Prensa Obrera N° 883

En Buenos Aires, el 80% de las discos no están habilitadas para funcionar o tienen gruesas fallas de seguridad. El Juzgado de Faltas N° 27, a cargo del juez Jorge Rodríguez, puso en evidencia esta situación. En el 2004, sólo 50 de las 200 discotecas que existen en la ciudad fueron inspeccionadas. El juez dice también que los graves problemas de seguridad “sólo pueden ser ignorados a causa de la rotunda falta de control que reina actualmente”. El 40 por ciento de estos locales no tienen salida de emergencia o tienen las puertas obstruidas, trabadas con cerraduras o en mal estado. Menos aún cuentan con los servicios completos de luz de emergencia, ni con los de ventilación. “En una ocasión comenté en un boliche que no veía puertas de emergencia, y el dueño me mostró una de ocho metros, cerrada con llave. Hasta que encontraron la llave pasaron 10 minutos… ¡Qué hubiera ocurrido en caso de incendio!”, se preguntó el juez. Contra la ley La capacidad de los locales es otro de los puntos en cuestión. Las habilitaciones establecen el número de personas que pueden ingresar a la disco, pero por lo general nadie lo cumple y, lo que es peor, nadie exige que se respete. Como las inspecciones rutinarias no se realizan, la Justicia nunca se entera de quiénes infringen la ley. “Las infracciones nunca llegan al Tribunal de Faltas, porque no las hacen. Sólo 0,0001 por ciento de las multas del Tribunal corresponde a los locales bailables. De hacerse las inspecciones y de controlar algún incumplimiento deberían clausurar y realizar una infracción”, sostuvo el titular del Juzgado de Faltas Nº° 27. El otro gran problema es la venta de alcohol a menores y la discriminación que se realiza al ingreso de los mismos. El juez de Faltas sufrió la discriminación de los patovicas: “Antes de un procedimiento me adelanté a las fuerzas de seguridad que me acompañaban y el matón a cargo, dándome un empujón en el pecho, me dijo: ‘Vos no entrás’. Cuando detuvimos a esta persona, se comprobó que ni siquiera tenía documentos”.

No hay ciudadano que no esté indignado con la decisión de Kirchner de quedarse en la República de Calafate, sin decir esta boca es mía, junto a la señora que va primera en las encuestas de la provincia de Buenos Aires, mientras la República Cromagnon se llevaba la vida de, según el desesperante estado de muchos heridos, más de doscientas personas. No es que el Presidente tenga el ‘phisique du rol” del que escapa a poner la cara. Cuando se produjo la tragedia de Río Turbio, en la que su responsabilidad supera a la de Ibarra en la tragedia de Once, Kirchner se fue disparando al sur a controlar la situación. Esta vez no fue así, porque la presencia de Kirchner en la Capital habría puesto al desnudo el vacío político al que ha quedado reducido el gobierno de la Ciudad. Kirchner no puede, porque tampoco quiere, producir la caída de su principal socio en la Capital Federal. Una cosa es que recoja el cadáver de su aliado si éste no logra sobrevivir, otra cosa es pedirle que se tome el avión para empujarlo al precipicio. Por encima de los sentimientos para con “los hermanos y hermanas de mi Patria”, Kirchner tuvo en cuenta los intereses politiqueros, la razón de Estado y los negocios. La burguesía nunca le perdonaría que arruinase la fiesta de la devaluación con una crisis política. Kirchner ha pasado la mayor parte del tiempo en lo que va de su gestión en urdir todo tipo de maniobras para acabar con los piqueteros, con los sindicatos en lucha y con las fábricas ocupadas. Preside, después de todo, un gobierno ‘normalizador’, que necesita erradicar los incluso vestigios del Argentinazo. Por sobre todo, en su propio escenario que es también el lugar donde reside físicamente el poder. Tiene más claro que nadie que no hay que mover el avispero con una crisis política en esta Ciudad. Cuenta con el antecedente de las movilizaciones a la Legislatura contra el Código de la Represión Convencional, que puso fin a una parte importante de su gabinete. Al despreciar el sentimiento popular para imponer su caracterización política, Kirchner le mostró a todo el capital, no solamente al nacional, que con él ha nacido un estadista.

Aníbal Ibarra admitió en su reciente conferencia de prensa la responsabilidad del Estado de la Ciudad en la tragedia de Cromañón. En otras circunstancias, el reconocimiento habría podido funcionar como una ‘autocrítica’ interesante, pero no luego de 183 vidas sacrificadas y cinco años de gobierno. La tragedia volvió a poner al desnudo que gobiernos como los de Ibarra y Estados como el de la Ciudad actúan como protectores y promotores de negocios que ponen en peligro la salud y la vida de la población. La desgracia no fue mayor porque las fiestas despoblaron a los hospitales de cirugías y de pacientes que fueron a pasar las fiestas en familia. Faltaron respiradores, que tuvieron que pasar de hospital en hospital. No hay inspectores para boliches, como no los hay tampoco para controlar las normas laborales o sanitarias. Hay poco más de 50 inspectores de trabajo para decenas de miles de establecimientos. Sin inspectores ni controles, los empresarios reducen el ‘costo de explotación’. La Bolsa antes que la vida. El gobierno de Ibarra representa a los intereses del espectáculo. Lo prueba “La Trastienda” del vice Telerman o la disco “Follia” del ex gerente del Colón Pablo Batalla. El Estado de la Ciudad que ‘colapsó’ en su función de protección social representa los intereses de los grandes empresarios. ¡Con Macri, el Estado de empresarios vaciadores sin control llegaría a su apogeo! No en vano existe en la Ciudad un co-gobierno de Ibarra y Macri, como lo demuestra la cesión de la presidencia de la Legislatura al partido macrista. Por eso Macri no ha abierto la boca frente a la catástrofe de Cromañón. Ibarra debe renunciar para que la ciudadanía pueda abrir el absceso y extirpar todo el pus. No para que suba Telerman o Santiago de Estrada. Para barrer con las mafias político-capitalistas que gobiernan necesitamos una Asamblea Constituyente de toda la Ciudad, donde impongamos las normas bajo las que queremos vivir, el control democrático cotidiano por parte del pueblo, el destino del dinero del presupuesto y las medidas que pongan fin a la miseria y falta de trabajo. A la Ciudad le sobra la plata, porque tiene un producto bruto de 100.000 millones de pesos para dos millones y medio de personas. En la calle vuelve a resonar el slogan “que se vayan todos”. Con razón. Porque no hay ‘una segunda oportunidad’ para los políticos que hundieron la Argentina. Tres años después del Argentinazo, los asesinos han vuelto al lugar del crimen y el pueblo exige castigo. Partido Obrero (3/1)

L a tragedia del Once trajo a la memoria otras de la misma o mayor envergadura en el mundo entero. El reciente caso del supermercado paraguayo (también con las puertas cerradas para que nadie se fuera sin pagar), o de lugares de diversión, en Perú y en China (el “paraíso” actual de la acumulación capitalista es también el de las mayores tragedias en materia de seguridad). El caso de la disco de Rhode Island, en EEUU, en 2003, donde murieron cien personas, es ilustrativo. Igual que en todos lados, funcionarios y capitalistas pusieron cara de compungidos ante la tragedia. Pero más tarde, cuando en Massachusetts se intentó “ir más allá”, con una norma que disponía la obligación de instalar rociadores para evitar incendios en locales para más de 50 personas, “la presión de los empresarios locales, preocupados por el costo de ese requisito”, mantuvo el piso de 100 personas ( La Nación , 3/1). El caso más emblemático es lo que acaba de ocurrir con Vioxx, “uno de los fármacos de mayor venta en el mundo, retirado del mercado por su fabricante, los laboratorios Merck Sharp, tras comprobarse que duplicaba el riesgo de infartos”, poniendo en el banquillo de los acusados a “la Oficina de Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés), una de las organizaciones más eficaces del mundo” ( La Nación , 20/11/04). “Durante una declaración ante la Comisión de Finanzas del Senado, David Graham, veterano inspector de la FDA, declaró que lo que los Estados Unidos enfrentan en este momento puede ser descrito como ‘la mayor catástrofe de la historia de la nación en términos de seguridad farmacológica y posiblemente en la historia del mundo’” (ídem). “Según Graham, la cifra de quienes pudieron haber sufrido ataques cardíacos como resultado de la ingestión de Vioxx oscila entre 88.000 y 139.000 en los Estados Unidos; el 40% habría muerto. Graham también citó otros cinco medicamentos –Meridia (Abbot), una droga para reducir el peso; Crestor (AstraZeneca), para bajar el colesterol; Bextra (Pfizer), para la artritis; Accutane (Roche), contra el acné, y Serevent (GlaxoSmithKline), contra el asma– que presentan serios riesgos” (ídem). Ahora, en los mismos EEUU acaba de estallar otro escándalo con el famoso psicofármaco Prozac.

A Aníbal Ibarra y su gobierno les cabe la responsabilidad directa en la masacre de Cromañón. Habilitaciones Decenas de discotecas –incluidas algunas de las más grandes, notorias y concurridas– funcionan sin habilitación municipal. Y no podrían obtenerla jamás ya que se encuentran ubicadas en zonas prohibidas por el Código de Planeamiento Urbano. Muchas otras están abiertas con habilitaciones truchas, para funcionar como bares y restaurantes. Los dedicados a estas actividades, además de requerir condiciones de seguridad menores a las de las discotecas (lo que significa un costo significativamente menor para los capitalistas), tienen la “ventaja” de que no necesitan una inspección previa (es decir, la verificación de las instalaciones antes de comenzar a funcionar); para abrir sus puertas les alcanza una “habilitación en trámite”. “Amigos del poder” Ni Ibarra ni su gabinete pueden aducir que desconocían esta situación. El funcionamiento de las discos es público; hacen publicidad por todos los medios; muchas funcionan desde hace años y a ellas concurren miles de personas cada fin de semana. Más aún, muchas de las discos en infracción se encuentran en zonas concesionadas por el Gobierno de la Ciudad (como Punta Carrasco, Costa Salguero, Club de Golf). Peor todavía, en algunos casos sus titulares son personajes ligados al propio corazón del gobierno. En una lista de discos no habilitadas denunciada por la Defensoría del Pueblo ( Resolución 2022, del 8 de mayo de 2003 ), figura “Follia”, que funciona nada menos que dentro del propio Club Ciudad de Buenos Aires, en una zona donde se encuentra prohibida la instalación de locales bailables. Su concesionario es Pablo Batalla, ex director administrativo del Teatro Colón bajo la gestión de Telerman, el actual vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gobierno paralelo El funcionamiento ilegal, pero público y conocido, de las discotecas sólo es posible gracias a la directa complicidad de la más alta autoridad política del Estado. Su extensión a todo el ámbito urbano y su continuidad en el tiempo indican que no se trata de la responsabilidad de un funcionario subalterno o de una mafia particular de inspectores. El poder político que actúa para proteger esta actividad ilegal es, por lo tanto, un gobierno ilegal. “Existe en el Estado comunal –denunciaba la Defensoría del Pueblo en el informe citado– una estructura informal que se mantiene a lo largo de los años (...) para mantener un orden de cosas ilegal e ilegítimo (...) que no sería posible sin la connivencia de los funcionarios de los cuales dependen estos agentes (los inspectores)”. La Ciudad de Buenos Aires es gobernada por un verdadero “gobierno paralelo” (en verdad, una asociación ilícita), que viola las normas, no realiza controles, deja pasar las infracciones y encubre a los infractores, y que, además, modificó en el año 2000 el Código de Planeamiento Urbano para facilitar la instalación de discos en zonas anteriormente prohibidas. “Turismo” y “cultura” A la cabeza de ese “gobierno paralelo” se encuentra el propio Ibarra, que ha convertido al “turismo” en el eje de su gobierno. Los “boliches” y discotecas son parte de la “oferta turística”. Muchas de las discotecas no habilitadas (o habilitadas en forma trucha) funcionan dentro de hoteles. En los distintos “tours” que se venden para visitar Buenos Aires, se incluyen entradas a distintas discotecas. El propio Chabán, el dueño de República de Cromañón, señalaba en un reportaje realizado poco antes de su apertura: “¿Sabés qué quiero hacer? Como acá hay un hotel y los dueños del lugar tienen una agencia de turismo, quiero que se pueda comprar el viaje, la estadía y la entrada para un recital como si fuera un paquete”. Cromañón funcionaba sin habilitación (había vencido hace más de un año). Durante todo ese tiempo, nunca fue visitada por los inspectores municipales. “Zona liberada” En octubre del 2003, Ibarra disolvió la Dirección de Habilitaciones e Inspecciones, alegando que era un foco de corrupción. Los 300 inspectores despedidos fueron reemplazados por 87 pasantes; a Ibarra no le preocupaba la seguridad ciudadana sino el ‘ajuste’ de los salarios. Pero, por encima de ese disminuido cuerpo de inspectores, Ibarra dejó intacta la estructura política que había permitido y alentado el funcionamiento ilegal de los boliches. La denuncia, típicamente centroizquierdista, “contra la corrupción”, le sirvió para crear una auténtica “zona liberada” en beneficio de los infractores. Evasión Bajo el amparo de la complicidad gubernamental, en las discotecas habilitadas como bares o restaurantes no sólo se violan las condiciones más elementales de seguridad (salidas de emergencia, protección contra el fuego, existencia de grupos electrógenos); además se desarrolla una gigantesca evasión impositiva. Los comercios habilitados como discotecas pagan una alícuota del 15% de ingresos brutos; los bares pagan el 3% y los restaurantes con espectáculo en vivo, el 6%. La “diferencia” son cientos de millones por año. Hay, además, una segunda evasión. La habilitación (cuando existe) establece un máximo de personas que pueden ingresar al local (en función de su superficie, de su ventilación y del volumen de aire existente en su interior, de las salidas de emergencia, etc.). Ninguna de las discotecas –habilitadas o no– respeta este tope, con el consiguiente riesgo para los asistentes. En Cromañón, cuya habilitación vencida permitía recibir algo menos de 1.100 personas, había –el 30 de diciembre- entre 3.500 y 4.000. Naturalmente, a la hora de pagar ingresos brutos, Chabán, como todos los demás, pagaría sobre los 1.100 “habilitados”. Pero para que ninguno deje de pagar, había clausurado la salida de emergencia a fin de “evitar colados”. Esta millonaria evasión, conocida, tolerada y permitida, no sólo va a los beneficios de los capitalistas y a los bolsillos de los inspectores. Con estos fondos negros, junto con los que provienen de la prostitución y el juego, se sostiene el aparato político que los protege y la financiación de las campañas electorales de los funcionarios que se encuentran a su cabeza. Los niños Uno de los aspectos más terribles de la masacre de Cromañón es la muerte de los niños que estaban dentro de la discoteca. Las normas vigentes prohíben el ingreso de niños en horario nocturno. Como todas las demás, ni se cumplen ni se controlan. Fuera Ibarra Ibarra es el responsable. No puede alegar desconocimiento. No sólo porque el funcionamiento de las discotecas era público, porque muchas de ellas eran dirigidas por “amigos del poder” y otras tantas porque se encuentran en zonas concesionadas por el Gobierno de la Ciudad. Por si esto no bastara, 19 informes de la Defensoría del Pueblo entre 1999 y 2003 –es decir, bajo el gobierno aliancista en el cual Ibarra era legislador y luego, bajo su propio gobierno-, denunciaron todas estas violaciones. ¡Un informe cada tres meses! Este solo hecho revela la directa complicidad y la total responsabilidad del gobierno en la masacre. “Buenos Aires, ciudad turística” es inseparable de las discotecas sin habilitación, las “zonas rojas”, la prostitución y el juego. Esta mafia capitalista –que entrelaza a funcionarios y “empresarios”– gobierna la ciudad y es responsable de la masacre. El jefe de la mafia, Aníbal Ibarra, debe renunciar.

Imposible Poder jugar en otro juego es lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos, vivos. Quiero que sea este el lugar pero convertido. Que decir aborto suene a legal y que no sea un pecado mortal. Que no se quede mi pueblo dormido, que ya no me engañen más ni jueguen conmigo. Gardel va a cantar con Los Beatles en la plaza del barrio. Bob Marley va a rugir en Cemento con los Rolling Stones. Al fin va a decir la verdad el que escribe los diarios. Al fin van a dejar de rezarle a la televisión. Ahí no voy a escuchar mentiras ni verdades cambiadas. Y no habrá tantos hombres pagando ni putas tan caras. Por fin el gobierno va a ser de una mujer Y no habrá juicio por fumar sin joder Y va a haber jueces cumpliendo la ley. Todos nuestros hijos van a poder comer… Y en nuestras almas va a dejar de llover El éxito será eterno, será eterna la flor, el ser humano y la verdad. Otro viento mejor Hay hombres que se atreven, hombres que se quejan y está el dueño de la pelota de hoy. Ese que maneja los riesgos de mi tierra, mis vuelos y mi producción. Hay víboras que curan, hay frases que te matan y está la telaraña de lo que quedó. Pero en la punta del árbol más alto haremos nidos… Y buscaremos otro viento mejor uno que nos devuelva la voz. Y habrá estrellas como huellas del destino. Del camino de los que siempre gritaron y nadie escucho De los que siempre buscaron un viento mejor. Hay villas de emergencia, emergencias en mi gente y no hay un solo cargo que venga a hablar hoy. Y así en la punta del árbol… Y no habrá que pagar después, las deudas de no se quién. Locura de pensar, a un árbol gigante como mi lugar. Más loco voy a andar, si cambio ilusiones por la cuenta del bienestar. El Nudo Un final (llano y liso final), es lo que buscás, es lo que agitás las noches de falsas victorias, terminarán. Sonreír (solo y por placer). No hay tiempo ni espacio no hay mundo ni fe… ni fe. Porque lo que empieza acaba al fin. La riqueza de este viaje es el cambio a esta realidad porque si muero es por luchar… y no por mirar. No olvidar, siempre resistir. Que la idea sea el sol, que el milagro lo cambien y se haga verdad. No empezar a dejar de pensar, que a las masas pensando no las vencerán jamás… jamás. El nudo aprieta mal, bloqueando al ideal. Todos los sueños se escapan en un grito. ¿Qué cielo hay que mirar? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuándo la muerte se hará humanidad? Morir En hojas muy viejas me leo el futuro, al medio el cerebro se parte por el sol. El negro es muy blanco en mi ciego destino, vomito mil frases y ni una canción. Me aferraré a la muerte sólo si es el mejor pasaje. Es la cita a ciegas que no hay que esperar. Quiero morir de cara al sol. Quiero salir… Las ratas que estafan y zafan son muchas. Y son las que bendicen sus miserias al final. Soguean paraísos en los últimos metros y piensan que rogando los condecorarán. El tipo que ignora muere y vive contento, no sabe que hay cosas que se pueden cambiar. Será buen ciudadano para el dictador (el que asesina y lo niega) y después pedirá que vuelvan a “dictar”, sólo por seguridad. No volvieron más Fue en abril / que empezó / a engordarse tu resignación sin saber ni perder ni ganar / tu bandera te empezó a traicionar circo y pan como siempre fue acá nos prendimos a jugar un mundial y después nadie supo saltar / por los sueños que se hundieron allá Huuuu y no volvieron más Huuuu y no volvieron Fue en abril / que empezó / a engordarse tu resignación sin saber ni perder ni ganar / tu bandera te empezó a traicionar circo y pan como siempre fue acá nos prendimos a jugar un mundial y después nadie supo saltar / por los sueños que se hundieron allá Huuuu y no volvieron más Huuuu y no volvieron Fue el alcohol de una bota formal el que quiso ver mis sueños quebrar Nuestra cruz no se quiso acordar de los huecos de la lista oficial Fue en abril / que empezó / a engordarse tu resignación sin saber ni perder ni ganar / tu bandera te empezó a traicionar Huuuu y no volvieron más Huuuu y no volvieron

El 29 de diciembre se cumplió el tercer aniversario del asesinato de Maximiliano Tasca, Christian Gómez y Adrián Matassa. Los chicos, luego de participar de un cacerolazo, habían ido al maxikiosco de la estación de servicio de Gaona y Bahía Blanca, donde fueron asesinados a sangre fría por el policía Juan de Dios Velastiqui mientras miraban imágenes de la rebelión en Plaza de Mayo. La juventud del barrio reaccionó esa madrugada marchando a la Comisaría 43ª, donde se encontraba Velastiqui; allí fueron brutalmente reprimidos. A partir de este hecho el barrio se organizó y movilizó masivamente por justicia. Hasta ahora, sólo ha sido condenado Velastiqui. La causa no avanzó para quienes reprimieron al barrio entero, ni para quienes en un primer momento trataron de modificar la escena para simular un intento de asalto. En Floresta nos reunimos con Angélica, madre de Adrián, para organizar la convocatoria a la movilización que, como todos los años, se realizó a pata y pulmón, con el método del boca en boca, los afichitos y las pintadas. Angélica nos dice que “el vecino de Floresta no se olvida, cuando llega diciembre el barrio está y los vecinos están, al igual que los partidos políticos a los que siempre voy a estar agradecida, al igual que los piqueteros, los luchadores sociales todos vienen”. Recordamos que cuando se dictó la sentencia a Velastiqui, se dijo: “esto sirve para que no vuelva a pasar”; pero después siguieron los casos de gatillo fácil. ¿Qué faltó para que este tipo de crímenes no se repitan? Angélica nos dijo: “Lo que hace falta es algo histórico, que el pueblo salga y se involucre. Por lo general se involucra la familia de la víctima y el victimario, pero después no se involucra nadie más. Muy pocos casos son apoyados por los partidos políticos, y no es que los partidos políticos no los quieran apoyar, es que los familiares te echan. Pero si el pueblo sale y nos involucramos, todo esto dejaría de pasar... Mirá, cuando te matan a un hijo de esta forma la lucha comienza cuando el cuerpo está caliente, ahí ya hay que estar luchando. Tenés que estar con abogados, los medios, y empezar a llamar a todos los luchadores sociales, los partidos políticos, los trabajadores... Después del caso de Floresta no se ha visto nada igual de gatillo fácil hasta el Puente Pueyrredón donde los únicos comprometidos fueron los piqueteros. El pueblo se involucra en general en dos marchas por año, la de la Resistencia y la del 20 de diciembre; decime: ¿qué otra marcha que no sea piquetera tiene esas características? Porque no solamente te matan a un hijo con una bala, te lo matan con el paco, con los salarios bajos, ... de muchas formas. El nuestro es un movimiento auténtico, pero los familiares siempre nos involucramos con otros familiares pero nunca con una marcha de desocupados, por ejemplo... Y nos equivocamos, porque nosotros tendríamos que ser los primeros en involucrarnos con todo”. – ¿Qué pasó con los policías que en un primer momento trataron de encubrir a Velastiqui, que después reprimieron y que hostigaban a los testigos? –Nunca los encontré, a uno lo vi en el juicio de mi hijo y le pase por al lado y le dije: “el barrio te está esperando...”. Están todos libres; el comisario Fernández nunca se presentó a declarar y lo despidieron; fue el único, el resto están repartidos en dependencias de la Federal. Mi abogado quiso hacer la denuncia y el juez no le dio lugar. Cuando los policías declaran en la causa uno dice que a mi hijo lo vio de pie, otro que lo vio acostado, después no sabían al declarar si estaba de pie o acostado cuando mi hijo estaba destrozado por dentro... Es una cuenta pendiente muy difícil de saldar... Angélica formó parte del proyecto del gobierno que se denominó “Plan Antimpunidad” y, luego de una corta experiencia, acaba de renunciar. ¿Qué pasó?, le preguntamos. –El Plan Antimpunidad surge con Beliz y la Presidencia, cuando convocan a los casos “vedette”, como ellos los llaman: los casos con más repercusión. Así empezó con tres madres que nos teníamos que rotar, pero después nos dimos cuenta que no debíamos rotar sino sumar, ya que con el cambio permanente no podíamos hacer nada. Ahí el gobierno generó distintos grupos de familiares para dividirnos y rompernos... Mirá, el “Plan Antimpunidad” es una buena idea, es una buena forma de que el gobierno diga: “en mi gobierno hay impunidad, quiero acabar con la impunidad”; pero si vos querés acabar con la impunidad tenés que armar un equipo para investigar, porque si sólo son palabras... Para eso no debe haber diferencias entre los familiares, porque nosotros somos todos supuestamente iguales, y no debe haber preferencias como las hay... O cosas como un presupuesto de 3.000.000 de pesos de pauta publicitaria (!!) Y entonces dije, ya está, ¡basta! A mí me gustaría en realidad hacer algo, tener un lugar, ayudarnos entre nosotros y buscar hacer algo por los demás. El gobierno se está yendo hacia la derecha y la gente se desanima, porque la máscara de izquierda es fácil de ponérsela, pero en realidad no se actúa de izquierda sino de derecha. Cuando fui a Italia a ver al Papa, el gobierno de ese país nos invitó a ser parte de las reuniones de derechos humanos que se realizan allí. Ahora, yo me pregunto: ¿a quién va a mandar el gobierno? A mí no me va a mandar, seguro..., ¿a quién va a mandar, a adeptos al gobierno?, ¿qué derechos humanos va a haber? Entonces yo ahora cazo todas estas cosas... y me agarré una desilusión de locos; yo pensaba que era otra cosa y ¡es terrible! – ¿Y ahora, Angelica, cómo sigue? –En la calle, yo era feliz en la calle... Porque soy una madre que no parió dolor, parí una vida...

Ante las quejas del padre de una de las víctimas, el jefe de la Morgue Judicial le dijo “que sacrificó la feria de enero para estar ahí” ( Clarín , 3/1). ¡Qué contraste con los “25 médicos, 20 camilleros y 20 enfermeros que no estaban de guardia” y que se presentaron en el Hospital de Clínicas, cercano al lugar de la tragedia! ( La Nación , 3/1). José Iglesias, el papá de Pedro, le respondió al funcionario de la Morgue que lo “disculpara, que iba a intentar que su próximo hijo se muriera en una época en la que él no tuviera vacaciones”. “A todos, desde Kirchner para abajo, quiero declararles que les ha nacido un nuevo Blumberg. Desde ya les aviso: los quiero presos”, agregó ( Clarín , ídem). Claro que el Blumberg real no los quiere presos.

Taselli ha comprado Parmalat para pedir de inmediato su quiebra. Se trata claramente de una extorsión a los trabajadores y de una tentativa de vaciamiento. Quiere valerse de la Ley de Quiebras para suspender el convenio de trabajo y por este medio rebajar salarios, despedir personal y modificar las condiciones de trabajo. Ha planteado el despido de 600 compañeros y la reducción del 30% de los salarios. Pero Taselli no ha puesto un peso (ha pagado ¡un euro!) y pretende manejar Parmalat a través de maniobras financieras y especulativas y, fundamentalmente, a expensas de sus 1.200 trabajadores. Ha hecho lo mismo con las minas privatizadas de Río Turbio y recientemente en el Metropolitano, del ferrocarril San Martín. Los cuantiosos subsidios que dio el Estado fueron a parar a los bolsillos de Taselli y no a la recuperación de las empresas, que terminaron virtualmente quebradas. Estamos ante un nuevo y gigantesco fraude. El Ministerio de Trabajo acaba de dictar la conciliación obligatoria, que obliga a las partes a volver a su posición antes del conflicto. Pero no dice nada de la convocatoria de acreedores que habilita, entre otras cosas, a desconocer los convenios, rebajar los salarios y despedir trabajadores. Los trabajadores son obligados a dejar sin efecto las medidas de defensa, pero la patronal no es obligada a retirarse de la convocatoria de acreedores. Bajo estas condiciones, la conciliación obligatoria está viciada. No es cierto que la única alternativa, como pretenden plantearnos, sea: Taselli o el cierre. La industria láctea está haciendo beneficios extraordinarios como consecuencia de la devaluación que deprimió los salarios reales. Hay otra salida. Si Taselli no puede asegurar una real continuidad laboral, que se expropie Parmalat y sea cedida a sus trabajadores, como ha ocurrido con otras numerosas empresas. Los trabajadores están en condiciones de hacerse cargo de la empresa. En lugar de que los cuantiosos recursos del Estado vayan a parar a vaciadores como Taselli, que esos recursos sean destinados a los trabajadores, al servicio de un plan serio e integral de reactivación de las plantas. Parmalat no es “inviable”. Los amplios y variados productos de Parmalat tienen un mercado. Existe una demanda insatisfecha, en particular entre la población más sumergida. La traba no reside en el excesivo costo laboral sino en la gestión de los vaciadores capitalistas. La Argentina tiene que ser reorganizada sobre nuevas bases sociales. Llamamos al pueblo a solidarizarse y movilizarse por el triunfo de los trabajadores de Parmalat.

¿Por qué el clamor popular no fue suficiente hasta ahora para poner fin al gobierno de Ibarra? Por una razón muy simple: porque todo el arco político de la burguesía se puso de acuerdo en que había que salvar al Intendente y evitar, a tres años del Argentinazo, una crisis política en la ciudad que fue su principal escenario. Basta cotejar la euforia de la Bolsa, el ingreso de turistas y la reactivación del circuito comercial para comprender que la sociedad capitalista no tiene la menor intención de permitir que una “tragedia roquera” perturbe la digestión de sus negocios. Si, a pesar de todo, el destino de Ibarra fuera irreversible, ya se encontrará la oportunidad para cesarlo en sus funciones ‘en su medida y armoniosamente’. Nunca en medio de una pueblada protagonizada por sectores pobres de la clase media y de los obreros. Macri se encargó de impartir la directiva y de ‘enfriar’ a los lobbistas de la policía como Jorge Enríquez. “No politizar un drama”, le dijo a Clarín ; “en términos similares se expresó la titular del ARI, Elisa Carrió”. Pero si no hay que politizar el momento supremo de la condición humana, el drama, lo que queda es politizar las farsas, precisamente lo que estos farsantes hacen todos los días. Cuando Blumberg le puso el estado de sitio a los diputados y senadores, y los obligó, bajo la presión del clero y de los medios de comunicación, a sancionar un mamarracho de leyes violatorias de los derechos civiles, a ningún tilingo se le ocurrió mentar la “politización del dolor”. El propio Ibarra montó, con plata de los contribuyentes, una tribuna con sonido excepcional en una de las concentraciones de Blumberg frente al Congreso (los trabajadores conmemoraron el Argentinazo desde una tribuna montada sobre un camión), sin dar dos mangos por la ‘politización’ de los dolores. Ahora que una parte de los barrios pobres pide la cabeza de Ibarra, un arribista del oficialismo, el legislador Giorno, se opone a que “se juegue a la política con el dolor que todos sentimos”. Pura hipocresía. Giorno hacía referencia, en su queja, a un pedido de interpelación de Ibarra en la Legislatura, que sin embargo él mismo acabará votando, una vez que se arme el acuerdo entre ‘los bloques’ para que Ibarra zafe con sus ‘explicaciones’ de la ‘requisitoria’ de los diputados. Macri tampoco podría politizar el ‘drama’ porque está cargado de causas judiciales y porque, capitalista del espectáculo él mismo, entre otros negocios de vaciamiento, en cualquier momento puede enfrentarse a una situación en la que pueda ser linchado por el pueblo. Los funcionarios de las patronales no quieren “politizar el drama” pero sí manosearlo con la politiquería. Es lo que surge de las rencillas que provocó la renuncia del secretario de Seguridad, Juan Carlos López, entre la camarilla que conducen Vilma Ibarra y Alberto Fernández, que lo respaldaba, y la del secretario de Gobierno, Raúl Fernández, que hace tiempo quería moverle el piso. La descripción exacta del alineamiento real que han tomado TODOS los bloques patronales en defensa de la continuidad de Ibarra, desenmascara la completa estupidez del ‘medio pelo’ izquierdista que caracteriza al pedido de renuncia de Ibarra como una forma de “hacerle juego” a la derecha. Si hay que preservar a Ibarra para que nos proteja del arribo de la derecha al Gobierno de la Ciudad, estamos perfectamente sonados. Para que los capitalistas del espectáculo puedan hacer funcionar sus negocios, no ya sólo sin habilitación ni inspección y con las puertas de emergencia cerradas; no ya sólo en zonas residenciales prohibidas por las normas de planeamiento y sobrepasando por cuatro el ingreso de público (para de paso evadir el pago de ingresos brutos); sino incluso sin seguros contra accidentes; para que los capitalistas puedan actuar así deben contar con la completa complicidad del Estado. La tragedia ya estaba politizada por el capitalismo incluso antes de haberse producido. Ibarra es un desagradecido. Debió haber caído hace tres años junto al gobierno nacional que ayudó a formar y cuya política promovía especialmente en la Ciudad. Sobrevivió metiendo el rabo entre las piernas, y ni siquiera se sintió alcanzado por el asesinato de 36 personas por parte de la represión, dentro de su propia jurisdicción. Pero, como dicen los que saben, el asesino volvió al lugar del crimen. El capitalismo y su Estado suscitan a cada paso la tragedia y la rebelión como consecuencia de su condición explotadora. Cuando las manifestaciones vuelven a levantar ahora la consigna de “que se vayan todos”, no sólo revelan con ello que la conciencia subjetiva del Argentinazo no se ha apagado sino, por sobre todo, que el régimen que produce los argentinazos sigue ahí, más podrido que nunca.

El día 23 de diciembre, en las puertas de los shoppings, algunos supermercados y en esquinas céntricas, un grupo de activistas, delegados gremiales y dirigentes de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario se movilizó para escrachar ante la opinión pública los abusos y atropellos cometidos por los empresarios del sector en oportunidad de las fiestas de fin de año. Ocasión en la cual se abrió las puertas hasta las dos de la mañana, obligando al personal a permanecer en sus puestos de trabajo hasta esa hora. Estas son las condiciones laborales denunciadas por los mercantiles: jornadas laborales extenuantes, muy por encima de los que permite la Ley; incorporación de personal en “negro” o como “pasante”, configurando fraude laboral; recorte de francos y descansos, lo cual se suma a los salarios miserables que se abonan a los empleados mercantiles y al no respeto del derecho al descanso dominical. El secretario general del gremio, el compañero Rubén Ghioldi, ingresó a los establecimientos para convocar a los compañeros a organizarse junto a la Asociación, para poder luchar unitariamente de manera más eficaz contra estos abusos y atropellos. Además se exigió a las autoridades que implementen las medidas necesarias para impedir estos abusos y atropellos. A las 22 horas, inspectores de la Secretaría de Trabajo se hicieron presentes en los establecimientos para labrar actas de infracción.

Amigos: ¿Feliz Año? Cuando no se puede contra tanto dolor… ¿Por qué siempre perdemos los mismos, los pibes, los trabajadores, los pobres, siempre los mismos? No dejar engrupir a la gente, hay que salir a gritarlo en todos lados, lo de Once no fue una desgracia, no fue un empresario ladrón, no fue que las ambulancias llegaron tarde, fue el maldito hijo de puta capitalismo, el maldito amontonar guita para nada. Bueno, acá andamos, viendo una tragedia de muerte de pibes al pedo, por nada, por un manojo de billetes de mierda. Perdón, quería saludar a la gente que quiero para el próximo año pero estoy muy triste. Que nuestra furia se junte un día para construir el socialismo que tanto deseamos. Un gran abrazo.

Por supuesto que hoy el horno no está para bollos entre la izquierda. El PTS emite su primer comunicado el 31/12/04 en el que no pide la renuncia de Ibarra (aunque sí denuncia, etc., y pide Comisión Investigadora). Sin embargo, al día siguiente y luego de la movilización de la gente que pide que renuncie, que se vaya Ibarra, entonces el PTS emite su segundo comunicado el 1/1, encabezado por “Ibarra tiene que renunciar” (lo que claramente no habían pedido en el primero). (Anécdota: el segundo comunicado es del sábado, y en Indymedia figura 11:42 pm. ¿Lo habrán escrito después de escuchar a Altamira en el programa de Schiller? Hay datos en el segundo comunicado que indicarían que así fue, o que leyeron los comunicados del partido.) El PCR tampoco pide la renuncia de Ibarra, aunque lo reputea, claro. (Y escriben estas palabras sintomáticas: “No compartimos la frialdad del gobierno de Kirchner que ‘llamativamente’ ni siquiera acercó a ningún funcionario ni emitió un comunicado en cadena nacional. Repudiamos y le exigimos que retire de manera inmediata las camionetas de la ‘guardia de Infantería’ de la Policía Federal apostadas provocativamente en los alrededores de la morgue.”) ¡¡¡Frialdad!!!

Los 185 muertos y los centenares de heridos en el recital de Callejeros no recibieron a sus seres queridos con los brazos caídos. A pesar del gobierno y sus medios de comunicación, éstos no dejan que el llanto nuble su vista. Señalan con el dedo a los verdaderos responsables. En estos días, no ha habido una madre, hermano, familiar o amigo que no denuncie a los responsables políticos y sociales de esta tragedia. Tienen la claridad de que el problema no fueron los chicos que lanzaron la bengala sino el gobierno y los capitalistas que –en defensa del lucro capitalista y la coima de la burocracia estatal– encadenan las salidas de emergencia (si las hay) y no controlan el conjunto de las medidas de seguridad. Esta tragedia demuestra nuevamente que el Argentinazo vive en el espíritu de las masas. No sólo por las centenares de personas que –ante la inacción y complicidad estatal– se organizaron para socorrer a los heridos y trasladar a los fallecidos; sino por las conclusiones políticas a las que se llegraron. Cada madre, hermano, familiar o amigo de los chicos del Once (como también en el caso de la chica muerta atropellada por un auto que corría picadas, pocos días antes), llegó a la conclusión de que estos gobiernos son incapaces de garantizar la vida del pueblo y –por lo tanto– madura en su conciencia (como en la de millones de argentinos) que es necesario desarrollar una alternativa de poder que garantice nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra educación y nuestra diversión. La opción es cada vez más simple: República Cromagnon o gobierno de los trabajadores.

Los seis presos carbonizados en el Penal de Olmos durante la mañana del primer día del año quedaron tapados, literalmente, por la tragedia del Once. Casi nadie supo que alguna vez estuvieron vivos. El desastre sucedió en la Unidad 22, un establecimiento sanitario del complejo carcelario de Olmos, compuesto además por la Unidad 1, donde se hacinan más de 3.000 internos, y la Unidad 25, reservada a evangelistas. Todo ese enorme campo de concentración está en el cruce de 52 y 94, a 15 kilómetros de La Plata. Según el Servicio Penitenciario Bonaerense, un interno desquiciado envolvió un tubo de oxígeno con un colchón y luego prendió fuego a ese engendro que había armado. El tubo explotó y las muertes se produjeron minutos después. La causa está a cargo del fiscal Marcelo Romero, y se puede suponer que todo morirá, igual que los internos, sin que nadie investigue qué ocurrió en verdad, como sucede con las más de 3.200 causas abiertas y dormidas en cajones originadas en denuncias de internos por casos de drogadicción, apremios ilegales, abuso de armas, homicidios, amenazas y torturas por parte de los “candados”. En cualquier caso, nos resulta difícil pensar que alguien pueda no enloquecer en esos penales de la provincia de Buenos Aires que amontonan a 30.500 internos, mientras otros 5.400 sobreviven en comisarías, en condiciones aberrantes. Si esos detenidos fueran animales, alguna sociedad protectora ya habría puesto el grito en el cielo, sin que le faltara razón. La provincia tiene 220 presos por cada 100.000 habitantes, el porcentaje más alto de América Latina después de Chile. Desde 1990, la población penal se incrementó en un 183,99 por ciento, las leyes se han endurecido una y otra vez, las torturas en comisarías han llegado a extremos desconocidos desde tiempos de la dictadura, y la mortificación a los amontonados en las cárceles ha sobrepasado el límite de lo atroz. Y todo no hace sino empeorar, como empeora la inseguridad en las calles protegida por la indecible corrupción policial. La cárcel de Florencio Varela, de acuerdo con informes del SPB, tiene capacidad para 350 detenidos pero aloja a 750. Sin embargo, ni siquiera es cierto lo que dice el Servicio, porque ahí hay más de 900 presos. Y debería ser motivo de una nota especial la situación de los menores. Todos recordamos el caso de los chicos muertos por asfixia en una comisaría de Quilmes, luego de que un policía armado con un palo desafiara a uno de ellos a pelear. Obviamente, el chico estaba desarmado, sus compañeros quemaron colchones y todo terminó en tragedia. En Sierra Chica, los internos han denunciado que los “kobanis” no los dejan dormir, mediante grabadores encendidos a todo volumen durante las noches, y que la comida es una mezcolanza repugnante, de fideos, arroz, papas y zanahorias sin pelar, con algunos huesos blancos y pedazos de grasa. Si hacen alguna denuncia, luego lo pasan peor. Entretanto, Solá ha citado un diálogo que dice haber tenido con un viejo nazi. Según el gobernador, esa bestia le dijo que “la solución es matar a un millón de personas”. Solá citó al viejo como si esa fuera una posibilidad a tener en cuenta alguna vez. Por lo menos, la barbarie ya se llevó, el primer día del año, a seis internos del Penal de Olmos. Alejandro Guerrero

“Los vecinos se opusieron a la voladura de la cárcel de Caseros”, tituló La Nación. Es que más allá de algunos ñoquis aportados por algún puntero menemista reconvertido al kirchnerismo y de los empleados del CGP 4, fueron muy pocas las voces que apoyaron el proyecto del gobierno. Del otro lado, el arco fue totalmente mayoritario: arquitectos, ingenieros, trabajadores de los hospitales de la zona, asambleistas, organizaciones vecinales, ecologistas, vecinos independientes, algunos con las firmas de todo su edificio de departamentos, los partidos de izquierda del barrio rechazaron el negociado de la demolición, armado por Ibarra con el Ejército, y con los pulpos inmobiliarios y empresas constructoras en torno al destino ulterior de los predios. Los vecinos y trabajadores denunciaron la inexistencia de estudios serios sobre el impacto ambiental, la no convocatoria a organismos independientes, como la UBA, para determinar los riesgos existentes y el ocultamiento y manipulación de los datos... Se ocultó la información sobre el conducto de Aguas Argentinas que pasa por debajo de la cárcel y lleva el agua a buena parte del sur del Gran Buenos Aires, o la cercanía de la napa freática, que podría desbordar al recibir el peso de las miles de toneladas de hormigón armado de la mole de los edificios de la cárcel. También se denunció enfáticamente, sobre todo por parte de los compañeros de los hospitales, el riesgo de vida que esta explosión engendraría para los pacientes internados, o para las personas del barrio con cuadros asmáticos o de inmunodepresión, por la dispersión del hongo aspergylius. Esto, sobre todo en hospitales que, como el Garrahan, son inevacuables o, como el Udaondo y el Muñiz, presentan ya un importante grado de deterioro. Brillaron por su ausencia las autoridades de los hospitales. La demolición mecánica puede abrir cientos de puestos de trabajo para los desocupados del barrio. Fue aplaudida la intervención del compañero Ramal, que denunció la tozudez del gobierno en persistir con este proyecto ampliamente repudiado, explicando que ello obedece a la necesidad de salvar el pacto entre Ibarra y el Ejército, cuantificado en millones de pesos ya percibidos por las FFAA para realizar la “implosión”. En nuestra intervención destacamos que este proceso privatiza la tierra pública, y fue iniciado por un gran coimero de la época del gobierno de De la Rúa, el ex secretario de Obras Públicas García Espil, y continuado por el ibarrismo. Hagamos respetar la verdadera opinión de los vecinos convocando a un plebiscito sobre los dos temas: método de demolición y destino de los terrenos.

En un artículo de La Nación (3/1) se resalta que en la Argentina estas tragedias nada tienen de “inédito”… “Sí la magnitud que han adquirido”. El autor cree estar denunciando una desidia cuando en realidad está poniendo al desnudo el carácter bárbaro de una organización social, el capitalismo. ¿Qué actividad o industria bajo el capitalismo no está regida por las leyes del beneficio privado, que conminan al abaratamiento de los costos a cualquier precio y/o al coimeo del funcionario de turno para hacer la vista gorda a la “norma” o para obtener un contrato con el Estado? La caída en los índices de seguridad pública, en todos los ámbitos de la vida, desde los bromatológicos en la comida y los medicamentos, a la de los trabajadores en sus condiciones de trabajo y retiro (flexibilización laboral, regímenes de AFJP y ART, etc.), es una consecuencia de la descomposición del orden social imperante. Nunca antes en la Ciudad y el país los presupuestos públicos para “controlar” las normas de seguridad e higiene han sido más reducidos. En este terreno, como en todo lo que tiene que ver con políticas de “distribución del ingreso”, los ‘progres’ han llevado la regresión social menemista hasta el paroxismo. Hay un cordón histórico que hila la tragedia de los chicos del Once. El vínculo llega hasta los trágicos accidentes aéreos de Austral y Lapa, los pollos de Mazzorín, la leche de Bauzá, el envenenamiento de propóleos y el fraccionamiento de vinos truchos, y ahora las inyecciones de hierro falsificado. Hace pocas semanas fue dictada la ley del “buen samaritano”, saludada por Cáritas y La Nación, que facilita a los grandes pulpos alimenticios deshacerse de stocks de mercadería próxima a vencer (e invendible) entregándola como “donación” a entidades de “bien público”. El vínculo del que hablamos está presente en el mayor siniestro en materia de seguridad laboral de los últimos años, que se produjo recientemente en la mina de Río Turbio (14 mineros muertos), en la Santa Cruz de Kirchner. Por todo esto, La Nación se ve obligada a admitir que estallan “muchos” reclamos, “no uno”: “el dolor, la indignación, la necesidad de encontrar culpables, la desconfianza en el Estado, la ineficiencia del mismo Estado, las sospechas de corrupción, la posibilidad de aprovechar políticamente una tragedia [al gorila le sale la fobia], la falta de respuesta suficiente de las autoridades, el silencio del gobierno nacional, la acumulación a lo largo de muchos años de demasiadas demandas insatisfechas…” ( La Nación, 4/1).

En la inmensa tragedia de la discoteca Cromagnon, todas las evidencias colocan en el banquillo de los acusados a Aníbal Ibarra, que ya tiene seis años como jefe de Gobierno de la Ciudad y diez de gestión aliancista . 1º) El manejo completamente inescrupuloso de la seguridad en las discotecas porteñas no era un secreto para él y su gobierno: en mayo de 2003, un informe de la Defensoría del Pueblo reveló “la existencia de 35 boliches de ‘primera línea’ sin habilitación municipal” y denunciaba “una estructura (en el Estado comunal) que parece mantener un orden de cosas ilegítimo e ilegal”. La defensora del pueblo en oportunidad de este informe era la doctora Alicia Oliveira, que ingresaría poco después al gobierno del presidente Kirchner. 2) En octubre de 2003, Ibarra disolvió la Dirección de Inspecciones y Habilitaciones, a la que acusó de encontrarse “inficionada por la corrupción”. Pero durante casi todo el 2004, “la Comuna sólo se valió de unos pocos profesionales para controlar todos los negocios de la Capital (actualmente suman 87). Esa cantidad, claro, no alcanzó. Y hoy continúan, y hasta se agravaron muchos de aquellos problemas que los viejos y sospechados inspectores no supieron combatir”, señalaba un columnista de Clarín (21/6/04). Ibarra estuvo casi un año sin inspeccionar negocios. 3) República de Cromagnon, con sus puertas de seguridad cerradas (“para que nadie ingrese sin pagar entrada”) y sus instalaciones potencialmente incendiarias, era uno de los boliches con habilitaciones “defectuosas” e inspecciones ausentes, que el gobierno de la “cultura” y el “turismo” había consentido. 4) Por todo ello, la tragedia de Cromagnon no es solamente una negligencia individual, ni tampoco sólo un accidente. Es el resultado de un régimen de gobierno. Aníbal Ibarra debe renunciar.

En reiteradas oportunidades señalamos que la ‘seguridad’ no se circunscribe a la reducción del índice de delitos callejeros (en especial los cometidos contra la propiedad), sino que es un concepto mucho más amplio, que incluye la garantía de acceder y gozar cada uno de los derechos humanos (vida, salud, educación, trabajo, etc.). Esta semana hubo dos noticias que pusieron de relieve la inseguridad reinante en dos aspectos poco considerados por las campañas de prensa, debido a su vinculación con el lucro comercial de algunos en detrimento de la vida y la integridad física de muchos. En primer lugar, algunos medios publicaron las estadísticas acerca de accidentes de trabajo, que demuestran que están en aumento. En otras palabras, los trabajadores están cada vez más inseguros debido a que sus patrones pretenden maximizar la ganancia a costa de las mínimas medidas de seguridad. Luego, el jueves, de forma impactante, el incendio en República Cromagnon demostró el nivel de inseguridad existente en los boliches bailables, que sólo preocupaban a las autoridades (muy de vez en cuando) por los crímenes cometidos por los patovicas en las puertas. En un sólo hecho catastrófico, producido por la ‘lógica empresarial’ y la falta de adecuadas medidas de seguridad, hubo más muertos que en la totalidad de los hechos de homicidio no cometidos por personal estatal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (según los datos publicados en Internet por la Dirección Nacional de Política Criminal, el total de homicidios dolosos en la ciudad de Buenos Aires fue de 53 en 2004, y los culposos fueron 76, o sea, 129 homicidios en todo el año frente a 182 muertos seguros hasta este momento a raíz del incendio en República Cromagnon). El nombre del local designa de forma ideal la barbarie del capitalismo y de sus representantes, empresarios y funcionarios del Estado. Por una parte, la bestia del comerciante, que disfrazado de artista siguió vendiendo entradas superando ampliamente la capacidad del local, con las puertas de emergencia cerradas con candados para que no hubiera colados. El que para mejorar el sonido puso materiales baratos, que son puro petróleo, en lugar de gastar unos pesos más en elementos ignífugos, justo con una banda cuyos seguidores suplantan la necesidad de usar la violencia contra los que los han puesto en una situación de desesperación y desprotección social con el lanzamiento de bengalas fabricadas a mansalva para las fiestas por comerciantes que se movilizaron para apoyar a Blumberg en sus campañas para matar con la bala policial a estos mismos chicos. Un tipo tan hijo de puta que para no perderse las entradas de tantas chicas solteras con hijos las deja entrar con los niños o les pone una guardería a unos metros de las telas de petróleo. Los hijos de puta de Sadaic, que supieron anticipadamente que se había entrado en colapso con la cantidad de público, por el cuentaganado con el que controlan el superimpuesto con el que se alzan para esa empresa paraestatal y corrupta. El jefe de calle de la Comisaría 7ª, ¿qué va a decir? ¿Que nunca entraron? ¿Que nunca vieron los problemas de la sala? ¿Que nunca pidieron una coima para permanecer mudos y no mirar? ¿Y los inspectores municipales, que ahora resulta que no fueron en todo el año? ¿Y los bomberos de la PFA, que dieron su consentimiento al funcionamiento de un lugar que era una trampa mortal? ¿Y el Gobierno Nacional, Kirchner y sus ministros? ¿Acaso el tema no es de esa envergadura? Ya lo dijo el ministro del Interior con el mayor cinismo, típico de los que pueden dejarle a la madre que les esconda un cadáver en el ropero: ‘eso era una ratonera’. Después vinieron nuestras tristes noticias, el primo de Sabrina internado, las vecinas de Rodolfo, el sobrino de Tito, los compañeros de la murga de Cucú, la salvación increíble del hijo de Lidia. Tristeza absoluta. La muerte de 182 jóvenes y 750 heridos en el recital del Once es un problema político de primer orden y no simplemente una desgracia o un tema judicial. Denunciar al Estado, a la dirigencia política y a los capitalistas. Comprender que no nos salva nadie: sólo los explotados movilizados por su derecho.

La responsabilidad del gobierno de Ibarra no se limita a la falta de control de las discos como Cromagnon, la tragedia puso de manifiesto el desabastecimiento que sufren los servicios de salud. Faltaron tubos de oxígeno y hasta mascarillas. Por TV se pudo ver que los jóvenes rescatados con signos de asfixia eran apantallados, mientras las ambulancias no daban abasto para su traslado. Un tubo de oxígeno y varias mascarillas pueden contener las crisis de asfixia y... salvar vidas y daños neurológicos. En los hospitales no había respiradores suficientes. Lo cual obligó a traslados de pacientes y de respiradores de un hospital al otro. Un bebé fue trasladado a la provincia de Buenos Aires, donde tampoco había respiradores, por lo que fue nuevamente derivado al Hospital Garrahan, donde llegó fallecido. En los hospitales porteños no hay cámara hiperbárica que mantiene el 100% de oxigenación a dos o tres atmósferas, es decir una hiperoxigenación. Es el tratamiento que se utiliza para combatir los casos de intoxicación severa con monóxido de carbono. El del Hospital Muñiz está roto y nunca se dio el dinero para repararlo. (Hay uno, sí, en el Hospital Naval, pero no en el de Niños). El tratamiento enérgico que realizan estas cámaras puede sacar de la gravedad extrema a un paciente en cuestión de horas. El monóxido de carbono invade la hemoglobina doscientas veces más que el oxígeno y sólo un tratamiento enérgico permite expulsarlo. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado? También faltó material de los laboratorios para diagnosticar la severidad de los casos que se presentaban. En la mayoría de los laboratorios de los hospitales no hay reactivos para medir el dosaje de carboxihemoglobina, que indica el nivel de envenenamiento con monóxido de carbono, y la envergadura y el tiempo del tratamiento que hay que desarrollar. Las ambulancias iban y venían al Hospital Fernández, y otros llevando análisis y perdiendo tiempo valioso, por falta de insumos. Esto sigue ocurriendo en una ciudad populosa que ha tenido en pocos años tres graves catástrofes (Embajada de Israel, Amia y Lapa). Rechazamos por encubridora la solicitada (“Frente al dolor la solidaridad del hospital público”) que publicó en el día de la fecha la Asociación de Médicos Municipales, dirigida por una dirección ibarrista. En la misma se saluda el esfuerzo y sacrificio de los médicos que trabajan en los hospitales, pero se oculta el sabotaje a la estructura sanitaria de la Ciudad, hundida por la falta de presupuesto y por la política privatizadora de Ibarra.

La responsabilidad política criminal del Gobierno de la Ciudad no se puede ocultar más con conferencias de prensa. Esto lo han comprendido incluso los jefes políticos de los legisladores porteños y, por sobre todo, el gobierno nacional. Por eso han coincidido en montar una interpelación a Ibarra en la Legislatura, cuyo guión ya está escrito. Ibarra, por su lado, insistirá en las “responsabilidades compartidas”, o sea repartidas, entre un poco el gobierno, otro poco los empresarios y un último ‘gran poco’ el público ‘pirotécnico’; la oposición tratará de sacarle una ‘autocrítica’ que el Intendente está deseoso de hacer si sirve para no ‘politizar’ la tragedia. La interpelación es un recurso final para evitar que la crisis política ponga fin al gobierno de Ibarra. Los dueños de la Ciudad quieren evitar que su caída haga saltar a la superficie el pavoroso estado social de la Ciudad y de la seguridad ciudadana en todos los planos de la vida cotidiana. La interpelación no va a servir para hacer justicia, sino para adelantar los tiempos de las internas partidarias para pujar en las legislativas de fin de año. Los interpelantes no están interesados en llegar a la verdad sino en organizar una salida en orden, mientras en el camino buscarán lucrar con la desgracia del adversario político.

El jueves 30 de diciembre, al atardecer, salí a caminar por mi barrio, el Once. Recorrí Corrientes y Pueyrredón hasta Rivadavia, mezclado con una multitud de argentinos pobrísimos, agobiados por un calor que no podían mitigar en ningún shopping o confitería con aire acondicionado. Pobres vendiéndoles a pobres, centenares de vendedores ofreciendo chucherías por pocas monedas. Escuché a una vendedora decir que la gente mira con lupa y lo piensa diez veces antes de comprar una remerita de cinco pesos. La pérdida del poder de compra se corresponde con el desmejoramiento de los negocios, con el poco valor de los artículos que están en venta. Atravesé la plaza, poblada de “ministros de la fe” que le hablaban a la nada, y de prostitutas –jóvenes y viejas– arruinadas por la vida y el hastío. En La Rioja y Rivadavia me senté a comer dos porciones de pizza (75 centavos las dos). El calor era insoportable, pero la marea humana me hacía pensar en otras cosas. De repente veo atravesar la pizzería a dos chicas muy jóvenes agitando una bandera roja. Lamenté no haber podido leer lo que tenía escrito. Qué raro, piqueteros este día, pensé. Al ratito, cruza Rivadavia un joven con una bandera argentina atada a una caña. De nuevo, lamenté no poder leer unas letras negras que la atravesaban. ¿Qué pasaba? No lo pude descifrar. Decidí volver a mi casa, pero cuando me dirigía a Anchorena, que es por donde siempre vuelvo, no sé por qué decidí doblar en la anterior, Jean Jaurés (¿sabrá alguien, hoy, que fue el más grande orador del socialismo francés?). Cuando estuve a metros de Bartolomé Mitre, encontré la respuesta a mi intriga: alrededor de doscientas chicas y chicos estaban haciendo una cola frente a un galpón. Allí estaban las banderas, decenas de banderas: Callejeros, la banda de Villa Celina y Lugano. Me quedé un largo rato mirando a esos chicos. Un rasgo distintivo era su enorme pobreza, el otro su alegría, su ansiedad por ir a compartir un ritual de su tribu. Una alegría que no logran apagar ni la marginación ni la humillación que viven cada día de sus vidas. Aún no habían abierto las puertas; ellos serían los primeros, estarían a pasos del escenario y de los músicos que cantan lo mismo que ellos piensan y sienten. Iban a cantar a coro con sus Callejeros: “No olvidar, siempre resistir. / Que la idea sea el sol, que al milagro lo cambien / y se haga verdad. / No empezar a dejar de pensar, / que a las masas pensando / no las vencerán jamás... jamás”. Me dormí temprano. A la mañana miro estupefacto las imágenes de la televisión. Esas chicas y esos chicos, ellos, los primeros en entrar, los más fanáticos, los más entusiastas, podrían estar todas muertas y todos muertos. Llorar no sirve de nada. Sólo la lucha los vengará. ¿Chabán? Sí, Chabán es un gran culpable, sin la menor duda. Pero hay cientos y miles de Chabanes en nuestro país. Los auténticos culpables son los que posibilitan que esos mercaderes de la muerte puedan asesinar a mansalva. Ibarra debe renunciar ya. Pero Ibarra es un peón recambiable del capitalismo asesino. Tenemos que echarlos a todos. Que se vayan todos. Socialismo o barbarie.