Prensa Obrera N° 749

El viernes 12 de abril, las Asambleas Populares de Hurlingham, Villa Tesei y William Morris darán su ejemplo al país. Conjuntamente con los centros de estudiantes, la CCC y el Polo Obrero, nos reuniremos en Cinco Esquinas (Vergara y Jauretche) a las 10 de la mañana, para movilizarnos al Municipio, a la sede local de Edenor y al Concejo Deliberante para hacer nuestros reclamos. Exigiremos: basta de cortes de servicios y tarifa social ya; mayor presupuesto para los comedores escolares; arreglo inmediato de las calles destruidas por la obra inconclusa de la Cuenca Johnston; plan de obras públicas que genere trabajo genuino para los desocupados del distrito; becas y boleto estudiantil gratuito; efectivización de los planes de empleo comprometidos por el intendente Acuña y por Duhalde; entrega de bolsones de alimentos a las organizaciones de desocupados; etc. Tras hacer el recorrido, que durará varias horas, la movilización retornará a Cinco Esquinas, donde se hará un corte de ruta con olla popular. Esta actividad de las Asambleas es un importante salto en la perspectiva de convertirse en organismo de lucha y de poder en Hurlingham; no sólo porque ha tomado en sus manos la resolución de los problemas de miles de vecinos que carecen de ingresos, no tienen qué comer o cómo pagar la luz y el gas, sino también porque concreta en nuestro distrito la unidad en la acción de los que luchan, materializando así lo de ¡piquete y cacerola, la lucha es una sola!

Cuanto más a fondo lleva adelante el sionismo su política terrorista contra los palestinos y cuanto más evidente aparece que la invasión de los territorios persigue la "limpieza étnica" de todo un pueblo, más crecen en Israel el movimiento de rechazo a la invasión y las deserciones en el ejército israelí. Crece el movimiento de oficiales de reserva que rechazan el llamado a filas: más de 500 ya han firmado una declaración pública que califica al Ejército israelí como un "ejército de ocupación". Muchos otros se niegan a prestar servicios en los territorios ocupados. El movimiento de deserción es todavía más amplio entre los simples soldados. Un informe del propio alto mando israelí estimaba, a mediados de marzo, que "se produce una deserción cada 50 minutos", es decir unas 30 por día. Las deserciones y los rechazos a servir en los territorios han crecido significativamente en las últimas semanas: el propio Sharon los calificó como "un serio principio de rebelión".

La Carpa del Aguante de Moreno cumplió 36 días de lucha. Así cumplimos lo votado en la Asamblea Nacional Piquetera ("reforzar los cortes por tiempo indeterminado"). En la Carpa participan doce barrios; reclamamos 600 planes de trabajo, 600 bolsones de alimentos cada quince días y puestos de trabajo genuinos. El 20 de marzo, una delegación del Polo Obrero y un compañero del MTL ingresamos al Municipio para entrevistarnos con el intendente interino, Arregui, que no se hizo presente. Los "pinches" que nos atendieron no dieron ninguna respuesta. Entonces, decidimos cortar las vías del ferrocarril en la calle Uruguay, con un total de 250 compañeros del Polo Obrero, el Futrade y el MTL. Una hora después de comenzado el corte, se presentó la policía para "informar" que el fiscal estaba tramitando la orden de desalojo y para "aconsejarnos" que nos retiráramos para no ser reprimidos. Nos mantuvimos firmes por dos horas más. Cabe destacar el espíritu combativo de los compañeros presentes en el piquete, muchos de los cuales venían por primera vez. A las 18, votamos levantar el corte y marchar a la Plaza Moreno, donde hicimos un acto de repudio a la Municipalidad. Al finalizar el acto, decidimos levantar la Carpa del Aguante y marchar a una profundización y extensión de las acciones de lucha. Muchos compañeros nos retiramos con un poco de tristeza porque la Carpa no sólo era una herramienta de lucha; era también el lugar donde todos nos sentíamos contenidos unos a otros. Nos retiramos con la frente en alto por haber conseguido mantener durante cinco semanas una lucha unificada. Agradecemos a los médicos del Hospital que supieron encontrar en la Carpa un lugar donde reunirse ya que dentro de su edificio no pueden hacerlo por las amenazas de despidos. La lucha continúa y la estamos organizando en un nivel todavía más alto. Así que, a luchar compañeros.

A diez días del comienzo de la invasión sionista en las ciudades y campos de refugiados palestinos, la masacre ha adquirido dimensiones espantosas. En Ramallá, la primera ciudad ocupada por el ejército sionista, la "limpieza étnica" se desarrolla a la vista de todos. La ciudad agoniza sin agua, energía eléctrica y gas, ya que las plantas han sido destruidas por los sionistas. No hay alimentos ni medicamentos. Rige el toque de queda durante las 24 horas, lo que impide a la población civil aprovisionarse de lo más elemental. Los hospitales no funcionan porque han sido bombardeados, al igual que toda la infraestructura civil de la Autoridad Palestina. Las ambulancias son tiroteadas, los médicos y enfermeras, detenidos, cuando no directamente asesinados. Los bancos no funcionan, por lo que ha desaparecido el dinero. Los francotiradores israelíes disparan a todo lo que se mueve en las calles, sean ancianos, mujeres o niños. Los muertos permanecen en las calles, los heridos se desangran sin atención médica. En los edificios y casas, los muertos (por tiroteos o por otras causas) se acumulan porque se ha prohibido enterrarlos. En los edificios, varias familias son hacinadas en una única vivienda para permitir a los soldados israelíes utilizar sus departamentos como depósitos, sitio de descanso o para tirotear las calles. Ramallá es el espejo de lo que sucede en todas las ciudades palestinas ocupadas. En este marco, las tropas sionistas desarrollan la "guerra sucia": la caza de "terroristas" casa por casa. Para los sionistas, palestino es sinónimo de "terrorista"; el testimonio de un anciano de Ramallá es elocuente: "Un auto pasó por la calle avisando con los altoparlantes que nadie saliera de sus casas y 15 minutos después derribaron la puerta de la mía con una bomba. Entraron cinco soldados abriendo fuego hacia todas partes y como no encontraron a nadie volaron el muro que separaba las habitaciones. Yo vivo solo con mi nieta de 18 años" (Página/12, 6/4). A fines del año pasado, el ministro de Interior sionista, Ari Landau, anunciaba "una guerra a muerte contra los palestinos que durará mientras les quede una sola gota de esperanza" (Le Monde, 14/12/01). Esta es la "limpieza étnica" que hoy lleva adelante Sharon, con la bendición del imperialismo norteamericano.

Con el dólar por debajo de los 3 pesos durante dos semanas, el gobierno peronista-radical-frepasista cree haber comenzado a transitar un rumbo de estabilidad. Incluso el editorialista del domingo de Clarín le da crédito a esta convicción: "Nunca en sus noventa días de gobierno Eduardo Duhalde sintió más distante que en la última semana la posibilidad de un final abrupto" (7/4). En un análisis hecho al cumplirse 45 días de gestión, caracterizamos que "la experiencia de Duhalde y del gobierno peronio-radicheta-frepasoide ha ingresado en el ‘default’ político" (Altamira, PO Nº 742, 21/2). ¿Habría razones para variar este análisis? Quiebra bancaria Quince días atrás, frente a un "golpe de mercado" que llevó el d ólar a cuatro pesos, el gobierno prometió cumplir a rajatabla la agenda fijada por el FMI: derogación de la Ley de Subversión Económica, para terminar con la "persecución" judicial a los banqueros; modificación integral de la Ley de Quiebras, para que los acreedores puedan tener manos libres en un proceso de liquidación empresaria; reducción drástica del déficit fiscal de las provincias (lo que entrañaría, según el propio Fondo, 350.000 despidos); vaciamiento y privatización de la salud pública, "reestructuración" de la banca. El sometimiento del gobierno a este ultimátum, el pacto con los exportadores (a los que el gobierno les pagó en dólares lo que les adeudaba en concepto de devolución del IVA y otros reintegros e hicieron la diferencia con el "golpe de mercado"), y la parálisis del mercado de cambios por la falta de circulante, crearon la ilusión de una estabilización. Detrás de este escenario, la realidad. A 90 días de gobierno peronista, la desorganización económica es mayor que nunca. Duhalde ha sido absolutamente incapaz de superar el proceso de disolución de la economía capitalista, que se expresa en los continuos cierres de empresas, los despidos masivos, la incapacidad para levantar el corralito, los sucesivos "defaults", la bancarrota fiscal y la inminente quiebra de los bancos. Según la confesión de un directivo del BCRA, "se nos dijo que habría una acordada de la Corte o un decreto (contra el retiro de depósitos)… Pero hasta aquí no pasó nada y cada vez son más los bancos que nos vienen a pedir redescuentos para poder pagar los amparos. Como esos redescuentos se otorgan a una tasa de interés más elevada, si no hacemos algo al respecto estaremos poniendo en riesgo la continuidad de muchos bancos" (La Nación, 8/4). Pero el Banco Central no es neutral en este proceso. Ahora se sabe que el FMI fue el autor directo de la resolución, que facultaría a los bancos a devolver los depósitos a partir de enero de 2003; una decisión que, según Ambito Financiero, estaba respaldada, entre otros, por "grandes bancos norteamericanos que recuperarían posiciones frente al fuerte avance de la banca española en la Argentina" (8/4). La disposición que permite usar dinero del corralito para la compra de bienes "camina" en la misma dirección porque lleva a un retiro de depósitos de los bancos más débiles y su traslado a bancos más sólidos. La quiebra de los bancos está mucho más cerca en el tiempo y está "fogoneada" desde el propio FMI y "su gente" en el BCRA. Según el informante de Standard & Poor’s, "el capital sumado de los bancos de 16.500 millones de dólares sin duda ha sido más que liquidado" (The Economist, 30/3), por la enorme cartera de créditos incobrables y la masa de títulos públicos desvalorizados. El reclamo del Fondo de una Ley de Quiebras expeditiva apunta a asegurar una rápida transferencia patrimonial de empresas en estado de quiebra y, en el caso de los bancos, supone apropiarse de lo que queda de sus mejores créditos. La reestructuración de una economía capitalista en derrumbe debe pasar inevitablemente por un proceso de expropiaciones en cuya base se encuentran los trabajadores, pero incluye a la propia clase capitalista, que dirime quien sobrevive o no. Para The Economist (ídem), "las cosas están tan mal que pueden imaginarse escenarios extremos. Duhalde podría nacionalizar la banca". El propósito de una medida de esta naturaleza, ejecutada por un gobierno rabiosamente capitalista, sería descargar la quiebra de la banca sobre las espaldas de los trabajadores, los pequeños ahorristas y la población laboriosa. Sería un salvataje extremo del capital financiero. Por eso, el semanario de los banqueros británicos reconoce que esa nacionalización "le daría a los bancos una salida relativamente honorable". Hiperinflación El derrumbe de la recaudación impositiva por la depresión económica no se mide sólo en los números. La DGI acepta el pago de impuestos en títulos de la deuda externa (80% del valor que les reconoce el Estado) y en todos los bonos "basura" que circulan en el país, por lo que el déficit de las cuentas públicas es mucho más gigantesco de lo que se reconoce. Pero, acaso, ¿Duhalde no prometió festejar la reactivación el 9 de julio, lo que permitiría un vuelco en el conjunto de ingresos del Estado? Al día de hoy, para los hombres de negocios más fuertes del país existe "una imposibilidad de establecer un piso a la depresión económica, que ya afecta la propia solidez patrimonial de los grupos empresarios". Para el viceministro de Economía (Jorge Todesca), "no tenemos que engañarnos. Los primeros síntomas (de reactivación) recién se podrían percibir el año próximo" (Clarín, 5/4). En este cuadro, un déficit fiscal abismal sólo podría financiarse con una emisión monetaria descontrolada, lo que coloca al país en las puertas de la hiperinflación. Esto luego de haber volcado las finanzas del Estado al sostenimiento del sistema bancario quebrado, que se ha llevado 11.000 millones de pesos del Central a cambio de títulos desvalorizados de deuda aceptados a su valor original. La crisis es aún más profunda porque los reclamos de los pulpos no se han agotado con la devaluación y la licuación de las deudas. En nombre de la defensa de los "grupos nacionales", Oscar Vicente (Pérez Companc), representando un bloque de más de la mitad de los empresarios nativos, pidió que el gobierno participe de la negociación de los privados con sus acreedores externos, porque "queremos que el Estado esté presente en el problema de la deuda privada" (Clarín, 15/3). En pocas palabras, piden que el Estado se haga cargo de otro "muerto" de 60.000 millones de dólares. Guerra social La inflación de marzo, según el informe oficial, dejó un arrastre del 3%, con lo que la inflación "reconocida" llega al 7 u 8%. Pero el costo de la canasta familiar de productos alimenticios básicos ha crecido un 88,27% de diciembre a marzo. En la misma proporción cayeron los salarios. La oleada de aumentos toca ahora a la TV por cable, los teléfonos celulares y las prepagas, por lo que la clase media, hipotecada y "acorralada", volverá a ser golpeada. El índice de precios mayoristas creció un 30%, lo que revela que la diferencia está siendo absorbida por el pequeño comerciante, en un esfuerzo desesperado por sobrevivir. Ya no se trata sólo del desabastecimiento de medicamentos; el gobierno ha decidido ahora reducir ferozmente la prestación médica de las obras sociales y las prepagas. Con la disparada de los combustibles se generaliza el proceso de inflación y desabastecimiento. "Plan social" El programa para jefes de hogar desocupados es una ignominia no sólo por su monto o porque está concebido para proporcionar mano de obra a 50 dólares al mes para las empresas, fijando de hecho un nuevo salario mínimo. En nombre de un seguro que se plantea pagar en junio, porque todo el tiempo previo estará dedicado al empadronamiento, se están dejando de pagar los planes de empleo existentes y ya se anuncia (Neuquén) el retiro de los bolsones alimentarios para dar paso a una política social "única". El apoyo a esta iniquidad (y a las federaciones de punteros, empresarios, burócratas y hombres del clero llamadas consejos consultivos, encargados de administrarla) por las CGT, la CCC y la FTV (CTA) ilustra la política de tregua de la burocracia sindical. Pero el "programa" nace en crisis por la inflación en ascenso, el salto inmenso de la desocupación en los últimos 90 días y el abandono literal de los planes sociales existentes (los comedores escolares, a 0,60 peso por ración, están siendo retaceados). Fuera Duhalde y el FM I La demolición política del gobierno Duhalde responde a este enorme proceso de desintegración económica (Reutemann ha retirado "sus" hombres del gobierno; se anuncia el relevo de todo un flanco del gabinete). El problema que el FMI exige resolver es la instauración de un gobierno "fuerte" capaz de arbitrar entre las diversas fracciones de la burguesía y, sobre todo, disipar el estado de rebelión social que recorre el país, a pesar de la política de sostenimiento del gobierno de las direcciones embarcadas en la tregua. El FMI exige un golpe de Estado para "reconstruir el orden". Es en este cuadro que deben entenderse las declaraciones de miembros del generalato, anunciando la intervención de las FFAA frente a situaciones de "conmoción interior". "En relación directa con este golpe, se está armando concientemente una hiperinflación, que le dé fuerza de necesidad al golpe de Estado", planteamos en la declaración del PO (14/3), en la que recordamos el "método" que preparó el golpe militar del ’76 y el ascenso de Menem. La desorganización económica no es sólo el desenvolvimiento agudo de la crisis capitalista. Es un recurso para inmovilizar a las masas frente a la enormidad de la catástrofe. Por la misma razón, para no quedar en retraso frente a la crisis en curso, es necesaria más que nunca una consigna de conjunto, un eje político unificador del pueblo. A esto responde el planteo de echar a Duhalde y al conjunto del régimen saqueador y que una Asamblea Constituyente se haga cargo del poder en todos los órdenes. A esto responde el planteo de nacionalizar sin pago la banca, de no pagar la deuda externa, de imponer la expropiación de los pulpos exportadores y el monopolio del comercio exterior bajo el control de los trabajadores (frente al intento desembozado de los pulpos cerealeros de descargar las retenciones sobre el pequeño productor, hundido además por el peso de los insumos dolarizados). El 1º de Mayo, todos a Plaza de Mayo El período que se abre verá irrumpir al movimiento de lucha de los trabajadores llevado por el reclamo del aumento de emergencia y el salario mínimo (como lo están haciendo los municipales de Córdoba y lo arrancaron antes los municipales de San Lorenzo). La huelga docente de Río Negro se mantiene firme en su tercera semana. Las patronales del transporte automotor han anunciado la suspensión del 10% del personal. Los ferroviarios vienen de concretar un paro masivo. Está en marcha un proceso de recuperación de sindicatos que ya cosechó el Soip de Mar del Plata, el sindicato ceramista de Neuquén, Brukman, y ahora se extiende en la Uocra, con organizaciones que enfrentan a la burocracia en Neuquén, Quilmes y Jujuy. El Bloque Piquetero Nacional viene de realizar una masiva marcha a La Plata y prepara una movilización nacional el 11 de abril como parte de su plan de lucha. Reunamos todas las fuerzas del movimiento obrero ocupado y desocupado, de las Asambleas Populares, de las organizaciones piqueteras, de los partidos de izquierda en una movilización, aún más vigorosa que la del 24 de marzo, el próximo 1º de Mayo en Plaza de Mayo. Llamamos a sumarse a la convocatoria realizada por el Bloque Piquetero Nacional y convertir el Día Internacional de los Trabajadores en la oportunidad de una gigantesca movilización política contra Duhalde y el FMI, para "que se vayan todos", por una Asamblea Constituyente.

Mientras que a los empresarios, que han dejado al país en la ruina, se los ha beneficiado con una licuación de sus deudas por 30.000 millones de dólares -a los mismos que tienen depositados en el exterior 106.356 millones de dólares-; para los trabajadores desocupados sólo se van a invertir 1.000 millones de pesos en todo el país (con una desocupación del 30%). El Partido Obrero plantea que se reviertan las medidas: que la crisis la paguen los que la crearon. Por ello, desde nuestra banca en la Legislatura, el próximo martes 9 de abril, vamos a defender nuestro proyecto, que implica que las empresas que obtuvieron las mayores ganancias en la provincia, hagan un aporte obligatorio del 15% de sus ganancias para conformar un Fondo de Crisis, que garantice un verdadero seguro al desocupado de 500 pesos y un Plan de Obras Públicas que asegure a todos los trabajadores los servicios básicos y trabajo genuino. Texto del Proyecto: Proyecto de Ley de Deficit Social Cero El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Sancionan con fuerza de Ley: Artículo 1: Queda establecido que las empresas que realizan actividades económicas dentro del territorio provincial, cuyas ganancias anuales, según el último ejercicio, superen los 5 millones de pesos, deberán aportar una contribución para un fondo de crisis, con carácter de obligatorio, equivalente al 15% de esas utilidades a partir de un mínimo fijo de 750.000 pesos (setecientos cincuenta mil) por empresa. Artículo 2: Queda conformado un Fondo de Crisis, compuesto por las contribuciones establecidas en artículo primero. Artículo 3: La utilización prioritaria del Fondo de Crisis, será el otorgamiento de un subsidio a los trabajadores desocupados de la provincia de 500 (quinientos) pesos mensuales, sobre la base de un padrón confeccionado por el Estado, bajo control de las organizaciones de desocupados. Siguiendo el orden de prioridad, la ejecución de obras públicas que aseguren, a todos los ciudadanos de la provincia, los servicios básicos (agua potable, red de cloacas, gas y luz eléctrica). Artículo 4: Las obras mencionadas en artículo anterior, serán ejecutadas por administración municipal. Artículo 5: Créese una comisión fiscalizadora, con la función de controlar que el Fondo se utilice según lo establecido por el artículo 3. La misma estará integrada por: un representante de cada bloque del Senado y la Cámara de Diputados, delegados de trabajadores estatales, elegidos por asambleas y representantes de otras organizaciones de trabajadores electos por el mismo método. Llamamos a todos los trabajadores a movilizarse a la Legislatura, el martes 9, a las 18:30 horas, para exigir que este proyecto sea votado favorablemente por las demás bancadas.

A pesar de la enorme disparidad de medios militares, la resistencia palestina está librando heroicos combates contra las tropas de ocupación sionistas en Nablus y, sobre todo, en Jenin y los campos de refugiados adyacentes. Unos pocos centenares de milicianos, muchos de ellos extremadamente jóvenes, armados con fusiles y ametralladoras, enfrentan a miles de soldados apoyados por tanques, helicópteros y toda la parafernalia de la "guerra electrónica". Una de las acciones más espectaculares de la resistencia palestina ha sido la emboscada en la que cayeron varias patrullas sionistas en la "ciudad vieja" de Jenin, en la que los sionistas sufrieron trece muertos y varios heridos. Los combates son encarnizados y el avance israelí, extremadamente penoso. "La resistencia en Jenin -reconoció un alto militar sionista-, es mucho más fuerte de lo que esperábamos". Para reducirla, los sionistas están bombardeando indiscriminadamente a la población civil en Jenin, Nablus y los campos. Otras de las "tácticas" de los sionistas es derrumbar con bulldozers las viviendas desde la que les disparan los milicianos palestinos. Los muertos y heridos se cuentan por centenares. El feroz bloqueo informativo impuesto por el ejército israelí apenas permite conocer las verdaderas dimensiones de esta masacre. En su retirada, la resistencia palestina se ha refugiado en la "ciudad vieja" de Jenin y en el corazón de los campos de refugiados, donde las estrechas y serpenteantes callejuelas no permiten operar a los tanques y los habitantes se preparan para un combate puerta a puerta, cuerpo a cuerpo, con los invasores.

Desde temprano, gruesas columnas de humo se elevaban en el cielo del Chaco. Al arribo de Duhalde el jueves 4, centenares de compañeros del Movimiento de Desocupados "General San Martín" (Barranqueras, 25 de Julio, Villa Facundo, Villa Palermo), MTL, Villa Federal, Villa El Dorado, Almafuerte y el Polo Obrero sitiaban la ciudad con tres cortes de ruta en cumplimiento de lo votado por la Reunión Nacional del Bloque Piquetero de Rosario. El adelantamiento de la fecha -una maniobra de último momento para evitar la movilización piquetera contra el Presidente- no había funcionado. La huída de Duhalde y Rozas con sus respectivos gabinetes a la Isla del Cerrito (para evitar la presión de los trabajadores), la represión por parte de la Policía de uno de los cortes en las cercanías del Puente Chaco-Corrientes, y la detención de algunos compañeros en la ruta 11, no disminuyeron la moral de los piqueteros, reforzada por la sumatoria en las últimas horas del día de los compañeros del Movimiento "17 de Julio". Al día siguiente se tenía prevista una movilización sobre la Casa de Gobierno, pero un diluvio que se desató sobre la ciudad, inundándola, especialmente en los barrios obreros, impidió su realización en forma masiva. De los piquetes a la universidad El sábado 7 dieron inicio las clases de la Universidad Obrera. Más de cuarenta compañeros (desocupados, docentes, universitarios) fueron al curso "Conceptos Claves de la Economía Política". Se decidió la continuidad en el tiempo de la Universidad Obrera, trabajando con el material elaborado. Participaron activamente en la preparación y desarrollo de la actividad -entre otros- destacados dirigentes piqueteros del Chaco: Aurelio Díaz, Eloy Pereyra y Daniel García. Al cierre se resolvió el dictado de la segunda parte del curso en quince días y la realización de una Conferencia Regional del Partido Obrero (de Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco) a fines de mayo, así como también llevar adelante el Plan de Lucha del Bloque Piquetero Nacional, la organización de un acto de masas para el 1º de Mayo y el lanzamiento de una campaña de solidaridad con los inundados de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El gobierno de Japón financió un estudio ambiental en Avellaneda, con epicentro en el Polo Petroquímico de Dock Sud, que no logró descubrir lo que la piel, los huesos y los órganos de la población de este sufrido barrio obrero tienen absolutamente registrado con sus muertos y enfermos por el envenenamiento de la tierra, el aire y el agua. No es una novedad y está registrada en la película Dársena Sud: el Docke es "zona liberada" de todo tipo de control; los gobiernos nacional, provincial o municipal son impotentes para imponerles a las patronales cualquier regla que ponga coto a la destrucción del medio ambiente y la vida humana. Las gruesas irregularidades están a la vista: hay un puerto propio (Puerto Piojo) desde donde se embarca y desembarca a pedido, bajo la "atenta" mirada de la Prefectura. Existen empresas (Exolgan, por ejemplo) que reciben y envían containers cuya carga es desconocida para la autoridades. Hace pocas semanas, fueron descubiertos (por una pérdida de líquidos) que había en depósito desechos químicos peligrosos importados desde Europa (basura nuclear). Incluso las empresas que operan en la zona (más de cincuenta) "no están registradas ni por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de la fiscalización, ni por la Prefectura Naval Argentina, seguridad del Polo; ambas instituciones aseguran que son 22 las empresas instaladas en la zona" (Clarín, 21/3). Los técnicos del "Plan de Monitoreo de contaminación ambiental" de la empresa Dock Norte SA detectaron la existencia de gases cancerígenos, como el benceno. "Sin embargo, los especialistas aclararon que las mediciones no permiten determinar si esas emanaciones afectan la salud de la población. Algo que no dejó muy tranquilos a los vecinos de la zona, que estuvieron en la presentación del informe, considerando que el estudio no responde a las expectativas que tenían a raíz de los casos de cáncer, problemas de piel y broncopulmonares que se registraron en la zona" (Página/12, 21/3). Varias de estas mediciones ya fueron hechas por el propio municipio durante buena parte del año pasado, sin que esto le diera razones suficientes para enfrentar a los monopolios petroleros, que conocen el "arte" de dominar censores y monitoreos y a quienes los manejan. Nuestra propuesta • Que se abran los libros de la municipalidad para investigar: a) El resultado de todos los desastres ecológicos, muertes incluidas, durante el gobierno de Baldomero Alvarez; b) Qué pasó con las mediciones, estudios y monitoreos anteriores; c) Situación impositiva de los últimos diez años de las empresas del Polo Petroquímico. • Indemnización y tratamiento médico y medicamentos para los afectados, a cargo de los contaminadores. • Estatización bajo control obrero de las empresas que contaminen. • Que se formen Coordinadoras de Seguridad Industrial en todas las fábricas del Polo, integradas por obreros y vecinos para terminar con la seguridad ambiental.

El martes 2 de abril, el Partido Obrero y el PTS coincidieron en una movilización frente a la embajada de Israel. Casi 200 compañeros se concentraron para repudiar la salvaje agresión sionista-imperialista contra el pueblo palestino. "Fuera yanquis de Argentina, fuera sionistas de Palestina" fue una de las consignas más coreadas por los asistentes. Por el PTS habló Christian Castillo; mientras que por el PO cerró el acto, Pablo Rieznik. Se trató de una primera acción de urgencia, para iniciar la campaña de movilización contra la agresión sionista y en apoyo a la Intifada. Los asistentes se comprometieron a impulsar una masiva movilización antiimperialista de masas. Al día siguiente, el PO participó en una marcha impulsada por la comunidad árabe en la Argentina, donde fue leída nuestra adhesión y aplaudida por los 1.000 asistentes . El plenario de Asambleas Populares de Parque Centenario, del domingo último, convocó a realizar una masiva marcha unitaria a la embajada israelí el lunes 15, a las 18 horas, partiendo desde la Avda. de Mayo y 9 de Julio. Este planteo fue traído como mandato por numerosas asambleas populares y votado masivamente. El PO y la UJS encolumnan desde las 17:30 horas.

El enviado del FMI acaba de llegar culminando una semana de feroz ofensiva política y económica que volvió a colocar al gobierno a borde del knock out. La demorada y penosa resolución de imponer las retenciones al comercio exterior terminó con la renuncia del secretario de Agricultura, hombre de Reutemann. Del mismo modo operó la disposición que el Banco Central tomó por cuenta propia anunciando que el "corralito" se liberaría a fines de enero con el propósito de acelerar la liquidación de los bancos que el capital yanqui quiere tomar en beneficio propio. En el medio de tantos avatares, la prensa oficial llegó a hablar de la renuncia de Remes Lenicov. Mendiguren estaría ya con un pie fuera del gobierno. "No hay ninguna medida de Duhalde que dure 24 horas", editorializó La Nación el domingo pasado. El indio Singh, por su lado, lo primero que hizo fue puentear a las autoridades nacionales para reclamar una reunión directa con los gobernadores. El imperialismo mantiene este régimen a los sopapos mientras busca los términos de una salida propia al elenco oficial en estado de agotamiento. Espera que la desintegración económica y social actúe minando la lucha obrera y popular. La debilidad y el servilismo del gobierno son parte de una política dispuesta a llevar el vaciamiento nacional a extremos todavía más profundos. Ahora el gobierno habría pactado con la Corte su rescate a cambio de una inminente resolución de acabar con el amparo de los ahorristas. Lo que tenemos es el retrato de un gobierno menemo-aliancista-duhaldista en descomposición. Un cuadro en el cual la situación de las masas trabajadoras es sencillamente desesperante, a partir del mazazo de la carestía desbocada. Por esa misma razón, junto al reclamo de pan y trabajo, de aumento del salario frente a la inflación, de un salario mínimo, es imprescindible poner la lucha popular a "tono" con la crisis desde arriba. Es necesaria una consigna de conjunto, un planteo político que unifique al pueblo. Esto significa luchar para echar a Duhalde y al conjunto del régimen y que una Asamblea Constituyente se haga cargo del poder. Las asambleas populares y piqueteras enfrentan una precipitación de la crisis que exige una respuesta de conjunto y la organización de la huelga general. Una tendencia que ya se expresa en la huelga docente rionegrina, en los cortes de ruta, en la situación explosiva de los choferes y los ferroviarios, en las ocupaciones de fábrica que se mantienen. El Partido Obrero llama a desenvolver las luchas planteadas, a acompañar vigorosamente el plan de lucha del Bloque Piquetero Nacional y a organizar una movilización multitudinaria el 1º de Mayo en Plaza de Mayo. Llama a las asambleas populares, a las organizaciones piqueteras, a los partidos de izquierda, a los trabajadores a marchar por las consignas Fuera Duhalde, el FMI y los saqueadores, por una Asamblea Constituyente libre y soberana. • Nacionalización sin pago de la banca. • No pago de la deuda externa. • Nacionalización sin pago del comercio exterior. • Indexación de los salarios de acuerdo al costo de vida. Subsidio de 500 pesos a todo desocupado mayor de 16 años, salario mínimo de 600 pesos indexados al 1° de enero. • Por la huelga general.

Como lo vinimos denunciando, la Intendencia terminó cediendo al chantaje de las empresas de transporte que boicotearon la licitación para forzar la adjudicación directa de los ramales. Con esta adjudicación se viene el tarifazo. Además, las empresas más fuertes se han asegurado por este mecanismo los recorridos más rentables, lo que significa que seguirán con el proceso de monopolización que llevó a la quiebra a más de la mitad de las empresas en sólo un año. Los choferes de la UTA denuncian con razón que, a pesar de haber una garantía formal de estabilidad laboral, la segura quiebra a corto plazo de varias empresas y la aceptación por la municipalidad de frecuencias más espaciadas terminará con cientos de choferes en la calle. El abono estudiantil ha subido un 12% y se ha propuesto la formación de una comisión para "estudiar los costos del boleto", que funcionará con una "cláusula gatillo" (si en dos meses no hay acuerdo, el aumento será automático). La lucha contra el tarifazo del transporte debe incorporarse a la lucha práctica de las Asambleas Barriales.

La prensa nacional informó con gran destaque la ocupación de la hacienda perteneciente al presidente de la república, Fernando Henrique Cardoso, en Buritis (Minas Gerais). Y también la operación de desocupación en la que participaron fuerzas del Ejército y de la Policía Federal (que para eso mostraron una rapidez y una eficacia que no se ve en el combate al crimen en este país, menos todavía si el crimen es la corrupción, practicada por los amigos del gobierno. El PSTU declara públicamente su apoyo irrestricto a la ocupación de la hacienda por parte de los trabajadores sin tierra. Y exige al gobierno que cumpla los acuerdos hechos con el MST (Movimiento de Trabajadores rurales Sin Tierra) y que libere inmediatamente a los 16 trabajadores presos (…). Al contrario de la violencia con que los latifundistas y el gobierno tratan a los trabajadores rurales sin tierra, Brasil necesita que se haga una amplia reforma agraria, bajo control de los trabajadores. Es preciso distribuir la tierra para crear empleo, dar dignidad a la vida de los millones de trabajadores que dependen de ella para trabajar y para que se produzcan más alimentos, a un precio más accesible al pueblo brasileño. Por eso consideramos la lucha por la reforma agraria una lucha de todo nuestro pueblo. Por eso nuestra solidaridad con el MST.

La primera etapa del plan de lucha resuelto por el Bloque Piquetero arrancó en realidad un día antes, con una movilización que realizó el Polo Obrero con unos 300 compañeros que recorrió Promoción Comunitaria (Provincia) y Promoción Social (Municipalidad) para presentar un pliego de reclamos de los barrios (planes, ayuda alimentaria, aumento del presupuesto para los comedores barriales, etc.). La negativa de los funcionarios municipales a recibirnos determinó que en una asamblea se resolviera realizar una olla en las puertas de Promoción Social y posteriormente instalar una Carpa en la Plaza 25 de Mayo frente a la Intendencia. De los reclamos de los barrios a la lucha política El mismo día, luego de haberse negado a recibirnos, a la media tarde se apareció el intendente Binner en la Carpa. Con una posición demagógica quiso defender la truchada de los consejos consultivos y trató de despegarse de cualquier responsabilidad en la crisis presente. La respuesta de los compañeros fue contundente, denunciando los acuerdos políticos y con punteros para la repartija de los planes y la responsabilidad también de la Intendencia en toda esta política de hambre y miseria de la gente. La discusión terminó con Binner planteando que no tiene respuesta a los reclamos de los barrios, y la Carpa piquetera coreando "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo". La jornada del 4 Al mediodía y frente a la Intendencia se realizó un acto en el que intervinieron los compañeros del MTL, de la Casita de la Memoria, de un Centro Comunitario y del Polo Obrero. Allí, además de plantearse las diferentes posiciones de los agrupamientos y de leerse las principales resoluciones de la Mesa Nacional del Bloque Piquetero, se defendió la necesidad de estructurar el Bloque en la zona y como una medida inmediata sumarse a la Carpa plantada frente a la Intendencia. Posteriormente, una asamblea del Polo votó a mano levantada y con aplausos la continuidad de la Carpa.

Dijimos en Prensa Obrera que el levantamiento del último corte de ruta por la UTD de Mosconi mediante la firma de un acta-acuerdo, en la cual el gobierno se comprometió a promover el trabajo para las Pymes mediante una ley a sancionarse en la Legislatura provincial, fue un paso atrás del movimiento piquetero. En el razonamiento de los dirigentes de la UTD, sólo podrá haber trabajo genuino si se reactivan las Pymes locales. Tomándose de este reclamo, los diputados oficialistas del departamento han hecho sancionar una ley de Promoción Industrial que establece la eximición de impuestos provinciales y la gestión de créditos blandos para aquellas empresas nuevas o que amplíen un 50% su capacidad instalada. Como lo denunció el diputado Pablo López, del PO, "con esta ley sólo podrán obtener beneficio las grandes empresas, que sumarán un beneficio adicional. Ni siquiera habrá algún apoyo a las Pymes y mucho menos creación de nuevos puestos de trabajo". López defendió, en contraposición a esta "promoción" trucha, los planteos de los congresos piqueteros que han reclamado la creación de un Fondo Hidrocarburífero en base a un gravámen a la ganancia petrolera, bajo administracion estatal y control de los trabajadores, para crear trabajo genuino. Como en el corte del ’97, cuando los empresarios madereros se retiraron de la ruta después de haber obtenido créditos, abandonando a los desocupados, en esta última lucha se levantó el corte y "terminaron sacando tajada" los que no ponen el cuerpo y la vida en la ruta. Esta fue una de las conclusiones del Congreso Piquetero reunido en Tartagal el sábado 6. La Coordinadora piquetera del Norte prepara una campaña para sumar el apoyo de toda la población a la creación del Fondo Hidrocarburífero, una salida para todo el pueblo del Norte de Salta que es incompatible con la continuidad de Romero y sus intendentes que actúan como gendarmes de las petroleras.

Hola. Soy Bianca, tengo 12 años, soy de La Matanza y quería comentarles cómo veo desde mi punto de vista la situación del país que vivimos hoy y cada día. Los argentinos hemos sido víctimas, durante años, de la voracidad insaciable de los poderes económicos internacionales que han saqueado por completo a nuestro país con la colaboración de sus lacayos locales. El resultado es la destrucción de los cimientos mismos de la Nación argentina, llevándonos a las ruinas de la desintegración nacional y social a la que hoy asistimos. Pero este modelo económico, social, político y cultural dominante en nuestro país ha sido repudiado por la abrumadora mayoría de nuestro pueblo, quien ha ganado la calle y puso fin a un gobierno que prometió cambiar la historia y terminó arrodillándose ante las imposiciones de los que han llenado sus arcas a costa del hambre y la miseria de millones de personas que a veces no tienen ni el pan para sus hijos mientras que los miserables corruptos políticos se roban la plata recaudada por los ahorristas. Y la destrucción de las economías regionales y la explotación sin precedentes de los trabajadores. Yo afirmo que el problema argentino, o sea el conflicto de toda esta historia, es eminentemente político, porque sin la presencia del pueblo ningún gobierno puede desenvolverse solo en este país. El desastre económico y la anarquía social son sólo consecuencias. Los que pretenden solucionar este problema con promesas o arreglos económicos y sociales sin ir a sus causas fundamentales, se pasaron la vida gastando aspirinas en una acción que intenta solucionar las consecuencias dejando subsistentes las causas que las ocasionan. El panorama político argentino no tiene por el momento más que dos grandes sectores: uno, que se llama con un nombre alto, digno y soberano, el pueblo organizado; y el otro, repudiable e indigno de todos los privilegios de los políticos chorros.

En la edición de Prensa Obrera del 7 de marzo pasado (Nº 744), nuestro compañero Daniel Blanco denunciaba la convocatoria por parte del gobierno provincial de Miranda, de una Convención Constituyente. El "propósito básico de la reforma es habilitar la reelección del gobernador, los legisladores, intendentes y concejales (...) impulsar otras reformas dirigidas a achicar la representación popular en la Legislatura y los concejos y darle carácter constitucional al ajuste del gasto público". En ese artículo se señala que la posición del PH frente a la Convención es que, en caso de ganar las elecciones, la disolvería; ésta es la posición que han adoptado Pueblo Unido, la Alianza, el Polo Social, el bussismo y sectores del PJ. El PO, en oposición a la Convención trucha, planteó el repudio a las elecciones. Sobre este artículo, Raúl Gil Romero, secretario general del PH de Tucumán, dirigió una nota a Prensa Obrera, que reproducimos a continuación, así como también la respuesta de Daniel Blanco. Sobre la Nota "Tucumán: Convocan a una convención trucha" Nos llama la atención que el Sr. Blanco, dirigente reconocido de la causa popular, nos ubique en un bando oficialista, basado solamente en una falsa información de un matutino tucumano (La Gaceta). El Partido Humanista ha planteado en sus comunicados que no es momento apropiado para modificar nada, y menos con intereses de perpetuación en el poder. Pero también ha dejado clara constancia que en caso de formalizarse las constituyentes, su participación no plantearía un no, sino que aportaría sus propuestas de democracia directa. Entendemos que el Sr. Blanco debió habernos recabado información directa, a la que siempre hemos sido proclives, evitando las interpretaciones y malentendidos, más cuando éstas surgen de versiones en un matutino de tradición neoliberal. Ing. Raúl Gil Romero, Secretario General del PH de Tucumán Respuesta a Raul Gil Romero, Secretario General del PH de Tucumán En el artículo cuestionado en que doy cuenta de nuestra caracterización sobre la convocatoria a una Convención Constituyente por parte del gobierno de Miranda, he usado, entre otras fuentes, al diario La Gaceta del 25 de febrero, que los incluye dentro de un conglomerado de fuerzas (una fracción disidente del PJ, FR, sectores de la Alianza, Pueblo Unido, etc.) que plantean participar de las elecciones haciendo eje en el "No", y que en caso de tener mayoría en la convención, plantean su disolución. Ahora Uds. hacen la aclaración, y valga la misma, de que no están con la postura del "No", y que por lo tanto el artículo de marras tiene esa información inexacta. Sin embargo, vuestra respuesta pone de manifiesto que vuestra postura es objetivamente más conservadora que la de esa misma oposición. Para Uds. la convocatoria del gobierno sólo los lleva a decir que la misma no es "oportuna", pero que en caso de realizarse Uds. participarían aportando un "planteo de democracia directa". Pero lo que está en juego en la presente situación política no es la retórica pasiva de oposición a la convocatoria gubernamental, mientras se espera verificar si el gobierno logra concretar su convocatoria. En este terreno, la oposición patronal está a vuestra izquierda, como lo demuestra que está impulsando una ofensiva en diversos terrenos para abortar legalmente el proyecto de Miranda, y para ello se vale del apoyo de todo el arco patronal que ha planteado, por medio de un manifiesto publicado en página entera en La Gaceta, su oposición al proyecto reformista del gobierno. Lo que cada día está más claro es que este bloque patronal no está dispuesto a movilizar al pueblo para impedir que el gobierno consume sus planes. Entonces, lo que está en discusión es si la izquierda va a dejar en manos de la oposición patronal, de los Falú, Olijela Riva, Bussi, Parajón, Ascarate, etc. la dirección política de una lucha contra el gobierno, o si, por el contrario, va a explotar la crisis política que ha desatado la convocatoria gubernamental para plantear una salida independiente en favor de los obreros y el conjunto del pueblo trabajador. En ese sentido, el planteo no puede ser otro que el de llamar a la lucha de masas con la bandera de pan, trabajo, abajo la reforma trucha, fuera Miranda y todos los intendentes (que se vayan todos), que el poder pase a manos de una Asamblea Popular Constituyente en la provincia, los municipios y las comunas.

La situación de las familias que viven precariamente en casas ocupadas se viene agravando. Los juicios de desalojo en trámite suman mas de 400, y en muchos de ellos el lanzamiento es inminente. En el edificio de Yatay y Potosí, las familias que habitan deben desalojarlo en junio, cuando vence un convenio de desocupación. En Potosí, los vecinos han sido notificados por el juzgado interviniente del remate de la casa que ocupan para el próximo 18 de abril, lo cual, es el preludio para el desalojo, una vez que se conozca al nuevo dueño. En Perón 2060, donde viven 54 familias, continúa el juicio, que podría tener un desenlace este año pese a que, en este caso, el dueño es el gobierno nacional. La situación más grave, por su envergadura, es la de "La Lechería", ocupada por 160 familias *más de 700 personas, entre adultos y chicos*, cuyo desalojo, de no mediar una solución, podría efectivizarse este año. El común denominador de todos estos casos es la falta de respuesta del gobierno de Ibarra. Los compromisos establecidos, ya sea por la Comisión Municipal de la Vivienda, por Promoción Social o por ambos organismos en conjunto, no son respetados. El cambio de funcionarios (como ocurrió con Promoción Social con la remoción del anterior secretario del área, o como acaba de ocurrir con Jozami en la Comisión Municipal de la Vivienda) es un pretexto para nuevas postergaciones. Asistimos a una política de excusas premeditada que oficia de pantalla del verdadero problema: el ajuste presupuestario en marcha. El gobierno porteño pretende disimular el drástico recorte de partidas a Promoción Social y, principalmente, a la CMV. Los fondos destinados, esta última ni siquiera alcanzan para cumplimentar ciertas obras cuya ejecución estaba aprobada y que contaban con su correspondiente previsión presupuestaria. Ni hablar de que con el actual presupuesto la CMV no está habilitada para ejecutar ningún emprendimiento nuevo. Llueve sobre mojado El panorama tiende a agudizarse en forma proporcional a la catástrofe económica y social. La carestía que devora los salarios, el incremento de la desocupación y las suspensiones, y los recortes de los sueldos, determinan que crecientes sectores de trabajadores y capas medias de la población no puedan pagar los alquileres. Mientras que el gobierno se ha preocupado por establecer compensaciones y premios a los banqueros y empresarios a los cuales se les ha licuado la deuda, no ocurre lo mismo con los inquilinos. La pesificación de los alquileres no es suficiente para proteger a los afectados, quienes tienen como espada de Damocles la temida indexación de los alquileres: en medio de la actual inflación, el ajuste de los alquileres previsto por el gobierno a través del CER (coeficiente de corrección elaborado en base a la evolución del costo de vida) terminará por ser impagable. Bajo esta amenaza están incluidas las familias de los complejos habitacionales comprendidos en la ley 177, desde el momento en que el modelo de escritura que se pactó en su momento y que comenzó a instrumentarse a fin del año pasado (aunque resta una gran mayoría de escrituras) contempla cláusulas indexatorias de esa naturaleza. Encima, a partir de mayo comenzará a regir la modificación establecida en el Código Procesal Civil, que faculta al propietario a un desalojo inmediato, sumario "de un inmueble o local por falta de pago o vencimiento del contrato". La modificación corresponde al "artículo 684 bis que alude a los desalojos por falta de pago o vencimiento de contrato y a la desocupación inmediata" (Crónica, 23/11). La expulsión de los inquilinos se extiende a otras figuras como "los desalojos por deterioro del inmueble o uso abusivo o cambio de destino", aunque en esta circunstancia el juez "debe realizar junto al defensor oficial un reconocimiento (visita) judicial previo al lugar". Anteriormente estas disposiciones regían solamente en el caso de usurpaciones. Ahora se ha ampliado el universo de casos. Como lo sintetizó un juez, "las reformas representan una abreviación del juicio de desalojo". Programa Esta situación reclama un planteamiento de conjunto: 1) Empadronamiento de todos los ocupantes precarios e inquilinos en situación comprometida para continuar abonando sus alquileres. Suspensión de desalojos en todos los casos que se compruebe una modificación significativa en los ingresos, situación patrimonial y laboral del núcleo familiar o persona involucrada (pérdida del trabajo, despido, suspensión, rebaja salarial, ajuste de alquileres desproporcionado con respecto a la variación del ingreso). Compensación económica de todos pequeños propietarios titulares de una única propiedad en alquiler mediante un fondo que se cree mediante un impuesto extraordinario a los grandes contribuyentes de la Ciudad. 2) Inventario de todos los inmuebles desocupados o en situación dominial irregular de la Ciudad para afectarlos a un plan de viviendas sociales. Inventario de los inmuebles y predios de la Ciudad y su puesta a disposición para la construcción de viviendas económicas. 3) Creación de un fondo de 300 millones de pesos del presupuesto de la Ciudad para financiar el plan enunciado en el punto anterior. En el terreno inmediato, planteamos: 1) Basta de postergaciones y bicicleteos. Que se respete y efectivice en forma inmediata el convenio establecido con "La Lechería". Que se proceda a la compra del edificio de Perón 2060 al gobierno nacional. 2) Que la CMV financie un alquiler en todas los casas con inquilinos precarios bajo inminente desalojo, de modo de facilitar una postergación del mismo. Que se forme una mesa con cada grupo de familias de los inmuebles comprendidos para avanzar en una solución definitiva. 3) Entrega de terrenos a los desalojados del Bajo Flores (Carpa del Aguante), Villa Dulce y demás asentamientos afectados. Todas las conquistas que el movimiento de la vivienda logró el año pasado fueron obra de una firme y sostenida movilización. De esa forma se arrancó el convenio de "La Lechería" y el compromiso de escrituración de terrenos, la entrega de los inmuebles de Sarandí, el pago de los subsidios a las familias desalojadas del Bajo Flores, la postergación de múltiples desalojos. Ahora, debemos redoblar la movilización que nos permitió acceder a esos primeros triunfos y convertir la causa de la vivienda en una gran causa popular, incorporando a esta lucha a los miles de familias que ya están afectadas o que están en vías de serlo.

En las tres primeras semanas de marzo, China vivió las mayores manifestaciones obreras desde 1949. Desde el 1º de marzo (y hasta el 22), en la ciudad de Daqing (en el noreste), miles de petroleros despedidos se concentraron todos los días frente a la sede de la empresa para protestar contra el corte de los subsidios. En los veinte días que duró la movilización, el número de manifestantes no bajó de 5.000 y tuvo "picos" de hasta 20.000 trabajadores. La petrolera de Daqing es una subsidiaria de PetroChina, la petrolera estatal parcialmente privatizada, cuyas acciones se cotizan en las bolsas de Hong Kong y Nueva York. El recorte del subsidio a los despedidos tenía por objeto elevar su "rentabilidad" para "atraer inversores". A 250 kilómetros, Liaoyang, una ciudad de 500.000 habitantes en la cual la mitad de la población obrera está desocupada, fue conmovida por una semana de continuas manifestaciones de trabajadores despedidos y ocupados de una veintena de fábricas en reclamo del pago de las indemnizaciones atrasadas y de la liberación de uno de los organizadores del movimiento. El primer día manifestaron 6.000; al cabo de una semana de marchas diarias, los manifestantes eran 30.000. Los trabajadores cortaron rutas y vías férreas y se movilizaron a la sede del gobierno con grandes carteles que reclamaban "Liberen a nuestro hombre", "Comida y trabajo", "Gobierno ladrón" y "Fuera Gong" (el burócrata local). Exigieron, además, el derecho a formar un sindicato independiente. Los testimonios recogidos dan cuenta de las reflexiones políticas de los trabajadores. En Daqing, un trabajador presentado como "uno de los irreductibles del movimiento de protesta", miembro del PC hasta su despido, declaró que "el Partido Comunista chino ya no representa a los obreros. Se ha convertido en el partido de los funcionarios completamente corruptos (...) que roban a los trabajadores para comprar casas fastuosas en las que alojan a sus amantes" (Le Monde, 19/3). En Liaoyang, un despedido metalúrgico planteó todo un programa cuando declaró que "ésta es nuestra única esperanza (...), lo que necesitamos es que todos los desocupados marchemos juntos a la sede del gobierno al mismo tiempo" (The New York Times, 20/3). Estas grandes manifestaciones son la punta de un enorme iceberg: en el mismo momento, 10.000 mineros de la ciudad de Fushun cortaban rutas y vías férreas en reclamo del pago de salarios atrasados; por los mismos motivos se desarrollaba una gran huelga textil en Sichuan y piquetes obreros bloqueaban las puertas de la planta petroquímica de Yinchuan; en Huabei y Sangjiang había manifestaciones de trabajadores petroleros. "La clase obrera *dice un corresponsal* está más inquieta que en cualquier otro momento desde 1949 y las protestas obreras están en su máximo histórico" (The Washington Post, 22/3). La "cuestión obrera" es todavía mucho más vasta. Una nueva generación de obreros, llegados de los campos arruinados por la declinación de la economía agrícola, constituyen la abrumadora mayoría en las empresas, cualquiera sea su forma de propiedad. En ellas, las condiciones de explotación son brutales; son mal pagados y maltratados y están sometidos a la arbitrariedad permanente de los patrones y capataces, y expuestos a los más que co munes accidentes de trabajo. Contrariamente a los mayores, no tienen más que débiles lazos con el aparato del Estado o del PCCh. Como telón de fondo, crece una rebelión campesina contra las exacciones de los burócratas locales y el espantoso retroceso en las condiciones de vida: en el campo, la educación primaria y los servicios de salud están en aguda declinación. Organización piquetera La característica de las manifestaciones de Daqing y Liaoyang es que fueron ordenadas y bien organizadas. "Fuentes del Departamento de Seguridad admitieron que las organizaciones obreras subterráneas están mucho más activas que nunca y han sido capaces de movilizar trabajadores de distintas fábricas de una misma ciudad" (The Washington Post, 21/3). En un país donde la organización de un sindicato independiente o la participación en una huelga o manifestación ilegal se castiga con años de cárcel, el desarrollo de lo que la policía llama "organizaciones obreras subterráneas" es un conmovedor ejemplo de la lucha de una vanguardia obrera. Que la cuestión de la organización obrera independiente en China es un asunto de "alta política" lo revela un informe publicado por una institución (Stratfor) que se autodefine como "compañía de inteligencia global". Allí se señala que "la organización de los desempleados representa la peor pesadilla para (la burocracia de) Pekín (porque) un movimiento organizado que defienda los intereses de los desocupados es exactamente el tipo de centro de poder competidor que la elite del PC está tratando de evitar que se forme" (www.stratfor.com). El mismo informe aconseja a la burocracia "determinar qué grado de organización y de coordinación tienen estas manifestaciones y el alcance de sus redes organizativas" y advierte que las protestas deben ser contenidas "antes de que planteen el peligro de lograr un amplio apoyo que cruce las líneas de clase" (ídem). La burocracia y el imperialismo tienen un verdadero terror a la organización independiente de los trabajadores y a que la rebelión obrera empalme con la rebelión campesina y le dé una dirección. Bajo una dictadura burocrática feroz y en las condiciones de explotación más brutales, hay en China una vanguardia que está luchando tenazmente para poner en pie organizaciones obreras independientes, que son una creación genuina de los explotados, que tienen como método la acción directa, y que agrupan y movilizan a obreros ocupados y desocupados; es decir, organizaciones piqueteras. En el otro lado del mundo, los piqueteros argentinos tienen un hermano de clase en los piqueteros chinos.

Diversos dirigentes de partidos de izquierda (entre ellos Jorge Mora, Alberto Vidal y Norberto Calducci, del PO) y de la CTA estamos siendo citados a declaración indagatoria en relación al corte de puente realizado el 23 de noviembre de 2000, en el marco del paro nacional de 36 horas de las centrales nacionales. La causa, que en todo este tiempo no había avanzado, ha sido reactivada por especial pedido del fiscal federal de Neuquén al juez Labate. Se trata de un burdo montaje de tipo policial, pero la oportunidad del reclamo del fiscal y la selección de dirigentes imputados, pone en evidencia la mano política de los De la Rúa-Duhalde en un caso, y de Sobisch en el otro, en el armado del montaje. Hay que recordar que todos los imputados encabezamos, junto a nuestras organizaciones, la denuncia de la entrega a Repsol que Sobisch había firmado unos meses antes, desnudando que la tan mentada "alianza estratégica" con las petroleras apenas lograba esconder un fabuloso negociado para las partes signatarias de los acuerdos y que no serviría (como finalmente se verificó) para sacar a Neuquén de la crisis y abrir 10.000 puestos de trabajo. La lista de procesados surge de una imputación contra "los referentes que se individualizaron", que la policía neuquina envía al jefe de la Side nacional. Toda la "prueba" se basa en fotos de los diarios y recortes de los mismos y en informes de la propia Policía. Sobisch declaró en su momento (diario Río Negro del 24 de noviembre de 2000), en referencia a la huelga, que la CTA buscaba "desestabilizarlo" y crear "caos social". Por otra parte, el mismo diario informaba que la ruta estaba cortada "por dos campamentos de manifestantes, alentados por grupos de izquierda", ante lo cual el ministro de Gobierno había "reforzado el operativo". De una combinación informativa tan "contundente" como ésta, aportada como prueba, la Justicia arma la lista de imputados. Junto a otras causas "resucitadas" (como la abierta contra Alberto Vidal con motivo del corte del puente por los docentes en... ¡¡1997!!), se pone en evidencia una maniobra represiva, selectiva, de parte de los gobiernos nacional y provincial. Al juzgado se movilizaron delegaciones de ceramistas, de la Rama Salud de ATE y de la Junta Interna del Hospital; del PO, PTS, MST, Aten provincial y seccional Plottier, y compañeros de la Toma Obrera. Responder con una movilización (como se hizo en esta oportunidad) y en cada fecha de indagatoria, junto a una campaña política de denuncia, es el camino para tirar abajo la burda provocación antipiquetera de Duhalde -Sobisch. Una razón más para que se le ponga fecha a la Asamblea Popular Regional. El sábado las organizaciones involucradas nos reunimos en las puertas de Zanón: de allí debe salir la campaña y la fecha de la Asamblea Popular.

El 24/2/01, mediante fax, esta Comisión comunicó a Correpi una patética y cruel anomalía: Carlos Zimerman era defensor legal del Comisario Rubén Carmelo Fernández y de su hijo Roberto, ambos cobardes asesinos de nuestro compañero, amigo y familiar Alejandro O. Enrique (Bocha). Los doctores María del Carmen Verdú y Sergio Smietriansky, titulares de Correpi, negaron categóricamente (fax 28/2/01) "que Carlos Zimerman haya sido o fuera miembro de Correpi ni de ninguna de las organizaciones fraternas con las que habitualmente coordina Correpi, como Justicia y Compromiso en Lomas de Zamora". Pasados 11 meses, Página/12 del 8/2/02 informa sobre el asesinato de un piquetero en la localidad de El Jagüel: "Carlos Zimerman, letrado de Correpi, se acercó para llevar testigos claves ante el fiscal". Se ha burlado nuestra buena fe, más ahora que Carlos Zimerman está activamente defendiendo en Juicio Oral y Público a los asesinos de Bocha. Estamos frente a un accionar canallesco y perverso, guiado no por la solidaridad y el interés de acercar justicia a las víctimas del gatillo fácil, sino, por el contrario, ante un individuo de conducta (para decirlo elegantemente) ambivalente, con estrechos vínculos policiales; no es casual que el aparato represivo elija determinados profesionales para defender a sus hombres. Es un claro caso de defraudación ideológica a las causas populares cuyo objetivo central es lucrar por izquierda y por derecha. Descorrido el velo de mentiras y encubrimiento exigimos a Correpi un pronunciamiento público sobre este bochornoso asunto. Por lo que volvemos a señalar lo expresado el 24/2/01: "Entendemos que en cada momento de cualquier profesión hay que hacer elecciones precisas para tomar distancia de la corrupción o, como en este caso, de los genocidas."

La masiva columna del Bloque Piquetero que marchó a La Plata el 4 de abril, en cumplimiento de la primera jornada del plan de lucha nacional votado en Rosario, fue una conmoción política. Desde la primera hora de la mañana las radios platenses siguieron la llegada de los compañeros y el diario El Día indicó la presencia de "3.000 manifestantes". La columna, que superaba esa cifra, tuvo el enorme valor de convocarse "a pata y pulmón" desde los más alejados lugares del Gran Buenos Aires y hasta del interior de la provincia. Un importante grupo de varias decenas llegó desde Mercedes luego de infinitos transbordos de trenes y subtes, viajando desde las 4 de la mañana para llegar a las 10 puntualmente al corte. Otro tanto de José C. Paz, de Moreno y de innumerables distritos de todas las agrupaciones presentes. Sólo del Polo Obrero hubo delegaciones de Matanza (de decenas de barrios de Laferrere, Catán e Isidro Casanova), Merlo, Hurlinghan, Morón, General Rodríguez, Luján, Moreno, José C. Paz, Pilar, Escobar, Tigre (un grupo se desencontró), Zárate-Campana, San Fernando, Munro, San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Lanús, Lomas, Almirante Brown, Ezeiza, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, La Plata y Berisso. De estos y otros distritos movilizaron los compañeros de las demás corrientes del Bloque, desde Mar del Plata viajaron representantes del MTL, del MTR y del Polo Obrero que integraron, junto a la Mesa Nacional, la representación que ingresó a los despachos oficiales. Con las arcas vacías de las raquíticas finanzas piqueteras, luego de los esfuerzos de la Marcha Nacional, esta jornada masiva en La Plata, a costo cero, no puede indicar otra cosa que la vitalidad política del programa de esta movilización. A 24 horas del anuncio de Duhalde ganamos la calle en las más variadas provincias del país con una clara posición política. El Bloque ni saludó el anuncio presidencial por "muy positivo porque es universal", ni pidió "ingresar el Consejo Nacional". El Bloque denunció ante las propias autoridades que esto abarca apenas a un tercio de los desocupados, que se trata de una miseria de 50 dólares a cobrar casi en junio -para el caso de que se cumpla- en medio de una carestía descontrolada, y que sólo puede ser "único ingreso del hogar". Reivindicamos también la organización de los desocupados a través de las grandes organizaciones sindicales que constituyen los piqueteros en todo el país. Para ello reclamamos el derecho a inscribir nuestros proyectos y grupos de compañeros organizados que han luchado una década por trabajo genuino o subsidio al desocupado. Reclamamos aumento del subsidio pero también alimentos, frente a lo cual el gobierno provincial aclaró que con el "esfuerzo de los planes irá cayendo el presupuesto de comida". O sea, desaparecerá. Una verdadera canallada que denunciamos en la reunión y ante la opinión pública, reclamando al contrario, 100 toneladas mensuales de alimentos, como mínimo, para las familias que nuestra movilización masiva representó. El secretario de Empleo se deshizo en garantías de que los municipios aceptarán los proyectos de las organizaciones genuinas de desocupados porque "los necesitan". Creemos lo contrario pero lucharemos por ellos y por todas las banderas levantadas. La Mesa Nacional fue recibida también en la gobernación por el secretario de Justicia porque fuimos a reclamar por el levantamiento del pedido de orden de captura efectuada por un fiscal contra los 59 compañeros del MTR, y por la libertad de Alí, de Castells y de todos los presos y el desprocesamiento de los más de 3.000 compañeros incriminados por luchar. El juez Atencio, al que volvió la causa de los compañeros del MTR, nos invitó a recibirnos a través de la Policía provincial apostada en Casa de Gobierno. Los abogados no lo aconsejaron y no fuimos, pero es evidente el impacto político de nuestra movilización en relación a todos los puntos que levantamos en ella. Fuimos la primera movilización piquetera que festejó la libertad de Alí, cuando todavía estaba preso pero los medios anunciaban ya su liberación. Todo el movimiento piquetero tendría en las horas siguientes motivo de festejo ante un triunfo que nos tiene que llevar a la libertad de todos los compañeros sin dar tregua alguna al gobierno hambreador.

Carlos Zimerman, de la Correpi, abandonó la defensa de los asesinos de Bocha y lo hizo en el peor de los términos, y en medio de un escandalete que va de lo profesional a lo político. Cuando Zimerman conoció la sentencia condenatoria y comenzó el período de apelación, dejó la causa, lo que obligó a la presidenta de la Cámara a aplicarle una sanción por dejar indefenso a Roberto Fernández, quien todavía no tiene sentencia firme. Esta huida del escenario judicial es el resultado de nuestra persistente campaña denunciando la falsedad ideológica de este profesional. La Correpi y la Agrupación Justicia y Compromiso, lugares donde milita y colabora Carlos Zimerman, deben una explicación pública no sólo a esta Comisión sino a los miles que luchan contra el gatillo fácil.

En su infatigable búsqueda de métodos para reducir los salarios, a las patronales no les alcanza con la devaluación, la hiperinflación y el pago de los salarios en bonos basura. Han encontrado otra "novedad" en este campo que, advierte El Cronista (21/3), puede extenderse rápidamente entre miles de pequeñas y medianas empresas: el pago de los salarios con "créditos" de trueque. Este engendro, ideado por empresarios de San Nicolás, funciona de la siguiente manera: la llamada Red Trueque Pyme otorga a alguna empresa un préstamo en "moneda social" (sic), es decir en "créditos" de trueque, la que los utiliza para comprar insumos y pagar salarios. La vendedora de los insumos, a su vez, utilizará los "créditos" para pagar los salarios de sus propios trabajadores. La empresa que recibe el préstamo lo devuelve con su producción, que la Red Trueque Pyme vuelca entonces a los "nodos" de los clubes de trueque. Sus inventores dicen que "servirá para salvar empresas con problemas financieros" ya que estos préstamos "no contemplan intereses ni gastos" (ídem), algo que por supuesto es falso: los intereses están, por así decirlo, "contenidos" en los precios ya que "los valores pactados los ponen las partes" (ídem). Como la Red Trueque Pyme ejerce un monopolio comprador sobre las Pymes "con problemas financieros", puede establecer los precios de compra a voluntad... los que luego son trasladados a los consumidores. Este sencillo mecanismo -de expropiación a la vez de los consumidores y las Pymes financieramente ahogadas- desmiente todos los versos que circulan acerca del trueque como una nueva "auto-organización" de los consumidores. Es que, para que la Red Trueque Pyme pueda otorgar créditos en "moneda social", previamente se tiene que haber producido un proceso de acumulación de esa "moneda social" en manos de los "banqueros del trueque". Es decir que la circulación en el circuito del trueque, como no podía ser de otra manera, produce una ganancia mercantil que es monopolizada por los organizadores de las "redes". Para los trabajadores, el cobro de los salarios en "créditos" es la confiscación suprema, ya que se trata de "dinero" sin ningún respaldo y que sólo puede ser gastado en los "nodos"... abastecidos por los "banqueros del trueque". ¿Con qué pagarán esos trabajadores el colectivo o la luz? Si el trueque significa, desde el punto de vista de la circulación económica, un retroceso a períodos pre-capitalistas, el pago de los salarios en "créditos" hace retroceder a los trabajadores a las épocas de La Forestal, cuando los sueldos eran pagados con vales que había que gastar en las pulperías de los propios patrones.

Las pruebas recogidas en las últimas semanas han confirmado algo que el pueblo de Miramar ya sabía desde hace rato: que Natalia Mellman, la joven secuestrada y aparecida muerta a principios del año pasado en esa ciudad, fue asesinada por policías. Las muestras de tierra en las ropas y zapatillas de Natalia Melman pertenecen a la casa que frecuentaba un policía, propiedad de otro policía. La llave estaba en el llavero del suboficial "Mono" Suárez, en cuyo auto había un cabello de Natalia, como también sobre un almohadón de la casa. Muestras de ADN de hisopados vaginales y anales realizados a la víctima corresponden a los policías Oscar Echenique y Anselmini. El único detenido, sin embargo, sigue siendo el "Gallo" Fernández, que siempre dijo que los asesinos "fueron ellos" (Clarín, 20/3). De las casi 60 mujeres asesinadas en la costa (25 de las cuales ejercían la prostitución), no se sabe nada. El "loco de la ruta", un supuesto asesino serial, dio paso a la firme sospecha sobre una red de prostitución y tráfico de drogas de la costa, entrelazada con la policía y el poder. Aquí la investigación quedó paralizada. Las puebladas de Miramar y sus "brigadas populares de investigación", que rastrearon la ciudad, encontraron el cuerpo de Natalia y pusieron entre rejas a "el Gallo" Fernández, señalaron desde el mismo momento del crimen a sus responsables y a sus encubridores: la Comisaría de Miramar y sus superiores de la Bonaerense. La "Justicia" los dejó libres a todos. Una soberana lección para los que condenan las puebladas, los escraches y las movilizaciones como una forma de "linchamiento" y les oponen el "imperio de la ley y las instituciones"... las mismas que dejaron libres a los asesinos de Natalia Mellman.

Los artículos de Prensa Obrera sobre el funcionamiento de las redes de trueque como un intento de mantener el sistema de punteros del PJ y de frenar el crecimiento de las organizaciones piqueteras fueron muy comentados entre los lectores obreros del periódico. La razón es que denunciaban el fraude y el mito de que el trueque sería una forma de "auto-organización". A este mito han contribuido también los punteros centroizquierdistas del Frenapo-CTA, que lo alaban como una forma de "auto-abastecimiento popular". El crecimiento del trueque es una manifestación, otra más, de la aguda descomposición económica provocada por la crisis capitalista. Sobre esto, La Nación (5/3), a diferencia de los centroizquierdistas, no se hace ninguna ilusión "autogestionaria" pues reconoce que se trata de un retroceso a épocas pre-mercantiles. Esto no le impide, claro, celebrar la función política que juega el trueque: que los desocupados se arreglen como puedan "en lugar de clamar por la ayuda del Estado o de nutrir caravanas de desocupados que cortan rutas". Sálvese quien pueda (y hasta cuando pueda) Los punteros de cada barrio intimidan a los vecinos para que no participen en las asambleas de las organizaciones piqueteras y les plantean que se sumen al trueque, que es *dicen*, "una salida inmediata". ¿Lo es? Frente a una desocupación que no conoce límites, el trueque significa cambiar las últimas posesiones por un plato de comida pasajero, sin ganar nada para el mañana. Clarín (3/3) da un ejemplo gráfico: una reciente desocupada que vende la indemnización en remeras que le dieron sus ex patrones a cambio de... zapallitos. ¿Y cuando se le terminen las remeras? La pretensión de que el pueblo puede encontrar una salida a la crisis empeñando sus bienes o vendiendo alguna comida casera es ridícula. Porque ni los trabajadores expulsados de las fábricas ni los participantes de las redes de trueque tienen acceso a la grandes fábricas ni a las hectáreas de los terratenientes. Sólo tienen para ofrecer en el trueque lo que compran en los mercados, que remarcan sus precios al ritmo de la inflación y el desabastecimiento. Esto, claro, da lugar a acciones especulativas comprando al por mayor productos que escasean en el trueque y colocándolos a precios abusivos. También se prestan a abusos los "créditos", cuya emisión no conoce ningún tipo de regulación y que, contra los supuestos reglamentos del trueque, son cambiados por dinero por los "punteros-coordinadores". De más está decir que estos "créditos" se devalúan más rápido que esos otros papeles pintados, los bonos provinciales. ¿Consumo "autogestionario" u organización piquetera de los trabajadores? La especulación con las necesidades de los sectores más explotados contrasta por el vértice con las acciones de las organizaciones obreras y populares contra los monopolios, como la imposición de la contratación de desocupados en las petroleras por las organizaciones piqueteras del Norte de Salta o la expropiación de medicamentos que un laboratorio se negaba a entregar a un hospital público, por parte de la Asamblea Popular de Paternal. Los elementos para resolver las necesidades de nuestro pueblo se encuentran en la expropiación bajo control obrero de los grandes pulpos. No hay salidas en los supuestos "circuitos paralelos de distribución" mientras los hambreadores tengan los grandes medios de producción en sus manos. La salida, como lo plantearon miles de trabajadores y desocupados en la Asamblea Nacional Piquetera y en la Asamblea Popular Nacional, pasa por la estatización de los grandes pulpos y las privatizadas, y la puesta en marcha bajo el control de los trabajadores de toda empresa que cierre o despida. Los grandes cordones industriales y agrícolo-ganaderos del país podrán producir entonces para satisfacer las verdaderas necesidades del pueblo, liberados de las restricciones que les impone el lucro capitalista.

Durante el fin de semana largo la Unión de Juventudes por el Socialismo realizó un importante campamento en la ciudad de San Nicolás, con la presencia de más de 150 jóvenes de la Capital, el Gran Buenos Aires y la provincia de Santa Fé. El campamento fue la oportunidad para la realización de un curso sobre el "Argentinazo", tomando como base el libro de Jorge Altamira recientemente editado. El campamento resultó un salto en la organización de la UJS, sobre todo por la participación de compañeros secundarios que se mostraron dispuestos a estructurar un trabajo de organización de sus colegios. En relación a este punto, se resolvió lanzar una campaña para organizar a los estudiantes por la conquista de las becas, porque de otro modo los colegios se vaciarán por completo debido al cuadro de miseria existente. Esta campaña *se señaló* debe ser realizada en forma inmediata, empadronando a los estudiantes y convocándolos a marchar sobre los municipios y los consejos escolares hasta que se entreguen las becas necesarias. En el cierre del campamento se hizo un homenaje especial a los compañeros Lisandro y Elisa, quienes fueron militantes de la Unión de Juventudes por el Socialismo. En su memoria tomamos el compromiso colectivo de luchar para que este proceso revolucionario culmine en un triunfo, el gobierno de los trabajadores.

Raúl Castells está con arresto domiciliario desde hace nueve meses por reclamar alimentos y puestos de trabajo a la Municipalidad de Lomas de Zamora. El 16 de abril será llevado a juicio oral en la Capital Federal por una causa del año…1995. Se ha sacado a luz un juicio iniciado hace siete años por "entorpecimiento a las vías de comunicación, daño y resistencia a la autoridad" en una movilización de jubilados. Una de las acusaciones incrimina a Castells por escribir en una pared "Cavallo asesino de jubilados". Llamamos a movilizarse el martes 16 de abril a las 9 horas a la sede de Tribunales en Juncal 941 Libertad a Raúl Castells. Desprocesamiento a los luchadores.

La Legislatura aprobó sobre tablas, un proyecto de declaración presentado por los diputados Jorge Altamira y Enrique Rodríguez en apoyo a la lucha de los obreros de Brukman. Los trabajadores recibieron con júbilo la información, entendiendo la decisión arrancada a ese cuerpo como un importante respaldo político a su lucha en un momento crucial del conflicto. RESOLUCIóN: "La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresa su solidaridad con la lucha de los trabajadores de Brukman, que con su permanencia en ese establecimiento industrial han garantizado la continuidad de una fuente de trabajo de la Ciudad. Asimismo, reclama que sea respetado su legítimo derecho a peticionar, apelando a métodos propios de acción colectiva de los trabajadores, por el pago de sus salarios caídos y por la continuidad laboral efectiva, con estabilidad laboral y salarios dignos".

En un fallo que Clarín caracteriza como "vuelco procesal imprevisto" (5/4) la sala primera del Tribunal de Casación bonaerense dispuso la libertad de Emilio Alí, condenado hace un año por el delito de extorsión agravada por reclamar alimentos en un supermercado y amenazar a un almacenero en un episodio posterior. Los jueces desestimaron las supuestas pruebas según las cuales Alí habría amenazado con violar a la hija del almacenero en caso de no acceder al pedido de provisión de alimentos, un testimonio que el dirigente piquetero impugnó desde el primer momento. El fallo del Tribunal de Casación irrumpió luego del fracaso del pacto anudado por la FTV (CTA) y CCC tendiente a lograr el indulto de la Legislatura bonaerense, un acuerdo hecho según los propios dirigentes piqueteros con el presidente Duhalde y que los diputados radicales y peronistas rechazaron (invocando "el peligro que implicaría conceder (la libertad de Alí) en un contexto de creciente conflicto social". Emilio Alí fue liberado no por el pacto con el gobierno, sino por una intervención jurídica y procesal que adoptó un rumbo independiente al del acuerdo con el gobierno y sobre la cual informaremos detalladamente en nuestra próxima edición.

La Liga Obrera Socialista (Palestina) condena la guerra criminal del ejército sionista, que utiliza helicópteros, tanques, misiles y aviones de combate contra las ciudades y los campos de refugiados palestinos. Denunciamos la complicidad del imperialismo norteamericano, sin cuyo "visto bueno" esta acción genocida habría sido imposible. A pesar de su mentira de que Israel actúa sin su "luz verde", Bush se niega a exigir a Israel que detenga el genocidio. Las nuevas masacres prueban que el sionismo ha alcanzado sus límites históricos; que su falsa "causa nacional" sólo puede sobrevivir en un océano de muerte y sangre. El frente de gobiernos de criminales de guerra de Sharon-Peres y Bush está planeando la destrucción de la Autoridad Palestina y la limpieza étnica de los palestinos. Esta es su respuesta a la crisis del imperialismo y del sionismo. El sionismo es la causa de una nueva ola de antisemitismo. Es una trampa mortal para los judíos trabajadores y pobres. Llamamos a todos los judíos en su sano juicio a condenar al sionismo como el enemigo tanto de los pueblos árabes como de los judíos. Llamamos a todos los palestinos, a los judíos en su sano juicio y a los trabajadores y oprimidos de todo el mundo a acudir en defensa del pueblo palestino. • Inmediato retiro del ejército israelí y los colonos sionistas de los territorios ocupados • Defensa de Arafat, sin ninguna ilusión política en la Autoridad Palestina, que representa los intereses de los capitalistas palestinos. • Movilizar a las masas de Medio Oriente y del mundo, incluidos los trabajadores judíos, contra los crímenes del imperialismo y del sionismo. • Por la inmediata implementación del derecho al retorno de los refugiados palestinos • Por una república laica, democrática y socialista en el territorio histórico de Palestina, en el cuadro de una Federación Socialista de Medio Oriente.

Convocado por Tribuna de Salud se realizó el 4 de abril en la Legislatura el primer encuentro de representantes de comisiones de salud de las Asambleas Barriales y trabajadores y profesionales de hospitales y centros de salud de la ciudad y el conurbano bonaerense (Udaondo, Santojanni, Quemados, Ameghino, Garrahan, Muñiz, Sardá, Alvarez, Oncológico de Lanús, Francés). Participaron medio centenar de compañeros. El encuentro abordó la evaluación de la situación sanitaria nacional actual y la responsabilidad del gobierno nacional, provincial y el de la Ciudad, es decir de las consecuencias de la aplicación de una política impulsada por el imperialismo, destinada a recrear un mercado capitalista de la salud, a costa de la expropiación de la medicina social (privatización y quiebra de las obras sociales y el Pami), el desfinanciamiento y vaciamiento hospitalario, y la reducción de los presupuestos de salud. Se denunció en las intervenciones la falta de una política sanitaria que garantice la cobertura integral y gratuita de la población, y que se expresa en la falta general de todo tipo de insumos hospitalarios y medicamentos, y también la impostura del gobierno nacional (decreto 486) que declamó la emergencia sanitaria por seis meses, para arribar a un acuerdo con los acaparadores y especuladores de la industria farmacéutica, mediante una canasta de 243 medicamentos de marca, a la medida de los laboratorios, que no incluye genéricos, ni productos esenciales. Se reclamó el desconocimiento de la propiedad intelectual de las patentes medicinales, como condición fundamental para el adecuado desarrollo y producción de insumos y remedios genéricos, la duplicación del presupuesto de salud y la discusión de su implementación, organización y control, bajo la dirección de los trabajadores y profesionales del campo de la salud y las Asambleas Barriales. Se saludó la resolución de la Asamblea de Asambleas Populares de Parque Centenario, de proponer una salida a la crisis sanitaria nacional expresada en el programa de 23 puntos aprobado, el cual contrasta decididamente con la ceguera oficial. Se denunció el gravísimo cuadro de la provisión de comida en los hospitales, el boicot empresarial ante la suspensión de pagos por parte del Gobierno de la Ciudad (deuda de seis meses) y el despido de trabajadores, planteándose la lucha por la remunicipalización de los servicios tercerizados y la incorporación al plantel municipal de los trabajadores de estas empresas. Profesionales del Santojanni denunciaron al jefe comunal, Aníbal Ibarra, por no cumplir con el compromiso de terminar las obras del hospital en diciembre pasado y lo hicieron responsable por su estado calamitoso. También se señaló el deterioro del hospital Garrahan por el boicot de los proveedores de insumos tecnológicos, que para un centro de las características de este hospital constituye una virtual paralización de las actividades, así como también la caída de la demanda de internación de pacientes pediátricos de las provincias por la irresponsabilidad y el abandono de las administraciones provinciales al no trasladar a los niños a este centro nacional. El reclamo de nombramientos, ocupación de vacantes y titularización de trabajadores y profesionales de la salud (déficit de 2.500 enfermeras, camilleros, 1.500 profesionales) y el negocio organizado por algunos jefes de departamento y directores hospitalarios, en el manejo fraudulento de la ocupación de vacantes a los suplentes de guardia, se suma, en plena emergencia sanitaria, la decisión de la Secretaría de Salud de reducir las suplencias en todos los hospitales de la Ciudad. Un aspecto sustancial del debate giró en torno a la suma de leyes con la cual los "progresistas" y sus aliados en el Gobierno de la Ciudad, desconocen los reclamos de la ciudadanía, las Asambleas Barriales y los trabajadores de la Ciudad. En ese sentido se planteó la derogación de las leyes 471 (de empleo público), 744 (de emergencia económica) y la recientemente aprobada 752 (de "protección" de derechos y atención de la salud). Con estas conclusiones el plenario votó convocar a un acto público frente a la Secretaría de Salud de la Ciudad, para el jueves 18 de abril, y constituir una mesa coordinadora del acto y del naciente "Plenario de Organizaciones en Defensa de la Salud Pública", que adopta el programa de 23 puntos de las Asambleas Populares, toma la tarea de enviar las resoluciones elaboradas y extender las invitaciones al conjunto de las comisiones de salud barriales y a la Asamblea Interbarrial de Parque Centenario, a las listas y frentes antiburocráticos (Alternativa de M. Municipales, Marrón de Sutegba, Coordinadora de Trabajadores de la Ciudad), las organizaciones políticas de izquierda, las comisiones gremiales de profesionales y de trabajadores de los hospitales. En suma, se trata de estructurar un amplio movimiento de lucha por la defensa de la salud de la población, el pleno funcionamiento hospitalario, la recuperación de las obras sociales y el Pami, la producción de insumos y medicamentos genéricos y un sistema sanitario único, estatal y gratuito, dirigido, planificado y controlado por trabajadores y profesionales de la salud y los vecinos organizados en Asambleas.

La huelga docente ha entrado en su tercera semana. El martes 2, maestros y profesores culminaron en General Roca una movilización desde Cinco Saltos, Chichinales y otras localidades, con más de 4.000 manifestantes. Cuarenta y ocho horas después cortaron por tres días el puente carretero que une Río Negro con Neuquén. Las movilizaciones sumaron en ambos casos a desocupados, trabajadores de los hospitales y judiciales. Todo esto contrasta nítidamente con la cómplice pasividad de las direcciones de las CGT (la UPCN es una virtual dependencia del gobierno de la Alianza) y, por otro lado, con la política de la CTA. Esta última tiene su fuerza en los hospitales y tribunales, con paros sucesivos de 48 ó 72 horas por reclamos que son comunes a los de los docentes, pero se opone a desenvolver un llamado a convocar y organizar la huelga general en la provincia. Sólo esta política de las centrales sindicales y el frente político en la Legislatura pueden explicar la continuidad del gobierno de la Alianza en la situación de catástrofe actual. La "gestión" Verani es un gigantesco cero a la izquierda: en la provincia no funciona nada, ni la educación, ni la salud, ni la justicia. La crisis de la salud pública, con hospitales devastados y carentes de los insumos más elementales, acaba de cobrarse la quinta víctima fatal en lo que va del año por falta de atención: una adolescente de Chichinales que deambuló de hospital en hospital sin poder ser atendida por falta de elementos. Esto, sin contar las decenas de muertes que ocurren dentro de los hospitales por falta de medios (oxígeno, medicamentos), lo que ha llevado a los médicos a presentar masivamente recursos de amparo judiciales preventivos ante eventuales juicios por "mala praxis". La Justicia rionegrina, por su parte, está abarrotada de expedientes, cuya resolución -si no entrara ningún juicio más de ahora en adelante- llevaría no menos de 2 años con la actual planta de trabajadores, según evaluaciones propias. Donde más se evidencia la profundidad de la catástrofe social de la provincia es en la educación: las clases aún no han comenzado, y no existe por parte del gobierno el más elemental indicio de solución a la crisis educativa, salvo las amenazas y aprietes de la ministra Mázzaro y los improperios y provocaciones de la patota veranista contra dirigentes docentes, campaña tendiente a quebrar la lucha a la que se ha sumado plenamente el Diario Río Negro, promoviendo el carneraje y procurando meter una cuña entre los docentes y su dirección. ¿Marcha Federal? La burocracia de Ctera ha llamado a una Marcha Federal de los docentes en huelga en las provincias, a iniciarse el jueves 11 culminando el viernes 19 en Plaza de Mayo. La iniciativa es inmensamente tardía y habrá que ver si se concreta dos días después del anuncio los docentes de Entre Ríos y San Juan levantaron sus huelgas sin lograr los objetivos luego de 40 y 50 días de lucha. La Marcha se presenta en nombre de la "nacionalización" del conflicto, lo cual, tratándose de quien viene, es ciertamente una impostura. "Nacionalizar" la lucha en serio significaría colocar a las organizaciones docentes en estado de asamblea para arrancar un salario básico común y la defensa irrestricta de los estatutos docentes. El gobierno, por su parte, anunció que no tiene nada que ofrecer. Ofrece entrevistarse con la Unter "sin ninguna propuesta salarial, sólo para discutir la recuperación de los días caídos para alcanzar un año escolar de 180 días de clases efectivos". Esto, dicho por un gobierno que adeuda gran parte de los salarios de enero, la totalidad de febrero y marzo, el aguinaldo completo del 2001 y el incentivo docente, refuerza la exigencia de "que se vayan todos". Finalmente, trascendiendo el reclamo salarial, se encuentra el hecho insoslayable de que más del 50% de las escuelas rionegrinas "no reúnen las condiciones mínimas de salubridad, higiene y seguridad para el normal dictado de las clases"; algo tan obvio que la propia Justicia ha clausurado edificios escolares en General Roca. Esta debacle edilicia no se debe *como podría pensarse* a la falta de fondos destinados a tal fin; todo lo contrario. Luego de la "tercerización" del mantenimiento de las escuelas, fuertes sumas fueron destinadas al efecto... y fueron a parar al bolsillo de los "punteros" y "amigos" del gobierno que se repartieron el curro (por supuesto, sin que mediasen licitaciones o mediante licitaciones "truchas"). La sobrefacturación, la no realización de las tareas de mantenimiento que se cobraban y, posteriormente, el abandono liso y llano, llevaron a la actual situación. En manos de los que destruyeron la provincia y saquearon sus riquezas, los niños rionegrinos seguirán sin clases, los docentes sin cobrar, los enfermos muriendo por falta de atención, seguirán creciendo la deserción escolar, la mortalidad infantil, la desocupación y la miseria. Su presencia en el gobierno es incompatible con nuestro derecho a vivir. El PO plantea: • Asambleas de docentes, padres, desocupados, trabajadores de los hospitales y judiciales para organizar una huelga en común, llamar al resto y constituir un comité organizador de la lucha responsable ante esas asambleas. • Exigir la denuncia, investigación y desconocimiento de todas las deudas que hipotecan los recursos de la provincia y los municipios. Control de los ingresos por los trabajadores para establecer el pago prioritario de los salarios inferiores a 1.000 pesos, de los comedores escolares y de los insumos básicos. • Plan de obras públicas para dar trabajo genuino a los desempleados. • Asamblea Constituyente, que se vayan todos.

La Asamblea Interbarrial de Parque Centenario aprobó un informe del Plenario de las Comisiones de Salud de las Asambleas Populares que publicamos a continuación. El informe rechaza el "participacionismo" y llama a una movilización de las Asambleas Populares para el jueves 18 de abril, frente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Pellegrini 313, para imponer el programa de los 23 puntos aprobado por la Interbarrial de Parque Centenario, que se contrapone a la trucha Ley de Salud votada por la Legislatura porteña. El viernes tuvimos una entrevista con el subsecretario de Salud, señor Vidal, de la que participamos 36 asambleas. Lejos de tratarnos con seriedad, este burócrata no tenía la respuesta por escrito a nuestros 23 puntos, solicitada en el encuentro anterior. Lejos de permitir un control de las Asambleas sobre la gestión de la salud, pretende desviarnos por callejones sin salida. Propuso que las Asambleas hagamos una experiencia concreta en sólo dos hospitales, de los 33 de la ciudad, en colaboración con el CGP y su Secretaría de Salud, la misma que deja sin comida a los internos de varios hospitales, o que seamos buchones, o mantenernos entretenidos en un relevamiento de datos que ya todos conocemos. Quieren reglamentar nuestro trabajo y nuestra participación fraccionándonos. Ante la falta de respuesta escrita, suspendemos las reuniones con los burócratas. Proponemos controlar nosotros mismos, formando en cada hospital comités populares de salud, siguiendo el ejemplo de las Asambleas de Paternal y Belgrano, que consiguieron remedios e insumos para sus hospitales con su movilización. Desde todas las comisiones de Salud llamamos a las Asambleas a convocar a un gran acto el jueves 18 de abril, a partir de las 15 horas. En la Secretaría de Salud, Carlos Pellegrini 313, con marcha a Plaza de Mayo, a las 18 horas, levantando nuestros 23 puntos. El jueves 11, a las 20 horas, reunión de coordinación por el acto, en Scalabrini Ortiz 532, 1º piso. Próxima Interbarrial de Salud, domingo, 13 horas, en la fuente, en lugar del mástil del Parque Centenario.

La firmeza de los trabajadores de Brukman hizo fracasar, en menos de 96 horas, el ultimátum del Ministerio de Trabajo. El ministerio pretendió forzar a los trabajadores a aceptar un "acuerdo" que no resolvía ninguna de las reivindicaciones planteadas. Los delegados denunciaron sus términos y exigieron un cuarto intermedio para que fuera tratado por la asamblea. Mientras se desarrollaba la audiencia, una concentración de trabajadores de Brukman, acompañados por delegaciones de Asambleas Populares, organizaciones piqueteras y partidos políticos, cortaba la avenida Callao, frente a Trabajo. Al día siguiente, mientras los obreros estaban elaborando una contrapropuesta, el ministerio dictó intempestivamente la conciliación obligatoria. Un nuevo apriete: se obligaba a los obreros a desalojar la planta en un plazo de 48 horas aunque, como contrapartida, no se hacía ninguna exigencia efectiva a los dueños. Una combativa asamblea rechazó la conciliación y ratificó la permanencia en la planta, la gran arma que les había permitido continuar con la lucha y mantener vivo el conflicto. Toda la movilización se redobló. Los trabajadores reforzaron la presencia en la planta, convocando a sus familias y llamaron a todas las organizaciones a acercarse a las puertas para resistir cualquier tentativa de desalojo; en pocas horas se movilizó la red de solidaridad, poniendo en alerta a las Asambleas Barriales, comisiones internas, delegados fabriles y partidos, con la consigna de concurrir inmediatamente a la fábrica ante la primera señal represiva para conformar un verdadero "escudo humano" en defensa de la ocupación. Simultáneamente, se reforzó la campaña de pronunciamientos. Se recogió el apoyo de diputados nacionales y de la Ciudad, y de otras personalidades políticas. Esta campaña culminó el día viernes, con una exitosa conferencia de prensa que se realizó en la puerta de Brukman, con la presencia de legisladores y representantes de las organizaciones del movimiento obrero, piqueteras, populares y barriales. Cuando estaba por culminar la conferencia de prensa, se conoció la información de que el ministerio había resuelto formar una "comisión técnica", con la presencia de representantes de los trabajadores, para discutir una salida al conflicto. Aunque ha procurado disimularlo, la nueva propuesta del ministerio constituye un recule. Fracasados la apretada, el ultimátum y la conciliación obligatoria, el gobierno se ha visto obligado a reanudar las negociaciones sin colocar como condición previa el desalojo del establecimiento. Los trabajadores de Brukman han atravesado airosos este nuevo y duro trance y se aprestan a recorrer una nueva etapa de la lucha con el gran respaldo político y moral que implica haber derrotado esta nueva escalada y seguir manteniendo la ocupación de la planta como herramienta de lucha. Propuesta patronal y contrapropuesta obrera La propuesta patronal no sólo es lesiva a los derechos de los trabajadore s sino que es, a todas luces, inviable. Los Brukman pretenden retomar el control de la fábrica sin poner un peso. No está previsto en la pseudo propuesta la mínima inversión de recursos destinados a recrear un capital de trabajo (insumos, materia prima, salarios) que permita garantizar elementalmente el giro comercial de la empresa. Se llega al extremo de condicionar el pago de los salarios en los próximos meses a la venta de un stock remanente, que como lo han denunciado los obreros es la mercadería de más difícil realización. En resumen, si esta mercadería no se vende... los trabajadores no cobran. No hay ningún plan serio, por lo tanto, de reactivación de la empresa, compatible con el pleno empleo de los trabajadores actuales. Los Brukman no están dispuestos a asumir el "riesgo empresario". El riesgo debe ser asumido, en cambio, por los trabajadores, cuyo cobro de salarios es incierto. Los Brukman se reservan para sí el derecho a embolsarse los beneficios en caso de que el negocio fructifique, pero no corren con las pérdidas en caso de que éste fracase. Después de varios meses de abandono de la planta, los dueños han vuelto sorpresivamente, seguramente atraídos por alguna oportunidad de negocio rentable en el ramo. Los Brukman quieren "hacer la prueba" sin arriesgar nada. Si la prueba sale mal está el expediente de "borrarse", precipitar la quiebra de la empresa y dejar el tendal de obreros en la calle. La contrapropuesta que han elaborado los obreros plantea la reapertura de la fábrica pero bajo condiciones tales que aseguren los puestos de trabajo y el salario obrero: la estabilidad de los 115 trabajadores por un año, el pago de los salarios en forma incondicional (es decir, sin estar condicionado a la venta del stock), un piso salarial que no podrá ser inferior a 700 pesos, un plan de devolución de los salarios caídos estos meses y de las deudas salariales acumuladas, y el control obrero de la producción. Si los Brukman no están dispuestos a comprometerse con estas demandas, están inhabilitados para retomar el control de la fábrica y lo que corresponde es que dicho control pase a manos del Gobierno de la Ciudad bajo fiscalización de los trabajadores. La iniciativa de municipalización bajo control obrero es una respuesta frente a la catástrofe económica y social que estamos atravesando (y de la cual Brukman es un ejemplo), la cual reclama desplazar a la actual clase dirigente y proceder a una reorganización integral del país bajo dirección de los trabajadores.

La Cooperativa Eléctrica de Zárate ha sido rebautizada por el pueblo como "La Corporativa", porque además de cobrar por el servicio de distribución de la energía eléctrica, es agente recaudador de los impuestos y tasas municipales, de servicios sociales de ambulancia y sepelios y de una cuota por el agua y la remodelación de las cloacas. Todo en una única boleta, que llega a importes mensuales de 200 pesos por familia, y que los vecinos deben pagar íntegra para que no les corten la luz. En enero de este año se desató una movilización de más de 10.000 vecinos que echó al presidente del Consejo Deliberante, el justicialista Antón. Prensa Obrera entrevistó a Claudia Menéndez, de la Asamblea Popular "Zárate de Pie", para conocer más de la pueblada zarateña. PO: ¿Qué vínculos existen entre la Cooperativa y el gobierno? Claudia Menéndez (asambleísta): Sabemos que financian campañas políticas del PJ. Las asambleas de delegados de la Cooperativa, que nadie sabe quién los eligió, son truchas porque las manejan el PJ y el poder económico. Esto permite negociados como el de la remodelación de las cloacas; a pesar de que muchos vecinos ya pagaron por la instalación ahora tienen que pagar cuotas durante 40 años. El planteo de que sean reemplazadas todas las autoridades por una Asamblea Popular es para que la Cooperativa no sea una convocatoria a todas las empresas y negociados que existen para el enriquecimiento totalmente ilícito, sino para que cumpla una función social. PO: ¿Cómo fue gestándose la Asamblea "Zárate de Pie"? El 17 de enero de 2002 el Centro de Jubilados de Zárate convocó a un cacerolazo frente a la Cooperativa Eléctrica, para solicitar el troquelado de las boletas de la luz. Las 150 personas que nos concentramos agregamos a este pedido la renuncia del Concejo de Administración en pleno y de todos los delegados de la cooperativa, una Asamblea Popular inmediata sin restricciones para la toma de decisiones y la anulación del contrato de concesión directa de agua y cloacas, que la Municipalidad había firmado el jueves anterior a las elecciones del 2001. Después de cinco días de permanencia en la esquina histórica de Bolívar y Andrade, nos constituimos en asamblea. El intendente Morano amenazó con darnos palos. En lugar de provocarnos miedo, hizo que más de 10.000 personas marcháramos contra él. Muchos policías que son vecinos, se sacaban el uniforme, venían a cacerolear y firmaban por la destitución del directorio y por la asamblea (a ellos también les cortan la luz). Hicimos escraches y marchas. Exigimos una asamblea autoconvocada de concejales para que el municipio tomara cartas sobre el asunto, con audio. Votaron en contra de lo que pedía el pueblo, entonces marchamos hacia sus casas; el primero fue el presidente Antón (PJ), que terminó renunciando. Ahora estamos marchando todos los viernes, alrededor de 3.000 personas, y trabajando con el Inae para que actúe en este problema y se conforme legalmente la Asamblea que maneje la Cooperativa, con delegados electos y revocables. En el micrófono se proclama que vamos por Morano, vamos por la Intendencia. Focalizamos en recuperar la Cooperativa Eléctrica, pero como la Cooperativa es la fuente de recursos financieros para cualquier gobierno de turno, decimos que cualquiera que esté sometiendo al pueblo se tiene que ir, que se vayan todos los que no marchan con nosotros.. PO: ¿Qué vínculos hay entre la Asamblea, las luchas históricas de los obreros de Zárate y los piqueteros actuales? En función de la Cooperativa Eléctrica se comenzó a recordar la lucha de los papeleros contra el cierre de Celulosa Argentina, el cierre del frigorífico Martín Fierro, que era inglés y después cooperativa, la caída de la actividad comercial desde que pusieron el puente al Mercosur. En la Asamblea existe el derecho a convocar a las luchas por el micrófono; así asistimos a los pizarronazos docentes, al 24 de Marzo, a la toma que hizo el Polo Obrero de Esso Campana; en la ruta del Mercosur hemos hecho piquetes, en la marcha del Polo Obrero y la CCC les entregamos un documento y nuestro apoyo activo. El plan de lucha nacional es lo más democrático que tuvimos a la fecha.

Después de dos semanas de masacres, el Estado sionista sigue adelante con la invasión de los territorios palestinos haciendo uso indiscriminado de todos los métodos de terror de masas. ¿"Misión de paz"? El "llamado" de Bush a Israel a "comenzar el retiro" de los territorios ocupados no es una "propuesta de paz" sino un tiempo adicional necesario para terminar la masacre. Por el mismo motivo, la "gira de paz" de Powell tardará más de una semana en llegar a Jerusalén. Incluso está en duda que el canciller norteamericano se reúna con Arafat. Estados Unidos sigue respaldando a muerte al sionismo. Para el Pentágono y la CIA, la invasión de Sharon a los territorios es una parte inseparable de la "guerra contra el terrorismo": según el Pentágono, "la Autoridad Palestina debe ser tratada del mismo modo que el régimen talibán porque alberga y protege a los terroristas" (Financial Times, 6/4). Después del 11 de septiembre, Arafat apoyó la "cruzada antiterrorista" de Bush y el imperialismo norteamericano. ¿Qué obtuvo a cambio? La invasión de los territorios y la destrucción de la Autoridad Palestina. La traición de los regímenes árabes Las clases dominantes árabes han vuelto a traicionar la causa palestina. Los dirigentes árabes temen más a la rebelión de sus propias masas populares que a la catástrofe impuesta por el sionismo y el imperialismo en Palestina y en todo Medio Oriente. Las manifestaciones de masas en repudio a la invasión y a la cobardía de sus propios gobiernos frente a los sionistas que tuvieron lugar en Egipto, Jordania y el Líbano terminaron, en la mayoría de los casos, con choques con las fuerzas represivas. La heroica resistencia palestina refuerza la lucha por la emancipación nacional y social en todo Medio Oriente. ¿Una fuerza internacional de intervención? De una manera creciente, los más calificados voceros imperialistas *entre los que se cuentan, entre otros, Zbigniew Brzezinski, Thomas Friedman y Robert Molley en los Estados Unidos y The Economist y Financial Times en Gran Bretaña* comienzan a reclamar una "fuerza internacional de intervención" comandada por Estados Unidos para "separar" a palestinos e israelíes. Es decir, plantean convertir al Medio Oriente en un nuevo Kosovo. Semejante fuerza se calcula en no menos de 20.000 hombres. Crearía todas las condiciones políticas necesarias para asegurar un frente único mundial para acabar con Irak. La dirección palestina respalda el emplazamiento de "tropas internacionales". También lo hacen los socialistas y comunistas europeos y hasta el Secretariado Unificado, impropiamente llamado de la IVInternacional. Una intervención norteamericana, sin embargo, es vista con aprensión por el sionismo y el Pentágono, porque implicaría un debilitamiento político y estratégico del ejército sionista en todo Medio Oriente. Para los sionistas, la tarea de aplastar a los palestinos y defender sus fronteras debe recaer, e xclusivamente, en sus propias fuerzas. De todos modos, esa experiencia ya tuvo lugar en la época del mandato británico en Palestina (1917/1948) y terminó en el más completo fracaso. Fuera las tropas sionistas de los Territorios Ocupados La bárbara "limpieza étnica" sionista de los territorios palestinos no sólo enfrenta la heroica resistencia de los militantes palestinos y las movilizaciones populares en todo el mundo árabe, sino también un creciente movimiento de repudio en Israel y la deserción, también creciente, de soldados y oficiales del ejército sionista (ver aparte). Hay que movilizarse a fondo por el inmediato retiro de las tropas y colonos sionistas de los territorios ocupados, por la defensa incondicional y la victoria del levantamiento nacional palestino, por la defensa de la Autoridad Palestina y del propio Arafat atacados por los sionistas (sin ningún apoyo a su política proimperialista y a sus desastrosas consecuencias para el pueblo palestino), por la liberación de todos los presos palestinos detenidos en campos militares sionistas y la de los soldados y oficiales israelíes detenidos por negarse a participar en la masacre, por el derecho al retorno incondicional de los refugiados palestinos. No a la "fuerza de interposición" del Petágono; sí a la movilización revolucionaria internacional por el retiro de las tropas sionistas.