Prensa Obrera N° 882

Catorce días y sus noches llevamos ocupando la Oficina de Empleo de Resistencia, en una de las provincias con los mayores índices de pobreza, que se ven agravados con las recientes inundaciones”. Así comienza el último comunicado emitido por las organizaciones que ocupan la Gerencia de “Empleo” en Resistencia, provincia del Chaco, desde el pasado 7 de diciembre (Polo Obrero, Cuba-MTR, MTL, Movimiento Federal, Movimiento Dignidad Social, entre otras organizaciones). Los ocupantes exigen trabajo para todos o la universalización de los planes de empleo “para que todos los desocupados reciban el subsidio”, y su aumento a 350 pesos. “Esta es la vía para poner fin al clientelismo”, afirman. Denuncian la intención de “judicializar” el reclamo –por las declaraciones realizadas por la gerente de empleo, Gladys Soto, que argumenta “obstrucción de tareas”, y que son absolutamente falsas. El 20 de diciembre, marchando desde la Gerencia de “Empleo”, más de 1.000 trabajadores se movilizaron en el aniversario del Argentinazo. Se marchó a la Casa de Gobierno y, al terminar, la movilización se dirigió al Consulado paraguayo para reclamar la libertad de 600 campesinos detenidos. Fue la única movilización por la rebelión popular de 2001; los “transversales” no se hicieron presentes. La ocupación tiene el carácter de denuncia frente a la política escandalosa de fragmentación y cooptación del movimiento piquetero. Las organizaciones comprometidas en esta acción de lucha tienen pruebas fehacientes de la “conexión” establecida por el gobierno nacional, autorizando a cargar planes por encima de cualquier otra jurisdicción a los movimientos “amigos”, entre ellos Barrios de Pie y la CCC. La Gerencia de “Empleo” es para los punteros del PJ, mientras el gobierno de la provincia tiene su propia “red”, a través de los municipios, también con la anuencia de las autoridades nacionales. En esta “división del trabajo” para alimentar la red de clientelismo, Cáritas, como Dios, está presente en todas las ventanillas. En Chaco ha aumentado la desocupación, y la masa de indigentes es aún mayor que en el pasado. La única salida del gobierno es la que ha planteado la mencionada Gladys Soto: ante la “imposibilidad de conceder nuevos planes por no haber partida presupuestaria”, se ofrecen “proyectos productivos por un monto de 15.000 pesos en equipamiento de insumos y herramientas”, un “horizonte productivo” que nadie se atreve a decir cuál sería y que debería ser el sustento para las 800 familias representadas en la ocupación. La lucha de Chaco interesa a todos los trabajadores.

Un grupo de empresascapitalístas ha decidido quitar su auspicio al Centro Cultural Recoleta mientras continúe la exposición de León Ferrari. No hace falta más para mostrar los profundos lazos que unen al capital con el clero y el carácter condicionado de la creación artística bajo el capitalismo. Esta decisión tendrá más efecto sobre el Gobierno de la Ciudad que cualquier resolución judicial.

Con mucho esfuerzo, las compañeras Carina Sauco y Vanesa Constancio arribaron a Buenos Aires junto a Claudio Bustos, para desarrollar la campaña de denuncia por la constante política represiva que implementa el gobernador Acevedo en Santa Cruz, y en particular la pérdida del embarazo de Carina como parte de las torturas de la policía santacruceña (como venimos denunciando en Prensa Obrera ). Carina y Vanesa participaron de la reunión de la Mesa del Polo Obrero el martes 21 y mantendrán en los días previos a Nochebuena reuniones con legisladores nacionales, organismos de derechos humanos y personalidades para interiorizarlos sobre la situación que vienen a denunciar y para hacer públicas las denuncias, junto a la ANT, en una conferencia de prensa que se desarrollará en las horas en que esta edición de Prensa Obrera esté en la calle. Los compañeros de Santa Cruz pasarán la Nochebuena junto a la ANT en la Plaza de Mayo.

Con mucho esfuerzo 14 mujeres nos organizamos para viajar a Mendoza, donde hicimos un trabajo militante de vender prensas, contactar a otras mujeres independientes y de otras organizaciones; levantamos en los talleres la posición del Partido, siendo una referencia para miles de mujeres que participaron del Encuentro. Al volver consideramos necesaria la creación de una comisión de mujeres de la regional que contemple los problemas de género desde una perspectiva clasista. En ese sentido realizamos tres charlas-debate y pasamos un video que logró nuclear a compañeras independientes que contactamos en Mendoza, quince de las cuales vinieron al picnic del Partido. Nos relacionamos con profesionales para que nos ayuden en lo médico y en lo legal, y respondimos en muchos casos con organización, como en el caso de una compañera que había sido golpeada por su marido, a la que acompañamos y presionamos en el Juzgado N8 2 de Lomas de Zamora, pidiendo el derecho a la exclusión del hogar del golpeador; nos tocó también intervenir en embarazos de alto riesgo, dando una respuesta colectiva. Estamos organizando charlas de educación sexual para los comedores del Polo y los Proyectos de Jóvenes. La mayoría de los integrantes del Polo somos mujeres, doblemente explotadas por clase y por género, y a esta situación tenemos que darle una respuesta. En este sentido estamos planificando una intervención. La violencia doméstica institucional o social ha empeorado con el agravamiento de la crisis económica, y en ese sentido consideramos prioritaria la organización revolucionaria de la mujer. La ideología religiosa que habla del sufrimiento y el “deber” de la mujer procura a los explotados representaciones ideológicas que les permiten soportar mejor sus condiciones de existencia. La ideología patriarcal y capitalista impregna todas las actividades de hombres y mujeres; gobierna los comportamientos familiares de los individuos y sus relaciones. Tenemos que organizamos desde una perspectiva obrera y socialista, que es la única forma de terminar con toda desigualdad social. En ese sentido crece la organización de mujeres de Almirante Brown, y queremos conformar el Plenario de Mujeres Trabajadoras en la regional. Libertad a los presos y presas políticos. Desprocesamiento de los luchadores. ¡Basta de violencia hacia las mujeres! Organización de defensa de la mujer en los barrios, en los lugares de trabajo y en los sindicatos. Por el derecho a la exclusión del hogar de los golpeadores. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Separación de la Iglesia del Estado. Educación sexual bajo el control de las organizaciones obreras. barquitodepapelpo@hotmail.com poaltebrown@hotmail.com

Es verdad. Los del Partido Obrero y muchos otros luchadores tenderemos la mesa de las fiestas junto a los compañeros presos, desde Santa Cruz hasta Chaco y Jujuy. En la Plaza de Mayo celebraremos la medianoche del 24 con la calidez militante de una carpa, por la libertad de los que pasarán esa noche y otras más encarcelados. Los presos por luchar van a la prisión porque vivimos en un régimen de explotación. Pero por la misma razón, precisamente, festejarán en sus casas los asesinos de José Luis Cabezas y los jueces que los pusieron en libertad. Lo mismo ocurrirá con el oficial que asesinó al joven Benedetto desde el banco HSBC, el 20 de diciembre de 2001. Como lo harán, asimismo, los jueces de la Corte ‘nacional y popular’ que acaban de anular su condena y como lo harán los jueces del tribunal que lo condenó, que cometieron las necesarias irregularidades como para que la Corte lo deje en libertad. Alí Babá también va a celebrar en La Rioja. El domingo pasado Carrió le susurró a Grondona que estos son tiempos de “religiosidad”, cuando hay que hacer callar a los ‘blasfemos’. Los obreros somos, exactamente, la ‘herejía’ del capital. Seguiremos luchando, diríamos que más que nunca, porque la prioridad del gobierno para el 2005 no son los desnutridos sino el pago anticipado al FMI y mayores prebendas a banqueros e industriales. Una lucha que deberá ser cada vez más conciente, porque se trata de reconstruir al país sobre nuevas bases sociales. De construir una alternativa de poder, sobre la base de la lucha y de la organización. Una alternativa socialista. Recordemos que en los primeros días del año que se insinúa se celebrará el centenario de la primera revolución rusa. La primera tentativa del siglo XX para formar un gobierno de consejos obreros y campesinos. El verdadero inicio de esta época que vivimos, de guerras imperialistas y revoluciones sociales. POR EL SOCIALISMO.

Definitivamente , no son los “sentimientos religiosos” individuales los que ha pretendido proteger la jueza Liberatori. A quien se quiere custodiar es al clero, a los opresores y al conjunto de su Estado. La obra de Ferrari denuncia la labor represiva de la Iglesia a lo largo de la historia, y su colaboración con todas las formas y regímenes de opresión. Es el aparato del Estado el que se protege a sí mismo cuando le pone candado a la obra que se exhibe en el Centro Cultural Recoleta. En más de un plano, la presentación de Ferrari ha desnudado hasta qué punto la organización de la cultura y el arte se encuentra dominada por el gran capital. En la semana que precedió al fallo judicial represivo, un conjunto de “grandes empresas” que “sponsoreaban” la exposición le retiraron su apoyo. Incluso Costantini, el dueño del Museo de Arte Latinoamericano, que se había servido de Ferrari y de otros artistas plásticos para justificar el negociado inmobiliario que viabilizó la apertura de su museo, “aclaró” que, “pensándolo bien”, el no hubiera apoyado la exposición del Centro Recoleta. “Nacionales”, progresistas… y clericales Con todo, la acción judicial contra Ferrari plantea una cuestión de fondo. ¿Por qué, en un país y una ciudad gobernados por “setentitas”, progresistas, nacionales o populares, el clero ha consumado un golpe de esta envergadura contra las libertades? La respuesta es sencilla: son los propios “progresistas” y “transversales” quienes han resuelto cogobernar con la Iglesia. Hace tan sólo cuarenta días que Kirchner cerró un acuerdo con el Obispado y con Cáritas, en favor de entregar los restos de la asistencia social al clero para golpear a las organizaciones piqueteras independientes del gobierno. Ibarra, Telerman y Macri acaban de “bendecir” a la Mesa del Diálogo Argentino, un engendro de la Pastoral Social que coloca al arzobispo Bergoglio como árbitro de la asistencia social y la regimentación educativa y cultural en la Ciudad. Precisamente, uno de los primeros pronunciamientos públicos de esta Mesa fue sobre la muestra de Ferrari, para expresar “el dolor y su cercanía con el pueblo creyente cuya sensibilidad religiosa se ha sentido herida”, y cuenta con la firma de la CTA y el grupo Fénix, entre otros. Bergoglio logró, así, un gran frente único –de derecha a “izquierda”– contra la obra de Ferrari. Este pronunciamiento fue el argumento central del fallo de la jueza Liberatori –también ella integrante del ala “progresista” de la Justicia porteña– contra la exposición de Recoleta. En otro ámbito del Estado porteño, la defensora del Pueblo, Alicia Pierini –ex menemista y ahora “defensora” consensuada entre el PJ e Ibarra– calificó a la obra de Ferrari de “ofensa al pueblo”. Cómo no recordar, también, que horas antes de la clausura a Ferrari los legisladores de Ibarra mandaban al bombo un proyecto de ley de educación sexual que ellos mismos habían contribuido a redactar, y que ya le otorgaba fortísimas injerencias a la Iglesia en esa materia. Pero para Bergoglio no fueron suficientes, e “Ibarra no quiso problemas con la Iglesia” (declaraciones de la diputada Suppa en Página/12 del 16/12). Fue entonces que, para caracterizar a la estrecha ley que se pretendía aprobar, Ibarra declaró que “la escuela no está para generar especialistas en Kamasutra” (sic) ( La Nación , 16/12). A la hora de salvar al clero y a los opresores, todo el “moderno” Estado de la Ciudad erigió al Arzobispado porteño en juez –y verdugo– de las expresiones culturales independientes. Gobernar con la Iglesia En medio del aniversario del Argentinazo, la crisis planteada en torno de la obra de Ferrari, de la educación sexual en la ciudad, e incluso los ataques recibidos por la médica Gompers en relación con el derecho al aborto, ponen de relieve toda la miseria política y moral del régimen que pretendió confiscar a la rebelión popular, para salvar los intereses sociales que llevaron a la bancarrota nacional. La reconstrucción de esos intereses capitalistas, por parte de partidos acabados, exige apoyarse en la represión, en el oscurantismo, en los sostenes históricos de todos los regímenes opresores. El mismo régimen que ha capitulado ante los banqueros y privatizadores, el mismo que es peón militar de Bush, debía necesariamente terminar enlazado con el clero y sus imposiciones represivas. La lucha por el laicismo, por la separación de la Iglesia del Estado, por la libertad artística y cultural exige, también, demarcarse del “progresismo” fracasado y luchar por una alternativa de carácter obrera y socialista. Capitalistas a favor del infierno Un grupo de empresas capitalistas ha decidido quitar su auspicio al Centro Cultural Recoleta mientras continúe la exposición de León Ferrari. No hace falta más para mostrar los profundos lazos que unen al capital con el clero y el carácter condicionado de la creación artística bajo el capitalismo. Esta decisión tendrá más efecto sobre el Gobierno de la Ciudad que cualquier resolución judicial.

A tres años de la rebelión popular que protagonizaran los trabajadores, y habiéndome incorporado al calor del Argentinazo a una nueva forma de vida, es decir de la lucha de clases, y por supuesto haber tomado la responsabilidad de ingresar al Partido que en la historia de esta provincia ha sido colocado frente a la tarea de organizar a los trabajadores con una perspectiva de poder, saludo a los compañeros y las compañeras que se encuentran presos y que son para nosotros un motivo de orgullo y una bandera de lucha. Porque fueron al frente, tuvieron la actitud más audaz, la actitud más lucida en la lucha por la defensa del presente y el futuro de sus familias. ¡Saludo a aquel trabajador de Caleta Olivia... de la Patagonia... del desierto y del frío que se enfrenta a una petrolera por el derecho al trabajo! A LOS LUCHADORES DE CALETA OLIVIA El eco de la revolución tardó en romper el cristal que aísla y enajena almas y cuerpos Realidad virtual de un sistema que oprime Que empuja al abismo indigente del olvido La memoria llegó como Fénix de las cenizas Y renacieron nuevos a una vida diferente Golpeando bellas puertas molduradas, estigmas Del dolor y de la muerte de niños que no serán El grito de que se vayan todos arde, ... fresco en los rojos corazones que palpitan en las llamas del Argentinazo madurando conciencias a salvo del aniquilamiento ¡HEROES... !cotidianos cortando rutas, calles, puentes que entre el humo de la represión y el estertor de las balas, forjan, aunan y quedan lacrados por decir con la sangre de Darío, Maxi… los sueños y las esperanzas de una vida sin opresión Y en el pacto de luchar hasta vencer Renacen sentimientos olvidados que se buscan Que se hallan en los ojos bien abiertos En las mentes conscientes de la histórica tarea encomendada Hombres y mujeres Mujeres y hombres, hijos de una misma madre , paridos al unísono grito de libertad ¡Luchar… vencer / Obreros al poder! Ya ocupando fábricas, ya expulsando a los burócratas Ya… en Caleta, lúcidos, audaces conquistando Saboreando la derrota de los bárbaros La miel de haber quebrado la dádiva y la humillación Piqueteros Carajo… Luchar y vencer en las rutas Lo harán también en la prisión Contra el capitalismo y la barbarie Luchadores haciendo la revolución.

El gobierno, pero especialmente sus escribas (como es el caso de Verbitsky) pretende hacerle creer a la opinión pública que el incidente diplomático con Cuba fue la consecuencia de una mano negra de los asesores de Bielsa en la Cancillería. La carta que Kirchner le mandó a Fidel Castro para pedirle la salida de Hilda Molina para visitar a su familia en Argentina habría sido algo así como las ‘condolencias’ que Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa de Bush, le estuvo mandando a los deudos de los soldados norteamericanos muertos en Irak –que el susodicho no leía ni firmaba. De acuerdo a esta versión de los acontecimientos, el hiperkinético santacruceño no es más que un chirolita de sus asesores. Este relato desvergonzado de la crisis diplomática y la catarata de cabezas que rodaron con ella (los despidos de Eduardo Valdés, de Alicia Oliveira y del embajador en Cuba, y el interrogante que quedó planeando sobre Bielsa) dejó al desnudo una extraordinaria debilidad política del gobierno que la opinión pública no sospechaba.

A penas conocida la clausura judicial a la obra de Ferrari, se produjo una autoconvocatoria que confluyó en el Centro Cultural Recoleta en la tarde del viernes. En ese momento se esperaba la llegada de la procuradora del Gobierno de la Ciudad, en un clima de combatividad. Cerca del horario de cierre de la muestra, decenas de jóvenes de distintas agrupaciones ingresaron al museo, con la intención de resistir, desde adentro, la medida de la Procuración. En esas circunstancias, el gobierno suspendió el envío de la funcionaria, que concurrió en horas del sábado cuando ya no había manifestantes a la vista. En la tarde del viernes, el “abrazo solidario” a Ferrari puso de relieve dos tendencias: una, integrada por distintos funcionarios del gobierno porteño, operaba para restringir la movilización a un reclamo genérico de “libertad de expresión”, sin atacar a la Iglesia ni a la Justicia que había ordenado la clausura. Otra tendencia denunciaba abiertamente al clero, y proponía iniciativas de acción directa para defender la muestra. La segunda autoconvocatoria, el día domingo por la tarde, fue intensamente manipulada por el gobierno de Ibarra y sus aliados políticos. Esta operación tuvo un claro propósito: presentar al gobierno como víctima de la clausura, disimulando todos los acuerdos previos con el clero que enmarcaron esta medida judicial. Fue con esta intención que Claudio Lozano, diputado de la CTA, intervino para “desmentir la firma de la Central” en la declaración de la Mesa del Diálogo que condenó la muestra de Ferrari, que la jueza cita en su fallo. Lozano no pudo desmentir, sin embargo, la participación de la CTA en la propia “Mesa del Diálogo”, un ámbito de colaboración y “consenso” urdido por el Arzobispado porteño, es decir, por los enemigos de Ferrari. La regimentación oficialista no pudo evitar que se expresara una profunda tendencia de repudio a la Iglesia. Uno de los artistas plásticos propuso una “clausura” a la Iglesia del Pilar, lindante con el Centro Recoleta, mientras durase la proscripción a la obra de Ferrari. Tomando esa propuesta, al terminar el acto “oficial” varios centenares de jóvenes y artistas –entre ellos los de la UJS y LuchArte– hicieron un escrache en la puerta de la Iglesia, y denunciaron, con consignas, la complicidad del clero con todos los opresores.

En Catamarca unos 400 compañeros en la capital y 100 en Recreo llevamos adelante un acto por el aniversario del Argentinazo, reafirmando nuestra convicción en la lucha contra un gobierno rendido ante los pulpos mineros y las políticas dictadas por el Banco Mundial. En la plaza 25 de Mayo, estudiantes de arte que luchan por tener un edificio y el no cierre de la carrera, trabajadores de los planes del Hospital que dan batalla por el pase a planta permanente, docentes nucleados en el Suten, los trabajadores de la salud organizados con el Siprosca, se manifestaron por un nuevo Argentinazo, por trabajo estable a 800 pesos, por la creación del tercer turno en las minas y por poner en pie una alternativa obrera y socialista. Hablaron Hernán Di Marzo por el Polo Obrero, Juan Godoy por el Suten, Daniel Blanes en nombre de los estudiantes de arte, Tato Traverso por los trabajadores de la salud, y cerró Enrique Traverso por el Partido Obrero. Se recibieron adhesiones de artistas, docentes universitarios y abogados de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Se cerró el acto con la multitud marchando alrededor de la plaza coreando canciones por un gobierno de trabajadores. En Recreo, frente a la Intendencia, miembros de un foro de desocupados, docentes y estudiantes, que participan de la Asamblea popular que exige Asamblea Constituyente y la destitución del Concejo Deliberante y el intendente Lazarte (quienes entre otras cuestiones se robaron 5 millones de dolares de la obra del agua, dejando sin el líquido vital al pueblo), llevaron adelante el acto que tuvo como orador principal a Ariel López, dirigente del flamante Partido Obrero de Recreo.

Néstor Kohan, profesor de la Universidad de las Madres e intelectual que supo apoyar en el pasado las iniciativas del PC e Izquierda Unida, acaba de publicar una fuerte crítica al reciente “Encuentro de Rosario”. Kohan identifica a la entente con el Frente Democrático que planteara el stalinismo en la década del ‘30 del siglo pasado como un pacto con la burguesía y el imperialismo. Recuerda que fue la línea con la cual Codovilla y Ghioldi en nuestro país se sumaron a la oligarquía y al entonces embajador norteamericano, Braden. Kohan concluye que los “frentes nacionales”, llamados transversales y kirchneristas, por un lado, y este flamante “frente democrático”, por el otro, son variantes que apuntan a sostener la “gobernabilidad” de la Argentina capitalista. A esto Kohan opone la estrategia del “Frente Unico” que ya fuera planteado casi un siglo atrás por la Internacional de Lenin y Trotsky; naturalmente, no para preservar al capitalismo sino para impulsar la revolución social. Se trata, dice, de agrupar así a los movimientos piqueteros más rebeldes, a las fábricas recuperadas, al movimiento estudiantil, etc… Aunque Kohan compara al “Encuentro de Rosario” con los “frentes democráticos” de cincuenta años atrás, no menciona que es una reedición devaluada de la Alianza UCR-Frepaso. Esto último lo recuerda Isidoro Gilbert en el Diario La República de Montevideo (10/12) en un artículo titulado “Turbulencias en la izquierda argentina”. Gilbert dice que para evitar la obligada comparación con la Alianza, el PC de Echegaray evitó mencionar que entre los concurrentes a Rosario estuvo la plana mayor de la Unión Cívica Radical (“de ello no informó la prensa oficial comunista”, dice). Agrega, además, que el Partido Socialista, que hizo una alianza con Izquierda Unida en las últimas elecciones, podría romperla si no se satisfacen sus reclamos de puestos en las listas para diputados. Gilbert dice que el PS extorsiona a IU con el hecho de que en Rosario “recibieron una invitación para integrar un frente electoral por parte de la UCR”. Parece, entonces, que antes del debate “teórico” que reclama Kohan, el “Encuentro de Rosario” se fragmentaría en función de su propia inconsistencia. En todo caso, es bueno que Kohan tenga en cuenta que el Partido Obrero ha formulado una convocatoria a la izquierda para encarnar una alternativa “obrera y socialista”.

Estimados compañeros: Me dirijo a ustedes con el propósito de alertar sobre el peligro que entraña el uso de pirotecnia en nuestras actividades. Pude observar en la marcha del 20 de Diciembre cómo compañeros encendían las bengalas en posición horizontal (apuntando a la gente) para después ponerlas vertical ya con la mecha encendida; por otro lado, una bengala puede rebotar en la rama de un árbol, por ejemplo, y lastimar a alguien. Otros compañeros sostenían el manojo de bengalas en una mano mientras encendían una con la otra. Como vi que eran compañeros de organización los que repartían estos elementos, entiendo que el uso de pirotecnia es política del Partido, por lo que la dirección del Partido y del Polo serán responsables por los accidentes que inevitablemente van a ocurrir, de seguir usando pirotecnia en nuestras actividades.

A pesar de que distintas organizaciones nacionales con desarrollo en la provincia habían suscripto el documento central y participaron en Plaza de Mayo, en Santiago del Estero los únicos que realizaron la jornada fueron los compañeros del Polo y del Partido Obrero. El acto en Plaza Libertad constó de la lectura del documento de la convocatoria nacional y un discurso de cierre. Denunciamos al gobierno del interventor Lanusse y a todas las organizaciones “populares”, de “izquierda”, centroizquierda, etc., que han sido cooptadas tanto por Kirchner como por Lanusse; esta es la razón por la que faltaron a la cita. Una importante cantidad de público independiente presenció el acto.

Eduardo Murúa, en representación del MNER, acaba de emitir un comunicado de prensa con motivo de la sanción de la Ley de Expropiación aprobada en la Capital Federal. “Planteamos –destaca– hacernos cargo del costo de las expropiaciones, con un tiempo de gracia y un plazo para pagar, permitiendo que la Ciudad, sin ningún costo fiscal, recupere las unidades productivas, recupere empleo genuino y se evite el costo de los planes de subsidio por desempleo”. A continuación, agrega: “Queremos aclarar que en ninguno de los casos se afectó ni se afectará a las restantes masas de acreedores, ya que hoy los remates de bienes inmuebles no se realizan o tardan entre 4 y 5 años en hacerlo, perdiendo su valor, y los bienes muebles se liquidan en su mayoría como chatarra”. A nadie se le escapa que en muchas de las empresas recuperadas los trabajadores están cobrando un sueldo que apenas alcanza para sobrevivir. En la abrumadora mayoría de los casos, no cuentan con obra social ni cobertura médica, y menos aún con beneficios jubilatorios. Son contados los casos que cobran un salario equivalente a una canasta familiar. ¿Se ha hecho, acaso, un cálculo de lo que representaría agregarle a esta situación el pago de activos, especialmente en el caso de los inmuebles, que tienen un altísimo valor comercial? ¿Cuánto representaría, para tomar un ejemplo, a los obreros de Brukman el hacerse cargo del pago de una planta moderna de seis pisos, enclavada en el corazón comercial de la ciudad? No es exagerado afirmar que estamos en presencia de una hipoteca perpetua. La ley aprobada en la Ciudad plantea una suerte de estatización transitoria de las fábricas. Para efectivizarse tienen que pasar, además, por un intrincado proceso judicial. A cambio de este final incierto, se introduce, por primera vez, el principio de “transferencia a título oneroso” de los bienes afectados a la expropiación. Este hecho que Murúa reivindica, constituye un retroceso, pues las primeras leyes de la provincia de Buenos Aires establecían la donación de los bienes expropiados, y la legislación porteña contemplaba al menos la entrega en comodato de los activos. Es decir que los trabajadores podían usufructuar gratuitamente las maquinarias e inmuebles pertenecientes a la fábrica. La hipoteca que contraerían los trabajadores para comprar los activos, los obligaría a endeudarse y a someterse a ataduras financieras y comerciales, y las empresas terminarían absorbidas por grupos empresarios. Murúa habla de expropiaciones sin costo fiscal, pero no es esto lo que está en discusión. Murúa reivindica que el costo de la reconstrucción de la empresa lo paguemos los trabajadores. Nosotros planteamos, en cambio, que la crisis la asuman ellos, los capitalistas responsables del vaciamiento. Murúa hace causa común con los acreedores, a quienes procura convencer sobre las ventajas que podría tener la compra de la fábrica por sus propios trabajadores. El mismo Murúa señala bien que los acreedores podrían estar siendo resarcidos por montos muy superiores (no es lo mismo la transferencia de una empresa en marcha que la venta de un activo por separado). Los acreedores estarían recibiendo una compensación económica impensada (violentando, en este caso, las leyes de mercado), que saldría integralmente del esfuerzo de los obreros. Murúa diferencia al empresario de los acreedores, que serían sus víctimas. En la práctica, sin embargo, existe entre dueños y acreedores un entrelazamiento, y ambos están comprometidos en los vaciamientos de las empresas. Unos de los principales acreedores son los propios bancos e instituciones financieras, y los grupos proveedores, con los cuales terminan inflando artificialmente las deudas. ¿Por qué cargar ese fardo sobre los hombros de los trabajadores? Como se puede apreciar, no estamos frente a una cuestión menor: están enfrentados dos principios distintos y opuestos de reorganización del país. La gestión obrera sólo puede prosperar como un eslabón de una transformación social general del país dirigida por los trabajadores. Pero no es cierto, por otra parte, que no haya un costo fiscal. Las indemnizaciones, tal cual lo marca la ley de expropiaciones, deben pagarse al contado, mientras que el recupero a través del pago de las cuotas por parte de los trabajadores recién se efectivizaría en un plazo dilatado de tiempo. Los recursos que se les niegan a los trabajadores municipales, a las escuelas y hospitales públicos, irán a parar a los vaciadores. Para Murúa, gracias a la ley votada “se evitarían las quiebras fraudulentas, los endeudamientos ficticios y el vaciamiento de las empresas”. Pero no se pueden superar las contradicciones del capitalismo por decreto. El fraude, la evasión, los vaciamientos son inherentes al funcionamiento del régimen social, de la competencia capitalista y el lucro. Son funcionales, como se suele decir, al sistema social vigente. Contra lo que afirma Murúa, una ley marco como la que reivindica aumentaría la posibilidad las quiebras en general y de las fraudulentas en particular, pues muchos acreedores se verían tentados a precipitarlas como puente para obtener un resarcimiento económico más elevado. Estas reflexiones deberían ser útiles para todos aquellos que vienen batiendo el parche con la sanción de una ley nacional de expropiación definitiva. No se puede resolver la cuadratura del círculo. La expropiación del capital plantea poner fin al orden social vigente y reorganizar integralmente al país sobre nuevas bases sociales.

La represión de la insurgencia popular haitiana por parte de las tropas latinoamericanas ha alentado aún más el envalentonamiento de las bandas terroristas. Una de éstas acaba de asaltar una residencia del ex presidente Aristide, a “sólo cuadras de una base de 1.200 soldados brasileños, cuyo jefe no hizo comentarios” frente al incidente ( The Washington Post , 15/12). El vocero de esa banda, el ex sargento Ramissainthe Ravix, declaró que el intendente del suburbio de Tabarre, cerca de Puerto Príncipe, donde está la residencia, le había dado autorización (ídem). Días antes, el ministro de Justicia del gobierno de los invasores declaraba: “Los vehículos de la Minustah (las tropas latinoamericanas que actúan bajo el paraguas de la ONU) se encuentran mayormente en Petionville (que es como decir de parranda por un barrio cheto de Puerto Príncipe) en vez de patrullar los lugares calientes por la noche” ( The Economist , 4/12). Pero “finalmente han mostrado su músculo”. El “sorpresivo ataque” de la semana previa a la gran villa miseria de Cité Soleil culminó “con varias personas muertas y heridas” y la “recuperación de dos puestos policiales que estuvieron abandonados por meses” (ídem). Aunque “lentamente”, “las botas (de la ONU) están actuando sobre el terreno” (ídem). La campaña por “Fuera las tropas extranjeras de Haití” está más vigente que nunca.

Se realizó un gran acto del Partido Obrero y el Polo Obrero en San Pedro de Jujuy, al que adhirieron la CCC, MTL, Crear Trabajo, la Asociación Nuevo Amanecer y 8 de Octubre. La convocatoria en principio se hizo a toda la comunidad sanpedreña, mediante volanteos y piqueteos, etc. La concurrencia fue masiva, entre 1.500 compañeros y demás espectadores. El escenario montado por una alternativa obrera y socialista tuvo un carácter netamente obrero, en donde la diferencia se marcaba por el programa político de nuestro partido; intervinieron por el Partido Obrero dos compañeros, luego las distintas organizaciones, cerrando el acto una compañera del Polo Obrero. El programa levantado por los compañeros del PO y el Polo estuvo sintetizado en los siguientes ejes: José: la etapa abierta del Argentinazo, las luchas obreras en ascenso y la necesidad de construir una alternativa obrera y socialista. Mario: resaltó la traición de los partidos patronales que día a día entregan el patrimonio nacional y pagan la deuda a costa de los trabajadores, la depresión, persecución y encarcelamiento que aplica el nacional y popular kirchner a los luchadores del movimiento obrero. Gabriela: la colaboración de la burocracia sindical en la provincia y en la nación a la par de la centroizquierda, la izquierda Lulista, frenteamplista y kirchnerista que se plantea como alternativa al capitalismo, su entrega a los bancos, al FMI y al asesino Bush. La batalla del 2005 en las urnas signadas por las direcciones obreras e independientes. Las expectativas del partido fueron colmadas por la masiva concurrencia. Por primera vez las bases de estas organizaciones escucharon una propuesta política netamente obrera y socialista, el fin del acto se produjo entre abrazos y saludos de los compañeros levantando las consignas “libertad a los presos por luchar”, “vivan las luchas obreras”. Destacamos el esfuerzo de los compañeros de Santa Clara y Arrayanal a quienes no detuvo el mal tiempo. Por otro Argentinazo, por la victoria de las luchas obreras y por la única alternativa popular que merece el pueblo: el gobierno de los trabajadores.

La prensa argentina no pudo asimilar la movilización que conmemoró el tercer aniversario del Argentinazo. Al operador político de Clarín se le ocurrió que la multitud que marchó el lunes pasado a Plaza de Mayo había ido a celebrar el “diciembre negro” –no una epopeya sino una pesadilla. Para La Nación, Cronista y Ambito sólo hubo “caos y protestas” y un “centro de nuevo en caos”. Es que toda esta gente se había pasado los últimos meses decretando el pase a mejor vida del movimiento piquetero. En lugar de esto se encontraron con una manifestación que, según los cálculos, osciló entre 30 y 50 mil personas en una jornada laboral y que si se suma a las del resto del país orilló los cien mil manifestantes. Se toparon, además, con una convocatoria firmada por más de ochenta organizaciones. Para colmo del desconcierto de esta prensa, en la tribuna de la Plaza, montada en un modesto camión que difería años luz de los escenarios que Ibarra le arma a Blumberg, estuvieron presentes los representantes de las luchas obreras de los últimos meses: telefónicos, ferroviarios, metrovías, Parmalat, las oposiciones de alimentación y gráficos, Bagley, TDO, docentes, judiciales, estatales, Perfil, de Brukman, Zanón, Gatic. También estuvieron las organizaciones de derechos humanos y estudiantiles y las de ahorristas y deudores hipotecarios. El carácter proletario del movimiento piquetero se manifestó en el movimiento social que copó la Plaza. El ‘medio pelo’ no concibe que se pueda conmemorar el Argentinazo (incluido el ‘medio pelo’ nacional y popular) por la simple razón de que desconoce el significado histórico que tiene la rebelión popular. Se trata de los explotados desempeñando un papel colectivo como respuesta a la bancarrota del sistema social existente. Toda rebelión popular abre una fisura en la dominación de los explotadores y va jalonando la experiencia que culminará en una revolución victoriosa. Que una multitud celebre esta perspectiva es en sí mismo un hecho revolucionario. El documento que se leyó desde la tribuna marcó un considerable progreso con relación a la catarata de oradores que se turnaban en las ocasiones anteriores y que daba la impresión de que el movimiento real del pueblo se encontraba fragmentado. El texto que firmaron los convocantes es, además, excepcional por motivos muy fuertes. Traza una delimitación muy clara con el nacionalismo burgués que históricamente dirigió a las masas en América Latina y denuncia las tentativas seudoizquierdistas que quieren sustituirlo. Ataca la política de los gobiernos izquierdistas que envían tropas a Haití para actuar como agentes de Bush e incluso hace trizas al reciente Encuentro de Rosario del centro y del izquierdismo argentinos. Todos saben que muchos firmantes abjuran de lo que fue escrito, sobre esto nadie se llama a engaño; estamos tan separados como antes del acto, pero lo que no es cierto es que el movimiento de las propias masas se encuentre fragmentado, porque el documento de la Plaza es el único aceptable para la inmensa mayoría de esas masas. En definitiva, estamos ante un documento programático que cristaliza una experiencia política determinada. De todas las reivindicaciones de la Plaza, las que ocuparon el lugar más estratégico fueron las referidas a la libertad de los compañeros presos y el desprocesamiento de los enjuiciados. Existe una aguda conciencia de que se trata de una lucha entre dos regímenes políticos y dos poderes políticos antagónicos. La burguesía, que quiere imponer sus métodos de disciplinamiento social y de despotismo ‘legal’ y no legal para quebrar la rebelión popular y reconstruir su Estado, y la clase obrera, para la cual el derecho a la lucha contra el Estado y el régimen social capitalista es la madre de todos los derechos. No en vano los asesinos del 20 de diciembre están libres y los luchadores populares van presos todos los días. En nombre, claro, del ‘estado de derecho’. Las principales columnas de la marcha fueron las del Partido y el Polo Obrero y las que, en conjunto, organizaron el MTD y la CCC. La ‘izquierda unida’ hizo ‘trabajo a reglamento’, reflejando que la línea política de la movilización no era la suya ni tampoco correspondía a su estrategia. La fuerte presencia de la CCC y del MTD tuvo la intención de producir la impresión de una diferenciación con los aliados del gobierno, como D’Elía, la CTA o Barrios de Pie, pero que no será llevada adelante en forma consecuente. La ‘primera minoría’ de representantes sindicales o fabriles en la tribuna correspondió al Partido Obrero, lo cual quizás tape definitivamente la boca a los que nos imputan haber inventado un nuevo ‘sujeto social’. Lo que atrae a los obreros al Partido Obrero es, con toda seguridad, el hecho de que lo ven luchando en el seno de todas las clases y sectores contra el capitalismo y sus gobiernos (una lucha política por el reemplazo del Estado burgués por un régimen proletario) en lugar de dar lecciones baratas de obrerismo. El movimiento piquetero volvió a probar que es un factor de reagrupamiento de la clase obrera. La movilización transformó, a partir de las tres de la tarde, un lunes laboral en un feriado, en una parte importante de la ciudad. Es decir que tuvo un impacto social superior al que registró la marcha; muchos trabajadores sienten que el Argentinazo no fue en vano. Hay que decir, a la luz de esto, que Argentina ocupa claramente un lugar a la izquierda en el tablero de la política mundial. La burguesía caracteriza que una reversión de esta tendencia sólo podrían lograrla, por el momento, el nacionalismo, su socio transversal y la izquierda democratizante. Por eso contemporiza con sus tentativas mientras recoge los beneficios económicos de la devaluación y de los elevados precios internacionales de la exportación. La ‘paciencia’ de los capitalistas con las continuas volteretas de Kirchner es un reflejo de la función que le han asignado a éste para desviar a las masas populares. Del conjunto de esta caracterización se desprende la necesidad de concentrar la atención de los luchadores hacia el problema fundamental del momento: desarrollar una dirección, armar una alternativa política de la clase obrera, construir y desarrollar un partido revolucionario, o sean consecuente.

El martes 21 la resistencia iraquí propinó el ataque más feroz contra las tropas norteamericanas de ocupación, al atacar una base militar en la ciudad de Mosul y matar a por lo menos casi una treintena de militares. Mosul se ha transformado en un centro de las operaciones de resistencia desde el mismo momento en que comenzó el asalto norteamericano a la ciudad de Falluja, hace un mes atrás. Este nuevo hecho político-militar ha reabierto, según la prensa internacional, el debate en el gobierno de Bush acerca de la necesidad de restablecer, al menos en forma parcial, el servicio militar obligatorio en EE.UU., que había sido derogado luego de la guerra de Vietnam. No hace falta decir que semejante paso recrearía de inmediato, en ese país, el ambiente de resistencia popular que hace un cuarto de siglo, puso fin a la presidencia de Richard Nixon. Simultáneamente con estas novedades, las encuestas dan cuenta de que, por primera vez, se registra en la opinión pública norteamericana una oposición neta y clara a la continuación de la ocupación de Irak. Este conjunto de hechos no hará más que reforzar lo que los propios especialistas militares de Estados Unidos califican como “la quiebra del ejército profesional”.

“Desde Plaza San Martín en la ciudad de Tartagal nos sumamos a la convocatoria nacional por el tercer aniversario del Argentinazo. (...) Es el momento oportuno para sacar un balance de lo que fue el 2004 respecto de las luchas protagonizadas (en la zona) y trazar las perspectivas hacia el 2005 (...) Destacamos la lucha de los compañeros del hospital que heroicamente resistieron la imposición de la autogestión del Hospital Zonal (...), la lucha en contra del tarifazo del gas que llevó a que el gobierno municipal de Tartagal diera unas garrafas solidarias, aunque por única vez (...) La pelea por el trabajo en la obra pública (...) Denunciamos la gran negreada que lleva adelante el Municipio con la obra pública, están construyendo – o mejor dicho, terminando de construir – , unas casillas del plan Nuevo Hogar en el que se obliga a los trabajadores que entran a trabajar a poner sus herramientas, no hay ART, los laburantes deben hacerse cargo de la seguridad de los materiales de la obra, es decir, que si se roban los materiales, los responsables son los propios trabajadores (...) Esto ocurre en todo emprendimiento del gobierno de Valenzuela (intendente de Tartagal, del PRS) que además envía al Concejo Deliberante un presupuesto (2005) que será aprobado, con algunos arreglos cosméticos, por unanimidad y aclamación en el CD (...) que no contempla para nada un aumento en el salario de los trabajadores municipales, ni nada dice tampoco de incorporar a planta a los mas de doscientos trabajadores que hoy están siendo negreados por el municipio en las viviendas, en las limpiezas de las calles, en la terminal, etc. (...). Un gobierno que nada hizo por solucionar el problema del agua (...), en realidad algo hizo: mandó a los barrios a repartir agua en chulengos , así como en la Edad Media (...) Destacamos también la lucha por las tierras por parte de los campesinos y los aborígenes (...) El 2004 puso en evidencia la gran contradicción que significa que mientras las petroleras se llevan millonada de ganancias (...) para la inmensa mayoría no hay solución para agua, ni para el gas (en una zona productora de gas, el principal combustible en los hogares es la leña)(...). “Los trabajadores de la salud, los docentes, los compañeros del Polo luchando por el agua y por el gas, muestran el camino. Hay que imponer a las petroleras un nuevo turno y el reparto de las horas de trabajo para incorporar al trabajo genuino a los desocupados (...) Reclamamos que la obra pública la ejecute el Municipio, pero bajo control de las organizaciones de trabajadores para que podamos discutir las condiciones de trabajo, y que la prioridad sea discutida en asambleas populares (...) Por la re-estatización bajo control de los trabajadores de los servicios de agua y luz, por un salario mínimo de 800 pesos(...) por una Navidad sin presos políticos.” (Fragmentos del discurso del acto del 20/12)

Gracias a una reunión de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios y Artísticos (Cesa), que convocó a todos los secundarios, unos 50 compañeros de más de 10 colegios se movilizaron el 20 de diciembre. Mientras recorríamos las calles, hicimos pintadas y la UJS repartió un volante que reivindicaba la insurrección popular del 19 y 20, explicaba porqué nos movilizábamos y contenía consignas como: abajo la Ley Federal de Educación, ni un peso al FMI, libertad de organización estudiantil, etc. No es un dato menor que este año nos hayamos movilizado los secundarios. En los secundarios está naciendo una fuerte tendencia a organizarse y no dejarse pisotear, y a llegar al final de cada lucha. Una tendencia que se ve, por ejemplo, en el gran crecimiento que tuvo la UJS este año, o en el nacimiento de importantes luchas en algunos centros de estudiantes, tanto en Capital como en otros puntos del país, como Neuquén y La Plata. Desde la UJS vamos a seguir poniendo toda nuestra fuerza y militancia para que eso suceda y para que al fin podamos vencer. Nos vemos en la lucha.

Los diputados uruguayos ratificaron el refuerzo del contingente militar uruguayo en Haití. Pero a diferencia de lo que ocurrió en el Senado, donde lo hicieron por unanimidad, los diputados frenteamplistas votaron divididos, aunque la mayoría lo hizo a favor. Solamente cinco diputados del PS, uno del 26 de Marzo y otro de la Unión Frenteamplista votaron en contra. Sumando una ignominia a otra, el representante del PC en la Cámara de Diputados se retiró a la hora de votar; lo mismo había hecho la semana pasada la senadora Marina Arismendi. En apenas siete días, el PC se negó dos veces a rechazar el refuerzo del contingente represivo uruguayo en Haití. El diputado José Bayardi, futuro subsecretario frenteamplista de Defensa, argumentó para enviar más tropas que “el contingente ya está en Haití” y que su permanencia o su eventual retiro “habrá que coordinarla con aquellos países que están participando con nosotros, es decir, Brasil, Argentina y Paraguay” ( La República , 17/12). Sin embargo, no votó por el retiro, sujeto a esa coordinación, sino por el refuerzo, sin mencionar la exigencia de ningún retiro conjunto. Los del FA no llegaron todavía al gobierno, pero superan ya a blancos y colorados en hipocresía. El diputado socialista José Chiflet fundamentó su oposición al envío señalando que “los integrantes de la misión militar que ahora irán a integrarse al contingente enviado por el gobierno uruguayo contribuirán a consolidar el régimen que usurpó el poder, con el clásico desembarco de marines, destituyó al presidente electo e impuso un gobierno ilegítimo (...) a dar respaldo a un régimen fruto de un golpe de Estado perpetrado con intervención extranjera (...) violatoria del derecho a la autodeterminación de un pueblo hermano” ( La República , 17/12). Todo esto es inobjetable; lo que Chiflet no dejó en claro es qué hará de aquí en más cuando Tabaré Vázquez firme nuevos acuerdos con el FMI y reprivatice los bancos. Cómo gobernará el FA Aunque no todos los diputados que votaron en contra renovarán su mandato, la división del bloque de diputados del FA plantea la cuestión de cómo hará la “coalición” para imponer las leyes que impulse el gobierno. Dado que cuenta con una mayoría parlamentaria estrecha, la “deserción” de unos pocos diputados pondría en peligro la sanción de leyes. En particular en el caso de algunas de las leyes que ya está anunciando el futuro ministro Astori, como la reprivatización del Nuevo Banco Comercial, la reforma impositiva, la “asociación” de la petrolera estatal Ancap con grupos extranjeros o la creación de “nuevos productos financieros” para favorecer la especulación. Todos estos proyectos fueron anunciados por Astori en un reportaje de Ambito Financiero (14/12). La reprivatización del Nuevo Banco Comercial significa que, después de haberse hecho cargo del “muerto” de los capitales fugados por su antiguo directorio privado, el Estado uruguayo devolverá el banco “saneado” a la especulación (encubriendo al mismo tiempo las trapisondas urdidas entre el directorio del NBC, el del Banco Central y el gobierno de Batlle). Todo esto, en nombre de la “defensa de la plaza financiera” y del “secreto bancario”, cuya garantía –dijo Astori– “es el propio programa del Frente Amplio” (ídem). Astori anunció también un nuevo régimen impositivo, con supresión de impuestos al gran capital y la creación de un “impuesto a las ganancias”, que alcanzará especialmente a la clase media profesional. Los “inversores argentinos”, aclaró Astori, serán exceptuados del pago de este impuesto con el argumento de que “ya tributan en su país” (ídem). El futuro ministro de la izquierda finge desconocer que el 99% de las “inversiones argentinas” en Uruguay son fondos negros. Para imponer estas leyes, el FA-EP-NM necesitará regimentar a sus bloques parlamentarios, pero aún así necesitará también el respaldo de los parlamentarios blancos en las votaciones más “controvertidas”. Si el FA-EP-NM se ve obligado a recurrir a los blancos en el Parlamento, terminará integrándolos al gabinete. Lo ocurrido en el Parlamento uruguayo en estos días autoriza a prever un gobierno frenteamplista-blanco para un futuro próximo, como ocurre con Lula en Brasil.

Fernández, es candidato Lo voy a tener presente Pitrola para presidente Le voy a estrechar la mano Lo acompaña Altamira Al futuro presidente. El domingo venidero Me voy a comprar un sombrero Para que todos los que lo admiran Lo voy a votar a Altamira Para que ayude al Polo Obrero.

Esta es la conclusión a la que, según La Voz del Interior (19/12), arribó el encuentro convocado con el nombre de “Llamamiento a un encuentro nacional por la soberanía popular”, que se reunió en Córdoba el sábado 18 y que congregó al Partido Socialista, dirigentes de ATE, diputados ligados al juecismo (Fernández, de la Apyme), políticos ligados al ARI, Volando de la Federación Agraria (que fue la primera en rechazar el proyecto de revalúo sobre las tierras más productivas de Córdoba) y por supuesto “dirigentes del Partido Comunista” (ídem). El encuentro se desarrolló en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Los socialistas (el diputado nacional García, que llegó con el cadáver de la Alianza y cuyo mandato se vence en el 2005, y la concejal Sesma), convertidos en voceros del Encuentro, plantearon la necesidad de crear una “alternativa independiente”, pero que “no haga oposición frontal al gobierno de Kirchner”, para rechazar un “modelo de exclusión que tiene 30 años de vigencia en el país”. Pero ¿cómo es una oposición que no es “frontal”? Es una oposición que no afecta los intereses vitales del “modelo de exclusión”. Es muy probable que la “pata” cordobesa busque superar el fracaso de Juez y armar una pata proto-kirchnerista para las próximas elecciones del 2005. En resumen, un engendro ajeno a los intereses populares y mucho más a los de los trabajadores.

Fiat y General Motors entraron en negociaciones de último minuto para evitar que la ruptura del acuerdo que firmaron en el 2000 termine en los tribunales. Hace cuatro años, cuando compró el 20% de Fiat Auto por unos 2.000 millones de dólares, GM había aceptado una cláusula que la obligaba a comprar el resto de la empresa (si los italianos lo requerían) en enero de 2005. Vencido el plazo, los italianos exigen que GM se haga cargo de Fiat Auto; los norteamericanos se niegan. Desde la firma del acuerdo, las pérdidas de Fiat Auto siguieron creciendo (930 millones de dólares en 2003); su deuda creció a 10.000 millones de dólares, a pesar de la venta de sus activos más lucrativos a los bancos acreedores; su participación en las ventas retrocedió, tanto en Italia como en Europa. En 2000, el valor de mercado de Fiat Auto era de 12.000 millones de dólares; hoy apenas alcanza los 2.000 millones. Al mismo tiempo, GM enfrenta una gruesa crisis en Europa (donde planea liquidar miles de puestos de trabajo de su subsidiaria alemana Opel) y en los propios Estados Unidos (donde debe hacer frente a un “agujero” de varias decenas de miles de millones en su fondo de pensión). Cuando hace dos años Fiat aumentó su capital, GM diluyó su participación accionaria al 10% de su capital; recientemente, los norteamericanos valuaron en “cero” sus tenencias accionarias de la Fiat. GM anunció que si es forzada judicialmente a comprar la Fiat, cerraría todas las plantas de ésta en Italia. En otras palabras, amenaza con hacer estallar la Península, ya que Fiat es, a la vez, el primer grupo industrial y el primer empleador de Italia. Por esta razón, se estima que el verdadero objetivo de la Fiat es obtener una “indemnización” (de hasta 3.000 millones de dólares) por el “divorcio”. Sin embargo, advierte Financial Times (16/12), “esto no resolvería los problemas de Fiat”, dado el montón de deudas, su pérdida de competitividad en Europa, el atraso tecnológico de sus modelos y la “intensa competencia” de las firmas asiáticas en su propio mercado. La situación de Fiat refleja la del capitalismo italiano en su conjunto: en los últimos diez años, su participación en las exportaciones en la “eurozona” cayó en un 15%; su participación en las exportaciones mundiales cayó casi el doble (un 27%). Las quiebras de grandes grupos industriales, como Parmalat y Cirio, son otra manifestación del retroceso del capital italiano en la arena mundial. Luca di Montezemolo, presidente de Fiat y de la Cofindustria (la central industrial italiana) lo puso dramáticamente de manifiesto en los últimos días: “Desde el fin de la guerra hasta hoy, nunca hemos tenido un conjunto de parámetros tan negativos respecto a nuestros competidores” ( Corriere della Sera , 15/12). El retroceso industrial llevó a la burguesía italiana a la oposición: “Habiendo apoyado la elección como primer ministro de Silvio Berlusconi en 2001, la industria se está volviendo contra él...” ( Financial Times , 16/12). La burguesía italiana pretende que un próximo gobierno de centroizquierda se encargue de lanzar la ofensiva antiobrera que reclama la crisis del capital.

Compañeros: Quien les escribe es la primera vez que va a un Picnic, y también es nuevo en el partido. Hoy puedo decir que realmente existe un partido y es el Polo Obrero, que representa a todos los obreros ocupados y desocupados que hay en nuestra Argentina. También quiero felicitar a todos mis compañeros del comedor “Todo a Pulmón” del Barrio Don Roque, de San Miguel, por la organización de las actividades que se organizaron y así poder pasar un día inolvidable y feliz. Gracias, compañeros Néstor Pitrola y Jorge Altamira, y que todos los esfuerzos sean por una Alternativa obrera y socialista. Hasta la victoria siempre…

A poco más de dos semanas del lanzamiento formal de la Comisión Independiente por el Juicio y Castigo de los Asesinos del Puente Pueyrredón, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de Lomas de Zamora se ha inhibido para continuar interviniendo y la causa ha pasado a la Cámara de Apelación de Garantía Departamental, lo que implica que no hay fecha para el inicio del juicio por la masacre de Avellaneda. La Comisión Independiente está formada por Alberto Santillán, Vanina Kosteki, el Polo Obrero, el MTD Aníbal Verón en el Frente Popular Darío Santillán y destacadas personalidades y organismos de derechos humanos. Lo curioso del caso es que, días antes de dicha “autoproscripción” , el Tribunal Nº 1, que había declarado la incompetencia del Tribunal Nº 7 por economía procesal, se rectificó de dicha impugnación. A su vez, este último dio lugar al pedido de los abogados de la querella y los particulares damnificados –entre los cuales se encuentran las compañeras de la Asociación de Profesionales en Lucha– para incluir como pruebas en la causa todos los archivos periodísticos (diarios, revistas, cables de agencias, radio, televisión, etc.) sobre la política represiva de Duhalde, durante los 45 días previos a la masacre del Puente. Dicha medida del Tribunal Nº 7 ya implicaba la postergación del inicio del juicio, resuelta en octubre pasado para el 1º de marzo de 2005. A pocos días de haber rectificado el pedido de impugnación el Tribunal Nº 1 con relación al Tribunal Nº 7, es ahora éste el que declara su propia incompetencia. Este “ping pong” judicial embarra la causa del Pueyrredón. Desde ya, a la camarilla de Duhalde y Kirchner no le conviene que haya juicio en el 2005, año de elecciones. No creemos que sea casual que a pocos días de que el mismo Tribunal Nº7 diera lugar a la inclusión de las pruebas más comprometidas para Duhalde y sus funcionarios, este se haya “bajado” a sí mismo, con la consecuente postergación del juicio. La Comisión Independiente se apresta a lanzar una serie de iniciativas para denunciar la impunidad de la Justicia duhaldo-kirchnerista y la intención de convertir la causa, como lo viene denunciando la Comisión, en una “segunda Amia”.

Días atrás, el secretario de Defensa yanqui, Donald Rumsfeld, tuvo que enfrentar las quejas de soldados en una visita a Kuwait, que reclamaron mejores vehículos, más blindados y equipamiento, y armas suficientes y de mejor calidad. Un general de cuatro estrellas, “que habló bajo la condición de mantener su anonimato” para The Washington Post (9/12), destacó que “la frustración de las tropas es creciente”, “especialmente cuando los soldados que vuelven a Irak por un segundo término advierten el deterioro de las condiciones de seguridad”. “Los oficiales y sargentos primeros están preocupados, advirtió el general de cuatro estrellas, porque según su visión ‘estamos quebrando una pequeña, gran fuerza profesional’” (ídem). Este cuadro de “quiebre” explica otros informes sobre el derrumbe de la moral de las tropas. Desde el inicio de la invasión desertaron más de 5 mil soldados y por primera vez en la historia de los EE.UU. el Ejército está discutiendo la eventualidad del envío de mujeres al frente ( La Nación , 18/12). La deserción del servicio militar en los EE.UU., tras lo ocurrido en la guerra de Vietnam –55 mil desertores–, es mucho más riesgosa y punible. El Ejército recluta a decenas de miles de inmigrantes (entre ellos, muchísimos latinoamericanos) a cambio de la promesa de obtener la ciudadanía definitiva. La caída del alistamiento a la Guardia Nacional ha sido impresionante. La prensa divulgó una caída, por primera vez en una década, de sus objetivos anuales de reclutamiento (51 mil sobre 56 mil planificados). Pero, según The New York Times (17/12), “en noviembre, la Guardia reclutó a sólo 2.902 personas, alrededor del 26 por ciento por debajo de su objetivo de 3.925 alistados. En octubre y noviembre combinados, la Guardia reclutó a 5.448 personas, casi un 30 por ciento por debajo de su objetivo de 7.600”. El gobierno anunció ahora una triplicación de los beneficios para el reclutamiento a esta fuerza. La posibilidad de revertir esas caídas, según fuentes oficiales de la Guardia Nacional, son difíciles (ídem). Sin embargo, “algunos especialistas son todavía mucho más pesimistas sobre los pronósticos” (ídem). En materia de salud, “se aproxima una inundación de soldados problematizados”, aseguran expertos en psiquiatría y trastornos de la salud mental (ídem, 16/12). Un largo artículo en este diario norteamericano provocó decenas de cartas de lectores alarmados. El informe comenzaba así: “Decenas de miles de soldados retornando de Irak con serios problemas de salud mental (...) predicen abogados de veteranos de guerra y médicos militares”. “Un estudio del Ejército muestra que uno de cada seis soldados en Irak sufre de síntomas de graves depresiones, agudos problemas de ansiedad o desórdenes de stress post-traumático, en una proporción que algunos expertos creen que podría elevarse a uno de cada tres, la tasa que se alcanzó con los veteranos de la guerra de Vietnam (...) Según los expertos, el número de los que eventualmente requerirán tratamiento podría exceder los 100.000” (ídem). Según el médico Stephen C. Joseph, quien “sirvió como asistente del secretario de Estado de Defensa para los asuntos de salud de 1994 a 1997”, “la historia médica de esta guerra van a ser sus consecuencias sobre la salud mental”. “Lo que fue planeado como una corta y decisiva intervención en Irak se ha convertido en una pesada guerra de contrainsurgencia que ha puesto a las tropas norteamericanas en un cerrado combate casa por casa en una escala nunca vista desde la guerra de Vietnam”.

La media sanción de la nueva Ley de Quiebras debería hacer reflexionar a quienes vienen planteando como panacea para las fábricas ocupadas, una reforma legislativa. Una salida que contaría con el necesario visto bueno de Kirchner, o sea de un gobierno que se ha trazado como objetivo explícito la reconstrucción del capitalismo (y de su Estado). El Estado ha intervenido como pocas veces en la historia para mantener un nivel extraordinario de confiscación al pueblo, a fin de pagar la deuda pública y promover los negociados de los empresarios locales. El reclamo de una “ley nacional de expropiación definitiva” significa reclamar al capital que se expropie a sí mismo. Pero cualquier proceso de expropiación choca con las restricciones insalvables que impone el Estado burgues. En primer lugar, tropieza con el límite constitucional que establece el respeto al derecho de propiedad, de modo que el resarcimiento económico a los dueños opera como un intercambio de capital. En segundo lugar, cualquier expropiación requiere de una ley específica, lo cual limita cualquier ataque real al capital, lo que incluye la posibilidad de veto del Poder Ejecutivo. Por último, la expropiación misma, una vez sancionada, debe pasar por un intrincado proceso judicial, que constituye un campo fértil para todo tipo de maniobras e incluso la posibilidad de declarar inconstitucional una ley eventualmente aprobada. No debería ser una sorpresa para nadie que las únicas leyes que prosperarían estarían en la misma sintonía de la Ley de Quiebras que estamos comentando, o en los términos de la Ley de expropiación porteña recientemente aprobada (ver Prensa Obrera N°880). Cuando no se trata de una legislación lesiva de los intereses de clase de los trabajadores, asistimos a maniobras de propaganda electoral para el oficialismo y sus laderos. Frente a esta encerrona se plantea articular un plan de lucha por la expropiación sin pago de los vaciadores y la entrega gratuita de las fábricas a la gestión obrera; subsidios no reintegrables; que las empresas recuperadas sean proveedores privilegiados del Estado; salarios garantizados mediante un fondo compensador, equivalentes a la canasta familiar; nacionalización de la banca y directores obreros en la banca estatizada; elaboración de un plan independiente de la clase obrera dirigido a reconstruir el país privilegiando los intereses de los explotados. Este programa desenvolvería la acción directa de los trabajadores, es decir, extendería el movimiento de lucha, impulsaría a ocupar las fábricas que cierren o despidan o se encuentren en proceso de vaciamiento, a actuar en común, a coordinarse con el resto de los sectores de la clase obrera e impulsar una movilización nacional. Insertaremos esta lucha en una salida política de conjunto de la clase obrera.

Más de 2.600 trabajadores telefónicos de Foetra Sindicato Buenos Aires se reunieron el lunes 13/12 en el estadio de Obras Sanitarias para discutir el acuerdo salarial alcanzado. Se dio un informe donde se marcaron los puntos sobresalientes del acuerdo y se hizo un breve balance del conflicto. Se rescató el hecho de que se había firmado un aumento por el término de un año sin ninguna cláusula de paz social y de que en caso de que se produjera un aumento inflacionario significativo se saldría nuevamente a luchar por el aumento salarial para todos los trabajadores. En el transcurso de la asamblea se anotaron una decena de compañeros para apoyar la lucha desarrollada y los términos de la nueva escala salarial y las recategorizaciones para el conjunto de los trabajadores, sobre todo los sectores más postergados por las empresas. Más de 2.000 trabajadores votaron por aceptar el acuerdo conquistado contra la oposición cerrada a las empresas y la pretensión del ministerio y el gobierno por congelar el conflicto con la “conciliación obligatoria”. Cuando esto fracasó, el gobierno y el ministerio intentaron frenar el conflicto con una “propuesta” para “partir la díferencia” llegando a un acuerdo del 13% cuando el reclamo original era de un 25%. Esto fue rechazado por la decisión del sindicato de mantener el conflicto salarial a pesar de las amenazas de desalojo y las causas penales ingresadas en la justicia. La lucha de los telefónicos llevó a enfrentar la posibilidad del desalojo del edificio República con la presencia masiva del plenario de delegados de Foetra y del resto de los trabajadores que corrieron a enfrentar la situación. A partir de la lucha de los telefónicos, de los trabajadores de Metrovías y otros sectores combativos del movimiento obrero, el gobierno tuvo que salir a contener “otorgando” un aumento de 100 pesos no remunerativos para el sector privado y parte de los trabajadores del Estado. El cierre de la lista de oradores, luego de más de 15 intervenciones, llevó a que se cortara la discusión y se pasara a votar, con amplia mayoría por la aprobación del acuerdo. El MST y otras corrientes morenistas llamaron a rechazar el acuerdo con el argumento de que se absorbía una parte de lo conseguido con el aumento por decreto del gobierno, como si hubiera estado “arreglado” de antemano el aumento conseguido con el aumento del gobierno. El PTS, por su parte, planteó abstenerse con el argumento de que no tenían el acta final a pesar de que las escalas salariales fueron distribuidas masivamente en todos los sectores y en la misma asamblea. La moción de rechazo cosechó poco más de un centenar de votos sobre todo en algunos sectores que no entendían el acuerdo o simplemente querían un aumento mayor ya que se sentían “relegados” con la unificación de las categorías que impactaron de manera diferente según la antigüedad y el grupo laboral. La moción de abstención recibió apenas una decena de votos. Lo conquistado Estos son los puntos del acuerdo alcanzado, firmado y ratificado por el conjunto del gremio telefónico, en las asambleas de base, en el plenario de delegados y en la asamblea general de afiliados: 1. Un aumento del 20% en la masa salarial, sobre un reclamo del 25 % de la masa salarial, calculado sobre los básicos. Esto fue distribuido en los básicos de convenio y en un reordenamiento de las categorías hacia arriba que tendieron a unificarse por sector y grupo laboral. El aumento promedio va de los 343 pesos a 120 pesos en los básicos de convenio. Se unifican las categorías por sector eliminando las divisiones impuestas durante años por las empresas. Donde en un mismo sector y por la misma tarea se pagaban hasta 5 escalas salariales diferentes (cinco categorías diferentes) ahora se unifican las categorías en la más alta del convenio lo que en la mayoría de los casos representa un aumento del básico de 215 a 300 pesos. Los que tenían la categoría más alta del sector o de ese grupo laboral (la “D”, en algunos casos) solo reciben el aumento de 120 pesos. A la vez se impone un régimen de vuelco automático de categoría según la antigüedad para los nuevos ingresos y con la finalidad de lograr la unificación definitiva de las categorías en el corto plazo. Los últimos trabajadores contratados (ex pasantes) a los que la empresa se niega a reconocer la antigüedad recibieron un aumento de 120 pesos al básico. Estos trabajadores hasta hace poco cobraban un salario en negro de apenas 450 o 600 pesos y con los últimos dos aumentos alcanzados y el pase a convenio han visto un incremento salarial que los lleva a un ingreso mensual de 1.500 pesos para la jornada completa. En todos los casos se amplió el techo del básico en 120 pesos por encima del tope establecido para cada sector. 2. Se reduce la jornada de trabajo de 8:15 a 7:30 para los trabajadores de video teclado del 112, grandes clientes y otros sectores que venían postergados con esta reivindicación unificando la jornada laboral de estos sectores con la del resto de los trabajadores de tráfico (110, 19, 000, calling card y call técnicos). El cambo del coeficiente, para liquidar 7.30 en lugar de 8.15, representa un aumento adicional del 10 %. 3. No hay cláusula de paz social y se paga una suma fija por única vez de 500 pesos para cada trabajador, de los cuales 400 son en carácter de retroactivo, 100 pesos que vienen a compensar el descuento por los días de paro. 4. Se recupera el 18 de marzo como día del trabajador telefónico, fecha en que se nacionalizaron los teléfonos y que se había perdido con la privatización.

Paralelamente a la movilización obrera que se manifiesta en “una serie de huelgas sin precedentes” ( The Washington Post , 25/11), China asiste a una creciente movilización de millones de campesinos. Según las propias cifras oficiales, sólo en el año 2003 más de tres millones de campesinos tomaron parte en 58.000 “incidentes”, tales como manifestaciones, choques con la policía, ocupaciones de edificios públicos y bloqueos de rutas y vías férreas. The Wall Street Journal (5/11) informa que “en los últimos meses” esos “incidentes” “crecieron en escala, frecuencia y violencia”. En la aldea de Hanyuen (provincia de Sichuan), más de cien mil campesinos exigieron la No construcción de la represa de Pubogou, que implicará una masiva expropiación de sus tierras. Los campesinos detuvieron durante varias horas al secretario del PC local. Aunque fueron enviados 10.000 policías para reprimir la protesta, dejando cientos de heridos y detenidos, los campesinos continuaron rodeando la ciudad hasta que las autoridades locales y el propio presidente Hu Jintao anunciaron un aumento en las indemnizaciones por el despojo de las tierras. En Chongqing, la golpiza de un funcionario estatal a un trabajador rural migrante desató una verdadera rebelión popular que duró varios días. Estas y otras protestas similares, que involucran en cada caso a decenas de miles de campesinos, forman parte de “un conjunto de protestas campesinas de gran escala en las semanas recientes” (ídem). Las rebeliones campesinas están causadas por las exacciones impositivas de las burocracias locales y, de una manera creciente, por la expropiación de tierras y la expulsión de campesinos –sin adecuada compensación– para desarrollar proyectos inmobiliarios, industriales y energéticos, a los cuales está asociada directamente la burocracia estatal. El derecho a la propiedad privada de la tierra, recientemente restaurado por la burocracia, apunta a dar “seguridad jurídica” a estas exacciones y expropiaciones. Las rebeliones son la respuesta a las “despiadadas expropiaciones” (ídem) que se multiplicaron después de la reinstauración de la propiedad privada. La escala de estas expropiaciones es gigantesca. La construcción de la represa de las “Tres Gargantas” significará el desplazamiento de 1,8 millón de campesinos de las aldeas ribereñas del río Yangtze. Esta es sólo una de las tres grandes represas (y decenas de otras más pequeñas) que está llevando adelante el gobierno chino. Sin embargo, sólo una parte de las tierras expropiadas será ocupada por el lago que creará la represa; una parte sustancial de las tierras (valorizadas por el emprendimiento) será acaparada por la burocracia en su propio provecho. Las condiciones del traslado son espantosas. Los campesinos y aldeanos son enviados por la fuerza a regiones alejadas, en las que se hablan dialectos diferentes; se les pagan “compensaciones” que sólo cubren un tercio del valor de las nuevas casas y tierras que deben adquirir; sólo reciben 130 metros cuadrados de tierras de peor calidad por familia, para su subsistencia; en la mayoría de las aldeas, los salarios son un 40% inferiores a los de las aldeas que abandonaron; aún así, la mayoría no consigue empleo. Esta gigantesca confiscación ha desatado numerosas protestas con la consigna central de “volver a casa”, sistemáticamente reprimidas por la policía. Para impedir el retorno, las autoridades dinamitaron las aldeas abandonadas. Sin embargo, en varias aldeas a lo largo del río, los campesinos regresaron y se instalaron en carpas junto a los poblados destruidos. A pesar de que la policía regularmente destruye esas carpas y expulsa a los campesinos, éstos vuelven a instalarlas una y otra vez ( Asia Times , 26/11/03). En algunas regiones del oeste, como Xingkiang, donde existen fuertes minorías de la etnia Hui (musulmanes), la rebelión campesina adquiere otras formas. Históricamente, los Hui convivieron en forma pacífica con la mayoría Han (que conforma el 92% de la población china). Pero las exacciones de la burocracia, mayoritariamente Han, elevaron las tensiones étnicas, provocaron choques entre una y otra etnia y popularizaron la reivindicación separatista. La burocracia china, sin prueba alguna, denunció que entre los musulmanes del oeste de China operan células de Al Qaeda para proceder a una brutal represión de los campesinos. Wu Chum Tao y Chen Gui di, una pareja de periodistas chinos que recorrió durante dos años las regiones rurales de todo el país, escribieron una “Investigación sobre los campesinos chinos” verdaderamente demoledora: “Hemos visto pobreza, comportamientos criminales, sufrimiento, desesperación, resistencia, emociones y tragedias en una escala que es inimaginable (...) hemos visto el tipo de pobreza que Europa conoció hace dos siglos: aldeas sin calles pavimentadas ni teléfonos, donde la tierra es cultivada a mano y el pueblo vive en minúsculas chozas de barro, húmedas y oscuras” ( Financial Times , 20/11). “Mientras la riqueza se acumula en las grandes ciudades, la mayor parte del país decae”, continúan Wu y Chen. Frente a esta miseria masiva, agravada por la brutal diferenciación social y regional, los innegables progresos de la restauración capitalista aparecen como una delgada capa “costera”, extraña y hostil a la China rural. Preocupaciones compartidas La preocupación de la burocracia restauracionista ante el crecimiento de la rebelión campesina es manifiesta. He Zengke, director del Centro Chino de Estudios Políticos y Económicos Comparativos, reconoció al The Washington Post (4/11), que “los institutos de investigación y el gobierno están trabajando en esta cuestión día y noche (ya que) todos reconocemos la importancia y la urgencia del problema”. El diario Strait Times (6/11), de Singapur, informó que distintos centros de investigación en Pekín están desarrollando modelos de simulación por computadora para intentar predecir qué escenarios puede provocar el estallido de un descontento de masas. Un ala de la burocracia reclama una mayor represión. Es la posición, por ejemplo, de Niu Wenyuan, de la Academia de Ciencias (ídem). Pero –dice un especialista de otro instituto de investigaciones– “China está en una encrucijada, en la cual los reclamos de los campesinos, los obreros y las tensiones étnicas se entremezclan”. “Sin una reforma política –advierte–, el país caerá en el caos” ( The South China Morning Post , 4/11). A pesar de todo su cacareo “democrático”, el propio imperialismo advierte contra las “reformas”. El centro de estudios norteamericano Stratfor (1/11), por ejemplo, “aconseja” a la burocracia que “aunque las repercusiones puedan ser severas, la represión será necesaria porque permitir que crezca el descontento en China tendrá implicaciones de largo alcance, incluso más allá de sus fronteras”.

El sábado 18 se realizó en la puerta de la fábrica Brukman, en el barrio de Once, un acto en conmemoración del tercer aniversario de la ocupación de esta empresa y de su posterior puesta en marcha bajo gestión obrera. Brukman es parte del Argentinazo. Fue ocupada horas antes de la gran gesta que volteó al gobierno aliancista de De la Rúa. En torno a la lucha por su expropiación giró una parte importante de la lucha de masas en la Capital. Este aniversario encuentra a Brukman en funcionamiento como la Cooperativa 18 de diciembre. Pero al acto sólo concurrió un poco más de una docena de obreros de la fábrica. La mayoría de los 70 obreros, ha sido atemorizada por Caro. Es que el abogado, que representa a la cooperativa (Luis Caro) ha venido realizando una amplia campaña para borrar a Brukman de las páginas del Argentinazo. Caro es de la derecha riquista que ha recalado ahora en el apoyo al gobierno de Kirchner. En el acto estuvieron presentes alrededor de un centenar de compañeros. Estuvieron Néstor Pitrola y Marcelo Ramal por el Polo y el Partido Obrero, junto con una delegación del local del PO de San Cristóbal. Estuvieron presentes numerosos integrantes de Asambleas Populares, de partidos de izquierda, de la FUBA y del Centro de Estudiantes de Psicología, de sectores combativos del movimiento obrero. Llamó la atención la ausencia del PC y del MST, es decir de Izquierda Unida. El MST ha establecido una alianza estratégica con Caro en el Hospital Israelita (ver PO Nª 876). La reivindicación clasista de Brukman se incorporó a las jornadas de movilización contra el gobierno que se desarrollaron el 20 de diciembre.

Sr. Presidente de la Nación Dr. Néstor Kirchner En vísperas de la Nochebuena, a casi 30 meses de los asesinatos de Maxi y Darío en la “Masacre del Puente Pueyrredón”, seguimos con las manos vacías de justicia. Los responsables políticos de la masacre, el ex presidente Duhalde y el actual gobernador Felipe Solá, junto a otros, han sido premiados con cargos. Hoy la impunidad persiste, con un juicio suspendido y sólo con los autores materiales imputados. Sr. Presidente: le escribo como padre de un hijo ejemplar, que consecuente consigo mismo, entregó su vida buscando lo que todos tendríamos que buscar: una sociedad más justa, dignidad, verdad, despojándose de todo egoísmo, sintiendo, como decía él, “cada injusticia como propia”. No permito que usted me haya usado y use la muerte de mi hijo con falsas promesas de justicia. Sr. Presidente: como hermana de Maxi denuncio el operativo de impunidad que se está montando desde el poder político y la Justicia sobre la masacre de Avellaneda, procesando a las víctimas y encubriendo a los victimarios. Si las balas no los hubieran alcanzado, quizás su destino hubiera sido la cárcel al igual que los más de 20 presos políticos de hoy. Antes que homenajes testimoniales, continuamos el camino de Darío y Maxi: el de la lucha. Es el mejor homenaje que queremos hacerles y el que hubieran preferido, porque por eso dieron sus vidas. Esta Nochebuena, cuando las familias argentinas levanten sus copas, no vamos a contar con ellos en nuestra mesa familiar. Sin duda, una herida sin cerrar para nosotros. Sr. Presidente, Darío y Maxi siguen vivos en nuestra pelea por la justicia, hasta que sus verdaderos asesinos terminen donde tendrían que estar: tras las rejas.

Con la concurrencia de un centenar de compañeros, se realizó el acto “Por una Navidad sin presos políticos de Kirchner y el FMI”, convocado por el Suteba de oposición platense. Del acto de unidad obrera-piquetera participaron el Polo Obrero, la CTD Aníbal Verón, el Teresa Vive, Judiciales y la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos. Cerró el secretario de Derechos Humanos del Suteba La Plata, Daniel Cadabón, quien puso en evidencia el carácter represivo del gobierno kirchnerista. Por el Polo Obrero habló su dirigente nacional Miguel Vittone. Amelia García, secretaria adjunta del Suteba, llamó a los docentes para concurrir al acto de Plaza de Mayo y a redoblar la lucha para liberar a los presos y terminar con el procesamiento de los 5.000 luchadores. Para Suteba La Plata, este acto fue una pruebe de conducta militante combativa y, por sobre todo, una delimitación de principios con el gobierno “nacional y popular”.

La Corte Suprema anuló el fallo que condenaba a prisión preventiva al custodio privado Jorge Varando. Coronel retirado, Varando se desempeñaba como jefe de la seguridad del banco HSBC. El 20 de diciembre del 2001, el día del Argentinazo, disparó repetidamente contra los manifestantes que intentaban llegar a la Plaza de Mayo. Como resultado de esos disparos, cayó muerto Gustavo Benedetto y otros resultaron heridos. La prisión preventiva de Varando había sido dictada por un tribunal de Primera Instancia y confirmada por la Sala I de la Cámara Criminal Federal. El Tribunal de Primera Instancia había dictado la prisión preventiva basándose en las filmaciones de la propia cámara de seguridad del banco, que muestran a Varando disparando contra los manifestantes. El HSBC se había negado a entregar esas filmaciones; sólo lo hizo después de que los jueces amenazaron con allanar el banco para obtenerlas. Al mismo tiempo, el Tribunal de Primera Instancia desechó las pruebas presentadas por la defensa, sin explicar las razones por las que lo hacía. Precisamente, la Corte fundamentó su anulación en que el tribunal omitió explicar las razones por las cuales no consideraba las pruebas aportadas por la defensa. Por esta razón, caracterizó el fallo como “arbitrario” y ordenó dictar una nueva sentencia. En resumen, estamos en presencia de un mecanismo peculiar de impunidad: el tribunal inferior dicta un fallo con vicios procesales de magnitud, con el objetivo de que la Corte Suprema lo anule. La resolución de la Corte es el anticipo de la absolución de Varando o, eventualmente, de la anulación de todo el juicio. De esta manera, a pesar de que las cámaras lo muestran disparando, el represor quedaría en libertad. A tres años del Argentinazo, la Justicia fue incapaz de encontrar a uno solo de los asesinos de los más de treinta compañeros que murieron en los alrededores de la Plaza de Mayo, en el Gran Buenos Aires y en Santa Fe. Varando era el único imputado por el cargo de asesinato. El único proceso que resta es el del comisario Omar Ballente, acusado de “encubrimiento”.

La Cámara de Diputados acaba de dar media sanción a una reforma de la Ley de Quiebras. Como bien destacan los comentarios periodísticos, se trata de una versión actualizada de las actuales “quiebras con continuidad”. Es decir, de una variación de la legislación vigente con un alcance más generalizado. “Son pocos los cambios” ( La Nación , 18/12). El nuevo marco legal facilitaría a los trabajadores la posibilidad de que se hagan cargo de la continuidad de la empresa quebrada. Sin embargo, bajo este encuadre los trabajadores administran el activo pero sin liberarse de las deudas. La patronal vaciadora (como ocurrió con Yaguané, cuyo dueño era el conocido empresario menemista Samid) se desembaraza de la carga de la deuda y la traslada a sus propios trabajadores. De cualquier modo, la posibilidad que se ofrece a los trabajadores para quedarse con la empresa está condicionada a que “mejoren la oferta que formulen otros interesados”. Esta “competencia” es un caldo de cultivo perfecto para que los acreedores capitalistas, en arreglo o no con los antiguos dueños, se pongan de acuerdo para inflar artificialmente el precio de la fábrica, forzando a los trabajadores, a su vez, a elevar la oferta, si pretenden quedarse con ella. Por ese camino, los trabajadores deberán, en primer lugar, capitalizar la deuda laboral, es decir, comprar los bienes con las sumas que los antiguos dueños les adeuden en concepto de salarios atrasados e indemnizaciones. La reforma reconocería los créditos laborales al 100 por ciento (en la actualidad sólo se les reconoce la mitad). De todos modos, los trabajadores deben resignar una retribución amasada luego de años de sacrificios y seguir aportando económicamente una vez que pongan nuevamente en marcha la producción, aun a expensas, si hiciera falta, de su propio salario. En síntesis, asistimos a una confiscación de los trabajadores por partida doble. En resumen, en lugar de rematarse los bienes a moneda (valor) de quiebra, los trabajadores deberán hacer frente a valores inflados especulativamente, con salarios e indemnizaciones impagos. El esfuerzo obrero termina yendo a parar al bolsillo de la patronal vaciadora y sus acreedores. Luego de lo expuesto, no tiene un gramo de exageración afirmar que esta reforma se encuentra por detrás inclusive de las leyes de expropiación parcial o temporaria de empresas puntuales. En éstas, al menos la transferencia hipotética de los bienes de las empresas a los trabajadores no es acompañada por la transferencia de las deudas contraídas por sus antiguos dueños. Una de las consecuencias de esta reforma de la Ley de Quiebras será (paradójicamente) aumentar el número de quiebras fraudulentas. Las patronales en crisis y no tan en crisis se verán tentadas a proceder al vaciamiento de las empresas –o apresurar esa decisión–, sabiendo que pueden enchufar el muerto a sus trabajadores. Con el argumento de que lo que importa es lograr el traspaso de la fuente de producción a manos de los trabajadores, la reforma apunta a desactivar la resistencia obrera y la lucha y la movilización contra el vaciamiento empresario. El abogado riquista Luis Caro (actúa también para la Pastoral Social del clero), que se ha quedado con el control personal de varias empresas, ha sido un adelantado en la orientación que fija la ley que tiene media sanción. Toda vez que una empresa era concursada, Caro hacía lobby para precipitar su quiebra y coronar el vaciamiento. Esta política sacrifica toda lucha por el cobro de los salarios caídos y las indemnizaciones, con el pretexto de que los créditos laborales impagos por la patronal servirán para la compra de la empresa. La reforma a la Ley de Quiebras se complementa con otro proyecto (en carpeta) que contempla la creación de “sociedades anónimas laborales”. En el proyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo, las cooperativas obreras pasarían a reconvertirse en una sociedad capitalista clásica. La sociedad anónima facilita el traspaso del capital de unas manos a otras, y abre las puertas para el desembarco de capitales privados en las empresas recuperadas. La falta de capital de trabajo –un problema apremiante para gran parte de las empresas bajo gestión obrera– favorece el ingreso de grupos capitalistas. La nueva “asociación entre el capital y el trabajo” que se proclama desde los círculos gubernamentales no es más que una pantalla para esta re-colonización patronal de las fábricas que estuvieron bajo gestión obrera. La reforma en danza serviría como un canal “judicial” para los conflictos que se vayan planteando y para descomprimir la presión que hoy se concentra en las legislaturas. Con esta nueva metodología “institucionalizada” se pondría fin a las expropiaciones parciales y temporales que importantes sectores de la burguesía vienen cuestionando. Como bien lo sintetizó un representante de los estudios de abogados patronales más encumbrados, ”la reforma constituye un parche que ordena una situación irregular…, es mejor que lo que está pasando hoy, las empresas son tomadas ilegalmente por sus empleados y las provincias o los municipios terminan expropiándolas para dárselas” ( La Nación , ídem). No debe extrañar, entonces, que la nueva ley haya recogido el apoyo unánime de la Cámara.

Como parte de la campaña democrática contra la represión y las persecuciones políticas, desde pocas horas después de la culminación de la gran marcha del 20 de diciembre, el Polo Obrero, junto a distintas organizaciones (Correpi, Cuba-MTR, MTR “La Dignidad”, Quebracho, UTP y otras) viene sosteniendo la Carpa por la “libertad a los presos de Kirchner y el FMI” en Plaza de Mayo, la cual constituye una señal más de advertencia al gobierno “nacional y popular” de Kirchner. En la madrugada del 21 de diciembre, la carpa fue rodeada por miembros de Infantería de la Federal en una evidente actitud provocativa y amedrentadora, y el mismísimo ministro del Interior, Aníbal Fernández, advirtió desde Córdoba que los miembros de la Carpa “se tienen que ir de la Plaza, nada más” ( La Nación, 22/12). Con el correr de las horas, la carpa se ha transformado en un centro de atracción política en la Plaza, provocando la adhesión de distintas organizaciones y personalidades que se acercan a comunicar su solidaridad en la lucha por la libertad a los presos políticos. El 21 de diciembre por la tarde, se acercaron a la Carpa Vanesa Constancio (hermana de Marcela, presa política de Caleta Olivia), Carina Sauco (piquetera de Las Heras, quien perdió su embarazo producto de las torturas que le aplicó la policía santacruceña) junto a su compañero, Claudio Bustos (dirigente piquetero de Las Heras). Como parte de la campaña por la libertad a los presos políticos, la ANT junto a las organizaciones que impulsan la Carpa pasarán la Nochebuena en Plaza de Mayo.

Desde el día lunes 20 los trabajadores de las dos plantas de Parmalat de Carapachay y Pilar están de paro. El conflicto es producto de la falta de pago por parte de la patronal (Taselli), del medio aguinaldo y de un adelanto salarial que se da todo los meses antes del 20. A pocos días de haber ocupado las plantas, repelido los despidos y garantizar el pago del salario, los trabajadores se encuentran enfrentando a la nueva patronal en puntos similares a la quebrada multinacional. En días previos se había planteado por parte de la nueva patronal un “pedido de colaboración” para rebajar salarios y despedir gente. Lo que fue rechazado de plano por la comisión interna. Hoy, la patronal pretende presentar un recurso de crisis ante la justicia que le permita avanzar con sus planes en forma drástica. Aducen desconocer la deuda total de Parmalat y que se cobran sueldos muy altos. Todas mentiras Los trabajadores de las dos plantas en su conjunto plantean el rechazo a estos puntos y que se les pague inmediatamente, como ocurrió en las semanas anteriores con el conflicto que hizo aparecer el dinero y tiró abajo los despidos. Taselli tiene el dinero. Hoy está planteado para los trabajadores de Parmalat el control obrero de las cuentas y demás resortes de la empresa para que se pague y no quede nadie en la calle. Está planteado también que el gremio tome en sus manos esta lucha movilizándose de conjunto. Que la asamblea general del 23 sesione al calor de esta lucha.

Lista de caídos el 19 y 20 de diciembre Juan Delgado Claudio Lepratti Graciela Acosta Yanina García Rubén Pereyra Luis Pasini NN Romina Iturralde Rosa Paniagua Diego Avila Mariela Rosales Julio Flores Damián Ramírez Ariel Salas Pablo Guías Roberto Gramajo Enrique Víctor Eduardo Legembre NN (femenino) NN (masculino) Elvira Avaca David Moreno Ramón Arapi Gastón Rivas Diego Lamagna NN (masculino) NN (masculino) Alberto Márquez Gustavo Benedetto Carlos Almirón Walter Campos Rubén Aredes Lista de presos de la Legislatura María del Carmen Infrán Ferreyra Marcela Sanagua Carlos Hernán Santamaría Eduardo Suriano Adolfo Sánchez Javier Scaramella Horacio Ojeda Jorge Nieva Eduardo Ruiz Héctor Gómez Jesús Fortuny Calderón Margarita Meira Pablo Amitrano Francisco Barbi César Gérez Lista de presos de Caleta Olivia Elsa Orozco Selva Sánchez Marcela Constancio Mauricio Perancho Federico Mansilla Hugo Iglesias Preso de La Plata (MUP) Gabriel Rosser

Los abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico repudio al procesamiento de Luis Alberto Antón. Procesado por luchar contra la política de hambre y miseria llevada adelante por el gobierno nacional. En una forma de perfidia pocas veces vista, los verdaderos delincuentes, los que han destruido a nuestro país, los que han empujado a la miseria a la inmensa mayoría del pueblo argentino, los que expandieron en forma vergonzosa la brecha entre los que más tienen y los que menos poseen, los que llevaron sus ganancias a los paraísos fiscales, hoy se arrogan la autoridad de abrir causas y procesar a los que, aun a riesgo de su libertad, enfrentan esta política de saqueo. ¡Los delincuentes ofician de justicieros! ¡Los culpables aparecen como víctimas! Escudándose en la preservación del derecho a transitar, la Justicia está procesando a más de 4.000 luchadores en todo el país. Objetivamente, el procesamiento de piqueteros, dirigentes y activistas obreros y/o estudiantiles otorga al gobierno nacional –y a sus cómplices provinciales– la “pata legal” para llevar adelante la política de entrega del patrimonio nacional al imperialismo. Para nosotros el derecho a luchar –el derecho a protestar– es el derecho por antonomasia, porque es el único que nos garantiza la defensa del derecho al trabajo, a la salud, a la educación, constantemente avasallados por la política del gobierno nacional. Es por eso que exigimos el inmediato desprocesamiento de Luis Alberto Antón, dirigente nacional del Polo Obrero.

En Prensa Obrera N° 881 se comete un error: el apellido del dirigente del Polo Obrero sanjuanino es Ábrego, tal cual figuraba en el original, y no Abregú como figura en la nota.