Prensa Obrera N° 701

Señores Jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo Lavalle 1560, Capital Federal Sobre Causas 24957/2000 y 8705/97 A los Señores Jueces: Por la presente expresamos nuestro más firme rechazo al desafuero dictado contra el compañero Néstor Antonio Pitrola, dirigente de la huelga de Editorial Atlántida y Primer Congresal por la Minoría del Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Consideramos que la medida judicial constituye un grave hecho en sí, contra este trabajador y contra las organizaciones obreras, porque además sienta un precedente contra los métodos de lucha históricos de la clase trabajadora en defensa de sus legítimos derechos y en su lucha contra la flexibilidad laboral que expropia a los trabajadores sus conquistas, salarios y puestos de trabajo. El fallo busca una expropiación punitiva de 6.000 dólares en costas y honorarios sobre la desocupación a la que lo condena el desafuero. Exigimos la nulidad del desafuero, costas y demás sanciones en perjuicio de Néstor Antonio Pitrola y de los fueros sindicales.

El 18 de marzo fueron elegidos 72 nuevos delegados en la segunda villa en importancia de la ciudad. Claro que sería la "primera", si se la midiera por sus tierras codiciadas por grandes intereses inmobiliarios y especulativos que fracasaron en sus intentos de erradicación bajo anteriores gobiernos. El gobierno de la Alianza, y en particular los frepasistas que dirigen la Comisión Municipal de la Vivienda, ha abierto una expectativa favorable al asentamiento definitivo de los vecinos mediante la construcción de viviendas "sociales" en esos terrenos, para lo que prometieron la creación de un fondo fiduciario especial. Con esta zanahoria financiaron en el barrio a un conjunto de punteros que se han catapultado tras las elecciones de delegados como "jefes" del nuevo Cuerpo de Delegados. Pero la maniobra frepasista ha comenzado a develarse. El proyecto de ley que crea el fondo fiduciario habla sólo de "contribuir a la resolución de la problemática habitacional de los actuales ocupantes de la Villa 31" (art. 1), no de asentarlos, sí o sí, allí donde se encuentran; el financiamientodel fondo es absolutamente incierto y la administración está reserva exclusivamente al Ejecutivo comunal. De este modo, el proyecto del gobierno centroizquierdista converge con el de los grandes pulpos. Como dijo sin tapujos el "izquierdista" Jozami: "El discurso discriminatorio que cuestiona al gobierno que ‘regala viviendas en la zona más cara de la ciudad’ carece de sustento. No sólo porque las viviendas (supuestamente a construirse) serán pagadas por los adjudicatarios sino también porque las tierras a utilizarse *las más próximas al puerto, no las que dan sobre Libertador* no son las más aptas para emprendimientos de alto valor inmobiliario" (Habitar N° 1, publicación de la CMV, 1er. Trim./2001). Además, el destino que espera a la mayoría de los vecinos, sin posibilidad de acceso a crédito alguno, es el desalojo de la Villa. Por todo esto, al interior del Cuerpo de Delegados ha comenzado a desenvolverse una férrea oposición a la manipulación de la CMV. La aspiración es que se implemente un verdadero plan de viviendas para todos los vecinos, por el empleo de todos los vecinos desocupados en la construcción de sus propias viviendas, por la inmediata titularización de todos los terrenos que hoy ocupa la Villa a favor de sus actuales moradores, por el control del Cuerpo de Delegados de todos los comedores y servicios asistenciales existentes en la Villa. El delegado que no cumpla con este mandato debería ser relevado. Detrás de este objetivo el PO está empeñado en la estructuración de un movimiento barrial que intervenga masivamente en el congreso del 21 de abril del Polo Obrero de la Capital.

Las dos primeras semanas de gobierno de Cavallo han dejado en claro que el hombre no tiene ningún gato escondido para hacer frente a la cesación de pagos, y mucho menos a la depresión industrial y a la desocupación masiva. Por eso ya se está hablando de una nueva crisis de gobierno, que esta vez tendría como pretexto una nueva ley de ministerios. Cavallo quiere concentrar en sus manos la "seguridad social", para ordeñar de allí la plata que necesita para cubrir el déficit fiscal que él mismo creó bajo el menemismo. Las víctimas del saqueo serán los jubilados y la salud pública, principalmente, además de los despidos masivos que entrañarán las privatizaciones que se prevén. Es necesaria una lucha de conjunto y una salida de conjunto. En lugar de "expectativas", que son más infundadas que nunca, en el "salvador" del pellejo de los bancos acreedores, necesitamos un Congreso de Trabajadores, para que los delegados y piqueteros libremente electos, decidan la línea de acción de los explotados. La burocracia sindical, en cambio, hace con los trabajadores lo que Cavallo le ha hecho a la ciudadanía: se arroga una cesión de poderes. Una salida de conjunto significa partir de que este gobierno está acabado, no ya como posibilidad de cambio, lo cual nunca fue; sino como mero gestor de la crisis. Se ha convertido en una marioneta impotente, que se ha entregado a un aventurero político-financiero. Por eso la consigna es: fuera De la Rúa-Cavallo, que el gobierno pase a una Asamblea Constituyente. Así podremos imponer la nacionalización bajo control obrero de la banca y detener el saqueo financiero; recuperar las jubilaciones mediante la reestatización de las AFJPs y el restablecimiento de los aportes patronales; llevar el salario mínimo a 600 pesos por ocho horas de trabajo y poner un seguro al desocupado de 500 pesos; repartir las horas de trabajo; establecer un plan económico integral discutido en congresos y asambleas obreras; poner fin al saqueo de la deuda externa.

Dentro de 30 días comenzará el juicio oral y público a Santiago Gallardo, Luis Balcedo y Pedro Martín (delegados del hospital Materno Infantil * HIEMI) y a Daniel Barragán, Hugo Canavesio y Darío Ledesma, de la directiva de ATE local. Se ha dado así lugar a los cargos presentados por la fiscal de Instrucción, María de los Angeles Lorenzo, de "coacción reiterada", en el marco de la huelga llevada adelante durante 36 horas por los trabajadores de limpieza del hospital, mediante la cual lograron imponer el cese del trabajo en negro, recuperando la relación laboral, luego de años de soportar el fraude laboral y el robo de sus aportes previsionales. ¿Quién coacciona a quién? La coacción (condicionar, influir, presionar) es pasible de condena, relativamente severa, por configurar un delito contra las personas. Se abría "perpetrado" mediante la persuasión pacífica, que efectivamente llevamos adelante sobre dos supervisores y encargados (que fueron así disuadidos de quebrar la huelga). La "misión carnera" llevada adelante por ellos, "naturalmente" les fue impuesta mediante la enorme presión del gerente de la empresa trucha, Mendiburo. Es decir que fueron coaccionados. Como este intento fracasó, el director del HIEMI radicó una denuncia que motivó la presencia de la policía de infantería que, "itaca" y garrote en mano, buscó ingresar a la asamblea de los trabajadores de limpieza, de manera de forzar el levantamiento de la medida de fuerza, es decir: coaccionaron esta vez a todos los trabajadores de limpieza. Como esto tampoco quebró la huelga, se hizo presente la fiscal de Instrucción Lorenzo, planteando que de continuar con la medida los huelguistas deberían aportar sus datos y firmar una planilla, para iniciar un expediente judicial (firmaron en representación de los trabajadores los delegados y dirigentes de ATE presentes). Los huelguistas decidieron entonces continuar con la medida y luego de sortear la mayor de todas las coacciones, la empresa se avino a firmar un acta de reconocimiento de la relación laboral. Es decir que triunfaron porque lograron superar la coacción reiterada que orquestó el Estado a través de sus funcionarios y agentes, sobre los trabajadores y sus representantes gremiales. Entonces, el delito que se nos imputa consistiría en no rendirse frente a la coacción reiterada, y de ser condenados, se nos estaría coaccionando para no volver a resistir futuras coacciones. Más allá del Código Procesal Vamos a juicio con el objetivo de ganar en el terreno judicial el derecho a continuar representando los intereses de nuestros compañeros. Por eso llamamos a todas las organizaciones obreras y populares a participar de una lucha que interesa a todos, pronunciándose por la anulación de los cargos contra los delegados y dirigentes de ATE Mar del Plata y a movilizarse contra este intento judicial de domesticar a las organizaciones sindicales.

Cuando apenas ha pasado una semana de la cesión de poderes al Ejecutivo, el gobierno de Cavallo, segunda selección, se encamina ya a una crisis política. Es que a pesar de la tregua de las burocracias sindicales y de la "simpatía" con que lo presentan los medios de comunicación, Cavallo no ha logrado siquiera disipar el peligro de una cesación de pagos y, mucho menos aún, luego del impuestazo al cheque, detener la depresión económica. Las rebajas de aranceles para los bienes de capital y las subas de los mismos para los artículos de consumo deben ser interpretadas como un realineamiento internacional de la Argentina hacia la exigencia norteamericana de establecer un sistema de comercio preferencial en beneficio de los yanquis, que sería la moneda de cambio para que el gobierno de Bush acepte una reprogramación de la deuda externa de la Argentina. La crisis del gobierno De la Rúa-Cavallo ha tomado dimensiones internacionales, que podrían poner fin al Mercosur. El gobierno norteamericano, precisamente, le acaba de reclamar al brasileño que permita el libre ingreso de artículos informáticos, que es lo que Cavallo hizo la semana pasada. Cavallo puede haber concitado la "expectativa" de Moyano, pero no de los bancos extranjeros, en particular de los Estados Unidos. De acuerdo a la agencia de noticias financieras Bloomberg, "los bancos extranjeros suspendieron la mayoría de los empréstitos en la Argentina, preocupados por la recesión y el peligro de cesación de pagos de los 70 mil millones de dólares concedidos a las compañías y a los consumidores argentinos" (Gazeta Mercantil, 3/4). La información agrega que el Morgan Chase, el Fleet Boston y el Bank of America han reducido su exposición en la Argentina y que la mayoría de los bancos extranjeros sólo continúa prestando a empresas con socios extranjeros. Esto ocurre cuando Cavallo anda por el mundo buscando desesperadamente que le financien los déficits fiscal y de pagos con el exterior. El informe dice que los "ejecutivos de los bancos" temen que una falta de resultados del plan Cavallo conduzca al repudio parcial de la deuda, que es la más alta de la contraída por cualquier otro país "emergente" con los bancos internacionales. Incluso Sergio Grinenco, del Banco Galicia, admitió la posibilidad de "una cesación de pagos muy significativa en el sector privado". Pero "los que corren mayor peligro son los bancos españoles", dice el Banco de Basilea, la central de los bancos centrales, que tienen empréstitos y otros créditos por 18,5 mil millones de dólares. Esto explica que la caída de estos bancos en la Bolsa haya superado el promedio del mercado. La imposibilidad de refinanciar deuda por parte de algunos tomadores importantes desataría una corrida a la compra de dólares y, como consecuencia, llevaría a una devaluación o dolarización monetarias. Los recursos "normales" para enfrentar esta situación están agotados. Cavallo sólo podría obtener algunas semanas de "gracia" si está dispuesto a concesiones estratégicas, no ya privatizando la recaudación impositiva o el Banco Nación o liquidando en 24 horas la ultraactividad de los convenios de trabajo (que tiene plazo de vencimiento de dos años), sino estableciendo preferencias comerciales para Estados Unidos, tipo Nafta (el acuerdo que firmó México con Canadá y EE.UU.), y ayudando a reforzar de este modo la presión para que Brasil haga lo mismo. Cavallo está tanto más dispuesto a este giro cuanto que ha transcendido que Cardoso y Bush habrían estado a punto de alcanzar un acuerdo en secreto para co-presidir las negociaciones para integrar comercialmente América Latina a los Estados Unidos (El País, 3/4). En su reciente libro de entrevistas, Cavallo se manifiesta abiertamente partidario de una integración a los yanquis, precisamente en nombre de la "competitividad", pues argumenta que para conseguirla es necesario importar barato los bienes de capital. A la luz de los gigantescos intereses en juego, no caben las "expectativas". Tampoco es la burocracia sindical la que debe adjudicarse el privilegio de establecerlas; para decidir están los trabajadores mismos y los delegados que ellos elijan. Es necesario un Congreso de trabajadores piqueteros y es necesario poner fin al gobierno impotente y entreguista y convocar a una Asamblea Constituyente soberana. ¿Burguesía ‘progresista’ con Cavallo? El diario BAE del miércoles 28 reproduce un comunicado del presidente de Credicoop, Raúl Guelman, que dice que "Cavallo está marcando importantes cambios económicos que dan la sensación de que si se cumple con los compromisos contraídos respecto del aumento de la producción serían positivos...". En esto, el ‘cooperativo’ coincide con el menemista y consultor financiero, Martín Redrado, quien en la misma página asegura que el "enfoque (de Cavallo) encara los problemas... de la producción". Si los progresistas prácticos de la burguesía coinciden con sus colegas aún más prácticos de la Bolsa, por qué sorprenderse que los progresistas teóricos como el Chacho promuevan la dictadura de Cavallo o que les cueste un Perú romper con la Alianza como ocurre con los frepasistas disidentes.

El 8 de abril se realizarán las elecciones de una nueva Junta Vecinal del barrio San Martín, que hoy está manejada por un puntero del PJ, Juan Díaz y su esposa. Por más de dos años han logrado sólo prebendas para ellos (ahora viven de rentas) y un reducido número de allegados. El ataque que realizó este puntero y su patota contra los miembros de la CTD "Aníbal Verón", contribuyó a aumentar el odio de los vecinos y la enorme expectativa de sacarlo de la junta. Además de la lista de Díaz, la Blanca, se presenta la Azul, impulsada por otro sector del PJ que carece de historia y de programa. Pero también se presenta una lista independiente: la Verde, en la que participan compañeros de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados y otros vecinos. Pretenden lograr una sala de primeros auxilios, un plan de viviendas para el barrio, escrituración de los terrenos, comedor/guardería para quien la necesite, local para niños, jóvenes y abuelos, biblioteca para los estudiantes, organizar el reclamo por el asfaltado, defender las fuentes de trabajo para todos, organizar el reclamo por un básico de 600 pesos y por subsidio al desocupado de 500 pesos. La lista Verde se llama "Pan y Trabajo con Dignidad". Los vecinos rechazaron el color rojo para la lista porque muchos de ellos son correntinos (trabajadores del frigorífico aledaño, Cocarsa) y ese es el color del odiado Partido Autonomista. Han elegido el color verde, por la esperanza. Adelante compañeros.

La cesión de poderes especiales al jefe del partido que obtuvo el 8% de los votos en las últimas elecciones presidenciales y que fue derrotado más tarde en una elección local, constituye a todas luces un golpe de Estado. En un acto de subversión de la soberanía popular, Cavallo ha sido convertido en el verdadero jefe de gobierno, mientras que el candidato electo, el presidente de la Nación, se redujo a sí mismo a una mera hoja de parra constitucional. Pero Cavallo representa además la política económica de la última década, que es por definición la responsable del presente estado de bancarrota financiera de la Argentina, y es precisamente esta bancarrota el pretexto usado para imponer el golpe de Estado. Por otra parte, el plazo de los poderes concedidos excede el período del actual parlamento nacional y por lo tanto violenta por anticipado los derechos de la ciudadanía que deberá ejercer el voto en octubre próximo. Los legisladores se jactan de haber puesto algún límite, menor, a los poderes que Cavallo había pedido inicialmente, pero con ello demuestran una insuperable ignorancia política, porque los golpes de Estado ponen en pie un nuevo régimen político, el cual está obligado a violentar las vallas constitucionales y provocar cualquier tipo de situaciones excepcionales o de emergencia, para justificar nuevos atropellos, y asustar con el espantajo del caos o el vacío de poder. Se trata, con todo, de un golpe "sui generis", porque ha tenido como víctimas a sus principales promotores. En lugar de un gobierno de unidad nacional, o al Chacho Alvarez como jefe de Gabinete, tenemos a una administración ahora aún más fraccionada. Ruckauf, que ya veía a Cavallo secundándolo para las presidenciales del 2003, se encuentra ahora a la rastra del ministro y hasta implorando su socorro para sortear la cesación de pagos de la provincia de Buenos Aires. Lo que los comentaristas llamaron el "voto transversal" en el Congreso a la hora de ceder los poderes, reveló el desbande de las tres principales fuerzas oficiales. Cavallo, sin embargo, no ha inaugurado un gobierno fuerte. Su "creatividad" no es otra cosa que improvisación. No es un impuesto al cheque lo que pueda mejorar la competitividad o bajar los costos, mucho menos reactivar la economía. Una mayor recesión no superará el déficit fiscal. Aunque recaude más pesos, esto no le da los dólares para hacer frente a los 30.000 millones en capital e intereses de la deuda externa que vencen en el 2001. Cavallo promete reactivar el comercio exterior, pero comienza por darle otro golpe al tambaleante Mercosur. Dice que pretende salir de la cesación de pagos pero paga tasas del 11,25% anual por Letras a seis meses. Asegura que aumentará el ahorro nacional, pero se dispone a utilizar en mayor medida la plata de las AFJPs para financiar la deuda del gobierno. Para colmo anuncia un blanqueo de capitales cuando las investigaciones de lavado de dinero comprometen seriamente al Banco Central y a los principales bancos acreedores de la Argentina. Jura que mantendrá la paridad cambiaria, pero dice que el peso está sobrevaluado en un 20%, y escamotea que los capitales se fugan de la Argentina. O sea que se ufana de tener la sartén por el mango y el mango también, pero apenas tiene una guitarra que pulsa sin oído. Lamentablemente, las dos CGTs le han abierto, nada menos que a Cavallo, una línea de crédito. Ante esta situación, la única salida democrática es la convocatoria a una Asamblea Constituyente soberana, es decir que asuma la dirección política del país.

El domingo 18 y el miércoles 21 de marzo se realizaron -a pesar de los contratiempos climáticos- dos reuniones de 30 y 50 vecinos de un sector de La Cava, para organizarse contra el desalojo que pretende la Municipalidad. Se votó la salida de un petitorio: construcción de viviendas para todos bajo el control de los vecinos, empleo de los desocupados del barrio para la construcción de dichas viviendas; cuotas que no superen el 10% de los ingresos; indemnización sobre las construcciones ya realizadas por los vecinos: reconocimiento de las cuotas ya pagas para el "Plan Arraigo", y el pago de la primera cuota una vez construidas las viviendas. ¡Ladran Sancho! Señal de que "cava-lgamos" La Municipalidad envió a la "administradora" del barrio a prepotear a los vecinos con el fantasma de "los zurdos" (en realidad el único fantasma es su gobierno *no existe*, y lo único que los asusta *a ellos* es la organización de los trabajadores) y desplegó un operativo de detención de los vecinos en los pasillos para llevarlos a una reunión en la capilla. Quieren dividir, asustar y confundir al barrio. Un grupo de vecinos superó los miedos y ha tomado en sus manos la campaña por la firma del petitorio y consolidar una comisión.

En la crítica al Alca se plantean propuestas falsamente "progresistas" o "nacionalistas". Así, por ejemplo, se ha conformado una "Alianza Social Continental", impulsada por la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (Orit, manejada por la burocracia sindical norteamericana) y por ONGs yanquis, canadienses, etc., que propugnan limitar los efectos de la llamada "apertura comercial". Reclaman remover el dumping laboral (bajos salarios), "establecer un impuesto sobre transacciones de divisas para generar fondos aplicables al desarrollo", que se "promuevan inversiones extranjeras que generen empleos de alta calidad, producción sustentable y estabilidad económica", o que se cuide el "medio ambiente". Pura fraseología. Están también quienes critican al Alca para defender el Mercosur. Pero el Mercosur no ha aportado ningún beneficio a los pueblos, aunque sí a los monopolios automotrices, financieros y bancarios. Es un Mercosur de subsidios, que permite evadir impuestos gracias a las transacciones que realizan las filiales de un mismo pulpo ("precios de transferencia"). "Otra integración es posible" Bajo esta consigna la CTA está impulsando la constitución de un "Comité de Movilización contra el Alca en la Argentina", conformado con la Federación Agraria Argentina, la Apyme (central de pequeños y medianos empresarios), los bancos cooperativos, la FUA, el PC, Attac y otras organizaciones. Propone "que toda definición respecto del Alca debe ser plebiscitada" (27/2). Como se ve, la CTA ha hecho de la propuesta de plebiscito un deporte. Para el CTA (y para la mayoría de las direcciones de las centrales sindicales) "el Alca no constituye un real proyecto de integración", como lo serían, parcialmente, el Mercosur y el Pacto Andino. Denuncia que el Alca estaría aprovechando la "debilidad que observa la experiencia regional del Mercosur". A partir de estos "límites", la CTA se propone un "relanzamiento de la experiencia subregional del Mercosur sustentado en un avance en la integración apoyado en la activa participación de sus pueblos y no sólo en la de los capitales". La integración de América Latina es un engañabobos, que soslaya la unidad política de América Latina contra el imperialismo y para realizar una revolución social. Que las burguesías nacionales han fracasado en oponer un frente al imperialismo, lo evidencia México, que con el "nacionalista" PRI a la cabeza, ha establecido un "mercado común" con EE.UU. y Canadá (el Nafta); o Chile, que con el gobierno "progresista"-centroizquierdista busca integrarse directamente al Nafta. La unidad política de América Latina, en cambio, significa acabar con el monopolio imperialista y sus socios cipayos, la confiscación de la banca y de los terratenientes, la ruptura con el FMI, el Banco Mundial, la OEA y los tratados militares que nos atan al campo político y militar imperialista, el no pago de las deudas externas; unidad que sólo podrá darse bajo la dirección del proletariado acaudillando a las masas campesinas y desposeídas. Lo que se plantea frente a la colonización imperialista es la Unidad Socialista de América Latina. La crisis argentina La reunión del Alca coincide con un crecimiento de la crisis política en Buenos Aires. Para Artana, ex funcionario del ex gabinete López Murphy, con el Mercosur "estamos perdiendo el tren" (La Nación, 4/3), por eso propugna el ingreso al Nafta-Alca. Igual posición asume el cavallista Sturzenegger: "La Argentina tiene que dejar de perder inútilmente el tiempo con ese proyecto absurdo del Mercosur. Tiene que ir a buscar inmediatamente una negociación bilateral con Estados Unidos" (ídem). El canciller Giavarini, para aquietar las aguas, planteó "que el Mercosur es nuestra principal llave para abrirnos el Alca" (Clarín, 12/3), lo que Morales Solá (La Nación, 13/3) consideró una "fórmula que se encontró para conformar las distintas líneas internas de la administración". La lucha contra el Alca se une a la crisis política nacional y a la lucha contra el hambre, la miseria, la entrega y la represión. Por eso debe convertirse en una lucha política de las masas. Por eso debemos plantear: Fuera De la Rúa-Cavallo, por una Asamblea Constituyente donde el pueblo discuta la reorganización social, económica y política del país y la Unidad Socialista de América Latina. Para esto no hay que hacer lo que propone el PC (Propuesta, 8/3), "adherirnos a la convocatoria de plebiscitos en todos nuestros países..", es decir que el Parlamento "consulte" al pueblo. De lo que se trata es de organizar grandes paros y manifestaciones para que se vaya este régimen y sea el pueblo trabajador el que discuta y resuelva la salida a la crisis nacional y continental.

El 7 de abril tendrá lugar el 2º Congreso de Trabajadores y Desocupados del Departamento de San Martín, cumpliendo el mandato del congreso anterior. Queremos hacer un balance de la lucha que vinimos dando en estos últimos 4 meses donde fijamos una estrategia de acción para la etapa que se viene. Vamos a hacer este congreso en un momento muy especial. A espaldas de los trabajadores, la CGT "rebelde" o "disidente", acaba de levantar la huelga general convocada para el 5 y 6 de abril invocando las "señales positivas" emitidas por el gobierno actual (suspensión de la desregulación de las obras sociales, seguro para indigentes) y el "clima esperanzado" que vive la población. Horas después, siguió sus pasos la CTA. ¿En qué país estamos viviendo? La suspensión de la desregulación de las obras sociales no fue dictada en consideración al interés de los trabajadores sino de los pulpos privados de la salud, que quieren una cápita mayor y otras condiciones de transferencia de afiliados para mejorar su negocio. El subsidio a los indigentes es una trampa y una confiscación. Fija una asignación de 160 pesos por cada jefe de familia desocupado e indigente, una franja que corresponde sólo a 200.000 familias, por referencia a los más de dos millones de jefes de famila por debajo de la línea de pobreza o a los casi tres millones de desocupados. Una trampa porque a través del rempadronamiento de los desocupados van a establecer un sistema de división y alcahuetería para que en ninguna familia de deocupados el marido, su mujer o un hijo estén cobrando al mismo tiempo un Plan Trabajar u otro parecido. En realidad lo que corresponde es que los subsidios se extiendan a todos los desocupados. Se preocupan por la transparencia al tirarnos estas migajas, pero a este mismo Estado no le tiembla la mano al momento de subsidiar a los capitalistas a los que Romero y Cavallo van a premiar ahora con la eliminación de impuestos en el Departamento San Martín, algo que ya se viene haciendo desde hace muchos años y que sólo sirvió para aumentar las ganancias de las petroleras y no combatió para nada la desocupación. El subsidio encubre tambien una confiscación. Leamos bien: "aunque el nuevo programa demandaría unos 600 millones de pesos anuales… reemplazará a los actuales planes Trabajar, servicios comunitarios y Programa de Emergencia Laboral. Y también sustituirán varios planes solidarios alimenticios… En Economía se considera que las ayudas alimenticias no son efectivas y se prestan a corrupción" (ver diario Clarín del 13/3). El ataque es también contra las organizaciones de desocupados, ya que se pretende desconocerlas a traves del empadronamiento oficial. El ataque contra el pueblo tiene otro flanco con el impuesto al cheque de Cavallo, que terminarán pagando los que menos tienen (será evadido o descontado por las grandes empresas, y constituirá un gran negocio para los bancos, por la plata que van a manejar en su beneficio). Esta es la política oficial del gobierno de la Alianza, los gobernadores peronistas y el Banco Mundial. Es a esta política a la que lamentablemente las centrales sindicales le han dado su apoyo. Nadie votó esta tregua. Cavallo es el mayor enemigo político de los trabajadores. Nadie que razone en términos de nuestra propia clase puede darle una tregua, pero las centrales sindicales lo han hecho. Han perdido la enorme oportunidad para impedir, luego de la caída de López Murphy, el ingreso de Cavallo a través de la huelga. En lugar de una victoria popular arrancada de este modo, asistimos a un golpe de estado que ha incluido la concesión de enormes poderes por parte del Congreso Nacional. Nadie votó esta tregua que permitió entronizar a Cavallo. Pero nada se ha cerrado; la crisis sigue planteada. Cavallo es un improvisador. De la Rúa es un cero a la izquierda. La situación del pueblo es peor que nunca. ¡Fuera el impuestazo de Cavallo! ¡Fuera los poderes especiales! Trabajo o subsdio de 500 pesos. En la emergencia, defensa de los planes de empleo y su extensión a todos los empadronados. Reducción de la jornada laboral, reparto de las horas de trabajo. Congreso Nacional de Piqueteros y Trabajadores. Plan de lucha. Huelga General. Por estos objetivos te invitamos a participar de nuestro 2º Congreso Departamental de Trabajadores y Desocupados, el sábado 7 de abril. 3 de Abril de 2001 II Congreso de Trabajadores Desocupados del Norte de Salta Convoca la Coordinadora Departamental de Trabajadores Desocupados del Norte de Salta: Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi. Unidad de Intermediación Laboral de Salvador Mazza (Uilsam). Centro de Desocupados de Aguaray. Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) de Tartagal. Frente de Unidad Barrial de Trabajadores Desocupados de Embarcación (Fubtde). Adhieren por Salvador Mazza y Pocitos: Unión de Obreros de la Construcción. Consejo Obrero de Emergencia. Coordinadora de Trabajadores Desocupados. El Congreso se realizará el 7 de abril, en el Complejo Deportivo Municipal de Tartagal (Villa Saavedra) desde las 9 horas.

En diciembre pasado fue votada por las centrales sindicales del Cono Sur (incluidos Daer, Moyano y De Gennaro), en un plenario realizado en Florianopolis (Brasil), la realización de paros y movilizaciones contra el Alca, para el 5 y 6 de abril, cuando se reunirán en Buenos Aires los ministros de Economía del continente americano, con la exclusión de Cuba. En la multitudinaria marcha de los desocupados de La Matanza, Moyano y De Gennaro reiteraron la "construcción" de un paro general para esos días. Nuevamente, con el paquetazo de López Murphy, Moyano ratificó el paro general de 36 horas para el 5 y 6 de abril. Pero ahora le han declarado unilateralmente una "tregua" a la gestión de Cavallo. (Lo mismo ya habían realizado luego del gran paro del 23 y 24 de noviembre, como cuota de confianza en el "blindaje" de Machinea.) La CTA también se dispone a integrar "la ronda del diálogo social" si es "formalmente convocada" (Clarín, 30/3). Embretadas por sus contradicciones y la presión popular, estas burocracias han mantenido, sin embargo, la realización de una marcha contra el Alca para el viernes 6. El Partido Obrero llama a manifestarse masivamente ese día no sólo contra el Alca, sino también contra el gobierno proimperialista de De la Rúa-Cavallo, contra la tregua burocrática, por un Plan de Lucha y la Huelga General. Llamamos a votar en las asambleas universitarias y de los colegios secundarios la asistencia a la marcha; llamamos a que se organicen las columnas de desocupados, a que en las fábricas, reparticiones y barriadas se vote marchar el 6 junto al Partido Obrero cada uno con sus reclamos, bajo esta estrategia común.

La localidad de Ezeiza sufrió, en enero, el paso de un tornado con graves consecuencias, entre las que destacó la voladura del techo de la Escuela Nº 201, a la que asisten 1.500 alumnos en tres turnos, con quince divisiones en cada uno. A pesar de haberse hecho los reclamos a la Dirección General de Escuelas desde el 11/1, no hubo respuestas y se llegó a la fecha del inicio de clases sin techos, motivo por el cual no comenzaron las clases y sí comenzó el peregrinaje para ver adónde se podía trasladar a los alumnos. Se resuelve, a través de la jefa de inspectores, enviarnos al edificio de otra escuela, la Técnica Nº 1, a la cual se les suspenderían los talleres para que cedan espacio. Hasta allí se aceptó. A partir de esa irracional solución los docentes nos negamos al traslado y se convocó a una asamblea pública a los padres y alumnos. La Municipalidad de Ezeiza también entró en acción y trató de desinflar cuanto pudo, pero no pudo, y propuso alquilarnos un club. El lunes 19/3 se llevó adelante la asamblea en la calle, frente a la escuela. Concurrieron 2.000 personas, entre padres, alumnos y docentes. Apenas se empezaron a explicar las dos propuestas, los padres y alumnos las rechazaron. Subieron al escenario funcionarios del Consejo Escolar que trataron de explicar los motivos del retraso de una solución. Fueron abucheados y debieron bajar. Tuvo que aparecer un arquitecto de la Dirección General de Escuelas y firmar un acuerdo con padres y docentes comprometiéndose a que en quince días se harían las refacciones. Pero los padres y alumnos no confiaron en los funcionarios y formaron una Comisión para controlar las obras. Nadie se retiró sin recordar a los funcionarios que si no se entrega la obra en el plazo estipulado se acabará el diálogo, y se irá a cortar la ruta nacional 205 hasta obtener nuestro reclamo. La enorme movilización generada en Ezeiza hizo que comenzaran ese mismo día los trabajos de refacción. Este triunfo nos permite organizarnos mejor para reclamar por otras reivindicaciones, en conjunto, docentes y padres. Adelante.

El plenario de delegados de ATE Capital resolvió proponer la expulsión de Marcela Bordenave del gremio por haber votado como diputada el impuestazo de Cavallo, al igual que Eduardo Macaluse, dirigente del Suteba, Jorge Giles y Elsa Quiroz, todos ellos considerados, de conjunto, el bloque "obrero" de la CTA dentro del Frepaso y de la Alianza. "Como (la votación) fue a viva voz quedó en evidencia que los rebeldes frepasistas estuvieron con el sí (Alicia Castro estuvo ausente)… La única radical en contra fue Carrió, al igual que el frepasista Humberto Volando" (Clarín, 24/3). Pero la dirección de la CTA pretende exculpar al bloque "obrero" (y, mas aún, presentarlo como "rebelde") por no haber votado los superpoderes. Fue la votación del impuesto, sin embargo, la que abrió la puerta a la cesión de poderes. Pero del mismo modo que sus diputados, las burocracias sindicales de la CTA y de Moyano levantaron las huelgas previstas, como si Cavallo fuera el salvador del pueblo. Antes, la rebaja salarial... Estos cuatro diputados también votaron en julio de 2000 a favor de la rebaja salarial a los estatales. En el caso de Macalusse, el voto fue acompañado de una enérgica fundamentación "contra el oportunismo de quienes durante diez años fueron cómplices del ajuste y ahora fingen ser opositores". Bordenave, ligada a ATE, votó en el mismo sentido pero con los pies, ausentándose del recinto. ...y la reforma laboral En el debate sobre la reforma laboral en la Cámara de Diputados, cuatro meses antes de este voto, "los legisladores aliancistas que responden al gremio opositor de la Central de Trabajadores Argentinos, los frepasistas bonaerenses Marcela Bordenave y Jorge Giles, aceptaron un pedido que les había hecho el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique y se retiraron del recinto en el momento de la votación para facilitar el número de votos favorables a sus pares oficialistas" (Clarín, 25/2/00). La conducción de la CTA no acompañó los justos reclamos de delegados y activistas por la expulsión de estos diputados en cada una de estas circunstancias porque éstos actuaron, básicamente, de acuerdo a la política oficial de su organización. La CTA apoyó la reforma laboral (su oposición se remitió al punto que permitía la firma de los convenios sólo a los sindicatos con personería gremial y no a cualquier entidad sindical). La CTA dejó correr la rebaja salarial en función de la excusa (común al Frepaso) de "preservar la gobernabilidad" de la Alianza y ha sido responsable, junto a la CGT disidente, de la desmovilización criminal frente al ingreso de Cavallo. ¿Puede la conducción de la CTA, a la luz de esta posición, condenar la conducta de sus diputados?

El 30 de marzo, alrededor de 100 alumnos y 30 padres cortaron Camino Negro y Ejército de los Andes, con un reclamo elemental: "el edificio prometido" para la Media 25, que iba a comenzar este año con aulas modulares. Fueron reprimidos salvajemente por querer una escuela. Sin orden de ningún juez, la policía de Budge a cargo del comisario Castillo (sin chapas identificatorias) golpeó a menores y a un bebé de 10 meses. Esta situación de falta de infraestructura no la desconoce la Dirección General de Escuelas a cargo de Bordón, ni el auditor general de escuelas, Guillermo Sweiver, con quien se sostuvieron varias reuniones, comprometiéndose en la última (27/12/00) al relleno del predio y la construcción de un playón y aulas modulares para el inicio de clases (predio conseguido por la lucha librada el año anterior con la toma del Consejo Escolar por 125 horas y el corte de la avenida Yrigoyen de Lomas), y a mediados de año el comienzo de la construcción del edificio. El inicio del curso lectivo se hizo con la presencia de 4 consejeros escolares en la misma unidad básica donde se venía funcionando, pero con el agravante de que dos cursos de tercer año del turno mañana no tienen aulas. "Estamos a un mes de iniciadas las clases y la educación de nuestros hijos se ve deteriorada por falta de infraestructura, por cursos superpoblados, falta de material didáctico, profesores sin nombrar", decían los padres en el corte. Después de la represión, esta aguerrida juventud piquetera y padres, permanecieron al costado del Camino Negro enfrentando con sus cantos a la policía de Bordón, Ruckauf y De la Rúa. "Como siguen planteados todos los reclamos continuamos la lucha con asambleas el día martes y convocando a centros de estudiantes y otras organizaciones", nos comentaban. Este cuadro de situación es generalizado en la provincia de Buenos Aires, ya que responde a la privatización de la educación. Por eso debemos unificar todos los reclamos en una lucha común. Repudiamos la represión y reclamamos: Inmediata separación de la fuerza interviniente. Juicio a los responsables de la brutal represión a menores. Renuncia de los responsables jerárquicos. Fuera la Ley Federal de Educación. No al Pacto Fiscal que congela el presupuesto educativo. No a la destrucción de la escuela pública. Por triplicación del presupuesto educativo Edificios adecuados. Que infraestructura de la Provincia de Buenos Aires se haga cargo de la construcción y el mantenimiento de las escuelas.

Luis Farinello acaba de confesar que su presencia en la política ha sido fortuita y, por sobre todo, mediática: "11 minutos en Hora Clave (TV) me cambiaron la vida; 3 libros y 30 años de trabajo no habían dado resultado" (1). Hasta ese momento había dedicado todos sus esfuerzos al asistencialismo. Esta orientación del Papa León XIII, de 1891, la desenvolvió inicialmete en Argentina el sacerdote alemán F. Grote, quien sentó las bases del movimiento social católico (1892). Grote fundó los Círculos Obreros, creyendo que así podría neutralizar ‘la cuestión social y detener los avances de las ideologías de izquierda. Desde el comienzo los Círculos Obreros incluyeron entre sus socios a patrones y trabajadores; en 1901 y 1902, los Círculos Obreros reclutaron rompehuelgas en las huelgas de estibadores. En Argentina la jerarquía eclesiástica usó el asistencialismo y la caridad desde fines del siglo XIX, para abortar la radicalización de la clase obrera que comenzó a movilizarse bajo las banderas de "ni dios ni patrón". Farinello, en la década del ’70, estuvo relacionado con los curas del "Tercer Mundo", pero no llegó a definir un perfil propio dentro del movimiento: "La derecha me llamaba subversivo; la izquierda, traidor" (2). Durante el gobierno justicialista "fui peronista, naturalmente, pero cuando Perón persiguió a la Iglesia hasta simpaticé con el golpe de Lonardi" (3). A Menem le dio misas en Olivos hasta que se dio cuenta y se volvió opositor (4). "A Chacho Alvarez (cuando renunció a la Vicepresidencia) lo consideré un genio, ahora me parece que no le fue tan bien" (5). "Si me dan a elegir entre Menem y De la Rúa, me quedo 20.000 veces con De la Rúa. A Menem había que echarlo y por eso apoyé a la Alianza" (6). En una carta Farinello se manifiesta preocupado por "el alto riesgo que corren los intereses populares, debido al otorgamiento de facultades extraordinarias por el Parlamento al Poder Ejecutivo". La misiva está dirigida, sin embargo, a dos reconocidos rematadores de las riquezas nacionales: Duhalde y Alfonsín (7). La clase obrera, los oprimidos no deben tomar el colectivo del Polo Social porque va derechito a otro desastre, donde las víctimas son siempre los sectores populares. Una vastísima y nefasta experiencia *Frondizi, Cámpora, Montoneros y Perón, el PI de Alende, el Frente Grande, la Alianza* testimonian la necesidad de una política independiente de las patronales para poner en pie una alternativa obrera.

El CSRRP (Comité Internacional de Apoyo a la Resistencia de los Revolucionarios Presos) denuncia: Ayer, 29 de marzo de 2001, 157° día de la huelga de hambre a muerte, frente a la cárcel de Kartal fueron detenidos 43 niños, de entre 9 y 10 años. En el 157° día de la huelga de hambre a muerte, 43 niños querían hacer volar sus barriletes frente a la prisión de mujeres de Kartal (Estambul), en la que están encarceladas las madres de algunos de ellos. La acción de estos chiquillos quería ser un símbolo de libertad, además de una manifestación de solidaridad hacia las madres y las mujeres en huelga de hambre hasta la muerte. El Estado fascista, que durante los funerales de Cengiz Soydas (revolucionario muerto la semana pasada a causa de la huelga) ha detenido hoy a centenares de familiares y al abogado Zeki Ruzgar, frente a la cárcel de Kartal, junto a los niños, al conductor del autobús en el que habían llegado a la prisión y a la mujer que tenía en custodia a los pequeños. Los críos, de entre 9 y 10 años, han sido llevados a la comisaría de Pendik, donde han sido encerrados. Exigimos que estas 43 criaturas sean puestas en libertad inmediatamente. Exigimos la inmediata libertad de Zeki Ruzgar y de todos los familiares de los presos. No al aislamiento. No a la alimentación forzosa. No a la represión dentro y fuera de las carceles.

En una sesión del pasado jueves 29, la Legislatura sometió a votación un "decreto de necesidad y urgencia" del gobierno de Ibarra, que aceptaba la donación del terreno donde había funcionado la Embajada de Israel, con el cargo de erigir en ese lugar una plazoleta en memoria de las víctimas. La donación era realizada por un grupo de "particulares de la comunidad judía", que había "adquirido el predio al Estado de Israel". Es decir que, bajo la forma de testaferros, se trataba de una donación del Estado sionista a la Ciudad. Al oponerse a esta donación, la banca del PO denunció, en primer lugar, el régimen de necesidad y urgencia vigente tanto en la ciudad como en el país. "No puedo dejar de decir -señaló Altamira- que estamos bajo un régimen de excepcionalidad política en el país, con cesión de poderes al Poder Ejecutivo. (…) Pero la razón fundamental por la que mi bancada se opone a una donación del Estado de Israel, es porque es un Estado terrorista internacional, que viola todos los días los derechos humanos. Hay informes de Amnesty International sobre las torturas, y hay una masacre sistemática de un pueblo oprimido: el árabe palestino por parte del Estado de Israel". "Una de las conclusiones principales que sacamos en este país a la luz de la experiencia de la dictadura militar, es que no hay que confundir las acciones trágicas que producen las revueltas, las protestas y las acciones populares con terrorismo de Estado; que no aceptamos la teoría de ‘los dos demonios’: duele terriblemente una bomba que troncha una vida, pero no confundo la revuelta del pueblo árabe de Palestina por sus derechos nacionales con el ataque de la aviación israelí con helicópteros a poblaciones palestinas enteras, para asegurar su primacía y su dominación nacional". No al antisemitismo, no al Estado sionista Altamira destacó después que "lo esencial en el atentado a la Amia o a la Embajada, es separar a las víctimas y el repudio al atentado, de cualquier forma de solidaridad con un Estado terrorista internacional. El que mezcle las dos cosas estará contrabandeando el problema del repudio al atentado. "El PO defiende que haya una plaza en esta ciudad que honre a las víctimas de la Amia y a las víctimas de la Embajada de Israel. Tenemos plazas. Podemos consagrarlas para honrar a las víctimas. Yo voy todos los años a los actos en la puerta de la Amia, que se realizan en homenaje a las víctimas del atentado terrorista. Participé de la movilización multitudinaria en repudio a ese atentado en la plaza del Congreso. Así lo he hecho y así lo ha hecho mi partido. Pero mi agrupación, que ha vivido la experiencia de la dictadura militar y que luchó contra el terrorismo de Estado, no acepta donaciones de un Estado terrorista. No admitimos, por lo tanto, confundir, de ninguna manera, el repudio a los atentados con la solidaridad con un Estado que todos los días avasalla los derechos nacionales del pueblo palestino". "Mantenimiento de la Paz" Al analizar el propio "decreto de necesidad", Altamira demostró finalmente que la donación resultaba condicionada a un "homenaje", pero no a las víctimas, sino a la política del Estado sionista. "En los cargos del decreto, se dice: ‘No pudiendo el Gobieno de la Ciudad utilizar el espacio cedido para actividades distintas a los fines para los que fue creada, que son el mantenimiento de la paz y la memoria de las víctimas’. ¿Qué es esto de ‘mantenimiento de la paz’? ¡La diplomacia del Estado sionista habla todo el tiempo de la paz! ¡Es exactamente en nombre de ella que le quita el agua, el derecho a la vida, los derechos nacionales y la propia existencia al pueblo palestino! ¿Vamos a aceptar la hipocresía de este lenguaje usado hasta el abuso? Esta es la posición por la cual no puedo aceptar esta donación. Estoy dispuesto, junto con cualquier bancada, a redactar un proyecto que tome un lugar de la ciudad para que se levante un repudio a los atentados que han cobrado víctimas de ciudadanos argentinos, judíos y no judíos. Pero rechazo que, tras ese repudio, pretenda contrabandearse la política de un Estado criminal". La posición de la izquierda Los diputados de Izquierda Unida, del Partido Socialista Auténtico y del Partido Humanista votaron en contra del despacho que aceptaba la donación del antiguo predio de la Embajada de Israel. Sólo lo hicieron, sin embargo, en rechazo a la forma del "decreto de necesidad y urgencia", pero no cuestionaron su contenido. Alexis Latendorf (PSA) señaló que para aceptar la donación "no existían impedimentos de cumplir con las normas previstas en nuestra constitución porteña, pues el jefe de Gobierno, de haber tenido la intención de respetarla, podría haber llamado a sesión extraordinaria, o solicitarle al donante una extensión del plazo para dar tiempo a la iniciación de sesiones ordinarias. El jefe de Gobierno ha avanzado sobre las facultades que le son propias a este poder, creando un antecedente preocupante". Por su parte, Vilma Ripoll dejo constancia del voto negativo del bloque de Izquierda Unida, señalando que "hoy hubiéramos comenzado la sesión repudiando la actitud del Congreso Nacional por haber dejado que le recorten sus poderes a manos del Fondo Monetario Internacional y de Cavallo". Ninguno de los dos denunció en su intervención la cuestión de fondo, esto es, la aceptación de una donación por parte de un Estado opresor y genocida. En el caso de Lía Méndez (PH), rechazó el ‘decreto’ y estableció su acuerdo con el contenido de la resolución.

Afirmar, como hacen los medios, que la leptospirosis es una "enfermedad de los pobres" es, por un lado, repetir la consigna oficial, mientras por otro lado se pretende ocultar la verdadera responsabilidad de los gobernadores nacionales y provinciales en el deterioro creciente de la salud de la población. El diario Clarín (29/3) informa de cinco muertes hasta la fecha, de más de 80 casos detectados y de la presencia de brotes de leptospirosis en las provincias de Buenos Aires (en los distritos de Quilmes y el Gran La Plata), en el sur de Santa Fe y Misiones. A esa fecha se registraba un nuevo caso fatal en la ciudad de La Plata. La emergencia cada vez más frecuente de enfermedades erradicadas o controladas (dengue, cólera, paludismo, rabia, tuberculosis), los brotes de hepatitis y meningitis, el incremento de las enfermedades de transmisión sexual y en especial la expansión de la epidemia del HIV/Sida, a las que entre otras ahora se suma la leptospirosis, son consecuencia de la inviabilidad de un régimen político que es absolutamente incapaz de garantizar las más elementales tareas de prevención de la salud, de control de las plagas y de saneamiento ambiental. La versión oficial La Dra. Cristina Etchegoyen, jefa del programa de Prevención de Zoonosis del Ministerio de Salud de la Nación, declaró: "No se trata de una epidemia porque ésta se define cuando hay transmisión de persona a persona, y la leptospirosis es una zoonosis, que se transmite de los animales al hombre", y agrega: "En todo el país la media anual habitual es de cien casos" (ídem). La declaración oficial expresa la desidia y falta de compromiso de la funcionaria, que no es más que la del propio gobierno. En primer lugar, la media anual está abiertamente superada, el número de casos actualmente reconocido se presentó sólo en el curso del mes de marzo; en segundo lugar ésta es una zoonosis que afecta fundamentalmente a mamíferos salvajes y domésticos (ratas, perros y gatos) que se transmite al hombre por contagio directo, es decir por contacto con la orina de los animales enfermos (el reservorio vivo de la bacteria es el riñón del animal, donde esa bacteria puede permanecer por períodos prolongados) o indirectamente por medio de aguas, basurales o suelos contaminados por la orina de animales infectados. El comportamiento de la enfermedad en el ámbito mundial nos brinda la diferencia de la situación en nuestro país y de la envergadura real del problema. El Dr. W. Edmund Farrar (especialista en el tema) señala que el reservorio epidemiológico son las ratas; en el hombre esta es una enfermedad ocupacional (de granjeros, veterinarios y trabajadores de mataderos) y de circunstanciales acampantes y nadadores en regiones de aguas contaminadas por los roedores. Esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad del 10%, y hay un dato no menor, el contagio interhumano, si bien no es frecuente, existe. La gravedad de la situación La génesis de la enfermedad, su causa está en la ausencia de redes pluviales y cloacales, de agua corriente, de elementales condiciones habitacionales, urbanísticas y sanitarias, de centros de procesamiento y reciclaje de desperdicios, sumados a los niveles crecientes de desocupación, desnutrición y miseria. Es decir, en la brutal expropiación de los trabajadores por la clase capitalista. Este cuadro de situación es común al conjunto del país. Sobre estas causas fundamentales las autoridades no dicen nada. Estamos en presencia de una enfermedad en expansión. Según datos oficiales (Cepal), en 1995, el 21% de la población argentina estaba debajo de la línea de pobreza, porcentaje que se eleva al 27,9% en 1996. Para esa fecha, en la provincia de Buenos Aires el 42,4% de la población carecía de agua corriente y el 64,1% de servicios cloacales. El reclamo de los vecinos La Municipalidad de Quilmes dispuso desratizar los barrios afectados mediante el uso de cebos y emplazó un trailer sanitario; medidas absolutamente ineficientes. Los barrios se encuentran desbordados de basura. Con las lluvias tanto, la basura como las ratas se dispersaron, por eso la denuncia de los vecinos es clara: "Si el intendente Fernando Geronés se hubiera preocupado antes por el problema no estaríamos en esta situación de emergencia"... por lo tanto ... "hasta que el intendente dé la cara vamos a cortar todas las calles que sean necesarias"... Los vecinos tienen razón: los responsables son las autoridades municipales, provinciales y nacionales. Hay que declarar la "emergencia sanitaria" en todas las zonas afectadas. En una primera etapa se debe efectuar el relevamiento general en las áreas, para delimitar los focos; trasladar a los vecinos, detectar a los infectados y tratar a los enfermos (el riesgo de muerte está directamente relacionado con la demora en iniciar el tratamiento); proceder luego a desratizar, desmalezar y erradicar los basurales, y por último implementar un adecuado plan estatal de urbanización e infraestructura pluvial, cloacal y sanitaria, que generará puestos de trabajo y que debe estar bajo la dirección y el control de los mismos trabajadores y vecinos.

-Andrés, ¿cuál es el motivo del corte de ruta que han organizado los vecinos del barrio La Sarita? Tenemos siete casos de chicos comprobados que están infectados de leptospirosis, una persona mayor también infectada, que está internada en el hospital de Quilmes, pero hay alrededor de 1.000 chicos que habitan nuestros barrios y que no sabemos en qué condiciones se encuentran. -¿Qué barrios están afectados? Los barrios son: La Sarita, Iapi, Santa María y La Florida, donde los compañeros, en su mayoría, son desocupados, sin posibilidades de ningún control sanitario, con la falta de unidades sanitarias en los barrios en que vivimos, que son focos de contaminación. -¿Qué tipo de contaminación? Uno son las fábricas abandonadas. Este lugar era una zona de fábricas en actividad. Otro, son los frigoríficos que funcionan sin ningún tipo de control que proteja la salud de los vecinos, el Frigorífico Carindú, el Penta, este tiene once piletones a cielo abierto donde se tiran los desechos de la matanza de vacunos. Los gases que salen de ahí son tan fuertes que van carcomiendo los techos de chapa de las casa. Pero siguen, como también los depósitos de chatarra, porque hay corrupción de parte de los organismos que aprueban su instalación y sólo controlan la cuota que les tienen que pagar para mantenerse. -¿La causa porque los vecinos estén tan preocupados es la aparición de estas ratas? Ratas, siempre hubo. Esta epidemia de hoy es el desarrollo de una situación que va en ascenso por las condiciones en que vivimos y el miedo de la gente, que tiene que ver con la falta de medios para un control sanitario. La causa de la epidemia no son las ratas, sino el olvido de los gobernantes de la condición sanitaria de los desocupados. En este momento hay 9 cortes, coordinados, y seguro que se van a sumar más. -¿Hubo alguna respuesta de las autoridades y cómo sigue esta situación? Nosotros comenzamos el corte el 28 de marzo al mediodía y hasta ahora no se ha acercado ninguna autoridad y hasta que no haya una respuesta con soluciones no se levantarán los cortes.

La primera cristalización de la ‘Unión Nacional’ ocurrió cuando se eliminó el artículo de la ley 24.390 que establecía el doble cómputo de los días de prisión preventiva en los procesos que durasen más de dos años. El proyecto ‘consensuado’ por la UCR, el cavallismo, el Frepaso, el PJ y los partidos provinciales, anticipó los superpoderes del ‘supermingo’. El 2x1 se había establecido en 1994 para acelerar los procesos judiciales y descomprimir la superpoblación carcelaria, y hasta había presos no condenados (con ‘presunción de inoncencia’) que estuvieron diez años en ‘prisión preventiva’. Actualmente, más del 50% de los presos de las cárceles se encuentran sin condena, ‘preventivamente’, y en la provincia de Buenos Aires esto alcanza al 75% de los presos. Según la Corte Bonaerense, tardará diez años en resolver las 5.000 causas que tiene pendientes (Infosic, 29/3/01), ahora con la nueva legislación los procesos que duren más de dos años serán notificados al Consejo de la Magistratura, el cuál va a publicar la nómina anualmente. Un Alí o un Castells de aquí en más van a poder estar encerrados una década o más sin que se los condene, con la ‘salvedad’ que van a aparecer en una lista. Los propios especialistas en derecho penal sostienen que esta medida "perjudicará a los perejiles" (Juez Luis Niño profesor de criminología, en Página/12, 15/3/2001) y que es una mediada demagógica (Zaffaroni, Gil Lavedra, etc). En resumen va implicar el reforzamiento del poder represivo del estado por un lado y por el otro va implicar la emergencia de un sinnúmero de motines en las cárceles que están superpobladas de procesados. La causa del delito no hay que rastrearla en una normativa legal sino que es la manifestación de un régimen en pudrición. Catorce millones de pobres, cuatro millones de desocupados, salarios de doscientos pesos. El delito es impulsado y dirigido desde el estado y todas sus instituciones, el Banco Central y el dinero del narcotráfico, las fuerzas armadas genocidas en el contrabando de armas explotando una ciudad para borrar las pruebas, la justicia corrupta con sentencias en diez años y sus enriquecimientos ílictos, la policia con sus ‘zonas liberadas’ como en Miramar, Pinamar o en toda la zona norte del Gran Buenos Aires como saltó ahora que los jefes policiales fueron removidos por ‘liberar’ el territorio a sus propias bandas, el gatillo fácil, la seguridad en manos de asesinos, el Congreso de la coima y los superpoderes, el chupete baboso y ahora... Cavallo el destripador. Narcotráfico, prostitución , cuál es el delito que no controlan? Para ellos... los piquetes, nuestra lucha, nuestra organización. Que se convoque a una asamblea constituyente que acabe con esta podredumbre, que imponga el trabajo para todos, que barra con la miseria, que elimine los cuerpos judiciales y de seguridad que se los suplante por la organización popular democráticamente electa, revocable y bajo el control directo del pueblo trabajador. Seamos nosotros los piqueteros, los luchadores, los defensores de los derechos humanos los que integremos estos organismos que dejen de ser un cuerpo separado que infecta todo los poros de la sociedad.

Los días de Shuberoff en el rectorado de la UBA estarían contados. El mecanismo del golpe, que ha puesto de moda la política patronal, está a punto de debutar en la universidad. Las denuncias de corrupción en la UBA, apuntan a encubrirlo con el verso de la transparencia. La movilización universitaria que provocó la caída de López Murphy, compromete a Cavallo-Delich a infligir una derrota general a los universitarios. Shuberoff, un peso muerto Delich habla que desarmar "la corporación universitaria", que considera un "obstáculo para las transformaciones" (Página/12, 27/3). En el paquete entra Gottifredi, secretario de Educación Superior y ex-rector de la Universidad de Salta, también de la "corporación" (ídem). No es casualidad que Delich haya incorporado como viceministra a la Montoya, vinculada a Llach. A la vez, en la Secretaría de Educación Superior quiere colocar a Stubrin o Pugliese, dos integrantes de la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria). Esta comisión tiene la facultad de evaluar las carreras y aprobar los planes de estudio y los títulos. La Coneau exige a la UBA que adapte sus estatutos en base a la Ley de Educación Superior. Pero Shuberoff hasta ahora se viene resistiendo porque la ley sustituye el actual claustro de profesores por un claustro único docente, lo que desarma a la camarilla que sustenta al rector. Shuberoff es víctima de su propia política y, sobre todo, representa una expe-riencia agotada. Privatización El nombramiento de un representante de la Coneau en la Secretaría de Educación Superior es un aspecto clave de la política privatista. Este organismo viola la autonomía universitaria, pues autoriza al Estado a modificar el contenido de las carreras, las formas de ingreso, el desarrollo de los posgrados, las reformas curriculares y, lo que no es menor, la validez de los títulos. Es conocido que se quiere implementar un mecanismo de revalidación permanente de los títulos que dejaría sin ejercer a muchos profesionales. Delich señaló que quiere introducir los criterios de "productividad" en la distribución del presupuesto. Exactamente lo que quiso hacer Llach, que debió dejar su cargo por la oposición de la "corporación universitaria". Por la Asamblea Universitaria La crisis en la UBA y en el conjunto de las facultades está, entonces, en su máximo desarrollo. El argumento de la lucha contra la corrupción se usará, como en el pasado, para privatizar. Se busca explotar el odio que se ganó merecidamente Shuberoff para confundir al movimiento universitario. El movimiento estudiantil, docente y no-docente debe intervenir en forma independiente en la crisis. Frente al golpe del gobierno y las maniobras palaciegas del aparato radical hay que movilizarse para que se convoque a la Asamblea Universitaria, que debe elegir una dirección de la universidad que sea capaz de enfrentar la ofensiva capitalista.

Los 130 gráficos de Editorial Estrada respondieron con la ocupación al cierre de la planta de Ezeiza. La editorial anticipó que la planta se transformaría en un galpón. A pesar de una falta de tradición de lucha, la decisión de ocupar salió de abajo, de la asamblea general. "De acá no nos vamos", dijeron incluso los compañeros más antiguos. El Sindicato Gráfico no pudo frenar la ocupación, sólo logró que no hubiera carteles, ni publicidad, ni cortes de ruta, "nada que nos pueda perjudicar". Sin embargo, por iniciativa de los compañeros, aparecieron Telenoche y Crónica TV y todos los medios zonales. El cierre aumenta brutalmente la desocupación en la localidad. El intendente Granados se mostró muy activo, pero para "gestionar" el pago de presuntas deudas provinciales con la editorial. La patronal busca encuadrarse en el "recurso de crisis", pero el Ministerio dictó la conciliación obligatoria que retrotae a los trabajadores de su ocupación, pero no a la patronal en su decisión de cerrar. El sindicato cantó triunfo por la conciliación y hasta festejó que "no pudieron acusarnos de quilombos". La realidad es que los compañeros retomaron tareas para fichar y retirarse sin mover un solo pliego, porque la patronal no mueve la fábrica. Encima, abrió un retiro voluntario al 50%. La orientación del sindicato es aparentar un triunfo si se obtiene una indemnización con todos en la calle. Hay que disponer al gremio entero para defender a Estrada y no llorar sobre "la falta de sensibilidad de estos empresarios que dejan de imprimir valiosos libros de la más tradicional y líder de la editoriales escolares", como dice la burocracia. Hay que defenderla junto a Recali, que también está ocupando con sus 40 compañeros, por falta de pago. Estamos en la Argentina piquetera del 2001. Estrada ocupó cuando más de una docena de cortes se realizaban por parte de los vecinos de la zona de Quilmes. El gremio gráfico entero tiene que salir a la calle por sus talleres. Dejemos las pavadas de que "los trabajadores nos hacemos cargo de la empresa". Que los Granados y los Ruckauf, que los Cavallo y De la Rúa, que el poder político que maneja el Estado se haga cargo de estas empresas y las ponga a funcionar bajo control obrero. Basta de demagogia. Vivan las ocupaciones de Estrada y Recali. Plan de lucha de todo el gremio. Plenario ya para organizarlo.

Una costosa solicitada de la OSPG denuncia que la patronal le adeuda 15 millones de dólares, y que bien contados podrían ser 30 millones. Sin embargo, los médicos, enfermeros y empleados de la OSPG fueron víctimas de rebajas salariales y recientemente rechazaron con encomiable dignidad una "colecta" de su patronal (el sindicato) para "afrontar la crisis". Al momento de las elecciones de abril de 2000 se denunció una deuda de 10 millones. Su monto habría crecido a razón de 400.000 por mes, cifra impresionante para un ingreso mensual de algo más de 1,5 millones (60.000 beneficiarios a 28 pesos per capita durante el ‘99, según la Superintendencia de Salud). Ahora se denuncia que en diciembre último la recaudación bajó a 16 pesos por beneficiario. Semejante caída tuvo que ser progresiva y no se dijo una palabra y, por sobre todas las cosas, no se movió un dedo frente a ello. En cualquier caso estas deudas patronales ponen en evidencia que el crédito de 5 millones del Banco Mundial para la obra social fue a parar a los bolsillos patronales. Lo mismo ha pasado con los aranceles. Roban los descuentos de nuestros recibos. Pero caben más preguntas. ¿Qué se hizo con la anterior deuda y qué se hace con la actual? Ahora se comprende la intención de vender el edificio de Paseo Colón y la cesión ilegal del camping de Claypole, propiedad del sindicato a la obra social. Está todo hipotecado. Mientras se deteriora la salud, vamos perdiendo el patrimonio de 140 años de sindicato. En la solicitada, Ongaro se queja "de la indiferencia de los poderes ejecutivo, legislativo, etc.". De la Rúa no exhibió "indiferencia": desreguló tomando partido por la banca internacional y los pulpos privatizadores de la salud. La Alianza y el PJ son responsables en todos los poderes de un proceso de privatización de la salud y la jubilación a través de distintas leyes y decretos. La solicitada no llama a movilizarse, llama a la "ayuda solidaria" en una cuenta corriente del Banco de Galicia. La actual administración debe ser removida y los libros investigados por una comisión obrera. Reclamamos inmediata Asamblea General y elegir una comisión de control de las cuentas.