Prensa Obrera N° 702

Con la presencia de 180 representantes de las localidades de Tartagal, Embarcación, Pocitos y Aguaray sesionó el Segundo Congreso de la Coordinadora de Trabajadores y Desocupados del Departamento San Martín. La convocatoria (ver PO 701) había denunciado la tregua de las centrales sindicales frente al advenimiento de Cavallo y advertía sobre la ofensiva planteada al movimiento de lucha de los desocupados bajo la cortina de humo del "subsidio para los indigentes". El Congreso votó por unanimidad un proyecto de llamamiento presentado por la CTD de Tartagal. En su informe al Congreso, Pepe Barraza denunció la lucha feroz que se ha entablado en torno al futuro Ministerio de Seguridad Social (una disputa que está a punto de provocar una nueva crisis política) para doblegar a la "Argentina piquetera" que está presente a lo largo y ancho del país. Por eso, "un aspecto fundamental de este plan de guerra es amputar los recursos que hoy se destinan a planes y ayudas sociales en beneficio de los acreedores externos y de los grupos económicos", pero incluso "más importante que esto es maniatar y disolver el movimiento de lucha de los desocupados". A esto apunta la liquidación de los planes Trabajar o sucedáneos en manos de las organizaciones de los propios trabajadores, el mecanismo de los Consejos de Emergencia y el reempadronamiento. La Coordinadora declara que "más que nunca las organizaciones de desocupados estamos ante la responsabilidad de dar una respuesta nacional", por lo cual reafirma el llamado a todas las organizaciones para convocar a un Congreso Nacional de piqueteros y trabajadores que resuelva una Marcha Nacional del Hambre, "para instalarnos en Plaza de Mayo hasta la resolución definitiva de nuestros reclamos".

Los trabajadores aquí reunidos entendemos que la cuestión de los desocupados está hoy en el centro de la situación política nacional. Con el ascenso de Cavallo al gobierno la clase explotadora quiere ir por más, quiere reforzar la ofensiva contra el movimiento obrero en su conjunto para trasladarnos una vez más su crisis. Un aspecto fundamental de este plan de guerra es amputar los recursos que hoy se destinan a planes y ayudas sociales en beneficio de los acreedores externos y de los grupos económicos. Más importante que esto es maniatar y disolver el movimiento de lucha de los desocupados. Por eso el reempadronamiento, que busca establecer un sistema de buchonaje para que quede un solo Plan Trabajar por familia y a la vez sustraer el manejo de los planes de las organizaciones de desocupados. El gobierno se ha lanzado a la eliminación progresiva de los planes Trabajar o similares y a la rebaja del monto de las asignaciones (como acaba de ocurrir con los planes de la provincia de Buenos Aires). Quieren hacernos creer que tendremos una protección mayor con el subsidio para los indigentes. Se trata de una farsa antiobrera. El subsidio es de 160 pesos por mes más 20 pesos por hijo menor de 15 años, pero más allá de la cifra de miseria incluye tan sólo a los 206.000 jefes de familia indigentes. La categoría "jefe de familia" excluye en masa a los jóvenes y los solteros dentro de esos mismos indigentes. Pero en la Argentina hay cuatro millones de desocupados, entre desocupados plenos y gente que changuea. ¡El promocionado subsidio a la indigencia deja afuera a 3,8 millones de compañeros! A cambio de este subsidio plantean la eliminación de todos los planes existentes y de las ayudas alimenticias. A cambio de este subsidio plantean una "agencia social única" manejada por los funcionarios, los intendentes, los gobernadores y los punteros, y no por las organizaciones de desocupados. Por todas estas razones la Coordinadora de Trabajadores y Desocupados del Departamento San Martín, de Salta, plantea a todas las organizaciones de trabajadores y desocupados la necesidad de una lucha común por trabajo o subsidio de 500 pesos, la defensa de los planes de empleo y su extensión a todos los que lo necesiten, el rechazo al reempadronamiento, la jornada de ocho horas, la lucha común junto a los trabajadores activos por el salario mínimo de 600 pesos. Ellos vienen por más, ¿qué debemos hacer nosotros? La convocatoria al Congreso tuvo un título que queremos reivindicar con todas las letras: "Los piqueteros no hemos votado la tregua con Cavallo". A espaldas nuestras, las centrales sindicales levantaron la huelga general lanzada para el 5 y 6 de abril en función de la tregua con Cavallo. Han dejado que se pierda, con esta tregua, la enorme oportunidad de impedir el ingreso de Cavallo horas después del derrumbe de López Murphy. En lugar de arrancar una victoria popular a través de la huelga, dejaron consumar un golpe de Estado que ha incluido la concesión de enormes poderes por el Congreso nacional. Por eso dijimos: "Nadie votó esta tregua". Ellos, los que gobiernan, han resuelto un plan de guerra contra los desocupados. Los desocupados somos, para ellos, un problema de Estado. Por eso ese ataque y por eso también la persecución a nuestros dirigentes. Más que nunca las organizaciones de desocupados estamos ante la responsabilidad de dar una respuesta nacional. Por eso, desde aquí, reafirmamos el llamado a todas las organizaciones para convocar a un Congreso nacional de piqueteros y trabajadores que resuelva una Marcha Nacional del Hambre, para instalarnos en Plaza de Mayo hasta la resolución definitiva de nuestros reclamos. Nada se ha perdido. El gobierno no ha logrado superar la cesación de pagos y está a los barquinazos de la crisis internacional. Cavallo es un improvisador. De la Rúa es un cero a la izquierda. El pueblo está peor que nunca. Por Verón, Justiniano, Gómez y Maldonado, PRESENTES Tartagal, 7 de abril de 2001 Firman: • Coordinadora de Trabajadores Desocupados de Tartagal • Frente de Unidad Barrial de Trabajadores Desocupados de Embarcación • Unión de Obreros de la Construcción, Consejo de Emergencia y Coordinadora de Trabajadores Desocupados y Unidad de Intermediación Laboral, todos de Salvador Mazza (Pocitos) • Centro de Desocupados de Aguaray (Aprobado por unanimidad)

Durante el mes de marzo, bajo López Murphy, primero, y Cavallo, después, fueron sacados del país unos 3.500 millones de dólares. La Fundación Capital, que brinda la información, dice que "la fuga... no respondió a clientes minoristas sino a grandes empresas, inversores institucionales y AFJP" (Página/12, 9/4). ¿Qué dice Cavallo a esto? Que la especulación contra ‘la estabilidad’ es una conspiración... brasileña. Seguramente. De brasileños, argentinos, uruguayos, yanquis por supuesto. En una palabra, es una conspiración del conjunto de la clase capitalista que los Cavallo, los De la Rúa, los Chachos y los Ruckauf patrocinan y encubren. ¿Qué mejor prueba de esto que la decisión de Cavallo de seguir pagando la deuda externa con dinero que los bancos deben mantener en reserva, lo que provocará un nuevo retiro de dinero de la Argentina? Por esta nueva operación, los bancos cobrarán, además, un 10% de interés anual, el doble de lo que pagan a los pequeños ahorristas. A esta política las direcciones sindicales le continúan dando el beneficio de la duda. La famosa ‘expectativa’. Pero, ¿quiénes pagarán esta nueva farra de negociados, si no los trabajadores empleados y los desocupados? Cavallo se apresta a hacerse cargo de un gigantesco ministerio de Seguridad Social, para pasar a entregar la salud a las grandes corporaciones internacionales y para aplicar ‘planes de empleo’ de 120 y 160 pesos. Con esto no solamente pretende bajar de nuevo el ‘costo laboral’, sino por sobre todo estatizar al movimiento de desocupados y destruir a las organizaciones que lo han hecho crecer y luchar. Es con toda razón, entonces, que el gran Congreso piquetero del norte de Salta, que tuvo lugar el fin de semana pasado, denunció la posibilidad de cualquier tregua con los verdugos de siempre y trazó un plan de acción de conjunto. Los compañeros del norte de Salta llaman a un gran Congreso Nacional de Piqueteros, para que organicemos una marcha a Plaza de Mayo, desde todos los puntos del país, para imponer trabajo para todos (mediante la reducción de la jornada laboral sin afectar el salario); un subsidio para los desocupados de 500 pesos; y un salario mínimo de 600 pesos por ocho horas de trabajo. Este debe ser el gran eje del próximo 1° de Mayo. Que se convoque a un Congreso de delegados fabriles y de las organizaciones de desocupados, para impulsar un plan de lucha hasta la huelga indefinida *por la satisfacción de las reivindicaciones. Estamos frente al completo colapso del viejo ‘plan Cavallo’ de los ‘90; a una fenomenal división de la burguesía, como lo prueban las denuncias que se lanzan unos a otros y los nuevos escándalos judiciales; a una crisis capitalista de dimensión mundial. El pánico que se apoderó del gobierno cuando desocupados, docentes y estudiantes voltearon al equipo de la Fundación Fiel, así lo demuestra. El sistema político descansa en la colaboración inestable que desde los sindicatos al gobierno yanqui le prestan a Cavallo. Es una base contradictoria en alto grado y sumamente precaria. A esta colaboración anti-obrera y al mismo tiempo sin perspectiva, el Partido Obrero opone la lucha contra el gobierno entreguista y su sustitución por una Asamblea Constituyente, que permita a los trabajadores intervenir en el grado político más alto para imponer su propia salida. Cuando los ricachones y sus secuaces lanzan una campaña contra ‘la política’, porque la suya ha fracasado en toda la línea, denunciamos que con ello pretenden que los obreros no construyamos nuestro partido y que no nos transformemos en los políticos de nuestra clase. No quieren, por estos medios, que tomemos conciencia de la necesidad de luchar por el poder. Por eso planteamos como consigna estratégica para este 1° de Mayo: Piqueteros, transformémonos en la vanguardia política de lucha de nuestra clase, los explotados, y construyamos nuestro propio partido *un partido de los trabajadores explotados que luchan.

Para el 11 de abril ha sido citado a declarar Claudio del Plá, dirigente del Partido Obrero y de la oposición docente de la provincia de Salta, en el Juzgado Federal Nº 2 del juez Medina. Se lo acusó, junto a otros doce piqueteros, por las recientes manifestaciones en reclamo de trabajo y de un piso salarial de 2,50 pesos, frente a la destilería de Refinor y en Campo Durán. En la causa ya declararon como imputados Pepe Barraza, Pepino Fernández y otros compañeros. A Claudio del Plá se lo cita en calidad de "representante del PO". El fiscal trata de demostrar una supuesta asociación ilícita, para que las eventuales penas no sean excarcelables. En el expediente contra Claudio del Plá se afirma que ha participado de los cortes de los últimos años y se incluyen supuestos volantes distribuidos por el PO en la zona como conclusiones de un informe producido por "inteligencia". La falacia del fiscal no podría ser mayor: el Partido Obrero es una asociación legal, no ilícita; los servicios de inteligencia sí actúan como asociaciones ilegales, según se ha probado en su acción de soborno en el Senado de la Nación. El primer paso de esta movilización en defensa de los piqueteros se dará en Salta. Para el miércoles 11 a las 9 horas, el PO y la UJS han convocado a un acto frente al Juzgado Federal en el momento en que el compañero Claudio del Plá deberá declarar como imputado. Para el miércoles 18, la Coordinadora del Norte de Salta ha resuelto dos actos, uno en la Capital y otro en Tartagal (a las 10 horas).

El 24 de marzo, en el 25º aniversario del golpe militar, casi 100.000 compañeros marcharon a Plaza de Mayo contra el gobierno de De la Rúa-Cavallo. El 6 de abril, en la marcha contra el Alca, esta cantidad se redujo drásticamente. En el intervalo, las centrales sindicales (y la Ctera y la FUA en particular) habían levantado el paro activo anunciado para el 5 y 6 de abril. Moyano definió al nombramiento de Cavallo como una "nueva esperanza", esto en la misma línea de Ruckauf. Finalmente, las tres centrales realizaron actos divididos y aunque denunciaron (declamativamente) al Alca, no plantearon un enfrentamiento contra el gobierno proimperialista y antiobrero de De la Rúa-Cavallo. Sin embargo, el nuevo ministro del Interior, Mestre, se las arregló para bloquear en las fronteras los micros que traían a centenares de manifestantes de Brasil y Uruguay. Frente ‘popular’ con los patrones del Mercosur La mayor parte de los manifestantes (alrededor de 10.000) se concentró en torno a la CTA, que había constituido un Comité Anti-Alca con los bancos cooperativos, la Federación Agraria, la Apyme (pequeña y mediana empresa), la FUA, Attac y también Izquierda Unida. Plantean "otra integración es posible", en referencia a la defensa del Mercosur, que pretenden mejorar "socialmente". También ARI, de la disidente diputada Carrió, defiende el "geobloque autosustentable y, en consecuencia... probablemente independiente", del Mercosur (Disentimos.com, enero de 2001). Lo mismo plantea el Polo Social de Farinello. Se trata de un gran frente ‘popular’ continental (es decir, con una parte de las grandes patronales), con consignas pretendidamente antiimperialistas. El internacionalismo proletario, al carajo Izquierda Unida (IU) integra principistamente este bloque, defendiendo el arreglo del capitalismo con un impuesto al capital... especulativo (Attac). El Mst asegura que "se está poniendo en pie un movimiento internacional que cuestiona al capitalismo y a sus instituciones fundamentales" (Contrasentido: un cuestionamiento al capitalismo alcanza a la totalidad, no ya de las instituciones, sino del régimen social). "Es un movimiento *prosigue*, que incluye a organizaciones con centenares de miles de adherentes y afiliados, organizaciones de masas como el MST y la CUT de Brasil, la organización internacional Vía Campesina, influyentes ONGs europeas como Attac, personalidades de la cultura ... la revista francesa Le Monde Diplomatique... Este es un fenómeno inmensamente progresivo..." (Alternativa Socialista, 22/3). Al lado de semejante parrafada, reconoce, sin embargo, que este movimiento no está dispuesto a "enfrentar a fondo a los gobiernos del ajuste" (ídem). Lo que el ‘trotskista’ Mst nos da es una perfecta apología del "frente popular", con una práctica de colaboración de clases y una verborragia altisonante. El otro IU, el PC, no es menos directo, pero sí más brutal. "...Alguna vez, dice, la voz fue ‘proletarios del mundo, uníos’, pero ahora hay nuevas formas de ‘protesta global’...". Por ejemplo, "a la semana siguiente la cita es en México, ya que entre el zapatismo, el movimiento campesino que lidera el francés Bové, la red internacional de grupos Attac y otros movimientos sociales y fuerzas políticas, acordaron realizar un seminario para considerar las alternativas a la integración subordinada que promueve el gobierno de EE.UU." (Propuesta, 29/3). Por supuesto que no hay nada más "contestatario" que un "seminario", especialmente con Marcos, que declara a voz en cuello su repudio a la izquierda histórica y su disposición a integrarse al Estado mexicano. Aunque el Mst ahora declara que "el Mercosur no es la salida" (Alternativa Socialista, 22/3), agrega que ofrece una alternativa aún más estrecha, "una integración al servicio de los pueblos ... bajo control de los trabajadores que impida, por ejemplo, que una empresa traslade sus fábricas para aprovechar la mano de obra más barata, que imponga convenios colectivos internacionales que defiendan a los trabajadores de la explotación". Los "cuestionadores del capitalismo" no plantean el gobierno obrero y hasta pretenden inmovilizar al capital en las fronteras nacionales, algo utópico y reaccionario. Para derrocar al imperialismo es necesaria una unificación política de América Latina, que sólo puede ser una Unidad Socialista. La ausencia de la CCC El Pcr, que venía pregonando la construcción del "núcleo de una fuerza que puede garantizar una salida de unidad popular" (Hoy, 28/3), en referencia a Moyano y la CTA, anunció que "al ser levantado el paro del 5 y 6 de abril y al no estar prevista la realización de un acto unitario en repudio" al Alca, su "Movimiento de Desocupados de La Matanza" se quedaría en dicha localidad. En la marcha sólo había una veintena de pancartistas del Pcr en actitudes petardistas. La intervención del PO El Partido Obrero participó en la marcha del 6 de abril con una fuerte columna. La referencia del cronista de Página/12 (7/4) a "la abrupta irrupción de los manifestantes del PO (que) consiguieron mejorar su ubicación utilizando palos, ante las quejas resignadas de los actores", es simplemente falsa. El lugar destacado del PO fue la expresión de la masividad de nuestra presencia. La columna del PO levantó grandes cartelones con las consignas: "No a la tregua. Huelga General", "Ni Alca ni Mercosur. Unidad Socialista de América Latina", "Fuera De la Rúa-Cavallo. Asamblea Constituyente". Las consignas cantadas por la importante columna del PO ("Fuera ‘Chupete’-Cavallo: Huelga General"; o "Fuera los yanquis y todos los explotadores. América Latina será de los trabajadores". O "con los compañeros que en lucha cortan una ruta, paremos al país para echar a estos hijos de puta"), prendieron en muchos momentos de la marcha, en sectores de las columnas de la CTA y de otras corrientes. Sobre el Hotel Sheraton, luego del paso de la columna de la CTA y cuando estaba cruzando la columna del PO, se desarrolló un confuso operativo represivo con gasazos policiales. Pero la marcha fue reiniciada con mucha combatividad y culminó en la avenida 9 de Julio, donde hizo uso de la palabra Pablo Rieznik.

En su mensaje ante la Legislatura, varios días atrás, el gobernador Romero había dejado un mensaje de catástrofe para los partidos patronales: "Los dirigentes políticos del departamento San Martín han sido borrados por los líderes piqueteros". Como respondiendo a sus palabras, un piquete obrero de Tartagal impidió la presentación de su propia lista en la interna del PJ. En el norte de Salta el Estado ha quedado reducido a los interventores y la gendarmería, los partidos patronales están profundamente descompuestos y las organizaciones de desocupados son un factor vivo de la situación política. Para revertir esta situación, el gobierno provincial y las patronales persiguen judicialmente a los piqueteros, tratan de enfrentar a los piquetes de cada localidad entre sí y siembran cizaña y provocaciones contra el PO. En las horas previas al Congreso se suscitó un diferendo en torno al reparto de 10 puestos de trabajo arrancados a una empresa privada, debido a que no se respetaron los criterios fijados por la Coordinadora (distribución de los puestos entre las cinco localidades en las que existen organizaciones). En el Congreso (diciembre 2000), que eligió a la Coordinadora Departamental, se había votado repartir los puestos de trabajo arrancados a las privadas entre todas las localidades. Se planteó otro diferendo cuando una de las organizaciones presentes (UIL, Pocitos) reclamó, entre cuatro organizaciones, ser la única representación de los desocupados de su localidad ante la Coordinadora. El Congreso votó que se integren todas las organizaciones hasta que una asamblea resuelva una representación única.

Compañeros: Trabajamos y vivimos en una Ciudad que es el gran polo de riqueza y de miseria del país. De un lado, fabulosos emprendimientos inmobiliarios, shoppings y supermercados. Del otro, 400.000 compañeros -casi el 15% de la población de la Ciudad- con problemas de vivienda. De un lado, la ciudad de los bancos "lavadores" y de los monopolios privatizadores; del otro, más de 150.000 desocupados, y un 50% de los que trabajan percibiendo menos de 400 pesos por mes. ¿No es esta realidad un motivo más que valedero para reunirnos, deliberar, sacar conclusiones y adoptar un curso de acción? Ibarra-Cavallo-Beliz; contra los trabajadores de la Ciudad A pesar de la enorme penuria de techo, el presupuesto de la Ciudad destina sólo el 1% de sus recursos a vivienda, la partida para "vivienda social" permitiría construir... apenas 500 viviendas en el año. A pesar del desempleo y subempleo, en ese mismo presupuesto no figura una sola partida destinada a pagar un subsidio a los desocupados, o a crear puestos de trabajo. En cambio, sí se contempla el uso de ‘planes Trabajar’, con mano de obra a 160 pesos al mes, en obras de mantenimiento o construcción, en lugar de contratarlos como trabajadores permanentes y a convenio. Este presupuesto votado por la Alianza, el peronismo y el bloque de Cavallo va a fondo en la creación de dos polos sociales, uno de riqueza y otro de miseria. Proyecta obras faraónicas y ociosas *como el proyecto Retiro-Puerto, los casinos o el nuevo aeroparque*, con trabajadores precarizados que reciben salarios miserables. Para liberar el suelo de la Ciudad para estos "emprendimientos", preparan la expulsión en masa de los vecinos trabajadores. Los planes de "urbanización" de Villas "abren calles", pero no viviendas accesibles para los que se quedan sin casa. No se adjudican los préstamos subsidiados previstos por la Ley 341. Los "complejos habitacionales" de la CMV se están dejando caer a pedazos. La Ley de desalojos sumaria, sancionada por el Senado coimero, es usada sistemáticamente para poner en la calle a centenares de familias de La Boca y San Telmo. Los que gobiernan alegan "falta de recursos" públicos. Pero los recursos existen, más de 2.000 predios que son de la Ciudad, y que podrían aliviar la penuria de vivienda, han sido entregados a la Corporación del Sur, para que los capitalistas puedan lucrar con ellos. El presupuesto porteño no establece ningún impuesto sobre el gran capital, o sea, los Carrefour, Citibank o Soros. Por su parte, el Banco Ciudad destina sus recursos a especular con la deuda del Estado. Actuemos La respuesta de Ibarra es mandar los reclamos de los vecinos "a comisión". Semana tras semana se dilatan las soluciones que propugnan los delegados de los movimientos de vivienda. Pero los planes de erradicación, los desalojos y el derrumbe de los monoblocks avanzan implacables. La ‘franela’ de la participación es la pantalla que disimula un plan de fondo contra la población trabajadora de la Ciudad. Cavallo le ha arrancado a todos ellos *a los radicales, frepasistas y peronistas* la suma del poder público, para llevar adelante una ofensiva mayúscula contra los trabajadores. En la Ciudad, esto llevará a mayores despidos, más accidentes de trabajo y miseria salarial; a mayor carestía de la vivienda y a la expulsión de vecinos. Así está planteada la cuestión O los banqueros o nosotros. O los especuladores o nuestros pibes. Aunque nosotros mismos, a veces no nos demos cuenta, tenemos una poderosa arma,: la organización del movimiento de lucha que está latente en cada barrio. Tomar el camino que están señalando los compañeros de Tartagal, Mar del Plata, Varela o La Matanza para arrancar el trabajo o el subsidio, el techo y la urbanización, organizaciones independientes de la tutela del Estado y responsables ante los propios trabajadores y vecinos. Llamamos a los trabajadores de la Ciudad, a los luchadores del movimiento de los "sin trabajo y sin vivienda" a participar y organizar juntos el Congreso que convoca el Polo Obrero para constituir coordinadoras de desocupados y cuerpos de delegados por el techo en cada zona de la Ciudad. A luchar por un salario mínimo de 600 pesos; por trabajo o subsidio de 500 pesos; freno a los desalojos; una vivienda para cada familia trabajadora, cloacas y agua potable para todos. A impulsar un Congreso Nacional de Piqueteros y Trabajadores y a exigir que se convoque en el país, en cada provincia y en la Ciudad, una Asamblea Popular Constituyente que se haga cargo de la conducción política de la Argentina.

La amenaza de una cesación de pagos argentina se ha convertido en la excusa corriente del gobierno y los "analistas de mercado" brasileños. Afectado por lo que serían las consecuencias del infortunio ajeno, el Banco Central elevó días atrás la tasa de interés, con el propósito declarado de controlar una fuga de capitales y la devaluación del real. "Se interrumpe la curva de crecimiento", reaccionó casi unánimemente la prensa brasileña, el que pasó de un 6% al "1,5 al 2% como máximo para el año en curso" (O Estado de Sao Paulo, 25/3). En realidad, el reingreso de Brasil en el territorio de la crisis tiene como una de sus causas básicas el quebranto provocado por la misma política que hundió a la Argentina. Es decir: se remataron a precio de banana los activos estatales, se apeló al endeudamiento que engorda al capital especulativo y de corto plazo a costa de las finanzas estatales, y estas últimas fueron convertidas en un gigantesco subsidio al gran negocio financiero. Ahora, "tem que pagar a conta". Concretamente, "el cuadro de las cuentas externas del país en el primer bimestre del 2001 es pavoroso" (Gazeta Mercantil, 25/3). Primero: los intereses pagados a la banca extranjera crecieron en un 40% con relación al mismo período del año pasado. Segundo: "mucho peor" (ídem) es lo que ocurrió con la salida de beneficios y dividendos: crecieron casi el 1000% hasta alcanzar los 700 millones de dólares en el mismo lapso. Tercero: el ingreso de capital externo para inversión, necesario para el financiamiento de los ítems anteriores, caerá como mínimo entre 30 y 40% en este 2001. La política cavalliana está llevando a Brasil a la lona, pero el "establishment" vecino espera que Cavallo evite que la caída de la Argentina lo arrastre a una quiebra general. O sea, al revés de lo que denunció Cavallo. La quiebra a plazo fijo de Brasil es la base de la crisis política del régimen de Cardoso. La Alianza entre el partido del Presidente y el derechista Partido Liberal está quebrada, el Parlamento está paralizado porque el oficialismo liquidó las sesiones legislativas ante la amenaza de la constitución de una Comisión Investigadora de la corrupción. El gobierno está en el banquillo de los acusados por coimas en los negociados de las "privatizaciones", financiamiento ilegal de las campañas electorales, operaciones de funcionarios de lavado de dinero en los paraísos fiscales y fraude en licitaciones y concesiones del Estado. A fines de marzo los representantes de las cámaras patronales más importantes del país manifestaron su "preocupación con la gobernabilidad y la inestabilidad política reinante" (O Estado de Sao Paulo, 23/3). En una reunión con líderes parlamentarios, el propio Cardoso planteó que con las complicaciones del escenario financiero internacional "se corre el riesgo de que la crisis política se dispare a partir de la economía, como en la Argentina, y en ese caso la situación de toda la región sur de América Latina sería insostenible" (Gazeta Mercantil, 23/3). El hombre sabe que su delfín para las elecciones presidenciales del año próximo -el ministro José Serra- aparece con un miserable 7% de apoyo contra casi 30% de Lula y poco menos de 20% del también centroizquierdista Ciro Gomes. Presionado por la crisis, el propio Lula acaba de declarar que "el socialismo no está a la orden del día", enviando señales de "moderación" a la clase patronal (Ambito Financiero, 28/3). Brasil marcha derechito a una enorme crisis económica y política. No está muy lejos el día en que los "analistas de mercado" argentinos utilicen como excusa de sus penurias la caída del gigante brasileño.

En la mañana del jueves 5, vecinos de San Telmo se comunicaron telefónicamente con el despacho legislativo del Partido Obrero. En la esquina de Defensa y Caseros se estaba produciendo un desalojo y los vecinos pedían nuestra intervención. Al llegar al lugar, la gente, visiblemente angustiada, nos señaló al contingente "desalojador": el oficial de justicia, su ayudante, dos abogados de los presuntos dueños del predio, y un individuo que, apenas nos vio, se apresuró a hacer las presentaciones del caso: "Yo también soy de la Legislatura, soy asesor del Frepaso. El desalojo está en regla, los papeles, todo. Se hace hoy. Estoy censando a la gente para reubicarla". Para los que iban a ser expulsados, las cosas no estaban tan "en regla": las piezas, nos explicaron, se las habían alquilado años atrás a un tal Ponce, empleado del ex Concejo Deliberante. En 1997, Ponce desapareció y nadie más se encargó de cobrar los alquileres. Poco después, les iniciaron juicio por usurpación. Casi todos las familias del conventillo estaban inscriptas en distintas operatorias de la Comisión Municipal de la Vivienda o del Fonavi: "Hace años, desde antes que comenzara el juicio. Nunca conseguimos que nos adjudicaran un crédito, un lote, nada". "Vos, a hotel" Mientras los vecinos nos relataban su realidad, el "censista" frepasista recorría febrilmente las piezas del inquilinato, anotando en un pequeño papel los nombres y las situaciones particulares de cada familia. "¿Vos tenés parientes en provincia? Mañana te vas para allá. Vos, a hotel". El "hotel" referido son las pensiones que renta el Gobierno de la Ciudad para albergar a los desalojados. El alojamiento era prometido "por un par de semanas, hasta que se puedan reubicar". Estas "sugerencias" fueron encrespando el ánimo de las familias. "Ya estuve una vez en hotel, nos van a meter a ocho en una pieza, y no nos dejan llevar los objetos personales. Además, nos llevan a todos a diferentes lugares". Una madre de una niña de cuatro años nos explicaba que "aquí (en la vivienda) dejo a mi hija con familiares y vecinos conocidos cuando voy a trabajar. ¿Qué voy a hacer en un hotel, habitado por desconocidos?". La gente comenzó a hostilizar a los funcionarios, rechazando el desalojo intempestivo: "No podemos irnos hoy, dénmos tiempo hasta la semana que viene". Mientras el frepasista realizaba su faena de "reubicación", los oficiales se retiraron a deliberar. Horas más tarde, regresaron con su veredicto: "Les damos hasta mañana a las 9 de la mañana". En medio de los reclamos airados de la gente, el "censista" les explicaba que "con Promoción Social está todo arreglado, habrá hotel y transporte para todos". En la improvisada reunión de zaguán, señalamos que el Partido Obrero se opondría con todas sus fuerzas al desalojo previsto, desde la Legislatura y desde la calle. Apenas se retiraron los desalojadores, realizamos una asamblea con los vecinos presentes. Allí se resolvió un plan de acción. Un grupo de vecinos se movilizó con nosotros hacia la Legislatura, que se encontraba en sesión plenaria. Altamira promovió una reunión urgente de la Comisión de Vivienda, que recibió *con la casi totalidad de sus miembros* a las familias amenazadas. En la reunión, los vecinos insistieron en los trámites ya iniciados hace años para acceder a una vivienda, hasta ahora sin respuesta. El reclamo de todos era que, antes del desalojo, existieran garantías de que esas gestiones *por créditos o por materiales para construcción* se concretaran. La Comisión de Vivienda se comunicó con la jueza, quien alegó que "no contaba con comunicación directa con los oficiales a cargo del desalojo". En realidad, estaba defendiendo su fallo, y los plazos perentorios ya resueltos. El papel de "Promoción Social" En la mañana del día siguiente, el panorama era contradictorio: algunos vecinos habían confeccionado carteles y pancartas que sacaron a la puerta: "No al desalojo, por una vivienda digna". "Es la primera vez que hacemos algo todos juntos para quedarnos acá", se lamentaba un vecino. También estaban presentes delegaciones de compañeros del ex Padelai, de los inquilinatos y los sin techo de La Boca y del Partido Obrero de la zona sur. Pero al mismo tiempo, nos enterábamos que, en la medianoche del jueves, los vecinos habían sido visitados por nuevos encuestadores de Promoción Social: "Ya nos dijeron a qué hotel va a ir cada familia desde mañana". La visita nocturna había dejado la impronta del desalojo inminente. En la madrugada, varias familias ya habían cargado sus cosas para ir a casas de familiares en la provincia. Otros, preparaban bolsas con su ropa. Cuando llegaron los oficiales de justicia, ratificaron que no volverían atrás en la decisión de desalojar. Luego de consultas, cabildeos y llamadas telefónicas al Juzgado, la Justicia derivó una decisión final a la "parte actora", es decir, a los dueños del predio. En el momento crucial, la Justicia se despojaba de cualquier pretensión de "arbitraje", para transformarse en un mero instrumento de los propietarios. Mientras los abogados le decían a la gente que el desalojo se concretaría "en minutos", la Secretaría de Promoción Social desplegaba simultáneamente un vasto operativo sobre el lugar: varios camiones de mudanzas llegaron enseguida. "Los que van al oeste (del Gran Buenos Aires), en aquel camión. Los que van para el sur, en éste". Otras combis con asistentes sociales "invitaban" a subir a "los que iban a hoteles". Uno de los funcionarios revelaba que la "promoción" conocía la inminencia de este desalojo desde febrero pasado. Un vecino se preguntó : "Si sabían, ¿por qué no mandaron a los asistentes y censistas antes, para resolver realmente nuestras necesidades?". Es que "Promoción Social" sólo estaba allí para "aceitar" el desalojo: mientras los oficiales de justicia amenazaban con lanzar a la calle a los vecinos, los funcionarios del Gobierno porteño ofrecían una pieza de hotel por un par de semanas. Así, lo que hubiera demandado represión policial *poniendo a la luz del día toda la violencia del Estado patronal contra los explotados*, terminó concretándose "pacíficamente" a partir de este costoso despliegue de funcionarios y fletes gratis. Este operativo de pinzas, urdido entre la Justicia y el Gobierno "progresista", permitió concretar el desalojo. Las enseñanzas Dejamos el lugar con un sabor amargo: aspirábamos a que una postergación nos permitiera consolidar una organización de los desalojados. El desalojo intempestivo se propuso precisamente frustrar esa posibilidad, pero también golpear la perspectiva de una movilización de conjunto que, aunque tímidamente, se había insinuado. Es que en el conflicto se interesaron los compañeros del Padelai y de otros inquilinatos de la zona sur. Antes que esa acción en común creciera, los desalojadores se apresuraron a concretar su faena. Pero por eso mismo, la lucha de la calle Defensa nos deja planteada una gran tarea: tenemos que superar los límites insalvables de la lucha aislada y gestar un gran movimiento común de La Boca, San Telmo y Barracas, para que no pase un desalojo más. Este debe ser uno de los grandes objetivos del plenario de trabajadores, vecinos y desocupados que convocamos para el sábado 21.

En las recientes elecciones municipales francesas los medios destacaron la victoria de la "izquierda" (o centro-izquierda) en París, bastión tradicional de la derecha, y una relativa victoria de la derecha en el interior. Poco se habló del hecho de que las listas de las organizaciones que se reivindican del trotskismo obtuvieron su mejor performance desde las municipales de 1977, en verdad un resultado inédito. Lutte Ouvriére consagró 31 consejeros municipales; la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) del Secretariado Unificado (SU), 25, y el PT (Partido de los Trabajadores, lambertista), 12 consejeros. Le Monde señaló que el PT obtuvo también buenos resultados donde LO y LCR no se presentaron, pues es una organización menor (y mucho más oportunista) que las otras dos. Quiere decir que existe un significativo "electorado cautivo" de lo que en Francia se ha dado en llamar "la extrema-izquierda". El conjunto de las organizaciones se presentó en menos de 500 ciudades: LO en 129, obteniendo un promedio del 4,3% (muy elevado, mayor que el que obtuviera en las presidenciales) con 121 mil votos; en dos ciudades obreras (La Chapelle Saint Luc y Sin-le-Noble), LO se aproximó al 15% de los votos. La LCR obtuvo más del 8% en Blois, pero en general quedó, como lo hace notar Le Monde, muy por detrás de LO en los barrios y ciudades obreras, registrando su mejor performance en zonas "urbanas o principalmente compuestas de funcionarios". Le Monde, del 15/3, también hace notar que estos progresos, en especial el de LO, son el resultado de una transferencia de votos del electorado del PCF, justamente en las regiones más pobres y proletarias. Esto demuestra una fuerte tendencia de la vanguardia obrera a romper con la "izquierda plural" y a reagruparse alrededor de un nuevo eje político. Cualesquiera que sean las limitaciones de esas organizaciones, en algunos casos insuperables, la lucha por la IV Internacional tiene en cuenta este hecho.

El Congreso de la Coordinadora votó un plan de acción por la jornada laboral de ocho horas en todas las petroleras y contratistas, contra las 12 que se trabajan habitualmente, para posibilitar el ingreso de compañeros desocupados a puestos de trabajo efectivos; por un salario mínimo de 2,50 pesos por hora ó 600 pesos por mes, una reivindicación que ya fue arrancada en varias empresas; la defensa y extensión de los planes de empleo a todos los desocupados para hacerse cargo de obras públicas en cada localidad. La Coordinadora presentará estos reclamos ante cada uno de los municipios y organizará un plan de cortes de ruta en cada uno de ellos. La Coordinadora llama a una jornada de paros y movilizaciones en apoyo a estos reclamos para el 13 de mayo, Día del Piquetero. El Congreso votó realizar sendos actos frente a la persecución a los piqueteros y un acto obrero independiente el 1º de Mayo, en el lugar en que fue asesinado Verón. Se votó el sostenimiento económico de cada una de las organizaciones y de la Coordinadora. Una resolución reclama la recuperación de los sindicatos y la expulsión de la burocracia, por la independencia obrera para todas las organizaciones de la región. Las organizaciones de desocupados del norte de Salta acaban de destituir al burócrata de la Uocra y han elegido una comisión de cinco compañeros. Asimismo, han ido masivamente (300) a la sede del sindicato de petroleros privados para exigir la renuncia en masa de su dirección, que ha aceptado salarios por debajo del convenio.

El llamado "presupuesto participativo" se ha transformado en una bandera internacional de la seudoizquierda como "alternativa al neoliberalismo". El mondiplomático Ignacio Ramonet le acaba de hacer una apología delirante: "Gobernada de manera original, desde hace doce años, por una coalición de izquierda conducida por el Partido dos Trabalhadores (PT), esa ciudad (Porto Alegre) conoció un desarrollo espectacular en varios dominios (vivienda, transporte colectivo, recolección de residuos, alimentos, hospital es, desagües, medio ambiente, alojamiento social, alfabetización, escuelas, cultura, seguridad, etc.). ¿El secreto de semejante éxito? El presupuesto participativo, es decir, la posibilidad de los habitantes de los distintos barrios de definir muy concretamente y muy democráticamente, el destino de los fondos municipales. O sea, decidir qué tipo de infraestructura desean crear o mejorar y la posibilidad de seguir de cerca la evolución de los trabajos y el uso de los recursos financieros. Se hace imposible cualquier desvío de fondos o abuso y las inversiones corresponden exactamente a los deseos de la mayoría de la población de los barrios. Esta experiencia política se efectúa, hay que subrayarlo, en una atmósfera de total libertad democrática, en confrontación con una vigorosa oposición política de derecha" (Le Monde Diplomatique, enero de 2001). Digamos, de entrada, que el gobierno "gaucho" no se privó, en esa "atmósfera", de usar a la policía, pero no contra la "vigorosa oposición política de derecha", sino contra los campesinos sin tierra que ocupaban edificios públicos (al solo fin de que se cumplieran los compromisos gubernamentales con el Mst), o contra los profesores de la red pública en huelga. Ramonet oculta el hecho fundamental. El "presupuesto participativo" no es resolutivo, sino sólo consultivo (el representante del Ejecutivo tiene poder de veto sobre las propuestas) y viene comprometido en su casi totalidad, por el pago de la deuda pública y las concesiones al gran capital. Además, los gastos y, por sobre todo, los recursos presupuestarios son un resorte exclusivo de la Legislatura. En ese cuadro, la administración estadual petista no vaciló en cobrar aportes previsionales a los trabajadores inactivos antes que lo hiciera el propio gobierno de Cardoso (aportes luego suspendidos por el Supremo Tribunal Federal). Al mismo tiempo, mantuvo un subsidio de más de cien millones de dólares a la General Motors y también un severo congelamiento salarial para los empleados públicos. Los profesores estaduales, que protagonizaron una huelga heroica, fueron derrotados por el gobierno petista que les ofreció un reajuste miserable para, dijo, "preservar las finanzas públicas" (de la ‘carenciada’ GM, claro). Esa misma preocupación por las finanzas públicas no la tuvo el gobernador Olivio Dutra con el gobierno de Cardoso, pues mantuvo el pago de la deuda estadual con el Estado federal. El ex intendente petista de Porto Alegre, el ‘trotskista’ Raul Pont, ha propuesto la creación de un fondo de pensión con capitalización de los empleados públicos, o sea una AFJP, lo que significaría un boicot a la jubilación pública y social mantenida por el Estado, y una confiscación salarial a los empleados municipales. Derrotado el proyecto, también en el Supremo Tribunal Federal, Pont lo adaptó a la nueva definición legal, o sea que retira la responsabilidad del Estado. Destruye así la jubilación solidaria y organiza el fondo de capitalización individual, aplicando la Ley 97/7/98 y la Enmienda Constitucional Nº 20, ambas aprobadas por el Congreso Federal oficialista y derechista. Para completar, el actual intendente de Porto Alegre, Tarso Genro, ha propuesto un "plan de seguridad" para Porto Alegre mediante un convenio con la Brigada Militar. En Porto Alegre, el desempleo es el mayor de los últimos seis años, un 16,9%. En 1999 hubo 75.000 despidos y el número de desocupados llegó a 226.000 en la región metropolitana. Mientras tanto, el empresariado ‘gaucho’, que recibió 5 mil millones de reales en exenciones fiscales de Olivio Dutra, sólo tiene motivos para alegrarse. La industria de Rio Grande do Sul creció 4,3% en 1999, mientras que la media nacional fue negativa en 1,6%. ¿Cómo sorprenderse entonces de que, según una nota oficial del gobierno ‘gaucho’, el "presupuesto participativo (...) fue premiado por la ONU y reconocido por el Banco Mundial como instrumento eficaz de gestión pública e implantado a partir de la experiencia ‘gaucha’, en países de Europa y América Latina"? ¿O que la "derecha vigorosa" esté adoptando el "presupuesto participativo" como "modelo administrativo" para los municipios que controla en el resto de Brasil? De acuerdo con sus teórico-ejecutores, el "presupuesto participativo (...) implica una superación de las bases constitutivas de las formas de dominación y de una cultura política basada en la tutela, en el clientelismo y en el patrimonialismo político. El desafío de la construcción de una ciudadanía activa se configura como elemento determinante para la consolidación de sujetos-ciudadanos, poseedores de derechos y deberes" (Tarso Genro y U. De Souza, "Presupuesto Participativo: La experiencia de Porto Alegre"), puro palabrerío. El "presupuesto participativo" ha creado un clientelismo "institucional" de izquierda, burocratizando los movimientos populares y reprimiendo los movimientos clasistas e independientes. Congelando los salarios de los funcionarios públicos y reduciendo el 30% de su personal, la intendencia ‘gaucha’ alcanzó el acariciado "equilibrio fiscal"... a costa de los trabajadores, pues son ellos y no el gran capital los que pagan los costos de la crisis. Lo más interesante de la "internacional de la rebeldía" (la expresión es de Le Monde Diplomatique para referirse al Foro Social Mundial) y del "presupuesto participativo" es la línea de negocios que parece haber abierto entre el gran capital francés y las intendencias "de izquierda" brasileñas: "La intendenta de San Pablo, Marta Suplicy, pretende construir líneas de subterráneo en la ciudad, con inversión y tecnología del gobierno francés, que tendría como contrapartida la concesión del servicio durante un determinado período" (Folha de Sao Paulo, 28/1). El anuncio fue realizado durante el Foro Social Mundial donde, como se ve, los negocios no estuvieron ausentes (hubo conversaciones entre la Suplicy y los representantes oficiales franceses, probablemente intermediadas por los "rebeldes mondiplomaticos"): cabe imaginar el volumen de los negocios que estarían en juego si el "frente popular" del PT ganara las elecciones presidenciales de 2002... ‘Participemos’ en el "ajuste" "El margen de influencia de los ciudadanos es estrecho. Por ley, el Estado debe destinar el 35% del presupuesto para educación y el 10% para salud... Como los salarios consumen el 80%, y la deuda por lo menos el 12%, lo que sobra para invertir es poco. Sólo no es cero porque el presupuesto nace con déficit" (Zero Hora, Porto Alegre, 30/11/99). Por otro lado, para discutir el "presupuesto participativo" se formaron innumerables consejos regionales y barriales, controlados por el Estado (y no podía ser de otra manera, pues éste determina la cuantía sobre la que "el pueblo" debe deliberar), cuya función principal es la intermediación, con lo que el "presupuesto participativo" se transforma en un factor de burocratización de los movimientos populares, controlados por los caciques locales que funcionan como intermediarios con el gobierno. Si a eso se le agrega que la palabra final la tiene el Poder Legislativo, donde la oposición derechista consiguió meter 224 enmiendas (antipopulares), votadas en su mayoría también por los diputados progubernamentales, se tendrá una idea de hacia dónde "transita" el festejado "presupuesto participativo". De manera clara, el secretario de Finanzas de Porto Alegre (perteneciente a la corriente Democracia Socialista, que integra el llamado Secretariado Unificado) indica que "la necesidad de que el ‘presupuesto participativo’ apruebe cualquier contratación de personal es un instrumento más eficiente de disminución de gastos en personal que un aleatorio PDV (Programa de Retiros Voluntarios), implementado en otros estados y nacionalmente" (Em Tempo, noviembre de 1997). O sea que el objetivo del "presupuesto participativo" es hacer pasar un programa "popular" de austeridad.

El pasado miércoles 4, se realizó una asamblea de la llamada "Unidad Ejecutora" del programa diseñado por la CMV para los habitantes de la traza de la Autopista 3. Cuatrocientos vecinos concurrieron a la asamblea con la presencia de funcionarios del Gobierno de la Ciudad y asesores de la Legislatura. La bronca que campeaba entre los vecinos tenía su explicación. En una nota publicada por Clarín unos días antes, quedaba claro que el proyecto de la AU3 es, por sobre todo, un tema de "planeamiento urbano": la edificación de viviendas estará subordinada a un proyecto de "revalorización inmobiliaria de la zona", tal como lo reclaman los especuladores. El eje de ese plan es el tendido de un gran boulevard con parquizados. El "plan urbano" que reveló Clarín afecta centralmente a un sector donde viven 430 de las 1.000 familias censadas. En esa zona, lindante con Belgrano R, se construirán 1.400 viviendas. Pero de ellas, 1.200 serán "acordes al nivel edilicio de la zona", es decir, inaccesibles para los habitantes de la AU3. Sólo las 200 restantes serán "viviendas sociales". Para las otras 230 familias del sector están previstos préstamos de 30.000 pesos, con lo que resulta imposible comprar una vivienda en la zona y, en general, en toda la Capital. El Partido Obrero, presente en la asamblea, denunció el carácter discriminatorio y expulsivo del proyecto. Tal como lo había denunciado tempranamente Altamira en la reunión de la Comisión de la Vivienda con los vecinos, hace cinco meses, cuando se dio el primer informe sobre este plan, la "operatoria" está dirigida a viabilizar un gran negociado inmobiliario. Denunciamos que la cifra asignada a esta "operatoria" *4.000.000 de pesos* sólo alcanzaría para darle créditos (aún los ínfimos créditos de 30.000 pesos) a apenas 110 familias. Reclamamos, por lo tanto, la inmediata asignación de una partida presupuestaria suficiente como para contemplar a todas las familias involucradas. La intervención fue muy aplaudida por los vecinos y obligó a los funcionarios a responder con evasivas y maniobras. Finalmente, y ante el clima caliente que reinaba, anunciaron la remoción del elemento más cuestionado de este programa, el ingeniero De Zorzi. El miércoles 11 se realizará una nueva reunión de la "Unidad Ejecutora". Es una oportunidad para imponer los reclamos y acelerar los tiempos. Es necesario superar las limitaciones de una ley que sólo contempla "a los ocupantes anteriores a agosto del ‘96", realizar un nuevo censo, condonar las deudas confiscatorias de Aguas Argentinas y expensas, e impulsar un proyecto que lleve adelante la autoconstrucción de todas las viviendas necesarias en la traza, con planes de empleo de 500 pesos para los habitantes desocupados.

Las condiciones de vida del complejo Soldati y sus alrededores vienen empeorando a pasos agigantados. El corte de pasto es cada vez más esporádico, lo que ha producido una invasión de ratas y enfermedades propaladas por esos roedores. Con respecto al problema de infraestructura, la CMV (Comisión Municipal de la Vivienda) dice estar apuntalando algunos sectores, pero no presenta ninguna solución concreta a los problemas de infraestructura, de los ascensores, las escaleras, pozos y una gran cantidad de problemas mayores que cada vez son más evidentes y conllevan un peligro a la seguridad de los vecinos. Con respecto a la situación precaria de la salita, todavía no hubo ningún cambio en lo que concierne a la ampliación de los servicios, la disposición de un equipo de ambulancia o de instrumentos básicos para la atención. Otro ejemplo del abandono es que frente al pedido de los vecinos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que se retiraran los contenedores de basura situados frente a la escuela, tampoco hubo respuestas. También para los vecinos de la autopista (entre Roca y Rodrigo de Triana) se plantea el problema de una invasión brutal de ratas, así como la sucesión de inundaciones, producto del terreno hundido y de no tener un sistema de desagote. En los últimos días, a partir de un reclamo de los vecinos, se consiguió que fumigaran la zona. Frente a esta situación de olvido profundo del Gobierno de la Ciudad, respecto al complejo Soldati, vemos la necesidad de elaborar junto a todos los vecinos del barrio un proyecto de ley que contemple todos los problemas aquí planteados y los que los vecinos quieran agregar. Los trabajadores y desocupados del barrio tenemos grandes dificultades económicas al igual que gran parte de los trabajadores del país, pero no queremos terminar como "Fuerte Apache"; con desalojos, traslados y derrumbes que no dan ninguna solución, sino que empeoran aún más nuestras condiciones de vida. Por eso es necesario luchar para que la Comisión Municipal de la Vivienda destine un fondo especial para el arreglo y mantenimiento de los edificios. Un fondo controlado por las organizaciones del barrio, los consorcios y los representantes que se elijan. El Partido Obrero plantea poner todo esto por escrito en un proyecto de ley único del barrio. La ley 177 no contempla muchos de nuestros problemas y no nos da ninguna solución. Es necesario que se amplíe y mejore la desgastada infraestructura del complejo, que se otorguen puestos de trabajo a los desocupados del barrio, que se realice un censo económico y social para determinar el monto de las cuotas a pagar, quién puede y quién no puede pagar, contemplando a los desocupados mediante un subsidio hasta que consigan trabajo. Esta es la propuesta del Partido Obrero para Villa Soldati que queremos someter a discusión. El sábado 14, a las 17 horas, discutiremos estos planteos en nuestro local: Tabaré 3310.

Trescientos compañeros de Metrovías se movilizaron el 4/4 a la CNRT para entregar un petitorio contra la eliminación de los guardas. Pocas semanas antes, tuvo lugar un paro general por este problema y por despidos. La movilización fue recogida por algunos medios y sacó el conflicto a la calle, llamando la atención de los usuarios en el tema de su propia seguridad. Luego de la votación de toda la Legislatura de Buenos Aires, de un proyecto del PO contra los despidos y contra la eliminación del guarda, esta marcha fue una acción independiente del cuerpo de delegados. La dirección de UTA se manifestó en contra, porque "no se podían hacer dos marchas en dos días" (por el Alca) y porque sería simplemente "mediática". Pero en la maciza columna obrera de Metrovías estuvieron casi todos conductores y guardas, los afectados, cuando la masa que normalmente se moviliza en Metrovías es de talleres. La Secretaría de Transporte "estudia" ahora la factibilidad técnica de remover a los guardas y, "en lo laboral", se pronunció por la reubicación, que es la posición de la empresa. Eliminación lisa y llana del guarda. En tanto, siguen corriendo dos formaciones diarias con el sistema de monocomando manejadas por jefes y guardas "decorativos". La UTA no "dialoga" en el marco de la conciliación voluntaria, porque dice que no hay nada que hablar y que defiende al guarda. Formalmente es correcto, pero los dos trenes que corren no deben hacerlo un minuto más, incluso se viola el convenio al estar conducidos por personal jerárquico. El reclamo de UTA a Transporte es también correcto, pero la CNRT no puede ser el árbitro de la situación. Fallará a favor de la patronal. Que ningún tren corra sin guarda. Que UTA se ponga al frente de la lucha de Metrovías. Rematemos a la patronal y al gobierno que tuvieron que retroceder.

Este 19 de abril se cumplirán diez años del asesinato de Walter Bulacio, estudiante del Colegio Rivadavia, a manos de la policía del "gatillo fácil". Walter fue detenido en la puerta del estadio Obras, cuando trataba de entrar a un recital de Los Redondos. Junto a diez chicos más fue trasladado a la Comisaria Nº 35. Pocos días después moría en un sanatorio a causa de la golpiza recibida por los policías. Los 19 de abril se transformaron en una fecha de movilización de la juventud, y en especial de los secundarios, en su lucha contra la represión policial, la impunidad, y los gobiernos de turno. Se ha tornado una fecha en la que los jóvenes ganamos las calles y alzamos nuestras banderas de defensa de la educación pública, científica, laica y gratuita, de repudio a gobiernos de turno y sus políticas fondomonetaristas, contra todo el poder político cómplice de la dictadura militar, que sigue matando y encarcelando a la juventud y los trabajadores (como así lo demuestran los más de 1.000 casos de gatillo fácil de la "democracia" o los 2.500 luchadores populares procesados, Alí, Castells, etc..). Como decimos, Bulacio no fue un caso aislado, la lista va desde Cabezas a Miguel Bru, de Sebastián Bordón a María Soledad, de Carrasco a Teresa Rodríguez o Natalia Melmann más reciente. No es un caso aislado, pero si ha sido un referente. Entonces este 19 de abril, la Unión de Juventudes por el Socialismo y el Partido Obrero, llamar a ganar la calles en una movilización que sea una expresión de lucha, a 10 años del asesinato de Bulacio, contra el gobierno fondomonetarista, responsable de la impunidad, de que los asesinos estén libres y de la represión y el hambre de los trabajadores, jóvenes y desocupados. Este 19 exijamos: • Basta de represión y gatillo fácil. • Juicio y castigo a los culpables. Anulación de la obediencia debida, punto final e indulto. • Desmantelamiento del aparato represivo • No a la privatización ni al limitacionismo en la educación, triplicación del presupuesto educativo. Becas para todos los estudiantes que las necesiten. • Fuera el gobierno de De la Rúa, Cavallo y el FMI.

En una declaración la Naranja Gráfica caracteriza que "el gremio (gráfico) está en llamas". Es que a la ocupación de Recali, al cierre anunciado de Estrada, a los 20 despidos de Ipesa, a la tercerización de depósitos en Morbillo, al anuncio de 42 bajas por el cierre de huecograbado en Quebecor, se suma ahora el conflicto de Crónica. La "reactivación" de Cavallo hace estragos. El diario del multimedios Crónica adeuda tres quincenas a todos sus trabajadores. El domingo pasado restó una edición, no aparecerá más los domingos y el plan patronal alcanzaría por lo menos a 130 compañeros. La ebullición de los gráficos llegó al punto de autoconvocarse el jueves 5 de abril para forzar una información y otra asamblea al día siguiente. Ongaro se reunió dos veces con la patronal, pero no se dignó a "bajar" a una asamblea obrera. Nada bueno se está cocinando. Como es costumbre, se largaron a rodar versiones del tipo de que el sindicato "compra" el diario. Este tipo de bolazo es idéntico al que en Estrada o Recali decía que "nos quedamos con la fábrica, que la entreguen ya". ¡Hacen gala de tener plata, cuando están pidiendo un socorro para la Obra Social que ellos quebraron! En Crónica se pretende meter la reconversión *eventualmente un pasquín gratuito* de uno de los mayores diarios argentinos mediante jubilaciones adelantadas, retiros voluntarios y, "de última", despidos. Es decir, cortar por rebanadas a los compañeros. En Estrada, igual, ahora se les ofrece el 100%, mientras corre una conciliación obligatoria trucha (sin movimiento de máquinas), en una empresa técnicamente cerrada, para quebrar el impulso de lucha que llevó a la ocupación. Tanto para Recali como para Crónica y todos los talleres en conflicto, lo decisivo es que el gremio entero gane la calle en función de una salida: ningún despido, reparto de horas sin afectar el salario ante las caídas de la producción; ningún cierre, que el Estado se haga cargo de las empresas quebradas y las ponga a funcionar bajo control obrero. Plan de lucha gráfico ya. Inmediato plenario de delegados. Unidad de lucha con los compañeros de prensa.

En la tarde del lunes 26 de marzo y, nuevamente, en la tarde del día siguiente, un piquete de cerca de un centenar de vecinos de la localidad de 9 de Abril cortó la Ruta 4 para reclamar por la inacción de la Intendencia del duhaldista-ruckaufista Alberto Groppi ante las inundaciones causadas por un temporal. 1.500 familias de la localidad fueron evacuadas al igual que lo ocurrido en La Matanza, Pilar, Almirante Brown, Presidente Perón, San Vicente y Punta Indio. Oscar Cáceres, uno de los vecinos impulsores del corte, contó a Prensa Obrera que uno de los principales problemas es la falta de salida para las aguas. "Hace un tiempo, la empresa Román construyó un playón de cemento para sus camiones que cortó la vía de desagüe de los canales hacia el río Matanza. Cuando les reprochamos a los funcionarios municipales que la Intendencia hizo la vista gorda, cambiaron enseguida de tema. Por otra parte, la Municipalidad no realiza, siquiera, tareas mínimas de limpieza de las zanjas para impedir que se estanque el agua". El martes, cuando Groppi se presentó ante los vecinos en el corte, pensó que le sería fácil manejar la situación. Les reprochó a los vecinos estar viviendo en una laguna. "Cuando usted y sus punteros nos ofrecieron estas tierras a cambio de votos en las últimas elecciones, no nos dijo que fueran una laguna", respondieron los vecinos y le exigieron que cumpliera con un plan de obras elaborado por un vecino. El domingo 1° de abril, una asamblea barrial de más de cien vecinos resolvió formar una comisión para entregar un petitorio al Intendente, planteando el entubamiento del desagüe de la avenida Huergo y la mejora de los desagües. Durante décadas, el problema de las inundaciones en 9 de Abril y las localidades lindantes con el río Matanza se mantuvo sin solución. La falta de desagües apropiados y el estancamiento de las aguas del río producto de la contaminación con líquidos pesados es una parte fundamental del problema. Es la hora de poner en pie comisiones en todos los barrios y coordinar las acciones para exigir una solución inmediata. • Que se ejecute un plan de desagües bajo control de las comisiones vecinales. • Que las Intendencias contraten para esos trabajos a los desocupados de la zona en forma efectiva y bajo convenio municipal. • Expropiación de toda fábrica no provista de filtros industriales que descargue desechos sobre la cuenca del Matanza o sus afluentes. Estatización bajo control de los trabajadores. • Que la Gobernación destine inmediatamente los fondos para el dragado y saneamiento del río Matanza.

Desde el 9 de diciembre de 2000, a 15 días de que Alejandro Enrique, un joven de Villa Corina, fuera asesinado por Roberto Fernández, con la participacón activa del policía Rubén Carmelo Fernández, la Comisión integrada por sus familiares, amigos, compañeros y vecinos viene reclamando Justicia para el Bocha y que los Fernández vayan a la cárcel por asesinato. A pesar de que la Comisión realizó cinco movilizaciones por el barrio, recorrió los medios de comunicación de la zona, publicó folletos y boletines pidiendo que se termine con la impunidad, y los medios gráficos nacionales expusieron el caso, las autoridades del municipio de Avellaneda no se han dado por enterados; las del PJ tampoco. Los ciudadanos de Avellaneda nos preguntamos, ¿de qué lado están el intendente Oscar Laborde, que llegó al gobierno municipal con la consigna de "que otro país es posible" o el ex intendente Baldomero Alvarez de Olivera que manda pintar "Cacho vuelve" y que con él "la justicia social"? Ni ellos ni sus militantes y seguidores, que viven en el mismo barrio que la familia Enrique, se han dado por enterados del caso, a pesar de toda la difusión y de la amplia repercusión de las manifestaciones de solidaridad de los vecinos. ¿Es que a Laborde y Cacho Alvarez no les interesa que se haga justicia? ¿Acaso les da igual? ¿O se declaran prescindentes? Alejandro era un ciudadano de Avellaneda; su padre, desde hace años, es un obrero municipal; su madre y hermanos son trabajadores y habitantes del distrito, ¿no es acaso función del gobierno municipal velar por la vida y la integridad de sus ciudadanos? Este caso está plagado de irregularidades y hasta de abiertas provocaciones y amenazas de muerte a los testigos, de elementos marginales. ¿No es tarea municipal que se haga justicia? ¿No les preocupa a los dirigentes de la Alianza y del PJ, que habiten en el distrito asesinos encapsulados en las entretelas del poder que podrían repetir 30 mil veces el hecho? Seguramente, el caso de la familia Enrique no es el único asesinato que intenta ser tapado y que involucra a policías, ex policías o personas ligadas a la represión. ¿La vida y la seguridad de los hijos de los trabajadores no son un problema de Estado? Laborde y Alvarez de Olivera tienen la palabra.

Durante más de 10 horas, el pasado 7 de abril, sesionó el Congreso Nacional convocado por Tribuna Docente. Estuvieron presentes delegaciones de Neuquén, Río Negro, Rosario y San Lorenzo, Paraná, Salta, Misiones y Santa Cruz. Esta última estuvo encabezada por Mónica Galván, secretaria general del Sindicato provincial y, recientemente electa secretaria general de la CTA de la zona. De la provincia de Buenos Aires asistieron representantes de Mar del Plata y Ovalarría. En el caso del Gran Buenos Aires, hubo delegaciones de 11 distritos del conurbano, destacándose la presencia de una delegación de la Lista Verde, en calidad de observadora, algunos de cuyos miembros integran la comisión Directiva seccional (de La Matanza). Por último, concurrió un grupo de compañeros de la Capital. La extensa jornada fue la ocasión para una amplia deliberación donde hicieron uso de la palabra -en el debate general en forma plenaria- más de 40 oradores, quienes expusieron la situación de sus regionales y aportaron sus ideas y propuestas en la elaboración del planteamiento de conjunto para la próxima etapa. Como corolario del debate general se formaron tres comisiones, que adoptaron importantes resoluciones, cuyo contenido expondremos en el próximo número de Prensa Obrera. En el Congreso se hizo presente Jorge Altamira, quien hizo un análisis del actual escenario político, subrayando la necesidad para los activistas del movimiento obrero de contar con una visión de conjunto, más aún frente a una situación excepcional como la que estamos enfrentando.

El jueves 5 de abril, un pedazo de mampostería se cayó sobre una docente del colegio Nicolás Avellaneda de la Capital Federal, mientras dictaba clases. Inmediatamente los docentes y los estudiantes resolvieron suspender las actividades por falta de seguridad. El Avellaneda integra una larga lista de colegios que se encuentran en estado lamentable. Como se demostró el año pasado con el derrumbe del patio del Mariano Moreno, los colegios de la Ciudad se encuentran en derrumbe. El propio director de Infraestructura Escolar de la Ciudad de Buenos Aires admitió que "cerca del 90% de las escuelas necesitan ser intervenidas y sometidas a una revisión técnica integral". En el caso del Avellaneda un accidente sucedido el año pasado llevó a que la Municipalidad se comprometa a refaccionar el colegio. Sin embargo, las obras que debían comenzar en diciembre y finalizar en marzo, antes del inicio de clases, lo fueron recién hace pocos días con los alumnos y docentes en las aulas y el consiguiente peligro. El nuevo accidente en el Avellaneda estaba entonces anunciado. La responsabilidad recae totalmente sobre el gobierno de Ibarra. Es necesaria una movilización general del Avellaneda y de todos los estudiantes y docentes de la Ciudad para reclamar el arreglo de los colegios, lo que debe ser controlado por los propios interesados frente a la desidia del gobierno de la patria inmobiliaria y contratista de la Alianza.