibarra. Algunos de los izquierdistas rioplatenses justificaron su apoyo a Lula (y a Tabaré) con el curioso argumento de que serviría para que las masas hicieran su experiencia y rompieran con el reformismo. El punto, ahora, es si esos izquierdistas, no las masas, advertirán lo que está ocurriendo con las barbas del vecino. Si advierten que la experiencia izquierdo-centrista-clerical-patronal se está hundiendo en la ignominia y construyen con el Partido Obrero y el conjunto de la izquierda que lucha un Frente ciento por ciento de izquierda.

El procesamiento y embargo dictado contra los miembros del grupo Callejeros constituye un ataque directo contra la juventud. Es un claro intento de descargar la responsabilidad criminal de gobierno y empresarios sobre siete jóvenes trabajadores de la música, habitantes del empobrecido Conurbano bonaerense, cuyo único “delito” fue convocar a sus seguidores a un boliche de la Capital que el sistema capitalista de corrupción y lucro sin límites había convertido en una trampa mortal. Se trata de orientar la carga de la culpa por la muerte de casi doscientas personas en quienes son, en definitiva, las propias víctimas: los músicos, el público, los trabajadores del rock. Los argumentos del juez Julio Lucini para procesar a los músicos revelan su animosidad contra la banda. Concluye que Callejeros eran “coorganizadores” del recital en Cromañón junto a Chabán y que “no eran un mero conjunto invitado”, tomando como prueba de esto la inexistencia de “un documento que demuestre que ellos eran simples artistas contratados por Omar Chabán” (Clarín, 4/6). El juez, de manera perversa, utiliza una irregularidad del empresario como argumento contra el grupo. Callejeros pudo haber tenido “responsabilidad” en el control de entradas, en el montaje del show, en el control del público para que no se produjeran peleas, pero queda descartado que haya tenido un rol activo con relación a los factores fundamentales que desataron la tragedia: el techo con materiales altamente inflamables; las puertas bloqueadas; las coimas a la Policía y al Gobierno de la Ciudad; la habilitación de un lugar que no cumplía con las condiciones de seguridad básicas, por parte del Estado corrupto. En su argumentación, fuertemente teñida de moralina reaccionaria contra la banda y su público, el juez Lucini llega a decir que, ante la costumbre de encender bengalas en los recitales, la banda debió haber “evaluado la posibilidad de dejar de tocar en vivo”. Es decir, el problema no es que el lugar no estuviera en condiciones, sino que la banda haya tocado allí. Por extensión, Lucini podría decir que también la culpa es del público, que seguía a un grupo en cuyos recitales se encendían bengalas... El objetivo de todo este aparato de argumentación es, por un lado, licuar las culpas por la masacre, atribuyéndolas en parte al grupo y su público; y por otro lado acusar al movimiento del rock, las bandas y sus seguidores, con vistas a su disciplinamiento y control. El público del rock, los jóvenes de las barriadas que encuentran en estas bandas una expresión de sus angustias, de sus dolores, y también de sus sueños y esperanzas, al igual que los músicos y otros trabajadores de este ámbito, deben ser conscientes de que el procesamiento y persecución a Callejeros es un ataque que los tiene a todos ellos como blanco. Ni la bengala, ni el rocanrol: los responsables son los empresarios y el gobierno, la cara visible de este sistema que mata a nuestros callejeros.

“Esto no termina aquí, vamos a seguir hasta conseguir la libertad de Romina”, dijo su hermana Mirta luego de la lectura de la sentencia de 14 años de prisión. Durante la segunda semana del juicio continuaron los pronunciamientos, las transmisiones televisivas y fundamentalmente las concentraciones, tanto frente al Tribunal en San Salvador de Jujuy, como en Buenos Aires con una marcha desde Tribunales hasta la Casa de la Provincia. La intención de generar un repudio social hacia Romina Tejerina no prosperó. Sí se pusieron sobre el tapete las condiciones de opresión de la mujer trabajadora en la Argentina. Sí quedó claro que no hay marco para la denuncia de las violaciones y que no existe la más mínima protección a la mujer mientras continúe la ilegalidad de la píldora del día después y del aborto. Cientos de mujeres de las organizaciones piqueteras del Gran Buenos Aires y de las barriadas pobres de la Capital marcharon fortalecidas por los intensos debates desarrollados en el seno de las asambleas de los barrios. No todos estaban de acuerdo con defender a Romina. Hubo que explicar, explicar y explicar. Así se comprendió que la lucha por la libertad de Romina es la lucha por la organización de la mujer trabajadora, para defenderse contra los abusos, para pelear por educación sexual obligatoria bajo control de las organizaciones de mujeres, por anticonceptivos gratuitos para no abortar y derecho al aborto legal y gratuito para no morir. La hermana y la madre de Romina hacen responsables al gobierno, a los jueces y al Servicio Penitenciario de lo que le pasó y de lo que le pase desde ahora en prisión. Ellas mismas habían denunciado la intención de culparla por haber sido violada y por haber resuelto su embarazo no deseado del modo trágico en que lo hizo. La lucha por la libertad de Romina sigue abierta.

“Arrancamos en la Primera B local en el ‘94 y ascendimos cinco categorías en 10 años... ¿De qué especulación se nos acusa?”, responde un calificado dirigente del club. Ni hablar del trabajo con los pibes, que trajo como resultado más de 15 jugadores que se destacan en distintos clubes de Argentina y el mundo, en los seleccionados juveniles, además del esfuerzo de ofrecerle 200.000 pesos al plantel para ascender. Entonces, además de resultados deportivos, ¿qué falta para jugar en Primera...? Necesitamos que la CAI y también Huracán (el club de mayor convocatoria de la Patagonia Sur que disputará el Argentino A) cuenten con apoyo oficial en serio. Y parte del apoyo pasa por la construcción de un estadio con comodidades suficientes, para no tener que hacer de local en Bahía Blanca (a 1.102 km de Comodoro Rivadavia) o en cualquier otro escenario. Las empresas extranjeras que explotan el petróleo y la pesca se llevan de nuestra región tantos millones que no podríamos imaginar. Son las que se golpean el pecho cada vez que donan tres computadoras que terminan descargando de impuestos. ¿Y si el gobierno municipal y/o provincial actúan para que parte de esa renta se convierta en obras que beneficien a la región...? Si usted repasa las geografías de Madrid o Londres, verá que las materias primas y sus riquezas las tienen a 15 o 20.000 kilometros, en Venezuela, en Namibia o en la cuenca de nuestro golfo San Jorge, por citar algunas. Europa sólo cuenta allá con las oficinas de administración. Si hilamos fino y la riqueza beneficiara a los dueños de los recursos, Zinedine Zidane podría jugar en Comodoro, Owen en el Deportivo Táchira de Bolivia o David Beckham en Racing... de Puerto Deseado; además de potenciar las canteras de nuestro fútbol infantil. Pero los “cabezas” sólo podemos hablar de fútbol, y en voz baja pedir que nuestros representantes exijan que algo de la renta quede en nuestro empobrecido país; y entre otras obras públicas a sugerir, una podría ser la del estadio de Comodoro Rivadavia.

Estimados compañeros de la izquierda argentina: Desde Socialismo desde Abajo observamos con preocupación cómo la reestructuración del régimen político, económico y social capitalista de Kirchner vino a liquidar los procesos de movilización que tuvieron como máxima expresión el 19 y 20 de diciembre de 2001. Esto ha llevado a la fragmentación de las distintas corrientes del campo popular, a la recomposición del consenso social para pagar la infame deuda externa y continuar las relaciones estrechas con los organismos financieros internacionales, bajo un modelo económico que garantiza la generación de fuentes de trabajo con salarios bajos en condiciones de precariedad laboral, con un superávit económico puesto al servicio exclusivo de la clase dominante, a costa de mantener una alta tasa de pobreza e indigencia. Entendemos que este avance de la clase dominante sólo puede ser frenado con la reconstrucción de un imaginario revolucionario, que se exprese a través de una verdadera democracia socialista. Vemos además, con hondo pesar, que el proceso de luchas llevado adelante por las clases subalternas hasta 2002, en el que se crearon experiencias de autogestión y de democracia directa como las asambleas, que se sintetiza en la consigna “que se vayan todos”, ha cedido su lugar en el imaginario colectivo a las instancias electorales, sin haber hallado una alternativa superadora a las mismas. Por lo antes dicho, consideramos importante hacer un llamamiento a todas las corrientes que luchan en contra de la opresión del hombre por el hombre, y conciben un mundo donde el principio rector de la actividad humana no sea el lucro, a que se pronuncien por un Frente de izquierda que sirva para encauzar en materia política estos anhelos expresados en el conflicto social que se desarrolla actualmente a lo largo de todo el país.

El rápido acuerdo en torno de la cantidad de comunas y de su delimitación (algo que permaneció trabado durante ocho años) obedecería, por sobre todo, a que Ibarra y Macri se han puesto de acuerdo en convocar a elecciones de Juntas Comunales en octubre próximo, junto a las elecciones de diputados y legisladores. Esta sería la respuesta de Ibarra a la decisión kirchnerista de excluirlo de las listas para las elecciones de octubre. Ocurre que “en los barrios el jefe de gobierno tiene algún margen de maniobra política” (La Nación, 15/6), y por eso procurará “vecinalizar la elección” (ídem). Es decir que, en vista de la demolición política de su gobierno, procurará “traccionar” votos desde el sistema de punteros barriales armado en los “centros de gestión y participación”. El macrismo podría hacer lo propio con las unidades básicas filoduhaldistas que colaboran con él. Por el contrario, el kirchnerismo plantea que las comunas se voten en 2007, ya que apuesta a la captura del distrito desde “arriba”, con el apoyo del gobierno nacional. Para ello, se apoya en la banda de punteros que sostuvo a Menem y Grosso y, más recientemente, a Cavallo y Beliz.

El Tribunal jujeño condenó a catorce años de prisión a Romina Tejerina mientras por las ventanas se escuchaba la furia de la movilización, afuera. Un segundo después, media docena de policías prácticamente alzó a la muchacha, que volvió a ser tragada por el Servicio Penitenciario. La familia había sido expulsada del recinto y la madre golpeada por la policía. ¡Catorce años! La siniestra voz del Estado, en el juicio, se hizo oír a través de la fiscal y la asistente social, que expresaron una declaración formal de guerra contra las mujeres y contra los jóvenes. Sus argumentos para convertir a Romina en un monstruo describen a la mayoría de los adolescentes: “No aceptaba límites, y apenas esperaba algo más de la vida que diversión”; iba a fiestas, “una vez volvió alcoholizada”; discutía con sus padres; se fue a la casa de su hermana, volvió a la de sus padres; era una estudiante irregular. ¡Hipócritas! Hasta la descripción de que se había criado en un “hogar violento y de baja educación” intentó ser utilizada no como atenuante sino para culpabilizar a su familia, que la ha acompañado y defendido en todo el proceso. La responsabilidad del Estado estuvo ausente en las palabras de las voceras del Estado. ¿Por incomprensión, por ignorancia? No. En dos entrevistas periodísticas la fiscal Liliana Fernández ha dicho: “Yo creo que el Estado es responsable de este tipo de situaciones de violencia. En mis diez años de trabajo como fiscal del Juzgado de Menores 1, he visto infinidad de casos de mamás adolescentes a las que les falta todo y terminan matando a sus hijos” (Página/12, 9/6). El remedio de la fiscal para la “infinidad de madres adolescentes a las que les falta todo y matan a sus hijos” es la condena a cadena perpetua. En cambio, a las adolescentes que tienen de todo las libra de este destino un aborto ilegal pero caro y seguro. La intención de mostrar a Romina como una asesina calculadora fue desbaratada por la movilización y la campaña de denuncia que llevó adelante el movimiento piquetero antikirchnerista y organizaciones del movimiento de mujeres como Rima (Red Informativa de Mujeres). Pero además, el juicio tuvo un efecto contrario al buscado: en vez de aterrorizarse, muchas mujeres comenzaron a contar sus historias (Clarín, Página/12) o las de sus hijas violadas, asesinadas o presas por razones de violencia familiar. Otros casos de infanticidio comienzan a trascender en los diarios. El tribunal tenía en carpeta la condena a perpetua y tuvo que votar una pena menor porque la movilización convirtió el caso en un escándalo nacional. Las voces indignadas con el fallo lo reflejan: el intendente de San Pedro dijo redondamente en la radio que “la violación no existe; no hay mujer que no lo desee”. La secretaria de Derechos Humanos de Jujuy, Elisabeth Eisenberg, repitió por enésima vez: “Se ha truncado la vida de una beba, se ha violado la Convención Internacional de los Derechos del Niño” (La Nación, 11/6). La fiscal, “para mí esto de ver si hubo violencia, si es del Pocho o no es del Pocho, no es relevante” — La Capital — y el propio presidente del Tribunal, el juez Llermanos, salieron al día siguiente del fallo a desmentir que hubiera existido la violación. El habitualmente locuaz Kirchner, su secretario de Derechos Humanos Duhalde y las legisladoras “progresistas” han hecho el más rotundo mutis por el foro, incluidas las que alguna vez firmaron en apoyo a Romina. La condena judicial refuerza la impunidad de los violadores, al punto que Pocho Vargas (el acusado de violador) tuvo su larga nota en Clarín, donde se declaró indignado y decepcionado porque esperaba una condena perpetua. Especialistas de la Universidad Católica (UCA) han escrito en La Nación (11/6) que es inadmisible “contrabandear el debate sobre el aborto” en el juicio a Tejerina y que no se puede exculpar el asesinato de una criatura. En abril de este año fue descubierta en Jujuy una red de prostitución infantil que regenteaba Gustavo Ponce, dueño de radio Transamérica y conductor de Canal 7; también está acusado de haber violado a su hija. Los datos de violencia en la provincia son abrumadores (Página/12, 12/6) y la única diferencia con el resto del país es que han salido del ocultamiento. El enjuiciamiento a Romina Tejerina ha puesto en el centro del debate nacional el grado de violencia con el que conviven las mujeres, y la indefensión de las jóvenes. También ha desnudado la profunda complicidad del Estado con violadores y golpeadores y su estrategia sistemática de culpabilizar a las víctimas. Sólo el 11% de los casos de violación es denunciado, y sólo uno de cada 10 de los denunciados recibe un castigo que promedia los cuatro años y medio de cárcel. Romina ha dicho que después de escuchar el fallo piensa en matarse. Hace sólo una semana se suicidó otra presa, Sonia Sequeiro, en el penal donde la joven está detenida, y Olga Verón (ver Prensa Obrera Nº 902) se cortó los brazos y tragó vidrios para forzar al juez a recibirla (Página/12, 12/6). Hacemos al gobierno responsable exclusivo de la seguridad y la vida de Romina y de todas las presas. Esta sentencia fue sólo el primer round. Debemos reforzar la campaña y la movilización hasta lograr que Romina salga en libertad. Debemos reforzar la organización y la movilización para lograr la despenalización y gratuidad del aborto y desterrar la violencia familiar de nuestras casas. Es hora de sentar en el banquillo de los acusados a los responsables conscientes de tanta barbarie.

En el Chaco ha nacido Lucas Leonel, de pura sangre obrera, piquetera y socialista. Es nieto de Fito Molodezky (candidato a gobernador por la Unidad de los Trabajadores y la Izquierda, en las elecciones de 2003) y de Cristina Canteros, dirigente del MTL. Lucas va a elegir por sí mismo su puesto de lucha, pero sin dudas será entre los revolucionarios. Felicitaciones a Analía y Maxi, sus padres. Bienvenido Lucas, hijo de la clase obrera.

El MST ha pedido en su periódico la rectificación de lo publicado en Prensa Obrera en referencia al acuerdo del PO y el MST en Moreno, y niega que “hubiera un acta acuerdo en Almirante Brown”. Debemos aclarar, entonces, que el MST pide algo que no podemos hacer. Moreno En Prensa Obrera Nº 901, dejamos en claro que lo acordado luego de un rico debate fue un acta-acuerdo para elevar a las direcciones de los partidos. Se quedó en realizar reuniones posteriores para llegar a un acuerdo final. Estas reuniones posteriores, claro, no se realizaron. El MST ha sido remiso a un encuentro desde entonces. Tampoco tuvieron lugar, como dicen en el mismo pedido de rectificación, “reuniones con el PO, PS e independientes para lograr la unidad”. La única reunión que se realizó por el frente de izquierda y por la unidad de los luchadores fue la charla abierta el 13/5 en ATE a instancias del PO. Nunca fuimos invitados o asistimos a otra, como aseveran en su periódico, a pesar de ser nosotros quienes insistimos en reunirnos con IU en Moreno, para imitar los pasos de lo acaecido en General Rodríguez. Almirante Brown Los compañeros del MST de Almirante Brown no sólo firmaron el pronunciamiento aparecido en Prensa Obrera Nº 902, sino que a posteriori realizaron pintadas por el frente en conjunto con el PO de la zona y, como dice el escrito, invitaron al acto común del 10 del corriente. Estos compañeros del MST son de Claypole (Alsina 3665), el único lugar donde esta organización puede encontrarse en el distrito. Antes de la hora de realización del acto frentista conjunto, nuestros compañeros de la zona fueron convocados a una reunión con un miembro de la dirección nacional del MST, sólo con él, en la casa de uno de los compañeros del MST del distrito, para firmar un pronunciamiento que se daba de bruces con el acuerdo firmado por los militantes de las dos organizaciones y publicado en Prensa Obrera. El pronunciamiento nos exigía la aceptación de la fórmula Ripoll-Echegaray en la provincia y que el frente fuera abierto a sectores como Coincidencia Popular. Que si acordábamos con eso, iban al acto ya establecido. Un chantaje a nosotros a espaldas de su propia militancia. Estas aclaraciones ratifican todo lo que hemos dicho y hecho, y nuestra política de un frente ciento por ciento de izquierda.

En el proceso penal que se está desarrollando contra los compañeros de Sasetru, Pablo Heller se negó a declarar en el primer llamado a indagatoria y denunció la existencia de “animosidad manifiesta” por parte del fiscal. En esa oportunidad, los abogados que patrocinan la causa hicieron una presentación reclamando que fuera directamente el juez de garantías, tal cual lo contempla el Código Procesal vigente, el que le tomara la declaración. El juez acaba de rechazar la solicitud, de modo que el fiscal es quien terminará haciéndose cargo de la audiencia. Por lo tanto, ya en su fase inicial, el proceso está seriamente viciado y lo único que hace es reafirmar lo que venimos denunciando: que se trata de una causa absolutamente “fabricada” con el único propósito de criminalizar la protesta social y, dentro de ella, las ocupaciones de fábrica. Más en este caso, donde la iniciativa fue tomada por el movimiento piquetero que, en un hecho casi sin antecedentes, se adueñó de una fábrica inactiva hacía muchos años y se propuso reabrirla y hacerla funcionar nuevamente. La causa fue activada justo a los dos años, cuando estaba a punto de prescribir. Es decir que hay una clara intencionalidad política en la decisión, cuya usina hay que buscarla en las esferas gubernamentales, en momentos en que ha recrudecido el ataque del gobierno contra el movimiento piquetero y sus diatribas contra los piquetes y cortes de ruta. El miércoles 22 de junio, a las 10:30 hs, en los Tribunales de Lomas, vamos a una nueva batalla por el desprocesamiento de Pablo Heller y los compañeros de Sasetru, y el archivo definitivo de la causa. Llamamos a todas las organizaciones a hacerse presentes ese día y acompañar con su presencia la movilización que realizaremos frente a los Tribunales.

En la última edición de Prensa Obrera, en el artículo “El síndrome de Sofía”, se deslizó un error. Allí se denuncia que 96 de cada 100.000 mujeres jujeñas mueren al dar a luz. La cifra correcta es de 196 mujeres cada 100.000.

La Comisión Directiva de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA) - Delegación Córdoba, desea hacer pública su solidaridad con el grupo de artistas plásticos ecologistas Urbomaquia, en relación con las acusaciones dirigidas a éste por un ciudadano y por el intendente Luis Juez, por causa de los grafitis escritos sobre basureros del área peatonal en Córdoba, el domingo 15 de mayo de 2005. La imputación legal por la que se detuvo a las artistas se debió a una supuesta destrucción de mobiliario urbano, sin tener en cuenta la prioridad del derecho a la libertad de expresión asentado en la Constitución nacional. No es una actitud aislada ni otro exabrupto del intendente. La Municipalidad ha dejado en último lugar a la cultura pues, de hecho, ha suspendido sin término la aplicación del Fondo Estímulo a la Actividad Editorial, Teatral y Musical; el Premio Luis José de Tejeda está en permanente peligro de desaparición, y la Feria del Libro está cayendo en un raquitismo intelectual y material. Esos eran los principales aportes del Municipio a los artistas, escritores, intelectuales y pequeños productores de la industria cultural cordobesa. Pero a la hora de censurar y reprimir Juez está presto. Como ocurrió con la muestra de Navidad y la obra de Fraticelli. Y siempre la autoridad en materia de cultura la ejerce el Ejecutivo municipal y no la dirección correspondiente. Con los trabajadores de la cultura no hay reuniones donde esté presente el gabinete municipal: eso se reserva a los que juzgan el arte desde otros intereses (Iglesia, Cliba). A eso se le llama autoritarismo, en Córdoba o en cualquier otra ciudad. Que Juez se ocupe de la cultura para apoyarla, no para reprimirla. De eso, ya tuvimos bastante. Eugenia Cabral (presidenta), Juan Croce (secretario), César Vargas (prosecretario), Raque Rodríguez (secretaria de actas). SEA Córdoba

Compañeros: La coyuntura nacional actual y, en particular, la que se está dando en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires son más que propicias para la conformación inmediata de un Frente de izquierda que sea la alternativa de los explotados a la manifiesta crisis de poder que tanto los partidos patronales como el Estado burgués están sufriendo. La crisis que veníamos analizando en los últimos meses se ha profundizado en este último tiempo. La nueva presentación de la deuda se resume en: a mayor inflación mayor beneficio, lo que explica, entre otras cuestiones (...), que todos los trabajadores del país hayan salido una y otra vez en defensa de sus salarios. (...) la cuestión salarial ha sido relegada a un segundo plano en la Capital por una crisis aun superior. La masacre de Cromañón evidencia, desde todo punto de vista, la descomposición y el servilismo del Estado a los empresarios y las mafias capitalistas. Cromañón es la representación práctica del capitalismo. La suma de estas circunstancias hace tambalear al gobierno de Ibarra y deja un vacío de poder (que) debe ser superado por la burguesía y sus partidos. Pero la izquierda, que en esta circunstancia tiene una oportunidad política histórica, también puede caer dentro de esa crisis general si no se pone a la altura de las circunstancias y saca el máximo provecho de la presente etapa histórica. (...) la concreción de un Frente de izquierda plantearía una alternativa seria en un escenario donde la lucha, la movilización y el enfrentamiento al gobierno son claros. El FEL se declara a favor e impulsa esta perspectiva. (...) el Frente debe actuar como la representación de las posiciones genuinamente de izquierda contra los planteos falaces que se puedan hacer desde las opciones más “progresistas”. Un Frente que sea la opción y le dispute el campo a las Carrió (que a la hora de denunciar al sistema lo hace con una fuerza cuasi revolucionaria, pero a la hora de proponer no plantea, en modo alguno, una salida efectiva, es decir de clase) y los Zamora (que no tiene como perspectiva la construcción de ninguna fuerza realmente capaz de hacer avanzar las reivindicaciones históricas de la izquierda, de ahí su negativa al Frente y las constantes disgregaciones internas de su partido). (...) la unidad (...) representa mucho más que una mera alianza electoralista (...) los principales actores de esta experiencia deben ser aquellos hombres y mujeres que, junto a sus organizaciones, han llevado adelante el proceso de avance de las posiciones de izquierda durante los últimos 40 años. Sin despreciar ni excluir, por esto, a ninguna corriente o personalidad que se manifieste a favor de la construcción de esta iniciativa. (...) la izquierda no debe confundir el planteo unitario del Frente con las expresiones pseudoprogresistas que se vienen gestando en Latinoamérica y que ya han demostrado su completo fracaso. El planteo unitario del Frente no debe conceder ninguna de las reivindicaciones propias de la Izquierda y de la clase a la que representa, debe ser, por tanto, un Frente conformado sobre posiciones clasistas y la conformación en los términos planteados es, a nuestro criterio, la mejor manera de asegurarlo. Por todas estas consideraciones la izquierda tiene dos opciones: estar a la altura de las circunstancias y crear un Frente que polarice con el gobierno y el Estado burgués (con todas sus implicancias) siendo la alternativa del pueblo explotado o cargar con el histórico peso que supone el haber desaprovechado una oportunidad política de tal magnitud (...) Desde el FEL llamamos a la inmediata conformación de un Frente que se presente como una alternativa de los explotados y los luchadores a la barbarie del capital; una alternativa obrera y socialista, es decir, nuestra alternativa. ¡Por un Frente de la izquierda y los luchadores!

Universidad Sarmiento. Se recorrieron los cursos con los compañeros del Centro de Estudiantes y de Parmalat, explicando el conflicto y pasando las alcancías. Antes de recorrida, compañeros del Partido Obrero y de la Unión de Juventudes por el Socialismo hicieron carteles y volantearon, por lo que muchos de los estudiantes conocían el conflicto cuando pasamos por los cursos. Se juntaron 150 pesos. Hospital Mercante . Los compañeros de Parmalat recorrieron el hospital, sector por sector, con dos compañeras miembros de la CI de ATE, quienes habían participado del acto en Pilar. Hubo muy buena repercusión entre los trabajadores del hospital que se interesaron por el conflicto. Se juntaron 150 pesos aproximadamente. Suteba General Sarmiento. Los compañeros participaron de la asamblea de delegados (40 docentes), en la que se planteó el conflicto y se pasó la alcancía. Se juntaron más de 100 pesos. Compañeros de Tribuna Docente están trabajando el bono en las escuelas. Terrabusi. Se volantearon los dos turnos antes de pasar con la alcancía en la puerta. La Comisión Interna avisó a los trabajadores que una delegación de Parmalat iba a estar en la entrada. Se juntaron alrededor de 300 pesos. Filosofía y Letras (UBA). Acompañados por compañeros de la UJS del Centro de Estudiantes, una delegación de trabajadores de Parmalat recorrió las aulas. Los estudiantes reflejaron una gran avidez por conocer la lucha. Se reunieron más de 300 pesos. Sociología (UBA). De la misma forma que en Filo, se hizo una recorrida por los cursos. Se juntaron 150 pesos.

La huelga de los docentes de Chilecito, la segunda ciudad de La Rioja, se ha transformado en una auténtica rebelión popular con la ocupación del 90% de las escuelas de la ciudad por parte de padres y alumnos que apoyan la lucha de los maestros. La huelga docente ya cumplió un mes, es masiva y se está extendiendo a las vecinas Famatina, Chamical y Chepes, en todos los casos mediante autoconvocatorias. La ciudad es un hervidero. Junto con la huelga de los docentes, están en lucha los trabajadores de la salud (paros semanales de 24 y 48 horas), los municipales y otros sectores de la administración pública. Las marchas son extraordinariamente masivas, con una participación de más de 6.000 personas (¡en una ciudad de 33.000 habitantes!). Los trabajadores reclaman un aumento remunerativo de 250 pesos y la derogación de un decreto que permite al gobierno descontar automáticamente los días no trabajados por paros. El gobierno ofreció 120 pesos, que fueron rechazados en las asambleas de los distintos sectores en lucha. Las marchas son organizadas por una Multisectorial de los docentes autoconvocados, los trabajadores profesionales y no profesionales de la salud, empleados del Concejo Deliberante y trabajadores autoconvocados de distintos gremios. Participan activamente los padres de los alumnos y los secundarios. En la marcha del 1 de junio, los secundarios se sumaron al grito de “obreros y estudiantes, unidos y adelante”. También intervienen en las marchas los trabajadores de los planes Jefas y Jefes, en reclamo de aumento del monto de los planes y de obra social. Toda la población explotada de la ciudad encuentra su canal en las marchas autoconvocadas. En la última asamblea, los maestros y los padres repudiaron la represión que sufrieron sus representantes cuando viajaron a la capital provincial a entregar un petitorio con sus reclamos en la Legislatura. Cuando intentaban ingresar al edificio, invitados por un legislador, fueron reprimidos por la policía provincial. Por la victoria de la huelga de los docentes, trabajadores de la salud, municipales y estatales. Por el aumento de 250 pesos. Por la satisfacción de las reivindicaciones de los trabajadores de los planes. Por una asamblea popular que imponga las reivindicaciones de los explotados de la ciudad. En base a informes de Pedro (de Chilecito)

Los compañeros del Partido y del Polo de J.C. Paz votaron un plan audaz de trabajo con la prensa: los lunes en el Mercante, los martes en la estación y los viernes el casa por casa en los barrios. Así se lograron excelentes resultados. Con la PO Nº 900 se vendieron 21 en el Mercante, y 5 al otro día en la estación. Con la PO Nº 901 vendimos 30 en la puerta del hospital. Impresionante. Pero no es todo, al día siguiente colocamos 12 en la estación. No es casualidad: el Partido y el Polo han intervenido en el hospital en defensa de la salud pública ante los intentos privatizadores del intendente del poncho, que no se pudieron concretar. La gente nos toma como referencia, por eso la importancia de garantizar estas actividades. Ahora nos queda penetrar con la prensa entre el personal del hospital, tarea que pacientemente han emprendido los compañeros, y a su vez, ajustar un par de detalles para que salga el casa por casa en los barrios. Esto es parte de la gran campaña política que viene desarrollando el Partido por una alternativa obrera y socialista, la cual requiere una vasta agitación que nos coloque en el centro de la escena política del país, de cara a las masas explotadas, como referentes de lucha consecuentes y revolucionarios; pero también necesita de compañeros dispuestos a llevarlo adelante. María, Susana, Carlos, Sandra, Noelia, Marisel, Omar, Marito y Moni: desde Organización saludamos su iniciativa y los alentamos para que sigan garantizando este importantísimo trabajo de agitación y propaganda.

“Cultura y trabajo para todos con la triplicación del presupuesto en cultura (en la Nación, las provincias y los municipios) puesto bajo gestión y control de los artistas y los trabajadores del sector” Enviá tu adhesión a: lucharte2004@yahoo.com.ar Si querés participar desde el escenario, anotate en esta misma dirección, aclarando tu intención de actuar, y luego nos pondremos en contacto con vos. Organizaciones-Grupos-Asociaciones: LuchArte (artistas y trabajadores de la cultura en el Polo Obrero), Xo’On (músicos experimentales), Morena Cantero Jrs. (teatro) Artistas-Intelectuales-Trabajadores de la cultura: Patricia Barone (cantante), Víctor Redondo (escritor), Hernán Cabra y Pecho (Las Manos de Filippi), Gastón Nievas (Toke de Queda), Daniel “el Buda” Giordano (Gatillo), Willy González, Adriana de los Santos (música), Iván Moschner (actor), Javier González (músico), Eduardo Mileo (escritor), Osvaldo “Bocón” Frascino (músico), Alberto Ortiz (poeta), María Eugenia Bertotti (actriz), Fabiana Galante (música), Juan Panico (actor), Ernesto Pierro (poeta), Raúl Mileo (músico), Lucía Besfamille (música), Enrique Morcillo (poeta), “Tata” Avila (cantante), Raimundo Rosales (poeta), Sergio Urtubey (músico), Marita y Adrián (bailarines), Felipe Andrés Cervine (escritor), Ricardo Goldín, Diana Mosca (actriz), Sonia Rodríguez (actriz), Leo Israelson (realizador de radio) Nuevas adhesiones al festival por un frente 100x100 de izquierda Matías Liva (músico-actor), Carola Martínez (escritora), Ramón Páez (docente), Alfredo Ferrarassi (historiador-periodista), Eleonora Tolay, Alejandro Claudio Tarruella, Marcelo Novello (Universidad Nacional de Lomas de Zamora), Julio Cortés (actor), Ana María Martínez (poeta Colón, Entre Ríos), Gerardo Alvaro Canelo (historietista-ilustrador), Alejo González Prandi (poeta), Hugo Blotta (dramaturgo), Gervasio Muñoz (producción-manager Buenos Aires Negro), Luis Mihovilcevic (músico), Mariana Pizarro (actriz, Misiones), Mariano Losi (músico), Luis Arturo Máuregui, Paula Ferrer (actriz), Ismael Santillán (actor), Walter Vargas (periodista y escritor), Gustavo H. Mayares (escritor-periodista), Joaquín Farina (milonguero), Karina A. Miceli (profesora de teatro y actriz), Fernanda Mizrahi (actriz), Pablo Gauna (escritor), Norberto Barreto (actor y director teatral), Martín Carlomagno (escritor, Paraná), Christian Kessel, Susana Zimmermann, Fernando Conte (actor), Juan Carlos Licastro (escritor), Humberto “Coco” Martínez (director de teatro). convoca LuchArte (artistas y trabajadores de la cultura en el Polo Obrero)

Durante casi siete horas, estuvo afectado el normal funcionamiento del Parque Industrial de Pilar. Un espectacular piquete de los compañeros de Parmalat bloqueó la circulación del tránsito. Los compañeros de Parmalat, desde horas muy tempranas, se fueron concentrando en las puertas de acceso de Parmalat para luego trasladarse al corte, al llegar las columnas piqueteras. En esas siete horas, se desafió el clima atmosférico, las presiones de la policía y la intimidación de la patronal. Los compañeros de la fábrica y los compañeros del Polo Obrero volvieron a demostrar la confraternización en la lucha que viene jalonando este prolongado conflicto. Participaron del corte delegaciones del MST y del PC. La lucha ha forzado a la patronal a avanzar en las tratativas. Es así que se está cerrando un compromiso para reubicar a una parte de los compañeros de Carapachay en la planta de Pilar; una minoría, que incluye a los delegados, permanecerá en Carapachay, con una actividad muy reducida. En todos los casos, se respetan los salarios vigentes y la categoría. Se establecen de antemano las funciones a las que cada uno será asignado, evitándose una relocalización que afectaría condiciones laborales. Una treintena de compañeros, particularmente aquellos con más años de servicio, ha optado por el retiro voluntario, lo que también demandó arduas tratativas, porque hubo que acordar los montos, las formas de pago y las garantías que reclamaban los compañeros. La empresa se ha obligado a pagar los sueldos adeudados. A partir de este acuerdo, los trabajadores levantan la ocupación de la planta. Se llega a este compromiso luego de una lucha encarnizada de más de cinco meses. Los compañeros de Carapachay no pudieron impedir la desactivación de la planta y la patronal, con la colaboración del sindicato, logró meter una cuña entre los trabajadores de Pilar y Carapachay. Los trabajadores de Carapachay, aún aislados, constituyeron un tenaz y obstinado foco de organización y resistencia, a pesar de que fueron sometidos a una política de desgaste, en la que no faltaron las presiones, intimidaciones, amenazas y agresiones físicas. Taselli aceleraba los aprestos para el cierre de la planta de Carapachay, mientras enviaba telegramas para destinar al personal a lugares alejados, como la planta de Chascomús. El remate de este hostigamiento fue el no pago de los salarios, el ahogar por hambre. La resistencia obstinada se tradujo en una movilización incansable de actos, marchas, agitación masiva, colectas, recorridas de fábricas y universidades y, en primerísimo lugar, la ocupación de la planta. El compromiso no satisface el pliego de reclamos originales, pero preserva conquistas fundamentales: el salario, la categoría, las condiciones de trabajo y los puestos de trabajo del sector dispuesto a quedarse, donde se concentra el activismo. La intención de la empresa, al confinar a los delegados en Carapachay, es aislarlos. El derecho de los delegados a ejercitar plenamente sus facultades es un nuevo terreno de lucha. La burocracia de Atilra pretende evitar la intromisión de los delegados de Carapachay en la vida gremial de Pilar. Este compromiso cierra solamente un capítulo. La empresa sigue teniendo una enorme capacidad ociosa; sigue produciendo en niveles que están muy por debajo de parámetros normales. El futuro general de la empresa afecta a los 1.200 obreros y empleados. El proyecto de Taselli de circunscribir a Parlamat a la condición de productora de leche en polvo entra en choque con la continuidad de gran parte del personal. Los aguerridos compañeros de Carapachay, que han logrado preservar sus puestos de trabajo y continúan dentro de Parmalat, están llamados a jugar un papel decisivo en la nueva etapa.

La asamblea del Polo Obrero del barrio Güemes convocó a los vecinos a una asamblea en la puerta de nuestro comedor, para discutir la calamitosa situación de la salita del barrio. Con la presencia de unos 30 vecinos, se aprobó un petitorio que fue firmado por más de 350. En las asambleas posteriores, ya en la puerta de la sala, votamos participar de la movilización convocada por la comisión contra la instalación de la subestacion eléctrica en Rigolleau. Siempre con el método de la asamblea para tomar las decisiones y balancear semana a semana los resultados, llevamos el petitorio al Municipio. El secretario de Salud, Eduardo Podestá, se comprometió a extender el horario de atención hasta las 22 horas; comprar la heladera para almacenar medicamentos y vacunas; y colocar al sereno que habían sacado. Aunque tenemos bien en claro que se trata de migajas que no solucionan problemas de fondo, es un freno a la política oficial de desmantelamiento de la salud y de la educación, teniendo en cuenta que la asamblea se organizó de manera independiente de los partidos del régimen. Ahora Podestá tendrá que cumplir los compromisos que asumió. En respuesta a nuestra movilización, el PJ se lanzó a reconstruir “a la Cooperadora” de la sala, que había dejado de funcionar hace un largo tiempo. De todas maneras los vecinos siguen concurriendo a las asambleas, que han crecido. Se votó que si el 3 de junio el Municipio no ha cumplido sus promesas, para ese día se va a realizar un corte de calles, de manera y duración progresivas. Nuestra lucha no es aislada; Berazategui es recorrida por diversas luchas y movilizaciones. Los trabajadores de la salud del distrito se están organizando en autoconvocatorias, con el reclamo de aumento salarial y el pase a planta permanente de los contratados (un 80% del total de trabajadores); los desocupados se organizan con el movimiento piquetero; los vecinos reclaman por sus viviendas, contra los desalojos de Mussi, contra las privatizadas, etc. La tarea es unificar estas luchas en una gran asamblea popular, donde discutamos un plan de acción común. El Partido Obrero plantea que la Cooperadora no es ninguna salida, sino que marca el camino para la arancelización y privatización de la salud pública. Defendemos la Asamblea Vecinal como la genuina representación de los vecinos: ésta debe controlar los fondos de la Cooperadora y de las partidas de medicamentos que lleguen a la sala. El hospital debe contar con la cantidad de profesionales e insumos necesarios. El Estado debe hacerse cargo de los gastos requeridos para el funcionamiento de la sala. Por la triplicación del presupuesto de salud. Nos solidarizamos con los trabajadores de la sala, que por 12 horas de trabajo diarias cobran 400 pesos, y también hacemos nuestro su reclamo: por un salario mínimo de 1.000 pesos, jornada de 8 horas de trabajo.

Con la asunción a la presidencia del titular de la Corte Suprema, el poder político en Bolivia se ha convertido en una nulidad perfecta. El escaso mandato de gobierno que tenía Mesa ha quedado reducido a la nada. El presidente del Senado había acariciado la idea de reemplazar a Mesa y desatar una represión en gran escala, pero la tentativa fue ahogada en la raíz, de un lado por una gran movilización popular, que rodeó la ciudad de Sucre, donde había ido a refugiarse el Congreso, y del otro lado, por la decisión del gobierno de Bush y de sus cómplices de Argentina y Brasil, de que todavía hay espacio, tiempo y recursos para dominar el levantamiento popular por medios democratizantes. Influyó en esta orientación la incertidumbre acerca de si el ejército sería capaz de ejercer el gobierno en forma duradera, en el caso de un golpe. La viabilidad de esta intentona democratizante quedó planteada a partir de la seguridad que dio Evo Morales de que apoyaría con una tregua el pasaje del gobierno al presidente de la Corte. La situación política del momento en Bolivia se caracteriza, precisamente, por el estado de tregua. El nuevo presidente, Rodríguez Veltzé, debería en principio cumplir la función de casero durante el período que seguiría a la convocatoria de elecciones generales. Esta tarea no resulta, sin embargo, tan simple, porque una cosa es que mantenga al Congreso en funciones y otra que lo disuelva. El Congreso es la cueva golpista y el refugio de la derecha boliviana, de modo que su continuidad es una invitación a la conspiración permanente. Quedaría planteada la enorme contradicción de un Congreso sin mandato popular que, sin embargo, conserva la facultad de legislar y, por lo tanto, de gobernar, y del otro lado, un Presidente que ha surgido por encima del Congreso pero que no puede hacer ni una cosa, ni la otra. Si el Congreso trucho sigue en funciones hasta las elecciones podría convocar a una Constituyente en sus propios términos o con sus propias condiciones e incluso autorizar los referendos autonómicos que reclaman las oligarquías de Santa Cruz. Por eso sólo la disolución del Congreso allanaría el camino para las elecciones generales. Pero si el nuevo presidente demuestra que no tiene capacidad para hacerlo, esa tarea elemental quedaría a cargo de las masas que se han replegado. Todos los temas de la agenda nacional han quedado desplazados por la posibilidad de una convocatoria a elecciones generales. Evo Morales ha dicho que la Constituyente deberá ser convocada por el gobierno que surja de esas elecciones. Las cuestiones de las autonomías y de los hidrocarburos quedarían subordinadas a la Constituyente. La encrucijada boliviana se ha convertido en una muñeca rusa: del reclamo de la nacionalización de los hidrocarburos se pasó a un referendo que estableció la necesidad de una ley que modificara los contratos vigentes; la impasse con la ley derivó en el reclamo de la Constituyente; el tema de la Constituyente suscitó el reclamo de que antes se votaran las autonomías y la impasse en todos estos asuntos provocó la caída de Mesa y la salida de las elecciones. Ahora se dice que el gobierno que surja de ellas convocaría a la Constituyente, que decidiría sobre el petróleo y las autonomías. No hacen falta las encuestas de opinión, sin embargo, para saber que ningún partido conquistaría una mayoría electoral para presidente ni en el parlamento. Han vestido a la muñeca rusa para desvestirla de nuevo. La encrucijada boliviana se reduce a dos cuestiones de fondo. En primer lugar, si el imperialismo se empeña a fondo en la salida democratizante y organiza un entendimiento de Evo Morales con una futura coalición con los partidos del régimen. En este caso debería admitir algunas modificaciones a las condiciones leoninas de los contratos de hidrocarburos que firmó el derrocado Sánchez de Lozada. No está claro que el imperialismo adopte esta vía, que exigiría un entendimiento no solamente con Kirchner y Lula sino con Chávez. Para contener la belicosidad de los explotados de Bolivia se deberá recurrir a todas las cartas de la diplomacia internacional. Si el imperialismo se empeña a fondo en la vía democratizante (y para ello deberá dejar en suspenso algunas rivalidades interimperialistas, lo cual es lo más difícil), las masas bolivianas deberán atravesar una nueva experiencia política del tipo que vivieron con la UDP del nacionalista Siles Zuazo, en los 80, que culminó en un completo fracaso. Ninguna tentativa democratizante podrá soslayar que, para las masas bolivianas, los hidrocarburos se han convertido en una cuestión de vida o muerte. Las sucesivas victorias populares contra la privatización del agua y otros recursos han desarrollado una conciencia nacional que ya no podrá ser erradicada sin una contrarrevolución. La otra cuestión de fondo son, precisamente, las masas. La larga crisis ha dejado al desnudo el rol de inmensa bisagra de Evo Morales, entre los trabajadores y el imperialismo. Evo Morales sigue una estrategia perfectamente definida, asesorado por un grupo de profesores arribistas, que se reduce a impedir que cualquier tentativa popular se salga de los marcos democráticos. La resistencia que empeñó contra la pretensión de la derecha de hacer anteceder los referendos autonómicos a la Constituyente y, luego, la forma como abortó el zarpazo que intentó el presidente del Senado, Vaca Diez, para quedarse con el gobierno, han puesto de manifiesto una conciencia política y una estrategia muy claras, que no flaquearon a sabiendas de que un golpe parlamentario podía desatar una insurrección. La evolución política de la lucha popular depende de los distintos escenarios que se presenten; si el Congreso no es disuelto, por ejemplo, podría crearse una situación revolucionaria en pocos días. Pero si el imperialismo se empeña a fondo en un remedo democrático será necesaria una larga tarea de esclarecimiento político para forjar una vanguardia revolucionaria que pueda ofrecer una alternativa de poder a los políticos del capitalismo.

Los abajo firmantes, trabajadores de la educación de Esteban Echeverría, nos pronunciamos a favor de la propuesta del Partido Obrero de convocar a internas abiertas para formar un frente de todos los partidos de izquierda y de todos los luchadores, que le dé a la clase obrera una bancada obrera y socialista en el Congreso y en la Legislatura. Firman: Adriana Vidal (preceptora), Lucio De León (bibliotecario), Marcelo Bori (docente), Norma Nikdelian (docente), Martina Britos (docente), del Colegio Saavedra; y Matías Tournet (preceptor), del Hogar Escuela.

Al momento de cerrarse esta edición, Taselli parece haber roto el acuerdo, pretendiendo desconocer cláusulas que había aceptado. Los compañeros están reunidos en la planta para evaluar la situación y resolver el plan de acción a seguir, en caso de confirmarse esta actitud de la patronal.

Los trabajadores de la salud de Catamarca vienen de protagonizar en las dos últimas semanas las marchas más multitudinarias de los últimos tiempos. Un millar de personas se concentró en la plaza de La Alameda el jueves 9 en la “Marcha de las Antorchas”. Además de los trabajadores de los hospitales y postas del valle central, se dieron cita docentes, vecinos de las barriadas, trabajadores municipales y representantes de no docentes de las escuelas de la provincia. Unas horas antes de la marcha, el ministro de Salud (Aguirre) llamó a los trabajadores de la salud de la región (que tienen los salarios más bajos de la zona) a aceptar la oferta del gobierno, que en el mejor de los casos apenas supera los 150 pesos, en negro. Con las declaraciones, la marcha cobró mayor combatividad. La representante del Hospital de Niños dio un detalle pormenorizado de la situación de los trabajadores del hospital, fustigó a la burocracia traidora de Atsa e instó al pueblo a que acompañe las movilizaciones. El médico Perea, de Autoconvocados, comparó el aumento miserable que ofrece el gobierno con el reciente aumento en la dieta de los funcionarios: “para ellos el título debe pagarse 500 pesos y a nosotros, 50”. El representante de los trabajadores de los planes llamó a profundizar la lucha contra el trabajo en negro. Torrente, de Tribuna Docente, denunció que el gobierno viene a destruir la educación y la salud y llamó a crear una Coordinadora de trabajadores por el salario. Tato Traverso llamó a asambleas en todas las postas y hospitales y dejó en claro que el ofrecimiento no satisface las expectativas. El viernes 10 los trabajadores rechazaron unánimemente la oferta del gobierno de montos en negro y que no nombra en planta, como piden los autoconvovados, a ningún trabajador de los planes. La semana que viene se evalúa realizar un paro sorpresivo y se mantiene la marcha de las antorchas para el jueves. La marcha de los jueves ha empezado a ser el canal de los luchadores de la provincia. Vamos por la unificación de los reclamos y hasta la satisfacción de todas las exigencias: básico de 750 pesos y no más trabajo en negro, nombramiento del personal ad honorem y de los planes, por una carrera sanitaria aprobada por los trabajadores. Lo que está en juego es el destino de la salud pública que el pueblo y sus trabajadores han empezado a tomar en sus manos.

Las nubes de una tormenta histórica se están acumulando nuevamente sobre los Balcanes... La falsa paz en los Balcanes y la aparente “impasse” del período posterior al final de la guerra en Yugoslavia no pueden ocultar que la sociedad está en ruinas. Para el pueblo común la lucha por la supervivencia se transforma en un tema cotidiano. Ahora, incluso esta aparente “paz” de cementerio y de desierto social está amenazada. El futuro inmediato de la devastada Kosovo, reducida a un protectorado de la Otan como Bosnia; la planeada disolución final de lo que quedaba de la pasada Federación entre Montenegro y Serbia; el renacimiento y la manipulación de odios étnicos, xenofobia y nacionalismo en todos los países balcánicos; el antagonismo entre las clases gobernantes de Grecia y Turquía por la hegemonía en esta estratégica región; la agudización del conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Europea por el control geopolítico de los Balcanes; crean las condiciones para una nueva ola de revueltas, agitación y guerras en una península ya exhausta. Tres fuentes alimentan con nuevo material explosivo la situación en los Balcanes: 1. La impasse de la guerra imperialista y en la ocupación de Irak encabezada por los Estados Unidos, donde continúa la resistencia popular a pesar de los esfuerzos para “legalizar” la ocupación mediante la falsa (trucha) elección de un “régimen cipayo”. 2. La manipulación imperialista del masivo descontento popular contra los regímenes corruptos post-soviéticos en Georgia, Ucrania y en Kirguiztán, la preparación de movilizaciones “naranjas” similares en otras ex repúblicas soviéticas, incluso en la propia Rusia, manifiesta la necesidad del imperialismo de llevar a una conclusión el proceso que comenzó con el colapso de los regímenes burocráticos en 1989/1991. 3. Los Balcanes son el teatro del creciente antagonismo entre la UE y el imperialismo de Estados Unidos. Mientras que todos los regímenes de los Balcanes ven la integración con la UE como un medio para la salvación económica, al mismo tiempo la mayoría de ellos juega un rol de caballo de Troya del imperialismo norteamericano en la región y aun dentro de la misma UE. En la medida en que los pueblos de los Balcanes enfrentan el más importante punto de inflexión después de las guerras del final del siglo pasado, se vuelve urgente la necesidad de forjar los lazos internacionales e internacionalistas entre todas las fuerzas revolucionarias de los Balcanes, entre todos los luchadores de los movimientos anticapitalistas y antiimperialistas en la región. El Centro Socialista de los Balcanes “Christian Rakovsky”, que fue fundado en el período posterior de la guerra de la Otan contra Yugoslavia con el objeto de unir a la vanguardia de los luchadores en la región contra el imperialismo y contra todas las camarillas locales chauvinistas, por una Federación Socialista de los Balcanes, reitera este llamamiento en las condiciones de hoy, organizando para los días 16 a 19 de septiembre de 2005 en Atenas, su Conferencia para discutir colectivamente y libremente la nueva situación en los Balcanes, en Medio Oriente y en Rusia, y las tareas que surjan de ella. Todas las organizaciones revolucionarias, los movimientos sociales y de luchadores contra el imperialismo y el capitalismo, contra la guerra y la globalización capitalista, de los Balcanes, de Medio Oriente y Rusia, que provienen de diferentes tradiciones de los movimientos emancipadores y de los trabajadores, estan invitados a contribuir con este vital debate.balcaes

Los abajo firmantes nos pronunciamos a favor de un Frente de izquierda y los luchadores. Porque como trabajadores de subterráneos pudimos hacer una vasta experiencia de lo que significa un frente de izquierda dentro del parlamento patronal. Aprovechando la crisis política de 2001 pudimos arrancar la ley 871 de reducción de la jornada laboral de 6 horas de la Legislatura porteña. Este frente de izquierda, que abrió el camino a la más grande movilización de los trabajadores de toda la historia del subte, creó las condiciones para el paro contra el veto de Ibarra, contra los bloques legislativos patronales y contra la burocracia sindical, y nos permitió impulsar el histórico paro de cuatro días y su posterior triunfo. Viendo los debates en curso entendemos que: Este Frente debe contener a los luchadores y la izquierda, sin los burócratas sindicales de la CGT y CTA, sin representantes de los partidos patronales. De acuerdo con la documentación de los partidos, estamos de acuerdo en que se tomen como base programática las reivindicaciones que ha levantado la izquierda en los últimos 30 años. ¡Que se proclame el Frente ya! Firman 18 trabajadores y 2 delegados Trabajadores del taller Rancagua de Metrovías

El 7 de junio, por primera vez en quince años, los trabajadores de Ford y VW ocuparon la Panamericana en el horario “pico” de 7 a 10. Una semana antes, la burocracia, por boca de José Rodríguez, había amenazado con “adoptar todas las medidas que se puedan pensar, como tomas de fábricas y cortes en la Panamericana o en la ruta nacional 3, movilizaciones y paros” (Ambito, 2/6). La “toma de fábricas” habría producido un viraje profundo en la lucha del conjunto de la clase obrera. La burocracia escogió, por eso, “sacar” el conflicto de las fábricas y pedir extraoficialmente la intervención del Estado. Por otra parte, no está claro si sigue en pie el intento patronal de ofrecer un aumento del básico a cambio de derogar o limitar el pago del adicional por antigüedad. El reclamo de 2.000 pesos para los básicos de las categorías inferiores, que concentran a la mayor parte del personal, es un problema para las patronales automotrices, porque recupera, aunque en forma mínima, los niveles de salarios anteriores al menemismo y a la crisis del ‘tequila’, en 1995. En la asamblea de Ford hubo una oposición a cortar la ruta y un planteo a favor de profundizar el conflicto dentro de la planta. Antes de esto, en el inicio del plan de lucha, los obreros de Ford habían rechazado el intento de la burocracia de levantar el quite de colaboración. Es decir, los obreros mecánicos en lucha se han planteado cómo y dónde atacar.

La huelga por tiempo indeterminado de los estatales chaqueños ya cumplió un mes; la de los docentes está entrando en su tercera semana. Chaco está paralizado por una huelga general de los estatales que se extiende a todas las localidades de la provincia y a todas las dependencias del Estado. La marcha provincial de la semana pasada, que reunió a todos los sectores en lucha, fue masiva y combativa. Participaron más de diez mil manifestantes. Además de los estatales y los docentes, marcharon los piqueteros y los campesinos. La provincia es un verdadero polvorín. El campo es un tendal de campesinos quebrados. Los trabajadores legislativos, judiciales, los viales, los de Rentas, los de la Lotería provincial y los jubilados manifiestan en la calle su bronca por la miseria salarial. Los desocupados ven cómo cada día se empequeñecen los infames 150 pesos ante el sistemático crecimiento de los precios. El centro de la huelga estatal son los hospitales. En las escuelas, las asambleas autoconvocadas, realizadas a iniciativa de Tribuna Docente y otras agrupaciones, comienzan a ser masivas con la presencia de padres, alumnos, docentes y vecinos. En Resistencia, se realizaron en más de veinte escuelas (primarias, secundarias, terciarias) y se comienzan a realizar acciones y movilizaciones independientes de la distraccionista “vigilia” de la burocracia de los sindicatos en el centro de la ciudad. En el interior, se ocupan con carpas las plazas centrales, con el apoyo de vecinos, como en Villa Angela, Quitilipi, Charata, General Pinedo (la localidad de Rozas), Las Breñas y General San Martín. En esta última localidad, la huelga hizo caer el programa “Chaco aprende”, que traspasa la responsabilidad de la educación del Estado a los padres, la mayoría desocupados. Los pequeños comerciantes las apoyan con apagones. Un síntoma de la profundidad del movimiento huelguístico docente es que escuelas históricamente desorganizadas han comenzado a parar e intervenir en la lucha. La marcha fue un verdadero trampolín: fortaleció las huelgas y las acciones de los sectores en lucha y puso al gobierno a la defensiva. La costosa campaña publicitaria oficial, que calificaba de “vagos” a los docentes y de “delincuentes” a los trabajadores de la salud, acusándolos (falsamente) de negarse a atender las urgencias, debió ser retirada ante la masificación del proceso huelguístico. El golpe final fueron las asambleas docentes autoconvocadas: allí, los punteros del PJ y la UCR, disfrazados de “padres”, fueron masivamente repudiados cuando se presentaron a reclamarle a los maestros que levantaran la huelga. El Partido Obrero participa activamente en el proceso de las autoconvocatorias docentes, en la lucha de los hospitales y en la movilización de los desocupados. Interviene en la lucha señalando la necesidad de una asamblea provincial de todos los sectores en lucha que vote la huelga general en toda la provincia por el básico de 1.200 pesos para todos los trabajadores estatales, por el aumento de los planes a 350 pesos, por el precio sostén a la producción de los pequeños campesinos y por la renuncia del gobernador Nikitsch. ¡Viva la huelga general! ¡Abajo el gobierno de hambre y miseria! (En base a informes de Aurelio Díaz y Aldo García)

Las leyes de punto final y obediencia debida tienen su origen en el acta que el gobierno de Alfonsín suscribió con el conjunto de los partidos patronales, la oligarquía y los monopolios bancarios e industriales el 19 de abril de 1987, cediendo a todas las exigencias de la sedición militar que acababa de protagonizar Aldo Rico. En la foto posaron, junto a Alfonsín, Antonio Cafiero y Alvaro Alsogaray, entre otros. El acta, que reivindicaba el principio de la “obediencia debida”, fue el punto de partida para la sanción de esa ley y de la de punto final. El texto se pronunciaba también por el “normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado” (el apaciguamiento de los golpistas). El Partido Comunista firmó el “acta democrática”. Luego procuró disimular esta capitulación planteando una “salvedad pública” sobre el punto vinculado a la obediencia debida, el cual ya había suscripto. El viejo MAS concurrió, junto al PC, a la reunión convocada por el presidente Alfonsín para la firma del acta, es decir que avizoró la posibilidad de un compromiso institucional con la burguesía y sus partidos, en nombre de una falsa “lucha contra el golpe”. Ya en la Rosada, el MAS se negó a firmar el acta por el punto vinculado a la obediencia debida, aunque en el interior del país suscribió actas provinciales “en apoyo al orden constitucional” y “a la forma democrática republicana”. No fueron acuerdos de acción práctica contra el golpe sino acuerdos de principios sobre la defensa del Estado. El Partido Socialista se encontraba en el gobierno de Alfonsín por intermedio de Alfredo Bravo, que renunciaría un poco más tarde. En la mañana del domingo en que se firmó el acta, el PO fue invitado a una reunión del frente que integraban el PC y el MAS (Frente del Pueblo), para considerar la cuestión del acta democrática. El PO rechazó desde el vamos cualquier acta democrática. El único eje de un posible pacto político debía consistir en una propuesta de acción práctica, como la huelga general contra los sediciosos con la ocupación de centros de comunicaciones y de transporte, en conjunto con la CGT y los sindicatos. La capitulación del PC y la vacilación del MAS en los hechos de Semana Santa fue un hito en el largo proceso de sometimiento de la izquierda al régimen seudodemocrático que emergió de la dictadura militar, que luego volvería a manifestarse en oportunidad de la represión al copamiento del cuartel de la Tablada, por parte del MTP. En esa ocasión sacaron una solicitada que repudiaba el asalto al cuartel pero no a la represión.

El plan de lucha en reclamo de una recomposición salarial y la efectivización de los contratados se profundiza. Esta semana, luego de varios telegramas de intimación, la empresa dispuso la suspensión de seis trabajadores de la planta 2. La respuesta fue una categórica huelga general de 24 horas, que impactó por su masividad: ciento por ciento de acatamiento en ambas plantas. La tentativa de romper la medida de fuerza “desde adentro”, apelando a la camarilla de ex delegados “verdes” de la planta 2, encabezados por un miembro actual de la directiva, cosechó el repudio generalizado. Tampoco se vieron cumplidas las expectativas puestas en la acogida que tendría la “paritaria”. Sin asambleas ni plenario de delegados ni mucho menos una movilización, no se podía esperar mucho de esta negociación. Efectivamente, el nuevo convenio lleva la escala a 700 pesos para la mínima y 1.222 pesos para la 10, desde julio. Descontando lo que ya se viene percibiendo, los incrementos van entonces de 20 a 90 pesos por quincena. El intento de la patronal de concentrar las represalias en la planta 2 recibió una réplica unánime. La interna, más inexperta que su “hermana” de la 1, actuó con coraje y se consolidó como una real dirección del taller. Se abrió una instancia administrativa en la Subsecretaría de Trabajo de La Matanza a raíz del pedido de la empresa de que se dicte una conciliación obligatoria. Mientras que la conciliación está fuera de lugar, sí corresponde que el ministerio resuelva la ilegalidad de las sanciones y dé curso al pedido del reintegro del día caído a consecuencia de la prepotencia empresaria. Por otro lado, está pendiente el dictamen sobre la denuncia de fraude laboral por la contratación de eventuales para ocupar puestos en las líneas. A solicitud de la delegada regional, la empresa accedió a llevar a cabo una ronda de reuniones aunque deslizó que mantendría su posición contraria a cualquier ajuste salarial. La continuación del plan de lucha obligará a la patronal a jugar sus cartas en los próximos días o semanas.

El domingo 29 de mayo, Ramiro Llanes, un pibe de 21 años, fue asesinado de un disparo por la espalda efectuado por el cabo de la policía José Benito Gil, en el barrio Juan Pablo II, al norte de la ciudad de Salta. Unas horas antes, este mismo policía había herido de bala al primo de Ramiro. Sus amigos y parientes fueron a reclamarle al policía; Gil y sus hijos salieron de su casa y comenzaron a disparar a sangre fría. En esta situación, Gil asesinó con su arma reglamentaria a Ramiro. Para la Policía, Gil ha actuado “en defensa propia”. El juez, que sostiene la misma versión, autorizó a los policías de la Brigada de Investigaciones a efectuar una redada en la zona. Detuvieron a 17 jóvenes, de los cuales ocho son menores de edad. Una enorme campaña de difusión mostró todo tipo de armas supuestamente secuestradas a los pibes. Pero los familiares de Ramiro denunciaron que los pibes fueron brutalmente golpeados en la Brigada de Investigaciones y apretados para que se hicieran cargo de la tenencia de armas. A los pibes se les imputa, además, del asesinato de Ramiro. Los vecinos del barrio denunciaron que Gil siempre se emborrachaba y armaba disturbios junto a su padre, y que tiene a las mujeres del barrio amenazadas; es “protegido” por los oficiales de la Comisaría 6ª de Castañares. Se ha montado una gran campaña de encubrimiento, con pruebas falsificadas. El caso de Ramiro Llanes no es un hecho aislado. El pibe Jaime, asesinado en un boliche por policías que hacían adicionales y cuyo jefe era el propio guardaespaldas de Romero; el caso de Isaac Castillo, asesinado en la Comisaría 2ª; el pibe Reales, en Villa San Antonio, y el caso último de un empleado municipal a punto de jubilarse, Martín Rodríguez, en la comisaria de Cachi. A esto hay que sumar los cientos de casos de apremios y todo tipo de vejaciones que se denuncian en la provincia. La Jefatura de Policía detiene, cada fin de semana, a un promedio de 600 personas, la mayoría de ellos jóvenes, por “averiguación de antecedentes”. Las mafias policiales están metidas hasta las rodillas en el narcotráfico. A esta conclusión han llegado los familiares y amigos de Ramiro que han participado en las jornadas de lucha piquetera del pasado lunes 6 de junio, junto al Polo Obrero. El desafío es organizar, junto a la familia Llanes, a todos los familiares y víctimas de los atropellos policiales y la represión para enfrentar al régimen fascistoide de Romero.

Elisa Carrió se pasea por cuanto programa de televisión se le ponga a tiro, desplegando un estilo señorial. Carrió asegura, pontifica, profetiza, actúa como una pitonisa. ¿La construcción de ‘una imagen’? Mucho más que eso, porque el cultivado comportamiento de la ex aliancista apunta a disimular su programa, su planteo político. No es casual que cuando se refiere a su programa, lo hace como al pasar. No sea que se convierta en el eje de la entrevista o del debate. Con los banqueros Lo que Elisa Carrió procura evitar es que el teleespectador perciba que ella guarda con sus rivales una curiosa coincidencia — por ejemplo, que defiende a rajatabla el canje de la deuda externa. Lo hace en términos sorprendentes, porque apela para ello al argumento del realismo, precisamente aquello mismo que está ausente en el conjunto de su discurso. Lo que la baja a tierra en el asunto de la deuda es la fuerza del capital financiero internacional y el temor que éste le inspira. En este punto la ex radical no quiere entrar en los detalles, como que su posición implica defender la creación de nueva deuda para compensar a los bancos y financiar la licuación de deudas de los Techint; o que más del 40% de la deuda post-default se encuentre ajustada por CER y ofrezca un rendimiento anual que se acerca al 20% en dólares. Los seguidores de Carrió ya habían probado, en 2002, esta vocación de entreguismo cuando aprobaron la refinanciación de la deuda de la Ciudad propuesta por Ibarra, la cual no incluía quita alguna para la parte en dólares, aceptaba una tasa usuraria por encima del 7% anual y ajustaba la parte de la deuda en pesos por el crecimiento que tuviera la recaudación tributaria porteña (ha sido más del ciento por ciento). El ARI ‘acompañó’ a Ibarra (y, por sobre todo, a los bancos Morgan y Francés) en la despesificación de la deuda pública de la Ciudad. Esta gravísima confiscación del contribuyente capitalino en beneficio de los bancos debería ser suficiente para tipificar el contrato moral que propone la chaqueña como una grosera estafa a la fe pública. La posición de Carrió frente al canje de deuda pone de manifiesto todos los hilos de intereses que la unen a los banqueros, no importa cuánto haya investigado sobre lavado de dinero por medio de los bancos. Ninguna operación es más eficaz para ese lavado que el canje de la deuda — un título anónimo sin rastros. El acuerdo de Carrió con el canje de la deuda pública implica otro acuerdo más, el acuerdo con la política de elevado superávit fiscal, que es funcional al pago de la deuda que se ha refinanciado. La necesidad de conservar y acrecentar si fuera posible este excedente de recaudación es la causa fundamental del violento deterioro de los salarios de los trabajadores del Estado, así como de los gastos sociales de todo orden. Implica, claramente, una ‘redistribución de ingresos’ en perjuicio de la mayoría popular y en beneficio del capital financiero. Esta redistribución de ingresos tiene lugar de un modo despótico, porque está determinada por una acción coercitiva del Estado, o sea de carácter extraeconómico. En sus paseos por los estudios televisivos, Carrió nunca se refiere al superávit fiscal ni a los salarios. ¿Qué la diferencia de Kirchner o de López Muphy? Con las AFJP Tardíamente, la mujer que ha abandonado la esperanza de representar a los chaqueños pero está segura de representar las aspiraciones de los porteños, advierte sobre el derrumbe de la vejez. Entre los que trabajan en negro y los desocupados, dice, dentro de quince años habrá millones de personas sin acceso a la jubilación. Aunque Carrió debe pensar que diez años no es nada, nuestro partido advirtió lo mismo cuando Cavallo privatizó la previsión social, que luego De la Rúa se comprometió a proteger con el fervoroso apoyo de Carrió. Ahora, la candidata del ARI, sin que por ello se le mueva un pelo, propone salir de este derrumbe social con una jubilación mínima de alrededor de 300 pesos, o sea un 60% debajo de la canasta de indigencia. Carrió no solamente le pone números a la miseria social que les promete a los que se retiren de la vida laboral. El punto fundamental es que monta todo un discurso apocalíptico sobre los futuros jubilados con la finalidad de tender una cortina de humo sobre las AFJP, a las que soslaya como si no fueran las protagonistas fundamentales del derrumbe jubilatorio. La privatización de la previsión social ha significado un desvío de fondos del Estado a las AFJP y es la responsable del hundimiento fiscal del Estado. Esa jubilación privada es, por otra parte, un negocio parasitario que lucra con el endeudamiento del Estado. Carrió no ignora que los fondos de pensiones son los grupos bancarios más beneficiados por el canje, puesto que se los ha autorizado a contabilizar los títulos que tienen en su poder a su valor nominal (en la actualidad un 80% por arriba de la cotización de mercado). Carrió pretende defender a la vejez del desahuciamiento sin modificar un ápice la captura de los fondos previsionales por parte de las finanzas capitalistas. ¿En qué la distingue esto del más rabioso privatista o neoliberal? Con los contratistas Elisa Carrió se preocupa también por los niños, hasta un punto tal que propone convertir el apoyo a la niñez en la viga maestra de la redistribución ‘progresiva’ de los ingresos. Para eso plantea abolir los ‘planes Trabajar’, que según la ex chaqueña favorecen la vagancia, y utilizar esos fondos para una asignación por hijo que sería cobrada por la madre. Sin tocarle un pelo al capital, Carrió redistribuye la plata de un pobre a otro — del beneficiario de los planes a los hijos de esos beneficiarios — ; claro que la asignación por hijo sería menor a los 150 pesos, no digamos de los 350 pesos que reclaman las organizaciones de desocupados. La tesis de que los 150 pesos favorecen la vagancia es la misma que sostienen los patrones de la construcción y de las distintas cosechas agrícolas, que pretenden pagar salarios por montos similares. A la pitonisa se le ocurre que la distancia entre un plan y un salario es corta, por la simple razón de que ni en la fantasía plantea llevar el salario mínimo al costo de la canasta familiar, o sea a los 2.000 pesos. Cuando se trata de los trabajadores, la calculadora de Carrió sólo opera con tres dígitos. Con el Banco Mundial Lo que Carrió oculta igualmente, siempre entre la prosa encendida y la mirada furtiva, es que los términos de su preocupación por niños y viejos coinciden con las propuestas del Banco Mundial y el clero. Los banqueros han llegado hace tiempo a la conclusión de que el capitalismo va a tener que mantener una masa de desocupados crónica, cuyos costos deberán ser lo más bajos posible. Carrió coincide con este pronóstico catastrófico, mientras fantasea con un ‘futuro diferente’. Carrió no encarna un planteo progresista sino reaccionario, que asimila todas las tendencias a la miseria y la descomposición social que están presentes en el capitalismo. Carrió se inscribe naturalmente en todo el verso nacional de los microemprendimientos y del apoyo a las pymes, como si ignorara que la economía está dominada por los grandes monopolios o que el mejor destino que le está reservado a una pyme es oficiar de empresa tercerizada de algún pulpo y, por medio de esa tercerización, viabilizar los salarios en negro y el trabajo precario que les permiten a los pulpos abaratar los costos y a Carrió derramar lágrimas de cocodrilo por los trabajadores en negro que no se podrán jubilar. Con los Ibarra Carrió tampoco se diferencia del personal político patronal en lo que hace a su prontuario. No ya por su pasado bajo la dictadura o la Alianza; más recientemente, cuando ya se había reconvertido a lo que es hoy, apoyó la reelección de Ibarra, y su gente pasó a formar parte del Gobierno de la Ciudad hasta la masacre de Cromañón. Aun después de la masacre, los legisladores del ARI continuaron operando para defender a Ibarra contra los ‘desestabilizadores’. Carrió puede meter ruido denunciando las fechorías de sus adversarios del mismo campo social. Una pelea de gerentes. Pero no es el punto de partida de nada.

Nuevamente, la patronal de Aerolíneas Argentinas ha producido un gran atropello contra los trabajadores. A los 20 despidos de Aerohandling se les suman más de 100 compañeros aeronáuticos, en el último mes. A los dirigentes de APA, el sindicato de los aeronáuticos, no se los ha visto, no han respondido a los despidos, ni tampoco a los ataques, amenazas y telegramas persecutorios que la patronal de “su” compañía aérea ha enviado a trabajadores y delegados. Los compañeros de Aerohandling han respondido con una movilización en el hall del Aeroparque y han convocado a un acto para el día viernes 17/6 a las 14 hs y llaman a todas las organizaciones políticas, gremiales, dirigentes, diputados y personalidades a apoyar su reclamo. El Partido Obrero llama a apoyar y sostener esta lucha. Ningún despido . Reincoporación de todos los despedidos y efectivización de todos los contratados. Basta de persecuciones al cuerpo de delegados y basta de amenazas a los trabajadores.

Con el soporte del “Manifiesto al pueblo de Salta”, aprobado por el congreso provincial, fueron presentadas las candidaturas del PO en catorce municipios. Las listas fueron nominadas por asambleas de cada localidad. En Capital, el compañero Pablo López encabeza la lista de diputados. Pablo ha tenido una destacada actuación como diputado desde el 2001. Es el autor de la ley que impide la transferencia de las hipotecas de las viviendas populares a la banca privada; fue perseguido por su actuación contra el negociado del transporte público; recientemente fue encarcelado por la policía romerista junto a Claudio Del Plá en la represión contra los docentes. Lo acompaña, en el segundo lugar de la lista, Patricia Poblete, dirigente de Tribuna y de la huelga docente, actual concejal por Capital. Cristina Foffani, dirigente de Tribuna y ex candidata a gobernadora, encabeza la lista de concejales del municipio Capital; junto a Julio Quintana, de la UJS (consejero estudiantil de la Facultad de Humanidades) y Carlos López, dirigente provincial del Polo Obrero. Gustavo Saravia, actual concejal, será el candidato a senador. En el interior encabezan las listas destacados dirigentes de la huelga docente, como Josefa Cardozo en Orán, y María Elena Frías y Fulvia Condorí en el departamento San Martín. En Tartagal está al frente el gran luchador José Barraza. La lista de diputados nacionales estará encabezada por Claudio Del Plá, actual diputado provincial.

El aumento del haber mínimo a 350 pesos es una estafa por partida múltiple. Primero, porque desde la devaluación, la inflación oficial ha sido del 63% y con ese incremento la jubilación media aumenta la mitad. Segundo, con 350 pesos, la jubilación mínima representa el 55% del salario mínimo que se fijó en 630 pesos, cuando debería ser del 82%, o sea 515 pesos. El haber mínimo jubilatorio resulta ser más miserable que el propio salario mínimo. Tercero, el aumento representa un gasto adicional de 715 millones de pesos, cuando el superávit fiscal será del orden de los 20.000 millones de pesos. O sea, un 3,5%. Cuarto, la Anses tiene recursos para dar un aumento superior, pero el Gobierno se queda con el grueso de esa recaudación para pagar la deuda externa. El argumento del gobierno de que ofrece un aumento del 133% con relación al haber vigente antes de la devaluación entraña varias mentiras. En diciembre de 2001 la jubilación era de 150 pesos pero se pagaban subsidios adicionales por 70 pesos por persona a quien ganaba la mínima. Esos 220 pesos son llevados ahora, al cabo de cuatro años, a 350 pesos. Esto da un 60% de aumento, entre ambas fechas, menos que el aumento de la inflación, lo que representa en el promedio de los cuatro años apenas un 15%; el aumento no contempla compensación por la pérdida continua de poder adquisitivo durante todos los días de los últimos 48 meses. Esto en lo que se refiere a la jubilación mínima. Los que ganaban 250 pesos ahora cobrarán 350 pesos, con lo que tendrán un aumento del 40% contra una inflación del 63%. Los que ganaban 500 pesos, tuvieron un 10% de aumento. Como consecuencia de la inflación, estos jubilados deberían estar cobrando 815 pesos: son 265 pesos por mes menos que la miseria que cobraban en diciembre de 2001. Los que cobraban más de 1.000 pesos no tuvieron ningún aumento. Por ajuste por inflación deberían cobrar 1.630 pesos. Duhalde-Kirchner-Lavagna les devoraron 630 pesos por mes. Este año, el gobierno “nacional y popular” terminará pagando entre intereses y vencimientos de la deuda 30.000 millones de pesos (10.000 millones de dólares) y pagará jubilaciones por 18.000 millones de pesos. Un puñado de capitalistas se llevará casi el doble que más de tres millones de personas.

El Suteba y la FEB han resuelto parar en conjunto el miércoles 15, el jueves 23, el viernes 1 y el martes 5 de julio. Exigen la incorporación al básico de los 90 pesos que se cobran en concepto de presentismo y el blanqueo de otras sumas no bonificables. El plan de paros puede dar la impresión de un viraje respecto a la maniobra distraccionista de hace dos semanas, cuando los Yasky y compañía intentaron cambiar la agenda reivindicativa de los docentes por una ley de financiamiento educativo. Pero la burocracia sigue desconociendo el reclamo de un básico de 800 pesos y el plan de lucha de paros aislados da toda la impresión de un intento de llegar a las vacaciones de invierno sin que haya cambiado nada. La burocracia de Suteba ha debido cambiar la forma de su intervención frente al accionar de las seccionales opositoras, que habían comenzado con planes de lucha por distrito, con el fin ulterior de producir una autoconvocatoria provincial, introduciendo con ello un cambio radical en la modalidad de lucha de los docentes y en la modalidad de oposición tradicional a la burocracia. Nuevamente, hay un intento de cambiar la agenda. La Celeste de la burocracia tomó conciencia del desafío planteado por las seccionales opositoras en un volante en el que dice que “es evidente que lo hacen en una ridícula relación de fuerzas con el gobierno y desde una perspectiva divisionista que municipaliza el conflicto” (volante, 13/6). Este planteo delata el propósito de la burocracia de no hacer frente al gobierno, con el argumento de las ‘relaciones de fuerza’, como si la huelga salteña, contra el propio sindicato y contra un gobierno aún más ‘duro’ que el bonaerense, no hubiera demostrado lo contrario. Con relación al ‘divisionismo’, no hay tal cosa porque la burocracia sindical simplemente deja pasar el tiempo. Los paros de la burocracia modifican parcialmente el escenario que había motivado el plan de lucha de los distritos antiburocráticos. Se trata ahora de meter este plan de lucha como un caballo de Troya en el limitado planteo de la burocracia. Habrá que valerse de los paros provinciales para reintroducir la agenda de los distritos combativos. Sobre la base del reclamo de que los paros aislados se transformen en huelga indefinida por el básico de 800 pesos, debería cobrar un impulso todavía mayor la convocatoria independiente de estas seccionales a una gran asamblea autoconvocada de la provincia. Las seccionales opositoras han convocado a un plenario provincial de delegados con mandato de escuelas para el viernes 24 de junio para debatir el plan de lucha por los 800 de básico, la nulidad de la Ley Federal de Educación, la defensa de las condiciones laborales y el rechazo a la ley de financiamiento. Es la oportunidad para plantear que cada una de las seccionales opositoras se convierta en cabecera de una autoconvocatoria de las seccionales y delegados de base de su radio geográfico, bajo la forma de plenarios o asambleas para extender y organizar el movimiento de lucha que está creciendo en la base docente -por caso Lomas de Zamora para la zona sur, Bahía Blanca para la sexta sección, Sarmiento para la zona norte. Una acción decidida reforzará la comprensión de lo que los docentes ya advierten: que, junto a los estatales y los jubilados, son las víctimas escogidas para garantizar el superávit fiscal. El gobierno está desviando el dinero del aumento que corresponde a los docentes a la compra de intendentes para alinearlos en la lista electoral de la Rosada. A pesar de que Suteba ha denunciado este hecho, no cabe esperar que actúe en consecuencia debido a su apoyo abierto o camuflado a los Solá y los Kirchner para las elecciones de octubre. En la provincia de Buenos Aires se juega el capítulo más importante de la lucha docente, pero de ningún modo el único, pues la misma lucha se libra en otras cinco provincias — Chaco, Neuquén, Córdoba, La Pampa y Mendoza. El gobierno y la burocracia de Ctera han fracasado en desmovilizar, pero por esto mismo han profundizado su política de desgaste, sea mediante el aislamiento de las luchas, sea mediante paros aislados. Ctera es un “ministerio en las sombras” del gobierno K.

El Congreso Provincial del Partido Obrero, que sesionó entre el 15 y 16 de abril, palpitando palmo a palmo la huelga histórica de la docencia salteña, aprobó un programa político. Este programa señala que la gran lucha de los maestros agudizó el agotamiento del régimen romerista y de sus agentes en los sindicatos. Es así que plantea la necesidad de luchar por sindicatos y una central obrera autoconvocados, para pelear por un salario igual al costo de la canasta familiar, por el 82% móvil para los jubilados y por el reparto de las horas de trabajo, como medidas transitorias en la perspectiva de un gobierno de trabajadores. Cuidado con los buitres La evidencia de la declinación del romerismo y de la necesidad de un cambio de régimen ha sacado de sus tumbas a los falsos opositores. Pretenden recoger los escombros y evitar que el pueblo imponga una salida independiente. Las ‘viudas’ del régimen de Romero (PRS, Unidos por Salta, UCR) han compartido el poder, sus negocios y sus métodos. Quién puede olvidar que el PRS votó la renovación del contrato con el Macro, o que UPS está lleno de ex funcionarios del romerismo y del menemismo. También están los fantasmas de la UCR, cuyos principales dirigentes están cooptados por Romero. Se suma ahora Barrios de Pie, que está prostituyendo la causa piquetera para intentar convertir a los desocupados en punteros del oficialismo con la plata del gobierno nacional. Barrios de Pie va en estas elecciones con los peronistas desplazados del PJ y otros representantes patronales. El Partido Obrero denuncia los intentos de cambio de fachada. Aceleremos, sí, la declinación del romerismo para fortalecer una alternativa de los de abajo y sabotear los arreglos entre los de arriba. Una gran oportunidad para el pueblo salteño. El agotamiento del régimen romerista abre la posibilidad de que pierda uno de sus pilares elementales, como es la mayoría parlamentaria. El PO pondrá todo su esfuerzo para que su retroceso redunde en una bancada más numerosa de trabajadores en la Legislatura provincial y en los concejos deliberantes.

Con la firma de los convenios de trabajo en los principales gremios industriales y el acuerdo en torno al Consejo del Salario, las burocracias lograron ir cerrando la “conflictividad laboral” de fines del año pasado, que tuvo como protagonistas a los telefónicos y Metrovías, y amenazaba con un vasto movimiento nacional reivindicativo. Aun así, las burocracias no pudieron impedir el desarrollo de un movimiento huelguístico entre los estatales, municipales y docentes, como el que se está desplegando en estos días, y que podría extenderse aún más en varias provincias y municipios. Este movimiento huelguístico de los estatales está socavando la pesada contención que durante estos tres años y medio fueron imponiendo las burocracias de Moyano y de De Gennaro. Esa contención explica que los estatales hayan recibido aumentos promedio del 17%, contra una inflación oficial del 63%. Estas burocracias realizaron la proeza de bajar una cuarta parte los ya deprimidos sueldos estatales, como contracara del superávit fiscal que necesita Kirchner para seguir pagando la deuda pública. De Gennaro pensó que a cambio de esta cooperación en el congelamiento de los salarios estatales, la CTA recibiría el premio del reconocimiento de la personería gremial. Pero nuevamente el gobierno y las patronales dejaron en claro que siguen apostando al modelo sindical de la CGT y que solamente apelarían a un cambio de “modelo” como último recurso contra el vasto movimiento por la expulsión de la burocracia de los sindicatos. Esta política de cooperación de Moyano y De Gennaro está siendo cuestionada entre los estatales, como ya sucedió con los paros docentes que tuvieron lugar al margen de la burocracia de la Ctera y que la obligaron a un paro nacional, para volver a negociar con Filmus y Kirchner. Ahora, los paros estatales podrían incrementarse porque para acordar en el Consejo del Salario se fijó un salario mínimo remunerativo de 630 pesos, suma que no gana la mayoría de los empleados públicos de las provincias. Por otra parte, comenzó a gestarse un por ahora incipiente movimiento entre los jubilados reclamando la actualización del haber mínimo y de las jubilaciones. En los gremios industriales, “en general, esos convenios se firmaron con aumentos promedio anuales del 11 al 15%” (Clarín, 5/6), un porcentaje similar a las proyecciones de inflación. Con esos porcentajes, las patronales se aseguraron la continuidad de los deprimidos niveles salariales, embolsándose las grandes ganancias de productividad logradas en los últimos dos años y medio. A cambio de esto, las burocracias recibieron suculentos premios de las patronales, como “aportes empresarios al sindicato y/o a la obra social y también descuentos a los trabajadores afiliados o no al sindicato” (ídem) que van del 2 al 4% de los salarios. Asistimos a una recomposición parcial y desigual del movimiento obrero motorizada por la reivindicación salarial. Su importancia va más allá del plano reivindicativo porque toda la política de Kirchner y Lavagna se sustenta en el deterioro de los salarios y las jubilaciones como base del superávit fiscal para el pago de la deuda y el sostenimiento del sistema bancario, que tiene el 55% de sus activos en bonos de la deuda pública.

Con una movilización de 2.000 compañeros, organizada por Amsafe Rosario y con la más numerosa de las asambleas de delegados del año, los docentes, de Rosario reabrimos el fuego. En marzo, la directiva provincial de Amsafe pudo imponer el cierre del conflicto. Quedaron pendientes nuestros reclamos salariales y los de los jubilados han pasado a la primera línea de nuestras preocupaciones. Para ellos no hubo nada, sólo dilaciones en la mesa de comisión mixta, que la Celeste presenta como un logro. Con salarios en negro, el aguinaldo pasa a ser una cifra insignificante: un cuarto de lo que cobramos de bolsillo. Exigimos que se cumpla la ley 9432: que el aguinaldo sea el 50% del salario. En las escuelas no se dictaron clases desde las 10 hasta las 14 horas. En la movilización y en el acto, vimos muchas caras nuevas. Aun los más jóvenes están entendiendo la lucha por el 82% móvil para los compañeros que se jubilan y la necesidad de exigir las sumas al básico. Los padres y los alumnos estuvieron con nosotros. No sólo porque la mejora de las condiciones edilicias fue uno de los ejes de la marcha. Saben, además, que el sistema los excluye de la escuela, que les cuesta el aprendizaje, permanecer en las aulas y que la mejor defensa es estar junto a la lucha de los docentes. El gobierno de Santa Fe está preocupado por desentenderse del presupuesto y abonar el camino de la municipalización de la educación. En esto cuenta con el apoyo incondicional de Binner y su famosa alianza con los radicales. En este sentido trabaja el intendente Lifschitz cuando impulsa la apertura de pasantías desde las escuelas con las empresas locales. La movilización docente debe servir para abrir un camino que retome la lucha, supere a la dirección provincial, e imponga el pliego por los 800 pesos de básico y presupuesto para los edificios escolares. Estuvieron en la movilización delegados de los departamentos San Lorenzo y Caseros. El debate planteado, incluso en la Comisión Directiva de Amsafe Rosario con los compañeros de la Lista Violeta, es si volvemos una y otra vez a recorrer el camino de la asamblea provincial (que dirige la Celeste, que no quiere sacar los pies del plato de la mesa de negociaciones), o marchamos desde Rosario y otras delegaciones opositoras a la convocatoria de un plenario de delegados, como lo hicieron los Sutebas opositores; una verdadera asamblea provincial, que tome en sus manos la lucha.

La crisis capitalista se manifiesta en cada rincón del planeta. La bancarrota del Estado capitalista se manifiesta con más profundidad en su eslabón más débil: los municipios. La crisis social que explotó en diferentes conflictos de los desocupados y los sin techo, desde 1997, tuvo jalones importantes con piquetes y tomas de planta por trabajo, paros petroleros, huelgas en las plantas pesqueras y en la construcción. El movimiento piquetero y desocupado fijó el piso salarial en 700 pesos, cuando arrancó los subsidios a los pulpos petroleros. Despejó el camino a otra etapa de la lucha: por el trabajo y por el aumento de salarios al básico. Primero fueron los docentes, que transformaron su paro en “puebladas”. Aunque esta lucha no tuvo grandes triunfos, allanó el camino a la histórica huelga de los municipales. Bastó la acción consciente de dos compañeras de la agrupación Municipales Unidos, que reunieron 600 firmas pidiendo aumento salarial, a que siguieran autoconvocatorias, asambleas, movilizaciones, paros progresivos, tomas de sectores, cortes de rutas, intergremiales y puebladas. El FUT-Partido Obrero presentó una salida: La plata está, pero se la llevan las petroleras. Llevamos a los gremios, a los medios de comunicación, a las asambleas, con volantes a toda la ciudad, un proyecto presentado al Concejo Deliberante para cobrarles un impuesto a las petroleras. Esta acción detonó una crisis política. Se acaba de hacer pública la renuncia de la concejala del PJ María Ester Labado, quien por doce años fue pilar del gobierno municipal. “Mi decisión es indeclinable”, manifestó Labado (La Prensa de Santa Cruz, 9/6, pág. 3). También se hizo pública la posibilidad de que renuncie la diputada Nieves Beroiza. Se cae un símbolo del Frente para la Victoria de Santa Cruz; no es un dato menor. Como en Bolivia, la cuestión es: ¿quién se apropia de la renta petrolera?