Prensa Obrera N° 770

Mientras afirma que "no les vamos a dar lo que piden", el gobierno está preparando un tarifazo de orden mayor. A la permanente suba del precio de los combustibles (80%), se agrega ahora la resolución del Ministerio de Economía que suspende "las sanciones que les corresponde a las empresas concesionarias cada vez que dejan de cumplir con los niveles de calidad exigidos para la prestación de los servicios" (Clarín, 25/8). Esto significa que "además de sufrir la caída del poder adquisitivo por el doble impacto de la devaluación y de los aumentos de precios, ahora los usuarios deben afrontar una nueva complicación por el lado de los servicios esenciales" (ídem). Así, por ejemplo, las distribuidoras de luz disponían "de un plazo de 4 horas para reconectar los servicios que se interrumpan por errores atribuidos a las empresas; ahora ese plazo se puede extender a más de un día". En el transporte colectivo o de subtes, las empresas recortaron las frecuencias, con la venia oficial. Además, las privatizadas pidieron aumentos de tarifas que van del 24 al 173%, a pesar de que Economía reconoce que las empresas tienen equilibrio operativo, es decir que sus gastos en sueldos, insumos, amortización de inversiones, impuestos y una ganancia son cubiertos con sus ingresos. Sin embargo, el secretario de Energía, Alberto Devoto, declaró que "sólo planteamos alguna recomposición (de tarifas) que asegure la sustentabilidad del servicio" (Cash, 25/8)... que ellos mismos están autorizando a deteriorar. El objetivo elemental es que el deterioro de los servicios sirva para justificar el aumento de las tarifas. Si tienen equilibrio operativo, ¿por qué piden aumentos y el gobierno admite una recomposición de tarifas? El titular del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), Andrés Repar, lo dijo sin pelos en la lengua: "La sustentabilidad de un servicio no se da sólo por los costos operativos sino también por la posibilidad de hacer inversiones, aunque sean mínimas, y la de repagar, aunque sea en un proporción mínima, la deuda" (Cash, 18/8). Por ejemplo, Aguas Argentinas pidió un aumento del 42% "para compensar el desfasaje entre los ingresos y egresos y cubrir costos, mantenimiento e intereses de la deuda de la empresa" (Clarín, ídem). Pero el grueso, de la deuda de las privatizadas, si no toda, es ficticio por partida doble, porque se trata de autopréstamos y porque además ya fueron cancelados. En primer lugar, en lugar de hacer aportes de capital, las privatizadas ingresaron esos aportes como préstamos de sus casas matrices y luego, en lugar de usar los grandes beneficios que obtuvieron entre 1990 y 2000 para cancelar esas auto-deudas, las empresas giraron esos beneficios a sus casas matrices en forma de utilidades, dejando contablemente la deuda en cabeza de las empresas. Así, ahora cargan los intereses y la amortización de la deuda en los costos operativos y pretenden que sean repasados a los usuarios. De esta forma, la deuda privada termina siendo cancelada por los usuarios. Para hacer pasar todo esto, se ha lanzado la especie de la "tarifa social", es decir fijar una tarifa que excluya a los sectores de bajos recursos de cualquier aumento tarifario. Pero con niveles de pobreza del 60%, la tarifa social es un engaño, ya que se van a colocar consumos mínimos que van a llevar a que el grueso de la población termine pagando los aumentos.

El martes 20, directivos de la empresa Parmalat se presentaron en la planta de Chascomús, con la intención de retirar todas las máquinas que ponen en marcha el proceso productivo de la fábrica. Lo que buscaba la empresa era trasladar toda la maquinaria a la planta de Pilar, y concentrar allí la producción, provocando, por un lado, que la planta de Chascomús quedara totalmente vacía, y por el otro, dejar en la calle a sus 280 trabajadores. Esta acción salvaje de la patronal fue respondida por los trabajadores con la inmediata ocupación de toda la planta para impedir el vaciamiento. A partir de ese momento, comenzó una negociación entre nuestro sindicato, Atilra, y la empresa, con la intervención de los pobladores de la zona y el gobierno municipal. Al mismo tiempo, por medio del sindicato se entabló una jornada de lucha por la reincorporación de los 280 despedidos, que comenzó el lunes 26, a partir de las 4 de la mañana, cuando se realizó un piquete frente a la planta que está ubicada en el complejo industrial de Pilar, reclamando la reincorporación. Estuvimos allí hasta las 11 de la mañana, cuando marchamos a la planta ubicada en Carapachay, donde hicimos otro piquete. Allí, recibimos la solidaridad de Asambleas Populares de la localidad y de una numerosa delegación del Polo Obrero, que nos hicieron el aguante hasta las 7 de la tarde, momento en que se recibió la noticia de que se había llegado a una conciliación obligatoria entre el sindicato y la empresa, volviendo a tratar el conflicto en una audiencia dentro de 15 días.

El jueves pasado se realizó en el barrio Piletones la inauguración del local del Polo Obrero, que contó con la presencia de más de 50 compañeros, entre los cuales se encontraban los de la Carpa, los del Comedor, y la mayoría eran compañeros nuevos con otras experiencias políticas, que frente a esta situación política fueron a escuchar la palabra de los piqueteros del barrio. La charla contó con la intervención del compañero Villamil y después se abrió la lista de oradores, en donde todos los presentes pudieron realizar sus intervenciones planteando sus dudas y opiniones. Una compañera intervino diciendo que el problema fundamental era la falta de documentos para los inmigrantes, y que incluso esto se planteaba como una dificultad para las movilizaciones; en ese momento, los compañeros de la Carpa comentaron sus avances en el tema de la documentación por medio del reclamo de conjunto y del piquete para conseguir nuestras reivindicaciones. Lo que se dejó en claro por parte del orador fue que nuestra organización daba no sólo una lucha reivindicativa para conseguir el plan Trabajar, sino también política, contra el régimen responsable del hambre y la miseria; y se hizo también hincapié en que la crisis política y económica ponía sobre la mesa el problema del poder; por esto se realizó la explicación de lo que significaba para nosotros la Constituyente con poder. La situación en Piletones es cada día peor, con la mayoría de la población desocupada, con otra gran parte indocumentada; también es alta la mortalidad infantil y la proliferación de enfermedades curables, como tuberculosis, neumonía o la más terrible de todas, la leptospirosis, producto del contacto con las ratas. Esto no se aguanta más, los vecinos, día a día, retroceden en sus condiciones de vida y, sumado a esta situación, el hospital de la zona, el Piñero, no llega a cubrir las necesidades básicas de los enfermos, como medicamentos o sábanas. Por esta situación es que los vecinos vienen a escuchar atentamente a los que en todo momento luchan contra esto; es por esto que vienen y preguntan por el PO, "qué nos propone" y nosotros les contestamos: organizarnos para acabar con el hambre. 1) Marcha a Acción Social por los medicamentos necesarios para nuestras familias. 2) Por la utilización de los planes en la construcción de una salita en Piletones. 3) Basta de hambre, por la incorporación inmediata de todos los vecinos a los comedores existentes y el inmediato aumento de ración, según las necesidades de cada familia. 4) Fuera Duhalde y el FMI. Por una Constituyente con poder.

El jueves 22 de agosto un grupo de compañeros del Polo Obrero estábamos en la cola de cobro del Banco Nación, junto a más de 150 beneficiarios, cuando las autoridades del banco comunicaron la suspensión del pago, explicando que no había dinero. Organizamos una asamblea y se decidió: 1) conminar a la gerencia del banco a pagar en forma inmediata (15 minutos fue el tiempo otorgado); 2) cortar la arteria principal de Tigre, la Avenida Cazón; 3) ocupar el banco si no cumplían con la exigencia del punto 1. Luego de unos minutos de negociación, donde la gerencia del banco manifestó desconocer la situación y no saber cómo solucionar el problema, ante la firmeza del conjunto de los compañeros se abrió la puerta del banco y comunicaron que no sólo cobraban todos sino que también pagarían hasta el número 7 inclusive (vale aclarar que en principio sólo cobraban los que tenían número de documento terminado en 0 y 1). Ante la negativa del banco a confirmar si al día siguiente les pagarían a los números 8 y 9, los compañeros confirmaron regresar ese día para garantizar el pago. Como corolario de la actividad señalamos que en el momento del cobro dos empleados nos pidieron Prensa Obrera para conocer nuestras posiciones políticas. Alejandro Oyola - Claudia González Viviana González - Martín Molinari

Los trabajadores de Panificación 5 están realizando un extraordinario esfuerzo para mantener en pie la gestión obrera, que han impuesto con su lucha desde el abandono de la empresa por parte de la patronal. Pero la batalla de la Cooperativa El Aguante es en condiciones absolutamente desiguales: carece de crédito; debe mantener sus cuentas al día con escasísimos ingresos; en los grandes pulpos comercializadores, como Plaza Vea o Coto, los productos que producen los compañeros se venden a menos de la mitad del precio de lo que pueden hacerlo los trabajadores de Panificación 5. Pero la planta se encuentra en uno de los distritos más ricos del conurbano bonaerense, que debe solventar el capital de trabajo para que Panificación 5 reinicie su producción a pleno, previa expropiación de los inmuebles, maquinarias, herramientas, marcas y demás activos que deberán ser donados a la Cooperativa El Aguante, sin indemnización de parte del Estado ni a la patronal ni a los acreedores de la empresa. Además, el municipio debe otorgarle a Panificación 5 el papel de principal proveedor para abastecer a los hospitales, salitas, maternidades, escuelas y las cientos de dependencias que existen en la comuna de Vicente López, y para abastecer la alimentación de la población desocupada y de los comedores populares que los vecinos han puesto en pie en el distrito. El Partido Obrero propone a los trabajadores de Panificación 5, a las asambleas populares que han hecho "el aguante" con su lucha a la ocupación de los compañeros, a los trabajadores que se han movilizado junto a Panificación 5, iniciar una lucha hasta imponer al Concejo Deliberante la sanción de una ordenanza que dé respuesta inmediata a la situación de Panificación 5.

Hace 2 años y medio los vecinos de la Villa 1-11-14, con una firme lucha que incluyó cortes de calles, movilizaciones y huelgas de hambre, lograron que el Gobierno de la Ciudad reconociera su cuerpo de delegados formado para buscar soluciones a los problemas habitacionales más urgentes de la Villa (luz, cloacas, materiales para las casas más precarias, etc.), y principalmente para intervenir en el proceso de urbanización garantizando que todos los vecinos fueran contemplados en el mismo. En todo este tiempo sólo se construyeron unos 700 departamentos para las más de 6.000 familias de la Villa, de los cuales se entregaron aproximadamente la mitad. Los otros son retenidos con diferentes argumentos, siendo el principal que las empresas contratistas, por estar en "casi quiebra" (según la definición de un funcionario de la CMV), no pueden reponer los calefones, inodoros, puertas y ventanas, entre otros elementos, que fueron robados de los edificios, pese a la custodia policial que paga la misma CMV. Las obras que tendrían que haber empezado para la construcción de nuevos departamentos están paradas; para la mayoría de los departamentos sin adjudicación, aún no se ha abierto la inscripción; otro tanto todavía no fueron sorteados; a varios adjudicatarios no les entregaron las escrituras, con lo cual no pueden mudarse a sus departamentos. En las escrituras no hay ninguna cláusula que contemple la situación de los desocupados, y existe la posibilidad de que la deuda pase a algún banco, con lo cual se abre la puerta a las ejecuciones y desalojos de las viviendas. El gobierno, que para avanzar en las obras y en la entrega de los departamentos se toma su tiempo, está apurado en "liberar manzanas" (demoler casas), pese a no garantizar que todas las familias de esas manzanas tendrán una vivienda. Plantean que los departamentos que están para sortear son de 2 y 3 ambientes, y que las familias afectadas por "la liberación de las manzanas" compuestas por 2 personas no pueden acceder a ellos; sin embargo, consienten que familias de 6 personas habiten 2 ambientes; de forma tal que la política social de viviendas que debería elevar el nivel de vida de los trabajadores de la Villa, promueve su hacinamiento. En este marco, los delegados promovieron reuniones con todos los legisladores de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. En la reunión con Altamira quedó claro que para garantizar que los departamentos sean entregados a los vecinos de la Villa y se avance en las obras no se puede confiar en la "mesa participativa" donde mes a mes, durante 2 años y medio los funcionarios tomaron compromisos que luego no cumplieron, y que es necesario poner en pie en forma urgente un plan de lucha que incluya a todos los vecinos. La situación de la vivienda en la villa 1-11-14 es una muestra más de la bancarrota de este gobierno, d e su incapacidad para satisfacer una de las necesidades más básicas de los trabajadores: tener una vivienda propia. El Partido Obrero plantea: • Que no se "libere" ninguna manzana hasta que cada vecino que la integra tenga una vivienda. • Entrega inmediata de los departamentos. • Que comiencen ya las obras de los nuevos departamentos, con mano de obra de la Villa y con un salario mínimo de 600 pesos por 8 horas de trabajo. • Que las cuotas no superen el 15% del ingreso familiar y que se suspenda su cobro en caso de desocupación. • Reconocimiento económico de lo construido y del terreno ocupado. • Expropiación de terrenos para continuar la construcción. • ¡Fuera Ibarra! • Por una Asamblea Popular Constituyente a través de la cual los trabajadores garanticemos nuestro trabajo, salud, educación y vivienda.

La movilización del 30 de agosto pasado, que reunió a más de 20 mil personas, tuvo como protagonista fundamental al pueblo que se encuentra organizado, sea en las organizaciones piqueteras, en las asambleas populares, en fábricas ocupadas y en partidos de izquierda. No se confirmó la expectativa, o quizás más bien el prejuicio, de que una convocatoria firmada por Carrió, Zamora y De Gennaro pudiera traer a la marcha al "hombre de la calle". Por ahora, al menos, lo que las encuestas le prodigan a algunos candidatos no se manifiesta en capacidad de movilización. Por otro lado, la inmensa mayoría de la concurrencia que marchó luego a Plaza de Mayo dejó en una completa soledad a ese mismo "espacio ciudadano" que quiso circunscribir la jornada a una concentración frente al Congreso. Todo esto pone al desnudo que la propuesta de enfrentar al plan político-electoral de Duhalde tiene, por un lado, una dirección política que no arrastra a las masas ni tiene numerosos seguidores y, por el otro, una masa de organizaciones luchadoras que aún debe conquistar la posición de dirección política de conjunto en la lucha contra el gobierno usurpador. El "espacio ciudadano", sin embargo, tampoco quiso contribuir al éxito de la concentración que él mismo había convocado. Esto se aprecia en que organizó, en especial por medio de la Ccc y parcialmente de la Cta, piquetes y marchas paralelas en distintos puntos de la ciudad y del conurbano. Este desvío en la movilización pone de relieve las vacilaciones del "espacio ciudadano" cuando se enfrenta a la perspectiva de que participen las organizaciones que no giran en su órbita. Es que en contraste con la reivindicación del centroizquierda de caducidad de los mandatos, las asambleas populares marcharon con las consignas de Asamblea Constituyente libre y soberana y por un nuevo Argentinazo. La quiebra del régimen político presente, de una parte, y una nueva rebelión popular, de la otra, son las dos perspectivas que más rechaza el "espacio ciudadano". Tenemos entonces que aquellos que más ensalzan el espíritu asambleario son los que más temen y recusan los planteos votados en las asambleas populares. Los piquetes de Lavalán y Parmalat El problema fundamental, con todo, es cómo ha quedado la lucha contra el adelantamiento electoral trucho luego de la marcha. La respuesta, naturalmente sujeta a verificaciones próximas, se encuentra más allá de la limitada jornada del 30: nos referimos, de un lado, al enorme significado que tienen las victorias que han obtenido los obreros, asambleas y organizaciones piqueteras en Lavalán y Parmalat en defensa de las fábricas ocupadas; del otro lado, a la acentuación de la crisis económica y política, como se refleja en los choques con el FMI y en la interna del peronismo. Estos dos polos de la situación política apuntan a un mayor debilitamiento del gobierno y a un reforzamiento de las tendencias a la rebelión popular. No es para nada casual que el peronismo y hasta figuras como Cavallo se estén alineando con Rodríguez Saá, que está a la cabeza de la demagogia desenfrenada y que aun hoy es "humillado" por la prensa "neoliberal" por haber declarado el "default" de la deuda externa. La lucha física masiva contra la policía en Lavalán y Parmalat confirma la existencia de una poderosa tendencia revolucionaria en las masas. Es que se trata de la manifestación práctica de una oposición radical al derecho de propiedad y al Estado, que ha dejado el terreno de las expresiones aisladas. Ocurre lo mismo en las manifestaciones a las comisarías contra la brutalidad policial; ya tuvo lugar en otras fábricas ocupadas y es la expresión por antonomasia de la lucha de las organizaciones piqueteras. Las luchas en Lavalán y Parmalat han confirmado dos cosas: el lugar estratégico que tiene la toma de fábricas y la gestión obrera; su tendencia a propagarse; la rapidez con que entran en choque con las "expropiaciones" burguesas (que las dilatan en el tiempo y prevén la indemnización del capitalista), y la relación íntima de estas ocupaciones de empresas con las luchas y organizaciones piqueteras y con las asambleas populares. Es decir que se integran a un movimiento histórico común. Mientras tanto, los dirigentes del "espacio ciudadano" siguen caracterizando la situación del país como "represiva", olvidando convenientemente los golpes infligidos por la movilización popular a la represión y la crisis que estos golpes han desatado en el gobierno y en la policía. La autorización de un tarifazo puede cristalizar en forma masiva todas estas tendencias de lucha, por eso las tarifas se han convertido en un nuevo centro de la crisis política. Agotamiento de la pesificación Por "arriba", la crisis no ha disminuido para nada. Nada menos que un 38% de la recaudación tributaria está compuesta de títulos públicos, muchos de los cuales se encuentran en "default". La inflación no ha servido entonces para superar el déficit fiscal, que hoy es descomunal una vez descontados los ingresos impositivos en bonos, sino para reducir a la nada las deudas y cargas fiscales de los capitalistas y para producir negociados nunca vistos de los especuladores de títulos públicos desvalorizados. La capacidad del Estado para hacer frente a la deuda externa, por lo tanto, se ha debilitado aún más. La crisis fiscal determina que las provincias se vean forzadas a incrementar la emisión de sus bonos, que cada día tienen menos valor. En estas condiciones, la economía vuelve a oscilar entre la quiebra de la cadena de pagos, debido a la escasez de moneda aceptable, y la inflación, si el gobierno intenta superar esa escasez con nuevas emisiones. Los límites que ha alcanzado la política de pesificación se manifiestan en las propuestas para redolarizar el sistema financiero, por ejemplo por parte de Cavallo, y en un inminente fallo de la Corte que decretaría la inconstitucionalidad de la pesificación. Algunos bancos pretenden adelantarse al fallo ofreciendo a los depositantes bonos propios en dólares con la garantía de su cartera de créditos, que también volvería a dólares. La redolarización financiera, que sería un extraordinario negociado para los capitalistas que ya cancelaron sus deudas bancarias con pesos desvalorizados, mandaría a la quiebra al conjunto de los deudores del sistema financiero y plantearía una renegociación de los plazos de vencimiento de las deudas entre banqueros e industriales. Lo que de ningún modo volverían a dólares serían los salarios, las jubilaciones y los planes Trabajar, consagrando de tal modo una fenomenal desvalorización de ingresos para los trabajadores de más del 50%. La des-pesificación nos llevaría de nuevo al programa anunciado por el efímero gobierno de Rodríguez Saá, que preveía la emisión de una moneda especial, el argentino, para pagar a obreros, desocupados y jubilados, que tendría una cotización flotante con el peso, mientras el peso seguiría a la cotización de uno a uno con el dólar hasta su completa sustitución por el argentino. Se redolarizarían los bonos en poder de las AFJP y la deuda externa en manos de la banca local. El escándalo supremo de este escándalo queda reservado para los monopolios de los servicios públicos, porque les serían reconocidos los contratos originales establecidos en dólares. En este caso, se abriría una negociación desde una posición de fuerza de las empresas. El conjunto de la situación y la huelga general La situación de conjunto se caracteriza, entonces, por un gobierno que pierde capacidad de arbitraje ante una situación que es cada vez más explosiva. No lo ayuda el "contexto" económico internacional, con Brasil con una deuda externa cada vez mayor y con la evidencia de que ni siquiera los 6 mil millones de dólares que ofreció el FMI para el resto del 2002 podrán ser usados antes de que se hayan utilizado las reservas del Banco Central. La crisis del peronismo, por otro lado, sigue agravándose como consecuencia de innumerables factores: la maniobra para poner fin al juicio político a la Corte; el derrumbe de algunos gobernadores como el tucumano Miranda; la crisis fiscal de las provincias; el no arranque de De la Sota; las divisiones en Buenos Aires a favor de Rodríguez Saá; las encuestas que siguen diciendo que el 50%, por lo menos, no quiere votar a nadie. La reacción de Duhalde a estos acontecimientos, proponiendo un registro para "los que se quieran ir", sólo demuestra que ha perdido hasta el sentido del ridículo. La gravísima situación de las masas; el derrumbe de la pesificación; las amenazas del tarifazo, de nuevos bonos provinciales y de una redolarización; la creciente descomposición policial; la disgregación del plan electoral, con la crisis de la interna peronista y la "suspensión de campaña" del centroizquierdismo; esto de un lado. Del otro lado, la multiplicación y radicalización de las luchas populares y el crecimiento de su organización y entrelazamiento mutuo. Todos estos factores plantean la perspectiva de una huelga general, no ya sobre la base de reclamos puramente económicos o por una iniciativa de los sindicatos oficiales, sino una huelga general de características políticas, por iniciativa de las nuevas organizaciones que luchan y con una metodología que se ha ido imponiendo de forma incuestionable: el piquete. Independientemente de las vacilaciones o maquinaciones de este o aquel "espacio ciudadano", el conjunto del movimiento de luchas tiene planteada la huelga general en nombre de la convocatoria de una Asamblea Constituyente que expulse al imperialismo, establezca la gestión obrera, reabra las fábricas, reparta las horas de trabajo y satisfaga las aspiraciones de las masas. Esta Constituyente debe ser convocada por un gobierno del pueblo en lucha. Con la consigna de huelga general presente en cada lucha y reunión populares, se irán preparando las condiciones de la huelga general. En función de esta perspectiva llamamos a un Congreso de organizaciones piqueteras, empresas ocupadas, asambleas populares, sindicatos combativos y centros de estudiantes. Es necesario desarrollar el "espacio" de la victoria, el espacio revolucionario de las masas explotadas.

En Moreno decidimos organizar el Día del Niño (piquetero). El domingo 11 de agosto se realizaron dos festivales, uno en el B° Sambrizzi y el otro en el B° Sanguinetti; en este último, los compañeros que asisten al comedor, limpiaron un terreno baldío, lo adornaron y armaron un escenario donde actuaron payasos y un mimo, que no eran otros que compañeros del Polo. En el B° Sambrizzi se cortó la calle, un camión hizo las veces de escenario y el animador no podía ser otro que un niño, quien antes que comenzara el festival, invitaba a todos los vecinos y cerrando su invitación con un coro de niños, a viva voz canciones que aprendieron cuando acompañaron a sus padres a los piquetes y marchas. A escasas cuatro cuadras, el PJ realizaba también festejos, pero el comentario que predominó en el barrio fue que el Polo, por su organización y por la cantidad de asistentes, superó ampliamente al PJ. Entre los dos festivales sumamos a más de 200 asistentes. Quedó bien en claro que el Polo Obrero está bien firme en los barrios y crece día a día. El contenido revolucionario de los compañeros no sólo se ve en los piquetes y en las marchas, a las que incansablemente han asistido, también se ve en lo cotidiano. Todo esto hace pensar que la revolución no está a la vuelta de la esquina, pero tampoco está lejos el final del camino.

La empresa Metrovías ha respondido a la sanción de la ley que establece la jornada de seis horas con una serie de provocaciones contra los trabajadores del subte y los usuarios. En el curso de la semana pasada, la empresa convocó a un conjunto de trabajadores para ofrecerles "retiros voluntarios", anticipándoles que "se venía un período muy duro en materia de disciplina laboral", donde "no se tendrían contemplaciones". La intimidación no tuvo resultados, ya que todos los compañeros rechazaron la oferta patronal. En segundo término, han continuado –a través de algunos supervisores– las amenazas a las trabajadoras del subte, advirtiéndoles que, de promulgarse la ley, serían despedidas con causa, ya que "la legislación no admite que la mujer realice tareas insalubres". Las compañeras respondieron con una gran asamblea, donde se conformó una comisión de mujeres dirigida a rechazar, línea por línea, los intentos intimidatorios. Finalmente, la empresa la emprendió también contra los usuarios: amparada en el reciente decreto 308 –que permite a las privatizadas "flexibilizar" sus servicios–, Metrovías ha comenzado a ralear las frecuencias. Esto, aún cuando distintos organismos –desde los entes reguladores hasta Defensa del Consumidor– ya venían colmados de denuncias por este tipo de anomalías en el subte. La patronal fracasó en su intentó de impedir, en la Legislatura, la sanción de las "seis horas". Es evidente que ahora pretende "cobrarse" la conquista obrera por distintas vías. Primero, creando un régimen de intimidación y terror al interior del subte, para preparar las condiciones de una "flexibilización laboral" (rotación de puestos, cambios en el régimen laboral). Luego, se ha largado a un "tarifazo" encubierto, envileciendo el servicio. Sin embargo, la ley aprobada impide a la concesionaria alterar "las condiciones de trabajo y calidad del servicio". Mientras tanto, el lobby patronal se ha trasladado desde la calle Perú hasta la Avenida de Mayo, donde reside la Jefatura de Gobierno: pretenden arrancarle el veto a la ley de subtes antes del 11 de setiembre, cuando quedará promulgada en forma automática. El Cuerpo de Delegados de Metrovías reclamó una reunión con el Ejecutivo porteño, para exigir la inmediata promulgación de la ley. La audiencia, originalmente concertada para el viernes, fue "levantada sin fecha". Si se tiene en cuenta que en la sesión legislativa que sancionó las seis horas sólo votaron contra la ley la Ucedé y dos diputados afines a Ibarra, es evidente que el "veto de Roggio" es una posibilidad cierta. El pasado viernes 30, el Cuerpo de Delegados de Metrovías consideró todo este cuadro de situación, y adoptó una resolución de lucha: movilización masiva a Jefatura de Gobierno para el próximo 6 de setiembre, contra el veto, contra los aprietes patronales, por la inmediata puesta en vigencia de las seis horas. La patronal no se ha dado por vencida. Pero los trabajadores están dispuestos a echar mano de todos sus recursos para llevar esta lucha a la victoria.

La Escuela de Ciencias de la Información –dependencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales– está atravesando un proceso de elección de dirección muy particular. Ocurre que el Consejo Consultivo se ha empantanado en sucesivos empates entre dos candidatos; se ha abierto una crisis política e "institucional" sin precedentes y se está dando una batalla por la elección directa (ver La Caldera Nº 3). Uno de esos candidatos pertenece a la lista del actual director, Ulises Oliva, un profesor que se reivindica militante del Mst y que el año pasado hizo campaña a favor de la agrupación La Marea (Mst-Izquierda Unida) para Centro de Estudiantes. Apenas accedió al cargo, Oliva comenzó a implementar la "educación a distancia", uno de los proyectos del Banco Mundial, transando con distintos municipios de la provincia, con lo cual existen ahora "carreras cortas" pagas (en algunos casos cuestan 150 pesos) y títulos-basura. De la mano de esto vino la construcción de aulas con fondos provenientes del Fomec (Banco Mundial), atando a la Escuela al pago de su propia "deuda externa". Como broche de oro, y entre otras cosas por el estilo, este año les cobró compulsivamente 20 pesos a los ingresantes; se ganó el odio de éstos y el de toda la Escuela cuando declaró que no estaba "obligado legalmente" a devolver ese dinero. "Apoyamos a esta lista por su propuesta política", dice ahora el Mst-La Marea, y se suma a todas las maniobras de esta camarilla privatizadora para perpetuarse en el poder. El mandato de Ulises Oliva vencía el pasado 25, pero logró pactar con el decano de la Facultad de Derecho, Yanzi Ferreyra –un privatizador declarado–, para extender su mandato hasta fines de octubre. Luego de esto, toda la "línea ulisista" junto a La Marea se ausentan de las sesiones de Consejo, dejándolas sin quórum para tratar el tema de la elección directa. La UJS ha llevado adelante una intensa campaña por la elección directa, un hombre = un voto, que permita luchar por una dirección que imponga todos nuestros reclamos: echar a los privatizadores, pelear por el aumento de presupuesto y la educación estatal y gratuita, en la perspectiva de refundar la universidad y el país sobre nuevas bases. El Mst-La Marea, en cambio, está con el programa de los privatizadores, del "que se queden todos". Sencillamente nefasto...

El proceso político argentino se encuentra nuevamente en un punto de viraje. Esto se manifiesta en diversos aspectos, pero principalmente en la crisis del proyecto electoral lanzado por el gobierno en junio pasado; en el agravamiento de la crisis económica y en una nueva ruptura de las negociaciones con el FMI; en la extensión de la crisis financiera a Uruguay, Paraguay y Brasil; y, por sobre todo, en el sostenido crecimiento de las luchas populares bajo sus diversas formas: aumento de las ocupaciones de empresas, inicio de luchas estudiantiles y, por supuesto, un sostenido desarrollo de las organizaciones piqueteras y de las asambleas populares. Un adelantamiento en crisis La crisis del proyecto electoral es absolutamente relevante, porque ese proyecto apuntó a desviar la movilización de masas, de un lado, y a contener la desintegración del peronismo, del otro. Establecía dos etapas: elecciones primarias en los partidos a fines de noviembre y la elección de un nuevo Presidente a finales de marzo, para asumir el gobierno en mayo del 2003. La artificialidad del planteo se veía ya en su inconstitucionalidad, toda vez que tanto la Constitución como las leyes desautorizan la posibilidad de adelantar las elecciones y el cambio de gobierno. Las primarias tenían por único objeto unificar al peronismo, que en la actualidad tiene siete candidatos, con intenciones de voto que en su inmensa mayoría no superan el 5 por ciento. Dado el completo derrumbe de la Unión Cívica Radical y la inconsistencia del centroizquierda y de la derecha, la unificación electoral del peronismo es considerada por la burguesía como la única salida viable a la crisis política. En los últimos días, sin embargo, la anulación de las primarias se considera un hecho consumado, lo cual llevaría al peronismo a concurrir a las elecciones en un enorme estado de dispersión. No hace falta decir que si este cuadro no se modifica, las elecciones no tendrán lugar, porque ni el peronismo ni el imperialismo aceptarían otro gobierno que no salga del partido oficial. Es precisamente cuando se ponía al desnudo esta crisis del proceso electoral que los partidos y la burocracia sindical de centroizquierda y el ex trotskista Zamora se unen para "suspender" sus campañas electorales, exigiendo la renovación de todos los cargos electivos. También Izquierda Unida suspende su campaña electoral, que se desarrollaba con la consigna: "por un candidato único de la izquierda". El centroizquierda y la izquierda democratizante se han visto obligados a improvisar: el primero pide una elección general y la caducidad anticipada de los mandatos legislativos. Como este planteo exige una reforma previa de la Constitución, este bloque lanza la consigna de una Asamblea Constituyente. Es muy claro que el centroizquierda pone en paréntesis la campaña electoral por la simple razón de que ésta ha perdido sustancia y que su planteo de elecciones para todos los cargos procura un rescate del régimen político a partir de la inviabilidad del peronismo, sin dejar por eso de ser una plataforma electoral para el caso de que las elecciones de marzo tengan lugar de cualquier manera. Izquierda Unida plantea una Constituyente con un temario reformista más amplio, pero que coexistiría con el régimen actual. Aun hoy, la diputada nacionalista Alicia Castro, que pertenece al "espacio" de Izquierda Unida, continúa con la campaña electoral. Crisis capitalista y lucha popular La base económica de la crisis política en curso es el fracaso del gobierno en revertir el derrumbe social y financiero o siquiera atenuarlo. La desocupación real ha alcanzado un índice absolutamente excepcional del 55 por ciento; las quiebras de empresas son las más altas de toda la historia; el salario real ha retrocedido en siete meses un 25%; no existe en absoluto el crédito bajo ninguna forma; a pesar de una devaluación monstruosa del peso las exportaciones se encuentran estancadas. Lo que es peor, las principales medidas de saneamiento capitalista aún no han sido tomadas; por ejemplo, el aumento de las tarifas de los servicios de luz, teléfono, agua y gas; o la renegociación de la deuda externa, que está paralizada. Precisamente debido a esto, no avanzan las negociaciones con el FMI. Es que los grandes capitales no quieren que el gobierno obtenga préstamos de estabilización porque pretenden aprovechar la crisis económica para desvalorizar sus deudas locales a expensas de las finanzas públicas. Un factor poderoso de la presente crisis, aunque todavía no el decisivo (éste sigue siendo el derrumbe capitalista y la extraordinaria división de la burguesía), ha sido la lucha de las masas, en particular del movimiento piquetero. Es necesario recordar que la masacre de hace sólo dos meses contra los piqueteros (26 de junio) tuvo el objetivo premeditado de establecer un régimen fuerte que pudiera arbitrar la crisis económica y política. El gobierno no tenía previsto en ese momento una convocatoria electoral. Pero cuando el movimiento piquetero reaccionó a la masacre con una movilización que arrastró a los sindicatos y a las asambleas populares, la que se extendió desde el 27 de junio hasta el 9 de julio, el gobierno no tuvo más remedio que recular: encarceló a los policías responsables de los asesinatos y llamó a las elecciones, porque era la única forma de impedir su caída. A partir de este momento se sucedieron varias victorias populares: la extensión del subsidio a los desocupados hasta dos millones de personas; la expropiación de varias empresas ocupadas; diversos aumentos salariales; e incluso la reducción de la jornada laboral en los subterráneos sin modificación de los salarios; pero además se frenaron ataques importantes, como los desalojos de viviendas ocupadas. Otro adelantamiento o caída de Duhalde En el momento actual, se cae ese plan político-electoral que hace solamente 60 días se había sacado a relucir para impedir la caída del gobierno. Claramente, estamos ante la inminencia de un nuevo viraje. Las alternativas son: un adelantamiento aun mayor de las elecciones, por ejemplo para diciembre, o la caída de Duhalde (varios gobernadores de provincias e intendentes municipales ya han caído y otros van a caer en las próximas semanas). La cuestión que crece en estos días es quién se haría cargo del gobierno. La impresión de que el gobierno está decapitado se ha acentuado como consecuencia de una impresionante ola de delitos y de secuestros que tiene por principal protagonista a la propia policía. La descomunal descomposición del Estado se acompaña de la evidencia de que habría una conspiración política detrás de la ola delictiva para desarrollar un proceso de militarización. De los principales partidos del país (y también de los que no lo son en absoluto), el Partido Obrero fue el único que atacó la convocatoria electoral desde el comienzo, llamó a destruirla y planteó la necesidad de completar el trabajo de la rebelión del 19 y 20 de diciembre pasado, echando al gobierno para convocar a una Asamblea Constituyente por parte de las organizaciones en lucha. Desde el 1° de julio hasta el 3 de agosto, el Partido Obrero emprendió una campaña nacional con estas posiciones, que culminó con un acto de cinco mil personas, en un 80 por ciento militantes obreros y piqueteros. Es a partir de la primera semana de agosto que comienza el viraje del centroizquierda, Zamora e IU hacia una "suspensión" de la campaña electoral. De las diversas victorias políticas del Partido Obrero en los dos últimos años, esta última es posiblemente la más resonante, porque ha causado una fuerte impresión entre los trabajadores que han cotejado las diferentes posiciones en disputa. El movimiento piquetero revolucionario (Bloque Piquetero) ha ganado una enorme audiencia, autoridad y reclutamiento en los últimos meses, y también proyección política. Ha estado en el centro de la crisis con la masacre del 26 de junio y las luchas posteriores. Ha desplazado al sector colaboracionista (Ccc-Cta). Agrupa a las empresas ocupadas y a diversos sindicatos; su perfil de organización obrera se acentúa de día en día. En un reciente encuentro de empresas ocupadas, varios delegados plantearon la necesidad de que el Bloque Piquetero encabece una campaña por la huelga general. Tiene previsto ocupar las empresas que despidan o suspendan y también reabrir y ocupar las que ya hayan cerrado para ponerlas a producir bajo gestión obrera. No hay al menor sombra de duda del creciente número, organización y militancia del Polo Obrero, que está impulsado por el Partido Obrero. El Polo Obrero organiza a aproximadamente unos ocho mil miembros. Unas cien asambleas populares de la Capital y del Gran Buenos Aires trabajan ya organizadamente con el Bloque Piquetero; lo mismo ocurre en el interior del país. También en Córdoba, Rosario, Neuquén, Salta, Tucumán y Resistencia, el Polo Obrero es una organización de masas. Constituyente convocada por el pueblo Las características extremas que ha alcanzado la crisis política invalidan el plan del gobierno y es muy probable que éste deba adelantar aún más las elecciones; el objetivo es que el nuevo adelantamiento ayude a prevenir un levantamiento popular y actúe como factor integrador de la oposición política, tanto la que está en el peronismo como el centroizquierda; asimismo, podría servir para que el imperialismo y el FMI otorguen una suerte de tregua al gobierno y puedan intervenir en el proceso electoral. Un adelantamiento, naturalmente, también podría acelerar la crisis del peronismo y por lo tanto del proceso político en su conjunto. Por medio de un Presidente, que deberá salir de un ballotage, la burguesía pretenderá crear un árbitro que controle una "normalización" política ulterior. Si la burguesía se unificara en un nuevo adelantamiento electoral, sería difícil que las masas, que se encuentran en lucha, pudieran evitar pasar por esta experiencia. Para reforzar la salida electoral contra los embates de nuevas crisis, podría ocurrir que le añadan la convocatoria paralela de una Asamblea Constituyente con la vaga promesa de reformar el régimen político. Tal como lo previó el Partido Obrero desde un inicio, el planteo de echar al gobierno capitalista con la consigna de Asamblea Constituyente soberana, es combatido por la misma burguesía con el slogan de una Constituyente que colabore con el poder político. Este hecho marca el enorme progreso que ha tenido la situación política en un sentido revolucionario, porque el conjunto de las clases sociales tiene que discutir entre dos alternativas explícitas de poder: una Constituyente restringida y sometida, o una Constituyente soberana. Se confirma asimismo que la lucha por la conquista de las masas pasaría por las reivindicaciones de la democracia: la burguesía tratando de servirse de ellas para atar a las masas al cadáver descompuesto del Estado burgués; los socialistas para oponerlas a ese Estado, mostrar que el camino de la Constituyente soberana pasa por su destrucción, es decir, valernos de esta consigna para desarrollar la transición hacia la dictadura del proletariado. Un nuevo adelantamiento electoral o su aborto suponen la vigencia de la cuestión del poder. Más allá del peronismo dividido y del centroizquierda inconsistente, se desarrolla otro polo de poder en torno al Bloque Piquetero, las asambleas populares que luchan con el Bloque, las empresas ocupadas bajo gestión obrera, un número creciente de sindicatos en lucha y el movimiento estudiantil combativo. La Asamblea Constituyente soberana no puede salir de una iniciativa parlamentaria; depende por completo de un nuevo levantamiento popular que planteará qué gobierno convocará a la Constituyente. El PO impulsa, en estas condiciones, la realización de un Congreso de piqueteros, asambleas, sindicatos, empresas ocupadas para que, en una nueva crisis, ese Congreso plantee su candidatura al poder y la convocatoria de una Asamblea Constituyente soberana.

"Estados Unidos está interesado en debilitar las inversiones españolas en América Latina para recuperar su hegemonía en dicho mercado (...) La herramienta que tienen para ello es implacable: el FMI. ¿O alguien es tan cándido para pensar que el Departamento del Tesoro habría dejado pudrir la situación en Argentina, Brasil o Uruguay si el principal banco extranjero en Latinoamérica fuera el Chase Manhattan Bank en lugar el BSCH o el BBVA?" (Ambito Financiero, 22/8). Estas son las conclusiones de un seminario sobre "Iberoamérica y las empresas españolas", organizado por el Banco Santander Central Hispano, que reproduce oficiosamente, en forma de editorial, el diario español La Vanguardia. El "seminario" organizado por el BSCH, con el respaldo del gobierno español, tuvo el objeto político preciso de responder a las crecientes críticas de los accionistas minoritarios de las grandes empresas españolas por las grandes pérdidas sufridas en América Latina; incluso, reclaman que las empresas españolas "salgan" de América Latina. Angel Cortés, secretario de Cooperación Internacional del gobierno español, respaldó incondicionalmente la "expansión" de las empresas españolas en América Latina, recordando que, durante años, esta región aportó casi el 50% de los beneficios totales de las empresas españolas (El País, 20/8). Sin embargo, en un artículo publicado antes de la catástrofe, Lourdes Casanova, directora del Instituto Europeo de Administración de Empresas de Barcelona, señalaba que la masiva inversión española en América Latina fue, ni más ni menos, que una "huida hacia delante" para impedir que las propias matrices españolas fuera objeto de "adquisiciones hostiles" por parte de competidores europeos y norteamericanos" (Foreign Affairs en español, verano de 2002). Pero "a diferencia de otras multinacionales, las españolas sólo pudieron expandirse en América Latina", una región económicamente débil (aporta apenas el 6% del PBI mundial) y políticamente colonizada por el imperialismo norteamericano. Según Cortés, los críticos de la expansión española en América Latina responden a "intereses mercenarios" (El País, 20/8). El funcionario se refería a que los accionistas minoritarios principales del BBVA, de Repsol y de Telefónica son, precisamente, fondos de inversión norteamericanos y británicos. Sin las inversiones latinoamericanas (que estos inversores minoritarios pretenderían abandonar), las empresas españolas serían una presa fácil del capital extranjero. El desigual enfrentamiento entre españoles y norteamericanos fue señalado oportunamente por el Partido Obrero, incluso antes de la caída de De la Rúa. "En la crisis presente, el Tesoro norteamericano ha impulsado el ‘default’ en Argentina para provocar una reestructuración de la deuda que perjudique a los bancos rivales de los norteamericanos" (Prensa Obrera, 13/12/01). "Si se mantiene la negativa del FMI a conceder los 1.260 millones de dólares, se precipitará la declaración de bancarrota de Argentina y una reestructuración forzada de la deuda externa. La consecuencia principal sería la quiebra de una parte de la banca local y el debilitamiento de los bancos españoles. Por eso el ‘default’ es impulsado por gran parte de la banca norteamericana y el Tesoro de los Estados Unidos" (Prensa Obrera, 6/12/01).

La patronal de Metrovías continúa haciendo "rodar" la "bola" de que la sanción de la jornada de seis horas entrañaría el despido de trescientas trabajadoras del subte, ya que "la Ley de Contrato de Trabajo no admite el trabajo femenino en tareas insalubres". A la patronal de Roggio se le ha despertado, así, una "súbita" preocupación por las condiciones de trabajo de "sus" mujeres. Claro que de esa inquietud no le surge mejorar el flagelo de la contaminación ambiental, el ruido o la iluminación. Para "proteger" a la mujer, Metrovías no encuentra nada mejor que dejarla en la calle. Pero el ataque de Roggio es jurídicamente burdo y políticamente reaccionario. Ya hemos explicado que la ley de las seis horas no declara la insalubridad, algo que, de acuerdo a la legislación vigente, sólo podría sancionar el área laboral del Ejecutivo de la Ciudad. Pero más allá de la cuestión de la insalubridad, existe legislación vigente que impide el trabajo femenino e infantil en ciertas condiciones, entre otras, en "tareas subterráneas". Esa ley, la 11.317, data de 1924, y por lo tanto, ya tenía setenta años de vigencia cuando Roggio tomó la concesión del subte. Si en ese momento absorbió mujeres que venían trabando en subterráneos del Estado, o si luego incorporó más compañeras, lo hizo "violando" esas restricciones legales. Por lo tanto, la patronal no puede alegar ningún cambio en el marco jurídico que afecta a la mujer trabajadora luego de la reciente sanción de las seis horas. Pero no hemos dicho lo más importante sobre este punto: la intepretación de Metrovías sobre la Ley de Contrato de Trabajo es, en este punto, maliciosa y discriminatoria: en efecto, la ley exceptúa a la mujer de tareas "insalubres, penosas o riesgosas". Esta descripción genérica se refiere, sencillamente, a aquellas situaciones donde la condición física de la mujer entrañe una desventaja real de su condición por referencia a la misma tarea realizada por un hombre. Naturalmente que ello no puede aplicarse a las tareas... de boletería, donde revistan la mayoría de las compañeras. En este caso, la situación de ruido, ventilación deficiente, stress, etc., están ampliamente comprobadas, pero tanto para las mujeres como para los hombres. Si, con su interpretación de la ley, Metrovías pretendiera despedir a las boleteras por "tarea penosa", estaría violando varias leyes nacionales, normas constitucionales nacionales y de la Ciudad, y hasta conveniones internacionales que prohíben toda discriminación laboral entre el hombre y la mujer. Las compañeras de Metrovías saben de esta discriminación: en la asamblea que se realizó durante gran parte de la mañana y la tarde del pasado miércoles 28 –donde desfilaron cerca de un centenar de trabajadoras– relataron la lucha de años "para ser consideradas, en plano de igualdad, en las tareas de conducción de formaciones, o como guardas". Por eso, una de las conclusiones surgidas de esa gran reunión fue la siguiente: las mujeres no sólo lucharán contra cualquier despido. Además, exigirán, junto al Cuerpo de Delegados, contra cualquier discriminación hacia la mujer trabajadora en los nuevos puestos de trabajo que deberán crearse como resultado de la aplicación de las seis horas. En definitiva, no menos, sino ¡más trabajadoras en el subte!

El movimiento estudiantil acaba de protagonizar una gran jornada de lucha, siguiendo el camino del movimiento piquetero. Los métodos fueron los mismos, los que impuso el movimiento piquetero a todo el país: movilización, acampe, desafío a la represión policial, forzar una reunión y quedarse en el lugar hasta conseguir el objetivo. Así sucedió. El 28 de agosto las federaciones estudiantiles de La Plata y Buenos Aires se movilizaron en conjunto al Ministerio de Educación, pusieron sus carpas, forzaron una reunión con las autoridades, y no se fueron del lugar hasta que no se puso por escrito el compromiso obtenido. La movilización fue importante a pesar del mal tiempo. Más de 2.000 estudiantes, junto a una delegación de la Conadu Histórica, partieron de Plaza Houssey y marcharon al ministerio. Al llegar se realizó un acto en el que hablaron los representantes de las federaciones y los centros. Hernán Scoro, presidente del Centro de Estudiantes de Psicología, valoró la importancia de la movilización y destacó la votación del Centro de Psicología, que llamaba a concurrir el viernes 30 de Congreso a Plaza de Mayo con las siguientes consignas: Fuera Duhalde y el FMI, Por un nuevo Argentinazo, Asamblea Constituyente soberana. Triunfo Una vez finalizado el acto se resolvió instalar las carpas cortando la calle. El apriete policial no dio resultado y finalmente se forzó una reunión en el momento con Pugliese, secretario de Políticas Universitarias. La delegación que entró llevó el petitorio de las dos federaciones: pago de los 320 millones de deuda que el Estado mantiene con las universidades de los presupuestos 2001 y 2002, y un plan de becas para los estudiantes universitarios. Sobre este punto se enfatizó que la deserción estudiantil está creciendo a pasos agigantados y que la exigencia de 60.000 becas de 150 pesos mensuales apunta a combatir esta situación. Luego de una fuerte negociación, Pugliese accedió a poner por escrito el siguiente compromiso: saldar de acá a diciembre las partidas adeudadas en cuotas semanales y realizar una nueva reunión junto con representantes del Ministerio de Trabajo para discutir un plan de becas. Una de las alternativas que se barajaron es la de extender el plan de Jefas y Jefes de Familia a la juventud universitaria. Lo que viene Hay que destacar que el acampe universitario abre una nueva situación en el movimiento estudiantil. Por primera vez los gremios estudiantiles elevan un pliego reivindicativo a las autoridades nacionales y muestran su disposición a continuar la movilización hasta el triunfo. Hasta el momento las luchas estudiantiles estuvieron ceñidas a rechazar las leyes gubernamentales que atacan la universidad o algún recorte presupuestario. Sin embargo, nunca llevaron sus propios reclamos frente al Estado, es decir, pasar a la ofensiva. La UJS realizó una gran actividad luchando por el acampe tanto en los días previos como en la propia jornada. Esta decisión de garantizar la medida de lucha fue realizada junto con la dirección de la Fulp, en manos de Quebracho, y pasando por arriba de las posiciones del resto de la izquierda que se opuso al acampe, especialmente IU. Ahora hay dos tareas fundamentales: garantizar el cumplimiento del acuerdo y empadronar masivamente a los compañeros que necesiten las becas para exigir la entrega inmediata de las mismas.

La obra que lleva este título es una colección de dieciocho textos de diversos autores. En todos los trabajos domina el tema de la "representación política", en torno al cual giran las explicaciones sobre el significado de la Asambleas. En particular, en los textos que firman Rafael Bielsa (que oculta su condición de funcionario del gobierno de la Alianza), Miguel Bonasso, Juan Pablo Feinmann y Leonardo Pérez Esquivel, entre otros. La causa decisiva que explicaría el levantamiento popular de diciembre último es la brecha abierta entre representantes y representados. Las propias Asambleas serían, entonces, una salida superadora a tal contradicción al abrir el pasaje de una democracia representativa a una participativa (horizontalidad y lazos de solidaridad y confraternización humanas). De un modo general, la clave interpretativa del fenómeno asambleario tiende a vibrar en una onda más bien emotiva. En consecuencia, el registro de todos los acontecimientos que ilustran la irrupción de las Asambleas es muy superficial, con alguna que otra excepción. La periodista Stella Calloni vincula correctamente las Asambleas a las luchas del período previo, a los cortes de ruta, a los piqueteros, al Santiagueñazo del ‘93. No se habla ni se analiza, sin embargo, el fracaso de la experiencia capitalista de la última década, ni el agotamiento histórico de los partidos "populares" que la ejecutaron, ni el fracaso de la pequeño burguesía que intentó una "tercera vía" en la efímera existencia del Frente Grande y del Frepaso. No se habla, en definitiva, de la descomposición terminal de un régimen político y social, ni de la cuestión de poder. El ángulo de la crisis es el más estrecho e irrelevante para explicar las Asambleas y remite a un problema político y teórico históricamente superado. ¿En qué consiste la "representación"? La cuestión de la "representación" aparece, inclusive, como el aspecto más conservador no sólo de las reivindicaciones de la naciente burguesía sino de los estamentos precapitalistas sobre el final de la Edad Media. Se reivindicaba, entonces, la representación y la participación en el manejo del Estado, en particular en sus políticas tributarias. Originalmente, la representación política se asociaba a un derecho que emanaba de la propiedad fundada en la actividad productiva y se oponía al orden parasitario de reyes y nobles, eclesiásticos y terratenientes. La pequeño burguesía le dio a estos reclamos de representación un alcance revolucionario, que acabó por expresarse en las revoluciones inglesa y francesa del siglo XVII y XVIII, respectivamente. El reclamo de los derechos políticos igualitarios fue el eje de un largo proceso en el cual llegó a intervenir el propio movimiento obrero, que encabezó la lucha por el sufragio universal en la primera mitad de los años ochocientos en Inglaterra. Esta vasta experiencia puso de relieve los límites del reclamo de la "representación", o sea los límites de la igualdad formal y, por lo tanto, de la propia democracia como régimen político históricamente determinado. En definitiva, encubría la desigualdad real, los antagonismos esenciales de la sociedad, fundados en la propiedad privada de los medios de producción social y en el despojamiento correspondiente de la inmensa mayoría de la población productora, trabajadora. El ideal de una "representación" más perfecta, supone que esta polarización entre clases sociales antagónicas puede resolverse o conciliarse en el plano jurídico y que la emancipación humana no es social sino política. El mundo limitado de la "representación política" es el propio de la dominación burguesa. La historia real puso de relieve que la igualdad real del hombre es imposible sin expropiar a la burguesía, y que el capitalismo acentúa constantemente la polarización social y la miseria social. Pasado y actualidad El levantamiento de diciembre pasado coincide con el derrumbe de un proceso de confiscación capitalista sin precedentes. La excepcional insurgencia de finales del 2001 tiene como base la descomposición del régimen político como un todo, sus partidos e instituciones. En esto consiste su especificidad: es el desenlace provisional de un proceso histórico y de la quiebra vertebral de un sistema de dominación. No está planteado en consecuencia un problema de "representación", es decir, que pueda resolverse con más o menos "participación", con más o menos honestidad, con más o menos corrupción en la función pública, con más o menos correcciones en el sistema electoral. Este es el mundo de la superficialidad interpretativa que encarnan en la política Carrió y Cia, el centroizquierda y la izquierda democratizante que se limita a la renovación de los mandatos, o sea elecciones generales. Normalmente, cuando se habla de "representación política" hay que tener cuidado, porque disfraza de interés general el interés particular de la clase dominante. El PJ y la UCR no se agotaron porque no representaran más al pueblo sino porque ha entrado en crisis final su papel de representantes "populares" de la burguesía y del orden capitalista. Por eso enfrentamos una situación excepcional y revolucionaria. Un problema de poder Lo que sí plantea toda la situación actual y explica no apenas el surgimiento de las Asambleas, es el problema del poder, o sea, del régimen político y social. Es desde el poder que se configura, asegura y reproduce un régimen social y político. En todos los artículos que dominan el libro "¿Que son las asambleas populares?", esta consideración está ausente o directamente negada. Un ex dirigente del ERP –Luis Mattini–, proclama abiertamente la necesidad de evitar la toma del poder porque así evitamos los problemas que conlleva. Si el poder no debe ser tomado, el gobierno de Duhalde no debe ser derrocado puesto que la naturaleza y la política no toleran el vacío. Salvo que se quiera confinar al pueblo a la penosa tarea de tirar gobiernos como el de De la Rúa y permitir que su epopeya sea confiscada por los aprovechadores de turno. Proclamar vivas a la "horizontalidad del poder", como se hace en varios artículos del libro, no pasa de un juego literario. Para que los hombres puedan relacionarse entre sí, en forma directa y horizontal, tienen que abolir la mediación de un poder político, para lo cual deben apropiarse de él y destruirlo. Para esto se requiere una lucha y una lucha requiere organización, estructura, liderazgo y programa. Horizontalidad y poder son términos excluyentes. En este contexto se explica otra ausencia notoria en el libro que comentamos: en prácticamente ningún artículo del libro se establece un programa de reivindicaciones y transformaciones sociales y políticas que den encarnadura y perspectiva a la revolución abierta en nuestro país con las Asambleas Populares, los piqueteros, los sindicatos en lucha y las fábricas ocupadas. Algo verdaderamente sorprendente, porque las Asambleas y la Interbarrial han discutido cantidad de reclamos, plataformas y programas que no son tomados en cuenta para su análisis y crítica por prácticamente ninguno de los autores presentes en el libro. Notablemente, sin embargo, en su tapa aparece la enorme foto de una bandera que proclama "¡Que se vayan todos! Asamblea Constituyente libre y soberana", firmada por la asamblea de Villa Urquiza. ¡Ninguno de los dieciocho artículos hace referencia a la cuestión con la única excepción del que firma María Sánchez, del Partido Obrero! Sánchez destaca la composición vecinal de las Asambleas para plantear una lucha política que pueda vincularlas a la movilización y al programa de los obreros-piqueteros. Este planteo enfrenta a las tendencias que operan para reivindicar el carácter policlasista de las Asambleas Populares y hasta diluirlas en mecanismos de "democracia participativa", rebajándolas a la condición de ruedas auxiliares de las maniobras del gobierno centroizquierdista de la Capital. Sorprende que el dirigente de un grupito autodenominado Partido Bolchevique, disfrazado de militante vecinal, diga que la tarea es disolver a los piqueteros y a la clase obrera en las asambleas vecinales, dado que su "potencial revolucionario" radicaría en que en ellas "todos pueden reagruparse" (sic). En definitiva, la historia viva de las Asambleas Populares no aparece sino en registros episódicos y deshilvanados. Queda abierta para la pregunta del ¿Qué son? un tratamiento más riguroso que, seguramente, se desenvolverá en la misma medida en que progrese el elemento revolucionario que es la marca de origen de un movimiento surgido de una rebelión popular histórica como es el Argentinazo.

Motivados en particular por festejar el Día del Niño, el Comedor "La Fortaleza Obrera" (barrio Malvicino), perteneciente al Polo Obrero, organizó una chocolatada para esa fecha. Nuestro propósito fue hacer algo diferente al arroz con leche y tortas fritas de todos los domingos. Para esto se hizo una importante campaña en el barrio: se vendieron rifas, y con lo recaudado, se compraron golosinas y globos. También hubo donaciones por parte de los compañeros: tortas, juguetes; además se solidarizaron comercios de la zona. Se logró así, con el esfuerzo de trabajadores y desocupados, recaudar más de lo esperado; todo lo cual se repartió entre aproximadamente 150 niños, que participaron también en los juegos preparados, como carrera de embolsados, maratones, etc., con premios ganadores y consuelo. La organización nos permitió inclusive cortar la calle para un mejor desarrollo de la maratón, de la que participaron como cierre, los adultos, quienes sin mucha preparación previa llegaron a la meta. Fue así una jornada de alegría para chicos y grandes. Casi un recreo con nuestros hijos, a quienes en nuestra lucha cotidiana contra este sistema explotador, muchas veces no podemos disfrutar. Pero no nos cabe duda que vamos a seguir peleando y ¡no nos quitarán ese derecho!

¿Cuánto hace que trabajás en el subte? Estoy en los subtes desde los 4 años, ya que mi padre trabajó desde la década del ‘70, y pasé muchas navidades y años nuevos acá, porque mi padre tenía que cumplir guardias. Pero yo estoy trabajando desde el ‘94, cuando agarró Metrovías. Se ha obtenido un triunfo en la Legislatura, ahora, ¿cómo sigue? Ahora la ley está en manos de Ibarra, por lo que creo que tenemos que usar la misma forma de lucha que utilizamos con los legisladores. Presionando para que no vete la ley, porque la empresa también está presionando; debemos redoblar la movilización y arrancarle la promulgación. ¿Cómo ves la amenaza de despidos de las compañeras trabajadoras? Nos están extorsionando con las compañeras, para tratar de desmovilizarnos, pero no vamos a permitir un solo despido, ya estamos de acuerdo entre los talleres y tráfico de parar los subtes. Así defendemos nuestros puestos de trabajo.

He leído con interés y también con desacuerdo, el artículo de Pablo Rieznik sobre los Economistas de Izquierda (EDI) en Prensa Obrera del 18 de julio. Eso me motivó a escribir esta carta, que estoy seguro publicarán. Rieznik dice que hablar de salida a la crisis es darle una "salida" al capitalismo. ¿No se deben ofrecer salidas entonces? ¿Qué esperan acaso millones de personas?, ¿el socialismo o luchas por medidas concretas? Creo que cualquier militante respondería esto último, y que la lucha por las reivindicaciones formen parte de una práctica de poder popular, que haga convencer de la necesidad del socialismo. ¿Acaso no hay que reunirse para tratar estos temas? ¿Por qué no estuvieron ahí los "economistas" del PO? Aunque más no fuera un ejercicio intelectual (y creo que es más que eso), la movida vale la pena. Pensar soluciones socialistas es imprescindible y le otorga más crédito a los marxistas ante la mirada de amplias masas populares. Y si esa izquierda lo hace en unidad, mejor aun. ¿Por qué esa práctica de analizar la posición de las otras fuerzas de izquierda en cada lucha o acontecimiento? Permítaseme ejemplificar con una situación: hay una inundación en Junín y en lugar de ver qué pasa, cuál es la responsabilidad del capitalismo en ello y proponer soluciones, ¡se critica las posiciones de los otros partidos marxistas! Soy militante del PC y aclaro que en el oeste del Gran Buenos Aires comparto la mejor militancia obrera y socialista con los compañeros del PO. Somos un verdadero ejemplo, eso creo yo, de unidad en la lucha. Muchas veces me quieren entregar la prensa, que a veces leo con interés y otras veces me da bronca que a cada rato se agreda a los otros partidos de izquierda. Me apena que el partido que tiene militantes de "Primera A", y que fue el primero en insistir con dos grandes aciertos –control obrero y Asamblea Constituyente–, haga eso. Dirán: no es agresión, es polémica. Pero ¿cómo se llama decir que los EDI son charlatanes y pequeñoburgueses? ¿Quién le otorga el derecho a decidir el grado de compromiso socialista de cada uno? ¿Son acaso Julio Gambina o Jorge Beinstein unos socialistas simuladores? Humildemente, llamo a los compañeros a terminar con estas actitudes. Y aprovecho la oportunidad para proponer que entre todos los partidos que luchan contra el sistema capitalista, hagamos un pacto de no agresión, que colaboremos entre nosotros intercambiando experiencia e información. Todos somos (y realmente me refiero a todos) producto de una sociedad capitalista y aspiro a que luchemos contra la vanidad, el sectarismo y otras lacras. Cordialmente.

Sr. Presidente (Busacca): Tiene la palabra el diputado Altamira. Le recuerdo que tiene quince minutos de exposición. Sr. Altamira: Señor presidente: creo que hay un acuerdo entre los diputados, inclusive entre los medios de comunicación, de que el proyecto de desdoblar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires no tiene como fundamento la defensa de la autonomía, ni valores universales o generales que tengan que ver con el régimen democrático. Los diarios de la mañana de hoy comentan que está vinculado a combinaciones políticas con relación a los próximos comicios e, incluso, añaden algo que es cierto: probablemente, los que están propiciando este proyecto de ley terminen siendo perjudicados por el mismo proyecto de ley que están propiciando. Originalmente, el interés por desdoblar las elecciones obedecía a la especulación de que Elisa Carrió podía encabezar una lista presidencial que tuviera a Aníbal Ibarra como candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad. A los adversarios de esta variante les preocupaba que la candidatura presidencial de Carrió traccionara a Aníbal Ibarra. Ahora, cuando el proyecto llega a la Legislatura, no hay indicios de que Aníbal Ibarra y Elisa Carrió se fueran a entender. El jefe de Gobierno de la Ciudad ha declarado que le importa muy poco si se desdoblan o no las elecciones, que no piensa vetar el proyecto que aquí se apruebe. Y, probablemente, si algún candidato del peronismo llega a subir en las encuestas electorales, sus partidarios aquí, en la Ciudad de Buenos Aires, se van a arrepentir de haber desdoblado las elecciones porque, quizás, van a perder la oportunidad de subirse al "carro" de ese candidato y quedarán aislados en una elección local. Este proyecto de ley no sólo no tiene valores universales, sino que sus pequeñeces o sus mezquindades particulares pueden quedar desbaratadas como consecuencia de un mal cálculo político. Que esto ocurra en un momento de profunda descomposición política e institucional refuerza la tendencia a la descomposición política e institucional. (...) De cualquier manera, quiero señalar (que) el proyecto de ley (...) no acorta el proceso político actual, y no facilita ni abrevia el tiempo que reclama la ciudadanía para hacer una nueva manifestación política. (...) Este proyecto de desdoblamiento confirma la fecha de diciembre como el fin de mandato de esta Legislatura, y confirma la fecha de diciembre como el fin del mandato del jefe de Gobierno de la Ciudad. Tengo la impresión –y diría que bastante más que la impresión– de que conciente o inconcientemente el proyecto de desdoblamiento de los mandatos es una manifestación de la crisis... Pero, ¿de quién? Del Partido Justicialista, de la Unión Cívica Radical y del Frepaso, porque es evidente que este afán de desdoblar las elecciones en la Ciudad es porque ninguno de estos tres partidos puede construir un liderazgo que responda homogéneamente a un programa político o a las tendencias fundamentales de esos partidos. El nivel de desintegración que ha alcanzado el Justicialismo, se revela no ya en el hecho de que necesita internas abiertas, sino en que no las puede llevar adelante y está discutiendo una ley de lemas claramente inconstitucional; también se manifiesta en el hecho de que la Unión Cívica Radical tendrá que ir mimetizada con candidatos de otros partidos, porque no tiene ninguna figura presentable, con una mínima chance. No solamente se manifiesta en la definitiva licuación del Frepaso. Entonces, se acomodan los tantos en la Ciudad para adecuarlos a las diversas alternativas de derrumbe de los partidos tradicionales. (...) Sr. Presidente (Busacca): Diputado Altamira: le solicita una interrupción la diputada Pierini, ¿se la concede? Sr. Altamira: Sí, señor presidente. Sr. Presidente (Busacca): Para una interrupción, tiene la palabra la diputada Pierini. Sra. Pierini: Señor presidente: por su intermedio, le agradezco al diputado Altamira por haberme concedido la interrupción. Solamente quiero hacerle dos preguntas. Si tanto le preocupa la desintegración de los partidos mayoritarios, ¿está bien integrada la izquierda en un único frente como para poder reprochar a los partidos mayoritarios? Segundo, ¿quiénes son los que están liderando las encuestas? ¿Los partidos de izquierda o esos partidos que, según el diputado Altamira, están en desintegración? Sr. Presidente (Busacca): Continúa en el uso de la palabra el diputado Altamira. Sr. Altamira: Señor presidente: es muy común que los diputados se quejen por las interrupciones. Yo voy a hacer una excepción, y diría casi que la bendigo. Que la izquierda tiene múltiples divergencias es un hecho. Lo único que me preocuparía es que las tratara de remendar con una interna. Mientras mantengamos un nivel de discusión y las ideas se sobrepongan a las maniobras, estaremos enmarcando una solución política que, seguramente, beneficiará a la clase obrera, a los trabajadores y al socialismo. Lo terrible sería que empecemos a tejer maniobras, a armar contubernios, a tapar las divergencias y, simplemente, a poner en un primer plano el apetito de una representación parlamentaria. En segundo lugar, inclusive con el escepticismo que deben imaginar que tengo por las encuestas, creo que están lideradas por los que rechazan a los candidatos; las encuestas están lideradas por los que dicen que no saben a quién votar, por los que no quieren votar y por los que rechazan votar. La encuesta es un mecanismo que condiciona respuestas. (...) Lo que me parece oportuno es contrastar (los) métodos políticos. No se van a salvar con internas; no se van a salvar con la ley de lemas, y no se van a salvar con desdoblamiento de mandatos. Quiero señalar a los colegas del distrito de la Ciudad de Buenos Aires que al limitarse al planteamiento de desdoblar las elecciones arriman el bochín a un proceso de confusión y de descomposición. Es sorprendente que el movimiento nacional y popular peronista quiera el desdoblamiento de las elecciones. Generalmente, los grandes movimientos populares que ha tenido la Argentina se han caracterizado por el empuje extraordinario de la figura de un caudillo y por la capacidad de los grandes planteamientos nacionales. Y eran las fuerzas conservadoras las que querían cortar el salame en pedazos de modo de atomizar la expresión de la voluntad popular. Ahora veo que los movimientos nacionales y populares han tomado las banderas electorales del conservadurismo; quieren atomizar los procesos y desearían que las próximas manifestaciones de soberanía popular no tengan un carácter general, de conjunto, masivo; están traicionando la evidencia de que no tienen ninguna homogeneidad y, por lo tanto, no tienen capacidad de gobierno. Creo que la sesión de hoy tiene importancia. Me dirijo, por su intermedio, a los diputados del Ari para poner de manifiesto la enorme limitación de ese partido y de esta tendencia que propone una Constituyente para hacer un acortamiento de los mandatos con exposición expresa de que bajo ninguna circunstancia ese nuevo parlamento popular pueda considerar problemas de fondo del ámbito de la Ciudad. Sr. Presidente (Busacca): Diputado Altamira: le recuerdo que le quedan dos minutos. Sr. Altamira: Es decir que mañana, de prosperar al proyecto del Ari, se convocaría a una Constituyente restringida, acotada a la discusión de los mandatos, y si el pueblo se manifestara porque esa Constituyente abordara cuestiones más de conjunto, la representación del Ari aparecería como el oficialismo y el defensor del statu quo. Que quede en claro que el Ari, con sus propuestas de cambio, pretende mantener un régimen social, un régimen político; simplemente, para modificar algunos de sus componentes y para tratar de que la caldera suelte un poco la presión que va acumulando. Pero esto no constituye, de ninguna manera, una alternativa a la debacle que estamos viviendo. Personalmente, el planteo de la Asamblea Constituyente en esta Legislatura lo agoté; lo formulé en dos oportunidades: cuando todavía me parecía permisible decirles a los miembros de esta Legislatura que convoquen a una Asamblea Constituyente, cuando renunció Chacho Alvarez, y en oportunidad del tratamiento de la Ley de Reforma Laboral. Allí utilicé la expresión: "Es una oferta de temporada: la toman ahora o una rebelión popular va a terminar imponiéndola". Finalmente, la planteé en oportunidad de la rebelión popular. Hoy, la oferta de temporada no existe más, ya que el stock ha sido vendido, la paciencia se acabó y las instituciones políticas de este país no han respondido al clamor popular. De manera que la perspectiva de una Asamblea Constituyente ya no depende ni de la Legislatura, ni del Congreso de la Nación. Como dirigente del Partido Obrero, impulso una enérgica movilización popular para que cesen en sus mandatos el Presidente de la Nación, los representantes del Congreso Nacional, los integrantes de las legislaturas de todas las provincias y municipios, para que el pueblo convoque a una Asamblea Constituyente y lleve al gobierno a los representantes que han surgido de sus luchas. Porque no es cierto que cuando se vayan todos, van a volver los mismos en diferentes proporciones. Están omitiendo el hecho de que la rebelión popular que recorre el país ha producido una nueva camada de dirigentes: las organizaciones piqueteras, las empresas con gestión obrera y los sindicatos que han echado a la burocracia sindical y, naturalmente, las asambleas populares. El porvenir de la Argentina depende de esta generación de dirigentes y de las organizaciones que se han montado como alternativas de este poder. Nada más. (Aplausos.)

La fulminante reacción del Bloque Piquetero Nacional y de Barrios de Pie (con delegaciones del Mijd) del lunes 26 de agosto, no fue sólo una gran acción de lucha contra el despojo a miles de beneficiarios de los planes trabajar. La medida, que cortó durante casi 6 horas el Puente Pueyrredón, Liniers, Puente Saavedra y Márquez y Panamericana, coordinada con el corte de Colón y General Paz, en Córdoba, desnudó una interna criminal que desprecia el hambre de no menos de 100.000 familias. Efectivamente, los funcionarios de la provincia de Buenos Aires han declarado oficialmente al Bloque que 32.000 beneficiarios fueron excluidos del plan de Jefes y Jefas sólo en esa provincia. A través de su secretario de Empleo informaron también que no habían sido incluidos unos 12.000 compañeros de las organizaciones que protagonizamos la histórica lucha del 26 de junio. Esas familias son víctimas del clientelismo político; fueron excluidas de los negociados de los consejos consultivos y apartadas del "derecho universal" trucho de Duhalde para los jefes de hogar sin trabajo, con el argumento de que la inscripción se había cerrado el 17 de mayo. Cuando menos, la interna criminal les ha comido un mes a todos estos compañeros del Bloque, Barrios de Pie, el Mijd y la Verón. En Córdoba, la "interna" entre De la Sota y Kammerath y de ellos con Duhalde, dejó en el camino a 9.000 jefes de hogar y a muchos miles más no inscriptos, entre ellos los de las organizaciones piqueteras más combativas de la provincia. En Salta, serían unos 10.000, y en otros casos, como Matanza, miles de beneficiarios aparecieron cobrando en Florencio Varela. De este modo habrían pagado las consecuencias de que Ballestrini apoye a Rodríguez Saá. El régimen se encuentra desbordado por completo ante el hecho de que los anotados son más de dos millones, aun cuando se trata sólo de un tercio de los desocupados. Tampoco funciona el seguro laboral prometido por Camaño, según lo denuncia el renunciante Borrás, designado por Cáritas para el control nacional del sistema. Precisamente Clarín informó hace dos domingos de una interna feroz entre el gobierno, el ejército y la Iglesia. El propio Consejo Consultivo Nacional "se quejó por el cierre de la inscripción, señalando que en provincias como Tierra del Fuego los anotados son sólo el 2,8%, en Chubut el 3,5% y en Mendoza el 3,9%" (La Nación, 29/8). En conclusión, las internas criminales, el cierre de inscripción del 17 de mayo y el derrumbe administrativo son manifestaciones del fracaso del gobierno y de los planes de Jefes que debían ser financiados por las retenciones a las exportaciones y, en cambio, dependen de la emisión lisa y llana de Lecop, razón por la cual la política de Lavagna es bajar el número de beneficiarios con la excusa que fuere. Otro fracaso del plan es la nula asimilación de Jefas y Jefes en empresas capitalistas. Las patronales no toman mano de obra ni siquiera subsidiada; la siguen expulsando porque no quieren registros en blanco que las obligarían a pagar cargas sociales. Unicamente acabando con Duhalde y con este régimen abriremos una ruta para el conjunto de la clase obrera. Debatamos a fondo en nuestras asambleas el balance de nuestra lucha. Arranquemos comida para los comedores, arranquemos inscripción de compañeros en el plan Barrios de la provincia de Buenos Aires, arranquemos la inscripción de miles de compañeros de todo el país. Pero después hay que luchar para que cobren, hay que luchar para duplicar el aumento, hay que luchar por puestos de trabajo genuinos abriendo fábricas cerradas bajo control obrero, hay que luchar para acabar con los despidos, hay que luchar por el salario mínimo para toda la clase obrera. Cada paso tiene que reforzar la lucha para que se vayan todos.

En el Francés, el jueves 22 se realizó una asamblea de 150 compañeros para reclamar por la deuda del aguinaldo, el aumento salarial de 100 pesos y un aumento salarial. Al día siguiente los trabajadores recibieron un cronograma de pago por sectores, los que sumarían más de 500 trabajadores. La Comisión Interna exige que se finalice el 30/8 el pago de todo lo adeudado (el aumento del decreto del gobierno y el resto del aguinaldo). Hemos dado un gran paso con nuestra movilización, logrando cobrar el decreto del gobierno. Falta el aguinaldo, falta regularizar el pago en fecha de nuestro sueldo y ante la creciente carestía el aumento salarial. Tomemos como ejemplo la asistencia masiva a la asamblea que realizamos. Adelante, compañeros.

En el año ‘98/99, en oportunidad del Encuentro de Mujeres Campesinas, cuya sede fue Santiago de Chile, concurrió representando a las campesinas argentina la Dra. María Teresa González Fernández de Solá, como esposa de quien era en ese momento secretario de Agricultura de la Nación y supo lucir el legendario prendedor en forma de bandera, de brillantes y zafiros, que le perteneciera a la ilustre abanderada de los humildes, Evita Perón. Debemos recordar que tan codicioso prendedor valuado en un remate* en 1.000.00 de dólares no pudo ser adquirido, por su excesivo valor, por nuestra diva televisiva Susana Giménez, pero el paladín menemista Felipe Solá pudo regalarle a su esposa. Mujeres de la Delegación Argentina al Encuentro de Mujeres Campesinas en Chile * (El remate fue en Nueva York, de todas las joyas y pertenencias de Eva Perón.)

Respecto a la nota "por un Argentinazo en la Universidad", aparecida en PO del jueves pasado, hay que destacar un error. La juventud universitaria y la pequeña burguesía participó activamente en el Argentinazo. Prueba de ello es el desmoronamiento de la Franja en las universidades antes y después del 19 y 20 de diciembre. La Universidad no escapa a la crisis de poder; en sus paredes resuena el eco de la revolución. ¡Que se vayan todos los privatizadores! Que gobernemos los luchadores para concluir lo que empezamos el 19 y 20. No hay tregua con el gobierno asesino de piqueteros.

El 24 de agosto se realizó una actividad en el merendero del Polo Obrero en el barrio Villa Negri de Zárate, en donde se pasó el video del Argentinazo y luego se dio una charla sobre la situación política. En la actividad participaron más de 50 compañeros, quienes siguieron con mucha atención el video de la jornada del 19 y 20 de diciembre, así como también el informe político. Luego, se abrió el debate sobre la lucha de los piqueteros y el Encuentro de Fábricas ocupadas y en lucha, que ese mismo día se estaba realizando en la Capital. Al finalizar la charla, los asistentes se comprometieron a participar el 26/8 de la jornada nacional del Bloque Piquetero, organizando una convocatoria en la puerta del Banco Nación para reclamar el pago de los salarios a los desocupados.

Prensa Obrera dialogó con un conjunto de trabajadores y delegados de Metrovías, sobre la marcha de la lucha por las seis horas. Estas fueron sus reflexiones principales. ¿Cuál es el balance preliminar de la lucha iniciada? Sabemos que es un paso importante. Pero al mismo tiempo, tenemos la impresión de que recién empezamos en esta lucha. Porque la empresa no se quedará quieta. ¿Hay evidencias de ello? La empresa llamó para presionar con el arreglo a varios compañeros, aduciendo que "eran inútiles" y que podrían ser objeto de un despido con causa. Están buscando meter miedo para así dividirnos. Pero la maniobra surtió el efecto contrario, ya que se sumaron a nuestro repudio sectores que no hacían asambleas, o que hasta ahora no se habían movilizado. (Otro compañero): Con el tiempo, nosotros pudimos apreciar la firmeza de varios delegados en pos de este objetivo. Te cuento una anécdota: hace dos o tres años venían con el planteo de las 6 horas, escribían graffitis en las formaciones diciendo: "¿6 horas?, no seas irreal, es una locura", etc. Y hoy estamos todos luchando, porque sabemos que además crearía más puestos de trabajo (un tercer turno). Por eso nuestro reconocimiento al Cuerpo de Delegados como pilares de esta lucha. ¿Cómo evaluarían el grado de movilización que existe hoy en el subte? R.: Tenemos muy presente, como decía el compañero, el papel del Cuerpo de Delegados. Pero en cuanto al sindicato, antes pretendía dirigir todo lo que pasara en el subte. Ahora sucede lo contrario, el sindicato quiere colgarse de nuestra lucha, pero para frenarla. Tenemos el ejemplo de lo que pasó con los guardas, cuando el sindicato pactó con la empresa, y nosotros les torcimos el brazo a ellos y a la empresa. Esto lo tenemos claro: que el sindicato participe no quiere decir que esté de nuestro lado. ¿Cuáles son los próximos pasos? Ante la negativa del gobierno a promulgar la ley, el Cuerpo de Delegados ha votado una marcha para el viernes 6 a las 12 horas, del Obelisco a la Jefatura de Gobierno. La marcha tiene que ser tan fuerte como la que hicimos el 22 de agosto a la Legislatura, y que terminó arrancando la aprobación de la ley. ¿Qué reflexión les merece la lucha que están llevando adelante? Hay que destacar que la unificación de las bases sirvió para dar el puntapié inicial. Y no pudieron quebrar esta unidad. Ya ves lo que quisieron hacer con las mujeres: dijeron que las iban a echar, y ahora las compañeras están haciendo asambleas en las líneas, organizándose y reafirmando esa unidad. (Otro compañero): Si tomamos conciencia de que la lucha es posible no existen barreras. Esto hizo que rompiéramos las barreras de la burocracia, de la empresa y de la Legislatura, en la cual reconocemos el rol de Altamira. (Otro): Tenemos conciencia de que ahora hay otra base, que no es la de antes. Tenemos claro ahora qué es la burocracia sindical. Y además creamos un compromiso con los sectores que nos apoyaron: trabajadores, organizaciones, comisiones internas, asambleas populares, etc. La semana pasada, por ejemplo, fuimos al Hospital Garrahan para apoyar su lucha. (Otro): Yo saco como lección que con la conciencia del trabajador, conociendo los derechos de cada uno, se pueden hacer grandes cosas. Sin miedo por lo que pueda ocurrir después. Por eso, me parece buena la realización de la Asamblea Nacional del Bloque Piquetero el 28, que sirva para discutir un plan de lucha nacional por todo lo que se viene.

A la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Gervasio Guillot Martínez (e-mail: secguillot@poderjudicial.gub.uy) Al Presidente de la República, Dr. Jorge Battle (e-mail: privado@presidencia.gub.uy) C/C Suatt - Sindicato del Taxi (e-mail: suattsin@adinet.com.uy) En mi calidad de legislador de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente del Partido Obrero de Argentina expreso mi más viva protesta contra la intención de judicializar al compañero Gustavo López, dirigente del sindicato de choferes de taxis de Uruguay, en virtud de opiniones que habría vertido con relación a la situación política de su país y a la actuación de su gobierno. La legislación argentina ha suprimido la figura del desacato en reconocimiento a que esta tipificación encubre casi siempre el propósito de atentar contra la libertad de opinión de las personas. La movilización social en Uruguay, tal como ocurre en mi país, es la consecuencia de la situación de hambre a que han sido llevados nuestros pueblos debido a la aplicación de políticas económicas profundamente antipopulares que, para colmo, han concluido provocando la bancarrota del sistema social que pretendían defender y potenciar. Esto explica que millones de compatriotas hayan ganado las calles con la reivindicación de "que se vayan todos", esto en alusión a los gobiernos y regímenes políticos responsables por semejante fracaso histórico. Desde la hermana República Argentina comprometo mi acción y la de mi partido para impedir que prospere la persecución y el enjuiciamiento de ese destacado luchador social, sindical y político que es Gustavo López.

Las pantallas de la televisión reflejaron en forma contundente, el martes pasado, el sentimiento de nuestro pueblo y, lo que es más, su nivel de conciencia. En las puertas de la textil Lavalán, un piquete proletario de centenares de compañeros se enfrentaba en una lucha feroz a la policía para impedir el vaciamiento de su fábrica ocupada. En el piquete estaban las asambleas populares de Avellaneda y del sur de la capital, los piqueteros y el Polo Obrero, y otras organizaciones luchadoras. Defendía, frente a la bonaerense, el principio de la expropiación, en beneficio de los obreros, de los medios de producción y de vida que el capital era incapaz de poner en marcha, sembrando con ello la miseria social. Por su contenido social y por su método de acción, la lucha de Lavalán es la expresión de la disposición de los trabajadores argentinos de luchar por la reorganización de la sociedad sobre nuevas bases. Diez días antes había ocurrido lo mismo en Parmalat, cuya patronal pretendía trasladar la maquinaria a Pilar, dejando en la calle a casi 300 compañeros. Pero las mismas pantallas mostraron algo más: la movilización de los vecinos de Munro contra la comisaría debido al asesinato por la policía de un joven inocente. Otra vez El Jagüel, otra vez Floresta, otra vez el antagonismo ya irreductible entre la masa del pueblo y el Estado de los gendarmes del capital y de la entrega de la nación. Es en este marco que se debe visualizar la crisis nacional; no en el de las encuestas, los "espacios" o los culebrones de los Congresos o Legislaturas. Lavalán, Parmalat, Munro, El Jagüel – somos todos. Necesitamos sumar a todos los piquetes que nacen como hongos cotidianamente en un gigantesco piquete nacional para impulsar la huelga general que los barra a todos, para que un gobierno representativo del pueblo en lucha convoque a una Asamblea Constituyente soberana.

Como respuesta a la falta de pago de más de 15.000 planes Jefas y Jefes de Hogar en la provincia, el Polo Obrero cortó la ruta 11 en cercanías del aeropuerto. Aurelio Díaz, en nombre del Movimiento de Trabajadores Desocupados General San Martín y del Polo Obrero, "detalló los reclamos: venimos a cortar la ruta como parte de un plan de lucha por el pago inmediato de los miles de planes Jefes y Jefas de Hogar adeudados y la inclusión en los mismos de toda la juventud desocupada" (Norte, 29/8). Participaron del corte delegaciones del Polo Obrero de Quitilipi, Las Palmas, Colonias Unidas, Sáenz Peña, Barranqueras y Resistencia, a las que se sumaron desocupados del MTD Almafuerte, Asentamiento 25 de Julio, Palermo 1, Che Guevara, Barrios de Pie y el Movimiento Teresa Rodríguez. Norte dice también que "la característica de ayer fue la presencia, por primera vez, de los trabajadores de la construcción, que estuvieron presentes reclamando los 1.300 planes prometidos por el gobierno y que aún siguen sin cobrar". El programa de lucha incluyó también el reclamo por la instalación de comedores populares en todas las escuelas y barrios, la provisión inmediata de medicamentos a todos los hospitales y centros de salud, la derogación de la Ley de Cacheo, que ha instalado un virtual estado de sitio en las barriadas obreras, y la incorporación a planta, bajo convenio, de todos los que trabajan en hospitales y escuelas. Aurelio Díaz hizo un llamamiento, desde el corte, a impulsar un Congreso de organizaciones piqueteras, asambleas populares, sindicatos combativos, fábricas ocupadas y centros de estudiantes en lucha que convoquen a una Asamblea Constituyente soberana, "para refundar el país sobre nuevas bases sociales". Graciela Narváez, del MTD San Martín y del Polo Obrero de Barranqueras, denunció el terror provocado en las barriadas obreras "para evitar que se sumen a la lucha por la instalación de comedores, por becas para los jóvenes, es decir para acallar el clamor popular contra la hambruna a la que nos somete el FMI con la complicidad de los gobiernos de Duhalde y Rozas" (ídem). La ministra de Trabajo de la Nación otorgó una entrevista a las organizaciones convocantes del corte, incluida la Uocra, para tratar el pliego de reclamos; una cita que se concretaba en estas horas. Sobre esta base se levantó el corte.

Semanas atrás, la empresa Trenes de Buenos Aires envió una cuadrilla a la Estación Morón para "limpiar" un sector ubicado junto a la cabina de Martín, el guardabarrera que a veces de mañana y otras de tarde cuida a peatones y automovilistas en la barrera de Independencia (la más próxima a Once). Martín, entre tren y tren, construyó una huerta y un jardín. Primero fue la Municipalidad que, con la excusa de hacer una vereda, le "barrió" con todas las plantas del lado sur y luego la empresa terminó de arrasarlo todo. Nosotros, en Morón, vemos que la empresa, más allá de romper las plantas quiso (y quiere constantemente) avasallar los derechos de los trabajadores y sobre todo el de los luchadores. Martín, ejecutivo de la seccional Haedo de Unión Ferroviaria, se puso a juntar firmas de los vecinos y se acercó a la Asamblea Popular. Allí se decidió hacer un corte de 5 minutos para repudir el hecho y empezar la reconstrucción. El martes 27 de agosto, nos juntamos los compañeros de Morón, amigos, vecinos, asambleístas e integrantes de la seccional Haedo. Martín había recibido una carta de TBA intimándolo para evitar así el corte. Como esa apretada fracasó, un par de representantes de la empresa fueron el martes y prometieron comprar las plantas, no sancionar ni perseguir a Martín y todo esto para que no les cortemos las vías. Una vez más, TBA demostró que tiene miedo que la gente esté en la calle. Porque a cada amenaza, apriete o despido se le respondió con un plan de lucha y siempre tuvieron que retroceder. Por eso seguimos en alerta para que TBA cumpla todo lo que prometió y hasta que se reinaugure ese espacio el 21 de septiembre. Otro triunfo sobre TBA. Otro triunfo más para los que luchan. Otro triunfo más, para que se vayan todos.

Sigilosamente, también Corea del Norte inició el camino de las llamadas "reformas de mercado". En julio, el gobierno norcoreano desmanteló el sistema de distribución estatal de bienes y servicios a los trabajadores, que desde entonces deben procurárselos con sus salarios. Al mismo tiempo, las empresas y las granjas dejarán de recibir financiación estatal y deberán mantenerse con el producido de sus ventas a los consumidores. Aunque los salarios fueron aumentados entre el 1.000 y el 1.700%., la devaluación del won, la moneda de Corea del Norte, fue del orden del 7.000%, al nivel que tenía en el mercado negro. La consecuencia fue un aumento de los precios. Los alimentos y bienes que antes los trabajadores no podían conseguir porque la economía estatal no era capaz de proveerlos, ahora no los pueden conseguir porque no pueden pagarlos... La "reforma" pretende someter a la clase obrera a la "disciplina del mercado". El nuevo sistema, comenta un diario financiero, "parece establecido para impulsar la competencia y la productividad, proveyendo mayores incentivos a los trabajadores" (Financial Times, 19/7). Además es "un paso extremadamente significativo" para "impulsar la inversión externa en una escala mayor" (ídem). Corea del Norte acaba de firmar un acuerdo con la Unión Industrial de Italia para la construcción de un ferrocarril que enlace el Transiberiano con Corea del Norte y llegue a Corea del Sur. Por este ferrocarril, en cuya construcción participarán también capitales franceses y alemanes, las mercancías europeas podrán llegar directamente a las dos Coreas. También se han firmado acuerdos con China para su asesoramiento en materia financiera y para la puesta en pie de un sistema bancario comercial. Se han retomado las negociaciones con Corea del Sur, para restablecer el tráfico ferroviario y carretero entre los dos países. Tanto o más importante, se han reflotado las negociaciones con Estados Unidos para la construcción por parte de los norteamericanos de dos reactores nucleares de uso civil a cambio de un estricto control (norteamericano) de los sistemas de armas norcoreanos. Mientras Bush habla públicamente de Corea del Norte, como uno de los integrantes del "eje del mal", sus funcionarios discuten la construcción de centrales nucleares y "delegaciones estadounidenses están activamente presentes en el país asiático para establecer acuerdos comerciales" (Corriere della Sera, 28/8). "Es muy claro que las reformas fueron impulsadas desde arriba (para) reducir la presión internacional sobre el régimen" (Financial Times, 19/7); es decir para establecer un terreno económico y político común entre la camarilla burocrática norcoreana y el imperialismo mundial.

De acuerdo a Clarín, "el martes (27/8), los legisladores porteños Vilma Ripoll, del Mst, y Patricio Echegaray, del Partido Comunista, se incorporaron por primera vez al frente opositor. Allí aceptaron, como Carrió y Zamora, suspender sus campañas electorales, pero dejaron en claro sus diferencias: que al ‘que se vayan todos’, se le agregue ‘que se vaya Duhalde ya’". Además, "que en la Asamblea Constituyente que el frente quiere convocar –única alternativa constitucional para conseguir la renovación de los mandatos– también se incluya el tratamiento de un plan económico, las empresas privatizadas y el ‘tarifazo’" (29/8). Tenemos, entonces, un nuevo frente. Propuesta, el semanario del PC, confirma la información al anunciar "la conferencia de prensa conjunta entre el espacio de La Casona (de Colombres) y el de San Telmo (Cta, Ari, AyL) donde se informan los acuerdos alcanzados para la jornada del viernes 30. Concentración a las 18 horas, en Plaza Congreso (La Casona, luego marcha hacia Plaza de Mayo), y las siguientes consignas comunes: que se vayan todos para que decida y gobierne el pueblo, contra la trampa electoral, contra el hambre, la entrega y la represión, contra el tarifazo y el FMI, por la remoción de la Corte Suprema, por pan, trabajo, salud y educación pública y gratuita" (29/8). Es decir: IU y el "espacio ciudadano" se entendieron en un programa que plantea la renovación del personal político y no un cambio de régimen, y que encomienda a los actuales diputados y senadores la convocatoria a una Constituyente que haga caducar los mandatos. O sea, "que todo cambie" pero sin romper la continuidad política, jurídica y de clase. Naturalmente, ese entendimiento no plantea la consigna "por otro Argentinazo", votada en la reunión de la Interbarrial del 25 de agosto. Este hecho alertó a las asambleas populares que se fueron a la cabeza de la marcha con la bandera que consignaba el Argentinazo en relieve. Durante toda la marcha de Congreso a Plaza de Mayo se vocearon las consignas que resumían las consignas de las asambleas y de las organizaciones piqueteras en lucha. El intento del centroizquierdismo de absorber a las organizaciones en lucha detrás de su política, volvió a fracasar.

Después de meses de aceptar limosnas, los desocupados y beneficiarios de planes de Tandil decidimos salir a la calle y a la lucha el jueves 22. Arrancamos con la convocatoria para movilizarnos el viernes 23, a la Municipalidad, cuando se descubre que 648 planes se habían "caído" inexplicablemente de los listados de los planes de Jefes y Jefas. La jornada comenzó el viernes a la mañana, con más de 200 compañeros y compañeras, que se destacaron movilizando desde todos los barrios, y tomando el hall de la Municipalidad. El lunes, más de 300 compañeros regresamos cortando la calle en la sede del Ministerio de Trabajo y luego tomando la Municipalidad. Seguimos manteniendo la toma y las negociaciones con el Municipio y el Ministerio de Trabajo se mantiene con ollas populares y cortes de calles. Se ha conseguido la incorporación de los 648 al listado, y aguardamos los pagos manteniendo las medidas de fuerza, pero aún faltan más de 1.000 compañeros que nunca han podido cobrar desde abril y mayo. El interior de la provincia necesita sólo chispas para que la miseria explote en rebelión popular de las masas. Compañeros, es el momento para encauzar esta rebelión en la organización independiente de los trabajadores ocupados y desocupados, y conseguir en cada ciudad un nuevo Argentinazo y Asambleas Constituyentes con poder para acabar con la miseria y el hambre.

Las automotrices de Pacheco se preparan para imponer nuevos despidos masivos; Volkswagen a 468 trabajadores actualmente suspendidos y Ford a cerca de 150 mecánicos. Se profundiza así una sangría que ya costó varios miles de rajes en ambas plantas en los últimos años. Se prevén maniobras como la de integrar a los operarios de Volkswagen en cooperativas que brinden servicios en la planta de Pacheco o promover "retiros voluntarios", jubilaciones anticipadas o traslados compulsivos (La Nación, 28/8). Se habla hasta del pase de trabajadores a plantas autopartistas –Fate, por ejemplo- , perdiendo, claro está, condiciones de salario y de convenio. La trilogía: patronal, Estado, burocracia Luego de embolsar miles de millones de dólares en las últimas dos décadas –subsidios y eximiciones de impuestos de parte del Estado mediante-, Volkswagen presentó un recurso de crisis, aceptado por el Ministerio de Trabajo, para despedir pagando la mitad de la indemnización. El Estado "arbitró" a favor de los capitalistas y lo mismo hace la burocracia del Smata, que acepta sin chistar suspensiones masivas. Mientras tanto, se caldea el ánimo de los trabajadores, que le exigen al sindicato que pare los despidos. La presión de las líneas de producción ha llevado al burócrata Pardo a amenazar con cortes de ruta, paros y lo que sea necesario... Que se vayan todos. Que se queden los trabajadores En 1985, los compañeros de Ford pasaron por encima de la burocracia y ocuparon la planta para impedir miles de despidos. Este es de nuevo el único camino: la ocupación de las plantas automotrices, colocarlas bajo gestión obrera y exigir su expropiación. Por la misma situación atraviesan decenas de plantas que rodean a las automotrices. Es necesaria la coordinación de todas las fábricas en lucha contra los despidos y los vaciamientos, para colocarlas bajo gestión obrera.

Marwan Bargouthi, secretario general de Al Fatah y uno de los principales dirigentes de la Intifada en Cisjordania, será juzgado en Israel bajo la acusación de "terrorista" y cargos de asesinato. La semana pasada se puso en marcha el proceso judicial con la lectura de la acusación; si Bargouthi es encontrado culpable, será condenado a cadena perpetua. Bargouthi es uno de los dirigentes más populares entre el pueblo palestino, y especialmente entre su juventud. El juicio es manifiestamente ilegal porque Bargouthi, diputado de la Asamblea Nacional Palestina, fue secuestrado en la ciudad de Ramallah, territorio autónomo palestino, por un comando de las "tropas especiales" que actuaban en forma "encubierta", y trasladado ilegalmente a Israel. El fiscal ha declarado que el objetivo de juzgar a un diputado palestino es demostrar los lazos existentes entre la ANP y el "terrorismo"; el objetivo político del juicio, en consecuencia, es justificar la política sionista de destrucción de la Autoridad Palestina, de demolición de casas, de expulsión del pueblo palestino, la ocupación de las ciudades y el asesinato "selectivo" de los dirigentes de la Intifada. Bargouthi enfrentó a sus jueces al grito de "¡La Intifada palestina vencerá!". Sus defensores han anticipado que Bargouthi no pretende demostrar ante los jueces sionistas su "inocencia" sino convertir el juicio en una denuncia de la ocupación israelí, de las masacres y de la expulsión de su pueblo. En la sesión inicial, los jueces y los fiscales le quitaron en dos oportunidades la palabra. Para evitar que el acusado se convierta en el acusador y que el Estado sionista sea puesto en el banquillo de los acusados, los jueces y fiscales de este juicio ilegal van a violar una y cien veces las propias leyes del Estado israelí. Hay que convertir este juicio ilegal en una gran campaña contra la ocupación sionista de los territorios, por la libertad de Bargouthi y de los miles de presos políticos palestinos detenidos en Israel, por la destrucción del Estado sionista y por una República laica y socialista de árabes y judíos

Después de una semana de intensos debates en cada uno de los Movimientos de Trabajadores Desocupados que integran la Coordinadora, habiendo sido planteado en asambleas y plenarios, la Aníbal Verón fija la siguiente postura: Que se vayan todos y que nadie saque provecho frente al derrumbe institucional, sólo confiamos en las fuerzas populares organizadas. Ante la convocatoria realizada por el Ari, la Cta y Autodeterminación y Libertad, compartimos el repudio generalizado en la sociedad que se expresa en la consigna Que se vayan todos. La crisis política, económica y social que atraviesa nuestro país y se expresa con crudeza en la miseria creciente en nuestros barrios, nos impone ser claros a la hora de señalar responsabilidades: quienes fueron y son parte de la dirigencia política que condujo a este verdadero genocidio social, por su acción en el gobierno o por su rol como oposición temerosa y funcional, deben irse. Y si estos personajes así no lo entienden, en las rutas, en las plazas y en las calles, deberemos echarlos. En los últimos años, venimos librando fuertes luchas ante cada necesidad, sin otra alternativa que confrontar con los gobiernos de turno y confiando en nuestras propias fuerzas y la fuerza de los demás sectores populares organizados. Por eso creemos que sólo a través de la organización autónoma y la lucha, el pueblo conquistará sus derechos. Por eso, junto a toda la sociedad, repudiamos la trampa electoral: la trampa electoral que propone el gobierno, para que se vaya Duhalde y se queden todos, relegando cualquier interés social a los tiempos que marca su interna mafiosa. Pero también desconfiamos de la postura de quienes plantean que la crisis social e institucional se resuelve con un cambio de gobierno, y la renovación de todos los mandatos para cambiar la composición legislativa. Quienes integramos la CTD Aníbal Verón no participamos de ninguna estructura partidaria, pero tenemos memoria: recordamos las experiencias del Frente Grande, el Frepaso y la Alianza, que en distintos momentos políticos canalizaron la bronca popular llevándola a caminos inconducentes, aportando confusión y desconcierto en los sectores populares, mientras los políticos que destruían nuestra Patria y nuestros derechos avanzaban, con la complicidad de los (que) sólo proponían cambios parciales sin cuestionar la raíz de injusticia del sistema. Quienes manejan los resortes del poder económico y controlan los aparatos represivos del Estado, quienes se aferran a cualquier costo a sus privilegios, ya nos están indicando, a fuerza de hambre, represión y muerte, cuán difícil será la lucha para echarlos también a ellos, para construir una sociedad justa, sin excluidos, ni explotadores ni explotados. Creemos que esa fuerza popular necesaria para echarlos sólo se consolidará si nos mantenemos fieles a la agenda de reivindicaciones concretas que hoy reclama nuestro pueblo: por Trabajos Dignos y Asistencia Alimentaria, por Salud, Dignidad y un Cambio Social. Vamos a seguir respetando esos tiempos, explorando nuevas formas de hacer política, que poco o nada tengan que ver con la actual. Estamos construyendo una política que vaya de abajo hacia arriba, en la que gobernar signifique obedecer al pueblo, en la que las asambleas constituyentes sean más que una consigna, en la que referéndum y plebiscito sean más que palabras de difícil ortografía. De aquí en más algunos gastarán su tiempo tras las ilusiones de gobernar desde el Estado Neoliberal. Otros gobernando como siempre, sin más. Nosotros, junto a otros, luchando para que el que gobierne, gobierne obedeciendo; porque si no, veremos cómo lo vamos a echar. Eso sí: en las elecciones, no nos vamos a enganchar. • Darío, Maxi y todos los compañeros caídos, presentes, ¡ahora y siempre! • Contra el Terrorismo de Estado. • Por Trabajo, Dignidad y Cambio Social.

En Rosario, la policía de Reutemann está cumpliendo una política represiva. En Villa "La Lata" entró a las humildes viviendas golpeando y rompiendo lo poco que tienen sus habitantes; otro hecho es la mujer golpeada de un grupo religioso que tiene un comedor en la zona oeste; la última, una represión brutal y al mejor estilo de los años de gobiernos de facto, fue llevada a cabo en Villa Itatí, donde el Comando Radioeléctrico de la policía de la provincia molió a palos, desde su ingreso a la Villa hasta dentro de la Seccional N° 15 adonde fueron llevados los detenidos. Después de una jornada en el Día del Niño, los habitantes de un sector de la Villa Itatí, que integran el Polo Obrero, recibieron el atropello de este aparato del gobierno, destrozos en sus viviendas, golpes a mujeres, chicos, detenciones sin órdenes ni causas, torturas, golpes esposados, agua fría, detención de familiares que se presentaban a preguntar por sus esposos e hijos; pero la actitud de nuestros compañeros es para reivindicar: pese a la tortura y al maltrato, no se retrocedió, se avanzó con denuncias a los medios, con presentaciones ante la Justicia, donde intervinieron en apoyo otras organizaciones en lucha y de derechos humanos. No vamos a dejar de salir a la calle, no vamos a terminar con los reclamos, no vamos a permitir que los que manejan los delitos en el país (secuestros, drogas, muertes) manejen nuestras vidas; juicio y castigo a todos los culpables. Tenemos que imponer una Asamblea Constituyente soberana para terminar con el aparato represivo, porque si echamos a este régimen, echamos a los asesinos.

La panificadora Fargo ha entrado en "convocatoria de acreedores". Hace aproximadamente un mes y medio, la patronal procedió al despido de cientos de trabajadores, agudizando una práctica sistemática de esta empresa, que rota constantemente de personal. Este pulpo de la alimentación también se ha presentado con recurso de crisis y, ante la total complacencia de la burocracia de Daer, ahora pretende despedir masivamente. Ni un solo despido. Que se abran los libros de la empresa al control obrero. Ante la menor amenaza de cesantías, ocupación de fábrica bajo control de sus trabajadores.

Con un gran cartel que decía "Que se vayan todos", seguido por uno del sindicato de Luz y Fuerza, que agregaba "por una Asamblea Constituyente", arrancó la marcha de más de 10.000 personas que el viernes 30 se movilizaron en la ciudad. Que la marcha fue piquetera lo revela su recorrido: rodeó primero la Municipalidad, con el reclamo de "Fuera Kammerath"; luego fue a escrachar a la Legislatura, entrando al área peatonal al grito de "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo", y luego hacia la Casa de Gobierno. Todos los espacios del poder fueron cubiertos por este gran piquete. La marcha fue piquetera, además, porque los piqueteros fueron el sector organizado con mayor concurrencia. El Bloque Piquetero y Barrios de Pie organizaron una columna común que ocupó la cabecera de la marcha junto a Luz y Fuerza y los sindicatos. La columna piquetera fue nutriéndose a lo largo de la marcha, donde se fueron incorporando otros manifestantes. La tarea, ahora, es dar continuidad a este proceso desenvuelto por la movilización y organizar una Asamblea común de los sindicatos, de los trabajadores de la Clínica Junín y de Comercio y Justicia, de los desocupados, de las asambleas populares.

Hace cuatro meses nació el círculo partidario en Parque Avellaneda, al calor de los cacerolazos y piquetes. Este círculo planteó el objetivo de organizar a los trabajadores del barrio, en especial a los desocupados. Nos sumamos a la lucha de las asambleas del sur de la Capital por bolsones. Organizamos una olla popular frente a Promoción Social, cuya sola posibilidad provocó pánico en los funcionarios y los forzó a entregar más bolsones. En las primeras reuniones de la Comisión éramos entre 4 y 8 personas. A los 15 días éramos más de 30. El último miércoles éramos más de 100. Se organizó un merendero que por ahora funciona dos veces por semana. Más de 10 compañeros de la Comisión y la Asamblea participamos en el Acampe en Plaza de Mayo. Un grupo de compañeros estuvo en apoyo a Metrovías. Otro grupo elabora pan y facturas. Las iniciativas se suceden. Acá no hay lugar para punteros, ni para asistencialismo, ni para clientelismo, ni para los partidos patronales. Se forma el Polo Obrero Dieciséis compañeros nos reunimos para discutir la formación del Polo Obrero de Parque Avellaneda. Nos preparamos ahora para seguir peleando por regularizar las entregas de bolsones, colchones, frazadas y pañales; para exigir al gobierno de la Ciudad que provea de todo lo necesario para el merendero, al que necesitamos extender a toda la semana; para extender los planes a todos los desocupados de la zona y aumentar el monto; y por medicamentos. También vamos a seguir empadronando. Impulsaremos la participación de la Comisión en todas las luchas piqueteras y populares. Nos estamos preparando para gobernar Si los trabajadores garantizamos la comida, si nos organizamos en forma independiente del Estado, los patrones y los punteros; si podemos autogobernarnos, es hora de que el poder político del país pase a nuestras manos. Fuera los gobiernos capitalistas. Fuera Duhalde y Fuera Ibarra. Que se vayan todos. Que una Asamblea Popular Constituyente se haga cargo del poder.

A diez semanas de la Olla Popular de la Asamblea Belgrano-Núñez, sacamos este balance. Tuvimos que sumar un día más de la semana para realizar la olla, que ahora sería martes y viernes, de 17 a 21 horas, en la Plaza Noruega (Ciudad de la Paz y Mendoza). A través de ella estamos organizando a los cartoneros y a los sin techo, y se está logrando una gran simpatía de los vecinos que colaboran con alimentos y utensilios y donaron una olla más grande. Se logró que el CGP pusiera parte de la comida y accediera a varios reclamos de la Asamblea, ya que ésta es reconocida por su rol movilizador. Se interviene también en el conflicto de Metrovías por las 6 horas; además, tiene planteado la recuperación de un edificio de la zona para realizar actividades culturales y sociales y poner en marcha un comedor. A su vez, estamos gestionando un lugar para que los cartoneros guarden los carros y hagan acopio de los materiales. La actividad de la olla da 140 raciones por día; la intención es aumentar las raciones y días, por eso se está discutiendo con los cartoneros, los sin techo y los vecinos la necesidad de tener un comedor que funcione todos los días sostenido por la Asamblea, vecinos, cartoneros y sin techo; también tenemos planteado que el Gobierno de la Ciudad habilite jardines de infantes en horario nocturno, para que los cartoneros dejen a sus hijos mientras trabajan. En este terreno están planteadas las becas estudiantiles. Esta actividad (la olla y la recuperación del edificio) ha hecho que la Asamblea crezca y tenga influencia en alrededor de 300 personas. Estos son los primeros pasos para empezar a organizar al barrio por sus reivindicaciones y hacer que se incorporen comerciantes, profesionales, estudiantes y trabajadores alrededor de la Asamblea. En este terreno tenemos el desafío de organizar contra el tarifazo. Asamblea Belgrano-Núñez Día de reunión: sábados a las 16 horas Cabildo y Congreso

La jornada nacional convocada por el "espacio ciudadano" (Cta, Ari, AyL, Ccc) tuvo en Neuquén características más masivas (5.000 manifestantes) que en el resto del país. Aten (el gremio docente) convocó a un paro de 24 horas para ese día, que fue anunciado como inicio de un plan de lucha. El paro tuvo un acatamiento masivo y los docentes aportaron la franja más nutrida de los movilizados (3.000) por la Cta. La Cta marchó de la Casa de Gobierno al puente Cipolletti. Diferenciada de esta convocatoria, la columna de la Mesa Coordinadora del Alto Valle, el Polo Obrero y Barrios de Pie, marchó separada de la de la Cta hasta la ruta 22 y Olascoaga, y allí realizó un acto, en el que confluyeron algunos sectores de la rama Salud, Junta Interna del Hospital Castro Rendón, seccionales de Aten de Plottier y Centenario y numerosos afiliados de base de la Cta. El acto se delimitó del realizado por la Cta denunciando la existencia de una "nueva Alianza". Jorge Mora (por el Polo Obrero) desarrolló el planteo de una convocatoria a un Congreso de organizaciones piqueteras, fábricas ocupadas y gremios en lucha, junto a Asambleas Populares, y a una Constituyente con poder para imponer las medidas que se proclaman.

El lunes 26/8, la empresa "Técnica Industrial" (firma fantasma creada por Metropolitano para realizar tareas ferroviarias bajo el convenio de Comercio), despidió a más de 300 compañeros alegando su cierre. El viernes 30, un piquete de alrededor de 100 compañeros, integrado por 25 despedidos de Control de Pasajes y personal fuera de convenio, más la presencia solidaria de otros empleados, cortó las vías a la altura de estación Avellaneda, impidiendo el paso de las formaciones desde las 10:30 hasta alrededor de las 20 horas. El corte fue apoyado por agrupaciones piqueteras como la FTC y el Polo Obrero, y contó con la presencia de obreros de Brukman y Zanón. Una comisión de los trabajadores se entrevistó con la representación de la empresa y logró la reincorporación de los 25 piqueteros ferroviarios e iniciar una negociación por la situación de otros 19. Los compañeros iban con la posición de reintegrarse a las tareas bajo el convenio ferroviario y plantearon la posición de que los ferrocarriles debían ser estatales, denunciando el vaciamiento empresario. Tras el triunfo, los compañeros nombraron una comisión de representantes a la manera de un cuerpo de delegados. El logro de la continuidad laboral es un antecedente valiosísimo para la lucha que se viene en Metropolitano contra el vaciamiento y por la reestatización bajo control obrero.

Ayer, viernes 30aprovechando que la mayoría de nuestra Asamblea se encontraba en Plaza de Mayo, llegó hasta "La Idea" una cuadrilla de Edenor con el fin de cortarnos la luz. Si bien los operarios se presentaron de buen modo, comentaron que en el caso de que nuestra guardia se negara al corte, tenían orden de llamar a un patrullero para hacerlo efectivo. Ya teníamos como antecedente los cortes de todos los servicios al edificio de la Asamblea del Cid Campeador, en lo que amenaza convertirse en una campaña de las empresas privatizadas, con custodia de la policía estatal, contra la recuperación de predios por parte de las Asambleas. Por supuesto, tenemos luz nuevamente y llamamos a los vecinos del barrio que sufran cortes a acercarse a "La Ideal", para resolverlos en conjunto. Mientras tanto, seguiremos con la movilización contra esas empresas y el tarifazo, consensuando futuras medidas de fuerza, enmarcadas en la lucha general por: ¡Que se vayan todos! Asamblea Constituyente libre y soberana Fuera la Corte Suprema No al FMI Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiz

La crisis provincial se agudiza día a día. La sensación en Tucumán es de que no hay gobierno. Acaba de renunciar el intendente de San Miguel, Topa (ex bussista), jaqueado por la quiebra financiera del municipio (algunas franjas de trabajadores acumulan 5 meses de deuda salarial). El Estado provincial y los municipios se encuentran completamente paralizados. El gobierno sólo ha pagado el 40% de los salarios de julio. La nación envía fondos a cuentagotas. A esto se suma el derrumbe de la ayuda social provincial (copa de leche, ayuda alimentaria, etc.); la conversión del bono está paralizada y con ello crece el desagio o directamente su rechazo. Está en ciernes la pérdida del ciclo lectivo (los secundarios y los técnicos ya llevan 74 días de pérdida de clases), los hospitales están paralizados; lo mismo ocurre en el resto de la administración pública. Por un lado, Miranda decidió ampliar el pago de los salarios con bonos que estaban fuera de circulación o que tenían otros destinos (plan de obras públicas), pero no alcanzan para asumir la totalidad de las deudas; y por otro, se está apelando en forma creciente a los beneficiarios de los planes Jefes y Jefas para reemplazar a los trabajadores que se declaran en huelga. La movilización popular El martes 13/8 se realizó una concentración convocada por la agrupación cívica Faro Ciudadano que reunió a 5.000 personas para reclamar el desafuero de los legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, denunciados por haber recibido coimas para sancionar la ley que habilitó la reforma de la Constitución provincial. Como ocurrió con la pueblada del mes de abril, esta concentración se transformó en una suerte de asamblea popular donde la consigna dominante fue Que se vayan todos y la demanda de una lucha continua para echarlos. Por otro lado, la intersindical conformada por la Cgt regional, la Cta y la Ccc, después de muchas dilaciones convocó a una movilización para el miércoles 28, que reunió a unos 2.000 trabajadores para protestar por los atrasos salariales y reclamar una concertación con el gobierno. El viernes 30, en coincidencia con la movilización que promovieron Carrió, Zamora y la Cta, se realizó una concentración que reunió a unas 4.000 personas. Se cantó el himno, se leyó una oración y se llamó a desconcentrar. Un velorio. El Polo Obrero y el Partido Obrero realizaron una importante movilización. Que no se vaya nadie En abril se formó una multisectorial orientada a disipar la pueblada. Atacaban el planteo de que se vayan todos, planteando el rescate de las instituciones. Esta multisectorial pasó a invernar en la misma medida en que la pueblada entró en reflujo. Ahora, luego de la concentración del martes 13, volvió a reflotarse con los mismos propósitos. Un sector promueve la intervención federal, otros el juicio político. La Ucr, a su vez, promueve otra multisectorial. La salida En este escenario, todos los intentos por cajonear las denuncias de las coimas están fracasando, y podría producirse la destitución del propio Miranda. En medio de la crisis, una serie de sectores están dando cuenta de los enormes beneficios que están logrando con la devaluación. Las citrícolas, los grandes ingenios, Scania, las textiles, informan de un gran crecimiento de la producción básicamente destinada a la exportación, esto en un marco donde a los trabajadores se les han rebajado los salarios (Scania), o se ha tomado personal con los planes Jefes y Jefas (textiles), y donde incluso algunos sectores han logrado rebajas impositivas, como ocurre con las citrícolas, a las que se les ha rebajado a la mitad las retenciones a las exportaciones. Por lo tanto, es completamente falso el argumento repetido de que la crisis social no tiene salida hasta que arreglemos con el Fondo o salgamos de la recesión. Hay que meter manos en las arcas de las corporaciones capitalistas y los banqueros, de allí tienen que salir los fondos para dar solución a las reivindicaciones populares y de los trabajadores. Es necesario un Congreso de delegados de todas las organizaciones combativas de los trabajadores ocupados y desocupados y de las organizaciones asambleísticas, que impulse la lucha en serio para echarlos y una Constituyente con poder en la provincia y en los municipios. danielblanco@tucbbs.com.ar

Ante el fallo de la jueza Norma Beatriz Di Noto, que entrega la fábrica Grissinópoli a un grupo especulador inmobiliario –encubriendo de este modo, la declaración de quiebra de la fábrica–, sus trabajadores convocaron para el día 31/8 a una asamblea ampliada. Participaron unos 80 representantes, desde asambleas a organizaciones sindicales de base y de la cultura; estuvieron Pitrola y Altamira. Las Asambleas Populares marcaron el fuerte lazo que las une con la lucha de Grissinópoli y su compromiso de apoyo cotidiano. Luego de una hora de debate se decidió exigir que se acelere el tratamiento de la expropiación de la empresa en la Legislatura y se tomaron medidas prácticas para la defensa frente a un posible desalojo, la venta de los grisines producidos con gestión obrera, acciones culturales en el predio de la fábrica, acciones parlamentarias y de movilización que fortalecieron aún más el espíritu aguerrido de los trabajadores de Grissinópoli.

Las asambleas populares venimos denunciando aprietes y acosos de la policía. En Saavedra "solicitan" documentos reiteradamente, en Villa Pueyrredón detienen a un compañero por hacer una olla popular, a la Asamblea de Sarandí la "custodia" un Falcon rojo, la policía ingresa al local tomado por la Asamblea Paternal y una semana después 2 asambleístas tienen causas abiertas por usurpación, y la lista sigue. En la Asamblea de Villa del Parque tuvimos amenazas telefónicas, aprietes en la calle, una denuncia por usurpación, pero como con todo eso no lograron sacarnos de la calle, hicieron otro intento: el sábado 10/8 unas seis personas con las consignas de "dios, patria y mano firme"instalaron una mesa de agitación del Partido Nuevo Triunfo en la misma esquina donde hace ocho meses funciona nuestra asamblea. Enseguida comenzaron los cruces de palabras, y los vecinos de la asamblea pintamos un cartel con la consigna" fuera nazis de Villa del Parque!" Unos minutos después, ellos se convirtieron en 15 y marchando hacia nosotros nos "saludaron" todos a la vez con el brazo derecho, concluyendo su despedida con el clásico "vamos a volver". Ya en la asamblea el episodio nos impuso el debate sobre como reaccionamos y como deberíamos haberlo hecho. Hoy nos vemos obligados a evitar el choque directo con estos provocadores, lo que no significa quedarnos estáticos ante las amenazas, mas bien todo lo contrario, nos plantea la necesidad de dar una respuesta política propia al problema de la seguridad, y para hacernos cargo de ella, debemos organizarnos para luchar contra este estado policial. Por la disolución de las fuerzas represivas y los grupos de choque, para que se haga cargo de la seguridad una fuerza autónoma de vecinos, trabajadores, asambleas y organizaciones de DD.HH.

La Cta ha presentado un documento para su cuarto Congreso (9 y 10 de diciembre) que tiene como eje el llamado a construir un nuevo Movimiento Político-Social, el cual tiene la pretensión de superar las "luchas sectoriales" y de "colocar en el centro la utopía democrática". Esta síntesis encomiable señala a la democracia burguesa como la herramienta que sustituya la lucha de clases por la conciliación de clases sin la necesidad de una superación histórica y social de los antagonismos de clase. El texto propone "un piso de coincidencias" en torno a la distribución, la justicia y la democracia para construir un "movimiento de unidad popular". Para la Cta no hubo Argentinazo El documento niega que en diciembre se hubiera producido un Argentinazo. Para la Cta las jornadas del 19 y 20 no abrieron una situación revolucionaria, y más bien han dejado un balance negativo. Así, caracterizan el levantamiento popular como "espontáneo", "expuesto a los reacomodamientos del bloque dominante y del sistema tradicional". Califican a la etapa abierta en diciembre como "fase autoritaria del régimen" (las anteriores, desde 1983, habían sido democráticas). Aunque no lo diga, para la Cta el derrocamiento de De la Rúa fue "funcional" a Duhalde. En oposición a la rebelión popular, el documento presenta a la consulta popular del Frenapo como el paradigma de la "experiencia popular organizada". De esta forma, una juntada de firmas con las Pymes y el Credicoop, sería políticamente superior a una rebelión popular "espontánea". La Cta blanquea, de este modo, su deserción de las jornadas de diciembre, cuando se negó a ir a la Plaza de Mayo. El mismo 20, la Cta seguía diciendo, junto a D’Elía y Alderete, que no había que "hacerle el juego al gobierno favoreciendo una represión violenta y un Caracazo". El "nuevo movimiento" que propicia la Cta, se quiere fundar sobre la base de la negación del Argentinazo. La realidad es distinta a como la pinta la Cta: el Argentinazo fue una rebelión popular que no se ha detenido luego de expulsar a De la Rúa y a Cavallo (típica expresión del "autoritarismo"). ¿Nuevo movimiento u otra Alianza? El programa para la formación del "movimiento de unidad popular" no difiere de sus antecesores, el Frepaso o la Alianza. La Cta no habla de expulsar al imperialismo sino de "una nueva relación de Argentina con el mundo", y somete la decisión sobre la deuda externa a un plebiscito o consulta popular. El planteo es absurdo, porque el repudio de la deuda externa exige un planteo político y económico anticapitalista de conjunto. La Cta quiere inspirarse en Lula, el cual apoya "una nueva relación" en las negociaciones con el FMI y se ha aliado a la gran patronal "productiva" brasileña. La Cta reivindica el Mercosur, una asociación de los grandes monopolios extranjeros y nacionales que lucran con los salarios devaluados y flexibilizados de los trabajadores de Argentina y Brasil. El planteo democrático es usado sistemáticamente para enfrentar a la rebelión popular; por ejemplo, la Cta subordina el reclamo de que se vaya la Corte o la caducidad de los mandatos a una consulta popular, cuando miles y miles ganaron la calle desde principios de año para echar a los "cortesanos". "La crisis del sistema y sus instituciones", a la que se refiere la Cta, no tiene que ver con ninguna forma concreta e histórica de organización social, es una pura indeterminación. No es una crisis del capital ni del Estado capitalista. Por eso no tiene reparos en plantear la conquista de "espacios institucionales" de "instituciones en crisis". Lo que corresponde es plantear echar a Duhalde y una Constituyente soberana y con poder. Una Constituyente arrancada por el Argentinazo y convocada por las organizaciones del pueblo y los piqueteros en lucha, dista completamente de esos "espacios de participación institucional" de la Cta, porque definen la transición hacia una nueva organización social y política. El peligro de un régimen autoritario es esgrimido para justificar un movimiento de centroizquierda estructurado sobre la base de la "defensa y profundización de la democracia". Pero los gobiernos democráticos desde el ‘83 en adelante fueron un instrumento del FMI y de confiscación de los salarios, jubilaciones y puestos de trabajo. Para que haya representatividad democrática genuina hay que quebrar el aparato del Estado que garantiza la dominación del gran capital. Con los capitalistas La convocatoria al nuevo movimiento político y social centra su propuesta en la "lucha contra el hambre" y en que no haya "ningún hogar pobre en la Argentina". Es decir que se limita a un horizonte de explotación "digna". Sin embargo, no levanta el reclamo de un inmediato aumento general de salarios y jubilaciones, ni un seguro al desocupado de 500 pesos o la duplicación del monto de los planes sociales. Sí plantea "planes de empleo" con techos salariales muy por debajo del piso histórico o del costo de la canasta familiar. Cuando la Cta (y la Ccc) se jactan de haber dejado de lado los planteos sectoriales, esto no significa que van a luchar por la huelga general, como lo demuestra el Ente Arbitral que la Cta-Ccc le reclaman a Solá. Para la Cta y el nuevo movimiento hay que imponer un "shock productivo" que permita una "redistribución" del ingreso. ¡Primero los capitalistas! Es una consigna-símbolo (como gusta decir la Cta) y que se resume en el reclamo de subsidios, créditos, salvataje y flexibilización laboral para las patronales y bancos quebrados (empezando por el Credicoop del frenapista Heller). La expropiación de los expropiadores no puede llevarse adelante asegurando la "libertad" abstracta de la "sociedad" (que está dividida en explotados y explotadores) sino reordenando las bases del país, a favor de los trabajadores, quebrando los límites impuestos por el orden capitalista vigente.

El Encuentro Nacional de Empresas Ocupadas y en Lucha, reunido el 24 de agosto en Grissinópoli, tomó varias resoluciones fundamentales. La formación de una red nacional de empresas gestionadas por sus trabajadores, un programa basado en la expropiación sin pago y puesta bajo control obrero de las fábricas vaciadas, una campaña sindical por la ocupación de toda empresa que despida o suspenda, una campaña nacional por el "compre control obrero", la participación directa de las organizaciones de desocupados en la reapertura de empresas cerradas para su puesta a trabajar bajo control obrero. Otro capítulo de las resoluciones son los mecanismos populares de defensa de las ocupaciones, en los que las Asambleas Populares se destacan por el extraordinario papel jugado en Brukman, en Grissinópoli o en Chilavert. En una asamblea convocada por Grissinópoli el sábado 31 de agosto, a una semana del Encuentro, se tomaron resoluciones de movilización contra la decisión judicial de adjudicar la empresa a un grupo especulador y se planificaron actividades permanentes en la propia sede de la empresa, destinadas a reforzar la ocupación obrera frente a cualquier amenaza de desalojo. El Encuentro resolvió al mismo tiempo su participación en la próxima Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados que, en tan solo un mes, será un laboratorio político y de lucha impresionante, teniendo en cuenta las luchas obreras que se preparan. Los trabaja-dores de subtes impusieron las seis horas en la Legislatura porteña y van por la promulgación y la aplicación inmediata; TDO, tras nueve meses de control de cuentas, prepara un proyecto de control obrero y expropiación que puede abrir una huella de salida para la impresionante crisis del transporte automotor; Perfil prepara el segundo acto de su gran ocupación de 23 días ante el agravamiento de la situación de la empresa; los mineros del Turbio plantean un plan de salida económica bajo control de los trabajadores, para toda la población de la cuenca amenazada de extinción si es discontinuada la mina. Si Grissinópoli está urgida por imponer el proyecto de ley, con Brukman no ocurre algo muy diferente. El control obrero necesita destrabar el proyecto Brukman en la Legislatura e imponerlo junto al de Grissinópoli, apoyados en el avance de los de Ghelco y Chilavert. Todo esto nos plantea instalar la causa nacional de las empresas ocupadas y en lucha. Y el Encuentro tomó el problema con el método de la Asamblea Nacional de Trabajadores: resolución, programa y plan de lucha. Propósitos y hechos, no meros encuentros. Votación y cumplimiento estricto de los planes de lucha votados, como ha ocurrido hasta el presente con la marcha nacional, los cortes de rutas y puentes, las marchas obreras y piqueteras, el Acampe nacional y tantas otras resoluciones del 16/17 de febrero, de la Reunión Nacional de Rosario y de la Asamblea Nacional del 22 y 23 de junio. Hoy tenemos como componente fundamental del plan de lucha la marcha nacional, simultánea en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Río Turbio y en todas las provincias con empresas en lucha, y por lo tanto, también en Neuquén con Zanón. Por ello, para que tenga un carácter unitario del conjunto de empresas que colocan el control obrero como un terreno de lucha contra el Estado, para arrancarle la expropiación y el capital de trabajo, para trabar las ejecuciones y defender la gestión obrera sin ataduras a los acreedores, una comisión del Encuentro del 24 de agosto se hará presente en el encuentro que impulsan Zanón y Brukman. Lo hará para coordinar la acción de lucha y la red única de empresas en lucha, de manera que el 10 de setiembre marchemos en conjunto ante el poder político por el control obrero.

Al calor del desarrollo de la Comisión de Desocupados, la Asamblea ha incrementado su número y actividad. El día 22 de este mes, nos entrevistamos con funcionarios de Promoción Social. En más de 3 horas la única respuesta obtenida fue que los desocupados debemos firmar una declaración jurada como condición para seguir recibiendo un bolsón de alimento por mes. No hay más cupo de bolsones para las Asambleas. No porque falten bolsones, sino que no quieren que las Asambleas vehiculicen los reclamos. Quieren confiscar la lucha de las Asambleas. Para ellos, el alimento no es para atenuar el hambre, sino para contener a los que tenemos hambre. El padrón de nuestra Asamblea se volvió a triplicar en el término de un mes, por eso "no estaría en capacidad de contener", dicen estos funcionarios bien comidos de Ibarra. También plantearon la intervención de los CGP, planes individuales y que tendríamos que tener una confianza mutua. Quieren pulverizar la lucha de las Asambleas por las reivindicaciones de los desocupados. • Por la totalidad de los empadronados por bolsones. • Que se efectivice la entrega de pañales y productos de higiene y limpieza. • Abajo la declaración jurada.

Se realizó la reunión entre Solá y las organizaciones convocantes a la "caravana contra el hambre". Entre los 10 puntos presentados por el frente Cta-Ccc-Ftv se destaca el reclamo de un "espacio institucional para abordar la problemática general de la provincia" (impuestos, presupuesto, reactivación económica, seguridad, etc). Otro punto central es el que pide paritarias estatales y la creación de un Ente Arbitral para laudar en los conflictos entre los trabajadores públicos y el Estado. Como se ve, la "paritaria social" es un instrumento de colaboración política con Solá. Este "espacio institucional", que reclaman De Gennaro, Yaski, Alderete y D’Elía, es el terreno común para que se queden todos, empezando por Solá y todo su gabinete (incluido el ajustador Oporto). También para que permanezcan en pie los vaciadores del Banco Provincia y los responsables de la estatización de la deuda privada. Es una rueda de auxilio para preservar al gobierno bonaerense de la rebelión popular. Para la Cta-Ccc-Ftv es posible consensuar y "discutir la reforma del Estado y el problema de la inseguridad", con el gobierno que ampara, encubre y se sirve del accionar represivo, criminal y delictivo de la Bonaerense. Con quienes destruyen la salud y el hospital público de la provincia (recientemente renunció el director del Hospital Rossi de La Plata frente al cuadro caótico y falta de insumos que paraliza a ese establecimiento). El programa que la Cta-Ccc-Ftv le llevó a Solá, no plantea una sola reivindicación de lucha o de movilización. Nada dice del salario y las jubilaciones, ni de luchar por un seguro al desocupado, el reparto de las horas de trabajo o la gestión obrera de toda empresa que eche, suspenda trabajadores o cierre sus puertas. Pero sin una movilización obrera y popular, la "lucha contra el hambre" es puro verso. También lo son las "paritarias estatales" (subordinadas a un Ente Arbitral), reducidas a un instrumento del gobierno para avanzar con la flexibilización laboral y la destrucción de los convenios existentes. Por de pronto, ha sido el propio Solá quien anunció "negociaciones colectivas" para que cada dependencia "defina productividad y resultados". Estas paritarias truchas pretenden además "unificar los regímenes laborales" para flexibilizar las condiciones de trabajo, liquidar los convenios del Astillero y del Banco Provincia y eliminar categorías. Con esta intención ha comenzado un censo en la administración pública para "evaluar dónde sobran empleados". Simultáneamente, y mientras la "paritaria social" pide discutir la reforma del Estado, el gobierno anuncia la supresión de las direcciones de Rentas y Catastro amenazando con el despido de sus 3.000 trabajadores y el traslado forzoso de empleados de un organismo a otro sin garantizarles la estabilidad laboral. Denunciamos esta "mesa del diálogo". Llamamos a la Ccc a romper con el gobierno. En Buenos Aires y en la Argentina hay una sola lucha: Fuera Duhalde, Fuera Solá. ¡Que gobierne una Asamblea Popular Constituyente impuesta por el Argentinazo y la rebelión popular!

El martes 3 la policía provincial allanó la planta Lavalán, ubicada en Avellaneda, una de las casi 100 fábricas ocupadas y bajo gestión de los trabajadores. Los obreros habían reabierto la fábrica y logrado la aprobación de un proyecto de expropiación por parte de la Legislatura bonaerense. La orden de allanamiento del juez se basó en el reclamo del stock de lana de uno de los antiguos dueños de la firma, a pesar de que la ley de expropiación comprendía todos los activos, incluyendo en forma explícita las materias primas. Dada la arbitrariedad de la medida, no hay que descartar que detrás de la orden judicial esté la mano de un sector de la patronal que es partidario de una línea represiva contra las ocupaciones de fábrica y ve con desconfianza la política contemporizadora del gobierno, que viene echando lastre ante las gestiones obreras. Por lo pronto, asistimos al primer caso de una intervención policial contra una fábrica "expropiada". Esta provocación fue literalmente aplastada por la acción de los trabajadores, las asambleas, las organizaciones piqueteras y los partidos. En una verdadera guerra campal que se prolongó durante todo el día, se logró, al anochecer, que la lana no saliera del establecimiento. El juez no tuvo más remedio que dar marcha atrás. Todo comenzo a la mañana, cuando la policía irrumpió a los garrotazos en la fábrica y desalojó a los trabajadores. A partir de ahí comenzó la resistencia, que se fue ampliando con el correr de las horas. La presencia de los trabajadores que se concentraron en la puerta fue engrosada con delegaciones de organizaciones populares y vecinos, quienes hicieron el "aguante" a lo largo de toda la jornada. A media tarde, luego de varias horas de concentración en la puerta, los obreros de Lavalán habían logrado franquear el cordón policial y retomar el control del establecimiento. En asamblea general resolvieron desafiar la decisión del fiscal e impedir la salida de la lana. En la puerta, mientras tanto, se habían concentrado más de 400 compañeros, entre los que se destacaban el Polo Obrero, las asambleas barriales y delegaciones de obreros de otras fábricas ocupadas. Junto a los obreros de Lavalán formaron un verdadero escudo humano, sentados en los accesos a la planta para impedir la salida de los camiones que pretendían sacar la materia prima. Los compañeros repetían incansablemente a través de sus cánticos: "Lavalán es de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode", y "La lana no se va, la lana no se va"... Y la lana no se fue. ¡Un gran triunfo de la lucha obrera!

El libro "¿Qué son las asambleas populares?" fue editado en oportunidad de la realización de "La Trama" de la Asamblea de Palermo Viejo. Estas jornadas "político-culturales" que ocuparon el fin de semana del 25 y 26 de mayo últimos, cerraron con una mesa redonda multitudinaria con Miguel Bonasso, Rafael Bielsa, Tato Pavlovsky y Cristina Feijóo. De ese panel fue excluido Jorge Altamira, a pesar de que su participación fue planteada tanto en la Asamblea como en la comisión política y a miembros de la comisión de cultura. El mecanismo para la exclusión fue esa particular "horizontalidad asambleística": nadie se opone, nadie acuerda, nadie se hace cargo de la decisión, porque "nadie tiene el poder", pero... Jorge Altamira fue excluido. El consenso y la horizontalidad son como la igualdad ante la ley, algunos son más iguales que otros. Miguel Bonasso es igual a Bielsa, igual a Pavlovsky y a Feijóo, pero Altamira es diferente y es tan obvio que no se vota, no se argumenta... simplemente no está incluido. La horizontalidad vale para cuando son todos centroizquierdistas. Cuando aparece la izquierda revolucionaria se cae la estantería –horizontal– y se vuelve a la vieja verticalidad de los hechos consumados. Lógicamente, la mesa redonda no versó sobre qué son las Asambleas porque ninguno de los panelistas sabe de la cuestión. El libro sigue el mismo criterio de la mesa redonda. Escriben los personajes y una cantidad de desconocidos. Sin embargo, debiera haber sido convocado Altamira en nombre del PO. De todos ellos es el único que ha sacado un libro sobre el Argentinazo. La inclusión de una asambleísta del PO ¿no será para encubrir la exclusión de Jorge Altamira? Seguramente a esto se debe el apuro para presentar la nota para lo que yo creí que era un folleto a repartir en la mesa redonda. Si esto no es una aparateada, la aparateada adónde está.

En el seminario, tanto el banco SCH como Repsol, Telefónica, Iberdrola y las demás grandes empresas españolas declararon su decisión de "quedarse" en Argentina. ¿Cómo pretenden defenderse del "ataque norteamericano"? Llevando a fondo el saqueo nacional. En el mismo momento en que tenía lugar este seminario, las empresas privatizadas españolas estaban a la cabeza del reclamo de un masivo tarifazo con el objetivo de recomponer la posición financiera de estas empresas. Al mismo tiempo, el presidente del BSCH "condicionó las inversiones en Argentina a que el gobierno del país no aplique medidas contra la banca" (El País, 22/8)... es decir, a que se haga cargo de sus pérdidas. Esta es la razón por la cual "el gobierno español, el BSCH y el BBVA se han movilizado" (El País, 25/8) para impedir que sea aprobada la ley votada en el Senado "que obligaría a las matrices de entidades financieras extranjeras radicadas en el país a responder con su patrimonio a las operaciones de sus sucursales locales" (ídem). Ante la amenaza del BSCH, respaldado por el gobierno español, de que desconocerá la ley, Lavagna garantizó que el gobierno vetará esa ley (ídem).

La inauguración El jueves 29 de agosto, el Gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional coparon la inauguración formal de la Cooperativa de Trabajo Vieytes (ex Ghelco), una empresa ocupada. Al palco se montaron el vocero presidencial, Amadeo, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, acompañado por algunos de sus ministros. En el acto no tuvieron la palabra los legisladores que vienen impulsando el proyecto de expropiación, ni tampoco la Asamblea Popular del barrio o los trabajadores de la Cooperativa Unión y Fuerza de Avellaneda, que estuvieron en el conflicto desde la primera hora. Cerró el acto Aníbal Ibarra, demostrando cómo a veces se puede emitir un discurso sin decir absolutamente nada. Un poco de historia Desde que en enero la empresa cerró dejando 90 familias en la calle, los compañeros estuvieron casi tres meses resistiendo con una carpa en la puerta reclamando la reapertura de la fábrica. En esos tres meses, subsistieron gracias al apoyo y solidaridad del barrio, y el apoyo de sus mujeres. Este aguante fue un verdadero piquete para impedir el vaciamiento que la empresa había comenzado en forma solapada. Fue en este marco de lucha y con el asesoramiento del abogado Luis Caro, uno de los representantes del Movimiento de Fábricas Recuperadas, que los trabajadores consiguieron que el juez autorice la reapertura y la explotación por 6 meses de la fábrica, pagando un alquiler y los servicios. Frente a la necesidad de una garantía y dinero para que Edesur les brindara la luz, los trabajadores de la Cooperativa Unión y Fuerza de Avellaneda brindaron la garantía y les facilitaron el dinero (el gobierno de Ibarra brilló por su ausencia), en un ejemplo de solidaridad de clase. Allí comenzó la pelea por la expropiación. Como salta a la vista, la lucha y determinación de los compañeros, la solidaridad de la Asamblea Popular y el respaldo de otras fábricas fueron los factores decisivos para lograr este triunfo. Los desafíos La comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura aprobó un proyecto que plantea la expropiación de los activos, con excepción del inmueble, para el cual se establece solamente su "ocupación transitoria". El inmueble, por lo tanto, sigue en manos de sus antiguos dueños y los trabajadores deberán pagar un alquiler por su uso. El proyecto impide que la empresa vaya a remate o sea desalojada. El valor de las máquinas "expropiadas" ni siquiera iguala la deuda que la empresa tiene con los trabajadores, con lo cual, en 2 años (que es el período en que la fábrica está sujeta a expropiación), los patrones podrían intentar pagar esa deuda con lo que reciban por la expropiación y hacer con el predio un jugoso negocio inmobiliario a costa del esfuerzo de los trabajadores. La flamante gestión obrera de Ghelco enfrenta el problema crucial de la subsistencia, ya que en este momento no llegan a cobrar ni 200 pesos por mes, debido a que el resto de sus escasos ingresos lo invierten en la compra de insumos y de servicios, además del pago del alquiler que fijó el juez por el uso precario del establecimiento. La falta de capital de trabajo lleva a los trabajadores a trabajar "a facón" para algunos clientes, quienes adelantan el 50 por ciento del dinero. Esto es un arma de doble filo, porque de afianzarse esta tendencia, existe el peligro de que la Cooperativa termine cautiva de algún grupo empresario, que, en su carácter de principal proveedor y principal cliente, termine conquistando un peso gravitante en las decisiones de la fábrica. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea una lucha por la entrega de un subsidio no reintegrable a la Cooperativa para que la fábrica pueda producir en toda su capacidad y los trabajadores cobrar sueldo de convenio; máxime ahora, que se abre la temporada de helados, un mercado que Ghelco llegó a abastecer años atrás en un 70 por ciento. La lucha por el financiamiento de las nuevas gestiones obreras es decisiva y plantea la necesidad de unir todas las fábricas en manos de trabajadores en un movimiento común, crear una central de fábricas ocupadas que luche por el auxilio económico del Estado, que reclame la nacionalización de los bancos y la presencia de representantes de su movimiento en los directorios de un sistema estatal bancario unificado, que permita el acceso al crédito y los recursos necesarios a los emprendimientos económicos que encaran y motorizan los trabajadores.

En la sesión del 20 de agosto de la Cámara de Diputados se aprobó, con el voto de la mayoría del bloque del PJ, la privatización del mantenimiento del alumbrado público. Este servicio, que prestan actualmente los municipios, pasará a manos de la provincia, que lo dará en concesión. Con esto, el gobierno de Romero va a tener un nuevo negocio, del cual los municipios no van a ver un peso, ya que este gobernador tiene una política de abandonarlos a su suerte. El proyecto constituye un verdadero fraude y un negociado a favor de la empresa Edesa, distribuidora de la energía, a la cual se le asegura el cobro de una deuda, absolutamente dudosa, que los municipios tienen con ella y de la cual se hará cargo la provincia. La deuda, que es por la energía utilizada en el alumbrado público, ha sido estimada por la empresa, ya que el sistema no cuenta con medidores que permitan conocer el real gasto de energía. Esto ha sido reconocido por varios legisladores a los que, sin embargo, no les ha temblado la mano para firmar el dictamen de aprobación. Además, hay que tener en cuenta que la empresa le cobra a cada usuario lo que se llama Incidencia del Alumbrado Público (IAP). Con la sanción de esta norma, se viene inevitablemente un tarifazo. En primer lugar, porque va aumentar lo que se paga por el IAP. Además lo que se pagará por mantenimiento del servicio ya no será sólo para cubrir los gastos, sino también para que la concesionaria obtenga una ganancia. Pero, por si todo esto fuera poco, el proyecto establece la incorporación en la factura de luz, de la tasa municipal de barrido y limpieza. Con respecto a los empleados municipales que se encargan de alumbrado público, el proyecto abre la posibilidad de que la concesionaria los incorpore. Eso sí: no asegura que todos serán incorporados, ni que se va a respetar su antigüedad, ni su actual convenio, y ninguno de los beneficios que hoy tienen como empleados de las comunas. Con toda seguridad, esto dejará a muchos de ellos en la calle. Los municipales de Salta Capital hicieron una propuesta alternativa a este proyecto. La misma, además de denunciar el negociado, plantea que el servicio puede hacerse por administración municipal y con un costo entre 4 y 5 veces menor de lo que cobrará la privada. Como es lógico, este planteo fue ignorado, a tal punto que algunos diputados ni se enteraron de que en el expediente estaba la nota enviada por los municipales. Tal como lo denunció el diputado del PO, Pablo López, el Ejecutivo –autor del proyecto–, y los legisladores del PJ, están insistiendo en una política que ha fracasado y que está llevando hoy a los trabajadores a enfrentarse con la policía y con la empresa cuando van a los barrios a cortar la luz. En contraposición a esto, el PO se movilizará el martes 27 para acompañar el proyecto presentado por su legislador, que busca garantizar los servicios para todos los trabajadores, a través del congelamiento de tarifas, la eximición del pago para los desocupados e indigentes y la no-inclusión de tasas en las facturas de luz y la separación de las boletas de luz y agua.