Prensa Obrera N° 769

Para Claudio Katz, nuestra crítica a los "economistas de izquierda" (PO N° 763) no es incorrecta ni falsa sino "nociva e inoportuna". Es decir que la descalifica por "importunar" lo que es una virtual componenda sin principios entre ex trotskistas y representantes del Banco Credicoop; entre quienes, de un lado, confunden a las nacionalizaciones con el socialismo, y quienes, del otro, se oponen a esas nacionalizaciones en nombre de la "redistribución de los ingresos". Deben ser muy pocos los casos en la historia de las polémicas políticas en que uno de los bandos reivindica para sí el oportunismo y la falta de principios. Pero es lógico que así ocurra porque los llamados "economistas de izquierda" han hecho un frente en el plano ideológico, no en el plano de la política o la acción, lo cual constituye la esencia del oportunismo. Estatismo burgués y socialismo De todos modos, al igual que el tero, Katz pone el grito en un lugar diferente a los huevos. Es así que nos "corre" con la siguiente afirmación: "para Rieznik (y para el PO) ... no corresponde formular un programa socialista", citando nuestro planteo de que "el desarrollo real de la revolución condiciona el método, el alcance y el ritmo de las transformaciones sociales". En consecuencia, nos estaríamos negando a formular un "plan de medidas económicas" que Katz disfraza de programa socialista. Es decir, que deriva su condición socialista de las medidas económicas; y no de la revolución que las condiciona. Esto le permite a Katz contrabandear propuestas de nacionalizaciones y estatizaciones como socialismo. El PO, que plantea la expropiación del capital, la destrucción de su Estado y la dictadura del proletariado, no sería sin embargo socialista porque no tiene un detallado cronograma de estatizaciones. Mal pueden las nacionalizaciones y estatizaciones, sin embargo, ser en sí mismas un sinónimo de socialismo cuando han sido históricamente un recurso de la burguesía; sea para hacer frente a las dificultades, crisis o colapso del mercado capitalista, sea como un instrumento para enfrentar a los competidores y fundar un "capitalismo nacional". No hay ningún país capitalista que no haya recurrido a ellas en mayor o menor medida en el último siglo. Lo que distingue a un socialista de un economista no es la cantidad de nacionalizaciones que propone sino que el primero se plantea la transformación revolucionaria de la sociedad bajo la dirección de la clase obrera mientras el segundo la niega y la asimila al estatismo económico, o sea a una transformación bajo la dirección de la burguesía. El original y la copia Por más ridículo que suene que para el PO "no corresponde plantear un programa socialista", sirve para clarificar. Es que el programa de los Edi plantea las "medidas económicas" sin revolución socialista, o sea para evitarla, toda vez que se estaría ejecutando su programa sin que antes una revolución hubiera destruido el Estado burgués. Los Edi consideran incluso un error hablar del agotamiento histórico del capitalismo. Por lo tanto, la definición de los Edi como "estratégicamente socialistas" es un contrabando, aunque no sea original. Desde hace décadas la intervención estatal en el mercado capitalista y las nacionalizaciones han sido presentadas como socialistas. En Argentina abarcó el socialismo nacional y la patria socialista. La crítica a las nacionalizaciones y estatizaciones no debe limitarse a señalar su carácter burgués, ya que no modifican la explotación del trabajo asalariado. También hay que denunciar su función de rescate del capital en épocas de colapso económico y social, es decir como una salida capitalista. Un recurso obligado como se revela en el hecho de que el propio Duhalde ya ha debido estatizar alguna privatizada que abandonó el terreno, y lo mismo ha sucedido con algunos bancos. Los Edi creen que se delimitan de tales experiencias porque plantean el control de los trabajadores "y usuarios". Pero esto no alcanza para que tengan un carácter socialista, porque para ello debe haber primero un poder obrero. El control de los usuarios, por otra parte, es un control sobre los trabajadores, un método de explotación. El Frenapo y la URSS Los Edi, sin embargo, adoptan los planteos de la Cta y del Plan Fénix, que naturalmente no tienen nada de socialistas, pero que ni siquiera son estatizantes. Katz se muestra enojado con tal comparación, pero él mismo tiene que salir a denunciar el documento de los Edi, con un lenguaje absolutamente vergonzoso: nos "desagradan –dice–, ciertas referencias que hace el Edi a la cultura del trabajo, que se identifica con la cultura de la explotación capitalista". Es decir que el programa socialista es el barniz fraudulento de un planteo rabiosamente capitalista. Porque exigen "una cultura" de la explotación, los Edi no plantean un seguro al desocupado sino un plan de trabajo subsidiado con salarios iguales a los del límite de la pobreza, y para colmo dicen que esto sirve para eliminar la alienación capitalista. Se trata de pura barbarie. Pero, los motivos de la inclusión en las "Propuestas" de un salario inferior al piso histórico del país, responde a que el documento lo firman militantes del Frenapo, con el banquero Carlos Heller y Attac a la cabeza. IU se ha sumado entusiastamente a esta manipulación. Lo que de todos modos es novedoso en la respuesta de Katz a nuestra crítica, es que justifica la necesidad de "explicar" un "programa económico" (que confunde con el socialismo) en el hecho de que ahora las masas "no vislumbran una alternativa ya que se ha extinguido la época de las sencillas ilusiones en repetir el camino de la URSS...". Es decir que Katz es el más conciente de todos los "economistas" de que su labor teórica es disuadir al pueblo de protagonizar una revolución; Áy esto después del 19 y 20 de diciembre! Para Katz, después de la caída de la URSS, la preocupación central es que ahora "muchos quieren saber ¿qué sistema bancario nacionalizado permitiría la reconstrucción popular de la economía?...". Es decir, que la ex Unión Soviética no había resuelto un interrogante... financiero. Socialismo económico Katz va muy lejos en su esfuerzo de separar el programa de la revolución; no lo condiciona ni a una Constituyente: "no podemos esperar –dice– a que asuma una Constituyente con poder para entonces sí desayunarnos con los problemas industriales, cambiarios y financieros...", dice Katz. Claro que los Edi tampoco están de acuerdo con la Constituyente con poder. El error de los Edi consiste precisamente en abordar el socialismo como "economistas". Su vaga convicción socialista se transforma en burguesa precisamente porque sustituyen la revolución y la transformación social por un programa "económico" que emerge, no de la lucha de clases, sino de un saber particular. Katz simplemente no entiende (pero alguna vez sí entendió) que economía y socialismo son términos antagónicos. Le incomodó que dijéramos que la economía es una "especialidad burguesa". Pero, como se sabe, nos limitamos a citar un planteo que tiene un siglo y medio, formulado por alguien que también Katz cita en su respuesta: "los economistas son los representantes de la clase burguesa y los socialistas los teóricos de la clase proletaria". El que lo dijo fue Carlos Marx. Considerar "nociva e inoportuna" una crítica es mal síntoma; delata el objetivo de sostener un negocio político oportunista.

Los trabajadores de Coto vivimos cada vez más explotados. La empresa no para de destruir nuestras conquistas sociales: el horario de trabajo parece no tener límites, impidiendo que podamos estudiar o buscar otro trabajo; nos rotan los francos, no nos pagan horas extras, tratan de sacarnos con miles de artimañas los días feriados que nos corresponden (25 de mayo, etc.), nos pagan sueldos miserables, condenándonos a mendigar centavos para poder viajar, aun hasta 10 días antes de fin de mes. ¿Qué hace nuestro sindicato para impedir estos abusos? ¡Nada! Los pocos cuerpos de delegados que existen, son meros instrumentos de la política cómplice y explotadora de Cavalieri, impidiendo toda organización combativa de los trabajadores. A todos estos atropellos ahora se suma la humillación sin límites de no querernos pagar los miserables 100 pesos de aumento, la migaja que tuvo que otorgar el miserable gobierno de Duhalde, frente a la gigantesca depreciación de nuestro salario por la devaluación de la moneda. Coto no tiene ningún derecho a negarnos 100 pesos de aumento, no hay ley de amparo que valga, más aún con las gigantescas ganancias que embolsan día a día. Hace falta un plan de lucha, que imponga los 100 pesos y garantice que ningún trabajador gane menos de 600 pesos, que imponga el respeto a los feriados, el respeto a las 8 horas de trabajo y que el horario nocturno se pague doble. Pero este plan de lucha no lo va a llevar adelante la burocracia vendida de Cavalieri, sólo van a poder hacerlo los trabajadores independientes organizándonos. Un paso importante para discutir cómo organizarse, cómo empezar a organizar una acción independiente de la patronal y de la burocracia, es concurriendo al próximo Encuentro de Fábricas ocupadas, sindicatos combativos y empresas en lucha, organizado por el Bloque Piquetero Nacional.

Convocado por la Intersalud de las Asambleas Populares, las agrupaciones de médicos municipales, de enfermería y de trabajadores hospitalarios, se concentrarán en Congreso, el miércoles 28, a las 15 horas, para ir al Pami central y de allí a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La situación de la salud pœblica en la Capital es de total colapso. La falta de insumos y medicamentos provoca la interrupción de tratamientos y cirugías todos los días en los hospitales municipales. El Hospital Garrahan no garantiza el pago de los sueldos del mes próximo por el default presupuestario. Los trabajadores instalarán una carpa en defensa de los puestos de trabajo a partir del lunes 26. Una movilización de Asambleas Populares impidió, transitoriamente, el cierre de 29 camas en el Zubizarreta. Profesionales y trabajadores del Gutiérrez de pediatría realizaron una movilización el miércoles 21 por aumento de salarios y defensa de la guardería. La Intersalud comenzó una campaña por la defensa de las 36 salas de salud de la ciudad, abandonadas presupuestariamente a su suerte y por la defensa del PAMI, que está al borde –en palabras de su intervención– de la cesación de pagos. El gobierno de Ibarra no sólo no tiene prevista la solución de estos problemas, sino que ha anunciado, por medio de su secretario de Salud, que no habrá presupuesto ni nombramientos y que seguirá el plan de racionalización y achique, del tipo de la compactación de servicios y establecimientos. Para que se vayan todos estos responsables del deterioro de la salud de la población; por la triplicación del presupuesto de salud bajo control de los trabajadores; para terminar con aranceles y tercerizaciones; para que se establezca el control obrero de los laboratorios, para que se otorguen medicamentos gratuitos, ¡Vamos el 28!

El operativo de "seguridad" ha militarizado calles, cruces y estaciones. Ha minado los barrios con una amplia gama de exponentes del aparato represivo en un operativo conjunto entre la Provincial, la Federal y la Gendarmería. Ahora, los trabajadores y el pueblo estamos "protegidos" por los responsables del gatillo fácil, las mafias policiales, implicadas, entre otras cosas, en el secuestro del chico Peralta por la Gendarmería coimera y contrabandista. El mismo día que comenzó el operativo, dos compañeros del Partido Obrero de San Martín que habían estado pegatinando, fueron increpados frente a la estación del ex ferrocarril Mitre por dos gendarmes. Eran las 10 de la noche cuando los compañeros fueron patoteados y amenazados violentamente con métodos y frases propias de la dictadura militar: "Para los jóvenes como ustedes esto va a cambiar", "ahora estamos nosotros en la calle", "de esto no digan nada, no abran la boca, porque los vamos a hacer boleta, esto no pasó". Inmediatamente se puso en conocimiento de los medios de prensa lo sucedido y se radicó la denuncia en la Fiscalía N° 1 de San Martín a cargo del doctor Héctor Scebba. El jueves 15, más de 80 personas respondieron a una convocatoria del Partido Obrero en el lugar de los hechos para repudiar la represión. Participaron delegaciones del Partido y del Polo Obrero de Tigre, San Fernando y Villa Zagala. Organizaciones de izquierda, centros de estudiantes y asambleas populares se hicieron presentes trayendo su adhesión. Durante dos horas se cortó la calle y los oradores denunciaron lo sucedido, responsabilizando al aparato represivo de la muerte de trabajadores y luchadores, vinculándolos con la ola de violencia que recorre la provincia de Buenos Aires, los secuestros express, el caso Diego Peralta. Subrayaron también que el accionar represivo de las fuerzas de "seguridad" y su propia descomposición, son claras expresiones del derrumbe del gobierno. Las intervenciones cerraron reclamando que se vayan todos y exigiendo una Asamblea Constituyente con poder. La marcha que recorrió la peatonal de punta a punta, entonó consignas contra el gobierno, la represión y la Gendarmería, e inundó la calle con mariposas denunciando la situación y reclamando: ¡¡Fuera la Gendarmería!! Lo sucedido no fue un hecho casual y aislado. Situaciones similares se repiten en las estaciones y en los trenes. Los colectivos son detenidos y el pasaje completo requisado e indagado. La Av. General Paz se ha transformado en una zona de riesgo para estudiantes secundarios, desocupados, vecinos y trabajadores. La ola de violencia con la que se pretende controlar al gobierno de la provincia para condicionar la sucesión presidencial es la excusa para el despliegue de estos operativos y para la impunidad de su accionar represivo. En nombre de la ley, se ejercitan en violarla instituyendo una suerte de estado de sitio para el conjunto del pueblo. Es necesario acabar con el aparato represivo y para ello hay que echar a este régimen político con una fuerte y sostenida movilización que termine la tarea iniciada el 19 y el 20 de diciembre; un nuevo Argentinazo para que se vayan todos y el poder pase a una Asamblea Popular Constituyente y soberana. ¡Fuera Duhalde y el FMI! ¡Fuera la Gendarmería y todo el aparato represivo!

En mi nota publicada en el número 768 de Prensa Obrera, cometo un importante error de omisión cuando, en el párrafo que se refiere a la crítica "por izquierda" del secretario general de Ate-Capital, Pablo Micheli, a Izquierda Unida, a la cual acusaba de electoralista (más precisamente a una de las organizaciones políticas que la constituyen, el Mst), no señalo que, más hacia el fin del comentado plenario, Micheli volvió "a la carga" con el ataque macartista a dicho partido, ante lo cual los compañeros presentes del mismo en el plenario, ambos delegados de diferentes organismos, contestaron planteando, entre otros conceptos, que de hacerse referencia a un volante del Mst (como lo estaba haciendo Micheli en forma reiterada), el mismo debía ser citado completo y, fundamentalmente, que en lugar de atacar a la izquierda, Ate debería cumplir con sus responsabilidades gremiales como organización que representa a los trabajadores estatales, entre otras, la de convocar a un paro general ante la llegada de O'Neill, y no ocultar esta falta de iniciativa desgarrándose las vestiduras por no haberse sumado a las iniciativas de otras organizaciones (que es lo que hizo Micheli al comenzar el plenario). Espero haber dejado aclarado mi error con esta rectificación.

El adelantamiento de las elecciones a marzo está a punto de venirse abajo. El cambio de fecha de las internas del PJ es mucho más que una postergación e incluso más que un cambio de metodología en lo referente a quienes podrán votar. Está denunciando la posibilidad de que las internas se dejen definitivamente de lado: concebidas para darle una salida a la desintegración del peronismo, sólo han servido para profundizarla. Hay indicios de que la totalidad de los candidatos preferiría ir directamente a la elección general, para lo cual se adoptaría una variante de la ley de lemas, lo que en cualquiera de los casos sería inconstitucional. Con ley de lemas o sin ella, una elección nacional con varios candidatos del peronismo agudizaría la desintegración del PJ y agravaría la crisis política general. Pero, además, sin las internas, todo el andamiaje político quedaría golpeado como consecuencia del vacío que se crearía hasta el comienzo de la campaña electoral. El gobierno se vería forzado a adelantar aún más las elecciones y a profundizar con esto su debilidad administrativa y política, dejando colgado del pincel el arbitraje de la crisis económica. El voltaje alcanzado por el empantanamiento del plan electoral explica la anulación de los viajes previstos por Duhalde a la inauguración de las sesiones de la ONU y al Vaticano. La base económica de esta desestabilización política es muy clara: el PBI sigue cayendo, ahora se dice que "la crisis todavía no tocó fondo", los despidos masivos y las quiebras tocan nuevos topes, el 55% de la población ha ingresado a los niveles de pobreza. Bastaría con un aumento de tarifas, incluso del 10%, para elevar ese porcentaje al 70%. Contradicciones explosivas El FMI ha reiterado que no aceptará ningún acuerdo hasta que el Estado no recapitalice los bancos, que se aumenten las tarifas, que se privatice la banca pública y que se restablezcan las ejecuciones hipotecarias. Echa leña al fuego, porque la contradicción de este planteo es flagrante: con mayores tarifas, ejecuciones y empapelamiento del Estado con títulos públicos, mayor será la depresión económica. Como lo demuestran las crisis de Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú y otros, los capitales internacionales se están retrayendo por la necesidad de hacer frente a los déficits financieros que tienen en los países centrales, de modo que no volverán a Argentina como consecuencia de un acuerdo con el Fondo. Ahora mismo, Lavagna está impulsando un gigantesco saqueo de las finanzas públicas al legislar que los impuestos puedan ser pagados con títulos públicos y conceder que estos títulos desvalorizados puedan ser usados para cancelar deuda externa por parte de las empresas privadas. Es decir que Duhalde está amenazado de un abandono del gobierno como resultado directo de la crisis económica, o sea que ni siquiera tendrá que asistir al derrumbe de su plan político. Las empresas privatizadas no han dejado de ganar dinero en el curso del corriente año; en algunos casos, incluso, han revertido las pérdidas que tuvieron en el 2001. Alegan lo contrario porque sus deudas están en dólares, pero esto lo podrían resolver con una refinanciación a largo plazo. Al reclamar el aumento de tarifas pretenden, por lo tanto, proceder al pago inmediato de la deuda externa. Es precisamente lo que Lavagna está permitiendo con la autorización para que los bancos cancelen los préstamos que les dio el Banco Central con los títulos de la deuda externa que tienen en su poder. Centroizquierda, un recurso último El acuerdo entre los restos de la Alianza con Zamora y la Ccc-Pcr, para impulsar la caducidad de todos los mandatos, debe ser relacionado con esta potencial crisis terminal del gobierno de Duhalde, sin que ello signifique dejar de lado el carácter electoralista de la "suspensión" que han proclamado de sus campañas electorales, las que no dejan de existir porque los candidatos proclamados o virtuales del centroizquierdismo digan lo contrario. La concentración que ha sido convocada para el viernes 30 frente al Congreso nacional habla por sí sola, porque pone claramente en evidencia que el centroizquierda pretende que los diputados y los senadores se encarguen de convocar a una Constituyente que haga caducar todos los mandatos. El centroizquierda quiere que "todo cambie" pero sólo en el marco del régimen actual, sin ruptura de la continuidad jurídica, política y de clase. En esta medida, le ofrece al sistema una oportunidad final de encarrilar la crisis, para el caso de que ésta ya hubiera roto los diques de contención actuales. Si en cambio la patota bonaerense logra llegar a marzo con la ayuda de sus aliados y la neutralidad provisoria de sus adversarios, el reclamo de la caducidad de los mandatos habrá cumplido su función de slogan electoral y de soporte del plan oficial. El punto es que la dimensión de la catástrofe social y la desintegración capitalista superan lo que pueda ofrecer como salida para el pueblo una renovación electoral completa; de otro lado, el gobierno sólo podría convocar una Constituyente regimentada y parcializada, que carezca de poder y coexista con el régimen actual, y que sólo pueda deliberar, por ejemplo, sobre la inocua caducidad de mandatos. El acto de soberanía popular que podría ofrecer a los trabajadores una inmediata perspectiva de protagonismo en la superación de la catástrofe que los afecta, o sea una Asamblea Constituyente soberana, sólo podría producirlo un nuevo gobierno y un nuevo régimen, concretamente un gobierno de representantes de las organizaciones en lucha. Lo que De Gennaro y Carrió no quieren de ninguna manera, y lo que Zamora ha demostrado que tampoco quiere porque se ha aliado a aquéllos (en torno a los mandatos) y no con las organizaciones piqueteras, asambleas populares, sindicatos en lucha y empresas ocupadas. El desenvolvimiento de una situación revolucionaria La situación política ha evolucionado considerablemente desde diciembre pasado; la diferencia más acusada es la creciente desintegración del peronismo como consecuencia de su fracaso en el gobierno. Esto significa que en el plano del orden existente, no existen centros con autoridad política. Del lado de los trabajadores ha ocurrido lo contrario: aunque no son efectivamente organismos de poder, las organizaciones en lucha han ganado una creciente autoridad política e incluso ha crecido en ellas la conciencia de esta autoridad política. En esta medida y en este cuadro son alternativas de poder cuyas posibilidades dependen en gran medida de la orientación que adopten, especialmente por la importancia que tiene la estrategia política en la tarea de ganar a las grandes mayorías populares. El bloque Cta-Ari-Ccc (Pcr)-Zamora pretende claramente sustituir a las organizaciones en lucha como alternativa a una crisis final del gobierno. No importa que Zamora o la Ccc-Pcr luego no lleguen a un frente electoral con Carrió; lo que importa es que han plantado ahora al centroizquierdismo como una alternativa política, esto en detrimento y en oposición a las organizaciones en lucha. No es casual que Zamora hubiera vuelto a atacar al Bloque Piquetero, la semana pasada, en una entrevista a La Nación, y que hubiera hecho lo mismo de nuevo en el programa de Majul (repitiendo el derrotado slogan oficial de que "están divididos"). El bloque formado por la caducidad de los mandatos sólo admite a las organizaciones en lucha por la puerta de servicio y como puntal de una política en la que no tuvieron participación. El levantamiento popular argentino ya ha dado pruebas de que no es una simple rebelión: ha comenzado a contagiar en el plano internacional y se perfila como un antagonista del capital con programa propio. Es cada vez más dinámico en la forma y más claramente universal en el contenido. Por eso las organizaciones en lucha pueden aspirar a desarrollarse como alternativas de poder. Esto significa, en el estado actual de la crisis, proclamar abiertamente que la convocatoria de una Asamblea Constituyente soberana sólo puede realizarla un gobierno de representantes, no del centroizquierdismo y la burocracia de los sindicatos, sino de las organizaciones en lucha. El terreno en que se podría materializar esta perspectiva es una nueva rebelión popular. Por eso llama la atención que Izquierda Unida se oponga al planteo de un nuevo Argentinazo, cuando afirma querer una Constituyente soberana; ésta es imposible sin un gobierno de las organizaciones en lucha, y éste sin un nuevo 19 y 20. A la luz del desarrollo de la crisis política en las próximas semanas, deberá establecerse si la convocatoria de un Congreso Nacional de organizaciones piqueteras, asambleas populares, empresas ocupadas, sindicatos en lucha y centros de estudiantes y organizaciones populares combativas, no está ya a la orden del día.

Desde el 15 de agosto pesa sobre el compañero Hugo Gómez la amenaza, por parte de la autoridad municipal, de una sanción de 5 días de suspensión, que marcaría el inicio de futuras sanciones aún más graves. No existió en ningœn momento incumplimiento alguno por parte del compañero sino que estamos ante la campaña orquestada y dirigida por el intendente de Ituzaingó (Dezcalzo) en contra del compañero Gómez por ser militante del Partido Obrero y por su destacada actividad gremial en contra de las mafias del distrito. (Esta persecución es la consecuencia directa del desarrollo político y organizativo que viene experimentando el Partido. Por ejemplo, dos círculos partidarios, formación del Polo Obrero –con un comedor con grandes perspectivas de desarrollo–, un nœcleo militante de la UJS y un nœcleo docente centralizado por Tribuna). Es por todo esto que llevaremos adelante una campa–a de pronunciamientos en contra de esta medida y planteamos: ¡No a la persecución política y sindical contra el compañero Gómez! ¡Fuera Dezcalzo, Duhalde y Solá, que se vayan todos! ¡Asamblea Popular Constituyente! en la nación, provincias y municipios, como paso previo al gobierno de la clase obrera!

La oposición antiburocrática ganó las elecciones para Comisión Interna en el Rectorado de la UBA. Una lista formada por la agrupación Naranja, la Rojo-Granate y compañeros de la Asamblea Autoconvocada de Rectorado ganó en medio de una situación signada por la inestabilidad salarial y por la crisis de una burocracia que se pudre. Esta derrota de la burocracia golpeó en el corazón del shuberoffismo y en quien fue y es su principal sostén, la directiva de Apuba. El triunfo opositor en Rectorado se suma al reciente triunfo de los compañeros del Pellegrini, también contra la burocracia de Anró y contra el rector shuberoffista, Gack. Este camino nos permitirá poner de pie a los no docentes por un aumento de nuestros salarios, por la triplicación del presupuesto universitario, por presupuestos para los hospitales universitarios

El Encuentro de Empresas Ocupadas y en Lucha, reunido el 24 de agosto en la fábrica Grissinópoli, con la presencia de 850 delegados y representantes de fábricas, sindicatos y Asambleas Populares, se dirige a todos los trabajadores del país para trasmitirles el planteamiento y el plan de lucha votados. 1) Asistimos a la bancarrota de un sistema de producción. Los patrones huyen de las fábricas, revelando más que nunca que la clase capitalista es incapaz de hacerse cargo de la producción. Su función social y económica está agotada. Esto pone a la orden del día la necesidad de una transformación social, en la que los trabajadores estamos llamados a jugar un papel protagónico. El principal obstáculo para la producción es el propio capital. Los costos laborales fueron reducidos a su mínima expresión, mientras la superexplotación fue llevada a su máximo nivel. La política de flexibilidad laboral no sirvió, sin embargo, para que las empresas salieran a flote. El problema no es, por lo tanto, el costo laboral sino el costo empresario. Grissinópoli, Chilavert, Ghelco, Brukman, Zanón, así como las decenas de plantas en la misma condición, son "viables"; lo que las hace "inviables" son la voracidad y el parasitismo patronales. La mejor demostración de que esto es así la dan los numerosos ejemplos de producción bajo control obrero. 2) El Encuento llama a impulsar la gestión obrera de las fábricas mediante la expropiación de las máquinas, de los edificios, del capital de las empresas y su entrega a los trabajadores. No se trata de fábricas autogestionarias, donde el obrero viva la ficción de que se ha transformado en patrón y salga a probar suerte y termine destruido por la competencia capitalista. Tampoco somos partidarios de la estatización capitalista. La mera estatización no sólo es una medida económica de rescate del capital privado. Es también una intervención política del Estado capitalista en defensa del sistema de explotación de los trabajadores. 3) El Encuentro advierte y llama a combatir todos los condicionamientos que se interponen en el desarrollo de una gestión obrera. El primero consiste en la pretensión de que los obreros nos hagamos cargo de las deudas empresarias –que se convierte en una hipoteca ilevantable– y, encima, pongamos plata, renunciemos a nuestras indemnizaciones o los créditos laborales que la patronal nos adeuda por atrasos y diferencias salariales Un segundo obstáculo es que los trabajadores contamos apenas con el "uso precario" de la planta , por el cual debemos pagar un alquiler. Estamos sometidos por lo tanto al arbitrio del due–o o del juez, quienes pueden disponer en cualquier momento el desalojo del establecimiento. Las expropiaciones aprobadas hasta el momento en las Legislaturas no pasan de una "declaración". El Poder Ejecutivo puede no efectivizar la expropiación en el plazo autorizado, con lo cual los obreros se encuentran forzados a tener que asumir la compra de los activos si quieren evitar el cierre. En tercer lugar, la falta de capital de trabajo (materias primas, servicios, salarios) termina convirtiendo a los trabajadores en rehenes del propio dueño o de otro grupo económico, que es el que adelanta los fondos para el pago de insumos. Frente a la situación expuesta, planteamos un conjunto de medidas imprescindibles para el porvenir de la gestión obrera: a. Expropiación de los activos y su entrega gratuita a los trabajadores en un plazo no mayor de 30 días. b. Las deudas deben ser asumidas por los due–os, quienes deben responder con sus bienes y patrimonio personal. c. Otorgamiento de un subsidio no reintegrable, que permita a los trabajadores contar con el capital de trabajo necesario para hacer arrancar el proceso de producción. d. Transformación de todas las fábricas en manos de los trabajadores en proveedores privilegiados del Estado, de modo que los productos elaborados en ellas sirvan para abastecer las necesidades de hospitales, escuelas, asistencia social, vivienda y otras áreas públicas. 4) Llamamos a ocupar toda fábrica que despida, suspenda, que esté en proceso de vaciamiento, y a ponerla nuevamente a producir. Debemos adelantarnos a los acontecimientos. Cuando se decreta la quiebra o se llama a un concurso de acreedores, la destrucción de la empresa ya está avanzada o totalmente consumada. Los trabajadores tenemos que intervenir ante el primer síntoma que detectemos e impedir que este proceso de vaciamiento avance. Exigimos la apertura de los libros, cuentas e inventarios de todas las empresas y su supervisión por parte de los trabajadores. Cualquier atraso salarial o diferimiento en el pago de las cargas sociales es una causa suficiente para que dicha supervisión se extienda al movimiento diario de fondos de la empresa. Esa fiscalización obrera debe tener como función principal garantizar que la recaudación vaya en primer lugar al pago de los salarios obreros. Cuando el atraso en el pago de las remuneraciones o las jubilaciones o la obra social se extienda por más de dos meses y en dos oportunidades en el a–o en forma discontinua, se suspenda o despida, o haya manejos irregulares que hagan presumir un vaciamiento (traslado de maquinarias, falta de provisión de materia prima, etc.), estos hechos deben ser tomados como indicadores de la incapacidad empresaria para continuar al frente de la empresa. La patronal debe ser relevada de sus funciones y la gestión de la empresa debe ser asumida por los trabajadores como un punto de partida y un tránsito en la lucha por la expropiación. 5) La lucha por la reapertura de las fábricas debe extenderse inclusive a las plantas que ya están cerradas. El Encuentro llama a elaborar un listado de establecimientos inactivos y reclamar el auxilio del Estado para ponerlos en funcionamiento, lo que, concurrentemente con un plan de obras públicas, permita absorber la mano de obra desocupada. Este reclamo termina por fusionar a trabajadores ocupados y desocupados en un único movimiento común de lucha por la defensa y recuperación de puestos genuinos de trabajo. 6) El Encuentro llama a reforzar los fondos de huelga de las empresas en lucha. No sólo se trata de la herramienta tradicional para garantizar la subsistencia de los trabajadores en lucha. La recolección de recursos es fundamental para apuntalar los comienzos del emprendimiento obrero, e impedir que el ahogo económico termine por hundir la nueva experiencia que están recorriendo los trabajadores. 7) La reciente aprobación en Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura de Buenos Aires de los proyectos de Chilavert y Ghelco es un paso que debe reforzar la lucha por la aprobación definitiva junto a los proyectos de Brukman y Grissinópoli que plantean la expropiación con cargo de la quiebra a los accionistas y no a los trabajadores, y su puesta bajo control obrero. Las seis horas de subtes aprobadas por la misma Legislatura en medio de una gran movilización de los obreros de Metrovías son una conquista de toda la clase obrera que brinda una palanca en la lucha por los puestos genuinos de trabajo. 8) El Encuentro destaca el papel de las Asambleas Populares, las cuales están llamadas a ser la red social de apoyo de las fábricas en lucha. Ese papel ya lo están jugando distintas Asambleas, como lo revelan los ejemplos de Brukman, Chilavert y Grissinópoli. Son las Asambleas las que contribuyen con la subsistencia de los trabajadores, reclaman al Estado bolsones de comida, arman redes solidarias y, lo más importante, ponen el cuerpo y encabezan la movilización de todo el barrio ante cualquier tentativa de desalojo. El mismo papel ha jugado el conjunto del movimiento clasista, piquetero, estudiantil y popular en Neuquén alrededor de Zanón, y de conjunto las organizaciones piqueteras más combativas en todo el país, como la movilización masiva del Bloque Piquetero Nacional con Brukman y El Gráfico. El fortalecimiento de este vínculo, generalizándolo a todas las fábricas ocupadas, pasa a cumplir un rol estratégico para el triunfo de la lucha planteada. 9) La salida comercial de los productos de las empresas bajo control de los trabajadores plantea otro terreno de lucha para las fábricas ocupadas, para las Asambleas Populares, sindicatos y organizaciones piqueteras, dirigido a enfrentar la competencia capitalista y transformar "el compre control obrero" en una gran causa política de los explotados y el pueblo. 10) El Encuentro llama a la creación de una central única de empresas ocupadas o bajo gestión obrera. Impulsamos que las fábricas en manos de trabajadores se federen, se unan al movimiento piquetero y a los sindicatos clasistas y elaboren en común un plan de lucha para promover la ocupación de toda fábrica en proceso de vaciamiento, que adeude salarios o que suspenda o despida, y crear, de esta forma, un polo centralizador de la acción de los trabajadores para luchar contra el capital y contra el Estado capitalista. Una federación de fábricas ocupadas y en lucha permitirá librar a otra escala la lucha contra la presión capitalista y darle una dimensión nacional a la lucha por el auxilio económico del Estado a las fábricas bajo gestión obrera, lo que plantea la nacionalización de los bancos y la creación de una banca estatal única, capaz de facilitar el acceso al crédito a las fábricas autogestionadas y en cuyo directorio deberían incorporarse representantes de las fábricas ocupadas, elegibles y revocables en cualquier momento por el colectivo de trabajadores. 11) Frente al abandono y huida de los capitalistas, la clase obrera aparece, en la práctica, como la clase capacitada de hacerse cargo de la reorganización del país, sobre nuevas bases sociales. El control de las fábricas plantea el control del país. La cuestión del poder está colocada a la orden del día. La propia crisis que ha llegado a un estadio terminal reclama desplazar a la clase capitalista, que se vayan todos y que gobiernen los trabajadores. El Encuentro asume el programa de acción que aquí se desarrolla bajo esta perspectiva política. (Votado con 4 abstenciones)

En el Merendero del Barrio Philips, más de 100 chicos y unos 20 adultos disfrutaron el domingo 11/8 de una obra de títeres del grupo "A todo pulmón". Los titiriteros (niños de entre 10 y 13 años) y sus muñecos nunca faltaron, desde su debut hace 3 años, en el Pic-Nic del Partido Obrero (Parque Pereyra Iraola). Ahora volverán a decir ¡presente! para homenajear a los niños del barrio, y el homenaje mayor, a los compañeros caídos en el Puente Pueyrredón. La obra fue seguida atentamente por los pibes, mientras disfrutaban de una taza de arroz con leche que fue preparada por la Comisión de Desocupados del barrio con la colaboración de los padres de los chicos. Simultáneamente, los distintos candidatos del PJ recorrían el barrio repartiendo una bolsita de tutuca a cambio de que se los reciba por unos minutos para las elecciones truchas. La compa–era que presentó a los titiriteros destacó que formamos parte del Polo Obrero. Nos queda por delante la inauguración oficial del Merendero que lleva el nombre de "Darío y Maxi" en homenaje a los compañeros caídos por la salvaje represión policial en la jornada del 26 de junio, y avanzar con la organización clasista de los desocupados del barrio.

El 23 de agosto del corriente, en la sede de Ate-Vicente López, se reunió la Comisión de Solidaridad con las Luchas Obreras de la Zona Norte. Ante el fallo favorable por la reinstalación de Leonardo Norniella, delegado suspendido por la patronal de Pepsico Snacks, se decidió, entre otras actividades, la convocatoria a un acto en la puerta de la fábrica (en la localidad de Florida) para lograr la reincorporación de dicho delegado. Hacemos extensiva esta convocatoria a todas las organizaciones obreras, asambleas barriales, movimientos de desocupados y centros de estudiantes, a sumarse y participar de dicho acto el día jueves 29 a las 20 horas, en Av. San Martín y Posadas, en la localidad de Florida. Organizaciones presentes y convocantes: Trabajadores/as y delegados de: Pepsico, Emfer, Paty, delegados metalúrgicos, trabajadores de VW; Polo Obrero, MTR Zona Norte, FTC, miembros de la Asamblea de Carapachay y Munro (a refrendar en asamblea).

La conquista de las seis horas para el subte es el resultado de un largo año de lucha. Los proyectos de ley iniciales se diferenciaban en el hecho de que uno, el del socialista Puy, no contemplaba el mantenimiento del nivel salarial, el otro, de Altamira, sí. En la comisión respectiva, de Legislación, existían antecedentes de lucha por las conquistas laborales, como las declaraciones que impidieron los despidos en el teatro Colón y en la línea B de Metrovías, impulsadas por el Partido Obrero. Más recientemente, Enrique Rodríguez presentó un proyecto idéntico al de Altamira, con la diferencia de que la propuesta de una comisión obrera de seguridad e higiene era transformada en una comisión mixta obrero-patronal. Al final, un "consenso" alcanzado fuera de la Comisión, eliminó el punto por entero. El proyecto puntal de Altamira fue elaborado conjuntamente con numerosos delegados de Metrovías; este método fue un factor poderoso de movilización. La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, ofreció una nueva perspectiva para esta conquista. La reducción de la jornada comenzó a ser debatida en mayo pasado, en el marco de una creciente movilización de los trabajadores. Hace dos meses, forzaron la interrupción parcial de una sesión de la Legislatura para que fuera atendida su demanda. Allí, se arrancó una recorrida por el subte por parte de una Comisión de Diputados. La visita, realizada una semana después, reveló la profundidad de la movilización liderada por el Cuerpo de Delegados: en cada taller, en cada estación, un contingente de trabajadores esperó a los diputados, proporcionando detalles sobre las condiciones de trabajo imperantes y reclamando la urgente sanción de la ley. Hacia el final de este proceso, se incorporó al reclamo la dirección de UTA. El proyecto fue aprobado luego de clarísimas maniobras que apuntaban a liquidarlo. El ingreso del proyecto de Rodríguez fue utilizado para dar participación a la comisión de Obras Públicas, con la intención de bloquearlo. Más tarde, en la reunión de Labor Parlamentaria del 21 de agosto, los bloques del PJ, la UCR y el Frente Grande anunciaron que tenían mandato para postergar su tratamiento, posición que fue retirada luego de una fuerte protesta del PO. En la sesión del 22 se intentó dejar para el final su tratamiento, lo que habría significado el riesgo de que quedara postergado otra semana o indefinidamente. En el debate, varios diputado hicieron conocer que Ibarra tendría intención de vetarlo. A partir del viernes 16, el grupo Roggio comenzó una campaña mediática de intimidación, advirtiendo que la ley significaría el despido automático de 300 mujeres. Conjuntamente con otros proyectos, como el de salario mínimo o el reclamo de sustituir al gobierno y la legislatura por una Constituyente soberana, pero en especial con los proyectos para expropiar a Brukman y Grissinopoli, la acción legislativa del PO ha sido la manifestación del uso revolucionario del parlamentarismo burgués. Acompañado de la acción directa de los trabajadores, sirve para difundir los objetivos, sea inmediatos o estratégicos, de la clase obrera, y en esta medida prepara políticamente a los trabajadores para obtener conquistas decisivas contra el capital. Sr. Altamira: Señor presidente: la de hoy va a ser una sesión histórica. Todo indica que los diputados de la Legislatura van a darle su voto mayoritario al proyecto de ley que reduce la jornada laboral de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires a seis horas, sin afectar el salario. Será una jornada histórica porque por primera vez en los últimos veinte años logramos parar la ofensiva capitalista de destrucción completa del derecho laboral y de las conquistas de los trabajadores. En los últimos veinte años, no solamente no se ha declarado ninguna nueva insalubridad en ningún ámbito laboral, sino que aquéllas que existían fueron derogadas. Hoy, sin embargo, vamos a reducir la jornada laboral a seis horas en los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. (Aplausos.) En los últimos veinte a–os se ha destruido por completo el sistema de convenios colectivos de trabajo. La prueba más contundente de ello es que la mayoría de los trabajadores con empleo lo hacen en negro, trabajan catorce horas, no tienen ninguna clase de protección social y sus salarios han caído; de enero hasta ahora, un 25 por ciento. Pero hoy vamos a restablecer la vigencia del derecho laboral y la vigencia de la conquista de los trabajadores. (Aplausos.) Hace casi dos a–os, el Congreso de la Nación aprobó una "famosa" Reforma Laboral que destruyó el convenio único de trabajo en el ámbito nacional y prácticamente inició un rumbo en el derecho laboral que apunta al contrato individual de trabajo. Hoy, por medio de una acción colectiva de los trabajadores y la sanción de una ley, vamos a imponer la reducción de la jornada laboral a seis horas. A ver si se entiende bien: hoy es una jornada histórica porque estamos produciendo un viraje en la tendencia política a destruir los derechos de los trabajadores y restablecemos una conquista y ponemos un freno a la voracidad patronal. Ustedes deben tener en claro –obviamente, lo tienen, pero es importante que quede registrado– que ésta es una de las primeras manifestaciones positivas de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre pasado. (Aplausos.) No sólo ésta es una jornada histórica, una sesión histórica y una victoria histórica, sino que también es una victoria ideológica. Al derecho del capitalista y a la búsqueda ilimitada del beneficio le oponemos la protección física y moral del ser humano, que es el trabajador. Es una victoria contra los principios que sustentan la organización social vigente. Y tiene una importancia colosal. Es indudable que distintos sectores ideológicos van a votar hoy favorablemente la reducción de la jornada laboral. No importa. Es una victoria del trabajador contra el capital. Por eso Metrovías hace lobby. Por eso Metrovías va de la radio a la televisión para atacar este proyecto y a los diputados que lo impulsamos. Y por eso los trabajadores se encuentran movilizados del otro lado. En esta movilización de los trabajadores lo más destacable, como manifestación de la derrota política e ideológica de la patronal, es la presencia de las mujeres en el recinto… (Aplausos.)… porque constituye la prueba contundente y definitiva de que la ofensiva mañosa y pérfida que apuntaba a decir que esta ley iba a determinar el despido de 300 compañeras, no ha calado en el movimiento obrero de la UTA y del Transporte de Subterráneos, y no ha calado en las compañeras. Las compañeras se han hecho presentes aquí para decir: "Es mentira la campaña de Radio 10. Es mentira la campaña de Metrovías. Nosotras, las mujeres a las cuales éstos quieren proteger, ponemos el pecho y reclamamos con nuestros compañeros varones la reducción de la jornada laboral a seis horas". (Aplausos.) Quiero decir que esta victoria abre el camino a otra victoria y a la posibilidad de otro planteo muy importante. Este debate y la decisión de afirmar que la Ciudad puede legislar laboralmente para establecer las seis horas, de aquí en más habilita la posibilidad de una movilización para imponer en la Ciudad de Buenos Aires el salario mínimo para sus trabajadores, tanto para el ámbito privado, como también para el público. Esta reivindicación es fundamental y se ha materializado, parcial y deformadamente, es cierto, en otras provincias. Pero se trata, indudablemente, de una victoria histórica, porque revierte un proceso que es la consecuencia de todo un movimiento popular en el país. Luego de los documentos que aquí fueron leídos se confirma algo que desde la bancada del Partido Obrero venimos pensando y señalando desde hace un tiempo: es una victoria para la clase obrera internacional, porque las adhesiones de los compañeros del subte de Londres y de San Pablo están demostrando que los trabajadores del subte de la Argentina están haciendo punta en la lucha internacional por las seis horas para los trabajadores de subterráneos en todos los países del mundo. (Aplausos.) También aquí hay una lección importante. Cuando la empresa Metrovías y el grupo Roggio impusieron la jornada de ocho horas a los trabajadores, según un diputado de esta Legislatura, ello expresó la vigencia de las leyes de mercado. Es una forma muy peculiar de que se manifestaran las leyes de mercado. Primero se crea una enorme masa de desocupados y una enorme competencia entre los obreros por puestos de trabajo que van cayendo todos los días. Primero se quiebra la espina dorsal de los trabajadores en su capacidad de negociación, y después se les dice "juguemos a las leyes del mercado". Y en esas condiciones, quebrando la organización sindical, con desocupados y aprovechando el poder despótico del Estado y una situación de monopolio, la empresa, con amenazas y con intimidaciones, impone en 1993 y 1994, las ocho horas de trabajo. Hoy estamos aprobando una ley contra las leyes del mercado, porque no es el mercado el que establece hoy las seis horas de trabajo; es la voluntad de la Legislatura como consecuencia de la movilización colectiva de los trabajadores. Es una victoria contra las leyes de mercado. Por arriba de las leyes del mercado está la salud física y moral del pueblo argentino. (Aplausos.) Es un abuso afirmar que algún punto de este proyecto de ley que se va a aprobar en el día de hoy tenga características inconstitucionales. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires está plenamente capacitada para dictar esta ley. Las disposiciones constitucionales que otorgaban al Estado Federal, al Gobierno Nacional, y por lo tanto, al Congreso Nacional, las facultades de dictar el Código de Trabajo, han quedado definitivamente modificadas, restringidas y condicionadas con la reforma de la Constitución que establece los derechos sociales. Me refiero al Artículo 14 bis. Automáticamente, existe una disposición constitucional que obliga a garantizar estos derechos y que, por lo tanto, limita la disposición del Artículo 75 de la Constitución Nacional, que le otorga al Congreso, en exclusiva, la facultad de dictar el Código de Trabajo. Este fenómeno se manifiesta en un hecho muy importante, que no sólo tiene vigencia a la hora de discutir este proyecto de ley, sino otros proyectos de ley. Me refiero a lo siguiente: un conjunto de constituciones de provincias han establecido como facultad propia del distrito provincial la determinación de la jornada laboral. Por ejemplo, la Constitución de Río Negro, que en su Artículo 7¡ hace referencia al derecho a una jornada limitada de trabajo, que no exceda las posibilidades normales del esfuerzo, y el descanso semanal, y vacaciones periódicas pagas. Esta disposición de la Constitución de Río Negro demuestra que es facultad de los distritos autónomos que componen el conjunto de la federación nacional el dictado de normas relativas a la limitación de la jornada de trabajo. Esta misma disposición la establece el Capítulo II de la Constitución de Córdoba, en su Artículo 3¡, "Derechos de los trabajadores", que dice: "...a una jornada limitada, con un máximo de cuarenta y cuatro horas semanales, con descansos adecuados, vacaciones pagas y a disfrutar su tiempo libre". Está perfectamente claro que sólo una interpretación desviada, interesada, favorable a los intereses de los grandes grupos económicos que parte de las autoridades judiciales, podría impugnar esta facultad que tiene la Ciudad de Buenos Aires de dictar el horario de trabajo en el subterráneo. Acá se han efectuado citas, pero un especialista en derecho laboral, el doctor Ricardo Cornaglia, en la Revista Doctrina, Jurisprudencia y Legislación sobre el Trabajo y Seguridad Social, de 1990, señala con referencia a estos artículos que acabo de citar, que las provincias toman medidas normativas concretas que inciden en la mayor ocupación de sus poblaciones. Son las provincias las que toman las medidas de limitación laboral. Y cuando dice que "inciden en la mayor ocupación de sus poblaciones" es porque a los especialistas no se les escapa que la reducción de la jornada laboral en el subte, por ejemplo, obliga al que gerencia o maneja el subterráneo –si quiere mantener, como es su obligación, la totalidad de los servicios que está prestando– a incorporar nuevos trabajadores para completar las horas que han sido disminuidas, con lo cual se incrementaría el plantel que actualmente se encuentra trabajando en el subte de Buenos Aires. Sr. Presidente (Busacca): Diputado Altamira: el diputado Crespo Campos le solicita una interrupción. ÀSe la concede? Sr. Altamira: Sí, señor presidente. Sr. Presidente (Busacca): Para una interrupción, tiene la palabra el diputado Crespo Campos. Sr. Crespo Campos: Señor presidente: le agradezco por su intermedio al diputado Altamira. Como veo que el centro del discurso del diputado preopinante se basa en algunas cosas que yo dije, por su intermedio, le quiero aclarar dos cosas. En primer lugar, no hablé sobre leyes de mercado con referencia a subterráneos, sino respecto de los cartoneros que circulan por la ciudad. En segundo lugar, por su intermedio, le quiero pedir al diputado Altamira que me aclare si los derechos del trabajador, que él mencionó, que comparto y que figuran en las constituciones y en las normas de las provincias de Río Negro y Córdoba, se refieren a acuerdos privados entre partes, homologados en el Ministerio de Trabajo, o si están referidos a los derechos del trabajador en su conjunto; si no, estamos hablando de dos cosas diferentes. No existe legislación en la Argentina que esté por arriba de la Constitución y no existen artículos en ninguna constitución provincial, ni algo delegado, en esta República Argentina, que esté por encima de la Constitución, salvo lo que plantea el diputado Altamira, quien quiere vulnerar los derechos constitucionales sobre la base de una lucha de clases. Pero no existe lo que él dice. Las normas que cita están referidas a condiciones y contratos de trabajo en empleos no regulados ni homologados como son éstos. Si fuese cierto, cosa que desconozco, que las personas que firmaron por los trabajadores este contrato –Juan Manuel Palacios, Roberto Fernández, José Purita, Ricardo Guarachi, Alberto Geremías, José Fernández, Claudio Pacífico, Alejandro Lacquaniti, con el asesoramiento legal del doctor Batista– fueron perseguidos, intimidados y sufrieron algún tipo de represalia para firmarlo, lo que deberíamos hacer no es exactamente lo que estamos haciendo, sino presentar un proyecto y discutirlo –estaría de acuerdo en hacerlo– para que caduque la concesión de Metrovías en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero mezclamos en una misma madeja todo y no queda absolutamente nada claro. Sr. Presidente (Busacca): Continúa en uso de la palabra el diputado Altamira. Diputado Altamira: le recuerdo que le quedan dos minutos. Sr. Altamira: Señor presidente: debido a que tengo que responder a una interrupción, le pido que me otorgue ese tiempo para luego hacer la conclusión. La intimidación, la represalia, las condiciones de coacción hacia los trabajadores que firmaron el convenio de trabajo, en el que con renuencia la dirección sindical tuvo que acordar estas 8 horas, figura en el informe técnico presentado por la Unión Tranviarios Automotor, con la firma de Juan Manuel Palacios, Secretario General, en 1994. Dice: "Iniciadas las discusiones paritarias a fin de firmar un convenio colectivo de trabajo y a partir de lo establecido en el nunca derogado Decreto 28.054 del ‘45 –esto es muy importante, porque ese decreto sigue vigente y nunca fue derogado– y atento a la política de despidos llevada adelante por la concesionaria que profundizaron el temor de los trabajadores a la pérdida de su fuente de trabajo que impidió luchar gremialmente la imposición de la jornada establecida en el citado decreto, se consiguió que la empresa Metrovías reconozca la jornada de 7 horas diarias y 48 semanales". Acá está descripto en qué condiciones el gremio tuvo que enfrentar el convenio colectivo de trabajo firmado por su propio Secretario General. Señor presidente: la Constitución Nacional garantiza una serie de derechos y, desde ese momento, desde el momento en que garantiza esos derechos, limita el alcance del Artículo 75 de la Constitución, que otorgaba al Congreso Nacional la facultad absoluta de establecer el derecho del trabajo. En segundo lugar, dos constituciones –la de Córdoba y la de Río Negro– toman para sí con un criterio amplio... Sr. Crespo Campos: ¡Pero eso no existe! Sr. Altamira: ...la protección de una jornada limitada, el derecho a una jornada limitada. Recientemente en la Provincia de San Luis se dictó una ley de salario mínimo. Y en los fundamentos de esta ley se señala el derecho de los trabajadores al salario mínimo vital, que surge explícitamente del Artículo 14 bis de la Constitución. Es decir, luego de la reforma constitucional del año 1957, no puede sostenerse que la competencia para su establecimiento finca en el Artículo 75, inciso 12), de la ley fundamental, puesto que el artículo mencionado en primer término se refiere al caso de un modo expreso. Es decir, protege de un modo expreso los derechos de los trabajadores. Esto está fundamentado por la Legislatura de San Luis. Con esto tenemos una absorción, una recuperación de estos derechos por parte de las legislaturas y de las autonomías provinciales para determinarlos. Por último, quiero se–alarles que la jornada de ocho horas no fue impuesta por convenios colectivos de trabajo. En el mundo entero, como consecuencia de la Revolución Rusa y de los levantamientos de obreros en toda Europa, las legislaturas de esos países adoptaron legalmente –no por convenio colectivo– la famosa reivindicación histórica de la jornada de ocho horas. Aquí estamos siguiendo ese ejemplo. Por eso la considero una victoria ideológica; y comprendo que el diputado Crespo Campos la sufra, porque es la derrota integral de los planes menemistas, la derrota integral de la política liberal, la derrota integral... (Aplausos.) Sr. Altamira: ...del profesional de derecho que cita, Funes de Rioja, un vitalicio inscripto en las páginas de Ambito Financiero, el máximo "negrero" del movimiento obrero argentino, asesor de la Unión Industrial y partidario de la flexibilización absoluta de las normas laborales, es decir, del contrato individual. Por eso cita a Funes de Rioja. Quiero terminar de la siguiente manera: la que determina la constitucionalidad de una ley es la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte Suprema de Justicia tiene una facultad muy lata para hacerlo. Cuando hubo que entregar Aerolíneas adoptó una norma cuestionada por todo el mundo, como el per saltum. Es una Corte completamente cuestionada. De modo que los fallos de la Corte Suprema no se pueden tomar para sentar criterios de constitucionalidad. Otra Corte Suprema, en otras condiciones, establecerá otro criterio, con toda seguridad; porque los fundamentos son perfectamente claros. Están establecidos en las constitucionales provinciales. Para lograr eso, en el futuro, hay que hacer lo que pide todo el pueblo: que se vayan todos y que el país pase a ser gobernado por una Asamblea Constituyente. (Aplausos y manifestaciones.)

Después de varios meses de trabajo, los desocupados organizados en el Polo Obrero pusimos en pie en el barrio de Gendarmería un galpón de 7 x 10 metros donde funcionará el comedor comunitario del barrio, una panadería, una herrería artesanal y una huerta comunitaria. Mientras las patronales de nuestro país huyen de las empresas después de vaciarlas, despedir en masa a los trabajadores y declarar con esto su total impotencia para reactivar el proceso productivo, los piqueteros, sumidos en la miseria más absoluta, nos organizamos, cortamos puentes, tomamos plazas, arrancamos los planes y organizamos proyectos comunitarios y productivos para nuestros barrios, para paliar la situación desesperante de nuestras familias y mostrarle a los compa–eros que la salida está en nuestra organización independiente y de clase. Pensaban que asesinando compañeros nos iban a parar, y con estos asesinatos nos dieron la certeza de que no podemos parar hasta echarlos a todos. Porque no nos queda otra que acabar con este régimen de hambre, barro y sangre. La cita es el sábado 31 de agosto a partir de las 11 horas en Miglaccio y Tripetti; Barrio Gendarmería (Glew). ¡Hablan dirigentes piqueteros y del Partido Obrero! ¡Por comedores comunitarios piqueteros en todos lados! ÁPor la victoria de nuestra lucha!

Casi cuatro meses de conversaciones con los funcionarios del gobierno municipal nos dejan una sola alternativa: salir de nuevo a la calle. Nuestra voluntad de diálogo encuentra en el Gobierno de la Ciudad un silencio mortal. Ya enviamos en los œltimos 15 días dos cartas pidiendo soluciones para los problemas irresueltos; no tuvimos ninguna respuesta. Por eso hoy por la ma–ana tuvimos un plenario de delegados de las organizaciones de la Mesa de Enlace que decidió declarar el estado de alerta y movilización hasta que el Gobierno de la Ciudad cumpla con todos los compromisos adquiridos con la organizaciones y las necesidades que van surgiendo por la situación de miseria por la que atraviesa nuestro pueblo. Casi cuatro meses de perder tiempo entre trabas burocráticas y sonrisas falsas, que terminan en la falsa disyuntiva de si hay presupuesto para solucionar los problemas del pueblo. El 19 y 20 de diciembre marcaron un antes y un después en la realidad argentina. El pueblo salió a la calle para voltear un gobierno vendepatria y de unos pocos, y demostró que sólo el pueblo puede definir los destinos de esta Nueva Argentina. Por eso volvemos a decir que si no pueden solucionar los problemas de este pueblo, que se vayan. El Se–or Ibarra tendría que dejar de hacerse el progresista en los foros internacionales y empezar a solucionar los problemas del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. MESA DE ENLACE BARRIAL DE LA BOCA Comedor "Los Pibes" Centro Comunitario Copitos Centro de Estudios Nacionales "A. Jauretche" Agrupación Barrial Aukache Asociación Civil "C.A.S." Asociación Civil "Nuestro Hogar" Manos Solidarias

No hay que ir contra los efectos sino contra las causas. Si hay un 55% de argentinos debajo del nivel de pobreza, hay que poner fin al gobierno que la provoca. Si existe la amenaza de un aumento mortal de tarifas, hay que decirle basta al gobierno cómplice de las privatizadas. Si queremos poner fin a la confiscación de los ahorros, tenemos que enfrentar al gobierno que protege a los bancos y a los que subsidia diariamente con un festival de bonos y con más deuda pública. Si queremos recuperar los salarios y por sobre todo el derecho al trabajo, y si queremos que las fábricas ocupadas sean expropiadas en beneficio de los obreros que las gestionan, tenemos que cambiar definitivamente el régimen político que llevó al vaciamiento y al derrumbe del país. El momento es ahora. Duhalde es incapaz de gobernar. Le fracasa el plan electoral; los peronistas no quieren las internas. Le fracasa el plan económico; ni los bancos ni el FMI se lo aceptan. El pueblo mucho menos, como lo prueba la nueva onda de rebelión popular. Los opositores que militan en el centroizquierda dicen que la salida sería la caducidad de todos los mandatos y elecciones generales. Todos sabemos que esto es falso, porque el régimen sigue en pie y el monopolio político de los que mandan seguirá intacto. Pero el reclamo centroizquierdista, que se había embarcado en las elecciones truchas, no deja de ser un síntoma de la creciente zozobra del régimen incapaz que se hunde irremediablemente. La salida es echarlos a todos y quebrar su régimen político; sin esto último, lo primero no existe. Para eso es necesario convocar a una Asamblea deliberativa y ejecutiva, electa por el pueblo, que se haga cargo del poder sin ninguna clase de limitación constitucional. Es decir a una Asamblea Constituyente con poder. Para proceder a la reorganización social y política de Argentina sobre nuevas bases. ¿Quién puede convocar a esta Asamblea? No lo va a hacer Duhalde. No lo va a hacer el Congreso. No lo van a hacer los que le piden al Congreso trucho e impotente que declare la caducidad de los mandatos. Sólo puede hacerlo el pueblo que lucha para sobrevivir y que lucha por un porvenir. Las Asambleas Populares, a las que hay que masificar. Las organizaciones piqueteras. Los sindicatos que luchan y defienden a los trabajadores, como lo hizo recientemente el cuerpo de delegados de Metrovías, que arrancó la jornada de seis horas y la posibilidad de nuevos empleos. Las empresas que están gestionadas por sus obreros, contra el intento de vaciarlas por parte de los capitalistas y los jueces que los apañan. Los trabajadores que organizan emprendimientos y comedores comunitarios. O sea, a la Constituyente la debe convocar un gobierno de representantes de las organizaciones en lucha.

Más de trescientos trabajadores y vecinos de los barrios más humildes del distrito cortaron la avenida Gaspar Campos y ocuparon la puerta de la Comuna. La concentración repudió al patoterismo permanente del PJ, y exigió respuesta a los reclamos de la Cooperativa de Transporte Primavera, que el municipio quiere eliminar por presión de las grandes empresas de transporte y a cuyos trabajadores amenazaron y golpearon matones del intendente y de diversas facciones del PJ; también planteó la defensa irrestricta del Hospital Mercante, trabajo genuino para todos los desocupados del distrito, sostenimiento estatal de los comedores populares puestos en pie por los desocupados, y defensa de la educación pœblica, entre otros puntos. Entre los convocantes se encontraban Asambleas Populares, la comisión interna del Mercante, la CTD de José C. Paz del Polo Obrero, Barrios Unidos, jóvenes de una radio barrial que se puso a disposición de los manifestantes, la Cooperativa Primavera, docentes, etc. El piquete fue un duro golpe contra el gobierno de los "señores" de las mafias gansteriles que manejan el municipio.

El viernes 23 se realizó una nueva movilización a la Municipalidad de San Miguel en reclamo del boleto œnico estudiantil secundario, terciario y universitario a 0,10 peso. Ese día se iba a tratar sobre tablas en el Concejo Deliberante un proyecto de ley al respecto. Igualmente una delegación de representantes de los principales colegios secundarios del partido (Nacional, Belgrano Educador, Juana Manso, Japón, Mercadito, Media 4) y de los centros de estudiantes de las universidades de Luján y de General Sarmiento, entregaron decenas de petitorios firmados por los compañeros. Fueron recibidos por el presidente del Concejo, Claudio Pérez, una funcionaria del Consejo Escolar, y la mano derecha de Aldo Rico, Oscar Zilochi, que con evasivas y vueltas demostraron abiertamente que no están dispuestos a enfrentarse a las patronales del transporte como La Primera de Grand Bourg (la empresa local más importante). Igualmente, los delegados estudiantiles mostraron firmeza en sus posiciones y los funcionarios quedaron en "tratar" el tema para principios de septiembre. En la asamblea posterior se resolvió realizar una nueva asamblea. No es la primera marcha que se realiza en el distrito. Ya desde antes de las vacaciones los estudiantes ganaron la calle en repetidas oportunidades (Áen algunas movilizaciones superaron los 400!). Pero el movimiento sufrió un reflujo y uno de los impulsores, el CER (vinculado a Patria Libre), que dirije algunos centros, dejó de participar en las asambleas y fue notoria su ausencia en la œltima movilización. En rigor de verdad, esta œltima movilización (votada el viernes anterior en asamblea) fue impulsada tan sólo por la "16 de Septiembre" (PC) y por el frente conformado por la UJS, "La Cantera" (conducción del CE de la UNGS), la "S. Freud" (conducción del CE de Educación de la UNLu) y Etsa (agrupación de Trabajo Social de la UNLu). Luego, en la marcha participaron el Mst, el Pts y el Mas. La UJS se hizo presente con su bandera, volantes y una importante delegación. Es fundamental sumar el reclamo de las becas, e ir a una campaña de organización de centros que se extienda a todo el ex General Sarmiento, para preparar una coordinadora regional y un Congreso Estudiantil de bases secundario, terciario y universitario.

Mientras el gobierno afirma que no rescatará a los bancos y a las grandes empresas de la quiebra, la licuación de las deudas de los grandes grupos económicos y de los bancos y su estatización avanzan a pasos acelerados. Ahora se ha abierto un nuevo campo especulativo para los bancos y grupos financieros que intervienen en los llamados procesos de "reestructuración de deuda". Veamos cómo se desarrolla: • Las empresas pueden pagar los impuestos nacionales y aduaneros con bonos del Estado, una medida que puso en marcha Cavallo el año pasado. Con esto, las empresas obtienen una rebaja del 50% ya que el Estado toma los bonos que valen 50% al 100% de su valor. Esto significa que cada vez más el Tesoro recauda los impuestos en sus propios bonos y no en pesos y ni siquiera en Lecop, por lo que el publicitado superávit fiscal que dice que está obteniendo es falso. Esto, a su vez, crea un nuevo factor de choque con el FMI, que quiere que el Tesoro tenga superávit fiscal para ir pagando la deuda. Mientras se da un jubileo fiscal a los capitalistas, Duhalde pelea por mantener el descuento del 13% de los salarios de los empleados públicos. • Diputados otorgó 90 días más para la cancelación de deudas bancarias con bonos del Estado, una medida que también implementó Cavallo el año pasado para las empresas morosas y que estuvo vigente hasta mayo último. "En ese período, quienes pagaron sus obligaciones atrasadas obtuvieron descuentos de entre 35 y 70%, ya que los bonos cotizaban a valores muy deprimidos" (El Cronista, 19/7). Sin embargo, la licuación es mayor porque muchas empresas "compraron con descuento plazos fijos reprogramados y con ellos adquirieron a bajo precio títulos públicos que luego utilizaron para saldar deudas" (Página/12, 7/8). Esta medida podría servir para "cancelar deudas obteniendo un ahorro (para los capitalistas endeudados) de entre un 22 y 61%" (ídem). Con un agregado no menor: ahora no sólo se extendería el plazo sino que también podrán pagar esas deudas los deudores que no sean morosos, lo que incluye a Arcor, Techint, Clarín, etc. Esto está planteando otro choque porque los bancos engrosarían sus activos con bonos y también reclamarían que sean rescatados por el Estado. • "Cada vez más empresas cancelan deudas chicas con bonos provinciales en lugar de utilizar, para tal fin, pesos o dólares" (Ambito, 13/8). La operación consiste en comprar los Patacones, Lecor, Bocanfor o Quebrachos a los trabajadores y jubilados con descuentos de hasta el 30% y cancelar las deudas al 100% de su valor. Así los trabajadores financian la licuación de las deudas patronales. • Está avanzado el armado de un esquema que permitirá a los bancos cancelar los redescuentos que les dio el Banco Central con los bonos o títulos públicos que tienen en su poder, algo que no está permitido por la Carta Orgánica del Banco Central. Están en juego 18.250 millones de pesos que el Banco Central les prestó a los bancos para hacer frente a los retiros de depósitos. Pero sucede que mientras el Banco Central prestó al 70% anual, sin el ajuste del CER, los títulos públicos que tienen los bancos están al 2% anual más el CER. De esta manera, los bancos –incluido el quebrado Galicia– cancelarían sus deudas con el Banco Central con bonos en default, absorbiendo la pérdida. • El Estado tomó a su cargo las deudas pesificadas de las provincias por un total de 24.000 millones de pesos a través de un bono a 16 años, que las provincias deberán ir cancelando con la coparticipación de impuestos. Una parte de esas deudas provinciales está tomada con los bancos, los cuales han planteado que ese nuevo bono pesificado sirva para comprar Boden (Bonos en dólares) a 1,40 pesos, con lo que se redolarizarían esas deudas. En ese caso, el Estado asumiría la diferencia entre cobrarle a las provincias en pesos y pagar el bono en dólares, lo que significa que "habrá que pagar un elevado costo fiscal que cubrirá en el futuro la Nación" (BAE, 13/8), o sea más deuda pública. • Con las deudas de los grandes pulpos con el exterior, el gobierno lanzaría por decreto un plan para "achicar deuda externa con Boden" (El Cronista, 13/8). El plan consiste en aumentar del 5 al 11% el descuento jubilatorio que recaudan las AFJP. Con esos mayores fondos que se le sustraerán a los trabajadores, las AFJP comprarían acciones de las empresas endeudadas, las cuales a su vez comprarían plazos fijos reprogramados con quitas o descuentos y con esos certificados comprarían Bonos en dólares (Boden) que entregarían a sus acreedores del exterior. Así, con el dinero de los trabajadores y de los ahorristas, las empresas cancelarían sus deudas con un bono del Estado. Sin embargo, la emisión de acciones que irán a manos de las AFJP o los bancos "provocará algo de pérdida en el control accionario por parte de los actuales dueños de las empresas" (El Cronista, 13/8), algo que ven con simpatía los bancos y las AFJP. Todo esto ilustra cómo estáen marcha un vasto proceso de confiscación de los salarios y de los depósitos de los pequeños ahorristas y de endeudamiento del Estado –que se financia con más impuestos a los trabajadores– para el rescate de los grupos, bancos y acreedores financieros quebrados.

Con la presencia de más de ochocientos delegados, representantes de fábricas, sindicatos y Asambleas Populares, sesionó el primer Encuentro de Empresas Ocupadas y en Lucha, organizado por el Bloque Piquetero Nacional y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados. La reunión se realizó el sábado 24 de agosto en la planta de la empresa Grissinópoli, ocupada por sus trabajadores. Junto a los anfitriones de Grissinópoli, entre los delegados presentes se destacaron los representantes de Transportes del Oeste, de Supermercados Tigre de Rosario, de Metrovías, de Editorial Perfil, de Clínica Junín de Córdoba, de Mineros de Río Turbio, de petroleros de Chubut, de más de 130 sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados, así como 35 Asambleas Populares. El Encuentro aprobó una resolución donde impulsa "la gestión obrera de las fábricas mediante la expropiación de las máquinas, de los edificios, del capital de las empresas y su entrega a los trabajadores". El Encuentro resolvió la realización de una Marcha Nacional en apoyo a las fábricas ocupadas para el próximo 10 de setiembre. Del mismo modo, comprometió su participación activa en los cortes de ruta resueltos por el Bloque Piquetero Nacional, Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Barrios de Pie y la Coordinadora Aníbal Verón, para el lunes 26 de agosto, y en la marcha del martes 27 en reclamo de la libertad de Raúl Castells. Finalmente, los delegados llamaron a "organizar una representación multitudinaria de fábricas ocupadas en la próxima Asamblea Nacional de trabajadores ocupados y desocupados, convocada para el 28 de setiembre próximo".

En la Universidad Nacional de Mar del Plata, para el 14 de agosto pasado estaba convocada la Asamblea Universitaria (máximo órgano de la universidad) con el propósito de reformar los Estatutos. El rector, Gustavo Daleo ("progresista"), disfraza la reforma con el discurso de querer la elección directa de autoridades, pero también implica, entre otras cosas, el ingreso de la Ley de Educación Superior, la departamentalización de las áreas, la rebaja de la representación estudiantil en los órganos de co-gobierno y el arancelamiento de la universidad. Ante la noticia de la convocatoria, se llevó el debate a la Federación Universitaria, donde se enfrentaron dos posturas: dejar que sesione, intentando intervenir en caso de que la reforma "sea negativa"; y nuestra postura, que era impedirla con piquetes. Finalmente ganó esta œltima, al reconocer que la Asamblea no iba a sesionar en pos de defender la universidad pœblica y gratuita y mucho menos en función de los intereses de los estudiantes (ya que nuestros no-representantes en ella son, por ahora, de la Franja Morada). A pesar de que el hecho de estar en vacaciones de invierno atentaba contra la posibilidad de movilizar al estudiantado, realizamos piquetes con cien compañeros (y el apoyo del gremio no docente-APU) en todas las puertas del Aula Magna (donde la Asamblea debía sesionar). Si bien los asambleístas no podían entrar, buscaban la forma de acreditarse, para poder sesionar a cualquier hora. Estos mismos asambleístas que querían reformar a espaldas de los estudiantes, sin ninguna verguenza, nos acusaron de antidemocráticos; el mismo rector dijo no entender " lo que quieren estos pibes". Pero al calor de las gomas y al grito de que se vayan todos, impedimos la acreditación y finalmente el rector, ante la presión, decidió no sesionar. Es esta una victoria para los estudiantes marplatenses. Dentro de quince días, cuando vuelva a llamarse a Asamblea, vamos a impedirla nuevamente y no vamos a parar hasta que movilicemos a todos los estudiantes. Para que se vayan Daleo y sus secuaces, por la elección directa de autoridades. La UJS llama a organizar un Congreso Estudiantil, que resuelva un plan de lucha por la derogación de la Ley de Educación Superior y de la Ley Federal de Educación en todo el país, por el aumento del presupuesto educativo, por las becas, el boleto estudiantil y para que junto a los trabajadores nos movilicemos para que se vayan Duhalde y el FMI y el poder pase a una Asamblea Popular Constituyente.

La documentación "desclasificada" por el Departamento de Estado norteamericano, referida a las comunicaciones enviadas por su embajada en Buenos Aires durante los años de la última dictadura militar, pone en evidencia el pleno conocimiento de la diplomacia norteamericana del sistema criminal instalado en Argentina por la dictadura videlista. Los documentos muestran que los diplomáticos norteamericanos estaban perfectam ente al tanto de los secuestros, las torturas y los asesinatos sistemáticos. Los documentos muestran, también, la abierta complicidad de los partidos patronales, en particular el PJ y la UCR, con el régimen videliano: se relatan sistemáticas reuniones de sus dirigentes con los más altos mandos militares, mientras decenas de miles de argentinos eran desaparecidos. Por contradictorio que parezca, la publicación de estos archivos forma parte de un operativo de encubrimiento. Atribuyen por entero la responsabilidad de la masacre a los militares argentinos, pasando por alto que el imperialismo –junto con la burguesía argentina– fueron las fuerzas sociales y políticas impulsoras del golpe. Los grandes bancos, los monopolios, la CIA y el Pentágono ocuparon la primera línea del impulso al golpe y fueron sus grandes defensores. Esto es lo que los documentos ocultan. Por eso han sido "desclasificados" los archivos del Departamento de Estado pero no los de la CIA y los del Pentágono. En ellos se podría leer acerca de la colaboración íntima entre ellos y los represores argentinos, en la colaboración norteamericana para el establecimiento del "Plan Cóndor" de coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas, en la participación de los militares argentinos en la represión de la revolución sandinista en Nicaragua y en la "exportación", promovida por la CIA y el Pentágono, de los métodos de la "guerra sucia" a toda América Central. Según Horacio Verbitski (Página/12, 21/8), tanto demócratas como republicanos habrían llegado a la conclusión, después de treinta años, de que "la desaparición forzada de personas, las torturas a detenidos, las ejecuciones clandestinas constituyen crímenes contra la humanidad, que la comunidad internacional no consiente, bajo ninguna circunstancia". La miopía política sólo es superada en estos párrafos por el descarado embellecimiento del imperialismo. Para el imperialismo, las dictaduras y las democracias son métodos alternativos para mantener su dominación social y política en América Latina. Lo que le interesa es que, con los civiles o los militares, los que gobiernen efectivamente sean los grandes bancos y el FMI. Desde 1983, la democracia ha asegurado esa dominación social y política, al punto de convertir a la Argentina en una completa colonia. Pero si en el futuro ésta se muestra incapaz de continuar asegurando esa dominación, el imperialismo norteamericano volverá a respaldar a los golpistas, en defensa de los mismos intereses sociales por los que hoy defiende a la democracia.

Cuando Ivana, representante de Grissinópoli en la Mesa del Encuentro de empresas ocupadas y sindicatos en lucha, cerró las deliberaciones de este modo, encerró en un pu–ado de palabras una síntesis perfecta del debate de los casi mil compa–eros presentes en la fábrica ocupada. Sin la ocupación de la planta (que lleva más de dos meses) y su defensa a través de la movilización de las organizaciones obreras y las Asambleas Populares, es decir, sin los métodos piqueteros, la enorme gesta de los obreros de Grissinópoli no habría existido. Pero Ivana, "de paso", reivindicó a los piqueteros como militantes de la clase obrera, que han asumido la continuidad histórica de la mejor experiencia de su clase. Los trabajadores de Grissinópoli ("yo no he sido delegada ni nada y he aprendido todo en días") son la expresión viva de una fracción de la clase obrera que ha decidido tomar en sus manos su propia defensa, volcándose a la administración obrera colectiva frente a la bancarrota de la clase capitalista. Con la enorme representatividad que tuvo el Encuentro realizado en la planta de Charlone 55, en Capital, es apenas la punta de un témpano que alcanza a casi un centenar de fábricas y empresas gestionadas por sus trabajadores y a poco más de un 10% del total de 1.200 plantas vaciadas por sus due–os. La resolución votada plantea la ocupación de toda fábrica o empresa que suspenda o cierre, y un llamado a organizar la intervención de los trabajadores para reabrir las plantas "muertas" de las que ha sido expulsado medio millón de trabajadores sólo desde junio del a–o pasado. Protagonistas Las intervenciones de los delegados fueron medulares y en muchos casos dejaron planteados debates de proporciones. Los compa–eros de Grissinópoli, que habían concretado la salida de los primeros 1.500 kilos de grisines elaborados bajo su gestión, hicieron un llamado vibrante a la movilización en torno a cada fábrica ocupada ("Grissinópoli es piquetera, es cartonera y, por sobre todo, lucha"). El representante de Supermercado Tigre (Rosario) llamó a construir una red con las organizaciones de desocupados. Las compañeras del sindicato del pescado denunciaron a las cooperativas truchas en la industria, armadas por las propias patronales en la década del ‘90, como un mecanismo para tercerizar la producción y reforzar la superexplotación. Los compa–eros que dirigen el Soip han hecho un eje de acción de la incorporación a convenio de los trabajadores "cooperativizados" (que hoy más que duplican la cantidad de permanentes). La compañera de Clínica Junín, en un mensaje corto pero expresivo, llamó a la unión de las empresas ocupadas y en lucha junto al resto del movimiento piquetero, las asambleas populares y los sindicatos clasistas para crear un bloque de lucha y de clase. Los compañeros de TDO aportaron su experiencia de lucha y de nueve meses de control obrero, lo que les ha permitido mantener la fuente de trabajo para 1.000 compañeros. Plantearon: la lucha por la expropiación de las líneas de transporte que están en quiebra, el traslado de las deudas a quienes las contrajeron, el aporte del capital de giro necesario para sostener un servicio público y la necesidad de una acción junto al resto de trabajadores y las asambleas vecinales para dise–ar un plan de transporte en función de la mayoría empobrecida. Los compañeros denunciaron la política estatal y de la burocracia que consiste en apoyar el ingreso de nuevos grupos capitalistas que se hacen cargo del "piso" de una empresa en quiebra dejando un tendal de compañeros cesanteados. El llamado de TDO a impulsar una ley de expropiación de empresas del transporte en quiebra constituye todo un programa frente al reguero de luchas que hoy moviliza a los choferes en la provincia de Buenos Aires y en el país. Una intervención clave correspondió a Rubén Schofrin, de la editorial Perfil, que reivindicó el lugar de las fábricas ocupadas dentro del movimiento de masas característico de la presente situación, es decir, el movimiento piquetero. Denunció que presentar a la parte ocupada de la clase obrera industrial y al movimiento piquetero como compartimentos estancos tiene la función de aislarlos de un movimiento de lucha en su conjunto. Schofrin planteó la unión de las empresas ocupadas y en lucha, junto al movimiento piquetero y los sindicatos en lucha, para promover un plan de lucha de ocupación de fábricas en proceso de vaciamiento; reabrir las que se encuentren cerradas; impulsar la expropiación en beneficio de la gestión obrera, y reclamar la nacionalización de la banca y una banca estatal única para apoyar a las empresas gestionadas. "Lo que estamos debatiendo aquí es la cuestión del poder", remató el representante de Perfil. Protagonistas (II) Un punto destacado del Encuentro fueron las intervenciones de compa–eros de Metrovías, con una delegación numerosa en la Asamblea, reseñando la lucha histórica por la seis horas, y planteando la lucha ahora por la promulgación y la efectivización. Ocupó su lugar la campaña del Soip en defensa de su conducción frente a la acción del Ministerio de Trabajo para reentronizar a la burocracia; la victoria de los trabajadores telefónicos fuera de convenio; la lucha inminente de los pasantes (y el salto en su organización); la huelga tenaz y victoriosa del Hospital Baigorria en Santa Fe, donde se ha planteado la expulsión de los directores y la administración de trabajadores y profesionales, y la lucha por las seis horas para la guardia en el Garrahan y el conjunto de reivindicaciones levantado por la Intersalud de la Capital. El Encuentro aplaudió a los representantes de las "autoconvocatorias" docentes en la provincia de Buenos Aires y a dirigentes del movimiento de lucha vigoroso y en ascenso de las casas ocupadas, por la suspensión inmediata de los desalojos. También estuvo, desde el Sur, Norma Villamayor, de la Cta Santa Cruz, protagonista de los piquetazos en Pico Truncado, Las Heras, Caleta Olivia, que arrancaron los puestos de trabajo (en Comodoro, casi a la par, la victoria de los piqueteros se fundió con la de los docentes, que impidieron la destrucción de su Estatuto). El Encuentro aprobó dos resoluciones, una sobre gestión obrera y otra sobre situación del movimiento obrero, y un conjunto de iniciativas de lucha (ver aparte). Aprobó un llamado al paro activo nacional en el camino de un Argentinazo, a la federación de las fábricas ocupadas y en lucha, a una Marcha Nacional para el 10 de setiembre, con centro en las reivindicaciones de estas empresas, y a una "movilización" extraordinaria para la Asamblea Nacional de Trabajadores convocada para el 28 de setiembre

El pasado 22/8, Sanguinetti, rector del Nacional de Buenos Aires, dejó libre a Catalina Flexer, activista del Centro de Estudiantes del Colegio. Ya antes de las vacaciones Sanguinetti había sacado una resolución por la cual los estudiantes no podríamos realizar tomas de colegio o propagandizarlas, así como cualquier otra actividad como las asambleas en las que se utilizaran equipos de sonido. Los estudiantes no podemos dejar que estos ataques sigan cayendo sobre nuestras organizaciones, y por supuesto no podemos permitir que un rector completamente autoritario deje libre a una compa–era por razones tan ridículas como olvidarse un boletín de inasistencias. La Federación de Estudiantes Secundarios, junto con activistas del Cenba, convocan este martes 27, a las 12:35, a una radio abierta en la puerta del Nacional Buenos Aires (Bolívar 263), a la que invitamos a todos los compa–eros a participar y enviar adhesiones.

La campaña de la Multisectorial por la Revocatoria del intendente Kammerath es un verdadero éxito. No solamente por las 70.000 firmas que se llevan juntadas, por las largas colas para firmar y la firme voluntad de echar a Kammerath que tenían los firmantes (algo que los medios debieron destacar), sino fundamentalmente porque ha abierto una crisis política. El Concejo Deliberante habilitó el martes 20 el tratamiento de la reglamentación del juicio político en quince días. La figura de pedido de juicio político existe desde que se sancionó la Carta Orgánica Municipal en 1995, pero hasta ahora no había sido reglamentada, en gran medida por la reticencia del oficialismo. Ahora, los diarios del domingo 25 informan que ha ingresado un pedido de revocatoria para el viceintendente y los 16 concejales del oficialismo, y el Tribunal Superior de Justicia se pronunció a favor de la revocatoria en un proceso similar contra el intendente de Río Tercero. Es decir, la campaña está jugando un papel de organización de la lucha contra el gobierno, que todos temen no termine en Kammerath y vaya por muchos más y por mucho más. Cuando De la Sota y Kammerath creyeron que diluían el reclamo, la Multisectorial lo potenció porque ha roto la trampa que pretendía desmovilizarla; la reglamentación del juicio político no implica que den lugar al mismo y, de hacerlo, dejan en manos de los concejales, cómplices de Kammerath, la decisión final. La decisión de todas maneras implica la necesidad de tirar lastre por parte de un gobierno en la cuerda floja y rechazado por el pueblo, y nos referimos a De la Sota, ya que al de Kammerath lo sostienen para impedir una caída en cadena. El jueves 22, la Multisectorial hizo una concentración frente al Palacio de Justicia para reclamar por la revocatoria. En un acto de más de 300 personas, se ratificó el rechazo al juicio político amañado que pretende el oficialismo y el reclamo y la decisión de continuar con la revocatoria. La campaña por la revocatoria se ha colocado en el centro de la crisis política, y es la preparación de una gran movilización que acabará con el gobierno municipal.

En Grissinópoli ocupada se hicieron presentes 850 representantes de empresas ocupadas, empresas y sindicatos en lucha, y organizaciones piqueteras. Un número más que significativo si se toma en cuenta que se trató de un encuentro prácticamente limitado a Capital y Gran Buenos Aires, y la calificación de los que estuvieron presentes. De fábricas ocupadas y en lucha estuvieron presentes trabajadores y delegados de Grissinópoli; Clínica Junín de Córdoba; Ate Río Turbio; Transporte del Oeste; Supermercado Tigre (Rosario); Molinos Morixe; Rodó Hogar. De sindicatos e internas recuperadas y en lucha participaron representaciones oficiales del Soip (Sindicato Obrero de la Industria del Pescado) de Mar del Plata; de la Cta de Santa Cruz; del Suteba Matanza; de la AGD–UBA; del Cuerpo de Delegados de Metrovías; de Cetepel (profesionales telefónicos); de las comisiones internas gráficas de Interpack I y II; de la comisión interna no docente del Carlos Pellegrini; de las comisiones internas de periodistas de Perfil, Crónica, La Nación, Página/12; de las comisiones internas del Hospital Mercante (José C. Paz); del Hospital Baigorria (Santa Fe) y Garrahan (Ciudad de Buenos Aires); de la dirección de Ademys (docentes de Ense–anza Media y Secundaria); de la comisión interna de Inti (UPCN), del cuerpo de delegados de la Afip Capital (AEDGI), de Adiunc (docentes universitarios de Córdoba); miembros de la directiva de Foetra Buenos Aires; Sindicato de Motoqueros. Estuvieron presentes la Lista Naranja Gráfica; la Lista Gris de la UOM Matanza; la Lista Naranja de Prensa; los trabajadores despedidos de Gatic; Tribuna Docente; la Agrupación Naranja de la Uocra de Neuquén; delegados del Hospital Francés; delegados y directivos del Suteba General Sarmiento, Tigre, Ensenada y Escobar, junto a Docentes Unidos de La Plata, Berisso y Ensenada; delegados de Amsafe; delegados de Adulp; delegados de Ate Lanús; delegados del Pami; delegados de Apuba; delegados de UOM Vicente López; despedidos de Clarín; Asamblea de pasantes Telefónicos; Autoconvocados de la Educación; delegados de Apta (Técnicos Aeronáuticos); de camioneros; de Cotigraf; de la sanidad; de Segemar (Ate); de Sutecba; docentes de la Universidad del Comahue; trabajadores de Redeco; trabajadores de Epsa; trabajadores gastronómicos; trabajadores del Grupo Plaza; trabajadores de Infosic; trabajadores mecánicos; trabajadores postales; trabajadores de la publicidad; trabajadores de la Uocra (Florencio Varela). Los representantes de más de 30 Asambleas Populares se constituyeron en un dato relevante del Encuentro: Barracas, Belgrano, Nú–ez-Saavedra, Ramos Mejía, Patricios, Palermo Viejo, Carapachay, Boedo-San Cristóbal, Anchorena y Córdoba, Villa Crespo, Chacarita, Martínez, Villa Urquiza, Floresta, Haedo, Villa del Parque, Lezama, Plaza Rocha (La Plata), Ciudad Evita, Plaza de los Periodistas, Caminito, Temperley, Plaza Brown, Congreso, Entre Ríos y San Juan, Avellaneda, Dock Sud, Wilde, Domínico, Sarandí, Zapiola y Lacroze, La Boca, Olivos, Parque Avellaneda, Plaza Dorrego. Estuvieron presentes representantes de los centros de estudiantes de Filosofía y Letras; de Psicología; del colegio María Claudia Falcone; del Joaquín V. González; de Ciencias de la Educación (Luján); estudiantes de Cs. de la Educación; de Cs. Sociales; de la UNLP. También estuvieron presentes miembros y representantes de las siguientes organizaciones: Apel, Centro Cultural La Toma, Cine Insurgente, Comedor Unidad y Lucha, Grupo de Cine, Indymedia, LuchArte, Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados, Mutual "Sentimiento", Ojo Obrero, revista "Razón y Revolución", revista "En Marcha", revista "Topía", revista "Utopía" , Universidad de las Madres.

El Acampe fue más que un éxito para los compañeros de Moreno, porque cuando íbamos encolumnados por Diagonal Norte hacia la Plaza, había en los compañeros una gran tensión, que se reflejó en la corrida que se originó sin ningún motivo, antes de ingresar a la Plaza. Pero luego, cuando logramos acceder a la Plaza de Mayo, se escucharon comentarios tales como "estamos haciendo historia". Para los más de 100 compañeros de Moreno que cumplimos con el mandato de la Asamblea Piquetera y luego de haber pasado la noche, las anécdotas, las charlas, y todo lo vivido en la Plaza de Mayo quedará grabado en nuestra memoria y muy posiblemente en los libros de historia como un paso más hacia la revolución. Pese a que la prensa hizo lo posible para no mostrar todos los acontecimientos, cuando regresamos a las barriadas nos percatamos de la gran resonancia que se expresaba con la gente que nos conoce, y hasta en los funcionarios del municipio, que cuando fuimos a reclamar (el viernes) los alimentos de los comedores, que no habían llegado, hicieron comentarios tales como "la verdad que no pensé que iban a entrar", "los piqueteros hicieron historia", y luego de comprometerse a entregar la mercadería el día lunes y enterados del festival que estábamos preparando para el Día del Niño, nos entregaron cacao, leche en polvo, alfajores, etc. A diferencia de la Ccc y otras organizaciones locales que cortaron la ruta 23 y Gaona (acceso a Moreno) ese día, y no lograron ninguna respuesta, nosotros hemos demostrado que el Bloque Piquetero y el Polo Obrero son los verdaderos clasistas y combativos. Desde Moreno seguiremos cumpliendo los mandatos votados por todos los compañeros del país, haciendo crecer cada vez más al Polo Obrero y al Partido Obrero, mandamos un gran saludo revolucionario a todos los luchadores.

Con estas consignas, más de 55 organizaciones gremiales, de desocupados, políticas, sociales y asambleas populares se movilizarán el próximo viernes 30 por las calles de Córdoba, pasando por la Municipalidad, la Legislatura y terminando en la Casa de Gobierno. Así fue resuelto en un plenario convocado para organizar la marcha en coincidencia con la que se desarrollará en Buenos Aires. En el conjunto de las intervenciones se planteó la necesidad de hacer efectivo el "que se vayan todos" y la consigna común fue la de Asamblea Constituyente. Aunque en el debate se virtieron distintas variantes de Constituyente, la resolución final plantea una salida que se opone de hecho al planteo de la revocatoria de todos los mandatos para dar lugar a una elección general (algo que no fue defendido prácticamente por nadie).

28/9 - Realizar la Tercera Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados, Desocupados, Asambleas Populares. 26/8 Participación en el Acampe de los trabajadores del Hospital Garrahan, en Pichincha y Brasil, 10 horas. 27/8 Por la libertad de Raúl Castells. Apoyar la movilización desde Liniers a Plaza de Mayo. 8:30 horas. 28/8 Asamblea de Mujeres del Subte. A las 12 horas, en la Estación Callao, del Subte D. 29/8 Movilización de los trabajadores de Metrovías en defensa de las seis horas. Desde el Obelisco a la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A las 12 horas. 31/8 Participación en el Escrache y Cacerolazo a Rodó S.A., San Juan y Boedo, 17 horas. Participación de la Clase Pública organizada por la AGD-UBA en la Plaza Houssay. 11/9 Movilización docente en el Día del Maestro a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata. 11/10 Llamamiento a una gran movilización popular en el comienzo del juicio a Raúl Castells. En Puente La Noria, 8:30 horas. Campaña contra el fallo de la Justicia de Río Negro contra la docente Marina Schiffrin, por haber participado en un corte de ruta. Campaña por el desprocesamiento del compa–ero del Sindicato Taxista de Uruguay, Gustavo López. Campaña de apoyo por el reconocimiento de la actual conducción del Soip, Mar del Plata. Campaña por la defensa integral de los Estatutos del Docente y del Periodista. Formación de una delegación para participar el 7, en Brukman, para coordinar el Plan de Lucha votado.

El 24 de julio, el grupo Democracia Obrera falló en su intento de embaucar a los asambleístas de Almagro con una declaración en la cual acusaban al Partido Obrero de "golpear a los luchadores populares de su organización" en una movilización de los trabajadores de Zanón, y llamaba a firmar contra la supuesta agresión del PO. Al sufrir el rechazo de la Asamblea, los seis militantes de este grupo (cinco de ellos ajenos a la Asamblea, quienes no se presentaron en ningœn momento como tales) esperaron que finalizara la misma y, con unos veinte miembros todavía presentes, hicieron correr a un costado a un militante del PO, y lo amenazaron de muerte al igual que al conjunto de la dirección del partido. Acto seguido lo golpearon, provocándole un derrame ocular que todavía no se ha curado. El miércoles siguiente, la Asamblea discutió este terrible hecho y resolvió repudiar la agresión al compa–ero y exigirle a la militante de ese grupo patotero que realizara una autocrítica frente a la Asamblea, se rectificara pœblicamente, o se abstuviera de seguir participando. Sin embargo, nunca pudimos escuchar la palabra de la œnica persona de dicha organización que participaba de la Asamblea porque, evidentemente, deben haber resuelto no dar la cara frente a los asambleístas tras su cobarde agresión. La Asamblea demostró tener una integridad moral infinitamente superior a la de este pequeño grupo de violentos. Conocedores de las agresiones y persecuciones que viven las Asambleas Populares a diario de parte del aparato represivo del Estado y de los punteros de los partidos patronales (a los cuales Democracia Obrera dice enfrentar), la agresión de ese grupo linda con la complicidad. Quienes defendemos el funcionamiento democrático de las Asambleas, y su lucha contra el régimen que nos condena a la miseria, no dejaremos pasar agresión alguna.

En el reclamo del pago de los planes Jefas y Jefes, el Bloque Piquetero realizó un piquete en pleno Colón y General Paz. Con más de 300 compañeros nos mantuvimos en la céntrica esquina por más de 5 horas, resistimos una orden de desalojo y tuvimos finalmente una entrevista con el secretario de Industria (a cargo de los planes), quien recogió nuestros reclamos y nos invitó a participar en la reunión que al d’a siguiente tendr’a el gobierno provincial con el gobierno nacional en Buenos Aires, por todos los reclamos referentes a los planes. La Asamblea aceptó la propuesta y decidió: levantar el piquete y declararse en estado de movilización para el miércoles en caso de no tener respuesta favorable. Luego de un homenaje a los compañeros Kosteki y Santillán se produjo la desconcentración.

El molino fue cerrado a fines de noviembre de 2001. El personal (150) fue despedido. No se hizo efectiva en los plazos legales, la liquidación final ni la indemnización. La empresa anunció que pagar’a en cuotas la liquidación final de los haberes dejando para más adelante el cumplimiento de la indemnización. La asamblea de los trabajadores decidió aceptar la propuesta patronal de cobro mensual. Una minor’a optó por el juicio. Durante varios meses, la empresa incumplió su propia propuesta, entregando de 20 a 30 pesos por cuota. En mayo, ante la intención patronal de incumplir nuevamente el acuerdo, se produjo una fuerte presión obrera, logrando regularizar los pagos. Desde marzo, la empresa informó sobre una posibilidad de reapertura de la planta de Caballito. Pero luego de un acuerdo con el Centro de Panaderos y el Gobierno de la Ciudad, la molienda de 1.300 toneladas fue derivada a una planta de la localidad de Benito Juárez. La reapertura del molino de Caballito nunca se produjo. Los trabajadores insisten en el reclamo de la reapertura de la planta.

Esta frase fue pronunciada por una enfermera del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, cuyos trabajadores están dispuestos a profundizar la lucha contra el gobierno de hambre de Ibarra. Un grupo de autoconvocados reclama aumento de salarios, una guardería para los hijos del personal, remodelación de quirófanos, ropa, insumos y nombramientos. El día 21 último, el director del hospital, Dr. Cánepa, citó a un representante del gremio para informarlo sobre la incorporación de planes Trabajar. Antes de la reunión, numerosos trabajadores, profesionales y no profesionales lograron quebrar al Dr. Cánepa, que sostenía que sólo había invitado a un representante del gremio Sutegba. También pudimos entrar miembros de las Asambleas Barriales que veníamos manteniendo conversaciones con el gremio, la asociación de profesionales y una directora administrativa. El gremio había acordado a espaldas de los trabajadores la incorporación de planes Trabajar, hecho que llevó a decir a una delegada de enfermería: "El gremio nos vendió". Lo dicho se debió a que los trabajadores tienen en su grupo familiar por lo menos dos desocupados y no fueron consultados por el gremio. Desde las Asambleas Barriales planteamos la necesidad de no aceptar la provocación de enfrentar a los trabajadores y desocupados llamando a la unión en la lucha por la igualdad de las condiciones laborales (sueldo, nombramientos en planta permanente, etc.) y el cumplimiento de todas las reivindicaciones de los autoconvocados. Se está dando un paso más en la unidad de trabajadores, desocupados, asambleístas barriales y piqueteros por la consigna de que se vayan todos y por una Asamblea Constituyente soberana que imponga un gobierno de los trabajadores y por el socialismo.

Cuando Romero lanzó su candidatura presidencial fue a presentar su programa al FMI y al secretario de Estado norteamericano, Otto Reich. En Salta, lo hizo durante el "homenaje" a Eva Perón. El plan de Romero pretende "...restablecer el orden institucional, recuperar el derecho a la propiedad privada..." (El Tribuno, 27/7), con la "activa participación de las Fuerzas de Seguridad, sean nacionales o provinciales..." (carta de Romero a Duhalde, en la que pide el traslado de destacamentos de Gendarmería de Santiago del Estero al norte de Salta, para evitar los cortes de ruta). Este planteo defiende la propiedad privada de los banqueros y de los usureros, no la de los ahorristas ni la fuerza de trabajo de los obreros. Romero también plantea privatizar los bancos pœblicos y las empresas deficitarias, como lo exige el Tesoro yanqui (y como él lo hizo en beneficio del Banco Macro) (El Tribuno, 24/7). Para "bajar el gasto público" en Salta, rebajó los salarios, redujo personal y privatizó el sistema de alumbrado público. Sobre el corralito, dijo que Duhalde debía encargarse de imponer los bonos compulsivos. Como medidas de reactivación propone eliminar las retenciones a las exportaciones, sobre todo a las de petróleo, ya que es lobbysta de las empresas del rubro. Además, plantea eximir de impuestos a la repatriación de capitales, pero perseguir a los comerciantes "ilegales" y pequeños comerciantes. El presidenciable salteño quiere convertir a los planes de empleo en contratos salariales, es decir proveer de mano de obra barata al capital, con los planes Jefes y Jefas de Hogar. En materia de salud y educación planea la eliminación de los ministerios nacionales, transfiriendo responsabilidades a las provincias y a los municipios. Es el paso a la privatización. Semejante propuesta antiobrera no sólo necesita de la represión. También de un acuerdo con la Iglesia, los banqueros, los empresarios y la burocracia sindical, que Romero considera fundamental. Romero le aseguró al FMI que cumplirá con todos los compromisos asumidos con los organismos internacionales de crédito y, que en apenas cien días, terminará de reventar las condiciones de vida de los trabajadores. Por eso hay que echarlo junto a Duhalde y el resto de los gobernadores, por medio de la movilización popular, las asambleas populares y el movimiento piquetero, y reemplazarlos por Constituyentes con poder.

El diario Epoca, de Corrientes, fue tomado el martes 13, por la totalidad de sus trabajadores, que demandan el pago de varios meses de sueldo y la restitución de derechos sociales y laborales, cercenados por los responsables de la firma. A la cabeza del reclamo se encuentran los dirigentes de la Asociación de Periodistas de Corrientes y la Unión Gráfica Correntina. Los trabajadores realizan el paro con permanencia en sus puestos de trabajo. El interventor judicial del diario negó ayer públicamente la deuda salarial y otros incumplimientos, lo que provocó la reacción de familiares de gráficos y periodistas que se concentraron frente al diario y cortaron la calle Yrigoyen en el centro de la capital correntina. A la protesta se sumaron colegas de otros medios y representantes de numerosas organizaciones sindicales, mientras varias emisoras de radio difund’an aspectos del conflicto, con transmisiones en directo. Las expresiones de solidaridad se pueden enviar por medio del e-mail: redacción@gigared.com Federación Argentina de Trabajadores de Prensa José L. Insaurralde, secretario general; Eduardo Peláez, secretario gremial

Por sugerencia de Claudio Sosa (militante del Partido Obrero-Córdoba), solicito a los responsables del periódico Prensa Obrera publicar con la firma "Ahorrista estafada de Córdoba", el texto contenido en el archivo adjunto. Desde ya, muchas gracias. El pasado 13 de agosto, presentado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Apyme y el Banco Credicoop, disertó en Córdoba el Sr. Carlos Heller sobre el tema "La economía y el sistema financiero en la Argentina de hoy". Dicha disertación se llevó a cabo ante una concurrencia de más de mil personas, muchos de ellos empresarios de Pymes y empleados del Banco Credicoop provenientes de distintos puntos de la provincia y del país. Se evidenciaron tres objetivos permanentes en el desarrollo de toda la disertación: • La expresión de un discurso comœn proveniente de gobierno y banqueros justificando la escandalosa apropiación de los depósitos de pequeños ahorristas; el rechazo sistemático a cualquier iniciativa de investigación o revisión de la estafa perpetrada, y la intención de responsabilizar por eventuales debacles económico-sociales a quienes exigen la restitución de sus derechos lesionados. • La propaganda subliminal del Banco Credicoop, buscando la legitimación de negocios que seguramente serán de pingues ganancias, utilizando el dinero que es de los depositantes para generar líneas de crédito que ya se anticipan con altas tasas de interés. • El lanzamiento de la plataforma política de los cooperativistas (así nombrados en la disertación), resu mida en lo que llamó "La propuesta cooperativista para enfrentar la emergencia". No es extraño que la disertación resaltase estos tres objetivos tan enfáticamente, si pensamos que quien hablaba lo hacía en tres calidades claramente definidas: como presidente de Abappra y banquero, como presidente del Banco Credicoop y como dirigente político del Frenapo e Izquierda Unida. Y es sabido desde siempre que un hombre no puede separar su ideología de su actuación. Desde mi posición de ahorrista estafada, quiero referirme particularmente a ciertos conceptos que vertió durante el desarrollo de su alocución: Al hacer una relación sobre los motivos que llevaron a la pesificación, y con la impunidad con que se manejan estos dirigentes, dijo que esta medida había sido reclamada por los 1.158 deudores (sobre un total de 5.586.137 deudores del sistema) que tenían tomado el 49% del crédito y que en realidad, la pesificación de los depósitos vino a resultar una consecuencia de esa tremenda licuación de deudas (hecho que ya era conocido y que ratificó hace unos días el ex ministro Remes Lenicov). Dijo también el Sr. Heller que si se consagrase la nulidad de los decretos de incautación y pesificación de depósitos, se redolarizaría todo el sistema, con lo cual se produciría un da–o a millones de deudores, la caída del sistema financiero y una debacle social gravísima. Planteó entonces, que el derecho de unos pocos (los aproximadamente 3.000.000 de ahorristas) no puede estar por encima del derecho del resto de la sociedad. Y que por lo tanto, "lo que fue, ya fue" y no hay magia capaz de cambiarlo. Al parecer el Sr. Heller olvida que los derechos individuales de los ciudadanos, como el de la propiedad privada, están consagrados en nuestra Constitución Nacional, y maneja su concepto de "pocos" y "muchos" de una manera tan caprichosa como sospechosa. Fue incluso más allá, diciendo que quienes retiraron sus depósitos, antes de la instauración del corralito, lo hicieron usando de su legítimo derecho a la propiedad privada, justificando de esta manera una fuga de capitales de 20.000 millones de dólares durante el año 2001. Se deduce de lo anterior que quienes confiaron en el sistema financiero argentino, en el Estado y en las leyes, y no retiraron sus depósitos, vinieron a ser los incautos que hacían falta para cerrar el negocio. Fue indignante escuchar al "progresista" Sr. Carlos Heller defendiendo (siempre en sus tres calidades) la mayor estafa que el sistema financiero transnacional ha inflingido a las personas de este país, demostrando un desprecio total por quienes tras largos años de esfuerzos y resignando consumos, contaban con sus ahorros para su vejez, para enfermedades, para proyectos personales laborales o profesionales, para costearse estudios propios o de sus hijos, etc., etc. No pude permanecer escuchando hasta el final, pero sí puedo sacar la siguiente conclusión: La defensa de la propiedad privada de los poderosos cuenta con la cómplice protección del gobierno (vía fuga de capitales y licuación de deudas de grandes empresas), mientras que la propiedad privada de los peque–os ahorristas y los ciudadanos comunes resultó ser la prenda de la estafa. Segœn los banqueros y el gobierno, no hay otra salida que legitimar a través del olvido. No saben o no quieren ver que no estamos dispuestos a hacerlo y que lucharemos hasta el final por recuperar lo nuestro.

Hace pocos d’as, el gobernador Kirchner le inició una querella por calumnias e injurias al abogado de la Cta provincial, de la Adosac, de los mineros y los caceroleros, y de los organismos de derechos humanos, el compañero Bernardino Zaffrani. Pretende, además, quebrar económicamente al compañero al reclamar una indemnización de un millón de dólares. La querella toma como excusa un art’culo publicado por Dino Zaffrani, en un diario local, que responsabiliza a Kirchner por el desastre de la concesión carbonera de Río Turbio, así como por el vaciamiento de la empresa. Esta tendencia forma parte de la represión lanzada desde principios de año contra los caceroleros y es continuidad de otra querella, contra dos periodistas locales. Lo más grave de la situación es el control férreo que tiene Kirchner de la Justicia provincial. Hace poco, editoriales de La Nación llamaban la atención sobre la ampliación del Tribunal Superior de Justicia provincial realizada en 1995 (a lo Menem) y el ascenso a los principales cargos de la Justicia de personajes como el jefe de la bancada justicialista (quien no tenía ni siquiera el ejercicio mínimo requerido en la profesión al momento de su designación), la esposa del actual jefe de la bancada justicialista o el tristemente célebre Dr. Napolitani (ex juez federal de Comodoro y el primero en condenar piqueteros por corte de rutas). En polémica con La Nación, Kirchner no pudo refutar ninguna de las acusaciones. Tuvo incluso el mal gusto de mencionar algunos miembros "opositores" del fuero, y hasta a alguno ya fallecido, pero se olvidó de que llegaron a sus cargos antes de la era Kirchner. El letrado patrocinante del gobernador en la causa es Olaf Aaset (abogado del Ate provincial degenarista) y ex dirigente del Frente Grande, que hace muy poco tiempo calificaba a Kirchner de "Robin Hood trucho" y de "gobierno más corrupto de la historia". Tanto la Cta, la Adosac, el movimiento cacerolero, los movimientos de derechos humanos, el Colegio de Abogados local y otros sectores ya se han pronunciado repudiando esta "apretada" contra Dino y contra la libertad de expresión en general.

El 15 de julio pasado fue despedido el periodista Roberto Maack, del diario El Territorio de Posadas, Misiones, por publicar una nota crítica sobre la Justicia misionera. La empresa argumenta que desobedeció una orden del director para que la nota no saliera. La carta documento en la que lo despiden, alude a la crisis económica de la editorial. El periodista despedido tiene el apoyo del Sindicato de Prensa de Misiones, que emitió un comunicado repudiando el hecho. Además, se realizaron denuncias por el ataque a la libertad de prensa en la Subsecretar’a de Derechos Humanos de la Nación y otros organismos como Periodistas.

Alvaro Uribe empezó su mandato "jugando fuerte". En las primeras 72 horas, estableció por decreto el "estado de conmoción interna" (estado de sitio) que le otorga superpoderes represivos y legislativos por un plazo de 9 meses; anunció la incorporación de 10.000 efectivos a la policía y la creación de dos brigadas militares de 3.000 soldados; puso en marcha un programa para organizar un ejército de un millón de informantes "antiguerrilla" en las zonas rurales, y envió al Congreso un proyecto de ley para plebiscitar la reducción del nœmero de parlamentarios. Del lado de las Farc, están fuertemente armadas, cuentan con decenas de miles de hombres y una implantación muy fuerte en las zonas rurales; su más reciente desarrollo ha sido la aparición de las milicias urbanas (que encuadrarían hasta 5.000 efectivos), las que "celebraron" la asunción de Uribe bombardeando el palacio presidencial. Una operación de esta envergadura, realizada en una ciudad militarizada y con miles de efectivos, deja en claro el progreso de las Farc en el terreno urbano. Las limitaciones de Uribe Uribe, un poderoso hacendado y connotado miembro del "establishment" político colombiano, hizo su carrera como gobernador del Estado de Antioquía (Medellín), donde su creación más famosa fue una guardia de vigilantes, llamadas "Convivir", que "lindaban con los escuadrones de la muerte" (El País, 7/8). Con estos "antecedentes", llegó al gobierno luego del fracaso de las "negociaciones" del ex presidente Pastrana con la guerrilla. El Estado colombiano no domina la totalidad de su territorio; por lo tanto no recauda impuestos ni brinda servicios educativos o sanitarios. Su ejército, pese a ser el que, después de Israel y Egipto, recibe más ayuda militar de los Estados Unidos, es "reducido", débil, "manifiestamente inepto" en el combate y en el espionaje (La Nación, 9/8). Ha sufrido humillantes derrotas a manos de los guerrilleros y no ejerce el monopolio de la represión estatal. El aparato del Estado –su administración pœblica, la Justicia, la policía, el ejército y los partidos patronales– están penetrados hasta los tuétanos por el narcotráfico, que también financia, junto con los ganaderos, a los paramilitares. Contra estas mismas limitaciones deberá chocar también Uribe. La oficialidad del ejército se opone a aumentar el nœmero de soldados, porque "podría llegar a serle incontrolable" (ídem). Segœn la ley colombiana, los bachilleres (educación secundaria) están exceptuados del servicio militar; Colombia tiene un ejército de campesinos pobres a los que se envía a combatir a una guerrilla campesina en defensa del régimen político de los terratenientes. En Colombia, 2.300 hacendados (uno de ellos Uribe) poseen 40 millones de hectáreas; 2,5 millones de campesinos pobres apenas poseen 4,5 millones de hectáreas. Los terratenientes y la burguesía no quieren enviar a sus hijos a la guerra ni redistribuir las tierras; sin una cosa ni la otra, el Estado colombiano no podrá tener un "ejército fuerte". Por la misma razón, el millón de "informantes" rurales sólo puede ser reclutado mediante la coerción estatal... que no llega a todo el territorio. Los intendentes y jefes políticos oficiales de las zonas rurales anticipan que no se podrá reunir esa cifra (El País, 9/8). ¡Cómo financiará Uribe la ampliación del nœmero de soldados, su equipamiento y a su ejército de informantes? "Colombia necesita un crecimiento anual del 4% en su maltrecha economía, al menos hasta 2010, para situarse en un nivel aœn inferior al de 1995" (El País, 2/6). Con una deuda externa del 50% de su PBI y una recaudación fiscal en baja, el FMI le exige a Uribe el despido de miles de empleados pœblicos y una "reforma previsional", altamente impopulares. Es decir que Uribe se plantea "la cuadratura del círculo" (ídem): librar una guerra y aumentar el gasto militar, al mismo tiempo que se paga la deuda externa y se pega un "ajustazo" contra el pueblo. Si cree que los yanquis lo financiarán indefinidamente, Uribe se equivoca amarg amente. Los paramilitares se han fracturado. Su propio jefe, Carlos Castaño, denunció que las "autodefensas unidas" se han convertido en bandas descontroladas que actœan al servicio del narcotráfico. El segundo de Casta–o, Hernán Giraldo, es se–alado como el nuevo capo de la droga en el Caribe colombiano. La descomposición de los paramilitares aleja todavía más las posibilidades de que el Estado monopolice la represión. "Se generará más violencia descontrolada; los paramilitares actuarán como grupos locales sin dios ni ley" (El País, 20/7). Otra contradicción mayœscula: Uribe continœa el "Plan Colombia" para "combatir al narcotráfico". Pero la economía colombiana gira en torno a los ingresos provenientes del narcotráfico; cualquier intento de desarticularlo provocaría un descalabro económico mayœsculo que "desfinanciaría" la guerra contra las Farc. ¡Pero cómo podría Uribe "combatir a los narcos" y al mismo tiempo "fortalecer" a la policía, al ejército y a la Justicia, infiltrados por los narcos? La política que propone Uribe plantea contradicciones explosivas. La Nación (9/8), en una nota editorial, advierte que "si no puede fortalecer sustancialmente la capacidad castrense, será indefectible que apele al recurso de los paramilitares (...). Las conexiones de esa contraguerrilla (con los terratenientes y el narcotráfico) son una trampa para Colombia". Si Uribe resulta incapaz de contener las contradicciones que está desatando, la "cuestión colombiana" sobrepasará sus fronteras y se convertirá en una cuestión continental, con una intervención todavía más directa del imperialismo norteamericano. Para los trabajadores y la juventud argentina, es decisivo defender a los explotados colombianos de la guerra que les ha declarado Uribe. No se trata, sólo, de una obligación de solidaridad de clase. Una victoria de la contrarrevolución en Colombia será un punto de apoyo para la imposición de una salida de fuerza contra los trabajadores en Argentina y en todo el continente.

En los últimos días la vida social y política de San Martín se ha conmocionado. Los obreros de la metalúrgica Coventry salieron a la lucha ocupando la fábrica y cortando la avenida Márquez en defensa de la fuente de trabajo. Los choferes de las líneas 87, 111 y 127 están de paro en rechazo de los despidos, la rebaja salarial y exigiendo que se pague el aumento de los 100 pesos que otorgó el gobierno (ver nota). La empresa y la Federación de las patronales del transporte se niegan a otorgarlo. Urge la inmediata huelga general en solidaridad con la 87, 111 y 127 y por el pago de los 100 pesos ya. La más que sospechosa muerte de un joven de 21 años en la Comisaría 1» de San Martín (la misma que torturó a otros jóvenes de la zona) generó una masiva movilización de familiares, vecinos y amigos. La represión a la marcha y la continuidad en funciones del comisario delatan que ha sido puesto en marcha el operativo impunidad. La lucha por el esclarecimiento de esta muerte es la lucha de todos. Por la erradicación de la mafia de la Bonaerense que pone en peligro la seguridad de toda la población. Al mismo tiempo, miles y miles de desocupados han sido excluidos del cobro de los planes de Jefes y Jefas de Hogar. Esto retrata todo un régimen en quiebra que es incapaz de garantizar el pan, el trabajo, la salud y la seguridad del pueblo trabajador. Llamamos a realizar un inmediato plenario de todas las organizaciones en lucha, de las asambleas populares, familiares de las víctimas, centros de estudiantes, comisiones internas y coordinadoras de desocupados para organizar la movilización y la acampada en el centro político de San Martín por: • Pago inmediato de los 100 pesos de aumento a los choferes y a los trabajadores de todas las empresas privadas y estatales. • Rechazo a las rebajas salariales y los despidos. Ocupación de toda empresa que cierre o despida. • Inmediato pago de los planes a desocupados, sin discriminación. • Control de los trabajadores de cada peso que entra o sale de la municipalidad. • Por el inmediato esclarecimiento de la muerte en la Comisaría 1». • Disolución de la mafiosa Bonaerense y de los aparatos represivos. • Por la Huelga General.

Este es un listado incompleto de cooperativas y empresas recuperadas o en lucha. Astralic Coop. - Capital Federal Coop. 25 de Mayo - Quilmes Oeste, Buenos Aires Coop. Chilavert - Capital Federal Coop. Diogenes Taborda - Capital Federal Coop. El Aguante Ex Panificacion 5 - Carapachay, provincia de Buenos Aires Coop. Los Constituyentes - Villa Martelli, Buenos Aires. Coop. MVH - Villa Martelli, Buenos Aires Coop. San Carlos Ltda. - Sarandí, Buenos Aires Cooperativa La Lactea - Diego de Alvear, Santa Fe Cooperativa Mil Hojas - Rosario, Santa Fe Cooperativa Cañadense (ex La HelvEtica) - Cañada de Gómez, Santa Fe Cooperativa TRABAJADORES AVICOLAS - San Lorenzo, Santa Fe Cooperativa El Diario - Villa María, Córdoba Cooperativa Ferroviaria - Laguna Paiva, Santa Fe Cooperativa Indecar - Roldán, Santa Fe Cooperativa J.J. Gómez (ex Fricader) - General Roca, Río Negro Cooperativa La Esperanza - La Playosa, Córdoba Cooperativa San Francisco Javier - San Javier, Santa Fe Cooperativa San Justo - San Justo, Buenos Aires Cooperativa Vieytes (Ex Gelhco) - Capital Federal Cooperativa de Trabajo Herramientas Unión - Rosario, Santa Fe Cooperativa de Trabajo Metalúrgico Las Varillas (ex Zanello) - Las Varillas, Córdoba Cooperativa obrera grafica Campichuelo Ltda. - Capital Federal Grissinópoli, próximamente Cooperativa La nueva Esperanza - Capital Federal Impa Coop. Ltda. - Capital Federal Lavalan Coop. - Avellaneda, Buenos Aires

En la œltima edición de Prensa Obrera, comentamos las declaraciones de un dirigente del PC do Brasil, publicadas por el periódico del Partido Comunista de Argentina, de que "Lula significa independencia para Brasil respecto del FMI y los Estados Unidos". En ese mismo momento, Lula anticipaba que su gobierno seguirá los "lineamientos" establecidos en el acuerdo entre el actual gobierno y el Fondo. ¡Pero quién es este PC do B? El PC do B se destaca por sus frentes, acuerdos y hasta gobiernos con elementos abiertamente derechistas. En el Estado de Piauí, el vicegobernador Osmar (del PC do B) tenía como gobernador a "Mao Santa", del derechista PMDB, uno de los mayores corruptos de Brasil. Los dos fueron derribados por acusaciones de corrupción. En el Estado de Maranhao, bajo el gobierno de la oligarca Roseana Sarney, del PFL, el PC do B tenía dos cargos en el gobierno, uno de ellos en el estratégico Instituto de la Tierra, ocupado por el dirigente del PC do B, Marcos Kowarick. Desde este puesto gubernamental, el PC do B tuvo una activa participación en el escándalo de la Sudam, una agencia gubernamental que recibía fondos del Estado para financiar el "desarrollo" de la región y que terminaron en las cuentas corrientes de los principales funcionarios del gobierno. El estallido de este escándalo, en el que "desaparecieron" varios cientos de millones de dólares, obligó a la Sarney a retirar su candidatura a la presidencia de Brasil. En el Estado de Rondonia, el PC do B integró el gobierno de Vladimir Raupp (del PFL), que ejecutó la masacre de Corumbiara, en la que fueron asesinados decenas de trabajadores sin tierra. En Matto Grosso, el PC do B integró el gobierno de Dante Oliveira (PMDB) hasta que sus miembros en el gobierno adhirieron al propio partido del gobernador. El PC do B integra, además, todos los gobiernos estaduales del PT; con lo que se puede afirmar, sin margen de error, que, al menos en el marco estadual, el PC do B "tomó el poder" en Brasil. Una ley electoral recientemente establecida impide la formación de alianzas estaduales diferentes de las establecidas en el plano nacional, por lo que el PC do B sólo puede integrar alianzas con el PT a escala estadual. Aun así, en Brasil es un secreto a voces que el PC do B apoya "disimuladamente" al candidato a gobernador de la Sarney y del PFL en el estado de Maranhao. Los anarquistas españoles tenían un dicho: "Hay un gobierno; estoy en contra" . El PC do B lo ha invertido completamente: "Si hay un gobierno, estamos a favor y adentro". Esta es la historia reciente, un verdadero prontuario, del partido que el PC de Argentina presenta con tanta simpatía en su prensa

En la cuarta semana de agosto las colas de los "beneficiarios" del programa Jefes y Jefas de Hogar se convirtieron en centros de movilización. Miles y miles de trabajadores desocupados no pudieron cobrar los miserables 150 Lecops de asignación del programa nacional ni, en muchos casos, los programas provinciales. Aunque el centro del no pago fue la provincia de Buenos Aires, y corrió en paralelo con las denuncias sobre el complot de la camarilla duhaldista para controlar al gobierno de la provincia, la espera inœtil de los desocupados se repitió en la mitad de las provincias. El Bloque Piquetero Nacional y el Mijd convocaron a un corte general de puentes en reclamo del pago inmediato de los " beneficios" demorados, junto al planteo ya enarbolado de la duplicación del monto asignado al programa Jefes y Jefas y su extensión a todo desocupado mayor de 15 años. La ocupación, masiva, tuvo su punto culminante en el Puente Pueyrredón, donde cerca de cuatro mil piqueteros bloquearon el acceso durante varias horas. Pero los cortes se cumplieron masivamente en Liniers, Puente Saavedra, Córdoba (ver nota), y varias capitales de provincia, y tuvieron su cierre simbólico en Resistencia, Chaco, al momento de cerrarse esta edición. Una entrevista concedida con los manifestantes en los puentes por la ministra de Trabajo no arrojó otra respuesta que excusas y la promesa de una pronta regularización. Pero en las horas siguientes comenzaron a cumplirse pagos en una serie de localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, en una aceptación muda del peso de la movilización desplegada y el anuncio de nuevas medidas en caso de no producirse el pago. La acción de las organizaciones piqueteras fue anunciada en el Encuentro de Empresas Ocupadas y en Lucha y cumplida masivamente 48 horas después. El primer punto de las iniciativas de lucha votadas en Grissinópoli ya fue cumplido, pero el compromiso para arrancar el pago de todos los planes sigue en pie.

Reunidos en plenario abierto, trabajadores del transporte, camioneros, docentes y otros, pertenecientes al Polo Obrero e independientes, analizamos la situación nacional y provincial, y la situación del movimiento obrero y resolvimos: 1) Que ante la quiebra masiva de empresas, la falta de pago, la pretensión de rebajar salarios o aplicar suspensiones en numerosas empresas, es necesario impulsar la estatización bajo el control obrero de las mismas para garantizar la continuidad de la fuente de trabajo y el pago de los salarios. En este sentido, el plenario expresa su solidaridad con los trabajadores de decenas de empresas que, en todo el país, están funcionando bajo control de sus trabajadores y con el Encuentro que hoy mismo se realiza en la fábrica Grissinópoli en Capital Federal. Se denuncia, asimismo, que la política de otorgar subsidios, nuevos aumentos de tarifas, como se ha hecho en el caso de las empresas del transporte, no es una salida ya que como se puede comprobar, estas empresas pretenden ahora rebajas salariales e incluso suspensiones. 2) Advertimos que la empresa El Sauce y otras empresas del transporte pretenden hacer firmar la renuncia al cobro de la antigŸedad o de otras cláusulas del convenio colectivo y que lo mismo ocurre en la empresa Trasnoa que, además, acaba de despedir a la compa–era Lucrecia Peralta, delegada de sus trabajadores, por oponerse a este atropello del convenio. Exigimos la inmediata reincorporación de la compañera y la plena vigencia de los convenios colectivos de trabajo. 3) Que constatamos el incumplimiento generalizado del pago en término de los sueldos y del pago de los 100 pesos de emergencia establecidos por decreto. En este sentido se resuelve impulsar petitorios masivos y asambleas por lugar de trabajo para exigir el pago en término y la extensión del pago de los 100 pesos de emergencia a los trabajadores estatales. En la docencia se impulsa la no prestación de servicios a partir del 10 de setiembre. 4) Que repudiamos la utilización de compañeros del plan Jefes y Jefas de Hogar para reemplazar puestos de trabajo con convenio y obra social o cargos de la planta permanente del Estado. Exigimos que se garantice a estos compañeros el pago de convenio, los derechos sindicales y jubilatorios. Llamamos a estos compañeros a elegir delegados por proyecto y sumarse a nuestra lucha. 5) Reclamar el otorgamiento de la libreta de trabajo a las empleadas domésticas. 6) Que el triunfo de la lucha de los trabajadores que todavía conservamos un puesto de trabajo está atado a la unidad con los desocupados y con el resto de los trabajadores, como se viene dando en las dos asambleas nacionales impulsadas por el Bloque Piquetero Nacional, el Mijd y otras organizaciones, en la unidad de "piquetes y cacerolas". Es por eso que anticipamos que concurriremos a la tercera Asamblea Nacional a realizarse en setiembre para sumarnos a esta lucha y que realizaremos previamente una Asamblea en Salta junto a los desocupados y a todos los luchadores para elegir la delegación y llevar mandatos. 7) Que las direcciones sindicales son cómplices del gobierno y de los patrones y la lucha por la recuperación de los sindicatos para direcciones independientes de ellos es un aspecto fundamental para triunfar. En esta dirección, este plenario apoya la constitución de la Lista Roja en UTA y denuncia a la burocracia de Cruz y Palacios que pretende quedarse sobre la base del fraude y la proscripción de la oposición. En el mismo sentido, apoyamos la formación de una lista opositora impulsada por Tribuna Docente en las elecciones de Junta de Clasificación e impulsamos la formación de agrupaciones antiburocráticas en todos los gremios. 8) Expresamos, por último que la lucha por el pan y el trabajo es incompatible con la continuidad de este gobierno provincial y nacional, y que acompañamos a la Asamblea Piquetera Nacional que reclama "que se vayan todos" y que gobiernen los trabajadores.

La Justicia Electoral del Estado brasileño de Rio Grande do Sul ha proscripto al candidato a gobernador del Partido de la Causa Operaria, el compañero Oscar Jorge de Souza, con el argumento de que es analfabeto. La causa de la proscripción es falsa –el compañero ha presentado documentación probatoria de que se encuentra concluyendo sus estudios primarios–, pero muestra adecuadamente la condición de clase de los jueces electorales (en casi todos los Estados, el PCO ha tenido candidatos impugnados en razón de su origen obrero) y la naturaleza de clase de la "democracia" brasileña. La ley que prohíbe la participación de los analfabetos en la contienda electoral –denuncia el PCO en un comunicado–, cercena el ejercicio de la ciudadanía del 40% de los brasileños. El hecho de no poseer educación superior (una condición restringida a una pequeña franja privilegiada de la población), lejos de descalificar la candidatura de Oscar, la valoriza, en la medida en que muestra la politización de la inmensa mayoría de la población. Campaña en repudio al fallo antiobrero, dirigir telegrama de protesta a Tribunal Regional Electoral - Porto Alegre - Rio Grande do Sul

Liliana Díaz, dirigente del Partido Obrero y del Polo Obrero de Marcos Paz, acaba de ser sobreseída por la Justicia. La compañera estaba procesada por un masivo corte de las vías de TBA en noviembre de 2000, que reclamaba por la colocación de una chicharra luego de que muriera en el lugar una vecina. La imputación a Liliana, basada en testimonios policiales, expresaba que "no es la primera vez que hace cortes, tanto de vías como de ruta (..); la Sra. Díaz es militante del Partido Obrero y el año pasado se postuló con el slogan: una piquetera al Concejo (...) organiza todo tipo de movilizaciones ". Es decir que se pretendía condenar una larga militancia política. Liliana había denunciado en la campaña electoral pasada a la policía de la zona, por su vinculación con el tráfico de drogas. ¡Qué actualidad! Para el juez "la acusada participó de la comisión de un delito. Pero he de tener en cuenta que solamente se la se–aló a ella dentro de un grupo numeroso de personas, por lo que no puedo achacarle toda la responsabilidad". En forma vergonzante, la Justicia admite que la lucha de Liliana es la expresión de una gran acción colectiva. El sobreseimiento de Liliana es, así, otra victoria del movimiento piquetero. Hay que apoyarse en este paso adelante para redoblar la lucha por la libertad de Castells y el desprocesamiento de todos los luchadores populares

En todas las fábricas y empresas, las patronales están descargando brutalmente la crisis contra los trabajadores. En Volkswagen se han impuesto suspensiones masivas, que generaron un clima de bronca y la realización de asambleas en la planta. En varias empresas del cordón industrial de Pilar se han producido despidos, e incluso muchas de ellas presentan síntomas de vaciamiento. En Fate, la burocracia radical del Sutna local ha vuelto a aceptar recortes en las condiciones de trabajo de los compañeros, como por ejemplo el fraccionamiento en seis partes del aguinaldo y el descuento de las primeras cuotas del mismo de los 100 pesos que las patronales están obligadas a pagar y que la mayoría está evadiendo. En Enfer, la patronal de TBA ha perpetrado el desguace de la planta: a los despidos masivos ha agregado el desmantelamiento del quinto vagón de sus formaciones para reparar los restantes. Panificación 5 está ocupada por sus trabajadores y una suerte parecida le cabrá seguramente a otras fábricas del rubro, cuyos patrones buscan explotar sus marcas pero tercerizando la producción. En Pepsico, la patronal ha impuesto una dura derrota a sus trabajadores y, en tres turnos, alrededor de 200 compañeros trabajan en condiciones carcelarias. Coventry, en San Martín, ha sido ocupada, como consecuencia del vaciamiento patronal. En consonancia con las resoluciones adoptadas por el Encuentro Nacional de Empresas Ocupadas y en Lucha, está planteado poner en pie la coordinadora zonal de la asamblea de empresas en la zona norte.

El Banco Central decidió finalmente el desguace del Scotiabank. Los perjudicados serán los trabajadores (ya se anunció que 552, sobre casi 1.800, quedarán en la calle) y los ahorristas. Se beneficiarán con el desguace el Macro/Bansud y el Comafi, que no aportarían más de 200 millones en conjunto para quedarse con edificios y créditos activos por unos 2 mil millones de pesos. También recibirían 240 millones "para las necesidades inmediatas de liquidez" (Clarín, 17/8). Los trabajadores que queden empezarán de cero, porque perderán la antigüedad. Es decir que entrarán a trabajar con una rebaja salarial. ¿Y por cuánto tiempo? Muchas sucursales serán cerradas y sus edificios vendidos como bienes inmobiliarios. Es a estas maniobras a las que se refirió el titular del banco Societe Generale cuando declaró que había que "administrar las salidas de algunos bancos para que no generen zozobra" (La Nación, 18/8). La burocracia zanolista de la Asociación Bancaria, va dejando que uno a uno caigan los bancos, sin tomar un plan de lucha de conjunto. La Asamblea de los trabajadores del Scotiabank debe rechazar esta "solución final". Ningún despido, ninguna reducción salarial. Que se devuelvan los depósitos a los ahorristas con los bienes de las empresas canadienses radicadas en el país. Es necesaria una autoconvocatoria para organizar un plan de lucha de todos los bancarios. No a los despidos. Expropiación de la banca bajo control directo de sus trabajadores.