Prensa Obrera N° 699

Buenos Aires, 15 de marzo de 2001 A los compañeros del Centro Socialista Christian Rakovsky A los compañeros del EEK A los compañeros y a las organizaciones que participan del Seminario Internacional A los trabajadores y estudiantes de Grecia Compañeros: Reciban ustedes el saludo del Partido Obrero de Argentina y los deseos de que la deliberación internacional que los ha convocado sea coronada por el éxito. Los acontecimientos internacionales de las últimas semanas han confirmado el acierto de la fundación del Centro Rakovsky el año pasado y de la perspectiva política que se estableció entonces. La crisis de los Balcanes, luego de la masacre de la Otan, se ha agravado; el levantamiento palestino ha reabierto toda la crisis del Medio Oriente que fuera desatada por la primera Intifada y la agresión imperialista, en 1991, contra Irak; y como lo demuestra el derrumbe financiero de Turquía y las nuevas luchas que han estallado en ese país, la capitulación del nacionalismo pequeño burgués del Kurdistán y la derrota infligida a ese pueblo oprimido por el militarismo turco no han abierto ningún espacio para el régimen de la agonía kemalista, un régimen aliado del sionismo e instrumento fundamental de la Otan para consumar la restauración capitalista en toda el Asia Central y Rusia. La unidad socialista de los pueblos de los Balcanes; la necesidad de una nueva Federación socialista de las naciones de la ex URSS; el planteo de la destrucción del Estado sionista, en íntima conexión con una reconstrucción del Medio Oriente sobre una base socialista; todo esto ha sido confirmado como perspectiva en el curso del último año. La política balcánica de la Otan se encuentra en pleno marasmo; los gobiernos imperialistas han debido recurrir en las últimas semanas al ejército de Milosevic para combatir a los grupos UCK, que ellos mismos habían armado dos años antes para precipitar una intervención militar. El recambio democratizante que ha tenido lugar en Serbia pone de manifiesto, así, todo su contenido: al servicio del imperialismo, por supuesto, pero *por sobre todo* al servicio de nuevas agresiones y nuevas guerras. Los mini-regímenes políticos restauracionistas de los Balcanes se desmoronan a ojos vista; la perspectiva de una zona de libre comercio entre ellos, integrada a la Unión Europea, se esfuma de día en día. Pero, por sobre todo, la región es víctima de los antagonismos de los imperialismos que la pisotean; Estados Unidos y la Unión Europea se sirven de ella como un campo de batalla para dirimir sus conflictos en torno a la cuestión de un ejército europeo y a la perspectiva incluso de un bloque europeo rival del imperialismo yanqui. No menos grave es la impasse del sionismo, a partir de su incapacidad para imponer los acuerdos de Oslo, a pesar de que estos acuerdos gozaron todo el tiempo del apoyo del imperialismo mundial en su conjunto. Alcanzó la determinación de un pequeño pueblo para ponerlo en jaque, incluso enfrentando a su dirección histórica pequeñoburguesa. Por primera vez en su historia, el Estado sionista ha debido recurrir a un gobierno de unión nacional para preservar su propia existencia. Desde el asesinato de Rabin, las contradicciones del sionismo no han hecho más que exacerbarse; el sionismo se encuentra en la etapa de su descomposición. La perspectiva "laica" y "socialista" de una enorme masa de la población judía del mundo entero se derrite como la nieve en primavera, bajo la presión de sus contradicciones internas y de la revolución árabe de Palestina. La crisis económica mundial agravará sin lugar a dudas este proceso de descomposición, porque obligará al sionismo a golpear como nunca antes a sus propios trabajadores. La perspectiva del progreso y del laicismo para las masas judías sólo la alcanzará una política de unión con los árabes palestinos oprimidos por el Estado sionista, lo que significa la destrucción del Estado sionista, es decir, el fin de un Estado que está irrevocablemente fundado en la opresión nacional y como plataforma del imperialismo mundial. El desarrollo de los acontecimientos en Palestina ha refutado la posición de los ex stalinistas y del SU, que pregonan la viabilidad de la igualdad nacional entre dos Estados separados, uno árabe y el otro judío (sionista), en Palestina (más otro en Jordania). La inviabilidad de esta posición demuestra su característica contrarrevolucionaria, porque acaba postulando la explotación "pacífica" de las masas árabes, "autodeterminadas", por parte del Estado sionista, en lo que sería una verdadera salida histórica para la perpetuación del sionismo. En el planteo stalino-pablista está ausente el método marxista que subordina los fenómenos nacionales y regionales al conjunto de la economía y política mundiales, ya que, en la búsqueda de soluciones locales "viables", escamotea que cualquier consolidación del Estado sionista sería un golpe serio contra la revolución socialista mundial. Llamamos a las masas palestinas a unificarse más allá de los bantustanes creados por el sionismo, es decir más allá tanto de la "línea verde" como del río Jordán, para fundar sobre las ruinas del sionismo y de la monarquía hachemita una República socialista en Palestina. La segunda Intifada y el derrumbe de los acuerdos de Oslo han agotado por completo las posibilidades de la dirección pequeño burguesa de Arafat. Este oficia desde hace tiempo como un agente del imperialismo y como un verdugo potencial, por lo tanto, de las masas árabes de Palestina. Lamentablemente, todas las corrientes políticas que actúan en el movimiento nacional palestino defienden a Arafat como una prenda de unidad del movimiento nacional, aunque Arafat sea en realidad una soga nacionalista atada al cuello de ese movimiento nacional. Señalamos a los revolucionarios de la Intifada palestina el carácter contrarrevolucionario del Frente Popular que encarna Arafat y llamamos a superarlo con una dirección revolucionaria socialista. Le cabe a los militantes de la IV Internacional en Palestina la tarea, imposible de delegar, de señalar esta necesidad y de construir la organización política que la lleve adelante. Compañeros: Los derrumbes de las bolsas de Nueva York y de Tokio trascienden su indudable significado económico de agotamiento de la acumulación capitalista a una escala histórica nunca vista antes. Señalan la disipación de las ilusiones de que la disolución de la URSS y las restauraciones capitalistas en los ex Estados obreros podían abrir un nuevo período de ascenso histórico del capitalismo. A esta ilusión se refiere la "globalización". Se partió de que la disolución de los Estados obreros significaba la demostración de la superioridad del capitalismo sobre el socialismo, cuando no era más que la demostración del carácter restauracionista de la burocracia "obrera"; de su pánico ante el ascenso de la revolución política en todos los estados satélites y en China; y de la presión de un capitalismo mundial en estado de enorme crisis y descomposición *la cual se manifiesta en forma espectacular a partir de 1970. El derrumbe de la economía japonesa, que data de la década del ‘80, ilustra con toda claridad la simultaneidad del agotamiento del capitalismo mundial con la disolución de los ex Estados obreros. Japón es un laboratorio extraordinario de la fuerza de la tendencia a una disolución del proceso de la acumulación del capital. La crisis mundial explica la tendencia creciente a las movilizaciones y crisis prerrevolucionarias y revolucionarias, de la última década. Sea la huelga general de los empleados públicos en Francia, en 1995; o la revolución albanesa y la movilización de los mineros del Ruhr, en 1997; los sucesivos levantamientos chechenos o los ocurridos en Ecuador; las huelgas generales en Argentina; las gigantescas movilizaciones agrarias en Brasil, Paraguay, Bolivia y hasta México; las guerras y crisis políticas sin interrupción; todo esto señala, bajo la máscara de la "globalización" política, una tendencia cada vez mayor hacia la disolución política internacional y a la revolución. En este marco se inscriben las movilizaciones de Seattle, Praga o Niza, que envuelven a trabajadores y estudiantes de los países desarrollados. Pero precisamente porque su terreno es el de la "prosperidad" imperialista, es en estos movimientos donde cobra mayor fuerza el oportunismo político, como lo demostró la reciente reunión del Polo Social en Porto Alegre. Baste decir que dominaron aquí las posiciones que buscan darle una salida a la impasse del imperialismo mundial. A esto responden las propuestas de un impuesto Tobin; de una agricultura autosuficiente y campesina; de "democratizar" a la Unión (imperialista) Europea; o postular que un presupuesto público con "participación popular" podría cambiar la sociedad y el Estado. Son planteos utópicos y reaccionarios; un impuesto mundial requiere un Estado mundial sobre una base capitalista; una agricultura campesina significa un retroceso de las fuerzas productivas y la abolición de la división internacional del trabajo; un presupuesto participativo equivale a la integración de las organizaciones obreras al Estado o, alternativamente, a su disolución en beneficio de organizaciones para-estatales, etc. Aunque episódicamente son varias y diversas las corrientes políticas que se adjudican la tutoría de estas posiciones, sobresale por su constancia y tenacidad estratégica el llamado Secretariado Unificado. Se confirma así la caracterización del carácter contrarrevolucionario de esta organización, que sigue denominándose IV Internacional aunque su política internacional se desenvuelva en el marco de organizaciones capitalistas o pequeño burguesas. Compañeros: Los acontecimientos objetivos como subjetivos de los últimos años, señalan el acierto de nuestro planteo de refundar la IV Internacional. Las objeciones "nacionales" a este planteo, como las emanadas de la francesa Lutte Ouvriere o de la inglesa The Militant, han quedado sepultadas por los hechos, ya que el propio movimiento de luchas ha asumido una dimensión de características internacionales. Ya no se puede negar esto; de lo único que se puede discutir es de la naturaleza que debe tener su dirección. Para los socialistas, debe ser una dirección revolucionaria marxista, o sea que el contenido de su programa es el derrocamiento de la burguesía y el establecimiento de la dictadura del proletariado a nivel internacional. La IV Internacional es la única que se corresponde con este planteo estratégico. Compañeros: Asistimos en Argentina a sucesos excepcionales. Hay un completo derrumbe económico y un virtual derrumbe político. Por otro lado, el Partido Obrero crece como factor político entre las masas y como alternativa en el desarrollo general de la crisis. Se prepara un gobierno de unión nacional (como alternativa a la última tentativa de salvar el actual plan económico y su gobierno) que incluirá al peronismo, al radicalismo y la pequeña burguesía del Frepaso, junto con la Iglesia y la burocracia de los sindicatos. Este régimen de emergencia, aún en preparación, será una prueba final para el Estado y sus partidos, es decir para el capitalismo. La agitación política del PO se basa en propugnar la caída del gobierno y su sustitución por una Asamblea Constituyente soberana. Los demás partidos de izquierda se comportan como si asistieran a una crisis corriente, de la que se podría sacar un eventual provecho electoral, o se preparan para ingresar al gobierno de unión nacional. Desde esta trinchera del combate, les decimos: viva el proletariado mundial; reconstruyamos YA la IV Internacional.

Ha comenzado la reacción del movimiento obrero de Zárate, después de casi dos años de soportar todo tipo de ataques. Los químicos han rechazado una decena de despidos en la fábrica Rohm and Hass parando el gremio por 24 horas y cortando la ruta 12 y la ruta del Parque Industrial; 17 fábricas se movilizaron contra los despidos y en contra de las posturas patronales en una paritaria local. En Atucha I, los trabajadores de la Uocra que están trabajando en la parada de reparación del reactor, han reaccionado con un paro por mejores salarios y condiciones de trabajo. Vialco, la contratista que hace la reparación para la Nasa, amenazó con despidos pero tuvo que retroceder ante los planteos de lucha de los compañeros que también obtuvieron un aumento de salarios y mejores condiciones de trabajo, pues eran sometidos a altos niveles de exposición a la radioactividad. En la papelera Witcel la empresa está llevando adelante un procedimiento de ‘crisis’ trucho para evitar el pago del 100% de las indemnizaciones y ha suspendido al 75% del personal sin goce de sueldos. Una asamblea resolvió paro de dos horas por turno, a pesar de la política criminal del sindicato que ha dejado hundir totalmente al gremio. Luego del cierre de Celulosa, que dejó 300 obreros en la calle, los papeleros están luchando por formar un nuevo sindicato. Los desocupados hicieron varias movilizaciones sin encontrar respuesta ni en la Intendencia ni en ninguna de las bancadas del Concejo Deliberante. En la metalúrgica Argenvases se ha desatado un conflicto entre dos patronales que han dejado fuera de la planta a la totalidad del personal, mientras sus obreros están movilizados. El Partido Obrero ha jugado un papel importante en todo este proceso, ayudando al triunfo de los trabajadores de la Uocra de Atucha, en la organización y empadronamiento de los desocupados. Ha lanzado una campaña de pintadas en toda la ciudad en defensa de los trabajadores de Witcel, planteando que no ocurra una nueva Celulosa, ocupando la fábrica, llamando a que la municipalidad se haga cargo de la empresa bajo control de los trabajadores, contra la posición complaciente de la dirección del sindicato. Ha lanzado también varios volantes en Papelera del Plata, un pulpo chileno que está en franca reactivación pagando menos de un peso la hora a sus obreros. Está planteada en forma inmediata la coordinación de toda esta resistencia, de papeleros, Uocra, químicos, metalúrgicos y los propios docentes que ahora han obtenido la seccional, para votar una gran movilización contra la flexibilización laboral, por la sindicalización del Parque Industrial y por mejores salarios, pues los trabajadores de Atucha I mostraron con la lucha cómo se puede ganar.

Una crisis política espectacular nunca es desatada por un faltante de dos mil millones de pesos en un presupuesto de cincuenta mil millones. Toda crisis política de fondo es siempre el reflejo del agotamiento de la organización social existente. El golpe armado por el FMI y los grandes grupos financieros que proyectaron a López Murphy (y también, por supuesto, los que proyectaron a Cavallo) apunta por eso bastante más lejos que el enésimo ‘recorte fiscal’. En el plano educativo, la anulación del Incentivo Docente, por ejemplo, es la primera piedra de un proyecto más ambicioso, que consiste en consumar la liquidación de la educación pública. "Fiel cuenta con un plan para aplicar en el área educativa", se delata ingenuamente La Nación, el domingo pasado, agregando que "apunta a abolir el Estatuto del Docente y revertir la gratuidad de la enseñanza". Fiel es la Fundación que prohijó a López Murphy, lo que demuestra que el ‘gasto fiscal’ es una cortina de humo. El diario no se priva de destacar que el plan en cuestión "se propone eliminar 160.000 cargos docentes". Como se puede ver, lo que está en discusión en la Argentina no es el presupuesto sino el conjunto de las relaciones sociales del país, y el propósito de los agentes del FMI es producir una contrarrevolución social completa, o sea el sometimiento integral de las masas. Un aspecto fundamental del ‘plan educativo’ de aquellos a los que Moyano bautizó como "talibanes del mercado", es la privatización de la educación en todos los ciclos. "Hay que estimular la voluntad de pago de la sociedad argentina...", concluyó uno de los comentaristas del plan. El presupuesto educativo quedaría reservado para las personas indigentes, en todo lo demás se "aplicaría el arancelamiento voluntario de las escuelas urbanas". La misma abolición de la gratuidad se aplicaría para la Universidad. Los ‘talibanes’ fingen desconocer que numerosas escuelas privadas ya se han ido a pique como consecuencia de la crisis económica y de la impasse general, o sea que sus planes están más allá de cualquier posibilidad de éxito y representan, más correctamente, más bien, una salida desesperada. Nadie desconoce que la estrategia de privatizar la educación se encuentra en marcha por lo menos desde hace dos décadas. Pero como las luchas populares la han retrasado en su aplicación, los ‘talibanes’ creen ahora que la crisis y el estallido económico pueden ser una excelente oportunidad para rematar esa obra. Pero si los trabajadores y los estudiantes nos lanzamos a una acción decisiva contra estos propósitos, la bomba les puede estallar en las manos a estos especialistas en terrorismo de Estado.

No deja de ser una estimulante lección de democracia capitalista que se pretenda nombrar como jefe de Gabinete al hombre que fue echado del gobierno por un movimiento popular en agosto de 1996, y que luego perdió las dos elecciones en las que se presentó, las nacionales de octubre del ‘99 y las porteñas de mayo de 2000. El lanzamiento de Cavallo al gobierno, sin embargo, no lo promueve algún personaje extravagante sino todo el espectro patronal: De la Rúa, los Ruckauf y compañía, los Chacho Alvarez, y hasta Alfonsín y los ‘progres’ de la UCR. Pero este respaldo mayoritario de los políticos patronales a un recambio minoritario desde el punto de vista del electorado, constituye, por su incongruencia política, una demostración de la situación sin salida del conjunto del régimen político actual. Esos políticos se ven enfrentados, por añadidura, a la exigencia de que Cavallo gobierne con poderes de excepción, o sea prescindiendo del Congreso. Esto significa que, además de violentar al electorado, se reclama el violentamiento de la Constitución y de las instituciones representativas. Es más que probable, incluso, que se exija el establecimiento del Estado de sitio, porque lo que se teme en definitiva no es la oposición o resistencia de los legisladores sino la de los trabajadores. En resumen, el gran capital, que se ha servido tan bien del régimen "democrático", necesita quebrarlo ahora para mantener esa dominación, recurriendo a los políticos y a las instituciones de esa misma ‘democracia’. Asistimos, por lo tanto, a un gigantesco derrumbe político. Gobierno en desintegración La posibilidad de salir adelante en una situación de estas características depende del alcance o profundidad de las medidas que se tomen. Pero lo anunciado por López Murphy y lo que deja entrever Cavallo, no tienen esa capacidad. El primero, simplemente atizó todas las contradicciones previas y despertó la ira popular; el segundo, exhibe como su mayor audacia la intención de dejar de negociar con el FMI para pedir un nuevo salvataje... al Tesoro norteamericano. Ignora, para colmo, que el famoso blindaje fondomonetarista de principios de año fue confeccionado en realidad por el equipo económico de los Estados Unidos. López Murphy apenas duró 48 horas como mandamás de un nuevo gabinete; Cavallo, aun peor, no ha llegado a confirmar una aceptación del cargo y obligadamente deberá desatar otra crisis para deshacerse de López Murphy. Uno y otro representan intereses patronales enfrentados; López Murphy se ha dado por único objetivo asegurar la cotización de la deuda externa en manos de los bancos internacionales y AFJP; Cavallo defiende, además, a los que reclaman salidas subsidiadas, como el Plan de Infraestructura, para evitar las pérdidas y las quiebras en la industria. Hay también un enfrentamiento en la clase capitalista acerca de si seguir con el Mercosur o firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Uno está jugado, en una última instancia, por la dolarización; el otro por la devaluación del peso. En los contratos a plazos de un año, el peso ya no vale un dólar sino 0,85 de dólar. En las condiciones de la presente crisis, López Murphy y Cavallo no podrían convivir en un mismo gabinete. Cesación de pagos La gran bomba de tiempo que activa la crisis política es la cesación de pagos de Argentina; los políticos, economistas y gobiernos patronales que aseguraron que pagarían la deuda externa en cualquier circunstancia, ya no pueden hacerlo. Ambito Financiero (15/3) acaba de descubrir que "el blindaje terminó siendo apenas una ilusión óptica". La deuda supera, en su conjunto, los 200.000 millones de dólares, y, más grave, la carga de intereses anuales alcanza los 12.000 millones de dólares, un 50% por encima del presupuesto de educación. Pero lo que todavía es peor, si cabe, es que la crisis financiera internacional (caída internacional de las Bolsas) está encareciendo los intereses de las compañías y países que tienen deudas elevadas, de modo que Argentina ya no puede recurrir a los préstamos internacionales para pagar sus vencimientos. La bancarrota argentina tiene una dimensión mundial y tendrá explosivas consecuencias en el sistema financiero internacional. El gobierno conspira contra la nación El crecimiento cotidiano de lo que la prensa llama "riesgo-país", que es la tasa de interés que exigen los banqueros para refinanciar deuda argentina, está demostrando que la gran banca y el FMI han roto con Argentina (¡en lugar de que nosotros rompamos con el FMI!). Los banqueros y el FMI ya no pretenden blindar nada sino que son activos provocadores del derrumbe. No es para nada casual que al informar de un nuevo aumento de esa "tasa de riesgo", La Nación titulara, el viernes 16, "El mercado jugó EN FAVOR de López Murphy", no en contra; en la información describía cómo los bancos encargados por el gobierno de la negociación de los títulos, habían armado un ‘lock out’ el día anterior, con la finalidad de tirar al suelo las cotizaciones y crear el pánico. El corresponsal de Clarín en la conferencia de banqueros en Chile, por su lado, informó textualmente, el lunes 19, que ‘fuentes’ del Banco Interamericano opinaron que "El FMI ya hizo lo máximo que podía hacer para ayudar a Argentina a recomponer su situación. Ahora, todo depende del gobierno mismo". Es decir que el FMI bajó el pulgar. La cesación de pagos de Argentina será un gran negocio para los grandes buitres, porque podrán comprar a precios de remate los títulos que no poseen de la deuda argentina y concentrarlos en menos manos todavía. Esta monopolización mayor de la deuda les servirá para apropiarse en el futuro de mayores riquezas y propiedades, como los 12 millones de hectáreas, por ejemplo, en caso de que se privatice el Banco Nación, al cual esas tierras se encuentran hipotecadas, o la totalidad del sistema de salud, e incluso la educación privatizada. Programa y salida política Todo lo descrito retrata una conspiración en gran escala contra los intereses nacionales, en la que el gobierno está activamente comprometido. Para frenar la catástrofe que ella significa para el pueblo, sería necesario intervenir de inmediato a todos los bancos, que son los promotores del derrumbe financiero, suspender de inmediato cualquier pago de la deuda externa y romper con el FMI. No alcanza ya con la derogación de las medidas tomadas por López Murphy; la agresión que ellas han significado contra el pueblo ha quedado disminuida por la amplitud del conjunto de la crisis en marcha. De ésta se sale con la virtual nacionalización de los pulpos financieros y el no pago de la deuda. Se trata, sin embargo, de medidas completamente incompatibles con el gobierno actual y con los partidos e instituciones patronales. Pero el propio desarrollo de la propia crisis plantea la caída del gobierno, al pasar a ser un lastre para la propia burguesía en el caso de que no pueda imponer las medidas contra el pueblo, que es lo que ya ocurre con las medidas de López Murphy. Por eso varios sectores del justicialismo y del cavallismo están planteando adelantar las elecciones legislativas de octubre y elegir al vicepresidente; pero de aquí hay apenas un paso para que se plantee la convocatoria a elecciones generales. Con estos planteos, los partidos patronales pretenden mantener la situación bajo control y desviar la atención de las masas hacia nuevas experiencias electorales, mientras en forma paralela se descarga la crisis y las medidas que las acompañen. No es la salida adecuada a los intereses reales de los trabajadores. Chau Alianza, Frepaso y PJ Es en este marco que se entiende el cacareado ‘ultimátum’ de Ruckauf a De la Rúa para que derogue en 48 horas los decretos de López Murphy. Pero Ruckauf ya le había prometido un apoyo al ingreso de Cavallo al gobierno, a pesar de que Cavallo en ningún momento habló de derogar esas medidas. Sólo si fracasa el paso de Cavallo por el gobierno Ruckauf se volverá a acordar del ‘ultimátum’, con el objetivo de pilotear un adelantamiento electoral. Algunos periodistas han tenido la ‘osadía’ de anunciar que con la renuncia de los frepasistas al gobierno la Alianza se habría quebrado. Llegan tarde, porque ahora incluso el Frepaso y hasta la UCR han entrado en quiebra. La cobardía del frepasismo ha sido tan marcada que su gente sólo renunció recién cuando vio que lo hacían Storani y Juri. Pero estas renuncias ponen en evidencia una crisis descomunal en la UCR, que apenas se estaba reponiendo del pacto de Olivos firmado por Alfonsín con Menem. Al peronismo no le va mejor, como lo prueba que se encuentra a la rastra de un enano político como Cavallo. Por un partido independiente El panorama que ofrecen las fuerzas patronales demuestra que sería criminal confiar en que puedan pilotear una salida popular, por separado o conjuntamente. La crisis se ha tragado incluso a los Carrió y a los Farinello, que no aparecen como un factor en esta crisis, a pesar de la simpatía popular que les reconocen las encuestas. Cuando la Carrió se había convencido a sí misma de que con sus investigaciones sobre el lavado de dinero estaba acabando con el "Estado mafioso", los representantes de este Estado eran llamados al Ministerio de Economía y a la Jefatura de Gabinete. No es una investigación lo que quebrará el monopolio de los pulpos sino la toma del poder por los trabajadores. La bancarrota de todos los partidos burgueses y pequeño burgueses sin excepción, la completa nulidad política de sus representantes y dirigentes, condena al fracaso cualquier tentativa de salida sobre la base de combinarlos de uno u otro modo, como lo hacen Farinello, por un lado, o los Alfredo Bravo o Carrió, por el otro. No hay salida a partir de los políticos del orden existente, por progresistas que sean; lo prueba su estruendoso fracaso hasta ahora y la completa falta de salida de conjunto de que hacen gala. La crisis terminal presente pone al rojo vivo la necesidad de un partido obrero y la necesidad de que un programa de salida se plasme en una política de partido. Hay que decir claramente que no hay salida popular si no encarna en un partido revolucionario de la clase obrera. Es un deber absoluto hacer visible este planteo en todo el desarrollo de la crisis actual. Las organizaciones populares La crisis terminal del régimen en su conjunto, así como la bancarrota del proceso entreguista iniciado por el menemismo, plantea una situación completamente nueva a la lucha de las masas. No es ya suficiente un planteo reivindicativo, ni mucho menos es posible confinar esas reivindicaciones a demandas locales. Una crisis de poder exige un planteo político, porque ese poder se ha convertido en una marioneta de la propia crisis y no tiene capacidad para responder a las reivindicaciones. De la Rúa podría derogar las medidas de López Murphy, pero sólo para provocar un derrumbe económico mayor. Cavallo podría, eventualmente, dar una impresión de control durante algunas semanas, pero sólo para valerse de esa tregua para preparar un golpe político realmente drástico. La burocracia sindical no solamente desconoce esta situación, sino que está alineada políticamente con algunas de las facciones patronales en disputa. De acuerdo a una información de Clarín del domingo pasado, Moyano, por ejemplo, le habría prometido a la jefatura del Ejército mantener un ‘perfil bajo’ frente a la movilización del 24 de Marzo. Pero no solamente Moyano rechaza politizar la lucha popular; las organizaciones de derechos humanos que convocan al 24 no quieren, a su vez, que esta movilización sea anti-gubernamental ni piquetera. Para estos ‘organismos’, el 24 es un día reservado a la "memoria", lo que no deja de ser curioso, porque revela un completo olvido de la experiencia de los últimos 25 años, que enseña que la burguesía aprovecha la indecisión y la vacilación de las organizaciones populares. Incluso la CCC, en un reciente congreso de desocupados en La Matanza, se opuso a fusionar las movilizaciones piqueteras con la del 24, con el argumento de que "no tenían nada que ver". Todo esto revela una completa ceguera frente a la crisis terminal que se desarrolla ante los ojos de todos. El movimiento popular debe ofrecer su propia salida política: que se vaya De la Rúa y que una Asamblea Constituyente asuma la dirección del país. De este modo, será la deliberación popular la que irá dictando las medidas para sacar a la nación y a los trabajadores de esta gigantesca miseria. Por un Congreso de bases La movilización prevista para el 20 y los paros generales para el 21 y para principios de abril, siguen la vieja política de las huelgas aisladas y de la falta de una consigna de conjunto. La derogación de las medidas antipopulares debe incluir la rebaja de salarios y la reforma laboral. Para lograr esto es necesario un plan de lucha. Pero un plan de lucha supone dos cosas: que la decisión sea tomada desde abajo y que contemple la huelga indefinida. Sin estos componentes, estamos ante planteos burocráticos y episódicos. Reclamamos la convocatoria a un congreso de delegados electos de obreros ocupados y desocupados. Asamblea Constituyente El momento actual se caracteriza por la transición de la penúltima a la última fase del derrumbe del plan Cavallo, del período iniciado por el menemismo, del régimen privatizador y flexibilizador, y del gobierno actual. La consigna que hemos venido planteando desde la renuncia de Alvarez, en octubre pasado, ha demostrado una vigencia inusitada: Fuera el gobierno, por la convocatoria de una Asamblea Constituyente libre y soberana.

De la Rúa decidió conmemorar el 25º aniversario del golpe de una manera muy especial: formando un gabinete con funcionarios de la dictadura militar. ¿Pero, por qué sorprenderse si el gobierno de la Alianza defiende los intereses de los mismos pulpos económicos que instauraron a los Videla y los Galtieri? A su manera, la Alianza acaba de dar un golpe para sobrevivir. Todos sabemos que el Chacho es el padrino del ingreso de Cavallo al gobierno. ¿A quiénes sino a Cavallo y a los funcionarios de la Asociación de Bancos podían recurrir De la Rúa y la Alianza, en el momento en que esos grupos económicos se sienten amenazados como consecuencia del derrumbe de sus planes y de la cesación de pagos? De la Rúa, el Chacho y Alfonsín no han vacilado en llamar a quien fue echado en 1996 por la movilización popular y luego derrotado en las elecciones en 1999 y en el 2000. No respetan el mandato electoral ni el de sus propios partidos. Pero además le quieren transferir al gabinete de Cavallo y López Murphy poderes extraordinarios, convirtiendo en un cero a la izquierda al Congreso nacional. Los ‘demócratas’ necesitan implantar una dictadura civil para liquidar las jubilaciones, la educación y los salarios. Se trata del episodio final de una crisis que ya es terminal. Pero fuera de sacarse la máscara, este gobierno antiobrero no sabe hacer nada más. Ninguno de los dos nombramientos consiguió detener el derrumbe financiero. Los bancos conspiran abiertamente para provocar el pánico y luego dolarizar o devaluar. Cuando un gobierno conspira contra su propio país y contra su propio pueblo, no hay otro camino que echarlo. Cuando la gran banca desquicia la economía luego de haber saqueado y superexplotado durante más de una década, tiene que ser intervenida y nacionalizada. Sin indemnización y bajo control obrero. Debe cesarse en el pago de la deuda externa. La de este 24 de Marzo debe ser una gran manifestación política, para reclamar que el gobierno que convocó a Cavallo y sus secuaces se vaya. Que el poder pase a una Asamblea Constituyente electa. Que se deroguen todas las medidas antiobreras y antieducativas tomadas desde diciembre del ’99. Por un plan de lucha, por la huelga indefinida. Por un Congreso de delegados para llevar la lucha a la victoria y ofrecer una alternativa de poder. Sólo un partido de trabajadores puede darnos una alternativa de poder en esta crisis terminal. Vení el 24 a la columna del Partido Obrero. POR LA INMEDIATA LIBERTAD DE RAUL CASTELLS FUERA DE LA RUA, POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA

Antes del estallido de la crisis política, el Ministerio de Trabajo había logrado imponer el reempadronamiento de los compañeros desocupados de La Matanza, atacando el control de sus organizaciones. La CTA (FTV) y la CCC decidieron acatar este re-empadronamiento "bajo protesta", dejando de lado un planteo de movilización y el boicot. El Futrade (Frente Unico de Trabajadores Desocupados de La Matanza) llamó, en cambio, públicamente "a todas las organizaciones de desocupados a organizar en común el boicot al ataque de la Bullrich, a marchar con el padrón de cada organización para defender cada uno de los planes, exigir nuevos planes para todos los empadronados y defender su control por las organizaciones creadas por los trabajadores". Pero este planteo chocó con una política que había sido trazada cuarenta y ocho horas antes por el Consejo de Emergencia de La Matanza. Presidido por el intendente Balestrini (PJ) e "integrado por los grupos de desocupados" (CTA, CCC), el Consejo resolvió transferir "la responsabilidad de la administración de los planes nacionales de empleo al Ministerio de Trabajo de la Nación". En "la misma sintonía que el gobierno nacional", dice el comunicado de prensa, dispusieron "promover y apoyar el reempadronamiento de los 8.400 beneficiarios de los planes de empleo del distrito". Se exige, además, "el empadronamiento de la totalidad de los jefes de familia desocupados" (unos 80.000) en función de futuros cupos (Crónica, 7/3). El Consejo de Emergencia ha vuelto a reconstituirse, de este modo, aceptando la línea oficial del reempadronamiento y renaciendo de sus propias cenizas. En oportunidad del último corte, el intendente, siguiendo la línea de los gobernadores peronistas, y el Frepaso, se acoplaron a la ofensiva nacional, con lo que el flanco "oficial" del Consejo de Emergencia se colocó sin disimulo en la vereda del empadronamiento y el rechazo a los cortes. La Intendencia y el gobierno provincial logran de este modo un negocio político redondo: le "tiran" al gobierno de la Alianza la responsabilidad de las respuestas ante el clamor de los desocupados y preservan la cuota de planes para sus propios punteros en negociación directa con el Ministerio de Trabajo. Movilización Los beneficiarios de los planes serán sometidos ahora a la "inspección" de los "asistentes sociales", que serán instruidos para acotar con mil argumentos la entrega de la asignación. La política oficial es sustraer el manejo de los planes a las organizaciones de desocupados y utilizar los planes como mano de obra barata para las empresas o volcar una parte de los recursos "sociales" como subsidio directo a las empresas capitalistas. La Matanza ha sido el banco de prueba de una ofensiva que seguirá en el resto de los distritos. Todo esto plantea una situación exasperante para las masas, que exige más que nunca un plan de movilización único, una organización independiente de los Consejos de Emergencia, un programa propio que exija un plan de obras públicas para dar trabajo y, entretanto, un subsidio al desocupado, la ratificación de todos los planes Trabajar entregados y la incorporación de los empadronados, y el control de los planes y los bolsones alimentarios por las organizaciones de desocupados.

Cuando este número de Prensa Obrera llegue a las manos del lector, habrá terminado la campaña electoral en un clima de enorme convulsión por el ajustazo de De La Rúa y López Murphy y el ingreso de Cavallo al gobierno. Al mismo tiempo, Alpargatas cerró sus plantas, procediendo al despido masivo; y siguen sin solución problemas elementales como la falta de provisión sistemática de agua. Los grandes aparatos no han suscitado el menor interés en sus candidaturas. De la Rúa anunció, en una visita a la provincia, que no iba a haber despidos ni ajuste; y a los pocos días López Murphy anunció uno de los peores ajustes antipopulares. El PJ está fraccionado; en bastiones, como Belén, Saadi sólo reunió a 100 personas. Aunque sólo se conocen las encuestas del gobierno, esos datos muestran una caída del Frente Cívico, un derrumbe del PJ en varios distritos del PJ y un crecimiento del PO y del voto en blanco. En este marco, la regional del PO ha desarrollado una importante campaña, de la cual esta nota (escrita el viernes 16) sólo da cuenta parcialmente. En coincidencia con la presencia de Jorge Altamira, tuvo lugar una importante conferencia de prensa y, a la noche, en Belén junto con Raquel Aguirre, una importante charla, que reunió a 50 trabajadores, con una importante concurrencia de mujeres. Al día siguiente se realizó la "Caravana de los trabajadores", con 15 vehículos y 100 compañeros y, más tarde, en Valle Viejo, un acto que reunió a alrededor de 300 personas. Se leyeron numerosas declaraciones de apoyo, una de ellas firmada por una gran cantidad de profesionales, dirigentes y referentes de diferentes líneas del PJ apoyando la candidatura de Enrique Traverso como concejal. También hizo presente, su apoyo, una parte de la dirigencia de Nuevo Milenio (alineada con Farinello), y lo mismo hicieron militantes vinculados a Patria Libre, que expresaron su repudio a la integración de PL a un Frepasito que ha definido apoyar en octubre como candidato a senador nacional a Brizuela del Moral, actual intendente de la Capital, uno de los dirigentes de la UCR y del Frente Cívico. El miércoles 14, en una nueva recorrida por los medios, J.A. jerarquizó la acción del PO con un análisis de la crisis nacional y el planteo de Asamblea Constituyente. Periodistas que son reconocidos opositores a nuestras propuestas, reconocieron en público la seriedad de los planteos. A partir de estos éxitos de la movilización electoral del PO, se viene el desafío de impulsar la movilización contra el ajustazo. Las elecciones, seguramente, van a dar cuenta del proceso de descomposición de los llamados partidos tradicionales y del giro político de las masas que está operándose en todo el país. Giro que tiene en el PO a la única organización que actúa con un programa para transformar a la clase obrera en alternativa política frente a los explotadores.

El juez Cavallo dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; los responsables por crímenes de lesa humanidad no pueden ser beneficiados con ninguna ley amnistiadora. El fallo de Cavallo tiene efectos sobre la situación de 11 represores involucrados en el secuestro de un matrimonio y su beba en noviembre del ‘78; el robo de bebés, dice el juez, supone la desaparición de sus padres. Es esta verdad tan sencilla y elemental la que puso de manifiesto el fallo de Cavallo. Fuera De la Rúa-Jaunarena El rechazo del gobierno al fallo vino de Jaunarena, el ministro de Defensa, el mismo hombre que ocupó ese ministerio cuando Alfonsín impulsó las leyes de impunidad. Por eso, el fallo de Cavallo sólo podrá tener alcance mediante un plan de lucha, o sea, una movilización consecuente. Cualquier confianza en la Justicia sería mortal. Las instituciones del Estado lo transformarán en un expediente muerto. También por este motivo la movilización del próximo 24 debe enfrentar al gobierno de la impunidad. De la Rúa y su Secretaría de Derechos Humanos no son aliados, sino enemigos. El Partido Obrero llama a redoblar la apuesta y reventar la Plaza de Mayo con una masiva marcha piquetera.

El pasado miércoles 7, la Legislatura votó por unanimidad el proyecto de declaración de Jorge Altamira cuyo texto rechaza los 218 despidos y la supresión de guardas en la línea B de subterráneos. Los delegados y activistas intervinieron en la elaboración y redacción del proyecto, cuyos fundamentos constituyen un verdadero alegato contra el régimen patronal y cada una de sus manifestaciones. El texto impugna la eliminación de los guardas denunciando las limitaciones de las ‘mejoras técnicas’ introducidas. El proyecto alerta contra las consecuencias imprevisibles que tendría la medida sobre la integridad física de usuarios y trabajadores, al recargar en el conductor tareas esenciales vinculadas a la seguridad del servicio. "El conductor se vería sobrecargado de tareas y obligado a responsabilizarse de los pasajeros durante su ascenso y descenso del tren." Los dispositivos técnicos incorporados, por otro lado, no garantizan que, cuando los mismos indiquen "puertas cerradas, éstas no se encuentren atrapando correas de bolso, prendas de vestir o miembros humanos". Asimismo, accionada la señal sonora automática, las puertas demoran apenas tres segundos en cerrarse. "Si el pasajero efectuara su ascenso o descenso a destiempo quedaría atrapado entre las puertas. El guarda en la actualidad, en cambio, permite el libre ascenso y descenso de pasajeros hasta que advierte que ningún pasajero tiene intenciones de ascender o descender del tren". Altamira desenvolvió todos estos aspectos de la denuncia, en el marco especial de una nutrida delegación de trabajadores de Metrovías, que se hizo sentir en la aprobación. Altamira se encargó de destacar este hecho y destacó que en ese protagonismo de los trabajadores, en su fuerza y capacidad de movilización independiente residía la suerte y el desenlace final del conflicto.

Finalmente la patronal de Metrovías tuvo que dar un paso atrás. En la tercer reunión de conciliación en el Ministerio de Trabajo, resolvió reincorporar a los 218 trabajadores despedidos en los inicios del conflicto *hasta el momento sólo había ‘suspendido’ el despido- y que los trenes de la B salgan con guarda. Los trabajadores plantearon que no aceptaban ninguna discusión si la patronal no daba marcha atrás reincorporando a los trabajadores y garantizando la presencia del guarda en todas las formaciones. La patronal y el Ministerio también tomaron en cuenta el clima de combatividad existente en los túneles. En pocos días se juntó una importante cifra para un fondo de huelga; se formaron comisiones de lucha en las líneas que desarrollaron distintas actividades (petitorios, etc.) y comisiones de apoyo para denunciar el peligro para la seguridad de los pasajeros; una importante delegación obrera llenó las gradas de la Legislatura de Buenos Aires para mafiestar su apoyo al proyecto de Altamira, que finalmente fue aprobado (ver nota). El Ministerio ha alargado la conciliación obligatoria otros 30 días hábiles. Los trabajadores debemos estar atentos y organizados. La patronal mantiene aún dos formaciones con el "dispositivo-sin guarda". Hay que incrementar el fondo de huelga, formar comisiones de lucha en todas las líneas y talleres y preparar una Asamblea General para votar nuevamente medidas de lucha en caso de que la patronal quiera llevar adelante en forma unilateral sus medidas antiobreras. Se trata también de imponer una agenda propia de los trabajadores: un aumento salarial para todos los trabajadores de Metrovías y volver a la jornada de 6 horas, que fue arrebatada con la privatización menemista.

El martes 13 se realizaron las elecciones de comisión interna en las dos plantas de Interpack. En la planta I (Lomas del Mirador) fue reelecta la interna por tercera vez consecutiva con un caudal de votos ligeramente superior al de años anteriores: 71%. En la planta II (Los Pinos), la vieja interna ongarista cayó por un aplastante 68% a favor de la lista del activismo. El año anterior habían evitado su derrota por sólo 11 votos. ¡Claro que con un tercio de la planta suspendido la semana de la elección! El taller pagó un alto precio por ese resultado. Hubo rebajas de premios, se obligó a muchos compañeros a renunciar a un reclamo judicial por el pago de extras, y varios de los mejores activistas fueron forzados a retirarse. El retroceso que sobrevino por ‘arriba’ fue sin embargo acompañado por una bronca creciente por ‘abajo’. Sólo la completa desvinculación de los problemas de la base explica la sorpresa de alguno de los ex delegados por la magnitud de la paliza. Así suelen ocurrir estas cosas... El recurso de amenazar con la pérdida de anticipos y préstamos o el de agitar el ‘cuco’ naranja, fue un manotazo desesperado e inútil. En la planta I fue plebiscitada una política basada en la organización de fábrica, en la defensa de los puestos y condiciones de trabajo y en la solidaridad activa con todas las luchas del distrito. El enorme respaldo recibido por ambas internas replantea el problema estratégico de la unificación de las internas. El proceso productivo es único, somos una sola fabrica, aunque los ritmos de evolución sean diferentes; después de todo, la recuperación de la interna en la planta de Los Pinos no se comprende sin la influencia directa o indirecta de la interna de la I. Aprovechando la presión de la crisis de la industria, la patronal de Interpack ha dado ahora un nuevo impulso a su plan de "reducción de costos" (aumento brutal de los ritmos y rebaja de premios). Nuestros "altos salarios" -según el argumento oficial- inviabilizarían la continuidad de sectores enteros de la producción. El argumento, sin embargo, es refutado por datos recientes de la revista Mercado, que ubica a Interpack entre las 500 empresas de mayor facturación del país (en esa lista hay otras firmas del Grupo Zupan). Más aún, las pocas con capacidad de disputarle parte del mercado han quedado fuera de carrera, como Guedikian o Farmográfica, fuertemente endeudadas con Papelera de Sur (del Grupo Zupan) o directamente absorbidas, igual que infinidad de pequeños talleres. En una etapa que estará marcada por la lucha salarial, la victoria antiburocrática en las dos plantas modifica el cuadro de relación de fuerzas y condiciona el plan patronal.

Romero y el tucumano Miranda se reunieron con el embajador norteamericano para pedirle que los yanquis diseñen un ‘plan Argentina’ al estilo del ‘plan Colombia’. La excusa es el crecimiento del narcotráfico en todo el norte argentino. Se plantea así que los yanquis pasen a controlar militarmente la zona, sea bajo la forma de incorporar mandos yanquis que dirijan tropas argentinas, aportando armamento especializado, o llegando, incluso, a una ocupación militar directa. Según Clarín del 9/3, en el documento presentado a la embajada se denuncia que el problema central son los cortes de ruta de los desocupados, que en los últimos años habrían convertido a la región en "zona liberada" para el narcotráfico. En la misma línea, el gobierno provincial viene acusando directamente a los piqueteros de ser socios del narcotráfico. Por su parte, la Justicia Federal acaba de procesar a seis compañeros por interrupción de las vías de comunicaciones, aplicándoles un embargo de 5.000 pesos sobre sus bienes. Entre ellos están los secretarios generales de ATE y Municipales de Güemes. Además, la próxima semana están citados a declarar destacados dirigentes de la Coordinadora de Desocupados del Departamento San Martín, como Pepe Barraza, Pepino Fernández y Piquete Ruiz, a los que también se pretende procesar. En el Departamento San Martín se vive un virtual estado de sitio, ya que la gendarmería duplicó sus efectivos con un nuevo destacamento de 400 efectivos y la policía de la provincia ha vuelto a las calles, junto a ellos. Romero acusa a la Coordinadora de Desocupados de San Martín de ser un "activismo político pagado" en línea con los ataques de la ministra Bullrich. Quieren negar el derecho de los desocupados a hacer funcionar organizaciones propias, manejar los ‘planes’ Trabajar e incluso los listados de acceso a las empresas privadas (los salarios de los futuros trabajadores). Justamente Romero, que paga con el presupuesto de la provincia a miles de punteros y ñoquis para que lo ayuden a sostener su política antiobrera, acusa a los piqueteros por estar fundando organizaciones autónomas que manejan sus propios recursos obtenidos, en todos los casos, mediante su legítima lucha y el aporte solidario de los trabajadores. El martes próximo se realizará un acto frente al Juzgado Federal por el desprocesamiento de los compañeros. Se prepara en Salta capital la Jornada del 24 en donde éste será un reclamo fundamental, lo mismo que el repudio a la llegada de los "Rangers" de la mano de Romero al norte salteño. Una iniciativa similar se discute en la Coordinadora de Desocupados del Departamento San Martín.

Los trabajadores abajo firmantes, desocupados de distintas localidades del Cordón Industrial, hacemos un llamamiento urgente (…) a organizarnos en forma independiente (…). Nos seguimos considerando trabajadores (…). Muchos de nosotros fuimos utilizados por los distintos funcionarios y "punteros" políticos en cada campaña electoral. Fuimos usados y engañados (…). Los nefastos Planes del tipo Trabajar, que muchos aceptamos para paliar en parte el hambre, fueron disminuyendo paulatinamente hasta la mínima cantidad actual. (…) Se avecinan las elecciones (…) y (…) plantean "re-empadronar" a los desocupados del país. Es decir, (…) establecer un nuevo "clientelismo político". Por esto es urgente organizarnos en forma independiente de toda esta camarilla (…). Por esto planteamos: • Obligar a las grandes patronales a darnos trabajo estable y en blanco. Sobre todo, porque se han enriquecido con todo tipo de subsidios, créditos blandos y entrega del patrimonio nacional (como YPF-Repsol, que encima vende el combustible más caro del mundo). • Disminución de la jornada laboral, sin disminuir los salarios, para crear nuevos puestos de trabajo (otro turno laboral). O bien, repartir las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores (ocupados y desocupados) sin afectar los salarios. • Seguro al desocupado mayor de 16 años de 500 pesos. Mientras tanto, en forma inmediata: • Actualización y publicación de los padrones existentes de desocupados, incorporando a los que no figuran, bajo control de los mismos desocupados. • Anulación de todas las deudas con el Estado. • Eximición de todo tipo de impuestos hasta que no tengamos trabajo estable. • Entrega gratuita de todos los útiles y materiales necesarios para nuestros hijos que estudian, como así también el transporte, en cualquiera de los tres niveles educativos. • Atención gratuita e integral de la salud de nuestra familia. • Bolsones de alimentos, suficientes en cantidad y calidad para garantizar la nutrición equilibrada de nuestra familia y que nos permita no aflojar en la lucha. Que el dinero necesario salga de un impuesto especial a las grandes patronales y fortunas personales. No pago desconociendo la deuda externa. Ningún despido más, plena estabilidad de los trabajadores ocupados, legalización de todas las relaciones laborales temporarias y precarias. Salario mínimo vital y móvil de 600 pesos. (…) Exigimos de las centrales sindicales nacionales un inmediato paro nacional de 72 horas, para darle continuidad al del 23 y 24 de noviembre de 2000, y armar un Plan de Lucha nacional sin treguas ni concertaciones.

El 19 de febrero, el Concejo Deliberante de San Isidro aprobó el traspaso a la Municipalidad de las 22 hectáreas correspondientes a la llamada "Villa La Cava", donde viven más de 20.000 personas. Esta medida blanquea la deuda de más de medio millón de dólares que dejó la gestión del duhaldista Areco, secretario de la mutual creada por el "plan Arraigo" de Menem, y coloca al barrio como un blanco más de los negocios inmobiliarios de la "Región Metropolitana Norte". Tierra de especuladores Con ese nombre, los intendentes de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre llevan adelante un plan de construcción de barrios privados, oficinas, shoppings, hoteles y casinos. Para ello necesitan "tierras libres" que la zona supuestamente no posee. Los barrios a los que en principio apuntan son: Santa Ana y Bº San Isidro, en Boulogne; El Ceibo (Barrio Chino), en Vicente López; y su *gran desafío* La Cava, en Beccar. "San Isidro no es diferente" La Alianza local, como siempre, oculta estos objetivos especuladores tras discursos progresistas. Con su "Programa de Cuidado Comunitario" ha lanzado una campaña para convencer a los vecinos de "las virtudes" de la "urbanización" (..."para que entren los patrulleros"), a la que los trabajadores no tendrán acceso. También ha incorporado jóvenes al "cuidado" de grupos de niños de clubes de la zona y para recordarles quién les da chapas, ladrillos y colchones. "Araca La Cava": organicémonos El objetivo de la Municipalidad es claro. La única salida está dada por la organización del barrio en una "Comisión de Defensa de La Cava" que lleve adelante un plan de lucha para garantizar: • Construcción de viviendas para todos, bajo el control de los vecinos. • Empleo de los desocupados del barrio en la construcción de dichas viviendas. • Cuotas que no superen el 10% de los ingresos. • Indemnización sobre las construcciones ya realizadas por los vecinos.

El plan de "urbanización" de la Villa 31 de Retiro fue anunciado por primera vez en setiembre pasado, cuando el Gobierno de la Ciudad lanzaba su megaproyecto inmobiliario para el área Retiro-Puerto, que incluye la construcción de hoteles cinco estrellas y parques privados. Los planes oficiales de "urbanización" están parados en toda la ciudad; ¿se convertirán en realidad nada menos que en Retiro? Una expulsión "posible" El plan prevé un barrio de 400 viviendas. Pero en la Villa 31 viven casi 5.000 familias. Es decir que la "urbanización" excluirá a más del 90% de la Villa. La compra de las viviendas se hará con líneas de crédito, para familias que "califiquen". El resto tendrá que irse. El plan de radicación es, en realidad, de erradicación. Pero en la expulsión de la Villa 31 han fracasado todos los gobiernos patronales, antes y después de la dictadura militar. Lucha de buitres Un sector poderoso de la burguesía reclama, sin embargo, la erradicación lisa y llana de toda la Villa. El diario La Nación ha editorializado esta posición. Dentro del propio Estado porteño, un funcionario de Planeamiento Urbano acaba de atacar el plan recomendando "reubicar a los pobladores antiguos, darles una compensación (y) dispersarlos en grupos reducidos" (La Nación, 11/3). Al justificar ante La Nación su punto de vista, Ibarra dijo que su propuesta "evitará una lluvia de juicios" (11/3). Seguramente, se refiere a los derechos adquiridos por los vecinos como resultado del Plan Arraigo. La "operatoria" que se ponga en marcha, además de transformar a los villeros en deudores, los obligará a renunciar a esos derechos adquiridos. Aun para los que se queden, lo que se preparaen la Villa es una confiscación. La elección de delegados La Comisión Municipal de la Vivienda está impulsando la elección de delegados porque necesita de "interlocutores" para llevar adelante este plan de erradicación disfrazada. Pero las numerosas "comisiones participativas" creadas para las distintas villas y núcleos habitacionales de la CMV no han logrado avanzar en ningún sentido, esto porque el presupuesto de la Ciudad sólo destina dinero a la especulación financiera e inmobiliaria. Es previsible, entonces, que un cuerpo de delegados por manzana, como el que se podría constituir en la Villa 31, no tardará en chocar con los planes de Ibarra-Jozami. No casualmente la CMV ha propuesto a los vecinos de la Villa "acotar y delegar en una comisión ejecutiva" las atribuciones de los delegados, para "evitar demoras innecesarias", al igual que limitar los alcances de la revocabilidad de los que sean electos. La UCR, por su lado *haciéndose portavoz de los reclamos de La Nación* salió a librar una lucha a muerte contra la elección de delegados, donde no se han escatimado recursos para enfrentar a unos vecinos con otros. La puesta en pie de un cuerpo de delegados por manzana, revocable cada cuatro meses, sería, en este cuadro, un paso muy positivo. El Partido Obrero llama a defender la elección que está prevista para el domingo 18, y a discutir en todas las manzanas el programa que necesitamos para ese cuerpo de delegados. • Viviendas para todas las familias de la Villa. • Titularización inmediata, descontando el valor del lote y de las construcciones y obras ya realizadas en las casas anteriores. • Por cuotas que no excedan el 10% del ingreso del grupo familiar. Cuota cero para el desocupado, hasta que encuentre trabajo. • Por un plan de viviendas por autoconstrucción, empleando a los desocupados de la Villa con un salario mìnimo de 600 pesos.