Prensa Obrera N° 698

Las elecciones en la AMM se han transformado en la antesala de la crisis que atraviesan los sectores progresistas y de la pequeña burguesía desilusionados con el régimen de la Alianza (UCR-Frepaso) y el gobierno de De la Rúa, y de los cuales los médicos son una clara manifestación. El sentimiento de descontento y desilusión de amplios sectores de los médicos municipales, de hartazgo y bronca acumulados durante años en contra de la conducción sindical de la de la AMM, tiene su expresión más acabada en el reagrupamiento antiburocrático que se conformó en torno a la lista "alternativa", de la cual la agrupación Tribuna de Salud fue su activa impulsora. La burocracia de Girardi y Visillac no sólo se ha perpetuado al frente de la AMM desde hace más de 15 años, sus integrantes pasaron a ser funcionarios públicos (Lombardo, Buchbinder), y se han ocupado de garantizar sus propios intereses de clase y los del gobierno fondomonetarista, avalando con su accionar toda la política de privatización sanitaria y de deterioro de las relaciones laborales que éste ha impulsado. Una caracterización acertada En el acto realizado en la Legislatura porteña en el mes de diciembre de 2000 (ver PO N° 693) hacíamos referencia a esta tendencia objetiva y a la necesidad de un reagrupamiento de la oposición. El acierto de esta caracterización se expresa hoy en el fenómeno de un cuadro de deliberación creciente que recorre al gremio médico y que tiene su manifestación concreta en el surgimiento de listas filiales opositoras (a demás de la lista general "alternativa") en más de quince hospitales de la ciudad (el 50% de los hospitales), a las que se suma un número no determinado de listas que no pudieron presentarse por las trabas que impone el estatuto, la falta de experiencia de los compañeros y las presiones de todo tipo que el oficialismo ejerce (denuncia de candidatos y activistas, aprietes por intermedio de los jefes o los directores de los hospitales), en suma, la marca, de la podredumbre de una burocracia que ve amenazada su continuidad y sus privilegios. Alejados de las bases médicas A nivel general, la conducción de la AMM y la lista oficialista ("Integración") están desarrollando una campaña de desprestigio de la lista "alternativa" acusándola de ser la lista de los "zurdos" del PO. Apelando a la conquista del voto mediante el recurso del miedo, el autoritarismo y la discriminación ideológica, estos patoteros de guardapolvos blancos enquistados en los sillones de la AMM, son incapaces de presentar el más mínimo balance de su gestión, carecen de todo programa, ocultan que en su propia lista hay elementos descompuestos de la izquierda (Mas, PC) "integrados" al oficialismo y demuestran lo profundamente distanciados que se hallan de las bases médicas, es decir, de sus reclamos y sus reivindicaciones. Agrupar a la vanguardia El reagrupamiento antiburocrático que expresa la lista "alternativa" y la consolidación de listas "filiales" opositoras expresa el grado de maduración de un sector de la vanguardia de los médicos municipales. El desafío que se abre para la lista "alternativa" a partir de esta situación es sumar al conjunto de las listas filiales opositoras, detrás del programa de la lista "alternativa" para luchar por la recuperación de la AMM para el conjunto de los profesionales de salud, es decir, por un sindicato independiente del régimen y el gobierno de turno; por la plena vigencia de la asamblea hospitalaria como órgano superior de las decisiones colectivas, por la derogación de la "flexibilizadora" Ley de Empleo Público (Ley 471) y la vigencia de la carrera profesional, los nombramientos y el salario; por la recuperación del hospital público y gratuito, sin tercerizaciones ni privatizaciones (fundaciones, universidades privadas, cooperadoras, ONG); por la oposición a la desregulación de las Obras Sociales, a la privatización del Pami y a la Ley Osba (Ley 472), y por la denuncia del fraudulento presupuesto de salud y el reclamo de un aumento acorde a las reales y crecientes necesidades de la población. Hacer pie en la AMM es una tarea estratégica, en el camino de la toma de conciencia y el desarrollo de una corriente clasista entre los profesionales del arte de curar; Tribuna de Salud compromete en ello su esfuerzo militante.

La caravana del movimiento zapatista que debe llegar en pocos días más a la Ciudad de México, ha desatado a su paso un limitado interés popular y bastante curiosidad. Lo esencial es que ha dejado en evidencia las limitaciones de sus planteos: Marcos va al Congreso mexicano a reclamar una ley de derechos indígenas que obvia lo principal: la expropiación de los latifundistas y la entrega gratuita de la tierra a los campesinos. Gran parte del articulado de la proyectada ley ya ha sido acordado; el resto levanta objeciones de la derecha que atribuye al proyecto un exceso de autonomía regional que pondría en peligro la unidad del país. Pero el propio Marcos rechaza este propósito como absurdo. No en vano el presidente Fox alienta la caravana, de la cual espera un acuerdo que le permite proseguir con el gran mito que hoy prevalece en México: que con la derrota del PRI y el ascenso del derechista Fox, el país ha ingresado en una revolución democrática. La gran alternativa a la globalización capitalista, como la seudoizquierda europea ha presentado al enmascarado Marcos, no llega a la altura de un planteo de revolución agraria, que en México, luego de la experiencia de la revolución de principios del siglo XX, sólo puede tener un carácter anticapitalista. También está ausente el planteo de la unidad socialista de América Latina, es decir un plan de lucha continental para arribar a gobiernos obreros y campesinos. Estas carencias son lógicas, porque Marcos ha repetido más de una vez su fe en la democracia, desconociendo que ésta es la forma engañosa de una dictadura de clase. El programa que finalmente expondrá Marcos, nada menos que ante los legisladores, pone en ridículo a los izquierdistas argentinos que se vistieron con la efigie de Marcos anunciando amaneceres radiantes.

Cuando la ciudadanía suponía que los banqueros irían presos por lavado de dinero, De la Rúa decidió sorprenderla. Nombró a quien fuera hasta hace poco el presidente de la Fundación financiada por esos bancos, como flamante ministro de Economía. Así funciona el gobierno de la "transparencia" aliancista. No solamente esto, porque el feliz designado es el mismo que hizo carrera reclamando despidos en masa y reducción de salarios. El nombramiento, entonces, no es ya sólo una agresión contra el pueblo. Es un insulto. Es una provocación. Los burócratas sindicales no podrán seguir fingiendo que tienen un "diálogo" con el gobierno. Hasta Alfonsín y el Chacho han perdido el derecho al pataleo, porque López Murphy condicionó su aceptación del ministerio a "que se callen para siempre". Podrán seguir engañando al pueblo con sus discursos, pero no pinchan ni cortan, han quedado reducidos a figuras decorativas al servicio del imperialismo. Como de todos modos Machinea no se fue solamente por inútil sino por seguir a la letra el programa del blindaje que le confeccionaron el FMI y el Tesoro yanqui, a su reemplazante no le va a ir mejor. Las salidas fondomonetaristas están agotadas; sólo son viables las salidas contra el FMI, que impongan los trabajadores. Los buitres ya están sobrevolando sobre el nuevo gabinete, lo cual nos está diciendo que la crisis política es crónica. ¿Qué nos ofrecen los sectores patronales en disputa? Más ajuste y explotación; unos con la posibilidad de devaluar, otros con la de dolarizar. ¿Qué necesitamos los trabajadores? Un salario mínimo de 600 pesos por ocho horas; subsidio a los desocupados; reparto de las horas de trabajo; romper con el FMI; una unidad de los pueblos latinoamericanos para acabar con el imperialismo. Para esto hay que terminar con los De la Rúa-López Murphy, que de todos modos representan a un régimen agotado. A un régimen de coimeros y lavadores de dinero ilegal. Levantemos una salida política: la entrega del poder a una Asamblea Constituyente electa, que cambie las bases sociales y políticas de la Argentina.

El fracaso del referéndum del 18 de febrero contra la llamada Ley de Emergencia, abre el grifo a la privatización masiva de las empresas estatales. Pero la derrota encubre más de lo que revela y anuncia la constante radicalización política de los activistas obreros uruguayos. Es que el movimiento por el referéndum no fue iniciado por el FA-EP sino por algunos sindicatos, por sectores del movimiento de cooperativas de la vivienda y por algunos partidos de izquierda, entre ellos el Partido de los Trabajadores. Fue un movimiento de activistas sindicales y barriales que juntó contra viento y marea las 150.000 firmas necesarias para habilitar el referéndum. El FA-EP se pronunció por el Referéndum solo cuando no pudo envitar la convocatoria. Sin embargo, grandes referentes del FA lo boicotearon abiertamente. Seregni llamó a no votar, y otros dirigentes del FA-EP hicieron campaña a favor de "la conjunción de lo público y lo privado". La burocracia del PIT-CNT no hizo ninguna movilización ni paro, no sacó afiches ni propaganda. Tabaré Vázquez, el máximo dirigente del FA-EP, le dio al referéndum un perfil bajísimo, incluso señalando que si no se llegaba "no pasaba nada". Ni siquiera recurrió al derecho de usar a la radio y la TV para llamar a votar. La política de los dirigentes del FA no podía ser otra. Tabaré Vázquez se muestra "permeable" a las privatizaciones. El intendente Arana, de Montevideo, privatiza cotidianamente. Esto explica, que concluido el referéndem, el presidente Batlle propusiera un "diálogo social" al FA. El medio millón de votos salió entonces de un sector de militantes sindicales y barriales, a pesar de sus direcciones. Este movimiento tiene que convertirse en una fuerza política organizada independiente de la pequeña burguesía del FA. Claro que para imponer las privatizaciones aún falta librar una lucha física contra los despidos, los retiros "voluntarios" y las nuevas normas de flexibilización laboral que querrán imponer las empresas privadas. El instrumento para ello no puede estar dentro de FA.

Ante el conflicto suscitado por una nueva provocación de la patronal de Yacimientos Carboníferos Río Turbio S.A., a través de su subcontratista Desmontes S.A., que pretende flexibilizar aún más el régimen de trabajo, tratando de violar, nuevamente, actas oportunamente firmadas ante la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz en el mes de mayo del año 2000, la Central de Trabajadores Argentinos de Santa Cruz se solidariza con los compañeros mineros haciendo suyo el petitorio votado en Asamblea el 5 de marzo de 2001. Compañeros, la lucha nos une a los piqueteros de Mosconi y de La Matanza, a los petroleros del norte de nuestra provincia, lo que demuestra que la defensa de cada puesto de trabajo y de cada conquista es una cuestión de supervivencia. Ustedes nos dan un ejemplo de solidaridad y de unidad del movimiento obrero, ya que el personal de planta permanente y el contratado están juntos defendiendo sus conquistas laborales. • Planta permanente para todos los contratados. • 40 horas semanales (lunes a viernes). Abajo el diagrama flexibilizador. • Por un salario de 850 pesos. Abajo el trabajo negrero por producción. • Por el cumplimiento de la ley de seguridad e higiene. • Por el pago de todas las deudas. • Por el reconocimiento de la representación sindical de Ate Río Turbio. Fuerza, compañeros, la lucha es de todos y es hasta la victoria. ¡Viva la huelga minera!

El Mst saluda eufórico al Foro Social de Porto Alegre como "un importante paso adelante", porque "la mayoría de las fuerzas sociales presentes en el Foro resolvieron apoyar una declaración que elaboraron el Movimiento Sin Tierra y la Cut de Brasil, Attac y la organización Vía Campesina". Esto porque en la declaración "se convoca a nuevas acciones y se adoptan importantes definiciones, entre ellas la pelea (sic) por anular la deuda externa". La declaración, también exige que el FMI y los organismos imperialistas "cesen de interferir en las políticas nacionales", "demanda una reforma agraria democrática" y "procesos agrícolas sustentables" (como lo piden las organizaciones patronales del campo francés en su política proteccionista) y reclama "la introducción de impuestos sobre transacciones financieras". Lo que el Mst apoya, entonces, son las posiciones del ala derecha del Foro, aquella que plantea una reforma de ciertas prácticas capitalistas y la defensa reaccionaria de la pequeña producción. El Mst firmó, asimismo, otra declaración, junto a la organización internacional (UIT-CI) a la que está adherida y a otras organizaciones, en la que el avance estaría dado por un llamado a "coordinar las luchas contra el neoliberalismo". Programáticamente plantean que el "Foro se pronuncie y convoque a la movilización contra el pago de las deudas externas, por la conformación de un frente de países deudores que enfrenten juntos al imperialismo, y en apoyo a las luchas y organizaciones (…) enfrentan a sus gobiernos y a los planes de ajuste". Esta sería más positiva porque no dice nada de las barbaridades de la otra declaración general. Pero el Mst evita pronunciarse frente a los problemas planteados. Así, llama a luchar contra el Alca que promueve el imperialismo yanqui, pero no se pronuncia frente al Mercosur que apoya el imperialismo europeo, una parte de los monopolios y las burguesías nacionales. Se ve que los años de convivencia con el PC en la Izquierda Unida lo han acostumbrado a la adaptación política y a la maniobra.

La renuncia de Machinea no es otra cosa que la manifestación del fracaso del blindaje y de toda la política diseñada por el FMI y el Tesoro norteamericano para hacer frente a la bancarrota argentina. Machinea se fue luego de haber aplicado a rajatablas el ajuste que le fue recomendado, no por haber sido remiso en ello. Sólo dos meses después de la firma del blindaje, la tasa de interés de la deuda externa argentina volvía al desaforado nivel del 14% anual; la producción industrial de enero caía otro 5%; el déficit fiscal se desbordaba, naturalmente, en más de 400 millones de dólares. El jueves 1, la Argentina se encontraba de nuevo en cesación de pagos. A nadie, sin embargo, se le ha ocurrido que es necesario acabar con la política del FMI; por el contrario, la designación de López Murphy es puro continuismo. El próximo estallido está, entonces, poco menos que cantado. Lavadores a Economía De cualquier manera, la imposición de López Murphy es también una respuesta a las denuncias de lavado de dólares por parte de los bancos y a las denuncias contra el Banco Central. López Murphy, que como presidente de la Fundación Fiel, es un hombre de la Asociación de Bancos; llega a Economía como garantía de que las investigaciones no van a poner en riesgo los capitales y pellejos de los banqueros. Precisamente cuando la "Lilita" Carrió aparecía más convencida que nunca de que el "Estado mafioso" sería barrido de la faz de estas tierras, su gobierno aliancista puso al frente a un custodio de esos intereses. López Murphy ha sido recompensado con este nuevo puesto a pesar de haber declarado que renunciaría a continuar en el gobierno si Pedro Pou era expulsado del Banco Central por complicidad con el lavado de dinero y otras operaciones ilegales en beneficio de bancos ligados al Citibank. Es indudable también que el cambio ministerial tiene que ver con el peligro que las denuncias de lavado y la inminencia de una nueva cesación de pagos representaban para la convertibilidad. Machinea dio a entender que había presentado la renuncia porque sabía que se estaba preparando una corrida contra el peso. En ese caso es probable que hubiera preferido la devaluación a la dolarización; con López Murphy ocurriría lo contrario. De todos modos, está claro que en la democracia que supimos conseguir, a los ministros los voltean y designan los bancos, ni siquiera lo hace el Presidente. La Argentina ha vuelto a vivir así su cuota regular de golpes de Estado. Con la yapa, en esta ocasión, de que la mayoría de los funcionarios designados ya revistaron como tales bajo el gobierno de Galtieri. Ni gobierno de la Alianza, ni gobierno presidencial Desde el punto de vista político, la designación de López Murphy significa la virtual liquidación de la Alianza como coalición de gobierno. A diferencia de Machinea, el nuevo ministro no piensa tener en cuenta lo que digan Alfonsín o Chacho Alvarez. Al revés, al menos por un tiempo serán éstos los que tendrán que acatar al primero. Pero López Murphy no es tampoco un ministro presidencial, en el sentido de que represente una concentración del poder en De la Rúa. El gobierno es ahora un amasijo incoherente, lo cual queda todavía más en evidencia con las tratativas para incorporar a Cavallo. El gobierno que fue votado en octubre del ‘99 es una virtual ruina; la perspectiva de recomponerlo a la luz de los resultados de las próximas elecciones parlamentarias depende del ritmo con que se agudice la crisis. Desde la tropa de Cavallo se está hablando de un gobierno de "unión nacional", o sea de una coalición entre la Alianza y el PJ encabezada por Cavallo. Esta variante ayudaría por supuesto a clarificar las cosas, porque metería a todos los falsos opositores definitivamente en el mismo barco. Este tipo de alternativas demuestra que estamos ante el colapso del régimen político y de la política económica de toda la última década. La mano de los yanquis Dentro de la confusión muy natural de todos estos acontecimientos no debe dejarse de lado el hecho de que López Murphy ha sido visto por la diplomacia internacional como un representante de los sectores patronales que privilegian un acuerdo de libre comercio con el gobierno de Bush, aun si esto significara el fin del Mercosur. No es casual que la UIA y las automotrices europeas no se hayan mostrado entusiasmadas con el nuevo ministro. Mientras López Murphy insiste en la paridad del peso con el dólar, los secuaces de Cavallo han reflotado el propósito de atar el peso a una canasta de monedas, entre las que entraría el real brasileño. Esto implicaría una devaluación. Es claro, a partir de estos datos, que el gobierno está partido también por una crisis de alcance internacional. La crisis de gobierno se ha llevado consigo también al tándem del grupo Techint, o sea Machinea-Tizado, lo cual replanteará la lucha entablada entre la siderurgia y la industria automotriz. Una cuestión de poder Todos los sectores patronales intervienen en la crisis de gobierno con completo desparpajo, asumiendo con toda naturalidad el derecho que les da ser la clase dominante y explotadora. Pero los que sufriremos las consecuencias de la crisis seremos, por sobre todo, los explotados. Cuando se presenta una crisis política de fondo, no es posible continuar luchando por las reivindicaciones sin tener en cuenta esta crisis, es decir sin establecer una posición política frente a ella. Ignorar la crisis es pelear en el vacío. La crisis política no disminuye o atenúa la dependencia del gobierno de la Alianza respecto a los explotadores; la acentúa. Esta situación reactualiza, entonces, con mayor fuerza el planteo del Partido Obrero: que se vaya De la Rúa y se convoque a una Asamblea Constituyente libre y soberana. El régimen político está en plena descomposición, no tiene capacidad de gobierno; la podredumbre institucional es completa, desde el Senado al Banco Central. Ante esto, los trabajadores tenemos que abrirle una salida al resto de la sociedad, en oposición a los planes de recambio que tejen los capitalistas y aun el gobierno norteamericano. El gobierno votado en el ‘99 no existe más; la voluntad popular está burlada; López Murphy representa nuevas agresiones; el régimen como un todo no tiene capacidad de salida. El Partido Obrero plantea: fuera el gobierno incapaz, en descomposición, sin mandato y antiobrero; que se transfiera el poder a una Asamblea Constituyente. Esta perspectiva le daría un carácter concreto a las luchas: contra la reforma laboral, por un salario mínimo de 600 pesos, por el subsidio de 500 pesos a los desocupados, por la ruptura con el FMI. Le daría un carácter concreto a un paro general y a una huelga general indefinida para imponer las reivindicaciones. Este régimen político y social se tomó más de una década para desarrollar una experiencia que concluye en el completo agotamiento.

15 al 19 de marzo de 2001, Atenas, Grecia Los Balcanes y el Medio Oriente son ahora, más que nunca, una zona de tormentas históricas, una región donde todas las contradicciones del capitalismo global están condensadas y explotan. • La nueva Intifada del pueblo palestino; la elección del criminal de guerra Ariel Sharon, el carnicero de Sabra y Chatila, como primer ministro de Israel; y la formación de un gobierno sionista de "unidad nacional", marcan la erupción de una crisis que cambia todo el horizonte político en la región e internacionalmente. La estrategia desarrollada por el imperialismo norteamericano con el Acuerdo de Oslo para controlar el área ha fracasado. El "proceso de paz" ha demostrado ser un proceso para reducir a parcelas aisladas, a Batustanes, los territorios ocupados después de 1967, estableciendo un régimen de apartheid controlado por el Estado sionista de Israel. La revuelta revolucionaria del pueblo palestino es el producto y un poderoso factor de exacerbación de todas las contradicciones. El Estado y las estructuras políticas e ideológicas del propio sionismo están en una profunda crisis y en una declinación histórica. Las masas judías se encuentran en una trampa histórica. Del otro lado, la bancarrota del nacionalismo burgués árabe, que llevó a Oslo y a su fracaso, no pueden ocultarse más. La necesidad de una nueva estrategia revolucionaria para la emancipación de las masas palestinas oprimidas, forjando una difícil pero necesaria unidad con los trabajadores judíos contra el sionismo, es más urgente que nunca. La única solución estratégica viable, desde nuestra perspectiva, es el establecimiento de una República laica, democrática y socialista en todo el territorio histórico de Palestina, sin ninguna discriminación étnica o religiosa, en el contexto del rediseño de toda la región en los Estados Unidos Socialistas de Medio Oriente. • La tragedia de Yugoslavia, con más de una década de duración, dos años después de la guerra de agresión de la Otan y la posterior caída de Milosevic, está lejos de haber terminado. El continuo desmembramiento de la antigua Yugoslavia, como los choques armados en el sur de Serbia, las tendencias secesionistas del régimen de Djuganovic en Montenegro y la ocupación de Kosovo lo demuestran. El escándalo del uranio empobrecido mostró más allá de toda duda que la catástrofe "humanitaria" de 1999 fue una guerra nuclear de baja intensidad desatada por el imperialismo contra todos los pueblos de los Balcanes. El "Pacto de Estabilidad" promovido por la Unión Europea y los planes del FMI amplían el hambre y la miseria. El continuado proceso de integración en el mercado capitalista mundial destruye la vida de millones, enriqueciendo a las elites locales y al capital financiero internacional, alimentando los odios nacionales, el chovinismo, la xenofobia, el racismo contra los inmigrantes, el antisemitismo y las corrientes fascistas. La crisis no se limita a las diferentes repúblicas, mini-Estados y protectorados surgidos de la implosión de la antigua Yugoslavia; Bulgaria y Rumania también están cayendo en el abismo. La "ayuda" y los créditos del FMI y la Unión Europea no son la solución sino que empeoran los problemas: son instrumentos para esclavizarlas y controlarlas; para su recolonización. Tiene que ser elaborada una perspectiva alternativa para la emancipación radical de todos los pueblos explotados y oprimidos en los Balcanes. El Centro Socialista Balcánico "Christian Rakovsky" lucha por esta alternativa con la perspectiva de una Federación Socialista Balcánica, libre tanto del imperialismo como de las camarillas y mafias burocráticas y nacionalistas local que gobiernan. • En Turquía, la crisis económica y la intervención del FMI a fines del 2000 coinciden con una explosiva crisis política, como se manifestó en la heroica huelga de hambre hasta la muerte de los presos políticos y la bárbara represión del Estado. En el Kurdistán, a pesar de la captura de Ocalan y el abandono de la lucha armada por el PKK, corrientes subterráneas están preparando nuevas explosiones. • El conflicto entre las clases dirigentes de Grecia y Turquía no sólo sobre el Egeo y Chipre sino, sobre todo, por la hegemonía de la región y sobre quién será el mejor guardián de los intereses del imperialismo, produce tensiones y peligros de una confrontación bélica. • Los Balcanes y el Medio Oriente son el bajo vientre de la antigua Unión Soviética, cuya crisis, diez años después de su implosión *particularmente en Rusia y en el Cáucaso* no solo no ha concluido sino que se agudiza. La reabsorción del antiguo espacio soviético en el mercado mundial capitalista es una prioridad y un problema central no resuelto todavía por el capitalismo global, que se está convirtiendo fácilmente en una pesadilla *como lo demostró la cesación de pagos de Rusia de 1998. La extensión de la Otan a las fronteras de Rusia, su reorganización y nueva doctrina, la intervención de la Otan en los Balcanes, el desarrollo de un escudo de misiles nucleares por la administración de Bush, etc., demuestran la preparación del imperialismo para establecer su control por medios militares y una serie de Estados-guarniciones. El destino de millones de personas en esta vasta área está hoy mucho más ligada que nunca a la necesidad de una lucha común por la liberación de sus enemigos comunes, lo que es también cada vez más urgente y vital. Nuestro Centro fue fundado en enero de 2000, con posterioridad a la guerra de Kosovo, sobre la base del internacionalismo revolucionario. Nos consideramos parte inseparable de la lucha internacional de la clase obrera. Por esta razón, en setiembre de 2000 participamos en la movilización internacional contra las instituciones de la globalización capitalista, el FMI y el Banco Mundial, en Praga; y en diciembre 2000 en las manifestaciones de Niza, durante la cumbre de la Unión Europea. Sobre todo, estamos luchando junto con compañeros de todos los continentes para unir las fuerzas revolucionarias de tradiciones políticas históricas diferentes en la lucha por una genuina Internacional revolucionaria de los trabajadores. Ahora, estamos llamando a todos los activistas y organizadores que se ubican en el campo de la clase obrera y de la lucha revolucionaria, y se oponen a todas las burocracias, conscientes de la necesidad de una acción internacional para derrocar al capital y todas las formas de explotación y dominación, a tomar parte en el Seminario y en la Conferencia de los Balcanes y Medio Oriente, que se realizará en Atenas, Grecia, entre el 15 y 19 de marzo de 2001.

La aparición de un "arrepentido", que denunció la compra de un diputado del Frepaso por el PJ para asegurarse la aprobación de la Ley de Reforma (privatizaciones) del Estado, ha desatado una crisis política. Detrás de ella, planea la bancarrota del Estado delasotista y la creciente parálisis del aparato productivo provincial. Alfredo Morhun, asesor del senador Jorge Bodega, presentó las pruebas de la coima. Morhun denunció que Bodega recibió 400.000 pesos para restar su voto a la oposición a la privatización del Banco de Córdoba, de Epec y del juego. También es evidente por las declaraciones de Morhun y de otros empleados del bloque (como Adriana Lequizamón) la participación del presidente del Senado y vicegobernador de hecho, Carlos Presas, en la compra del senador. Presas sostuvo que "los costos políticos nosotros los pagamos en dólares". Morhun dice: "‘Todavía estoy esperando que contesten Chacho y Horacio Viqueira’. Con ello volvió a denunciar que el Frente Grande conocía la maniobra denunciada y sin embargo la ocultó. ‘No hicieron nada’..." (La Mañana de Córdoba, 14/2). Cuando Bodega cambió su voto y surgió la presunción de coima, el Chacho declaró que no se podía hacer una "oposición feroz" a las privatizaciones. Todo esto ocurre cuando el propio proceso de privatización se estanca a pesar de la Ley dictada con coimas. Epec debía estar entregada a fines del año pasado, luego ello se postergó para marzo, y hasta ahora ni noticias; con el banco sucede algo similar. La razón es que la crisis financiera ha hundido el valor patrimonial de las empresas a privatizar. La empresa AES, interesada en Epec, sugirió al gobierno provincial en noviembre la necesidad de postergar el proceso de privatizaciones porque "la crisis política y económica afecta el proceso de reforma del Estado ... hoy por hoy no hay mercado para financiar la compra" (La Voz del Interior, 10/11/2000). Las cotizaciones por las empresas a privatizar caen como resultado de la propia ‘oferta’ del mercado. La situación ha llevado al delarruista Olivera, presidente del Banco Nación, a manifestar interés por el Banco Provincia; la ‘contradicción’ (la privatización se convertiría en una estatización) sólo se explica por el interés de impedir que se caiga la privatización del Córdoba. ¿De la Rúa salva a De la Sota? En este caso agravará la crisis dentro del radicalismo, de cara a las elecciones de octubre. De la Sota había anunciado en su discurso a la Legislatura el 1/3 que "la Provincia está dispuesta a aceptar hasta un 60% del precio de las empresas a privatizar en certificados de cancelación de la deuda pública" (Comercio y Justicia, 2/3). El gobierno está desesperado por fondos; el endeudamiento provincial alcanza niveles escandalosos, el año pasado se tomaron 500 millones de deuda para solventar gastos corrientes y vencimientos y ya "en lo que va de este año la Provincia dio a conocer tomas de crédito por 184 millones de dólares" (ídem, 23/2); es decir, en dos meses, más de la tercera parte que en los 12 meses anteriores. Las finanzas públicas están en la lona por la caída de la recaudación, sólo disimulada por la moratoria, pero este año la situación se agravaría notablemente; sobre todo por el parate de la industria, ya no sólo de la automotriz (clave en la provincia) sino también de la lechera. Para completarla, el Pacto Fiscal con la Nación preblindaje, deja a la provincia con menos recursos. De la Sota ya recurrió a birlarle 10 millones a docentes y empleados públicos desconociéndoles las actualizaciones de los montos por antigüedad, para lo cual se valió de las obligaciones que emergen del Pacto Fiscal 3. El diputado cavallista Lamisovsky (de abierta simpatía con De la Sota) calculó que "en los últimos 5 años la evasión fiscal en Córdoba sumó los 8 mil millones de pesos y que buena parte de ese dinero fue al exterior y volvió con autopréstamos" (La Voz del Interior, 26/2), sumando así a Córdoba a la onda del lavado de dinero; no vaciló en ligar al mecanismo de lavado los 800 millones de dólares que quedaron de clavo en los bancos Provincia y Social y que primero Mestre, y luego De la Sota, estatizaron aumentando el rojo de las finanzas públicas y la miseria de los cordobeses. En este cuadro no queda otra salida que sacarse de encima a De la Rúa y a De la Sota y reorganizar todo la provincia y la nación de cabo a rabo, partiendo de los intereses de las masas; es decir, una Asamblea Constituyente soberana que imponga el reparto de las horas de trabajo, el subsidio de 500 pesos para los desocupados, el salario minimo legal en 600 pesos, la reestructuración de la industria en función de las necesidades de las masas, la apertura de los libros de las empresas y del Estado, y la creación de impuestos a los grandes capitales para impulsar un plan de desarrollo y dar satisfacción a los reclamos de los explotados. epsalas@hotmail.com

Aún antes de su fracaso estrepitoso, el ‘blindaje’ del FMI a Turquía había encontrado una impresionante resistencia popular. Entre el 11 de noviembre y el 1° de diciembre, centenares de miles de trabajadores turcos, encabezados por los empleados estatales, salieron a la huelga, ganaron las calles y paralizararon la vida de muchas ciudades, incluyendo sus fábricas. Desde el 20 de octubre, una huelga de hambre abarcó a casi mil presos políticos, sobre los 46 mil militantes populares condenados en las cárceles turcas, contra la iniciativa de transferirlos a nuevos presidios, conocidos como "tipo-F", por sus condiciones de aislamiento. Fueron transferidos ya 1.200 presos políticos y se produjo una masacre de por lo menos 50 presos a manos de bandas paramilitares. Según algunas versiones, la matanza alcanzaría a los mil presos políticos. Las movilizaciones contra el ‘blindaje’ reclamaron la amnistía general y la libertad inmediata de los presos políticos. Las organizaciones de izquierda turcas llaman a una campaña de solidaridad internacional con la lucha de sus presos políticos, reclamando el envío de miles de faxes a las siguientes instituciones de la república de Turquía: - Oficina del Primer Ministro, Bulent Ecevit: 0090 312 434 2110 - Ministerio de Justicia: 0090 312 414 6257 - Ministerio del Interior: 0090 312 418 7696

Lotes, puestos de trabajo y comida para los necesitados En Lomas de Zamora, frente a la estación El Olimpo, del ramal Temperley-Haedo de la ex línea Roca, 1.200 familias sin techo, en su gran mayoría desocupados provenientes de los barrios linderos y de otras zonas del Gran Buenos Aires de donde habían sido desalojados, ocuparon una gran franja de terrenos. El domingo 25/2, desde las 21 horas, se votó la ocupación y las familias pusieron en pie sus casillas, reclamando lotes de 10 x 20 m, puestos de trabajo y bolsones de comida. El día miércoles 28, después de innumerables provocaciones de la policía hacia los sin techo, un juez que responde a Ruckauf ordenó la represión, que fue tan violenta que los mismos jefes policiales confesaron luego al diario La Nación que hubo excesos. Los vecinos nos señalaron que no sólo se había apaleado a hombres, sino también a mujeres embarazadas, jóvenes y niños; que el grado de violencia fue muy alto, destruyendo junto con las precarias viviendas los pocos enseres domésticos que los sin techo poseían. Se denunció que hubo cerca de 15 heridos y 25 detenidos, que a los adolescentes los colocaron en calabozos junto a delincuentes adultos, que cuando una comitiva de vecinos fue hasta la seccional con el abogado, las autoridades policiales sacaron por la puerta trasera a los chicos, con la cabeza cubierta para que no fueran reconocidos. La brutalidad policial nos fue comentada por vecinas de esta forma: "Habitualmente hay un grupito de vagos que asaltan a la gente que transita por la estación, estamos cansadas de llamar a la comisaría de La Noria y a otras para que intervengan. Mientras a los chorros los protegen, a los vecinos honestos nos apalean". La lucha continúa, los vecinos reunidos están discutiendo tomar acciones concretas para que se oigan sus reclamos. Mientras tanto, los gobiernos nacional, provincial y municipal, como única respuesta, desenvuelven una acción de guerra abierta contra las masas necesitadas resguardando así los negocios de las privatizaciones del ferrocarril que saquean al país. ¡Viva la lucha de los desocupados de El Olimpo! ¡Fuera la represión! Libertad inmediata a los detenidos. Que se satisfagan todos los reclamos.

Se conformó la a Comisión de Vecinos y Desocupados de Villa Nueva (Berisso) ha arrancado un importante compromiso a los gobiernos municipal y provincial: 28 planes para el barrio, 100 bolsones de comida y materiales para la construcción de un comedor. Como otras comisiones de desocupados en lucha, la de Villa Nueva también tiene un origen piquetero. Durante el paro nacional de 36 horas, unos 100 desocupados y vedncs cortaron la entrada a Be-risso reclamando trabajo. El corte -que duró casi 20 horas- dejó planteada la organización de una comisión de desocupados y un conjunto de reclamos y mejoras para el barrio. Después del paro nacional, los desocupados de Villa Nueva comenzaron a censar la barriada inscribiendo a los compañero» por edad, oficio y núcleo familiar. Simultáneamente, comenzaron las asambleas barriales. En el mes de enero, se presentó el petitorio barrial y el censo de desocupados al intendente interino de Herisso, recibiendo por “respuesta"... que el intendente justicialista Juzwa estaba de vacaciones. Fue entonce» que una asamblea resolvió marchar a la Intendencia el día 24 de enero, con la decisión de imponer el re* eonocimieifta de la Comisión y de no volverse hastai forzaruna negociación con el gobierno comunal. Ese día, medio centenar de desocupados “hicieron guardia” y quemaron gomas frente a la Municipalidad, mientras una representación electa por los compañeros discutía con las autoridades comunales del PJ. El corte del 24 de enero tuvo una amplia repercusión periodística en Berisso y fue tapa del principal diario local. Mientras seguían las negodadones con el municipio y la provincia, se montó una olla popular en Villa Nueva, donde los piqueteros se mantuvieron al pie del cañón y en “asamblea permanente” hasta que regresó la representador Esta propuso aceptar los 28 planes ofreddos (13 más de los que inicialmente ofreda el municipio) y la distribución de las bolsas de comida a cargo de la Comisión. Se evaluó como muy importante haber impuesto que los compañeros ingresen a trabajar en planes para el barrio, permitiendo de esta forma mantener y preservar la organizadón. La asamblea de Vecinos y Desocupados tomó otras dos resoluciones de importancia. a) Elegir democráticamente a los compañeros que van a ingresar a los planes (incluyendo a jóvenes de 17 años que partídparon de los piquetes), b) Continuar el censo y las asambleas barríales para asegurar que so cumpla con los planes y la construcción del comedor, y para preparar un nuevo reclamo para pelear por todos los compañeros empadronados. Pero ante la amenaza derta de que se desconoderon los acuerdos pactados se convocó a una Asamblea Extraordinaria en el barrio, con la presencia del intendente. La asamblea retiñió a más de 100 vecinos y compañeros; y también se instaló una olla popular a 200 metros de la ruta. De la Asamblea partídparon compañeros de otros barrios, espedalmente de Barrio Obrero y de Villa Árgüello. Frente a la masividad y la firmeza de ésta, el intendente Juzwa tuvo que aceptar la mayoría de los reclamos. Así, el 15 de febrero, entraron a trabajar los 28 compañeros (con fecha retroactiva al Io de febrero). Además, la Intendencia se comprometió a completar el cupo de 50 planes reclamados originalmente. También hubo un compromiso de entregar nuevas bolsas de alimentos (fiscalizadas por la Comisión para que sean redbidas por los censados, que ya son cerca de 200 compañeros) y materiales para la construcdón de un comedor popular en Villa Nueva. La asamblea votó profundizar la organización y las asambleas semanales para luchar por la adjudicación inmediata de los 22 planes restantes y por trabajo para todos los censados desocupados.

La FTV (CTA) ha convocado junto a otras organizaciones a un encuentro de organizaciones de desocupados de todo el país para el próximo lunes 12 de marzo en la Iglesia del Sagrado Corazón (Ruta 4 y Camino de Cintura), ubicada en el corazón geográfico del último corte de La Matanza. La convocatoria ha sido presentada como un intento de "reordenarse y volver con cortes y protestas múltiples y simultáneas" luego de la marcha de los desocupados matanceros y del conurbano ante el Ministerio de Trabajo, cuyo balance sintetizó el propio Luis D´Elía, de la FTV: "No arribamos a nada, esto es la nada, (nos vamos) sin ninguna propuesta de este gobierno y nos han humillado" (Página/12, 23/2 y Crónica, 22/2). Aunque tienda a circunscribirse, de hecho, a las organizaciones del conurbano, la FTV (CTA) ha tomado una iniciativa que recoge el planteo de un Congreso Nacional de piqueteros y representantes de la clase obrera hecho por el Polo Clasista y el encuentro de organizaciones convocado por éste en la Fatpren (diciembre de 2000). Todas las organizaciones de desocupados deben ser convocadas y deben poder participar de este encuentro: la Coordinadora Departamental del Norte de Salta, los movimientos de lucha de los desocupados de Neuquén, del cordón de San Lorenzo, del conurbano bonaerense, de Córdoba. Es una cuestión de método fundamental, en particular frente a la ofensiva en regla que el gobierno de la Alianza y los gobernadores peronistas han desatado sobre las organizaciones de desocupados. El empadronamiento sigue en pie El gobierno nacional ha fijado el 10 de marzo como plazo máximo para el empadronamiento oficial de los beneficiarios de los planes Trabajar en La Matanza (8.400), en lo que constituye el banco de prueba de una ofensiva de proyección nacional. Viniendo de quien viene, el propósito de este empadronamiento no es el de "transparentar" el manejo de los planes, eje de la campaña de la Bullrich y la Alianza, sino atacar las conquistas de las organizaciones de desocupados en sus centros neurálgicos. Se quiere sustraer el manejo de los planes de las manos de las organizaciones de desocupados para colocarlo (de nuevo) en las de los punteros y funcionarios y dar paso a la utilización de los planes como mano de obra barata para las empresas. Allí está el acuerdo con los gobernadores que plantea utilizar los planes Trabajar en la industria automotriz para que las patronales puedan tomar trabajadores por 160 pesos y reemplazar a los "viejos". O el llamado Plan de Infraestructura, que permite que los Techint y los Roggio dispongan de la misma franquicia. O los programas oficiales del Ministerio de Trabajo que convierten los recursos destinados a los planes en subsidios a las empresas capitalistas. Detrás de esta conspiración política contra las organizaciones de desocupados existe un vasto frente político que no existió en los anteriores cortes. El intendente de La Matanza "prometió colaborar en la confección de un padrón único de beneficiarios que tiene como objetivo controlar los fondos (sociales)" (La Nación, 16/2). El Frepaso, a su vez, es la punta de lanza de esta ofensiva. (El empadronamiento se ha convertido así en un acto de clarificación política. Los partidos patronales que se lanzaron junto a la jerarquía eclesiástica a construir el Comité de Emergencia para encuadrar a las organizaciones de desocupados y mantener en sus manos la distribución de los planes, se han colocado sin disimulo en la vereda del empadronamiento oficial y el rechazo a los cortes.) El Futrade (Frente Unico de Trabajadores Desocupados) de La Matanza ha hecho un llamamiento público "a todas las organizaciones con las que hemos compartido día a día cada una de las luchas", a organizar en común el boicot al ataque del gobierno, un enorme piquete obrero sobre cada una de las oficinas de empleo para defender cada uno de los planes, exigir nuevos planes para todos los empadronados y defender el control de los planes por las organizaciones creadas por los trabajadores. "La gente quiere seguir luchando, pero recibió un golpe" La sensación que quedó en el activismo luego del levantamiento de la marcha al Ministerio de Trabajo fue sintetizada de este modo a Crónica (23/3) por una "fuente" del movimiento de lucha, pero fue aun mejor sintetizada por una compañera de Laferrere: "Siempre ganábamos y ahora no, lo que hizo más duro el golpe". Cualquiera puede darse cuenta que los reclamos enarbolados por La Matanza *10.000 planes Trabajar y el cumplimiento de los compromisos asumidos en cuanto a reconstrucción de escuelas e infraestructura* suponían un monto ínfimo en las cuentas públicas. Pero las organizaciones de desocupados tuvieron que actuar esta vez frente a un pacto político del gobierno de la Alianza y los gobernadores del PJ contra los piqueteros, enderezado a quebrar un movimiento de lucha en ascenso y el surgimiento de una dirección obrera de alcance nacional. La provocación montada contra los dirigentes de la FTV (CTA) de La Matanza, el empadronamiento, el planteo de utilizar a los planes como mano de obra para las empresas, son todos aspectos de una política de "Estado" que ha unido a la Alianza, al PJ y al Frepaso. La tregua Diez días de corte en La Matanza, 22 en el norte de Salta, 12 en Varela, los cortes en la zona sur, la marcha de los desocupados a la Capital, la inmolación del compañero Rubén Arias en Neuquén en lucha por su vivienda, los despidos masivos en Alpargatas y la industria automotriz; nada de esto fue suficiente para alterar la tregua de la CGT "rebelde" y de la CTA. Hugo Moyano ni apareció en el corte de la ruta 4, la CTA no organizó siquiera un paro regional. Por todo esto sonó a burla, en la asamblea final en el Ministerio de Trabajo, el planteo de De Gennaro de convocar a un paro "recién" el 4 y 5 de abril. La política de "concertación" de la CGT "rebelde" y de "gabinete de emergencia" de la CTA (que ha tenido su catástrofe final con la designación de López Murphy) mostró, de cara a los desocupados en lucha, que su función es paralizar al movimiento obrero y preservar un gobierno en crisis. En el corte se planteó una salida En las asambleas previas a la decisión del nuevo corte en La Matanza, dirigentes de la FTV (CTA) y de la CCC tuvieron que enfrentar votaciones mayoritarias a favor de ocupar la ruta 3, el lugar histórico de los cortes, o el puente del Km 29. La posición final de ir a la ruta 4 (una ruta provincial de menor movimiento) fue duramente resistida desde el inicio porque "si no se corta en un punto más neurálgico, significa que hay un retroceso político" (José Villalba, Futrade, PO 697). Fue un señalamiento de la CTA y la CCC sobre los límites dentro de los cuales se pretendía orientar al movimiento. Por estos mismos límites no se planteó el reclamo de un inmediato paro general (expuesto en la tribuna de la asamblea que decidió la marcha al Ministerio de Trabajo por el Futrade) y se hostilizó el planteo, hecho por el Polo Clasista en el mismo escenario, de convocar un plenario de representantes de todos los cortes y movimientos de lucha para "ocupar" el centro de la Capital en función de un reclamo y un comando común de lucha. Aun la propuesta de "acampar en la Plaza de Mayo" o en el Ministerio de Trabajo hasta arrancar los reclamos, que fuera expresada en la tribuna del corte por dirigentes de la CCC, se fue deshilachando a medida que la movilización marchaba hacia el centro de la Capital, y luego fue directamente desechada. De conjunto, la política de adaptación a la tregua de las centrales sindicales enchalecó la conducta de las organizaciones de mayor peso en la movilización. Vale para la FTV, parte orgánica de la CTA, pero también para la CCC, cuya "unidad popular" consiste en el reflotamiento del fracasado "comité de enlace", es decir el frente "único" con las burocracias alternativas. Qué proponemos Llamamos a intervenir masiva y activamente en el encuentro de las organizaciones de desocupados para fijar un programa y un plan de lucha. Los convocantes han lanzado el llamado a una movilización de los desocupados a pie hacia la Plaza de Mayo para el martes 20 de marzo, llamado que debe ser apoyado y organizado en cada uno de los distritos. Un objetivo aún más importante debe ser intervenir en la movilización del 24 de Marzo, para convertir esta marcha en una imponente demostración de fuerzas de los desocupados, de los activos y de los jóvenes contra el gobierno colonizado (más que nunca) por el FMI. Pero, ¿nos quedamos ahí? Por los tiempos limitados con que se ha convocado el encuentro, no existe la posibilidad de que éste se convierta realmente en una reunión nacional. Por eso planteamos que uno de los objetivos del encuentro es el llamado y la convocatoria a un Congreso Nacional de Piqueteros y representantes de la clase obrera en el período inmediato, que puede convertirse en la referencia nacional de todo el movimiento de lucha existente en el país. El encuentro del 12 puede avanzar hacia el objetivo de quebrar el empadronamiento, convocando a una acción común en cada distrito para defender cada uno de los planes y arrancar los miles que están pendientes. Esto, como el conjunto de los reclamos, supone la puesta en pie de plenarios de organizaciones y representantes en cada distrito para actuar como un solo puño. El movimiento de lucha de los desocupados debe fijar un programa propio frente a los que pretenden convertirlo en una "masa asistencial crítica" sin derecho alguno. El horizonte de la clase obrera no puede ser el plan Trabajar o un bolso alimentario, sino exigir trabajo o subsidio de 500 pesos, un salario mínimo de 600, la recuperación del 82% móvil para los jubilados, la derogación de la reforma laboral, la jornada de ocho horas, la eliminación de los impuestos al consumo y la concentración de la carga impositiva en las ganancias y lucros de los grandes capitalistas.

El sábado 24 de febrero se realizó la fiesta de inauguración del nuevo local del Partido Obrero de Ituzaingó, a la cual asistieron alrededor de cincuenta compañeros. La fiesta se desarrolló bajo un gran clima de camaradería y compañerismo. El número de compañeros de por sí es anecdótico, ya que lo destacable es el hecho de haberse cobrado un bono y de que, más allá de la grave crisis económica que afecta a la clase trabajadora, estos compañeros comprendieran que la construcción del partido de la clase trabajadora es cuestión de todos. La intervendón política estuvo a cargo de la compañera Nora Biaggio, quien hizo fundamental hincapié en dos puntos: el gran paso adelante que significa la apertura del nuevo local del PO y, como segundo punto, la necesidad de ganar las calles este 24 de Marzo con miles y miles de traba jadores y desocupados. Esta movilización no deberá ser meramente conmemorativa, sino todo lo contrarío: deberá ser un gran día de lucha en con tra de este gobierno hambreador y represivo. Desde el círculo de Ituzaingó somos conden tes de la gran responsabilidad que nos toca, así como sabemos también que la lucha será ardua difícil; pero el hecho de saber que vamos por el ca mino correcto nos da la sufidente fuerza para se guir luchando. Por eso, hoy más que nunca la consigna es Socialismo o Barbarie. ¡Adelante compañeros, que la victoria será nuestra!

El viernes 23 de febrero se levantaron los cortes que sitiaban las refinerías de Perez Companc (Refinor) y Techint (Tecpetrol). Los piqueteros reclamaban puestos de trabajo y un salario aproximado al del convenio petrolero, concretamente que se pague 2,50 pesos la hora o 500 de básico y decían no al ‘salario’ del convenio flexibilizado de la Uocra (0,95 pesos). El día anterior se había planteado una situación límite. Ante el despliegue de la gendarmería, que dividió los cortes y las localidades, el piquete en Campo Durán colocó camiones cisterna rociados con combustible con la amenaza de meterlos en la destilería en caso de represión. A esas horas se movilizaron más de doscientos trabajadores de Astra Evangelista, beneficiarios de un corte victorioso anterior, que arrancó los 2,50 pesos horarios. Estos compañeros hicieron vacilar a la represión, pero a la vez propusieron levantar el corte a cambio de una negociación con las empresas garantizada por la gendarmería (trabajadores de esta obra están formando un Sindicato de Oficiales Especializados, para tentar un camino propio de relación con las empresas). Apoyándose en su número y en el cansancio de los 20 días largos de corte, lograron el levantamiento. Luego se pudo dialogar con los referentes empresariales de Refinor y Tecpetrol, quienes acordaron entregar algunos puestos de trabajo. En el caso de Refinor, 18 puestos (8 para Aguaray, y otros 10 repartidos entre Tartagal, Mosconi y Pocitos, con salario no discutido), y se comprometieron a respetar a la Coordinadora en futuros ingresos en dos gasoductos, uno a Bolivia y otro a Chango Norte. En estos gasoductos se prevé el ingreso de 600 compañeros. Antes de este corte, ferozmente hostigado por la dupla Romero (gobernador) * Storani, los piqueteros habían logrado que dos empresas, Panamerican y Pluspetrol, se avinieran a pagar 2,50 pesos la hora en todas las obras y servicios del área petrolera y aceptaran tomar 400 trabajadores en una obra en la que pensaban tomar 150. El resto de las patronales no ceden (existen contratistas que prácticamente no pagan sueldos, sólo los salarios familiares que a su vez paga el Estado). Por eso se volvió a este nuevo corte. Al momento de cerrar esta nota, marchamos a una asamblea de la Coordinadora de Desocupados de Tartagal, en la que se va a plantear un balance del corte y la necesidad de desarrollar a fondo la organización del movimiento en esta localidad, con la elección de un cuerpo de delegados. De conjunto está planteada la iniciativa de convocar a un segundo Congreso de la Coordinadora Departamental de San Martín, una extensión a otras localidades y un encuentro en Salta Capital para ayudar a constituir el movimiento de los desocupados.

La lucha de la Coordinadora Departamental de San Martín acaba de terminar con la obtención (luego de levantado el corte en la destilería) de una veintena de puestos de trabajo y el compromiso de Refinor y Tecpetrol de incorporar a unos 600 trabajadores para las obras de dos gasoductos, conforme a los listados de la Coordinadora. Algunas contratistas pagarán los 2,50 pesos la hora, pero no se ha logrado generalizar este piso salarial. Había sido y es el reclamo central de esta lucha que se extendió por 23 días con dos piquetes en la zona de la destilería y tres piquetes solidarios en Mosconi, 40 kilómetros al sur. El corte pudo sostenerse todo ese tiempo porque la Coordinadora y sus dirigentes tienen la autoridad de haber encabezado las luchas de los últimos años y haberle impuesto a las empresas y al gobierno un conjunto de conquistas (aumento salarial, planes Trabajar, obras públicas, alimentos, etc.). Luego del Congreso de las Comisiones de Desocupados de diciembre se avanzó, además, en una coordinación de las luchas de las cuatro comisiones (en esta última estaban Tartagal, Mosconi, Aguaray y Pocitos). Este conflicto había conquistado el apoyo de las poblaciones, como pudo verse en el paro y abandono de planta que hicieron los 400 compañeros de Astra-Evangelista, que ante la amenaza de represión se movilizaron en camiones y recorrieron 40 kilómetros hasta llegar a reforzar el piquete principal. También ese día en Aguaray se produjo una autoconvocatoria y la ocupación de la planta de descarga de camiones, al mismo tiempo que se concentraban los compañeros de los planes Trabajar de Tartagal, en alerta. Las intervenciones públicas del Partido Obrero en los medios tuvieron mucha repercusión, siendo la única tendencia política jugada por el triunfo de los piqueteros. La lucha de los compañeros puso "el dedo en la llaga" y reavivó el repudio popular contra las petroleras que toda la vida han saqueado el departamento, que hoy tiene más del 50% de desocupación, serios problemas para el abastecimiento de agua potable y hasta ausencia de redes de gas domiciliario en una cuenca gasífera por excelencia (la segunda productora de gas del país). Todo esto, sin embargo, no alcanzó para derrotar al gobierno y a las empresas. Tecpetrol es Techint y Techint es Machinea, Tizado y Cia *es decir, el gabinete económico*; Refinor es de Perez Companc. Esta es una lucha que golpeaba en el corazón del gobierno, para triunfar había que convertirla en una lucha de todo el pueblo, había que convocar asambleas populares en cada localidad para organizar el paro activo con cortes en toda la zona, por los 2,50 pesos de mínimo y por el fondo hidrocarburífero de 200 millones en base a la ganancia de las petroleras para industrializar la zona. Para ganar hay que mejorar la organización de la Coordinadora, editar un boletín propio, extender la elección de delegados de todos los trabajadores ocupados y desocupados y preparar un nuevo Congreso Departamental que discuta un balance y relance la lucha, en la perspectiva de un Congreso Nacional de Piqueteros que permita unificar un programa y las medidas de lucha en todo el país.

A pocas semanas de asumir, el gobierno de Ibarra anunció con "bombos y platillos" una "solución definitiva" para el centenar de familias que habitan el derruido edificio del ex Patronato de la Infancia (Padelai) de San Telmo. La ‘salida’ consistía en una línea de créditos preferenciales de hasta 30.000 pesos para los actuales "ocupantes", destinados a la compra de lotes o viviendas en la Ciudad o en la provincia de Buenos Aires. Los frepasisas presentaron este convenio como una victoria de los habitantes del Padelai. Pocos podían imaginar que estábamos, en realidad, ante una verdadera confiscación. De quién es el ex-Padelai En 1991, y como resultado de la lucha de sus ocupantes, la Municipalidad de la ciudad accedió a firmar un convenio con los habitantes del ex-Padelai, agrupados en la "Cooperativa de Vivienda San Telmo". El acuerdo transfería a esta cooperativa el 70% de los derechos de propiedad del predio, reteniendo la municipalidad el 30% restante. El acuerdo planteaba también la reconstrucción del predio, con aportes de la Ciudad y de los vecinos. A pesar de los esfuerzos económicos y personales de los habitantes del Padelai para ello, los sucesivos gobiernos *menemistas primero, aliancistas después* no aportaron un centavo, en un esfuerzo evidente para hacer "caer" el convenio de 1991. Ya bajo la administración de De la Rúa, comienza a urdirse esto, que pasa esencialmente por negarles los derechos adquiridos a las familias del Padelai. En los considerandos de la "operatoria crediticia" que se puso en marcha el año pasado, los diputados aliancistas insisten en que "la solución cooperativa fracasó", por "responsabilidades comunes de los gobiernos de turno y de los habitantes". Pero ningún "fracaso" podría negarles sus derechos de propiedad. La operatoria crediticia se urdió, precisamente, para conculcar esos derechos: el decreto 1621, que pone en marcha esta "operatoria", condiciona el otorgamiento de los préstamos preferenciales a la firma de un convenio de desocupación. El contenido de ese convenio no tiene desperdicio: en primer lugar, trata a las familias de Padelai como "ocupantes", y no como propietarias. En la tercera cláusula del convenio, los "ocupantes" "renuncian y/o ceden y/o venden y/o transfieren al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todos los derechos de propiedad, posesión y/o tenencia que tuvieran o pudieran corresponderles sobre la propiedad a ser desocupada, y que eventualmente entendieran que les corresponde (por) normas dictadas con anterioridad al presente convenio, renunciando a todo reclamo futuro en razón de lo aquí pactado". Naturalmente, la cláusula se refiere *aunque sin nombrarla* a la escrituración de 1991. La operatoria consiste, sencillamente, en liquidar los derechos adquiridos por las familias del Padelai, y transformarlas ... en deudoras del Gobierno de la Ciudad. El Estado capitalista, respetuoso de la propiedad privada de los medios de producción, no tiene escrúpulos a la hora de violentar y usurpar los medios de vida de la población trabajadora. Nuestra salida Pero incluso la infame salida de los "préstamos preferenciales" está empantanada: "Muchos de nosotros estamos desocupados, o tenemos ingresos inestables, que no nos ‘califican’ para los préstamos que nos quieren dar. Nos quedamos porque no vamos a tomar un préstamo hipotecario para que nos ejecuten y desalojen dentro de un año", explicaba a Prensa Obrera uno de los vecinos del Padelai. Pero estas vicisitudes no cuentan para los "progres" porteños: ellos quieren el predio vacío, para sumarlo a los negocios inmobiliarios y a la industria del turismo. "En este terreno ya está pensado un centro comercial que se comunique, a través de un tranvía ‘exclusivo’, con los restoranes de Puerto Madero". Como los vecinos se niegan a tomar los préstamos, y reclaman por sus derechos, los funcionarios "apuran" con amenazas y hostigamiento. La comisión de vecinos del ex-Padelai ha denunciado a la funcionaria Alicia Vasconcelos *ligada según los vecinos a inmobiliarias de la zona" por haber "construido dentro del predio una casa prefabricada, donde, cual garita de campo de concentración, empleados del Gobierno de la Ciudad controlan el ir y venir de los miembros de la Cooperativa." También son frecuentes los allanamientos policiales de madrugada. Estos son los métodos con los que se quiere "acelerar" la solución anunciada en setiembre pasado. El Partido Obrero plantea: basta de intimidación. Investigación del accionar del gobierno aliancista. La salida para las familias del Padelai debe pasar por el reconocimiento de sus derechos de propiedad sobre el inmueble. Sobre esta base, planteamos que los préstamos a otorgar a las familias tengan como garantía hipotecaria al propio edificio del Padelai, y sean integralmente cancelados por el Gobierno de la Ciudad cuando éste lo venda o lo rente. El predio del Padelai vale veinte millones de dólares, y la salida para sus habitantes implica un costo que no supera los tres millones. Una venta del Padelai debería aportar para un Fondo de refacciones y compra de viviendas para centenares de familias sin techo de la zona sur de la ciudad. Este es el planteamiento de la banca del Partido Obrero.

En una votación bochornosa, la Legislatura porteña refrendó el decreto de "necesidad y urgencia" dictado por Ibarra que limita el resarcimiento a los afectados por la inundación en Belgrano y barrios aledaños a un descuento en el 70% del impuesto de alumbrado, barrido y limpieza y patentes automotores durante un año, pero que otorga una "ayuda económica directa" a "las personas que desarrollen actividades económicas, comerciales o de servicios", es decir, a los empresarios. Los campeones de la "democracia participativa" legislaron, así, para un puñado de inmobiliarias y comercios grandes de Belgrano, no más de 400 personas. Los progresistas porteños que siempre tienen a mano pruritos "constitucionales" no tuvieron reparos en parir un mamarracho legislativo: el decreto modifica tributos, una atribución que corresponde a la Legislatura, y viola el principio de igualdad ante la ley. La "necesidad y urgencia" del gobierno por sacar el decreto no obedecían entonces a una premura por empezar a indemnizar, sino por ponerle punto final a los reclamos, y limitarlos a los 580 recibidos hasta ahora, que corresponden principalmente a comerciantes. Al suprimir al vecino de cualquier resarcimiento, la ley y el decreto le dieron forma legal al pacto que, horas después de la inundación, firmaron Ibarra y Osvaldo Distéfano, presidente de la Cámara de Comercio de Belgrano y ex funcionario delarruista. Allí, se acordó repartir la ayuda económica entre la élite del comercio y las inmobiliarias de la zona. Repudiando este arreglo, los vecinos de Belgrano formaron una comisión por la indemnización inmediata, y repudiaron a Distéfano cuando realizaron su primer "corte de calle". El decreto fue votado por los diputados de la Alianza, de Justicia Social (Irma Roy) y de Cartañá. Pero la Alianza se aseguró también la abstención del bloque de Beliz-Cavallo. Nunca, como en esta sesión, resultó tan claro el carácter trucho de la oposición caballo-belicista. Encuentro por la Ciudad se abstuvo más allá de su compromiso con la Alianza (aunque no logró nada a cambio), para evitar una fractura, ya que una parte de sus diputados planteaban rechazar el decreto. Cuando, en la votación "en particular", se dio la posibilidad de incluir a los vecinos afectados, varios de los más importantes "referentes" de Beliz se "borraron" del recinto. Inquilinos, ocupantes, propietarios de departamentos y de casas en propiedad horizontal en la zona norte de la ciudad: el que fuera electorado de la Alianza ha sido despojado sin piedad por parte de sus representantes progresistas. El Frepaso porteño se ha convertido en una ventanilla de los grandes intereses inmobiliarios. Bajo el peso de este viraje brutal, el norte de la ciudad sacará sus conclusiones. Los planteos del Partido Obrero El Partido Obrero rechazó el "decreto de necesidad y urgencia" de Ibarra, y presentó como alternativa tres proyectos de ley sobre las inundaciones. En los fundamentos de su resolución, el PO señaló que "la inacción durante la tormenta, pagada con vidas humanas; la impotencia y la postración ante los monopolios empresarios; todo ello revela una crisis de gobierno, es decir, política". El PO caracteriza a esta crisis "como el punto culminante de un proceso que integran, entre otros hechos, el derrumbe del Colegio Moreno y el reguero de accidentes de trabajo en las obras de construcción, donde también se puso de manifiesto una incapacidad de fondo para asegurar los medios de vida *y la vida misma* de la población de la ciudad". En referencia al "decreto" de Ibarra, el PO denuncia que "el gobierno ni siquiera pretende reparar los medios de vida afectados, sino que ha decretado poner a salvo los medios de producción de los propietarios capitalistas afectados comercialmente por las lluvias". A partir de estos fundamentos, el PO presentó tres proyectos de ley: el primero para la formación de una comisión investigadora de la obra del aliviador del arroyo Vega; el segundo se refiere al funcionamiento y habilitación de los geriátricos de la ciudad. Finamente, planteamos la creación de un fondo indemnizatorio para los damnificados por la inundación, a partir de un impuesto extraordinario a las grandes empresas del distrito. Con este fondo, la ley del PO plantea la indemnización integral para los inquilinos y propietarios de vivienda única con propiedades de valor inferior a los 100.000 pesos, así como a los comerciantes unipersonales. En cambio, se plantea un resarcimiento restrictivo para los restantes propietarios y comerciantes. Para la evaluación de los daños, el PO planteó una Comisión con mayoría de representantes de los vecinos y representantes legislativos.

Desde hace dos años el pueblo de Belén viene dando una dura lucha para arrancar soluciones a diversos problemas reivindicativos. Al calor de esa lucha se ha ido afirmando la confianza en la autoorganización y la lucha piquetera. Así Belén vio el desarrollo de una organización de Desocupados, del Movimiento de la Voz del Pueblo y del movimiento de Los Sin Techo. En diferentes momentos estos movimientos, mediante los cortes de rutas, la ocupación de la plaza central del pueblo y otras medidas de acción directa, han obligado al gobierno a dar solución al problema del abastecimiento de agua, la instalación de un generador local de electricidad, la creación de caminos alternativos para que los camiones de la Alumbrera no transitaran más por el centro del pueblo, el otorgamiento de planes Trabajar, arrancando en una última gran lucha, la promesa de construcción de 150 viviendas para los sin techo. En el marco de esta lucha reivindicativa, las mujeres han estado en la primera línea de lucha siendo mayoría con relación a los hombres en el corte. El PO es el único partido que actúa en estos movimientos de lucha, y como reflejo de ello es el único que presenta una lista de candidatos representativos de la lucha, con la peculiaridad de que está formada integralmente por mujeres. Así, Raquel Aguirre, dirigente de ATE, del movimiento de desocupados e integrante de La Voz del Pueblo, encabeza la lista de Concejales; Rosa Villagra, integrante del movimiento de desocupados, va en 2° lugar; Gloria Ituriza, docente integrante de la lista antiburocrática que impulsó Tribuna Docente en Ateca, va en 3° lugar; Romina Isasmendi, estudiante de Danza como 1° suplente y Nancy Villafañes, del movimiento de desocupados, como 2° suplente.

Mientras Minera Alumbrera reiteradamente ha declarado, sin pelos en la lengua, que espera obtener beneficios por 10.000 millones de dólares en 20 años, equivalente a 500 millones anuales, el Estado provincial sólo obtendrá 100 millones, 5 millones al año, lo que representa sólo el 1% de los beneficios del pulpo minero. Desde que los grandes pulpos mineros hicieron su irrupción en la región, el régimen político catamarqueño se ha adecuado en función de proteger los enormes superbeneficios de aquéllos. Así, el gobierno del Frente Cívico aceptó sin oposición del PJ o del Frepaso en la Legislatura, las exigencias de Minera Alumbrera, para llevar a niveles irrisorios las regalías. Incluso dieron piedra libre a la empresa para que las regalías se pagaran deduciendo los costos de producción. El gobierno y todas las fuerzas políticas patronales hacen la vista gorda ante las infernales condiciones de trabajo que imperan en la mina y ante la destrucción impune del medio ambiente (deterioro, contaminación de las tierras y aguas). En contraste con los superbeneficios asegurados a los pulpos mineros, el presupuesto provincial queda condenado a un congelamiento por 5 años, dando lugar a nuevos ajustes contra los trabajadores, los municipios y la educación pública. El gobierno se jacta de que Catamarca ha salido de la emergencia financiera, pero mantiene la rebaja salarial, y están en carpeta nuevas medidas de racionalización en el ámbito educativo que serán aplicadas luego de las elecciones del 25 de marzo. Fuera del ámbito minero, el Estado provincial está virtualmente quebrado y todos los años tiene que ser rescatado por el Estado nacional. Lo mismo ocurre en el terreno de las industrias ‘promocionadas’, hasta el punto que de 180 empresas en esa condición sólo quedan 40, muchas de ellas aplicando despidos, suspensiones y recortes salariales; el caso más elocuente es el de Alpargatas. Los artesanos o los pequeños productores agrarios están asfixiados por la imposibilidad de recurrir al crédito, y sometidos a todo tipo de despojos por los grandes comercios y la industria. Frente a este panorama que condena a Catamarca a un atraso perpetuos y a su población trabajadora al hundimiento de sus condiciones de vida, hay una salida, y ella pasa por desconocer la deuda pública y elevar las regalías al 50%, o sea al equivalente de 250 millones de dólares al año, que sumados a lo que se paga anualmente por intereses de la deuda pública, duplicarían los ingresos del Estado catamarqueño. Con esto se podrían elevar los salarios en el ámbito estatal a un mínimo de 600 pesos e impulsar un plan de industrialización y colonización agraria y de obras públicas que atienda las urgentes necesidades de la población (viviendas, agua, cloacas, caminos).

El jueves 22 de febrero Metrovías informó a través de un comunicado publicado en la revista interna de la empresa (Comunicándonos, edición especial) que a partir del sábado 24 ponía en funcionamiento un nuevo reglamento operativo en la línea B, prescindiendo de los guardas en los trenes. El mismo día comienza a sacar a esos compañeros de sus funciones y pone en funcionamiento un sistema de apertura y cierre de puertas de los trenes operado desde la cabina del conductor (con la consecuente sobrecarga de tareas para ésta). Pese a que este "experimento" fue realizado en la primera jornada con personal jerárquico, el ataque sorpresivo de Metrovías tuvo una inmediata respuesta de los trabajadores, que rápidamente convocaron a una Asamblea en la Línea B, en el mismo momento en que la dirección de la UTA convocaba a un plenario de delegados en el sindicato. El plenario de delegados no pudo sesionar porque los trabajadores le exigieron a la dirección gremial que se realizara en la línea con los trabajadores presentes. En ese plenario se votó: 1) Parar el viernes 23. 2) Una comisión integrada por delegados y trabajadores para que participe en las negociaciones con la empresa, rechazando la reubicación de los guardas en otras áreas y exigiendo que conserven sus puestos de trabajo. 3) Un comunicado de prensa informando al público usuario del posible conflicto. 4) Un volante dirigido a los pasajeros. 5) Una Asamblea General para el lunes 26. La medida votada se implementó con un fuerte y preciso acatamiento de los trabajadores desde las 8 hasta las 9 horas del viernes 23. La empresa respondió con 220 despidos de todas las líneas y de los talleres Rancagua y Constitución. A las 15 horas, el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria, previendo la continuidad del paro por la furia que desataron los telegramas. La conciliación *tiene un alcance de 15 días- prohíbe las medidas de acción directa, pero obliga a la empresa a dejar sin efecto los despidos y a reincorporar en sus tareas normales a los guardas. Los trabajadores debemos tener presente que esta decisión de la empresa de liquidar los puestos de trabajo de los guardas contó con la complicidad de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (autoridad de aplicación) y los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. La patronal se apresta, durante el período de conciliación obligatoria, a quebrar la resistencia de los trabajadores de la Línea B a fin de desarticular el conflicto, presionando a los guardas para que acepten la reubicación y a los conductores para que se recarguen de tareas y responsabilidades. Debemos responderle poniendo en pie: 1) Comisiones de lucha en todas las líneas y talleres. 2) Fondo de huelga. 3) Asamblea General para votar el paro a la finalización de la conciliación obligatoria, si todos los compañeros no estan reincorporados y los guardas realizando su tarea habitual. La patronal y la Bulrich violan la conciliación La notificación a los trabajadores en sus lugares de trabajo de que la empresa deja en suspenso los despidos (no el levantamiento de los mismos); la salida de trenes con el guarda, pero sin que éste desempeñe sus tareas habituales (abrir y cerrar puertas, etc.), y los telegramas de despido posteriores a la conciliación (aunque luego suspendidos): todo esto configura una ruptura de la conciliación obligatoria por parte de la patronal de Metrovías. Ante esta situación y faltando pocos días para la primera audiencia de conciliación, un grupo de delegados solicitó por escrito al sindicato la convocatoria a un Plenario para el miércoles 28/2. A pesar de la oposición de UTA, los delegados y trabajadores se autoconvocaron en la sede gremial el día solicitado, exigiendo el debate con la dirigencia gremial de problemas. Los trabajadores de las diferentes líneas piden que se ponga fecha a la Asamblea General y que se denuncie en el Ministerio la violación patronal de la conciliación. El Ministerio de Trabajo tomó parte por Metrovías al no exigirle la restitución del guarda a su puesto de trabajo con sus plenas funciones. Desoye incluso a Subterráneos de Buenos Aires (dueña estatal de la empresa concesionada), que en un comunicado desaprueba el funcionamiento de trenes sin guardas, porque atenta contra la seguridad de los pasajeros. La complicidad entre la Bullrich y Roggio quedó en evidencia desde el momento del paro, cuando la ministra hizo declaraciones a los medios atacando a los trabajadores por impedir el funcionamiento de los trenes, sin dar importancia a que el sistema "propuesto" (mejor dicho, impuesto) por Roggio no sólo amenaza la fuente de trabajo de 40 guardas, sino que pone en riesgo la seguridad de los pasajeros. Victoria obrera en la Legislatura Al cierre de esta edición, la Legislatura votaba por unanimidad un proyecto de declaración de Jorge Altamira, cuyo texto rechaza los 218 despidos y la supresión de guardas en la línea B. Numerosos trabajadores del subte estuvieron presentes en la sesión y con su presencia garantizaron esta votación favorable.

Lo que sigue es el pronunciamiento que impulsa la Comisión de Apoyo a la Campaña Nacional e Internacional contra la condena a este luchador A las organizaciones gremiales, cuerpos de delegados, comisiones internas, asociaciones civiles, personalidades, funcionarios, organismos y representantes de organizaciones de derechos humanos, abogados laboralistas, movimientos y comisiones de desocupados, representantes de la cultura y organizaciones políticas y sociales de la Argentina e internacionales. A todos los trabajadores ocupados y desocupados. A todos los luchadores sociales: Nos dirigimos a Uds. para poner en su conocimiento y solicitar su apoyo solidario y activo en la campaña por el repudio y el reclamo de nulidad contra el fallo de desafuero sindical que la Justicia laboral argentina ha emitido contra un luchador combativo y dirigente gremial clasista, del gremio gráfico y del movimiento obrero. Néstor Antonio Pitrola, Secretario General de la Comisión Interna de Editorial Atlántida (plantas de las localidades de Azopardo y Garín), dirigente y primer congresal de la Lista Naranja Gráfica y primer congresal por la minoría del Sindicato Federación Gráfica Bonaerense, ha sido sentenciado con un fallo "ejemplarizador y punitivo" contra las luchas de los trabajadores por sus derechos más elementales. Su apelación ha sido denegada anteponiendo los intereses patronales al derecho de huelga y movilización por los puestos de trabajo, traspaso en caso de venta, condiciones salariales y laborales contra la flexibilización laboral, que fueron sostenidas con la lucha y la unidad de clase de los trabajadores de Atlántida durante la dictadura y en democracia, hasta la ocupación ante su cierre y cambio de firma en marzo del ’97. El fallo y sus ratificaciones imponen los intereses de los pulpos monopólicos que dejaron en la calle a casi cuatrocientas familias, por inmensa mayoría aún desocupadas, del mismo modo que sus nuevos dueños siguen avasallando las conquistas de los trabajadores activos en sus empresas sucedáneas, arrasando para ello con los fueros sindicales que protegen la organización sindical y la cobertura gremial del compañero Néstor Pitrola, quien reclamó y sigue reclamando su reincorporación. El compañero es también uno de los primeros dirigentes "sentenciados" de entre los 2.500 casos de luchadores prontuariados, lo que sienta un nuevo precedente de "represión legal", sobre el avasallamiento de nuestras conquistas (flexibilidad, despidos, cierres, atraso en los pagos de aguinaldo y vacaciones, rebaja salarial y extensión de la jornada, precarización y tercerización, privatización de la jubilación, obras sociales y educación. El fallo coloca en un plano delictivo nuestros métodos tradicionales de lucha: las ocupaciones de fábrica, los cortes de ruta, los piquetes, de los cuales los trabajadores de Atlántida fueron pioneros y de lo que son hoy parte como trabajadores activos y desocupados junto con sus familias. La ratificación de la sentencia condena indirectamente a nuestro compañero a la desocupación forzosa y al pago de casi 6.000 pesos por el juicio que lo inhibe de sus fueros sindicales por luchar por los derechos de la clase trabajadora. Comisión de Apoyo a la Campaña Nacional e Internacional Enrique Marano , por la Comisión Directiva de Fatida (Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta y Afines) Edgardo Quiroga , Secretario General de la CGT San Lorenzo Jesús Martín Iadarola , Secretario General de Foetra Capital y Sergio Sosto , Secretario de Prensa, por la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina Mónica Galván , Secretaria General de CTA Santa Cruz Ricardo Mercado, Secretario Gremial de Adosac, Sindicato Provincial de Docentes de Santa Cruz.