Prensa Obrera N° 775

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura emitió un dictamen en minoría por la "insistencia" en la ley de reducción de la jornada en el subte. Se trata de la primera vez, bajo el actual cuerpo legislativo, que se plantea el rechazo a un veto del Ejecutivo. Los delegados sindicales concurrieron masivamente a Asuntos Constitucionales. También desfilaron abogados constitucionalistas y laboralistas que refutaron jurídicamente los fundamentos del veto. Altamira presentó un documento que impugna política y jurídicamente las pretensiones del gobierno.

Pero la Comisión se expidió "en minoría", sin la firma de los representantes del justicialismo y con una representación parcial de los radicales. Ni qué decir que los "ibarristas" del Frente Grande tampoco aportaron al rechazo del veto. Es decir que los legisladores de los bloques patronales se han aferrado a la resolución de Ibarra. Es evidente que la insistencia plantearía una crisis política en la Ciudad, ya que tomó estado público la existencia de un "pacto no firmado" entre el oficialismo y el PJ cuando asumió esta Legislatura, en el sentido de que los vetos nunca serían rechazados. Los legisladores no quieren golpear la "gobernabilidad" de Ibarra, cuyo "nivel de consenso" sólo alcanza a los grupos contratistas como Roggio y a los privatizadores de toda laya. Las seis horas representan un golpe brutal sobre el régimen de la flexibilidad laboral y la superexplotación obrera, que los actuales representantes de Rodríguez Saá, Kirchner y Terragno defendieron a muerte bajo Menem o De la Rúa.

En estas condiciones, el Cuerpo de delegados del subte prepara para el jueves 10 una gran acción obrera. Se marchará, desde cada línea y taller, hacia la Legislatura. La iniciativa estará acompañada por el Bloque Piquetero, que resolvió en su última Asamblea Nacional apoyar esta acción de lucha de los trabajadores del subte. Como lo señalamos en Prensa Obrera en julio pasado: "Las seis horas exigirán un piquetazo".

Con la "valentía" que le faltó para enfrentar a los banqueros que saquearon al Uruguay, Batlle intentó mostrar "fuerza" enviando a la policía a desalojar dos colegios secundarios ocupados por sus estudiantes.

El domingo 29, a la madrugada, cientos de policías armados de garrotes y cachiporras entraron por la fuerza en los liceos 11 y Miranda, donde se encontraban, dado el día y la hora, apenas unas decenas de chicas y chicos quinceañeros. La policía "apuró" el desalojo para impedir que, con las primeras horas de la mañana, llegaran a los colegios cientos de pibes.

La policía entró a los palos en los colegios; los chicos fueron golpeados en el desalojo y luego en las seccionales a las que fueron trasladados. Para impedir la movilización solidaria de padres y vecinos, se estableció un "cerco" de varias cuadras alrededor de las escuelas. Vecinos que filmaron o fotografiaron la brutalidad policial sufrieron el secuestro de sus cámaras.

Con este desalojo brutal, el gobierno pretendió poner fin a la lucha estudiantil. Durante más de un mes se desarrolló una huelga universitaria y fueron ocupados una decena de liceos. Los estudiantes no sólo levantan reivindicaciones políticas - "fuera el FMI"; en las marchas, la consigna más coreada es "hay que tirar a Batlle y su gobierno" - sino que, además, plantean expresamente la necesidad de extender su lucha hasta convertirla en una huelga general de toda la población trabajadora. En este sentido, es notable el impulso dado por los estudiantes en huelga a las acciones comunes con los sindicatos y organizaciones populares en lucha.

El levantamiento de la huelga universitaria y de las ocupaciones en la mayoría de los colegios (con la promesa oficial de abrir una negociación sobre el pliego reivindicativo), hizo pensar al gobierno que podría arremeter fácilmente contra los liceos que resolvieron mantener la ocupación.

Se equivocó. La huelga parcial declarada por el Pit-Cnt en repudio a la represión fue masivamente cumplida en las instituciones educativas; una masiva y combativa marcha estudiantil cercó el Codicen (el organismo gubernamental encargado de la educación secundaria) y repudió el desalojo.

El conflicto no está cerrado y ahora se ha extendido a los docentes. El sindicato docente rechazó el planteo gubernamental de extender las clases hasta enero para "recuperar el tiempo perdido". El sindicato docente denuncia que la responsabilidad de las ocupaciones es del propio gobierno, que destruye la educación pública y se negó durante un mes y medio a atender los reclamos estudiantiles. Todos los partidos, incluido el Frente Amplio, repudiaron la posición de los docentes, es decir que hicieron causa común con el gobierno contra los estudiantes y los maestros.

En el preestreno de El Bonaerense, su director, Pablo Trapero (director de la celebrada Mundo Grúa), se ocupó de aclarar personalmente a los asistentes que se trataba de una historia de ficción.

La sola aclaración ya da cuerpo al propio fantasma de la Bonaerense, porque el film es un compendio de todo tipo de fechorías, corruptelas y bestialidades policiales.

La nota aclaratoria de Trapero puede entenderse en el sentido de que no se trata de una denuncia propiamente dicha sino de una película. Lo cual es bastante.

El Bonaerense trata la historia del Zapa, un aprendiz de cerrajero del interior, que queda pegado después de reventar una caja fuerte y ser traicionado por sus cómplices.

Por intermedio de un tío, principal de la fuerza, zafa de las rejas a cambio... de incorporarse a la Bonaerense.

Desde su irregular incorporación, el director asume el punto de vista del Zapa, que se va foguendo en las humillaciones del curso de entrenamiento, en los atrasos salariales, en el gatillo fácil, en el cobro de coimas, en la compra de armas por izquierda dentro de las dependencias policiales, en el "espíritu de cuerpo" de la fuerza (dos agentes tienen la delicadeza de manguear un pan dulce más para él, por ejemplo) y su propio límite (el Zapa termina como empezó, esta vez garcado por su superior).

Es decir que la película plantea la actividad cotidiana de una comisaría de San Justo, partido de La Matanza. Esto a pesar de que en los diálogos (aparece en pantalla brevemente una movilización piquetera) está soslayado el problema de la represión social (sea por una limitación autoimpuesta por el propio Trapero o una exigencia de la co-productora Pol-Ka, del negrero Adrián Suar).

Entre los críticos de la película, están los que por derecha ven la exposición de las manzanas podridas y los que por izquierda bufan porque no sigue todas las pistas hasta el final (es decir, no denuncia a las cúpulas del Estado y sus partidos en todo el proceso).

Pero para denunciar el conjunto del régimen político están el partido y su prensa.

Dentro de los límites de lo que se cuenta (que también son los límites del punto de vista del personaje, con la salvedad hecha más arriba) se trata de una buena historia, verosímil y sentida, que se adentra en un terreno poco y nada visitado por el cine industrial local, y que logra la inmediata identificación de sus espectadores (son frecuentes las exclamaciones antipoliciales en las salas).

Eventualmente otras películas se irán abriendo paso en la medida en que podamos abrir la creación artística a las masas y, en particular, a la juventud.

Lo significativo es que un puñado de películas oficiales, como así también el movimiento de agrupaciones de documentalistas (que incluye al Ojo Obrero), toman, ya sea como telón de fondo o como línea principal, como objeto artístico o de militancia, las consecuencias y transformaciones (en la realidad y en la conciencia) de la rebelión del 19 y 20.

En el movimiento sindical norteamericano están creciendo las resoluciones contra la guerra que impulsa Bush contra Irak.

La convención del Consejo de Organizaciones Sindicales del Estado de Washington, que representa a 600 sindicatos con 450.000 afiliados en todo el Estado, votó una "Resolución contra la guerra y contra la ‘ley patriótica’..." que llama a rechazar la "ley patriótica" y otras medidas estatales de "anti-terrorismo", a no cooperar con los agentes del FBI y la Agencia de Seguridad Nacional que espían y acosan a los ciudadanos políticamente activos, a las minorías y a los inmigrantes; reclama la liberación inmediata de cientos de sospechosos del 11 de septiembre, detenidos sin identificación, y reclama que el gobierno ponga fin a la "guerra contra el terrorismo".

El Consejo de Organizaciones Sindicales de San Francisco, por su parte, votó una resolución que se titula "No a una nueva guerra contra Irak". La resolución cita, entre otras razones para oponerse a la guerra, "el malgasto de miles de millones de dólares para hacer la guerra, que resultará en recortes domésticos en educación, salud, seguridad social y vivienda". La resolución acusa al gobierno de utilizar la "Ley de Seguridad Interna" para debilitar a los sindicatos y para atacar los derechos de huelga y organización.

Los delegados a la Convención de la UE (sindicato de los trabajadores de la industria eléctrica), que representan a 35.000 afiliados, votaron una resolución de "Oposición a la invasión norteamericana de Irak". Denuncian que "una invasión de Irak no es en interés de los trabajadores sino en beneficio del complejo industrial-militar, de la industria petrolera y de la campaña para la reelección de Bush en 2004".

El Consejo Ejecutivo del Local 1199 (Nueva York) del SEIU (sindicato de trabajadores de la sanidad) votó una resolución reclamando que el gobierno ponga inmediatamente fin a sus planes de invadir Irak. La resolución recuerda que ese local fue el primero en votar, en todo el movimiento sindical, una resolución contra la guerra de Vietnam, y que "ahora tenemos la oportunidad de evitar la catástrofe antes de que empiece".

El Consejo de Organizaciones Sindicales de Albany (Estado de Nueva York) también aprobó una resolución contra la guerra. En ella denuncia que "la guerra del gobierno de Bush tiene un componente doméstico que amenaza volver su ‘guerra sin fin’ contra el sindicato de los portuarios de la Costa Oeste (ver aparte) y contra todo el movimiento sindical, a través de la intervención estatal en el conflicto con la excusa de la ‘Ley de Seguridad Interna’, a favor de los patrones de la Asociación Marítima de la Costa Oeste y los intereses patronales antisindicales".

Estas organizaciones, junto con otras dentro del movimiento sindical y fuera de él, llaman a movilizarse el próximo 26 de octubre en Washington y en las principales ciudades del país en una jornada nacional de protesta contra la guerra.

Informaciones extraídas de Counterpunch (1/10) y del servicio de informaciones Portside.

"El Partido de los Trabajadores (PT) continúa canalizando políticamente la gran fuerza social acumulada por la izquierda desde hace veinte años, pero su giro hacia una opción ‘institucional’ debilitó su arraigo en el movimiento popular. Ese giro modificó de manera significativa la composición interna del partido, generando aumento del promedio de edad, distanciamiento respecto de los sectores más necesitados y significativa influencia de los cuadros vinculados a las estructuras administrativas, parlamentarias y de gobiernos estaduales (de éstas provenía el 75% de los representantes reunidos en el último encuentro nacional del PT, en Recife, en noviembre de 2001)."

Los obreros de Metrovías han iniciado una nueva etapa de la lucha por la vigencia definitiva de la jornada de 6 horas en los subterráneos. Una vez conquistada, con una enorme movilización, la ley que impone la reducción de la jornada, ahora van contra el veto de Ibarra.

El veto respondió exclusivamente a la connivencia del Ejecutivo ibarrista con los intereses de Benito Roggio, la empresa que tiene la concesión del subterráneo. La fundamentación del veto se pierde en divagaciones sobre la constitucionalidad de la ley y sobre la incumbencia o no del Gobierno de la Ciudad en reformas laborales, pero esquiva la cuestión de las condiciones estructurales de insalubridad del trabajo subterráneo.

La Dirección de Protección del Trabajo, que fundamentó el veto, refiere haber iniciado investigaciones sobre las condiciones ambientales en la actividad, esto después de innumerables denuncias de todo tipo que se han acumulado durante varios años. Queda claro que el gobierno de Ibarra es un agente de la "patria contratista" que se nutre del presupuesto capitalino y le ha dado la espalda a los intereses de los trabajadores, de los usuarios y de toda la población que apoya la reivindicación de los trabajadores.

El hecho de que la Comisión de Asuntos Constitucionales haya dado un despacho a favor de la insistencia en la ley en minoría, muestra que la Legislatura está dispuesta a "cajonear" la Ley. El cuerpo de delegados de Metrovías está organizando una nueva movilización masiva para arrancar el voto contra el veto, para el jueves 10 sobre la Legislatura, fecha en que el tema debería volver al recinto para considerar el veto del Ejecutivo. Las asambleas preparatorias por línea están mostrando una disposición de lucha de los trabajadores. Una vez más el destino de esta lucha está en sus manos, ya que la dirección de la Uta no ha mostrado ningún interés real en impulsarla.

La Asamblea Nacional de Trabajadores del pasado 28 y 29, resolvió apoyar la movilización, con una columna de organizaciones piqueteras.

El Partido Obrero apoya esta movilización y llama a convertirla en una gran jornada obrera y popular por el triunfo de los obreros del subte y contra la política del negrero Ibarra, con el aporte de asambleas populares, organizaciones estudiantiles y demás organizaciones sociales.

Desde hace más de 10 días, los pulpos marítimos del Pacífico, organizados en el PMA (Asociación Marítima), vienen aplicando un lock-out contra los más de 10.000 portuarios que trabajan en 29 puertos, en 9 ciudades de la costa oeste, unificados en el poderoso sindicato ILWU (estibadores y portuarios). Desde junio trabajan sin contrato.

La patronal había lanzado un ataque brutal contra las conquistas históricas de los trabajadores, y aún contra la misma existencia del sindicato único; lo planificó con mucho cuidado y tiempo. En mayo se constituyó una comisión secreta con la participación de representantes del gobierno, de los pulpos marítimos, el Secretariado de Trabajo, las fuerzas de seguridad y otros funcionarios, que tenía línea directa a la Casa Blanca (Los Angeles Times, 5/8). "Una estrategia de largo plazo sería dividir la unidad de negociaciones gremiales por puertos. Eso permitiría que haya distintas fechas de expiración de contratos, eliminando la amenaza de acción en toda la costa, y en caso de una huelga, permitiría desviar los buques a otros puertos cercanos." La estrategia también iba a contemplar el uso de personal militar para ocupar y poner en marcha los puertos "en tiempo de guerra" (ídem).

La patronal quiere que los técnicos que utilicen la nueva tecnología para el manejo de containers no sean miembros del ILWU, que tampoco distribuiría el trabajo diariamente en su sala de contratación como lo hace desde la gran huelga general de San Francisco de 1934.

James Spinosa, el presidente del ILWU, empezó las negociaciones cediendo centenares de puestos a la patronal. Viendo debilidad, los pulpos aplicaron todo su plan y mostraron que no tienen la menor intención de firmar un contrato nuevo. Los trabajadores tienen que pagar por la crisis capitalista, con sus puestos de trabajo, con salarios más bajos y con tercerización.

Este poderoso sindicato - que paró los puertos en apoyo a la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, en apoyo a los manifestantes en Seattle, en apoyo a la lucha por la libertad de Mumia Abu-Jamal (periodista afro-americano, preso político) - , en realidad no tiene plan de lucha. El Afl-Cio (central sindical) no hace más que acciones simbólicas, organizadas con algunos activistas, que protestan frente a los comercios que se benefician con la destrucción del convenio colectivo para los portuarios (como Gap, Wal Mart y Payless Shoes, una cadena de zapaterías).

El lock-out es una provocación para aplicar por parte de Bush la ley esclavista Taft-Hartley (que obligaría a la patronal a levantar el lock-out, pero también a los trabajadores a volver a trabajar sin contrato). Hubo piquetes en todos los accesos al puerto durante todo el lock-out (un sector de maquinistas intentó, sin éxito, entrar a operar las grúas gigantes); por ahora, parece que sólo un minúsculo sector apoyaría una huelga en desafío a la ley Taft-Hartley.

El proyecto de Grissinópoli, cuyo tratamiento estaba previsto para el jueves 3 de octubre, fue postergado para el jueves 10 de octubre. Si bien esta postergación fue presentada como un simple reordenamiento administrativo de la agenda parlamentaria, no puede descartarse que pueda tener otro alcance. La "ocupación transitoria" del inmueble que dispone la ley podría entrar en colisión con los planes del grupo inversor beneficiario, de disponer inmediatamente del inmueble para poner en marcha un proyecto inmobiliario. Saben que sobran los bloques parlamentarios predispuestos a escuchar sus reclamos.

En febrero de 2002 la patronal comenzó a aplicar una quita salarial del 15 al 25% sobre salarios brutos de 600 a 1.000 pesos. En el caso de muchos compañeros gráficos, por 15 pesos, o menos, llegaban al piso del descuento, esto porque ese período correspondía a las suplencias de vacaciones, horas extras, etc.

En el mes de julio se dejó de descontar el 15% a los que cobraban de 600 a 1000 pesos, pero en otro ataque, hace dos meses se les empezó a descontar a los compañeros lo siguiente: a los que trabajaban 8 horas, 1 hora por día y un día al mes; a los que trabajaban 6 horas, una hora por día. Esto fue producto de que redujeron a un solo día la salida de los suplementos zonales, lo que implica menos trabajo no sólo para los gráficos, sino también para los trabajadores de prensa.

Pero el ataque no termina ahí. El feriado trabajado, que se cobraba doble más un compensatorio, ahora sólo significará un compensatorio, y la última novedad en esta situación fueron los últimos recibos que se cobraron a fin de mes, que traían la "reducción en los básicos".

Durante este período los gráficos hemos participado, en las asambleas de prensa, pero es evidente que lo que han avanzado en la reducción de nuestros salarios, se debe a que no contamos con una organización propia; no existe desde hace muchos años la Comisión Interna, y es una herramienta que cada día se hace más necesaria. Se habla de venta, se habla de vaciamiento, etc.; cualquiera de las versiones que circulan muestra la exigencia de defender nuestros puestos de trabajo, nuestro convenio y el salario.

Se requiere una acción de conjunto de los trabajadores gráficos, para enfrentar este ataque.

El préstamo "salvador" del FMI no salvó a Uruguay. Todos los indicadores económicos han empeorado violentamente. La recaudación impositiva cayó en picada. La recesión se agravó. Crecieron los despidos y el número de quiebras y cierre de comercios. El crédito y la liquidez desaparecieron. En agosto, la inflación fue del 14% y la devaluación de la moneda, del 17%. Las reservas del Banco Central siguen en un nivel mínimo.

La cuestión de los bancos intervenidos no ha sido resuelta. La expropiación del 30% de los depósitos (convertida en "capitalización") y el aporte de 8 millones de dólares por parte de los empleados bancarios (negociado por la dirección sindical, a cuenta de los futuros ajustes salariales por la inflación) no han convencido al FMI a autorizar al grupo Moon a reabrir el Banco de Crédito; mucho menos a autorizar la fusión de los restantes bancos intervenidos en una única institución... aun cuando el sindicato bancario - autor de esta propuesta - acepta una reducción sustancial de empleados.

La incobrabilidad de los préstamos bancarios, que ya era elevada antes de la devaluación, se disparó: el 50% de los préstamos de la banca oficial y el 20% de los de la banca privada son incobrables. Estas cifras van a seguir creciendo, a la vista de las denuncias de los deudores de que las cuotas superan el 70% de sus ingresos. Algunos bancos comenzaron a "pesificar" sus créditos pero para promover una nueva confiscación: las cuotas se ajustarían por la inflación, que está creciendo mucho más que la devaluación.

La crisis política se agrava. El Partido Blanco, que integra la coalición gubernamental, anunció que se retirará del gabinete, aunque todavía no fijó la fecha. "Los blancos, que hace tiempo agitan el fantasma de la ruptura con el gobierno del presidente Jorge Batlle, decidieron ayer que el día que la mayoría del directorio del partido resuelva retirar los ministros, todos los nacionalistas dejarán la coalición. De esta forma, los nacionalistas definieron ayer cómo será la ruptura, y ahora comenzaron a analizar cuándo se producirá" (El Observador, 17/9).

Cuando la economía se derrumba, la coalición gubernamental hace agua; según las encuestas, el 50% de la población reclama que Batlle se vaya y crece la resistencia popular. También la oposición frenteamplista entró en una gruesa crisis política. El ala encabezada por Danilo Astori reclama que el FA apoye abiertamente al gobierno. La crisis política simultánea en el gobierno y en la oposición retrata una crisis de fondo del régimen político.

El imperialismo no se hace ilusiones sobre el futuro del gobierno de Batlle. "La mayoría de los observadores - e incluso, en forma privada, los economistas del FMI - dicen que la cuestión es cuándo - y no, si - Uruguay caerá en la cesación de pagos" (The Economist, 28/9). Pero, según esas mismas fuentes, "las posibilidades de que Batlle pueda evitar la cesación de pagos dependen en gran parte de cuánto descontento social enfrente" (The Economist, 7/9).

El presidente Bush y el gobierno de los Estados Unidos planean usar la fuerza militar - asesinatos, ataques aéreos sorpresivos contra las ciudades, nuevas armas e incluso una posible invasión - contra el pueblo de Irak.

Esta decisión no sólo refleja la determinación de Bush de controlar el petróleo iraquí. Su objetivo estratégico es imponer una completa reorganización política de todo el Medio Oriente, en beneficio de los intereses norteamericanos. Esto significa, incluso, aplastar la heroica rebelión nacional palestina contra el Estado sionista.

Bush está retrasando la guerra sólo para asegurarse el apoyo del Congreso y de los aliados de los Estados Unidos para esta nueva guerra, y en primer lugar del primer ministro británico Tony Blair, el líder del reformista Partido Laborista. Cada vez que Estados Unidos no quiere actuar en soledad, solicita el apoyo del imperialismo británico. Esto solo muestra que los reformistas son los enemigos dentro del movimiento obrero.

El indisputado control norteamericano de Medio Oriente y de Asia Central, de sus reservas energéticas y de las vías de acceso a ellas, pondría a Europa bajo una presión insoportable. En la Unión Europea hay quienes temen que Estados Unidos utilice este control para imponer sus intereses en la guerra comercial que los enfrenta o que la ofensiva termine por desatar una crisis revolucionaria en todo Medio Oriente. Pero, bajo la presión, y para defender sus propios intereses, los imperialistas europeos ya comienzan a preparar su intervención en la guerra.

Bajo esa misma presión norteamericana, también Rusia y China terminarán alineándose contra Irak, como ya lo hicieron en el pasado en la guerra contra Afganistán. En esa guerra, el régimen de Putin jugó un papel decisivo al autorizar el desplazamiento de tropas y la instalación de bases norteamericanas en las ex repúblicas soviéticas de Asia Central y en el Cáucaso. Ellos también se servirán de la guerra que prepara Bush para defender sus propios objetivos reaccionarios: Putin acaba de anunciar que planea atacar Georgia con la excusa de combatir a los "terroristas chechenos".

Demagógicamente, Bush repite que esta guerra no es contra el pueblo iraquí, el país o el ejército - sólo contra Saddam y su régimen. El millón de niños iraquíes que murieron como consecuencia del boicot norteamericano en los últimos diez años refutan esta mentira.

Bush repite que si Saddam tiene en sus manos armamentos de destrucción masiva - misiles con cabezas nucleares - , con el tiempo los usará. Afirma también, sin una pizca de prueba, que Saddam posee armas químicas. Ninguna inspección tuvo lugar en Irak en los últimos cuatro años. El ex inspector de la ONU, el norteamericano Scott Rider, republicano conservador, declaró que es muy improbable que Irak tenga tales armas de destrucción masiva. Saddam afirmó que no tiene ninguna objeción a reponer a los inspectores. Bush, sin embargo, rechaza aceptar esta oferta. Es improbable que alguna fórmula lo satisfaga porque Bush quiere la guerra, y pronto.

Además, el reclamo de que Estados Unidos está preocupado por la seguridad de la población mundial es sorprendente viniendo de la única potencia en el mundo que ha usado bombas atómicas sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Una potencia que asesinó a más de 25 millones de obreros y campesinos desde la Segunda Guerra Mundial para asegurar los beneficios.

La declaración del gobierno de Israel de que está preparado para usar armas de destrucción masiva es otra prueba de que el verdadero objetivo de los Estados Unidos es controlar el petróleo de Irak y de Oriente Medio, incluso si el precio de ello es la masiva destrucción de la región.

Contrariando las expectativas de quienes apoyaron los Acuerdos de Oslo con el argumento de que la solución de dos Estados era en interés de los Estados Unidos, Bush está respaldando a Sharon, que quiere utilizar esta guerra para deportar a una gran parte de los palestinos a Jordania o incluso a Irak.

Los gobiernos árabes y algunos gobiernos europeos advierten a Bush que esta guerra puede llevar a la pérdida de control de los regímenes árabes sobre las masas. El interés de las masas es realmente oponerse a los imperialistas a través del derrocamiento de sus sirvientes locales, y en Medio Oriente, sobre todo en el Estado sionista, por medio de la revolución socialista.

Indudablemente, el régimen iraquí es un régimen opresivo. Oprime a los kurdos. Llegó al poder con la bendición de los Estados Unidos, que le entregó a Saddam una lista de cinco mil comunistas, a quienes éste asesinó. Recibió apoyo de Estados Unidos en la terrible guerra contra Irán, que costó la vida de millones de personas. A pesar de ello, el peor enemigo de la humanidad no es Saddam sino el sistema imperialista y en particular los Estados Unidos. Este sistema dejó sin trabajo a más de mil millones de personas, condenadas a morir de hambre y enfermedades. Si el imperialismo no es derrocado antes, su tendencia final será destruir la humanidad en una Tercera Guerra Mundial, o liquidar las conquistas de 5.000 años de civilización y llevar al ser humano de vuelta a la barbarie.

Por todas estas razones, el interés de la clase obrera y sus aliados es impedir esta guerra mediante la lucha política contra el imperialismo. Si no logramos detener la guerra, el objetivo de la clase obrera y de todos los partidos y grupos que se reclaman de izquierda es defender a Irak contra la carnicería imperialista y trabajar para la derrota revolucionaria del monstruo imperialista.

La defensa incondicional del pueblo iraquí contra la agresión imperialista no significa ningún apoyo político al régimen de Saddam. Para derrotar al imperialismo norteamericano es necesaria una dirección revolucionaria capaz de movilizar a las masas de Medio Oriente. En Irak, los revolucionarios serán los mejores soldados en el ejército, sin por ello brindar ningún apoyo político al régimen.

La lucha contra la agresión imperialista a Irak y a los pueblos de Medio Oriente representa la piedra de toque para el programa y la estrategia de todos los partidos que han presentado su candidatura como dirección revolucionaria de las masas explotadas y oprimidas. Es necesario, por esta razón, establecer claramente las consignas que pueden servir como guía para la acción en la presente situación:

• Por la defensa incondicional de Irak contra la agresión imperialista, por la derrota del imperialismo.

• Por una movilización internacional unificada contra el imperialismo y la agresión a Irak.

• Por un frente único militar para derrotar al imperialismo. Ningún apoyo político a la dirección de Saddam.

• Por el armamento del pueblo de Irak para enfrentar la agresión imperialista.

• Defendemos y apoyamos plenamente la lucha por la libertad y la autodeterminación del pueblo kurdo. Rechazamos cualquier control imperialista o colonial de las tierras kurdas, incluyendo las del Kurdistán del sur, que defendemos de todos los ataques del régimen de Irak y de otras potencias regionales o del imperialismo occidental. El pueblo kurdo puede y será emancipado en un Kurdistán libre, unido y socialista.

• Fuera las manos de todos los pueblos oprimidos de Medio Oriente, Asia, Africa y América Latina.

• Fuera las tropas imperialistas. Fuera Otan y desactivar todas las bases imperialistas.

• Por el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, el derecho al retorno de todos los refugiados palestinos, la destrucción del Estado sionista y la construcción de una Palestina laica, en el marco de una Federación Socialista de Medio Oriente.

• No al Plan Colombia. Por la unión de la lucha de las masas contra el imperialismo en todo el mundo. Por una Federación Socialista de América Latina.

• No al Estado policial en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en todo el mundo. No a los ataques a los derechos democráticos y sociales de las masas en los Estados Unidos.

• No a los ataques racistas contra los árabes, musulmanes y otras minorías en los Estados Unidos.

• Por la dirección obrera revolucionaria en la lucha contra el imperialismo.

• Por la revolución socialista mundial.

• Por la refundación de la IV Internacional

Partido Obrero (Argentina); Partido Revolucionario de los Trabajadores (EEK, Grecia); Partido de la Causa Operaria (Brasil); Asociación Marxista Revolucionaria Proposta (Italia); Liga Obrera Socialista (Palestina); Partido de los Trabajadores (Uruguay); Liga Marxista de Trabajadores (Finlandia); ITO (Oposición Internacional de Izquierda)

A principios de julio y ante la impasse de las direcciones gremiales (Upcn-Secafpi-Apops-Ate), cuya actividad se limitaba a pegar afiches, los trabajadores de la delegación Morón de Anses decidimos por unanimidad impulsar un petitorio por la recuperación del 13% y su retroactivo en pesos, por el aumento de sueldo, por la efectivización de los contratados, etc.

Los delegados de Apops y Upcn no lo tomaron y se podría decir que Ate lo hizo a medias, ya que la Junta Interna, que funciona en Capital (Alsina 250, 4° piso), lo ignoró. La única excepción fue el Cuerpo de Delegados de la Provincia de Buenos Aires.

Esto obligó a la Junta Interna a tomar una posición - en contra del petitorio - , pero el reclamo de los trabajadores y el activismo de los edificios de Capital la obligó a efectuar asambleas, de las que surgieron las movilizaciones a Córdoba 720, Casa Central.

El director ejecutivo - Sergio Mazza - soportó solo dos movilizaciones. En la segunda se comprometió a reintegrar el 13% por medio de un código por viáticos, a partir de septiembre. Por otro lado, las acciones eran cada vez más masivas.

Los compañeros de Anses sintetizamos lo que hacía mucho veníamos diciendo: que había que pegar a donde la patronal más le duele - movilizarnos a la Casa Central.

Ahora tenemos que exigir la incorporación al básico de este monto, aparte del 13%, ya que presupuestariamente la plata está. Pero, por sobre todo, superar el quiebre que ejercen las direcciones, la Junta Interna de Ate Capital y Ate provincia, además de las direcciones de los otros gremios, sobre los delegados de base y los trabajadores, para unirnos en un plan de lucha común y golpear como un solo puño.

El lunes 7, el gobierno de Bush puso en marcha los mecanismos para la aplicación de la ley Taft-Hartley al conflicto de los portuarios. Establece una mediación federal obligatoria y fuerza a los portuarios a volver al trabajo, sin contrato, por un período de 80 días. Vencido el plazo, si no hay acuerdo sobre el nuevo contrato, el mediador federal resolverá y su fallo será inapelable. Esta ley antisindical no era aplicada desde 1978 (Jimmy Carter contra los mineros del carbón).

En realidad, el lock-out lanzado por la patronal portuaria perseguía la aplicación de esta ley para quebrar, por la vía de la intervención estatal, la resistencia de los trabajadores.

La intervención directa del gobierno de Bush contra los portuarios es un ataque a todo el movimiento sindical.

Alrededor de 500 compañeros colmaron el salón del Centro Argentino en Salta, en el que hablaron Jorge Altamira y Claudio Del Plá.

El acto fue la culminación de más de una decena de actos públicos y charlas en todo el territorio provincial. Sólo en los últimos diez días se realizaron 4 actos zonales en Salta Capital con una concurrencia de entre 100 y 200 vecinos cada uno.

La lectura de las adhesiones fue marcando la composición de la concurrencia: la Ctd de Tartagal que llegaba luego del corte de rutas realizado por la libertad de los presos de Jujuy; las delegaciones de Mosconi y Orán; las delegaciones de comedores comunitarios de Campo Santo y también de General Güemes; la muy numerosa delegación de Rosario de la Frontera, en el sur provincial.

De la capital se destacó la participación de activistas y agrupaciones sindicales combativas de la Lista Roja de Uta, de los trabajadores de Aguas de Salta, de camioneros y de la Lista Rosa de Tribuna Docente, que intervendrá en las próximas elecciones de Junta de Clasificación.

Estuvieron tambien profesionales que se están sumando a la lucha con el PO.

Las organizaciones del Polo Obrero de cinco barrios de capital sumaron el resto.

Durante el acto se vendieron 100 prensas.

Al terminar, una columna de más de una cuadra marchó hasta la Plaza 9 de Julio. El lunes las radios comentaban la masividad de esta manifestación combativa y la asociaban al triunfo de Lula.

Ha sido el primer acto político de alcance provincial del PO salteño, en la lucha por organizar al pueblo para echar a Romero-Duhalde e imponer una constituyente soberana.

En la Salta de Romero-Menem y en la Salta del Partido Renovador que acaba de arreglar la candidatura a vicepresidente de Gómez Diez junto al negrero López Murphy, el PO se está convirtiendo en la cabeza de la oposición política popular.

El próximo Congreso del Partido Obrero es la oportunidad para consolidar este proceso y avanzar en este desafío.

En Ensenada, la oposición antiburocrática - donde militan los Docentes Unidos - derrotó, por amplia mayoría, a la moción "yaskista" de la dirección Azul y Blanca-Celeste. El mandato de la Asamblea al Congreso Provincial de Suteba señala entre otros reclamos:

a) Plan de Lucha provincial por un inmediato aumento salarial para recuperar lo perdido por inflación, comenzando por los 100 pesos por cargo de emergencia, devolución inmediata de todos los descuentos y quitas, pago en término de los sueldos y en pesos. Defensa del Estatuto y restitución del mismo. No a las jubilaciones de oficio. Contra las fusiones y cierres de cursos cuya responsabilidad le cabe por entero al gobierno, a Solá, a Oporto y a la reforma; y no a la docencia.

b) Plan de Lucha provincial activo, es decir que implique la paralización del dictado de clases ya sea con retención, permanencias sin dictado de clases, paros progresivos, reducción horaria, cuatro por uno, asambleas permanentes sin dictado de clases, y que el Congreso unifique una medida única y simultánea sin dictado de clases.

c) Convocatoria a un Plenario de delegados y representantes.

d) Unidad con los trabajadores de todo el país para echar a Duhalde ya y para que se vayan todos. Parar el día 11 de octubre y que el paro de la Cta sea activo.

e) Denunciar ante el Congreso de Suteba que en el curso de 30 días de permanencia sin dictado de clases, la dirección de Suteba Provincia no sólo no apoyó sino que la combatió. Por la ruptura de la tregua entre la dirección sindical y el gobierno, cuya manifestación es la falta de un plan de lucha por el aumento salarial y por la restitución del Estatuto del Docente.

Jueves 3, en París: cien mil trabajadores manifestaron contra el anuncio del gobierno derechista de Chirac-Raffarin de privatizar las compañías de electricidad y gas (EDF y GDF, respectivamente). De la manifestación, la primera después de la victoria electoral de la derecha y el fin del período de vacaciones, participaron además trabajadores de Air France, del Correo, de los subterráneos, ferroviarios, de los aeropuertos y de la agencia de recaudación impositiva, todos ellos amenazados por distintas medidas privatizadoras. El mismo día, una huelga de los trabajadores de Air France obligó a "reprogramar" el 60% de los vuelos. Los docentes anuncian una huelga nacional para el 17 de octubre y los ferroviarios, una movilización para el 26.

Sobre Francia pesa el "fantasma" de una reedición de la gran movilización obrera de fines de 1995 que obligó al gobierno derechista de Alain Juppé a anular sus planes de "reforma" (destrucción) del sistema jubilatorio de los trabajadores estatales y llevó, a término, a la caída del gobierno. Pesa sobre el gobierno derechista que la sufrió en carne propia, pero también sobre la burocracia sindical, que se niega a darle un carácter unitario y general a las movilizaciones que comienzan. Por eso, el ministro de Trabajo, Francois Fillon, pudo declarar que "esta movilización no es el síntoma de una movilización general. La voluntad de las organizaciones sindicales de centrar esta manifestación sobre el status de los trabajadores de EDF/GDF me reconforta" (Le Monde, 4/10).

Pero desde 1995 pasó mucha agua bajo los puentes de Francia. El fracaso de la privatización de France Telecom, superendeudada y salvada, hasta ahora, por la intervención del Estado, es un golpe a toda la política privatizadora. La ilusión de que los trabajadores de las privatizadas pueden beneficiarse a través de su participación como accionistas fue quebrada por el derrumbe bursátil: en el 2002, "los asalariados-accionistas perdieron el 29% de sus activos" (Le Monde, 3/10); por la misma razón, perdió todo su atractivo la reforma previsional tendiente a suplantar el régimen vigente por uno del tipo de las Afjp.

Por otro lado, la movilización estatal empalma con una ola de despidos que golpea a todas las regiones y a todas las ramas de la economía privada y que "se multiplica después del regreso de las vacaciones" (ídem) y con los intentos del gobierno derechista de extender la jornada laboral (anulación de la ley de las 35 horas).

En pocos meses, el gobierno derechista de Chirac-Raffarin ya le ha hecho "recordar" a la clase obrera francesa la consigna del ’95: "¡Todos juntos!"

Las últimas informaciones dan cuenta de que la jueza Servini de Cubría canceló las elecciones internas previstas para el 15 de diciembre. Tenía bastantes argumentos para hacerlo, como la inconstitucionalidad del acortamiento del mandato de Duhalde (para colmo, por medio de un decreto) o la obligación de inscribir candidatos fuera del período establecido en el Código Electoral, el cual tiene un rango superior al decreto de las internas de Duhalde. Las internas, de cualquier modo, habrían sido ilegítimas porque los padrones, en particular los del peronismo, son reconocidamente truchos. La pregunta no es, entonces, por qué la jueza puso fin a las internas sino por qué se demoró tanto.

La cuestión de fondo es, claro está, política. El propio gobierno ardía de ganas de que algún juez pusiera fin al entuerto. Es que, en la práctica, en la interna peronista sólo habrían participado Menem y De la Sota; Kirchner, Bordón y Rodríguez Saá habrían ido por afuera del PJ. En tal caso, el peronismo habría acabado en marzo con cinco o seis candidatos pero sin ley de lemas y sin ninguno con más de un 10-15% de los votos. Las internas, concebidas para entronizar un candidato único, terminaron exponiendo la disolución del peronismo. En el curso de la campaña a las internas, el peronismo no logró infundir ningún interés electoral; los candidatos no salieron de intenciones de voto francamente minoritarias; ninguno de ellos, y esto es lo más importante, logró concentrar el apoyo de la gran banca o de la gran industria. El problema es si ahora el gobierno tiene la capacidad de hacerle votar una ley de lemas al Congreso.

Este desenlace ha dejado, como se dice, "en pelotas" a todos los que apostaron al proceso político-electoral del duhaldismo, es decir a todos sin excepción, porque hasta los que plantearon recientemente la abstención o el boicot electoral dieron por cierta una perspectiva que acaba de naufragar. El fallo plantea una crisis política y por lo tanto la posibilidad de un replanteo de la salida política del gobierno y un replanteo de las alianzas políticas que se tejieron en función de esa salida. El adelantamiento de la elección presidencial para marzo conllevaba un adicional que le fue ocultado a la opinión pública, a saber, que simultáneamente iban a tener lugar las elecciones para el Congreso aunque los legisladores recién habrían podido asumir en diciembre (¡nueve meses después de electos!). Las "internas" para presidente habrían condicionado, por lo tanto, la selección de los candidatos al parlamento, lo que era una razón adicional para llevar el plan al fracaso. Con el fin de las "internas abiertas", el gobierno se ha quedado sin plan político y los partidos, especialmente el peronismo, sin un cuadro para la selección de los candidatos al parlamento.

Al gobierno se le presentan, ahora, alternativas contrapuestas: o recauchuta su plan anterior, por ejemplo con una ley de lemas, o simplemente adelanta las elecciones para dentro de dos meses y se va con el rabo entre las piernas y con el proceso económico en el ápice de la crisis. Solamente la amenaza de una nueva rebelión popular podría forzar a los caciques peronistas a pactar un candidato único. Pero ya cualquiera de estas variantes altera los planes del FMI, o sea del Tesoro norteamericano, que tendrían que negociar con un gobierno aún más débil o posiblemente con poco tiempo de vida. Combinado con la crisis financiera de Brasil, la crisis política argentina podría desatar un nuevo derrumbe económico capitalista.

Es lo que, por otra parte, ha venido ocurriendo. La decisión del Banco Mundial de aceptar que Argentina no cancele una deuda por 250 millones de dólares y la del FMI de poner la plata para que se pueda pagar otra deuda de 850 millones de dólares en noviembre revelan el temor de provocar un derrumbe financiero de las principales Bolsas del mundo. Se comenta abiertamente que un default brasileño arrastraría a Turquía, y esto en las vísperas de la agresión imperialista contra el vecino Irak. Con estas postergaciones o refinanciaciones, el FMI y sus secuaces intentan ganar tiempo, pero Argentina no gana nada: se profundiza la cesación de pagos; la falta de créditos internacionales y la fuga de capitales; y la depresión económica. En septiembre se registró otro pico de despidos, casi 60.000 trabajadores.

La belicosidad popular no ha disminuido ni habría podido disminuir en semejantes condiciones económicas y políticas. Los ahorristas no han aceptado el levantamiento parcial del corralito pesificado y mientras reclaman por la defensa de la propiedad privada siguen atacando a los bancos y a los banqueros, al FMI y a la Corte Suprema, es decir a las columnas de la propiedad privada. Los ahorristas han sido confiscados no por la violación del régimen de la propiedad privada sino en defensa de este régimen, que no existe ni podrá existir sin la sistemática confiscación de los trabajadores y de los pequeños productores, y sin quiebras y bancarrotas que entrañan, por definición, la confiscación de unos propietarios por otros.

Siguen también las ocupaciones de fábricas y, ahora, de clínicas, y la marcha del plan de lucha piquetero. La prensa se pregunta por qué este movimiento popular no logra alcanzar una homogeneidad política, aspirando a que esa homogeneidad desemboque en un candidato electoral. Pero toda la experiencia histórica le ha demostrado al pueblo que la homogeneidad política necesaria para vencer realmente debe tener una base más sólida que un candidato de éxito y un desemboque más sólido que un episodio electoral. Debe consistir en una acumulación sistemática de fuerzas, mediante la lucha y la organización, para explotar la crisis política en curso y establecer una Constituyente con poder convocada por las organizaciones de trabajadores en lucha.

Al ocupar el edificio abandonado ubicado en Flores perteneciente a la ex Clínica Portuguesa, los compañeros pertenecientes a las asambleas populares de la zona se encontraron en su interior con un centro sanitario íntegro, con sala de terapia intensiva equipada, máquinas de rayos X que funcionaban, respiradores artificiales, habitaciones con camas de primera calidad, entre otras cosas.

La mutual, una sociedad de socorros mutuos que estaba a cargo de la clínica, entró en proceso de liquidación en 1997. Sus miembros fueron desapoderados. Hubo tres hipotecas rechazadas por la Justicia por fraudulentas y hoy los únicos acreedores de la clínica son los trabajadores, a los que estafó la sociedad que conducía la empresa. Como ya ha ocurrido en otros casos, bajo la pantalla de un centro representativo de una colectividad, teóricamente sin fines de lucro, funcionó un grupo empresario que armó un gran negocio, se apropió de los recursos del centro de salud y terminó fundiendo la empresa, perjudicando a trabajadores y asociados.

La recuperación de la clínica despertó la adhesión no sólo de los asambleístas sino también de trabajadores y profesionales de la salud. Una prueba de ello fue la concurrencia de 200 trabajadores de esa área en una primera convocatoria con el objeto de delinear un plan de acción. Uno de los proyectos que estaría en discusión, y que sería fogoneado por un sector de las asambleas y el Movimiento de Fábricas Recuperadas, consistiría en montar una suerte de obra social para dar una cobertura médica a los compañeros de las fábricas autogestionadas. Se habla de un plan básico que comprendería visitas médicas a las fábricas.

El proyecto de marras contiene, sin embargo, una gran limitación, y es la falta de fondos. Como sus propios promotores lo confiesan, las posibilidades de cobrar "son bajas". El pago de salarios sólo podrá efectivizarse "a medida que las fábricas vayan funcionando y se junte plata". El primero en cobrar sería "el personal de limpieza y de enfermería, quienes probablemente no tengan otro trabajo" (Página/12, 30/9). Está claro que la atención que se puede suministrar en este cuadro es extremadamente precaria. Los arquitectos del proyecto, entonces, "no descartan la posibilidad de que ante necesidades concretas que superen el plan, se derive a los trabajadores a hospitales u obras sociales con las que se pueda establecer contacto" (ídem), lo que puede llevar a una aventura o un fiasco que culmine en una ONG o asociación civil que sirva a un nuevo negocio en el ámbito de la salud.

La integración de la clínica al sistema de salud de la Ciudad debe ser administrada por una gestión independiente, electa y responsable ante las asambleas populares y el colectivo de trabajadores de salud del flamante centro médico. Esta gestión independiente tendrá como función ejecutar el plan de salud que se vote, que será sostenido económicamente (empezando por los sueldos de los trabajadores) con recursos del Gobierno de la Ciudad. Este plan plantea, a su turno, la expropiación efectiva, definitiva e integral de los bienes de la clínica, incluyendo el inmueble y la totalidad de los equipos y la cesión gratuita a los trabajadores para su uso.

En lo que es considerado como el más significativo cambio de estrategia desde su creación, Corea del Norte establecerá una "zona internacional financiera, de negocios, comercial e industrial autónoma" en Sinuiju, en la frontera con China.

La nueva "zona económica especial" fue rápidamente calificada como la "Hong Kong coreana": como la ex colonia británica en China, operará sin la injerencia del gobierno central, tendrá su propio sistema legal y económico, emitirá sus propios pasaportes y hasta designará a sus propios jefes de policía. Para dirigir este "emprendimiento" fue designado Yang Bin, el segundo capitalista más rico de China.

Ya a principios de los ‘90 establecieron una "zona" en Rajin, pero sólo atrajo a unos pocos inversores, en su mayoría coreanos radicados en Hong Kong y en Japón. Existe también el plan de establecer otra "zona" en la frontera entre las dos Coreas, pero este proyecto no ha despertado interés entre las grandes empresas del sur.

Lo que hace atractiva a la "zona" de Sinuiju es que forma parte de un conjunto de medidas políticas y económicas. En julio fue anulado el sistema de racionamiento y distribución virtualmente gratuita de alimentos y energía. El objetivo, según un alto dirigente norcoreano, es obligar a los trabajadores a mostrar "entusiasmo en el trabajo". Se pretende forzar un aumento de la productividad de los trabajadores por el poco socialista método del hambre y la competencia entre los obreros, algo que el Financial Times (27/7) no duda en calificar como "un paso en la dirección correcta".

¡Y vaya si los trabajadores deberán demostrar "entusiasmo"! Los salarios fueron aumentados, en promedio, un 1.700% (los mineros, como consecuencia de la penuria energética recibieron cerca de 3.000% de aumento; otras capas de trabajadores, menos del 1.000%). Pero el precio del arroz pasó de 0,08 won a ¡35 won! por kilo, un aumento del ¡43.750%! La ración de arroz que una obrera textil puede comprar es de 600 gramos diarios, "no mucho más que la ración diaria distribuida en los campos de refugiados en otras regiones hambrientas del mundo" (ídem).

La hiperinflación que siguió a las reformas está desquiciando la vida económica; muchas empresas se quedaron virtualmente sin ingresos y no están en condiciones de pagar los salarios ni sus cuentas de energía.

Junto con la introducción en estas dosis bárbaras de "reformas de mercado", la dirección norcoreana reanudó las relaciones diplomáticas con Japón y las negociaciones con Corea del Sur. De estos países espera las inversiones privadas que pongan en funcionamiento su "zona económica especial" y la "ayuda" estatal que le permita reconstruir su infraestructura. Corea ya acordó con un consorcio europeo, liderado por capitales italianos, la reconstrucción de su vía férrea y su integración con el Transiberiano que atraviesa Rusia y llega a China.

Con todo, el giro diplomático más importante es en dirección a la Casa Blanca. Corea pidió a Japón que transmita a Washington su "disposición al diálogo y a las inspecciones de sus programas de armas" (The New York Times, 27/9). Estados Unidos envió a Corea al segundo de Powell a discutir estos asuntos y, también, la reactivación de la construcción por parte de los norteamericanos de dos centrales nucleares para producir energía. Aunque oficialmente no fue todavía excluida del "eje del mal", el propio Bush declaró que no pretende, como en el caso de Irak, "un cambio de régimen" en Corea del Norte sino "un real progreso" con sus autoridades (ídem).

El 20 de septiembre pasado una feroz represión se abatió sobre cinco mil jujeños que manifestaban para "que se vayan todos" en el marco de una jornada nacional de movilizaciones. Durante varios días, decenas de compañeros se encontraron detenidos sin que se diera a conocer su paradero. Quince días más tarde se inició proceso judicial a 120 de ellos, aunque siguen pendientes los pedidos de captura para muchos que no habían podido ser detenidos.

El 5 de octubre se descargó otra represión feroz, esta vez contra los choferes del transporte de Merlo, que sólo fueron liberados ante las manifestaciones de sus compañeros y las asambleas a la comisaría del distrito.

Ese mismo día, la burocracia y la policía montaron un operativo de cerca miento para producir el desalojo de la fábrica ocupada Zanón.

Es decir que la represión a las luchas populares no ha cesado, porque tampoco en ningún momento se detuvo. Hay tres mil procesamientos de luchadores; la tortura y el asesinato de jóvenes por parte de la policía es una realidad cotidiana; las comisarías y, de nuevo, los cuarteles se han transformado en los "pozos" del llamado régimen democrático.

Este cuadro realza la importancia de arrancar la libertad de Castells, cuyo juicio debe comenzar el viernes 11. El nombre de Castells ha venido a compendiar la lucha contra la represión y por la libertad, la defensa del derecho a luchar y la defensa de los luchadores.

Liberar a Castells será una gran victoria popular.

Por eso, decenas de miles nos movilizaremos el viernes a los tribunales de Lomas de Zamora y en todo el país.

El Partido Obrero defiende incondicionalmente la libertad para el compañero Castells, por eso denunciamos la explotación política que pretende hacer de este tramo final del combate el represor de los docentes de San Luis, Rodríguez Saá..

Ligamos la lucha por la libertad de Castells y de los luchadores a la lucha para que se vayan todos, incluido Rodríguez Saá, para arrancar una Constituyente con poder y un gobierno de trabajadores

Los compañeros de Brukman se hicieron presentes el pasado 3 de octubre en la Legislatura. Esta vez se movilizó toda la fábrica. "Si alguien duda de nuestra representatividad -señalaron varios delegados- aquí están los trabajadores de la planta quienes, con su presencia física, vienen a respaldar los reclamos por los que venimos luchando".

La movilización de Brukman empalmó con la jornada de lucha aprobada por la Asamblea Piquetera que, horas antes, había comenzado con el corte de accesos a la Capital por la libertad de los detenidos jujeños y que culminó en la Legislatura en apoyo a las fábricas ocupadas, en especial en defensa de sus proyectos de expropiación de Brukman y Grissinópoli.

Los trabajadores de Brukman colmaron una de las salas de la Legislatura acompañados por delegaciones del movimiento piquetero y de distintas asambleas. Allí fueron recibidos por los diputados de la Comisión de Desarrollo Económico, donde hicieron entrega del siguiente petitorio.

Petitorio

Ante el rechazo de los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a nuestro proyecto de ley, en el cual exigimos la estatización bajo control obrero de nuestra fábrica, los trabajadores de Brukman les manifestamos:

1) Las trabajadoras y trabajadores de Brukman fuimos los primeros que ocupamos la fábrica y la pusimos a producir en la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo el ejemplo de nuestros hermanos, los obreros de Zanón de Neuquén, la primer ocupación y puesta en producción del país. Desde entonces, los nombres Brukman y Zanón recorrieron el país y varios países del mundo, como ejemplos de lucha, de producción bajo control obrero, sin patrones ni jefes, de unidad entre ocupados, desocupados y asambleas barriales, de reorganización de la producción en función de las necesidades de los trabajadores y el pueblo, como ejemplo de que los trabajadores pueden ponerse de pie.

En Brukman, los trabajadores levantamos la bandera de estatización bajo control obrero: que se expropie la fábrica y los trabajadores la pongan a producir bajo su control y administración, como ya estamos demostrando que somos capaces, y que nuestra producción se destine a satisfacer necesidades sociales. La estatización bajo control obrero por la que luchamos los compañeros de Brukman es parte de la lucha por la estatización bajo control obrero de todas las fábricas cerradas y de todas las empresas privatizadas, y apunta a reorganizar la producción y los servicios públicos en función de terminar con la desocupación, el hambre y resolver las necesidades sociales. Y hemos aprendido que los únicos realmente interesados en resolver los problemas del pueblo somos los trabajadores.

2) En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la reunión de la Comisión del 11/9/02, los legisladores de los bloques mayoritarios, tanto del PJ como del Ari, expresaron su oposición al proyecto de estatización bajo control obrero presentado por los trabajadores de Brukman a través del diputado Altamira. Los legisladores aprobaron expropiaciones parciales de Ghelco y Chilavert para los inmuebles, "expropiación" transitoria, de 2 años, durante los cuales el Estado paga alquiler a los dueños, y luego de los cuales los trabajadores deberían (si pueden) comprarlos. La maquinaria y marcas se expropiaron en forma defintiva y fueron cedidas en comodato a las cooperativas (éstas terminaron como cooperativas de trabajo solamente, y no de producción, ya que no son dueñas ni de los inmuebles, ni de la maquinaria, ni de las marcas). El patrón, que en estos casos estaba quebrado, pasa ahora a cobrar 150.000 pesos, por la expropiación de las máquinas, y un alquiler mensual por el inmueble, por parte del Estado, mientras los trabajadores no reciben del Estado ni un peso, ni del patrón las deudas salariales e indemnizaciones. La propuesta formulada a Grissinópoli y Brukman fue peor aun, ya que los legisladores y el Gobierno de la Ciudad ofrecieron sólo la expropiación transitoria de inmuebles, maquinarias y marcas, es decir, el patrón y los acreedores no sólo empezarían a cobrar alquileres por parte del Estado, sino que tendrían el derecho a exigir el desalojo dentro de dos años si los trabajadores no le compran los activos. Además, en el caso de Brukman, el gobierno pretende imponerles la forma en que deben organizarse. Esta propuesta es inaceptable.

3) Sin embargo, las trabajadoras y trabajadores de Brukman no estamos cerrados a alternativas intermedias, mientras seguimos buscando los caminos para profundizar nuestra lucha junto al conjunto de los trabajadores ocupados y desocupados, los asambleístas y las clases medias arruinadas, por una salida de fondo.

Es por ello que exigimos:

a) La expropiación, sin pago, inmediata y definitiva de inmuebles, maquinaria y marcas de Brukman Confecciones, para que los trabajadores continuemos con la producción bajo gestión obrera.

b) Que el Estado garantice los salarios, como mínimo los de convenio.

c) Nos otorgue subsidios no reintegrables por 150.000 pesos, para ampliar y diversificar la producción e incorporar más trabajadores actualmente desocupados, mediante la implementación de una escuela de oficios.

d) Que el Estado nos compre la producción en función de las necesidades de hospitales y otras instituciones, así como de la población carenciada, que requieran indumentaria que podamos producir.

e) En estas condiciones, estamos dispuestos a discutir la forma legal con la cual organizarnos, pero donde los trabajadores decidamos en nuestra asamblea soberana quiénes forman parte de la fábrica bajo gestión obrera.

Con una masiva huelga general de 48 horas y grandes concentraciones en las principales ciudades del país, la Cosatu (la central sindical sudafricana) salió a enfrentar la política de privatizaciones del gobierno del Congreso Nacional Africano. La huelga tuvo su pico en la actividad minera y en el transporte público. Contó con el apoyo del Congreso de Estudiantes, de la Coalición de ONGs y de los grupos de lucha contra el sida (una enfermedad que sufre el 25% de los sudafricanos).

La Cosatu denuncia que la privatización de los teléfonos, la electricidad y el transporte dejará a 200.000 trabajadores en la calle, cuando el desempleo abierto alcanza al 30% y el retraso en la construcción de viviendas populares y en la distribución de tierras y la inflación, en particular en los alimentos, han creado una "situación social incandescente" (Le Monde, 14/8). El gobierno planea poner a la venta las acciones de estas empresas en la Bolsa; en el cuadro de los actuales derrumbes bursátiles, esta privatización significará una entrega lisa y llana de las empresas a precio vil.

La central sindical integra, junto con el Pc de Sudáfrica, la coalición que gobierna el país. Cautelosa, la burocracia sindical advirtió que "esta huelga no es contra el gobierno y menos contra el Congreso Nacional Africano" (Le Monde, 3/10). Pero la masividad de la huelga de la central obrera dirigida por la burocracia adicta al gobierno indica un principio de independencia política de la clase obrera sudafricana, la más importante del continente.

Una parte de la prensa, y naturalmente la izquierda democratizante, recurre a un lugar común cuando califica los 39 millones de votos que obtuvo el PT de Brasil y su victoria en el primer turno electoral como un acontecimiento histórico. Se trata en realidad del aborto de un acontecimiento histórico, pues junto al PT han llegado al gobierno una fracción reaccionaria de la burguesía brasileña, buena parte de sus políticos tradicionales y una nutrida legión de arribistas. En lugar de un pan, el PT se trajo bajo el brazo un acuerdo con el FMI para seguir pagando la deuda externa con el esfuerzo del pueblo brasileño y una mayor confiscación de su trabajo. Un comentarista de televisión creyó que clarificaba la posición del PT con la explicación de que Lula no había elegido a su candidato a vice por sus posiciones oscurantistas de derecha sino por su condición de empresario que defiende el mercado interno. Pero incluso si esto último fuera un mérito, el susodicho José Alencar viene en paquete único: es, al mismo tiempo que un feroz explotador de trabajadores, un reaccionario en toda la línea.

Para la prensa internacional, la necesidad de un segundo turno tiene la ventaja de que permitirá someter a Lula a nuevos compromisos, aunque admite que un desenlace en el primero habría contribuido a poner una cierta calma en la crisis financiera. Efectivamente, Lula ya ha conseguido el apoyo de un representante de la oligarquía del nordeste, Ciro Gomes, ex candidato a la presidencia y ex gobernador de Ceara, pero por sobre todo el apoyo del patriarca de esa oligarquía, Antonio Carlos de Magalhaes, patrón del Estado de Bahia. Ninguno de estos apoyos es, por supuesto, gratuito; aunque la prensa no ha insinuado qué concesiones se hicieron en estos casos, sí informó que para obtener el apoyo del otro ex candidato, el evangelista Garotinho, el PT le habría ofrecido al partido de éste la presidencia del pulpo Petrobrás.

La maratón de apoyos que está buscando el PT en todos los sectores del capitalismo, no puede dejar de llamar la atención, porque finalmente está a sólo 3 puntos de la mayoría absoluta. Es claro que la cantinela de que se necesita juntar más votos oculta una tendencia bastante más importante, que es la de incorporar a todas las grandes fracciones del capital al futuro gobierno de Lula. A medida que la bancarrota de Brasil se va aproximando, la cúpula del PT se entrega cada vez más a los explotadores y se aparta del pueblo. Después de 25 años de retórica antiliberal, los dirigentes del PT descubren que el FMI es un salvador, no un verdugo.

El pasaje abierto del PT al campo del FMI pone en evidencia algo que tiene que ver con el conjunto de la situación mundial. Los democratizantes de todos los países se han preparado todos estos años para combatir lo que llaman las injusticias del modelo de la globalización, del que ponderaban sus progresos productivos y tecnológicos. Pero ahora tienen que hacer frente, no a las injusticias de un modelo, sino a una bancarrota de la organización social capitalista, de la cual depende su propio status social. Esta necesidad social ha llevado al PT a alinearse con el FMI y a olvidar la demagogia antiglobalizadora. Entre un Argentinazo y el FMI, los dirigentes petistas consideran al Fondo un mal menor.

Los planes del FMI para Brasil tienen la línea clásica de reclamar un superávit fiscal que permita pagar en el tiempo la deuda externa. Sin embargo, la devaluación del real ha aumentado esa deuda en una proporción que no podrá reducir ningún superávit previsible. Enfrentado a una situación similar en Europa y Estados Unidos (grandes niveles de endeudamiento y recesión), el FMI ha recomendado lo contrario: el déficit fiscal. En su edición del 28/9, The Economist augura a Europa un final terrible si no adopta una política de déficit de presupuesto y emisión: una bancarrota al modo argentino. Como es esto precisamente lo que se recomienda a Brasil, se puede deducir que el FMI está empujando al PT por el camino que éste querría evitar con la ayuda del FMI: al Argentinazo.

Mientras algunos se preguntan si Argentina será capaz de imitar a Brasil, lo más probable es que el PT y Brasil terminen imitando a la Argentina de la Alianza.

"En los últimos tiempos una serie de fábricas cerradas por sus dueños... fueron tomadas por su personal y puestas en marcha nuevamente."

Son textuales palabras de Juan Alemann, en un editorial de La Razón (3/10). Lo que Alemann oculta es que los "dueños" han "vaciado" las fábricas, dejando un tendal de estafados, incluidos sus propios trabajadores, a los que adeudan numerosas quincenas trabajadas y han robado los fondos que les descontaban y debían depositar en la previsión social.

Este panegirista del capitalismo, también señala que "políticos de extrema izquierda aplaudieron estas iniciativas, en las que ven una forma de socialización del capital". ¿Y no es así cuando los patrones abandonan sus fábricas y los obreros las ocupan, las reabren y las ponen en marcha nuevamente? ¿No es una evidencia del fracaso de los capitalistas y del protagonismo obrero en salvar y desarrollar las fuerzas productivas?

Alemann recuerda acertadamente que "algo semejante sucedió a escala nacional en la Unión Soviética después de la revolución de 1917", cuando la industria fue ocupada por sus obreros y las fábricas puestas en marcha y gestionadas directamente por ellos y por los comités que éstos elegían. Pero dice "que finalmente Stalin se cansó de los problemas que se planteaban con las empresas gestionadas por su propio personal, y las estatizó, eliminando, incluso a menudo físicamente, a quienes las conducían". Desnuda así el carácter contrarrevolucionario de la estatización frente a la gestión obrera colectiva. Un auténtico régimen proletario comporta un principio de disolución del Estado, y esto se manifiesta en la gestión obrera opuesta a la estatización burguesa o burocrática.

Alemann confirma que las fábricas tomadas están amenazadas de "desalojo judicial". "Para superar esta situación, en varios casos se ha dispuesto la expropiación de las fábricas." Pero, queda claro de su análisis que se trata de "expropiaciones" que benefician a los patrones. Ya sea porque el Estado los indemniza ("conforme a una tasación oficial") o les paga algún tipo de canon o alquiler por el usufructo temporal de la empresa quebrada y vaciada.

"Los trabajadores pueden entonces regularizar la situación mediante la creación de una cooperativa de trabajo, sin ser propietarios de los bienes físicos", reclama el abogado de los capitalistas. "Es loable que los trabajadores luchen por mantener sus fuentes de trabajo - agrega - , sacrificando incluso buena parte de su remuneración. Porque en general inicialmente no cobran nada o bien muy poco, o bien se mantienen con los 150 pesos de los planes de subsidio a jefes de familia". Es el sueño del capitalista, y en especial del capitalista quebrado: que los obreros "no cobren nada" o que se "mantengan con los 150 pesos de los planes de trabajo".

A partir de que "en las nuevas empresas autogestionadas se plantea un problema de falta de capital de trabajo" Alemann plantea que "el mismo se forma con la renuncia a percibir las remuneraciones plenas". Pero "entre tanto se necesitan fondos para comprar materias primas y bienes intermedios para el proceso de producción" que deben ser pagados al "contado rabioso", lo que obliga a los obreros a comprar en pequeñas cantidades, "lo que complica y encarece" la producción. Es decir que "su" salida no es una salida.

Mientras que para el economista burgués se trata de que los obreros trabajen gratis y sigan capitalizando con su sudor los quebrados capitales de los capitalistas fugados y ladrones, lo que se necesita es que las fábricas sean ser expropiadas sin indemnización bajo gestión obrera. A partir de aquí se plantea nacionalizar el sistema bancario para centralizar el crédito en función de una producción a favor de la satisfacción de las necesidades de la población trabajadora.

Por eso el PO plantea el Frente Unico de todas las empresas gestionadas, ocupadas por sus trabajadores para imponer este programa e impedir que los obreros se conviertan en esclavos del capital quebrado. Para ello es fundamental unir estas empresas al Plan de Lucha votado por la Asamblea Nacional de Trabajadores ocupados y desocupados, al plan de lucha piquetero, que pretende abrir una nueva alternativa de salida obrera a la crisis nacional.

Todavía el 12 de junio pasado, el Mst decía que, "en relación a su plan de gobierno Lula afirmó que no va a seguir el programa del FMI". También destacaba "una fuerte presión que hasta ahora impidió la alianza del PT con el candidato del PL". "Pese a las posiciones conciliadoras de Lula - insistía el Mst - su crecimiento inquieta a los poderosos."

Como se sabe, Lula acabó firmando con el FMI, y antes había concretado el frente con el derechista PL, llevando como candidato a vicepresidente a un empresario industrial. La nueva embajadora yanqui salió a apoyarlo, lo mismo que la clase de los banqueros e industriales. Hasta López Murphy y Cavallo declararon su simpatía hacia Lula.

Todo esto no afectó al Mst: el domingo a la noche salió a festejar, aunque el entusiasmo sólo arrastró a unos 30 militantes frente a la embajada brasileña (Clarín, 7/10). Según el mismo diario, las pancartas decían "viva el triunfo del PT" y Vilma Ripoll saludaba sin sonrojarse "al pueblo brasileño por esta decisión de haber votado por primera vez para presidente contra el FMI y los grandes empresarios".

Ya a Página/12 Ripoll no le dijo nada del FMI ni de la alianza con los empresarios de derecha: "el pueblo de Brasil - afirmó ahora - , tomó la decisión de votar a un partido que considera propio...". Pero ni esto es verdad, porque no se votó al PT, sino al frente Encuentro para el Cambio que el PT constituye con fuerzas patronales como el PL y otros. La gran mayoría de los "viejos partidos", empezando por los ex presidentes, apoyó directamente a Lula.

El Mst oculta su apoyo a un frente de colaboración de clases con partidos patronales y proimperialistas.

Para Echegaray, mientras tanto, la victoria de Lula "marca el comienzo de una contraofensiva continental contra el neoliberalismo" (Página/12, 6/10). En realidad el triunfo del Encuentro para el Cambio es parte de una "contraofensiva continental" para contener el "Argentinazo". Por eso lo apoya la gran banca y el imperialismo. Para el PC, el candidato derechista a vicepresidente, "José Alencar, es un industrial nacionalista" (Propuesta, 26/9) y su partido derechista, el "Partido Liberal, con vínculo fuerte con la Iglesia Universal y los otros cultos evangelistas, muy relacionados con masas pobres e indígenas". Este es el Frente Antimperialista por el que trabaja el PC.

El sábado 28 de setiembre se realizó el Congreso de la Fut. Como en los congresos pasados, no funcionó ninguna comisión, o sea que no hubo debate político; sólo hubo elección de las nuevas autoridades. Sin embargo, se logró conformar un frente entre las agrupaciones independientes (de Arquitectura, Bioquímica, Agronomía, Exactas, Derecho, Medicina) y las de la UJS (LD de artes, PUL de Filo y Psico, y UEICE de Económicas).

Este frente, denominado "Coordinadora de Lucha", abarcativo del conjunto de las facultades, acordó iniciar un proceso de recuperación de la Fut y encarar un plan de lucha por las reivindicaciones del estudiantado, haciendo especial hincapié en el apoyo a la lucha de los estudiantes de Danza, de la Facultad de Artes, en defensa de las cátedras paralelas.

El frente obtuvo la vicepresidencia segunda y dos secretarías, ocupando la UJS la primera de ellas, la Secretaría Gremial.

Párrafo aparte merece el resto de la izquierda.

La Cepa no participó alegando que no se había convocado a los delegados por curso de cada facultad. Desde el Centro de la Facultad de Psicología los consejeros de esa agrupación votaron a favor de un nuevo plan de estudios que perjudica al estudiantado alargándoles la carrera, para lo cual no consultaron a ningún delegado de curso, ni hubo asamblea.

Patria Libre se hizo presente y pidió ingresar al frente. Sin embargo, varias agrupaciones lo rechazaron por su política de apoyo al rector y a decanos como el de la Facultad de Artes, verdugo de los estudiantes, o por su política boicotista del paro docente del año pasado. El Mst no dio señales de vida.

El frente ha decidido convocar el 8 de octubre a una movilización al Rectorado en apoyo de los estudiantes de Artes y por el conjunto de las reinvidicaciones.

Las organizaciones firmantes convocamos a los vecinos ocupados y desocupados a manifestar frente a los CPC. Apoyamos el pedido de revocatoria que miles de ciudadanos están firmando en Córdoba, a pesar de los matones y las patotas, y luchamos para que se vaya Kammerath ya y se disuelva el Concejo Deliberante, porque todos ellos son responsables de la actual situación que vive la población de la ciudad.

Llamamos a las organizaciones sindicales, a las asambleas populares y a las organizaciones de lucha a organizar la huelga activa contra este régimen que ha liquidado la salud pública, el trabajo y el transporte y ha entregado el control de la ciudad a intereses privados.

Por el trabajo, por los dispensarios, por los hospitales municipales destruidos, por el transporte. Movilicémonos a los CPC.

Lunes 7, de 11 a 13, CPC Empalme.

Martes 8, de 11 a 13, CPC Villa El Libertador.

Miércoles 9, de 11 a 13, CPC Centro América.

Jueves 10, de 11 a 13, CPC Colón y CPC Pueyrredón.

Viernes 11, de 11 a 13, CPC Argüello y CPC Ruta 20.

El jueves 10, a las 16 horas, se realizará la Asamblea Provincial de Trabajadores en Corro 269, Salón del SEP.

El 1º de octubre se cumplió un año de la ocupación de la fábrica Zanón. El aniversario coincidió con un nuevo intento de desalojo. En esta ocasión se montó una provocación de la vieja burocracia ceramista, que instaló patotas con carpas frente a la fábrica. Todo esto fue acompañado por la presencia "neutral" de la policía, que llegó al lugar antes de que arribaran los provocadores, al mismo tiempo que la prensa confundía a la población diciendo que en Zanón se "había desatado una guerra campal"; "que había un enfrentamiento entre ceramistas", o que "había una guerra entre pobres". El gobierno hizo anunciar que "el gobernador lo que está haciendo es quedarse como una instancia superadora cuando, si en algún momento debiera intervenir, sería para ayudar a solucionar el conflicto" (Río Negro, 4/10). Pero Sobisch había mandado a la policía para apuntalar a la patota de la burocracia, y el mismo día, la Epen cortó por una hora la luz e intimó al Soecn a pagar una deuda que asciende a 500.000 pesos.

Esta situación fue enfrentada con firmeza por los trabajadores de Zanón y por las organizaciones que rápidamente se instalaron en la fábrica en su defensa. Desde el Polo Obrero colaboramos con la presencia de compañeros tanto de día como de noche. El jueves, en una reunión de organizaciones solidarias en la propia planta, la Cta y Ate anunciaron la decisión de convocar para el lunes 7 un paro y marcha a Zanón.

La solidaridad con los trabajadores ceramistas y el desenmascaramiento del "plan" orquestado por el gobierno y la patronal, hicieron desistir por el momento a los provocadores, quienes levantaron el campamento armado frente a la fábrica. Las intenciones de desalojar a los compañeros siguen vigentes, y en este marco se ha realizado una audiencia en el Juzgado local con representantes de la empresa, los síndicos y la directiva ceramista, con el propósito de que la patronal pueda realizar el inventario sin que haya desalojo de la fábrica. Al mismo tiempo la Epen amenaza cortar el suministro de energía si el día lunes 7 no se salda la deuda. Por eso criticamos el levantamiento del paro de la Cta, luego del levantamiento del acampe de la patota.

Regresarán

La presencia de la patota tiene un papel auxiliar en la política patronal. El viernes por la mañana los síndicos se reunieron con el gremio y la jueza local y plantearon una propuesta según la cual: "...sin hablar de desalojo... los operarios irán a trabajar y además estarán los administradores..." con el objetivo de "realizar el inventario" y "ver diversos documentos sobre cómo va la fábrica".

Los síndicos agregaron que en el "interín se producirá la reunión de accionistas" con la finalidad de elaborar una propuesta que será puesta "a consideración de los empleados... siempre partiendo de la base de hacer el inventario y tomar posesión de la fábrica, y los obreros trabajarán".

Incluso el propio juez del concurso (Páez Castañeda) le adelantó a la jueza local que pedirá a la patronal de Zanón una "contrapropuesta que podría surgir del expediente". Los síndicos aclararon que, en su opinión, "realizado el inventario la sindicatura debe permanecer en fábrica".

Está claro que la patronal, el gobierno y la "Justicia" están conspirando más que nunca contra los trabajadores de Zanón, y que la defensa de la ocupación debe pasar al primer plano en la agenda de lucha del conjunto del movimiento obrero neuquino, con un paro activo provincial inmediato en apoyo de la planta ocupada y de todos los reclamos vigentes, acampe en defensa de Zanón.

Todo y todos en defensa de Zanón ocupada.

Resolucion de la Mesa Nacional del Bloque Piquetero

1) La Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados del 28 y 29 de septiembre contó con la presencia de más de 1.500 delegados, con la presencia de más organizaciones piqueteras (fueron convocantes el Bloque, el Mijd, Barrios de Pie y la CTD en la Aníbal Verón), a razón de un delegado cada treinta compañeros, con la presencia de 45 Asambleas Populares que acreditaron dos delegados plenos cada uno y un invitado, con la presencia de 167 delegados de sindicatos, cuerpos de delegados y fábricas en lucha, con delegados de Federaciones y Centros estudiantiles y unos 500 invitados, activistas y dirigentes de organizaciones de derechos humanos, de profesionales y de artistas, y partidos políticos de los trabajadores impulsores de la Asamblea Nacional.

2) En estas condiciones, a pesar de las limitaciones económicas que impidieron la participación plena de los delegados del interior, estuvieron representadas una docena de provincias y se incorporaron nuevos movimientos piqueteros de gran acción de lucha, como los compañeros de la coordinadora del norte de Santa Cruz, de Río Gallegos, que junto a los compañeros chubutenses protagonizaron grandes luchas por puestos genuinos de trabajo en las plantas petroleras, concretando un contenido estratégico de nuestro programa y nuestra lucha desde la primera hora. Igualmente, los compañeros del Bloque Piquetero de Gobernador Gálvez en Santa Fe y otras delegaciones del interior.

3) Por su composición, por su alcance y por el plan de lucha votado, es la mayor de las Asambleas realizadas hasta el presente. Como parte de ese crecimiento se registraron más de 600 intervenciones de los compañeros participantes, que constituyeron el enorme debate político que precedió a cada una de las votaciones realizadas en las comisiones, para ser votados más tarde sus despachos de mayoría y minoría. La prolongación del debate en comisiones llevó a comenzar muy tarde el debate plenario, a estrechar su tiempo, terminando en un horario en el que numerosas delegaciones del interior se habían retirado. Sin embargo, cada uno de los despachos fue votado plenariamente.

4) Una vez más, a cinco días de sus resoluciones, el plan de lucha ha sido de cumplimiento efectivo. El 30 de setiembre, compañeros de la Ftc y del Polo Obrero se solidarizaban con la comisión interna de Cocarsa. El 1º de octubre, más de 100 compañeros del Polo Obrero realizaron el acto frente a Volkswagen contra el intento de despedir 480 trabajadores. El 3 de octubre todas las organizaciones del Bloque Piquetero junto a Barrios de Pie cortamos masivamente el Puente Pueyrredón en simultáneo con un acto frente a la Casa de Jujuy por la libertad de los presos jujeños, mientras en Jujuy se concentraban 5.000 compañeros, entre ellos compañeros del Mtl, integrantes del Bloque. Más tarde, nos concentramos más de mil compañeros con Brukman, Grissinópoli y representantes de Zanón frente a la Legislatura, donde se realizó un acto. Se realizaron en común con los compañeros dos actos frente a la casa de Neuquén en solidaridad por los ataques de la burocracia sindical contra Zanón. Fuimos solidarios con la lucha de Télam. Se realizaron cortes masivos en la ruta 34 en Tartagal, en Rosario, en Córdoba, en Santa Cruz, en Neuquén y en Mar del Plata.

5) Para el 11 de octubre preparamos una jornada de tipo nacional con piquetes en todo el país por la libertad de Raúl Castells y de todos los presos jujeños, por el desprocesamiento y la libertad de todos los presos políticos. Ese día marcharemos masivamente desde Puente La Noria a los tribunales de Lomas, concentrando a las 8:30 horas. Ante la convocatoria del Cta y la Ccc de un paro ese día, declaramos que nuestra Asamblea Nacional se declaró impulsora de un paro activo nacional en el camino de la huelga general activa para acabar con el gobierno de Duhalde y para Que se vayan todos. Llamamos por ello a sus organizadores a correr la fecha de la medida para movilizarnos en común por la libertad de un preso que lleva más de 1.200 días encarcelado por su lucha social y piquetera, y luego garantizar en común el paro activo con piquetes coordinados en todas las provincias del país. Algo que de no ocurrir no obstante nos tendrá como partícipes en la medida convocada.

6) El Bloque Piquetero llama a movilizarse a los tribunales de Lomas a todas las Asambleas Populares y organizaciones obreras, de lucha y populares en general. Nos movilizamos con las banderas resueltas en la Asamblea Nacional, concientes de que la lucha por acabar con el gobierno de Duhalde y su trampa electoral reforzará la lucha por la libertad de Raúl Castells, y su libertad reforzará la lucha para Que se vayan todos.

7) Impulsar para la semana que viene una reunión de coordinación de la Asamblea Nacional para la realización de todas las medidas futuras, en particular el próximo 11 y el 18 contra el tarifazo.

8) Ante la invitación recibida a participar en la Marcha de la Resistencia de Madres de Plaza de Mayo el 13 de diciembre, proponer a la coordinación de la Asamblea Nacional su incorporación al plan de lucha. Igualmente, procurar los términos de la convocatoria a la marcha contra el Alca el 30 de octubre, para discutir la participación en la misma.

Bloque Piquetero Nacional (4/10)

Presentes por la Mesa Nacional: Beto Ibarra, Antonio Bitto, Néstor Pitrola, Ernesto Aldana y Oscar Kuperman

En el mismo momento que el gobernador Solá estaba anunciando su plan para mandar a los pibes que abandonan el Polimodal a los cuarteles para que aprendan "nociones básicas de computación, mecánica y carpintería", se conoció que el joven Cazanave, que estudiaba en la Escuela de Suboficiales General Lemos, había muerto por los malos tratos sufridos en Campo de Mayo.

La propuesta de Solá había recibido el apoyo del propio Ejército porque así obtenía mayor presupuesto y más participación para influir en la salida de la crisis. La propuesta busca regimentar a la juventud, entregándola a la formación por parte de los militares, careciendo de lo único progresivo de la colimba anterior: la instrucción armada.

Pero la propuesta ha recibido un duro golpe con el caso Cazanave. El joven murió a pocos días de haber pedido la baja, cansado de los malos tratos recibidos. Según las denuncias de su madre, "la muerte se produjo como resultado de las vejaciones, maltrato y abusos reiterados a los que lo sometían los alumnos de segundo y tercer año. Periódicamente lo bailaban bajo el conocimiento de las autoridades militares" (Clarín, 6/10). En la denuncia sobre su muerte se destaca que al ingresar el joven tenía buena contextura física y practicaba deportes, pero al poco tiempo fue reducido a un cuerpo delgado, frágil, que llegó a pesar 45 kilos (ídem, 5/10).

El hecho de que los mismos alumnos de años superiores fueran quienes "bailaban" a Cazanave demuestra el clima represivo de la escuela militar. A esta escuela quiere Solá mandar a la juventud de la provincia de Buenos Aires que abandona el Polimodal por la falta de becas, que se les niega a los estudiantes pero que sí recibirían los militares por cada alumno.

El jueves 3 se realizó un multitudinario acto en defensa de las libertades públicas y por la libertad de los presos encarcelados el 20 de septiembre en oportunidad en que se realizaba una movilización reclamando pan, trabajo y que se vayan todos.

Desde temprano fueron llegando delegaciones de la Ccc y la Cta (hubo también del Mtl y del Mst), que superaron las 6.000 personas, concentradas en la Plaza del Inmigrante, frente a la Unidad Penal de Jujuy. A partir de las 11:30 diversos oradores se dirigieron a la multitud. Hablaron tres diputados nacionales. Gacigalupo, del Ari, denunció la trampa electoral pero no explicó por qué el Ari se ha metido con todo en ella. Significativamente, la movilización del 20 de septiembre de Jujuy formaba parte de una lucha para que se vayan todos y por la caducidad de los mandatos. El "Barba" Gutiérrez, del Polo Social, realizó un discurso similar, agregando que el domingo 6 se iniciaba el proceso de liberación de América Latina con el triunfo de Lula en Brasil. Por su lado, Gómez tuvo que enfrentar los chiflidos iniciales explicando que no era del PJ de Duhalde o de Menem sino de los que lucharon en la década del ’70, pero sin explicar por qué seguía en el partido de los Menem y los Duhalde. Se sucedieron numerosos oradores: Alderete, D’Elía, dirigentes locales, y cerraron el acto Fernando Acosta de Ate Jujuy y el Perro Santillán.

Los oradores denunciaron la política de provocación que ha montado el gobierno contra las organizaciones en lucha. Desde la tribuna se anunció que se estaban realizando 15 actos similares en pueblos del interior de Jujuy y se llamó a un piquetazo para el miércoles 10 y al paro nacional para el viernes 11. En el acto se anunció la presencia de un dirigente del comité nacional del PO, pero no se le dio la palabra. A las 14 horas se llamó a desconcentrar.

La lucha contra la represión y el levantamiento de los 20 pedidos de captura, se ensambla con la defensa de las más elementales libertades democráticas amenazadas por un conjunto de disposiciones impuestas desde la Justicia y el gobierno de la provincia, por las cuales se obliga a la policía a usar todos los medios para impedir los cortes, manifestaciones y cualquier protesta donde se evalúe que puede haber un tercero perjudicado. Los incidentes ocurridos el 20 de septiembre fueron una provocación armada por el propio gobierno y la policía, como lo testimonian los mismos comerciantes, quienes han declarado que las roturas de vidrieras fueron producidas por el accionar de la policía y no por los manifestantes. Por todo esto la lucha de los trabajadores en Jujuy es parte de la lucha planteada en todo el país para lograr la libertad de todos los presos, entre ellos de Raúl Castells; por el desprocesamiento de todos los luchadores, por el desmantelamiento de los aparatos represivos nacionales y provinciales; en definitiva, lo que está planteada es la lucha por acabar con este régimen político que no puede sobrevivir si no es en base a la provocación y el reforzamiento de la represión contra el movimiento popular.

El 4 de octubre los trabajadores de la línea de transporte Libertador San Martín (Merlo) ocuparon la empresa en defensa de sus puestos de trabajo. La patronal, vía "procedimiento de crisis", preparaba el vaciamiento y los despidos para entregarla, con sólo una parte del personal, a la línea 216, un pulpo del transporte. La operación tenía el visto bueno del gobierno de la provincia, que días antes y a través de la Secretaría de Transporte había entregado ramales del recorrido de la Libertador a la 216, una decisión claramente ilegal.

La ocupación de la Libertador tuvo el respaldo de los trabajadores de TDO y de una numerosa delegación del Polo Obrero (Zona Oeste) que, luego de manifestar ante la Intendencia como parte del plan de lucha de la Asamblea Piquetera Nacional, acordonaron la empresa en defensa de los trabajadores en lucha.

La Bonaerense, la "Justicia" y la Intendencia actuaron como un solo hombre. La empresa fue desalojada a balazo limpio, los compañeros fueron golpeados a mansalva no sólo en el lugar de la represión sino también dentro de la comisaría 1ª de Merlo, adonde fueron llevados casi una decena de detenidos.

Marcha y vigilia

Choferes, miembros del Polo y, a esta altura, compañeros de asambleas populares rehicieron rápidamente sus fuerzas. Los trabajadores de TDO y la Libertador organizaron el paro inmediato por la libertad de los detenidos y luego de una conferencia de prensa, pasadas las 22 horas, una gruesa columna de más de setecientos compañeros atravesó el centro de Merlo para estacionarse frente a la Comisaría 1ª. Allí, luego de una larga vigilia fueron liberados los choferes y un compañero del Polo, pero los detenidos restantes fueron trasladados a los tribunales de Morón con la amenaza de una causa trucha por "lesiones graves", no excarcelable. La movilización se desplazó hacia allí, donde recién al amanecer del sábado fueron liberados los restantes de compañeros.

La dirección de la Uta estuvo ausente sin aviso en todas estas instancias.

Un acto realizado en la Plaza de Merlo, esa misma mañana, denunció la represión y llamó a una campaña contra la patota que dirige el distrito.

Que se vayan todos

Durante la última década la patota del intendente Otacehé apaleó a los remiseros, los vecinos, las asambleas populares, los choferes, los desocupados. La mafia enquistada en la Intendencia, protagonista de la política de mano dura de Ruckauf-Rico, convirtió a Merlo en "zona liberada" de la Bonaerense y los capitalistas.

El Estado mafioso protege los negocios de la Bonaerense y "a cambio" é sta se hace cargo de la "función social" de reprimir a quien se atreva a reclamar. En pocas semanas, un pibe de Samoré fue asesinado en un tiroteo entre mafias que actuaban bajo protección, una directora que organizó un corte de ruta reclamando el aprovisionamiento de su escuela fue amenazada y enjuiciada, y la ocupación de la Libertador fue literalmente arrasada.

Para acabar con "esto", hay que acabar con el centro de la conspiración contra el pueblo. Cada minuto de supervivencia de este gobierno y este régimen es incompatible con la vida misma. Se tienen que ir, y comenzar por Merlo sería emblemático.

"Que se vayan todos" significa autoconvocarse por "Fuera Otacehé y la patota", la disolución del Concejo Deliberante, el desmantelamiento de los aparatos represivos, el control de los recursos de la comuna, pan y trabajo. Significaría golpear, a la vez, la reorganización capitalista del transporte a la que está asociada la propia Intendencia, que coloca bajo la dirección de los grandes pulpos los ramales más lucrativos del transporte, abandonando los recorridos en los barrios y despidiendo choferes en forma masiva (un ataque que tiene a TDO en su mira).

Asamblea Constituyente soberana. Frente de las organizaciones piqueteras, obreras, asambleas populares y sindicatos recuperados para dar paso a una movilización popular en función de estos objetivos.

Hace algunas semanas, los artistas contratados por la Secretaría de Cultura de la Nación nos encontramos con la novedad de que, para poder firmar contratos de actuación o cobrar los ya realizados en el 2002, los artistas y todos los trabajadores contratados por la Nación debíamos sacar un certificado de antecedentes penales, "con costas a cargo de los artistas", montos que oscilan entre los 30 y 100 pesos (decreto 601/02).

Por otra parte, esta Secretaría mantiene deudas con los contratados que datan de los años 2000, 2001 y 2002; asimismo, mantuvo deudas con los músicos de la Orquesta Nacional Filiberto por un lapso de 6 seis meses.

¿Este es el plan cultural "nacional y popular" que Stella anunció con bombos y platillos a principios de año? ¿Dónde están los 125 millones del presupuesto 2002?...

Desde LuchArte entendemos que ésta no es la excepción de la regla; detrás de la "demagogia nacionalista" se encubre un ataque en regla contra las posibilidades de trabajo rentado para todos los trabajadores de la cultura.

El decreto 601 apunta a limitar las posibilidades laborales de los artistas que luchen o hayan luchado alguna vez contra este régimen de explotación capitalista (en sus variantes democratizantes o dictatoriales). Muchos compañeros que han estado presos bajo la última dictadura, hoy se verían imposibilitados de actuar contratados por el Estado; Osvaldo Pugliese, hoy estaría proscripto.

El 601, además, obliga a "pagar para poder cobrar".

Por otra parte, los "atrasos en los pagos" obedecen a una "política conciente" de confiscación de los haberes de los trabajadores. Las "demoras" en muchos casos se arrastran desde hace más de 2 dos años.

Desde LuchArte, proponemos organizar un plan de lucha, junto a todos los trabajadores de la cultura y sus organizaciones, para derrotar esta iniciativa del gobierno e imponer nuestras propias reivindicaciones.

• Derogación inmediata del decreto 601/02 de Duhalde.

• Pago inmediato, indexado según aumento del costo de vida, de todos los contratos adeudados por la Secretaría de Cultura de la Nación.

• "Trabajo para todos" con un Plan Cultural en los barrios y municipios de todo el país, con programaciones y presupuestos bajo control de los artistas y trabajadores de la cultura y sus organizaciones de lucha.

El lector Hernán Kurfirst critica el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco. Afirma que "la lucha entre las fracciones burguesas en España (es), desde ambos lados, como una lucha reaccionaria, dado que representan a una clase reaccionaria en su conjunto".

El derecho de todos los pueblos (y de sus burguesías) a constituir su propio Estado nacional no pierde su vigor histórico con el agotamiento del capitalismo y de los Estados nacionales. Lenin y Trotsky defendieron el derecho a la autodeterminación del pueblo polaco, a pesar del carácter reaccionario de la burguesía polaca. Los kurdos tienen derecho a la autodeterminación a pesar de que las fracciones iraquíes de la burguesía kurda están colonizadas por el imperialismo norteamericano.

No se trata de "apoyar" a una fracción burguesa o a otra; la defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos - y, en particular, la defensa del derecho a la autodeterminación por parte del proletariado del país opresor - es la defensa de la libertad de desarrollo para las masas de la nación dada. Trotsky, aunque no sólo él, afirmó en varias ocasiones que la política leninista de defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos oprimidos por el zarismo fue la "llave" de la victoria de la Revolución de Octubre.

Todo signo igual entre naciones desiguales termina apoyando al bando burgués opresor. Kurfirst dice que "los vascos ya tienen una gran autonomía cultural y lingüística y sobre todo económica; en un Estado burgués no obtendrán más". En resumen, conténtense con lo que tienen... una afirmación que bien podría suscribir el franquista Aznar.

El lector Kurfirst olvida que España, como muchas otras "democracias" del continente, es una monarquía, la libertad nacional está ausente en cada parte de España y en España de conjunto.

La reivindicación de la "república" ha sido enterrada tanto por los socialistas como por los "comunistas" de la Izquierda Unida; es decir que antes que "socialistas" y "comunistas", son monárquicos.

¿Cómo podría el proletariado español luchar por su propia república si, al mismo tiempo, no reconoce el derecho de los vascos - si así lo desean - a establecer su propia república?

Hace aproximadamente un año (mayo de 2001) creamos el Ojo Obrero con el objetivo de registrar el proceso político que vive nuestro país; cooperando así desde nuestro lugar (la realización audiovisual) con materiales que sirvan para plantear una salida política propia de los trabajadores.

Del análisis de la actual situación, del debate político, y de la necesidad de pertenecer a una organización con independencia de la burguesía, es que decidimos incorporarnos a LuchArte (los piqueteros de la cultura) y al Polo Obrero.

Nuestra caracterización sobre la crisis terminal del capitalismo, el fracaso mundial del centroizquierda (que iba a confirmarse en nuestro país con el Argentinazo de diciembre pasado), y la proyección de una situación revolucionaria, no sólo se confirma día a día, sino que nos ha colocado en un lugar de excepción dentro de nuestra actividad.

Los materiales del Ojo Obrero no sólo han trascendido dentro del movimiento piquetero y los sectores en lucha. Se organizaron también charlas y proyecciones sobre la situación revolucionaria argentina en las ciudades más importantes del mundo ("Argentinazo" se proyectó en Nueva York, Londres, Madrid, Atenas, Berlín, y quién sabe dónde más). Hasta los medios burgueses dieron cuenta de nuestra existencia (Clarín, Página/12, Día D, Periodistas, Punto Doc). La trascendencia de los videos producidos también se extiende al ámbito judicial, ya que se utilizaron imágenes para llevar adelante el juicio sobre los asesinatos del 20 de diciembre y, a instancias de los abogados del Polo Obrero, del 26 de junio en Puente Pueyrredón.

Convocatoria

Consideramos que los materiales audiovisuales cumplen hoy una función muy importante en el desarrollo de la lucha de clases, como documentos formativos, superadores de la limitación que impone el sistema capitalista a las masas explotadas, que se refleja en el altísimo y creciente índice de analfabetismo.

Llamamos a los compañeros de todos los rincones del país que quieran sumarse a nuestro trabajo en cualquiera de las áreas que lo conforman (producción, proyección, distribución). No es excluyente no poseer una cámara, ya que la actividad del Ojo Obrero puede empezar a coordinarse a partir de la organización de proyecciones; instancia en la cual nuestros materiales desarrollan el máximo de su potencial: el debate.

La producción y distribución de estos materiales debe servir a colectivizar experiencias y difundir la lucha en todo el país. Logrando de este modo que la actividad no se vea reducida sólo a Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Esperamos que se contacten con nosotros para poder coordinar en un Ojo Obrero Nacional que tome en sus manos la promoción del Polo Obrero y del Bloque Piquetero Nacional como referencia política para las masas; y convertirnos de este modo en los realizadores de la propaganda de la revolución socialista en Argentina y en el mundo.

Gracias, compañeros del Polo Obrero, por haberme regalado una de las movilizaciones más importantes que hayamos realizado en nuestra historia de movimiento de trabajadores.

Gracias por la masividad, por la solidaridad en las ollas populares de los diferentes barrios, por el aguante en la lucha de todos los compañeros, ya que no vi a uno solo retirarse del piquete frente al Ministerio, por la organización del mismo y por la buena onda entre todos los presentes y por sobre todo por la demostración de afecto y solidaridad para con el compañero agredido, Martín, de Paso del Rey.

Desde mi pequeño espacio de compañero militante del Polo Obrero sólo me resta decir que hemos escrito una página gloriosa en la historia de nuestra organización y avisarle a este sistema hambreador que vamos a ir por más ya que nuestra lucha va a terminar sólo con su caída.

Los compañeros de Apel, Agrupación de Psicólogos en Lucha, hemos participado en la Asamblea Nacional de Trabajadores ocupados y desocupados del 28 y 29 de septiembre pasado.

Allí sumamos nuestra denuncia de la precarización en la que se encuentra el trabajo de los psicólogos justamente en un momento de quiebre preocupante de la salud mental de la población, resultado de la crisis social y económica en la que nos han sumergido. Tanto en el sistema hospitalario como en el educativo, en cooperativas y obras sociales, nuestros profesionales encabezan el ranking de los trabajadores "ad-honorem" o subocupados, sin posibilidad de dedicación ni formación e incluso, en muchos de los casos, sin tener asegurada la mínima subsistencia.

Por supuesto que nuestra situación laboral está enmarcada en el cuadro de destrucción sistemática de la salud y la educación. Sin educación pública, sin hospital público, el deterioro social de la población se potencia.

Todos los días nos enfrentamos con noticias de accidentes sociales, suicidios incluso de adolescentes, casos de anomia y de desamparo social, que constituyen sólo una muestra de los efectos devastadores de este régimen y nos alertan respecto de la terrible perspectiva que enfrentamos si no terminamos con este estado de cosas.

Ciertamente se evidencia la descomposición del régimen imperante.

El pueblo, en su mayoría, manifiesta su descontento y el deseo de un cambio total en la conducción del gobierno.

Ciertas capas de la población son concientes de que el cambio debe ser to tal, o sea, no solamente el cambio de personeros, sino el cambio del régimen actual. En esa posición se destacan los piqueteros, los desocupados encabezados por el Partido Obrero, quienes interpretan con justeza el camino a seguir, planteando como primer paso la constitución de la Asamblea Constituyente y soberana a ser formada por obreros, las asambleas populares, sindicatos y ciertos partidos de izquierda, que propugnan este método. Para el logro de lo expuesto y la posterior creación del Estado socialista, se impone la participación masiva de los obreros ocupados que representan el grueso de la comunidad y que son aproximadamente diez millones de personas, y que sumados a sus familiares representan la mayoría del pueblo.

Hoy, dadas las condiciones miserables en que se encuentran dichos obreros, se impone ganarlos a la lucha, lo que significa proponer inmediatamente mejoras en los magros salarios que actualmente reciben y que los mantienen en la total indigencia para lo que se requiere, que por nuestros medios llamemos a la lucha, dándole prioridad absoluta en los encabezamientos de nuestro periódico, volantes, pintadas o cualquier medio posible e incluso aconsejando a los piqueteros y desocupados llegarse a los establecimientos que ocupan asalariados, para que se sumen a la Huelga General y si es posible por tiempo indeterminado, pues por ese medio se logrará el cambio propuesto y la Asamblea Constituyente y soberana, y así erradicar a los gobiernos que nos mantienen en la miseria.

De lograr esta propuesta, seguramente la victoria será nuestra y no le servirá al gobierno proponer elecciones evidentemente truchas que pretenden imponer una vez más la misma forma de gobierno.