Prensa Obrera N° 694

A mediados de diciembre, más de 40 delegados de distintas comisiones de desocupados nos reunimos para lanzar una movilización unitaria por el subsidio navideño, aumentando el pedido a 300 pesos. El lunes 18, cuando el gobierno pensaba que la movilización se haría hacia la Casa de Gobierno, donde había movilizado a sus punteros para generar disturbios, Neuquén apareció aislada por tierra y por aire. Más de 2.000 compañeros se encontraban bloqueando el aeropuerto, la ruta 22 en Plottier, la ruta 7 en Centenario y Cinco Saltos, y los puentes que unen Neuquén con Cipolletti. Otra vez, como en el 95, Sobisch mandó la represión contra los desocupados, mientras difundía una campaña macartista, destacando con insistencia la presencia de los militantes del Partido Obrero. A pesar de esa campaña y del amplio dispositivo de seguridad desplegado en la mayoría de los barrios, el mismo día de las detenciones, más de 200 desocupados, junto con la multisectorial de organismos de derechos humanos, CTA y partidos políticos, nos movilizamos a las comisarías, prácticamente arrancando a los compañeros que se encontraban detenidos, incluyendo a los 11 procesados, por los cuales se está reclamando el desprocesamiento. A las 24 horas de la represión, marchamos nuevamente hacia la Casa de Gobierno reclamando el desprocesamiento y el subsidio navideño. Ante el pedido que realizamos en la multisectorial, la CTA convocó a un retiro a partir de las 9 de la mañana, pero la movilización fue mayoritariamente de desocupados, ya que la CTA no se ocupó de trabajar "el paro" en los organismos públicos ni de hacer publicidad por los medios como en otras ocasiones. Una comisión de 6 compañeros fuimos recibidos por miembros del gabinete y aunque no tuvimos respuestas positivas, las autoridades sintieron que la disposición a la lucha no había tenido mella a pesar de la represión. Ante una nueva convocatoria de la Coordinadora para el día 28 a las instalaciones de Repsol, para reclamar los 10.000 puestos de trabajo prometidos por el gobernador al firmar el acuerdo a favor de la petrolera, el propio Sobisch, en una actitud desesperada, salió a los medios a decir que sólo queríamos ir a romper las instalaciones de Repsol. Contra las provocaciones, la movilización no cambió su rumbo y ante un gran dispositivo de seguridad logramos que tres compañeros fuéramos recibidos por las máximas autoridades de la empresa. Reclamamos por el trabajo y porque la multinacional financie un subsidio hasta que se genere ese trabajo. Ante nuestros planteos, los directivos le tiraron la pelota al gobierno y hasta desmintieron a Sobisch, diciendo que ellos no tenían la perspectiva de generar tantos puestos de trabajo. Los medios de prensa, radios y canales de televisión presentes en la movilización difundieron la verdad sobre los famosos puestos de trabajo que habían generado tanta expectativa en la población. El gobierno se tuvo que llamar a silencio. A pesar de no haber arrancado el subsidio, el ánimo de lucha no ha cambiado; los compañeros de todas las comisiones nos preparamos para reorganizar la lucha en enero, mediante asambleas en los barrios y el contacto con otras localidades. El gobierno no logró su principal objetivo, que era liquidar a la Coordinadora de Desocupados para poder avanzar en un nuevo ajuste contra los trabajadores estatales y docentes. Por eso, en su balance del año, Sobisch "culpa a cierta dirigencia de "su partido" por la pérdida de protagonismo barrial en manos de sectores combativos que llegaron a poner en riesgo la tan mentada paz social" (La Mañana del Sur, 31/12). En el 2001, hay que consolidar la unidad lograda en el movimiento de desocupados y concretar la unidad con el resto del movimiento obrero, para arrancarle nuestras reivindicaciones al gobierno hambreador y represor.

"Nosotras, Madres de Pico Truncado, solicitamos al Municipio de nuestra localidad: 1) Un trabajo para todos con un sueldo de 350 pesos. 2) Ayuda en el suministro de energía eléctrica. 3) Ayuda en el suministro de gas". Con este programa, un grupo de Madres de Pico Truncado se han encadenado frente a la intendencia de Pico Truncado, en la lejana Patagonia santacruceña. Hace una semana que están a la intemperie. El intendente del PJ quiere "arreglar" subsidios por 120 pesos. Pero las madres piqueteras se han negado a ello. ¿Quién puede vivir con 120 pesos mensuales? El FUT santacruceño ha sacado una declaración provincial y movilizó a 30 compañeros, con la compañera Mónica Galvan, dirigente del Adosac y de la CTA provincial, e integrante de la Mesa Nacional del Polo Clasista, en un acto realizado junto a las madres encadenadas. Esta lucha está empalmando con la de los municipales locales, que ven amenazadas sus fuentes de trabajo por "tercerizaciones" truchas. Mucho cacareo "nacional y popular" de Kirchner, que la posa de opositor combativo, pero en su provincia privatiza, condena al hambre a los desocupados y a la superexplotación (presentismos bárbaros) a los trabajadores, mientras las riquezas del subsuelo se la llevan los monopolios. Las adhesiones a la lucha de las Madres de Pico Truncado: faxearlas a la Intendencia (0297-49992900) con copia para las luchadoras (0297-4852975).

El lunes 8, un trabajador de los supermercados Coto se quitó la vida, disparándose un tiro en la boca, dentro de la sucursal de Segurola y Elpidio González. Juan Carlos Molina había sido despedido arbitrariamente el día anterior. Entre la negativa del jefe de personal a concederle una entrevista y la presión de la empresa para hacerle firmar una renuncia (para no pagarle la indemnización), Juan, desesperado, optó por quitarse la vida. Luego del crimen-suicidio la patronal tapó el cadáver con cartones y cercó el lugar con changuitos, quería seguir trabajando para que no cayeran las ganancias del día. Una enérgica acción de sus compañeros de trabajo y vecinos obligó, finalmente, a cerrar el supermercado. Juan Carlos tenía sólo 19 años, y esperaba el nacimiento de un hijo. Como él hay miles. Y no sólo en Coto, sino en todos los grandes supermercados. Ganan salarios miserables, están sometidos a despidos arbitrarios (precedidos por presiones psicológicas para que presenten su renuncia y no pagarles indemnización), trabajan horarios extenuantes de 12 horas y las horas extras no son abonadas, no tienen descanso sábados ni domingos. Las patronales supermercadistas han impuesto a fondo la flexibilización laboral. Quieren formar una juventud sumisa, domesticada, que tiemble ante la amenaza de la desocupación y se resigne a salarios de 200 pesos mensuales. Esa juventud trabajadora no tiene organización sindical que la defienda: Cavalieri, del Sindicado de Comercio, es uno de los ógordosó burócratas que transitan los despachos del gobierno y los patrones, que se enriquecen entregando las conquistas del movimiento obrero. Frente a ello se levanta otra Argentina. La piquetera. La que acaba "después de 15 días de permanencia en la plaza de San Justo" de imponer los reclamos de los desocupados ante la Intendencia de La Matanza. La que se encadena en Pico Truncado, rechazando los óplanes Trabajaró de 120 pesos, reclamando puestos de trabajo de 360 pesos. La de las huelgas con piquetes, como las de los conductores ferroviarios o los gráficos de Recali, que obligaron a la reincorporación de los despedidos. La de los trabajadores de la alimentación de Terrabusi, que luchan por reincorporar a cesanteados e impedir que la patronal imponga la jornada laboral de 12 horas. La de los choferes de la 98, que están parando para cobrar salarios atrasados. En la provincia de Buenos Aires todos los días se producen tres suicidios (en su mayoría por causas sociales). La muerte de Juan Carlos debe ser castigada y su familia indemnizada. Hay que imponer en los super, la elección democrática de delegados para defender nuestros derechos y romper la prepotencia patronal, asentada en la destrucción de la organización sindical. Prohibición de despidos y traslados. Jornada de 8 horas. Respeto al descanso en sábados y domingos. Salario mínimo de 600 pesos. La superexplotación de Coto es un botón de muestra de la ofensiva antiobrera que llevan adelante el gobierno aliancista y las patronales. Se anuncian nuevos despidos en el Pami y entre los trabajadores estatales. Se preparan nuevos tarifazos (trenes, colectivos, subtes, agua, etc.) contra el bolsillo del trabajador, mientras los capitalistas no invierten en la mejora de los servicios, como lo evidencian los cortes de luz que acompañan, como todos los años, al calor. El 2001 se inaugura con nuevos decretazos antiobreros (contra las jubilaciones y las obras sociales, etc.). Seguir soportando este régimen es marchar al suicidio colectivo. Basta de treguas. Paro General de 72 horas. Que se vayan los hambreadores al servicio del FMI. Asamblea Constituyente soberana.

Después del gran corte de La Matanza, realizamos este reportaje a la Lista Gris de la UOM regional. La publicación, demorada por el paro nacional y los grandes acontecimientos de fin de año, vale por su contenido ¿Qué es la Lista Gris? Es una agrupación pluralista con más de diez años en La Matanza y tres presentaciones electorales en la UOM, con cambios importantes a partir de 1996 que explican que hoy, por ejemplo, estemos en este corte. Hubo tres listas de oposición en la UOM, si hablamos de oposiciones no ligadas a la burocracia ni a desprendimientos de ésta: en Mendoza, en Entre Ríos y en Matanza. El manejo electoral, los estatutos, todo el proceso es proscriptivo. En este contexto pudimos armar la lista legal, con 54 candidatos que deben ser o haber sido delegados y tener dos años ininterrumpidos en la actividad. A la Gris no le interesa sólo la elección del gremio, sino como un paso en la lucha de los trabajadores por la real conducción, que es la conducción del país, de la economía dirigida por los trabajadores. De los 2.600 que votaron, más de 600 no son metalúrgicos activos (jubilados, empleados de la clínica, del sindicato y de la mutual). Encontramos votantes que venían de Capital y de otros lugares que no eran metalúrgicos, traídos por apoyaturas políticas al "Ruso" Gdansky (Agrupación Rucci, Brunelli), como el pierrismo y las empresas que trabajaron para él. La Marrón (oficialista) sacó 1.800 votos y la Gris 800 (un 30%) en medio de un fraude imponente. Llevamos 318 compañeros a votar, pero sólo pudieron hacerlo 90 porque el resto no estaba en el padrón. Casi 700 no pudieron votar. En el padrón figuraban 12.000 trabajadores, lo que duplica la cantidad de trabajadores reales y, además, está manipulado. Sacamos más del 35% de votos en Acindar, más del 35% en Dema, más del 75% en Vasconia, más del 70% en Philco. En muchos casos sin delegados. Pero a la vez que consignamos esta experiencia riquísima, una conclusión contundente: así no se le puede ganar. Este es nuestro debate hoy, no haber podido ganar esta elección en la que fuimos a 350 fábricas, repartimos 5.000 volantes en mano, hicimos más de 70 asambleas en fábrica. Se expresó un sector con nosotros, pero el 70% se abstuvo. La gente no cree en este tipo de organizaciones y por eso la rediscusión entre los luchadores es cómo salir de esta situación. En la lista hablamos de enfrentar no a una conducción, sino a un sistema. En el debate previo se habló de unir a las oposiciones sindicales en un poderoso movimiento de recuperación clasista de los sindicatos... El corte de La Matanza (de noviembre) ha sido un triunfo en medio de los golpes que han sufrido los trabajadores y el campo popular. Es una bocanada de aire fresco. Lo tomamos no como un techo sino como un piso, para trabajar en la unidad. Pero en la unidad ¿para qué? Para la lucha por la liberación nacional y social, para no pagar la deuda externa, para que los productos importados no entren y fundan a la industria pero que los beneficios no sean para los empresarios, sino para los trabajadores. Nos interesa una economía al servicio de los trabajadores.

Los alfonsinistas, los Moreau y los Santín fueron los verdaderos artífices de la baja de las jubilaciones que el gobierno consumó a fin de año por medio de un decreto de necesidad y urgencia. Ahora, sobre el Frepaso recae la tarea de que el Congreso no rechace ese engendro antiobrero y anticonstitucional, algo que ya comenzó a hacer Carlos "Chacho" Alvarez, suavizando las críticas al decreto y dando en este punto "libertad de conciencia" a los legisladores frepasistas. Es decir, todo lo contrario a directivas claras y contundentes a favor del rechazo del decreto. Es sabido que De la Rúa demoró casi un mes en firmar el decreto previsional porque tenía la oposición de la Alianza. Por eso, mientras lo acusaban de vacilante y dubitativo, De la Rúa se tomó el trabajo de negociar con Alfonsín y Moreau algunos retoques menores a cambio de apoyar el corazón del decreto, que no es otra cosa que la rebaja de las futuras jubilaciones. Así se mantuvo el sistema público, que deliberadamente está destrozado, y se cambió la suba de la edad jubilatoria de las mujeres por algo más pérfido: rebajarles aún más los haberes, si se jubilan antes. El ómoreauistaó Eduardo Santín fue el encargado de esta tarea ósuciaó, mientras Melchor Posse miraba para el costado. Según el propio gobierno, con el decreto, los que se jubilen después de mayo cobrarán, en promedio, un 13% menos. Y en el caso de las mujeres que se jubilen a los 60 años, además, tendrán una quita del 15%. El propio gobierno calculó que con esas rebajas se pagarán 12.000 millones de pesos menos en jubilaciones entre el 2001 y el 2015 (BAE, 29/12). De esta manera, los jubilados son los que pagarán directamente con una poda en sus jubilaciones la deuda externa que contraen los grandes personeros del imperialismo y el capital nativo. Así de directa es esta confiscación. El argumento oficial, que elaboraron el propio Moreau y los alfonsinistas, es que el gobierno no puede asegurar la jubilación básica de 200 pesos (PBU) porque no tiene financiamiento. Este argumento retrata a los estafadores. Porque la PBU se estableció en 1994 y su financiamiento estaba asegurado con los aportes patronales. Lo que sucedió es que desde 1995 se redujeron los aportes patronales, agravando el déficit previsional y el déficit fiscal. En lugar de restituir los aportes patronales, De la Rúa, Alfonsín y Moreau, siguiendo el libreto del Fondo Monetario, decidieron reducir y/o eliminar el beneficio previsional. Los moreauistas, possistas y alfonsinistas, que se pasaron un año asegurando que abrirían las puertas del sistema previsional público a los afiliados a las AFJP, concluyeron como marionetas de la jubilación privada y del FMI. Ahora, recae sobre el Frepaso ponerle el broche final al decreto impidiendo que el Congreso lo rechace. Aunque los frepasistas parecen estar activos y aseguran que en marzo impulsarán su rechazo por el Congreso, lo real es que los líderes del Frepaso "Chacho Alvarez y Darío Alessandro" no participan de esa iniciativa. Página/12 reveló que, en este punto, los frepasistas están divididos y que Chacho y Alessandro ya le dieron garantías al FMI y al gran capital de que no van a derogar el decreto antiobrero de De la Rúa. En su momento, fue el propio Alvarez el que sugirió a De la Rúa sacarlo por decreto, para mantener la unidad de la Alianza, con un poco de teatro de fondo. La CGT de Moyano dejó pasar todo este ataque con una cena de Nochebuena junto a la Iglesia. La CTA brilló por su ausencia. El Partido Obrero plantea: Paro general hasta que el gobierno anule el decreto reaccionario de rebaja jubilatoria. Jubilación mínima de 500 pesos. Anulación de la jubilación privada. Transferencia de los fondos de las AFJP al Estado. Control obrero de las cajas jubilatorias.

Sigue la conciliación obligatoria entre las patronales y La Fraternidad Cuando los "fraternales" salieron al quite de colaboración "por 300 pesos de aumento salarial, la reducción de la jornada a 7 horas 15 minutos y la formación de una comisión de seguimiento de los temas de seguridad e higiene - la patronal largó la provocación de los despidos. La respuesta fue contundente: huelga general y piquetes para garantizarla en todas las líneas. El Ministerio de Trabajo tuvo que echar lastre dictando la conciliación con los despedidos adentro. Esta lucha ha contado con la inmensa simpatía de las bases ferroviarias y de toda la población trabajadora, incluidos los usuarios. La pelea por las reivindicaciones mencionadas tiene por marco la inminencia de la discusión de los convenios colectivos. Desde la privatización ferroviaria el convenio único ha sido destruido, y reemplazado - mediante una normativa inscripta en los propios contratos de privatización - por convenios separados de cada línea. En el caso de La Fraternidad existe una diferenciación salarial de 80 pesos en el básico mensual, y diferencias también en la duración de la jornada en las distintas líneas. El 22 de enero vence la conciliación ministerial. El triunfo de los fraternales es de interés de todos los ferroviarios. En particular ante la inminencia de las paritarias en todas las especialidades (Unión Ferroviaria, Señaleros), que van a replantear la discusión de las condiciones salariales y laborales. Que los conductores de todas las líneas hayan salido a luchar juntos facilita la imposición de un convenio único, contra el convenio por línea que desune y debilita a la clase obrera. También en la Asociación de Señaleros, como en la Unión Ferroviaria (UF), se ingresa a paritarias en un cuadro de retraso reivindicativo. En la UF campea la miseria salarial y se acumulan reclamos por las condiciones laborales y de seguridad (accidentes que han cobrado vidas de trabajadores de Vías y Obras). Ahora la burocracia de Pedraza largó un quite de colaboración por seguridad, que suena a maniobra frente a las próximas elecciones del 13 de febrero, donde ha surgido una amplia lista opositora en numerosas secciónales y para la Directiva nacional. Cuando este número de Prensa Obrera esté en la calle, estará sesionando el Congreso de la Asociación de Señaleros, que deberá discutir un planteamiento de convenio. Asistimos al surgimiento de un nuevo activismo en el ferrocarril que tiene por delante un programa de intervención dirigido a recuperar las conquistas arrebatadas por las patronales y recuperar los sindicatos para una política de clase. El Partido Obrero propone: ¥ Que se convoque a asambleas de La Fraternidad para votar la preparación de la huelga indefinida si las empresas no retiran los despidos en todas las líneas; que reafirmen la lucha por los 300 pesos y la reducción de la jornada y el plan de lucha para imponerlo. ¥ Que la Unión Ferroviaria y la Asociación de Señaleros convoquen a asambleas para adoptar medidas solidarias con los conductores y resuelvan elevar ya un pliego de reclamos propio que incluya el aumento salarial y la lucha por el convenio único por especialidad. ¥ Que las centrales obreras convoquen a un inmediato Paro Activo Nacional de 72 horas en respaldo a todas las luchas, por la prohibición de los despidos, salario mínimo de 600 pesos, seguro de desempleo de 500 pesos.

La justicia laboral habilitó el desafuero y, por lo tanto, mi despido en la causa que Atlántida me sigue desde 1997. El fallo sanciona la caída de la tutela sindical, dando por buena la imputación patronal "por apropiación de la empresa", "con apoyo de un grupo de activistas, obligando al grueso del personal a plegarse a sus violentos designios"; falsedades patronales y policiales, expresadas en el juicio penal que se sigue en Campana. El fallo de esta jueza tildada de "progre" en el ambiente, no tiene desperdicio en su carácter reaccionario y antiobrero. Me acusa a mí y, por ende, a la Comisión Interna, del virtual secuestro de los heroicos compañeros que sostuvieron 14 días de ocupación, de piquetes en las puertas de las fábricas y movilizaciones en los puntos más distantes, como en Plaza de Mayo, en el aniversario del golpe militar; que cortaron rutas y realizaron "peajes" solidarios al frente de la fábrica, en Ford, Siderca y decenas de fábricas, y festivales populares; que marcharon en manifestaciones de centenares con sus familias y hasta miles con las delegaciones solidarias a la puerta de la sede de Azopardo; que rechazaron el primer intento de desalojo el 1¡ de abril, ante más de mil policías, donde nadie pidió salir, sino que algunos pidieron entrar, trasponiendo el cerco policial; que sostuvieron, después del desalojo, una carpa durante 45 días más de piquetes obreros; que llegaron en manifestación a Plaza de Mayo el 1¡ de Mayo, para compartir la tribuna con las luchas del momento, entre ellas las de los piqueteros de Cutral-Co. Esto habla del fallo por sí solo. Pero, además, el fallo ataca el derecho de huelga, que, según la jueza, "no puede afectar sustancialmente la continuidad de los servicios, ni el orden social, ni la paz pública". Ataca la huelga por haber sido resuelta por una Asamblea de fábrica y no por la "entidad sindical", cuando toda huelga fabril o de empresa es así y el sindicato acompañó formalmente a las audiencias. El derrotar jurídica y políticamente un fallo de este tipo es esencial para la lucha de la clase obrera. El fallo dice que mi persona "no responde a lo que puede esperarse" de un delegado, que "debe constituirse en un ejemplo de ética, respeto a la ley, laboriosidad y eficiencia en las negociaciones, con una adecuada capacidad de comunicación". Después de 15 años de elecciones sucesivas por los trabajadores de la fábrica, en aprobación de nuestras luchas y convenios, e incluso para representar al conjunto del gremio (secretario adjunto por tres años) y, más todavía, después de que en abril pasado el 40% del voto de 120 talleres (30% en forma oficial) renovara esa confianza, la justicia laboral falla contra la soberanía de la clase obrera para elegir sus representantes y le marca lo que corresponde al modelo elegible. Llega al extremo de opinar que "los hechos no produjeron una situación distinta para los trabajadores" a pesar de que el otorgamiento irregular del recurso de crisis trucho habilitaba objetivamente indemnizaciones reducidas, y que por ello lo impugnamos y rechazamos con la lucha. La sentencia dice que jamás el derecho de huelga "puede afectar otro derecho constitucional", como es el de la propiedad privada. Pues entonces, no hay derecho de huelga, porque precisamente se trata del derecho a afectar la producción de los medios privados de producción por medio de la huelga. Hemos apelado el fallo y sus anexos jurídicos que colocan sobre un obrero gráfico la punición de decenas de miles de pesos al tiempo que lo priva de todos sus fueros sindicales y derechos indemnizatorios. Se trata de un fallo "ejemplificador" en la línea de la sentencia contra Raúl Castells, en la línea de provocación del ministro Storani contra el Polo Clasista. Es un fallo contra la lucha de la clase obrera en la persona de un representante de una de sus grandes manifestaciones pasadas, para atacar las grandes luchas futuras, que sin duda se producirán, como lo demuestran Recali, los fraternales, los desocupados de Matanza, los obreros de Alpargatas y todos los piquetes realizados en todo el país en este fin de siglo. La justicia "progresista" de los tiempos de Chacho y De la Rúa muestra el verdadero contenido de todo el régimen político que coloca al conjunto de poderes del Estado como instrumentos de los Vigil, las Noble, la banca y el FMI. Llamamos a transformar la apelación en un terreno de pronunciamientos nacionales e internacionales en defensa del derecho a luchar.

Estos volantes fueron distribuidos por el Comité de Acción por una República Democrática y Laica y por Militantes por la IV Internacional en una numerosa manifestación realizada en Jerusalem, convocada por una coalición de organizaciones de izquierda partidaria de los acuerdos de Oslo. La razón del estallido de la Segunda Intifada, en los territorios ocupados y en Israel, es la frustración de las masas palestinas después de siete años de concesiones y deterioro de la situación económica y social. El intento del gobierno de Barak, la izquierda sionista y la dirección palestina de volver a los acuerdos de Oslo es un intento de derrotar el levantamiento y la oposición popular a las concesiones Ðprimero y principal, la renuncia al derecho al retorno de los refugiados. Hoy no hay alternativa a la actual situación, como claramente lo demuestran las actuales elecciones presidenciales. La izquierda sionista no quiere ni puede garantizar plenos derechos democráticos y sociales a los palestinos y a las masas judías. La pobreza está más extendida cada año, especialmente entre los palestinos, pero también entre los trabajadores y desempleados judíos. Lanzamos un llamamiento a todos los militantes democráticos, a crear un movimiento alternativo que represente a los trabajadores de la ciudad y del campo, tanto árabes como judíos, para plantear una lucha común contra la opresión y la explotación, contra el régimen de apartheid existente en el país y por una República Democrática y Laica en todo el territorio de la Palestina histórica en el cuadro de un Medio Oriente socialista. Abajo el régimen del apartheid, por el derecho al retorno de todos los refugiados palestinos! Por una República Democrática y Laica en todo el territorio de la Palestina histórica! Jerusalem, 28 de diciembre de 2000 Militantes por la IV Internacional ESTAN TRAYENDO DE NUEVO A OSLO El actual intento de Barak y Arafat de firmar un acuerdo basado en la propuesta de Clinton significa el retorno a la vía de Oslo. Significa reforzar el apartheid, poner en pie óbantustanesó palestinos y cancelar el derecho al retorno. La negativa de Israel y Estados Unidos al derecho de los palestinos a retornar a los lugares de los cuales fueron expulsados hace de esta propuesta una propuesta de rendición que el pueblo palestino no aceptará. Es claro que el propósito de una fuerza multinacional, como la reclamada por Arafat, es asegurar la implementación del acuerdo mediante la supresión de cualquier intento del pueblo palestino de resistir el acuerdo, poniendo fin a la Intifada. Después de tres meses de Intifada con centenares de víctimas, entre ellas activistas políticos asesinados por escuadrones de la muerte israelíes (con el acuerdo de la Autoridad Nacional Palestina), Arafat está volviendo a apoyar la política israelí de apartheid. La izquierda israelí, al apoyar este acuerdo, se posiciona, de hecho, contra el pueblo palestino, contra la Intifada, contra los derechos de los refugiados y contra una solución a la cuestión nacional en Palestina. No a la paz sin el derecho al retorno! No a la intervención internacional! Sí a la solidaridad con el pueblo palestino! Sí a la plena solución de la cuestión nacional en Palestina! Sí a una República Democrática y Laica en toda Palestina! 28 de diciembre de 2000

Durante una semana, el Plenario Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados realizado el 16 de diciembre en Fatpren fue víctima de los ataques del ministro Storani y otros funcionarios, como el secretario de Seguridad Mathov. El ministro se basó en un informe de espionaje caratulado "cónclave de piqueteros" para "enviar señales de alerta a las fuerzas de seguridad (...) porque no se trata de movilizaciones espontáneas" (Clarín, 26/12). Esto le sirvió para amenazar a los movimientos de lucha de los explotados, anunciando que el gobierno "reprimirá por la vía de la justicia ya que la democracia debe defenderse con todo el peso de la leyó" (Crónica, 28/12). El Plenario de Fatpren fue sin duda un extraordinario centro de deliberación política de una parte activa e importante de esa generación de piqueteros de todo el país ofreciendo un programa, impulsando una salida obrera a la crisis y reclamando el inmediato paro de 72 horas hacia la huelga general contra el paquetazo del gobierno y el FMI. Pero habría tenido la rara capacidad de "concertar" luchas anteriores y posteriores al plenario, respuestas a despidos que no se habían producido y aún reclamos a supermercados que no forman parte de las resoluciones del plenario ni del congreso salteño que lo precedió. Típica ensalada de los servicios para justificar la represión contra las luchas obreras. Tanto la Mesa Nacional del Plenario como el Partido Obrero han respondido en defensa del derecho a la lucha, difundiendo los propósitos del Plenario y de la convocatoria a un próximo Congreso nacional de piqueteros y de la clase obrera que impulsamos para el mes de abril, y el llamado a todas las organizaciones de lucha a organizar en común una Marcha Nacional contra el Hambre. Publicamos aquí esos pronunciamientos. El ministro Storani ha inundado los medios durante una semana entera con la amenaza de futuras acciones judiciales y represivas contra la acción de lucha basada en piquetes y cortes de rutas de los que los trabajadores nos valemos para llevar adelante nuestros reclamos de todo orden. Para ello condenó "las acciones concertadas" que "golpean la gobernabilidad", una clara provocación contra nuestras luchas que tuvieron su máxima expresión de "concertación" en el paro del 23 y 24 de noviembre protagonizado por millones de compañeros y en el que decenas de miles de piqueteros ganamos la calle y cortamos rutas y vías en todo el país. El ataque político del ministro apunta contra nuestro Plenario de Trabajadores Ocupados y Desocupados realizado el 16 de diciembre pasado en Fatpren, en el que centenares de dirigentes, delegados y activistas de movimientos de todo el país nos reunimos para impulsar la inmediata realización de un paro de 72 horas como parte de un plan de lucha hacia la huelga general contra el paquetazo del gobierno. Es claro que se busca hacer pasar gravísimas medidas, como la elevación de la edad jubilatoria de la mujer, la eliminación de la PBU, las rebajas salariales del Estado y los convenios flexibilizadores, la privatización de la salud, el pacto de ajuste por cinco años en las provincias y las consecuencias no anunciadas del descomunal endeudamiento que implica el blindaje al cobro de la banca. Nuestro encuentro fue anunciado públicamente, información que recogieron varios suplementos bonaerenses del Diario Popular, nada secreto, al contrario de lo que indica el ministro. En cambio fue secreto e ilegal el espionaje en el que se basa para la provocación. Denunciamos el ataque a los derechos democráticos de organización y deliberación de los trabajadores que implican los dichos del ministro y de sus funcionarios. Llamamos a su repudio a todas las centrales obreras y organizaciones políticas y de lucha de los trabajadores. Duele al gobierno la valiente lucha de los fraternales que derrotaron a los privatizadores reincorporando sus despedidos con la huelga general; duele la victoria de la huelga general de los gráficos de Recali que también reincorporaron sus despedidos antes de Navidad; duele la lucha de los despedidos de Terrabussi, de los desocupados de Matanza que ocupan la plaza de San Justo o de los miles de desocupados que fueron reprimidos en Neuquén antes de las fiestas; duele la ocupación de Alpargatas en Tucumán. Muchos de ellos estuvieron en nuestro Plenario, como también una importante representación de un masivo Congreso de piqueteros de Tartagal y Mosconi realizado una semana antes. Hubo coordinadoras de desocupados de todo el país, estuvo la CTA de Santa Cruz, la CGT San Lorenzo, los dirigentes del pescado de Mar del Plata, la oposición gráfica de Buenos Aires, integrantes de decenas de sindicatos docentes y de la Asociación Docentes de la UBA, de bancarios, de camioneros y muchos otros. Claro que somos un reagrupamiento político de la clase obrera. Hemos deliberado para ofrecer a todas las organizaciones que luchan un programa: 600 pesos de salario mínimo, 500 pesos de subsidio al desocupado, derogación de la reforma laboral y de toda la legislación flexibilizadora, reparto de horas sin afectar el salario en toda fábrica que suspenda o despida, anulación del ajuste estatal, ruptura con el FMI y no pago de la deuda externa, reestatización de las empresas privatizadas y derogación de las leyes privatizadoras de la salud y la educación. Y vamos por más. Llamamos a un Congreso Nacional de Piqueteros y de la Clase Obrera para el mes de abril, para discutir una salida obrera a la crisis y organizar una Marcha Nacional contra el Hambre en vista del completo fracaso de las fuerzas patronales que se reparten el poder político y nos sumen en el hambre y la desocupación. Lo informamos a los trabajadores, llamamos a considerarlo a todas las organizaciones obreras y populares, lo informamos a la opinión pública y se lo informamos con cuatro meses de anticipación al ministro Storani. El plenario eligió una Mesa Nacional compuesta por: Edgardo Quiroga (CGT San Lorenzo), Mónica Galván (CTA Sta Cruz), Néstor Pitrola (Congresal Fed. Gráfica), Pepino Fernández y Piquete Ruiz (Coordinadora de Tartagal y Mosconi), Romina Del Pla (Sec. Derechos Humanos Suteba-Matanza), Néstor Correa (Sec. Gral. AGD-UBA), Mariela Ugarteche (Sec. Gral. INTI-UPCN), Nancy Carvajal (Com. Prov. SOIP-Mar del Plata), Carlos Suárez (SUTRADE-Córdoba), Sergio Sosto (Sec. Prensa FOETRA-Bs. As), José Villalba (Coord. Desocupados-Sur Matanza), Rubén Schofrin (C. I. Ed. Perfil-UPTBA).

Los trabajadores municipales de Montevideo han vuelto a movilizarse contra el gobierno frenteamplista. La asamblea general del gremio del 15 de diciembre rechazó el proyecto de convenio colectivo presentado por la Intendencia, al que caracterizó como de rebaja salarial, y repudió la política de privatizaciones y tercerizaciones del gobierno de Arana. La asamblea ratificó el pliego de reivindicaciones del gremio y votó un plan de movilizaciones y paros parciales que se cumplieron en las últimas dos semanas del año. Frente a estas movilizaciones, Arana, como buen patrón, "suspendió el diálogo" con el sindicato (en realidad, se viene negando a recibirlo desde hace meses) y pateó las negociaciones para marzo. El anterior convenio de Adeom venció en abril. Desde entonces no ha habido un centavo de aumento pese a que la inflación del período es del 5%. Peor aún, una parte de los municipales sufrió una reducción de sus ingresos con la eliminación de las horas extras. Adeom reclama la inmediata recuperación de la inflación pasada, con un aumento en diciembre equivalente a la inflación desde abril; a partir de allí, reajustes cuatrimestrales por inflación más una mejora salarial del 2%. La intendencia "contraofertó" un primer aumento en abril del 2001 (por la inflación desde el vencimiento del convenio) y a partir de allí ajustes semestrales por costo de vida. La propuesta frenteamplista no propone ninguna mejora del salario real. En los últimos días, Arana profundizó su objetivo de reducción salarial y ha pasado a ofrecer un único "reajuste" anual. En medio de la discusión del convenio, Arana montó una verdadera provocación contra el gremio: le entregó la recolección de residuos de un área que hasta ahora realizaban los trabajadores municipales a una ONG ligada a la Iglesia. Esta ONG contratará a jóvenes desempleados que cobrarán un tercio del salario de los recolectores municipales; además, la dotación de dicha ONG será un 50% inferior a la municipal (La República, 19/12). Los trabajadores de la ONG clerical que trabajarán para la Intendencia "izquierdista", estarán "en negro" y no podrán afiliarse a Adeom ni a ningún otro sindicato. El gobierno frenteamplista de Montevideo quiere que esta superexplotación sea la "norma" para los municipales: "Las autoridades municipales tienen la intención de demostrar que es posible un mayor rendimiento por persona (...) en la actualidad, el personal municipal recoge en promedio 1,6 toneladas de basura/hombre por día, contra 4,5 toneladas que se levantan en Maldonado y 6,3 de la empresa Sur (privada)ó (ídem). El Frente Amplio defiende a rajatabla la política de reducción salarial y de privatizaciones de Arana. La Mesa Política del FA rechazó en tono airado el reclamo de Adeom para que el intendente Arana recibiera al sindicato.

Ya es evidente para toda la opinión pública que el ministro Storani está orquestando desde hace una semana una campaña mediática con el objetivo, expresamente señalado por él mismo, de descalificar, condenar y reprimir cualquier protesta futura de los trabajadores, sean ocupados o desocupados. Se trata de una auténtica provocación política, de características preventivas, frente a la inminencia del dictado de un paquete de decretos destinados a rebajar en forma drástica las jubilaciones, elevar la edad jubilatoria de la mujer, implementar la privatización de la salud y hasta poner en marcha un plan de infraestructura que es un verdadero negociado para la patria contratista y que, para colmo, eleva la ya abultada deuda externa argentina. El ministro Storani atribuye características conspirativas y le adjudica objetivos siniestros a una reunión de delegados de trabajadores, a la cual concurrí como invitado en mi condición de diputado porteño del Partido Obrero, cuya realización fue publicitada con anterioridad (ver Prensa Obrera del 14/12), donde la asistencia y participación fue "libre y gratuita" y cuyas conclusiones fueron dadas de inmediato a publicidad en un folleto especial y en Prensa Obrera del 26 de diciembre. Lo realmente conspirativo acerca de esta reunión pública y abierta es la revelación de que fue espiada por los servicios de inteligencia que maneja el ministro Storani, en una clara violación a las disposiciones legales que prohíben el espionaje político interno. Esto significa que en lugar de asegurar la tranquilidad pública, el ministerio de Storani es una usina conspirativa dedicada a pertubarla con provocaciones políticas. Estudiamos encarar acciones judiciales contra este manifiesto incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la reunión estuvieron presentes delegados sindicales y de organizaciones de desocupados de muchas localidades del país, como la CTA y Adosac (docentes) de Santa Cruz, de la CGT de San Lorenzo, de la agrupación opositora del sindicato gráfico, de delegados del sindicato de la Alimentación, metalúrgicos, telefónicos, bancarios, etc. y de diversas organizaciones de desocupados. Una presencia destacada fue la de los delegados del Congreso de Trabajadores de Tartagal y Mosconi y la de la compañera y los dos pequeños hijos de Anibal Verón, el chofer asesinado por la represión policial cuando reclamaba por el atraso de ocho meses de su sueldo. La reunión sindical hizo suyas las conclusiones adoptadas dos semanas antes por el Congreso de Salta: a saber, reclamar un salario de 600 pesos por una jornada de ocho horas; un seguro al desocupado por 500 pesos; el reparto a escala nacional de las horas de trabajo disponibles; la ruptura con el FMI y el cese del pago de la deuda externa. Se planteó, asimismo, la necesidad de que las centrales sindicales profundicen la huelga del 23 y 24 de noviembre pasado con un paro de 72 horas y con la organización de una huelga general indefinida hasta la satisfacción de las elementales reivindicaciones de los trabajadores. Se resolvió también impulsar hacia los meses de abril y mayo un Congreso nacional de Trabajadores, ocupados y desocupados, o sea un Congreso de Piqueteros, con el objetivo de presentar al país un programa y una política de conjunto como alternativa al programa y a la política de los partidos patronales que están hundiendo social y económicamente al país. La crisis política se ha desplazado de foco y en consecuencia los servicios de alcahuetería se han desplazado del espionaje a la vida privada del ex vicepresidente al espionaje a los luchadores populares, o sea a los piqueteros, que son la promesa de una gran dirección obrera para esta etapa histórica. Las andanzas de Storani descubren la profundidad de la impasse de un gobierno acorralado por sus propias contradicciones. Denunciamos a la campaña de Storani como una campaña contra las organizaciones sindicales y los partidos políticos y como una amenaza contra el derecho de reunión y de asociación de los trabajadores y de sus delegados.

El actual intento de Barak y Arafat de firmar un acuerdo basado en la propuesta de Clinton significa el retorno a la vía de Oslo. Significa reforzar el apartheid, poner en pie óbantustanesó palestinos y cancelar el derecho al retorno. La negativa de Israel y Estados Unidos al derecho de los palestinos a retornar a los lugares de los cuales fueron expulsados hace de esta propuesta una propuesta de rendición que el pueblo palestino no aceptará. Es claro que el propósito de una fuerza multinacional, como la reclamada por Arafat, es asegurar la implementación del acuerdo mediante la supresión de cualquier intento del pueblo palestino de resistir el acuerdo, poniendo fin a la Intifada. Después de tres meses de Intifada con centenares de víctimas, entre ellas activistas políticos asesinados por escuadrones de la muerte israelíes (con el acuerdo de la Autoridad Nacional Palestina), Arafat está volviendo a apoyar la política israelí de apartheid. La izquierda israelí, al apoyar este acuerdo, se posiciona, de hecho, contra el pueblo palestino, contra la Intifada, contra los derechos de los refugiados y contra una solución a la cuestión nacional en Palestina. No a la paz sin el derecho al retorno! No a la intervención internacional! Sí a la solidaridad con el pueblo palestino! Sí a la plena solución de la cuestión nacional en Palestina! Sí a una República Democrática y Laica en toda Palestina! 28 de diciembre de 2000

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su preocupación y rechazo frente a las declaraciones del ministro del Interior, Dr. Storani, atribuyendo un carácter conspirativo y hasta siniestro a la reunión pública de dirigentes obreros y de desocupados realizada el pasado 16 de diciembre en la Fatpren. En primer lugar, porque pretende descalificar a organizaciones del pueblo trabajador que procuran establecer un programa de conjunto frente a la grave crisis nacional. Luego, porque se trata de una campaña montada en base a "informes de inteligencia", es decir que se ha apelado al espionaje político interno. Reclamamos el cese de estas actitudes, la plena vigencia del derecho de reunión y la investigación y sanción a los responsables de esta campaña represiva. Firman: Vilma Ripoll (IU), Jorge Altamira (PO), Irma Roy (PAIS), Patricio Echegaray (IU), Víctor Santa María (Encuentro por la Ciudad), Dr. Abel A. Latendorf (PSA), Dr. Mario O' Donnell (PJ), Dr. Gerardo A. Conte Grand (PAIS), Dr. Jorge Giorno (Alianza por Buenos Aires), Enrique O. Rodríguez, (Encuentro por la Ciudad), Dr. Eduardo Valdez (PAIS)

Los trabajadores aquí reunidos declaramos lo siguiente: 1. Se ha dado un salto en la intervención y en la organización de la clase obrera, expresado en la huelga general activa de 36 horas del pasado 23 y 24 de noviembre, que ha tenido como protagonista fundamental a los piqueteros. Nos atrevemos a sostener que sin los piqueteros, esta huelga no habría existido. En primer lugar, porque fue a partir del corte de ruta en La Matanza, del corte de ruta en el norte de Salta, del resto de cortes y del levantamiento popular en General Mosconi y Tartagal que nació y se instaló la tendencia a la huelga general. En segundo lugar, porque los piquetes no se limitaron a cortar una ruta para reclamar pan y trabajo, sino que se convirtieron en una herramienta para garantizar la huelga, sea cortando las vías o el acceso a los lugares de trabajo. Queremos destacar esta nueva realidad y declarar que reivindicamos a los piqueteros como hijos de la clase obrera y como herederos de su mejor tradición histórica, de los piquetes anarquistas y socialistas de principios de siglo, de los piquetes de huelga durante la Década Infame, de los piquetes de huelga bajo la Libertadora y el gobierno de Frondizi, de los piquetes de huelga del Cordobazo y la huelga general del ó75. Ni excluidos, ni trabajadores despojados de su identidad de clase: obreras y obreros que habremos perdido en muchos casos nuestro empleo, pero jamás la memoria. 2. Por estas razones proclamamos la unión indisoluble en la lucha de los ocupados, desocupados y jubilados, unión a que nos lleva la propia política de las patronales y el gobierno. ¿O acaso no están aquí los compañeros piqueteros que en el norte de Salta han exigido la incorporación de trabajadores en las plantas y luchado por un salario para ellos que no sea la miseria de los planes Trabajar, convirtiendo a los desocupados en factor de organización de los activos? ¿O acaso no tenemos denuncias sobre empresas que están tomando compañeros en las condiciones de estos Planes, desconociéndoles el carácter de asalariados y obreros y empujando a la división con otros compañeros, lo que plantea la lucha de todos para arrancar el pase a planta permanente? Planteamos la unión de lucha de los activos y los desempleados por el conjunto de los reclamos, la fusión profunda en base a un programa y una acción en común, asumiéndonos, de conjunto, como representantes de una misma clase social. 3. Luego de la inmensa huelga general, las direcciones oficiales del movimiento obrero han planteado una nueva tregua en función de la búsqueda de una concertación social con el gobierno y las patronales. Los aquí reunidos declaramos que estamos en presencia de un doble crimen. Al paralizar la acción de los trabajadores se da por consumada la destrucción de la prestación básica universal (PBU) y de los restos de la jubilación estatal, la rebaja de los salarios y la privatización de las obras sociales. Al mismo tiempo, un gobierno profundamente golpeado por la crisis y la acción de la clase obrera puede rehacerse y seguir golpeando. Queremos recordar que esta política se repite por tercera vez en el año. Después de enormes paros y movilizaciones se llamó a los trabajadores a detener su acción en nombre de "concertaciones" o "gabinetes de emergencia" que no tuvieron otra función que inmovilizar a la clase obrera. Así pasó la reforma laboral, la rebaja de salarios y se está dejando pasar el ajuste de hoy. Está planteado claramente un problema de dirección. Los aquí reunidos sostenemos que está vigente la posibilidad de derrotar el paquetazo del gobierno a través de la profundización de la lucha. Las centrales obreras nos dicen, sin embargo, con su conducta, que no están dispuestas a asumir esta perspectiva. Pero todas las reivindicaciones por las que salimos a luchar están pendientes. Reclamamos a las direcciones oficiales y llamamos a actuar por una huelga general de 72 horas, en la perspectiva de la huelga general indefinida hasta arrancar nuestros reclamos. Planteamos la lucha común por: Aumento salarial del 50%. Salario mínimo de 600 pesos. Subsidio al desocupado de 500 pesos. Jornada de ocho horas. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Derogación de la reforma laboral y de la flexibilidad en su conjunto, es decir, de las leyes, actas y convenios que la contienen. Derogación del presupuesto del 2001 y del Pacto Federal II con los gobernadores. No pago de la deuda externa. Reestatización de YPF, Aerolíneas y todas las empresas privatizadas bajo control de los trabajadores. Viviendas sociales para trabajadores ocupados o desocupados que las necesiten. Convenios colectivos con paritarios electos por los trabajadores en asamblea general. Abolición del trabajo en negro mediante el blanqueo bajo control de comisiones obreras fiscalizadoras. Condena penal a la patronal evasora y que integre el circuito del trabajo en negro. Efectivización, sindicalización e inclusión en convenio de todos los trabajadores transitorios. Administración de todo plan de empleo y asistencia social por las organizaciones de trabajadores sin ninguna injerencia del aparato del Estado. Libertad a Castells, Alí y Luis Cruz de General Mosconi, libertad a los presos de La Tablada, levantamiento de todas las causas penales a los luchadores. Esclarecimiento y castigo a los asesinos de Aníbal Verón y de todos los mártires de la lucha. 4. Llamamos a todas las organizaciones del movimiento obrero que declaran enfrentar la política de hambre y entrega del gobierno fondomonetarista a convocar a un Congreso Nacional de Piqueteros y de la Clase Obrera en el segundo fin de semana de abril en un lugar a determinar, para establecer un gran plan de lucha y encarar la convocatoria a una Marcha Nacional del Hambre, con paros y piquetes de las organizaciones convocantes, hacia mediados del 2001. 5. Declaramos que frente a la política sin salida de la burocracia es necesario luchar por una nueva dirección obrera. Para abrir esta perspectiva llamamos a los piqueteros y luchadores a organizar una alternativa clasista, que luche por un programa obrero de salida a la crisis y se proponga la expulsión de la burocracia de los sindicatos. Al vaciamiento de nuestros reclamos en nombre de una política "antimodelo" de concertación con la patronal nativa, oponemos la defensa irrestricta de todas y cada una de nuestras reivindicaciones. Al método de los paros aislados y desgastantes, oponemos el plan de lucha y la huelga indefinida hasta arrancar lo que nos corresponde. A la perspectiva de un "gobierno de conciliación nacional" con quienes no representan nuestros intereses, el planteo de convertir a los piqueteros en vanguardia política de la clase obrera y de todos los explotados en la lucha por un gobierno de trabajadores. 6. Nos comprometemos a constituir sólidas organizaciones en cada uno de los escenarios en los que estamos actuando. A promover congresos regionales que apunten a nuclear a todo lo vivo y actuante del movimiento de lucha, a desenvolver nuestro programa y estructurar una dirección. Nuestra columna vertebral es una política de independencia y fidelidad a la clase obrera frente al gobierno proimperialista, los partidos patronales y las direcciones que nos llevan a un callejón sin salida. 7. El 22 de diciembre somos todos piqueteros; por una Navidad con Pan y con Trabajo. Llamamos a efectivizar cortes, ollas y piquetes en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de diciembre de 2000. La mesa impulsa al mismo tiempo la difusión nacional y, en particular, a las comisiones de desocupados de todo el país, las resoluciones del congreso del norte de Salta del 9/12, y gira a todas las organizaciones la propuesta de ese mismo plenario de instaurar el 13 de mayo como día nacional del piquetero.

Los planteos del Partido Obrero El 28 de diciembre se aprobó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de presupuesto para el 2001 presentado por Ibarra. Teniendo en cuenta que la Alianza UCR-Frepaso ha perdido en las últimas elecciones la mayoría que tenía en la Legislatura, este proyecto "que Altamira caracterizó en el recinto no sólo como reaccionario y antiobrero, sino también como trucho" sólo pudo ser aprobado por el apoyo de otras bancadas: en primer lugar el Encuentro de la Ciudad de Cavallo y Beliz. Estos "cocinaron" todo previamente y vinieron a votarlo en bloque. Detrás del consenso entre la Alianza y el Encuentro se sumó el bloque de País, la Ucede, el menemismo y el diputado de Cartañá. Altamira denunció la inviabilidad del presupuesto 2001, aun desde su dibujada (y mezquina) perspectiva de "equilibrio", si se tiene en cuenta el horizonte de derrumbe económico que se avizora tanto en el plano nacional como internacional. El presupuesto, dijo, "marca el paso en su lugar", proyectando sus ingresos en base a un incierto crecimiento del PBI del 3% en el 2001, que, aun si se cumpliera, no podría dar cuenta de un proceso de retroceso económico del 15% en tres años, con su secuela de 200.000 trabajadores desempleados en la ciudad. Para Altamira, "la salida a una situación de incapacidad del capital para desarrollar la inversión y el empleo, agravada por la tendencia a la bancarrota industrial y financiera, exige que el poder público asuma la dirección del proceso económico. Para esto es necesario que la mayor parte del excedente pase a manos públicas, mediante una fuerte imposición sobre los mayores capitales y lucros. Esto blindaría, sí, a los ciudadanos argentinos de la crisis y de la cesación de pagos, porque habilitaría un desarrollo económico imposible en las actuales condiciones. Una política social y económica como la descripta plantea una enérgica movilización social y una intervención política de los trabajadores, lo cual nos remite a una cuestión de poder". A partir de esta caracterización, plantea un conjunto de medidas fundamentales frente a la catastrófica situación de las masas de la ciudad: un salario mínimo de 600 pesos; el empadronamiento de los desocupados; un incremento radical de la inversión pública financiado con impuestos a los grandes capitales. En nombre del PO, Altamira formuló un conjunto de planteamientos respecto de la salud y la educación públicas, la vivienda y la seguridad en la ciudad de Buenos Aires que iremos presentando en sucesivas ediciones de Prensa Obrera y en un folleto especial (que fue repartido en la propia sesión). Como ningún otro debate antes, concluyó Altamira, el del presupuesto reveló la completa incapacidad de los bloques patronales para dar una salida progresiva a las aspiraciones populares. "Es una prueba - concluye el documento del PO - de la necesidad de que se convoque en el país y en cada provincia a una Asamblea Constituyente libre y soberana, que se haga cargo de la conducción del país". Dos hechos reveladores precedieron al debate legislativo del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires: por una parte, los gremios que agrupan a los trabajadores de la Legislatura declararon un paro que amenazó con impedir la propia sesión, en reclamo de suplementos salariales que no estaban contemplados en el presupuesto. Al mismo tiempo, la prensa informaba que la consultora Standard & Poors había elevado la calificación crediticia de la Ciudad, en virtud, precisamente, del "carácter profundamente conservador del presupuesto 2001" (BAE, 21/12). El presupuesto aprobado congela todo aumento salarial escalafonario y cualquier efectivización para los trabajadores públicos de la Ciudad. Se ajusta así al "pacto fiscal" suscripto en noviembre pasado entre los gobernadores y el Ejecutivo nacional, que dispuso, entre otras medidas, el congelamiento del gasto salarial de las administraciones provinciales. Queda claro que la "Ley de Empleo Público" sólo traerá cesantías y flexibilidad y que la convocatoria a convenciones colectivas prevista por esa ley está vaciada, ya que excluye la posibilidad de aumentos no contemplados en el presupuesto. El presupuesto prevé, incluso, posibles ahorros en personal, que serán destinados a crear "políticas de empleo", es decir, "planes Trabajar" de 160 pesos, tal como ya se está implementando en obras de mantenimiento o vivienda del gobierno de la Ciudad. Lo que significa el reemplazo del personal de planta por trabajadores transitorios, precarizados y con salarios de miseria. Esta misma orientación reaccionaria está presente en todos los órdenes del presupuesto. En materia de salud, reduce la partida en un 4% respecto del 2000, cuando simultáneamente el número de consultas en los hospitales públicos porteños crece a razón de 200.000 por año y las enfermedades y epidemias registran un avance que es correlativo de la miseria social general. En educación, el proyecto original había llegado a reducir en un 50% los recursos para infraestructura escolar. La movilización luego del derrumbe en el colegio Mariano Moreno obligó a anular este recorte. Pero con el mismo nivel de recursos del 2000, se enfrentará un panorama donde "el 90% de las escuelas de la ciudad necesitan ser intervenidas y sometidas a una revisión integral" (declaraciones del director de Infraestructura Escolar). En vivienda, los recursos previstos apenas representan el 1% del presupuesto; la partida específicamente destinada a la "vivienda social" es insignificante: los recursos alcanzan para 500 viviendas por año, en una ciudad donde el déficit habitacional es de 140.000. Es un presupuesto - como señaló Altamira en su intervención en la sesión - "estructurado sobre el congelamiento del gasto, del salario, de las designaciones y de todo el desarrollo social de la Ciudad". La "inversión" presupuestaria En su "saludo", Standard & Poors reconoce otro "mérito" del presupuesto desde el punto de vista de los banqueros: su capacidad de "adecuar los gastos de capital a los ingresos propios". Es decir que la llamada política de "inversión" en obras y servicios públicos se financiará con tarifazos. Este es el caso de la ampliación de la red de subtes, que viene acompañada de una política de reajuste tarifario periódico. En el documento redactado por el bloque del PO, se destaca que el "equilibrio" o "solvencia" fiscal al que adhiere el proyecto "esconde la intención de exaccionar al contribuyente o privar de servicios públicos al usuario, para producir un superávit destinado al pago de la deuda externa". En el caso de la Ciudad, este pago se expresa a través de la renuncia - convalidada por Ibarra en el reciente pacto fiscal - a la percepción de la coparticipación federal. Mientras se programan obras en base a tarifazos, el presupuesto 2001 renuncia a cualquier acción impositiva enérgica sobre el gran capital, en el distrito donde se registra la mayor concentración de riqueza social del país y donde tienen residencia la totalidad de los monopolios beneficiarios del proceso de privatizaciones durante la última década, así como aquellos que lucran con la especulación inmobiliaria y la renta del suelo. "Caja chica" Lo que aprobó la Legislatura está lejos de ser el verdadero presupuesto del Estado de la Ciudad. Los 3.300 millones de dólares presupuestados constituyen, en verdad, su "caja chica". El presupuesto excluye, precisamente, a las entidades "autónomas" del estado porteño, como el Banco Ciudad, Autopistas Urbanas, la Corporación Puerto Madero y la Corporación del Sur, cuya política de reinversión de utilidades puede desarrollarse gracias a esa "autarquía", con completa independencia del presupuesto general y, particularmente, de las necesidades de la mayoría trabajadora de la ciudad. La Corporación Puerto Madero anunció que dirigirá sus beneficios acumulados al proyecto Retiro-Puerto, destinado a crear otra autopista con peaje, infraestructura portuaria para los monopolios del transporte y hoteles de lujo en la zona de Retiro. Por su parte, el Banco Ciudad es cautivo de una inversión en títulos públicos que acapara la tercera parte de los recusos del banco. En segundo lugar, el presupuesto votado tiene el antecedente de las "subejecuciones" del presupuesto anterior, que llevó en algunas áreas (como obras públicas o infraestructura escolar) a no gastar el 40% de los recursos asignados. Este manejo discrecional del presupuesto permite justificar futuros recortes, con el argumento de que los "recursos no se gastan". En el presupuesto 2001, la manipulación del mismo fue explicitamente habilitada a través de una claúsula que faculta al jefe de Gobierno "a cambiar la distribución funcional e institucional del gasto". "Llegado este punto - destaca el bloque del PO en su documento - el proyecto no pasa de un texto de ficción que tiene por única función otorgar un cheque en blanco al Ejecutivo para manejar la administración a su cargo".

Más de un centenar de trabajadores dei Hospital Israelita, que reclamaban contra el despido de 210 compañeros, irrumpieron en la sede de! sindicato de la sanidad (Atsa), cuando la dirección burocrática se aprestaba a festejar el fin de año y la asunción de la conducción sindical por un nuevo período. A pesar de que hacía casi 6 meses que la patronal no abonaba los sueldos, la directiva de Atsa aceptó que ésta declarara un "procedimiento preventivo de crisis”, que permite los despidos, pero... con ei pago del 50% de las indemnizaciones y en cuotas. Los despedidos son reemplazados por nuevo personal con salarios menores y fuera del convenio de Sanidad, contratado y “tercerizado”. Lo mismo babía becbo la burocracia en el Sanatorio Mitre. El conflicto del Israelita no está cerrado. Una parte de los compañeros reclama el pago del 100% de la indemnización y rechaza que sea en cuotas. Otros piden su reincorporación. Todos, incluidos los que siguen trabajando, redaman el pago de los salarios adeudados. Hace unos meses, los compañeros del Instituto de Cardiología estuvieron en conflicto por el atraso en Jos pagos. Ahora los trabajadores del San Patricio están al borde del cierre de su establecimiento. En la Fundación Fa-valoro también hay tendencias al 'ajuste' contra los trabajadores. Reincorporación de todos los compañeros al Israelita. Pago de los salarios al día. Un solo convenio en los establecimientos de la sanidad: el de Sanidad. Rechazo a los “procedimientos de crisis”. Asambleas de empresa y Asamblea General para votar un plan de lucha por estas reivindicaciones. ha Agrupación Sindical Independiente de la Sanidad (Asis) ha llamado al frente opositor Bordó -que en las últimas elecciones sacó el 36% de los votos del gremio, a pesar de los numerosos actos de fraude, entre ellos en el propio Hospital Israelita- a realizar una campaña colunia para frenar esta ola de “ajustes patronales”.

Todavía estaba fresco el asesinato de la maestra de Olavarría cuando tuvo lugar un nuevo episodio, esta vez en Wilde. Un estudiante de 14 años hirió a su profesora de Ciencias Naturales con una navaja durante un examen. Apenas unos días antes, en Misiones, un alumno de 16 años había golpeado a un profesor en represalia "por todo lo que exigió durante el año". Lo que más llamó la atención de la agresión de Wilde es que Ezequiel, su autor, no tenía antecedentes que hicieran sospechar semejante acto. "No estamos hablando de un niño que haya tenido anteriores inconductas" (declaraciones de la directora del establecimiento). Se trataba de un chico "común y corriente", aparentemente "tranquilo". No puede, entonces, reducirse el episodio a una patología individual y esto es, probablemente, lo que más asusta y conmueve. Si hubiera sido un caso "patológico", no pasaría de ser un episodio excepcional. Por supuesto que para entender la agresión del joven será necesario analizar su perfil psicológico, su historia familiar y su pasado, e identificar sus conflictos, pero dichos elementos no pueden sustraerse al escenario social en que estos hechos violentos han pasado a ser moneda corriente. Al igual que en el caso de Olavarría, el chico de Wilde pertenecía a un hogar de clase media. Y este hecho es todavía más lapidario sobre el sistema social porque demuestra que el fenómeno tiene un alcance gigantesco y comprende a sectores juveniles cada vez más vastos. De acuerdo a los últimos datos del Indec, del mes de octubre, entre los adolescentes que tienen entre 15 y 19 años el desempleo alcanza el 34% en el Gran Buenos Aires. Hay 87.322 desocupados de esa edad, 5.120 más que hace un año. Cabe una aclaración: esta tasa se calcula sobre la población económicamente activa (PEA), que es la gente que reúne las condiciones para trabajar y que tiene o busca empleo; los estudiantes secundarios no están incluidos en la "población económicamente activa". El problema tiende a agravarse porque son cada vez más los adolescentes que, desalentados, abandonan la búsqueda de ocupación. "Según un estudio de la consultora Equis, en los últimos doce meses 20.882 jóvenes se retiraron por diferentes razones del mercado laboral. Entre ellos, la población económicamente activa pasó del 25,9 por ciento al 23,7 por ciento" (La Nación, 26/12). El panorama de conjunto es el siguiente: sobre una población adolescente (15 a 19 años) de 1.083.000 habitantes, 87.322 (8%) son desocupados, pero a esa cifra hay que agregar 135.375 (12,5%) que no estudian ni trabajan ni buscan empleo ni colaboran en tareas del hogar. Es el segmento que los especialistas definen como "inactivos absolutos" (ídem). Si se suman los desocupados y los inactivos absolutos, queda comprendido el 20,5% de los adolescentes. La capacitación asegura cada vez menos la posibilidad de conseguir un empleo. En la última década, la desocupación entre los jóvenes que cuentan con estudios superiores viene aumentando a un ritmo superior al promedio. Esta estadística, incluso, es un pálido reflejo de la realidad, pues no tiene en cuenta si los jóvenes están trabajando en un empleo afín a sus estudios (un egresado universitario que trabaje como taxista aparecerá en la encuesta como "ocupado"). El proceso paradójico que vivimos bajo el régimen social actual no es la falta, sino el exceso de capacitación. "Tres de cada cuatro jóvenes están sobreeducados" y terminan desempeñando funciones muy inferiores a su calificación y títulos, como "repositores en un mercado o en un Mc Donalds" (Daniel Filmus, secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Actas taquigráficas). Sólo el 20 por ciento de los estudiantes universitarios tiene un trabajo acorde con su formación. Frente a este panorama, no puede sorprender que las escuelas se estén convirtiendo en una suerte de "aguantaderos" en cuyo interior cada vez es más difícil contener los antagonismos sociales. La atmósfera se hace más irrespirable para adolescentes que no sólo viven un presente desesperante sino que, por sobre todo, no perciben un porvenir ni avizoran posibilidades de progreso. "Lo cierto es que ya no existen templos del saber, sino ollas de presión en las que repercuten la pérdida de valores y la falta de horizontes que va corroyendo el tejido social. Se trata de escuelas abarrotadas de alumnos, sin los espacios ni personal ni material didáctico adecuado, caotizadas además, por la aplicación de reformas educativas en las que se experimenta, con alumnos y docentes, como si fueran conejillos de India" (solicitada de Suteba, 24/12). Este fenómeno tiene una dimensión mundial. La nueva generación es el principal blanco de la política capitalista dirigida a "reducir los costos laborales" y que se expresa en la rebaja de salarios, la flexibilidad laboral y, por sobre todo, la desocupación. En la Unión Europea, la tasa de desempleo entre los 15 y 24 años más que duplica el promedio. En Estados Unidos, en pleno auge, "el 3,5 de desempleo que afecta a los adultos contrasta con el 10,3 por ciento que perjudica a la juventud" (La Nación, 26/12). Para los jóvenes son los empleos con los sueldos más bajos, los trabajos más precarios y en negro, los contratos basura, sin cobertura médica ni social y con las condiciones laborales más denigrantes y retrogradas. No es casualidad, entonces, que sea en la principal potencia del mundo donde la llamada violencia escolar ha llegado a los límites más escalofriantes. A principios de la década del 90, "cada año ocurrían más de 3 millones de crímenes" de distinto orden en las escuelas. "Las escuelas de nuestro país se están convirtiendo en fortalezas armadas" (Jeremy Rifkin, El Fin del Trabajo). Una década después, el balance es concluyente: el sofisticado sistema de vigilancia y seguridad montado en las escuelas (y fuera de ellas), que implicaba un virtual estado de sitio sobre la juventud, no sirvió para mitigar el problema, sino para volverlo aun más explosivo. La mano dura trajo como consecuencia un aumento considerable de la población carcelaria, compuesta mayoritariamente por jóvenes. Que el problema tiene un origen social lo prueba un hecho sencillo: bastó que el "boom" económico en Estados Unidos trajera como consecuencia una reducción de la desocupación juvenil para que disminuyera en los últimos años la mal llamada delincuencia juvenil y el uso de drogas entre los adolescentes. Pero aun este auge económico, que ya se prolonga diez años, no ha logrado erradicar "y está muy lejos de hacerlo" la lacra de la desocupación juvenil que triplica al promedio del conjunto de la economía. Lo ocurrido en el "primer mundo" debería servir de experiencia para todos aquellos que pretenden iniciar una cruzada contra la juventud, convirtiendo en victimarios a las víctimas. A ellos, habría que decirles: "Estúpidos, el problema no son los jóvenes; el problema es el capitalismo".

200 compañeros participaron de la fiesta de fin de año organizada por el Partido obrero, en la Plaza Han Martin.. La agrupación de arte (A p. Arte) realizó una presentación de teatro caltcyere y con el grupo de cumbia “Los Balleneros’" se bailó hasta ei cierre. Se hicieron presentes y dejaron sus saludos compañeras delegados de comisiones internas y directivos de la CGT San Lorenzo., una delegación de 10 compañeros del cuerpo de delegados de Empleados de Comercio de Rosario, Bancarios, dei Puerto, del Hospital Baigo nía, de la Comisión de Desocupados de la zona Oeste, docentes y de Arte; destacándose una mayoritaria presencia juvenil. Se invitó a hacer uso de la palabra a Edgardo Quiruga (CGT San Lorenzo}, quien denunció el ataque del gobierno al plenario clasista del 16 y llamó a preparar el Congreso de Delegados convocado para abril. Por su parte, Emilio Blanco, por él Partido Obrero, realizo un breve análisis de la crisis política, la necesidad de echar a estos gobiernos entreguistas y convocar a una Asamblea Constituyente libre y soberana. Comprometió al Partido en la campaña por un plan de lucha y la huelga indefinida y en las tareas hada el Congreso Nacio nal de ¡Delegados, Llamó a construir ha herramienta política de los trabajadores, un gran partido de la dase obrera.

En el Congreso de la Fuba, realizado el 23 de diciembre - sin deliberación previa y cuando las facultades estaban completamente vacías - , la UJS y el PO obtuvieron una secretaría en la mesa directiva de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Se trata de una conquista política que refleja el crecimiento alcanzado en las últimas elecciones universitarias. El Congreso tuvo como único temario la elección de la mesa directiva, dando la espalda a la Argentina piquetera, que se pone en pie contra el gobierno proimperialista de la Alianza. Tampoco se denunció el acuerdo fiscal firmado con los gobernadores, que niega por 5 años el aumento del presupuesto educativo, ni la contrarreforma que impulsan De la Rúa-Juri (pasar una parte de la formación universitaria a los terciarios, imponer el impuesto al graduado, etcétera). El Congreso constató que la Alianza ha dejado de tener mayoría propia. Entre la Franja Morada y el Frepaso han pasado de 90 delegados que tenían hace 3 años a 62 (sobre un total de 130). Se trata de un proceso de sustitución de una dirección que durante décadas dirigió los centros y federaciones universitarias, y que ha pasado de reivindicar la tradición de la reforma universitaria a convertirse en una dependencia directa del FMI. Dos políticas de la oposición La pérdida de delegados de la Alianza planteó la posibilidad de un frente único de las corrientes opositoras para obtener la secretaría general de la Fuba. La UJS planteó que no debía tratarse de un cambio de figuras, sino de políticas; que debía levantarse un programa que denunciara la tregua de las direcciones sindicales luego del gran paro del 23 y 24 de noviembre, y la necesidad de un plan de lucha nacional; el apoyo activo a la Conadu histórica (creada contra las direcciones colaboracionistas) y a sus resoluciones de lucha; la convocatoria del conjunto de los delegados opositores (y de la secretaría general de la Fuba) a un Congreso Extraordinario para el inicio de clases con el fin de impulsar la lucha por el aumento del presupuesto y el programa reivindicativo del movimiento universitario; y la rotación democrática de la secretaría general entre todas las agrupaciones. El Ptp, Patria Libre e IU rechazaron la propuesta de la UJS. Luego de un debate que consumió la casi totalidad de la jornada se delimitaron los campos. La izquierda democratizante se negó a denunciar la tregua, argumentando a favor de la burocracia sindical opositora del MTA y la CTA. Rechazaron, también, pronunciarse por la convocatoria a un Congreso Extraordinario, manteniendo así su subordinación al cuadro de parálisis de la Alianza. La izquierda democratizante fue incapaz de formular una política independiente de la burocracia sindical y de su política de sometimiento a la burguesía nacional. En estas condiciones, la UJS resolvió presentar su propia lista y rechazó las tentativas de soslayar las divergencias políticas por medio de formulaciones ambiguas y anodinas que es un método que profundiza la confusión y fomenta el carrerismo y el electoralismo. Es necesario desarrollar una nueva dirección del movimiento estudiantil en base a las tareas que plantea la crisis nacional: quebrar la tregua, plan de lucha, huelga general. Unir el movimiento estudiantil al movimiento piquetero que recorre al país.

Compañeros: Espero que esta carta permita una pequeña rcflexión sobre lo que Altamira ha planteado parlamento burgués, y ojala que llegue a sus manos. He leído lo forma tardía —por mi estado de salud- la Prensa Obrera que un compañero residente es Brasil me envió, y me ha sorprendido leer en la PO N°682 el discurso de Jorge Altamira con relación a la conmemoración del Golpe de Estado en Chile en 1973. En verdad considero que las expresiones de Altamira debieron dar mucho que hablar al interior de las bases del Partido Obrero, y si esto no ha sucedido creo que el deber de los revolucionarios es debatir sobre este punto. Creo que el "homenaje" que Altamira brindo a Salvador Allende debe ser profundizado. Para los revolucionarios, el gobierno frentepopulista y, por tanto, de carácter contrarrevolucionario; ¿o acaso a Altamira se le olvidaron las experiencias de Francia y España y los análisis de Trotsky en torno a los frentes de Trotsky en torno a los frentes populares? Altamira rinde honor a Allende porque en el último momento "tomó el ffusil" y peleó por lo "que creyó" en el socialismo. Esto queda claro cuando vemos que bajo su gobierno se aplicó la ley de control de armas (Ley Carmona) y que autorizó a los militares a buscar "armas" en las sedes de los sindicatos; al mismo tiempo, nombró ministro del Interior a Carlos Prats (comandante en Jefe del Ejército basta su renuncia pocos meses antas del golpe). Prats, como ministro, cumplió con la tarea de regresar a sus “verdaderos dueños" (la burguesía) las empresas expropiadas por los trabajadores, como respuesta al paro patronal. Así vemos un ejemplo de las "creencias" de Allende; por esto Allende no murió defendiendo a la ciase obrera ni el socialismo, murió defendiendo la “democracia burguesa", o sea el régimen de una clase social que hasta hoy somete a ios trabajadores a la explotación. Allende murió defendiendo el puesto que la burguesía y el stali-nismo le reservaron y no quiso entender que cuando la burguesía se dio cuenta de que ya no servia (para mantener en línea a los trabajadores) los echó a patadas. Por estas razones antes señaladas (y muchas otras) Allende no merece ningún tipo de homenaje de parte de un representante obrero. Les que merecen homenajes son los 20 mil ejecutados por la dictadura, los más de 5.000 detenidos desaparecidos, los miles de torturados, los exiliados y la clase obrera chilena que hasta hoy sigue soportando el peso de la explota ción que ha perdurado producto de la política traidora de la UP (Allende), de Los stalinistas y la centro-izquierda y la socialdemocracia de todo calibre. Para terminar quiero transcribir parte de la certa da la “Coordinadora de cordones a Salvador Allende"... con fecha 5 de septiem bre de 1973; “1e advertimos compañero, que con el respeto y la confianza que aun le tenemos, si no se cumple con el programa de la Unidad Popular, si no se confia en las masas, perderá el único apoyo real que tiene como persona y gobernante y que será responsable de llevar al país, no a una guerra civil, que ya está en pleno desarrollo, sino a la masacre fría, planificada, de la clase obrera más con-ciente y organizada de Latinoamérica: Y que será responsabilidad histórica de este Gobierno, llevado al poder y mantenido con tanto sacrificio por los trabajadores, pobladores, campesinos, estudiantes, intelectuales, profesionales, a la destrucción y descabezamiento, quizás a qué plazo, y a qué costa sangriento, de no sólo el proceso revolucionario chileno, sino también el de todos los pueblos latinoamericanos que están luchando por el socialismo. Le hacemos este llamado urgente, compañero Presidente, porque creemos que esta es la última posibilidad de evitar en conjunto la pérdida de la vida de miles y miles de lo mejor de la clase obrera chilena y latinoamericana”. Como podemos concluir, antes de andar rindiendo homenajes a servidores de la burguesía el compañero Altamira debe estar claro en que Allende no prestó ningún interés a esta carta ni a los intereses de la clase obrera, lo que lo hace directo responsable de la matanza sucedida en Chile. Y por último fue el propio Allende el que nombró Comandante en Jefe al "carnicero" de Pinochet. Por todo lo señalado, como revolucionario intemacionalista y como hijo de la clase obrera chilena exija una aclaración.

El decreto de conmutación de penas dictado por De la Rúa niega la libertad inmediata de los presos políticos de La Tablada, que habría correspondido si se hubiera aplicado la doble instancia judicial que éstos reclamaban y que está establecido en la Constitución. La reducción de penas implica mantener presos durante uno, dos y hasta cinco años a 11 de los 13 ayunantes, que deberían haber salido ahora. Gorriarán Merlo y Ana Sívori directamente no fueron alcanzados por esta "conmutación". Antes que cumplir con la Constitución y reconocer el derecho a la doble instancia judicial, el "demócrata" De la Rúa ha preferido mantener intacto el edificio de represión e impunidad, que se apoya en la inconstitucional Ley de Defensa de la Democracia y en el acuerdo con los carapintadas, que fusilaron, "desaparecieron" y torturaron a los militantes del MTP en el cuartel de La Tablada. La segunda instancia judicial, inevitablemente, habría sacado a la luz el uso de napalm en la recuperación del cuartel, el desconocimiento de los sucesivos intentos de rendición de los ocupantes, la tortura de todos los detenidos y el secuestro y asesinato de nueve de ellos. Los "esfuerzos" de De la Rúa siempre apuntaron a mantener este andamiaje represivo y a negar la doble instancia judicial a los ayunantes. Así fue planteado en los proyectos enviados al Congreso y a la Justicia. La conmutación de penas incluso fue apoyada por Brinzoni, el jefe del Ejército, quien cada vez que abre la boca hace una apología de los genocidas y la represión; también esta medida fue reclamada por el titular del Episcopado. El apoyo del clero y del Ejército ponen de manifiesto la emergencia de un acuerdo en el cual se acepta la conmutación en nombre del óperdónó y el acercamiento hacia una ómesa de diálogoó, que contemple la suspensión de los juicios de la verdad y el ascenso de los militares cuestionados por ser asesinos y torturadores de la dictadura. El Partido Obrero reclama la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos de La Tablada y el juicio y castigo a los responsables de la represión, de las torturas, de las desapariciones y de los asesinatos ocurridos durante y después de la "recuperación" del cuartel.

A Aníbal Verón en Salta la empresa lo despidió. La empresa era la Atahualpa su dueño, el gobernador. Con siete sueldos impagos sin bono, indemnización, mujer: una; hijos: cinco, se quedó Aníbal Verón, Estribillo A Aníbal Verón en Salta la muerte se lo encontró con un veintidós sin marca, yo sé quién le disparó. Cualquiera con mujer: una; hijos: cinco, y el rencor de siete sueldos impagos corta ruta sin temor. Cualquiera jura “a morir sigo el corte ruta yo. Así juró y así tuvo el cualquiera Aníbal Verón Estribillo Para matar a cualquiera de nombre Aníbal Verón trescientos canas de casco trajeron la veintidós. Detrás de ellos, como cuiaes ‘taban el gobernador el presidente La Rúa y su ministro de Interior. Y sacaban por decreto bajar la jubilación a la noche de la muerte del nadie Aníbal Verón. Estribillo Y hoy yo sigo con los cortes como cualquiera que soy y ahí se viene De la Rúa trayendo su veintidós.

Antes de que terminara el año, los postales camioneros de la empresa Epsa obtuvieron un trascendente triunfo clasista. Por 53 a 26 ganó la lista de delegados que encabeza Juan Carlos Cabral, gran activista de la lucha contra los despidos, la flexibilidad y los cierres de empresas. Es que en esta rama, la de correos privados, la lucha de clase levanta temperatura hace tiempo. En el 2000 cerraron más de 50 empresas, como parte del brutal proceso de concentración monopólica del área. Pulpos como Correo Argentino de Macri, OCA de Exxel, y Andreani operan para quedarse con toda la torta. No es de extrañar entonces el interés patronal para desplazar a los dirigentes de todo un sector combativo que pugna dentro de la rama camionera postal para defender el convenio y evitar los cierres, enfrentando el "marco regulatorio" del gobierno fondomonetarista. Hubo todo tipo de presiones para que se levantara la lista combativa. Presiones y algo más, para que se forme otra lista. La elección se hizo con la patronal merodeando la urna, bajo amenazas de despidos, cierre y otras calamidades si ganaba la lista clasista. Por otro lado, las urnas se retiraron, por dos horas, del lugar de votación hacia el sindicato, para reabrirse más tarde durante una hora. El anunciado paréntesis alarmó a los compañeros que buscaron todo tipo de garantía legal ante el Ministerio de Trabajo, realizaron pedidos de solidaridad sindical para una elección limpia, colocaron un escribano para registrar la salida de las urnas y fiscalizaron como leones. Se logró una elección limpia donde votó el 90% del padrón y el 67% lo hizo por la lista independiente de la patronal. El activismo postal vivió con atención esta elección y hasta la siguió en vivo y en directo ese viernes 22 de diciembre, ya que la mayoría de los delegados estaban en el sindicato porque es su día de reunión. Grande fue la conmoción por el triunfo de Cabral y Araujo, que refuerza la lucha de toda la rama. Para soldar los lazos de lucha de todas las vertientes del pensamiento postal camionero sería muy bueno que, aunque cueste un poquito de esfuerzo de espera, las urnas no se desplacen hasta después del escrutinio en el lugar de votación, tal cual lo marca el código electoral nacional, que rige como norma testigo en todo tipo de elecciones. Algo bueno ocurre en esta rama de camioneros. Los dirigentes reúnen a los delegados semanalmente, un poderoso mecanismo de organización colectiva si se lleva adelante con libertad de expresión y en forma resolutiva. Con delegados decididos como éstos, con un programa obrero para el sector, la rama puede obtener victorias de extraordinario valor. La derrota del marco regulatorio que implica miles de despidos, la derrota del Exxel y de Macri (que después de despedir y rebajar los salarios, ahora no los paga), la defensa de un convenio digno y un salario mínimo de 600 pesos para toda la actividad, tienen trascendencia contra toda la desocupación y contra toda la flexibilidad en la Argentina. Felicitaciones compañeros.

Casi como un calco de la victoria fraternal, el jueves 28 se impuso la conciliación con los despedidos adentro en la gráfica Recali-Agropa. Costó 8 días de huelga general y piquetes. Fracasó la inusitada y sospechosa extensión de una semana, hasta la primera audiencia en el Ministerio. Todo empezó el 21 de diciembre con doce despidos fundados en "fuerza mayor" (indemnización al 50%), y atraso en la quincena. La resolución de huelga general se impuso de entrada y la siguieron los tres turnos con la excepción de un solo carnero. Con el correr de los días y el apoyo de la Agrupación Naranja, se empezó a organizar el piquete en la puerta. Llegaron delegaciones solidarias de otros talleres, se instaló una carpa y los bombos alteraron los nervios a supervisores y dueños, que puertas adentro movían alguna máquina. Al comienzo de la huelga, un piquete que bloqueó los camiones arrancó un adelanto que permitió pasar la Navidad con algo en la mesa. La asamblea general rechazó una propuesta divisionista de reincorporar a cuatro, a condición de que las máquinas se empezaran a mover. Ante la firmeza de la huelga, la empresa despide a todos (más de 50 gráficos) y le impide a los trabajadores entrar. Los patrulleros, a cargo del mismo jefe policial que actuó contra los piquetes de La Razón, se acantonaron día y noche, para resguardar la sacrosanta propiedad privada de estos negreros. Los obreros de Recali se transformaron en piqueteros, realizaron colectas en las avenidas de Barracas, salieron por Crónica TV, se desplazaron en piquete hasta Poligráfica del Plata, para que no tomara más trabajos de Recali, con la Naranja a la cabeza (el Sindicato se negó), cortaron una mano de Callao frente al Ministerio y al grito de "Olé, olá, a los despidos de Navidad, con los piquetes vamos a reincorporar", recibieron la noticia de la conciliación con despedidos adentro. No ocurría esto en el gremio probablemente desde el triunfo parcial de la ocupación de Editorial Abril, en 1986. Esta victoria contrasta brutalmente con el destino de derrota sin lucha que impone la burocracia ongarista en todo el gremio. Por ejemplo, Tecnograf fue víctima de cierre total, con desconocimiento de una conciliación de la subsecretaría de Provincia. Ciccone vuelve a sufrir atrasos. Pero nada amerita para esta conducción la movilización general, la acción directa y piquetera que tomó Recali. En la ruta de Interpack, de Atlántida y de las mejores tradiciones del gremio. Fatida sumó su apoyo a la huelga y gestionó el de la Unión Internacional de Trabajadores de la Comunicación, que envió su solidaridad. Ha triunfado el método de la huelga sobre la adaptación charlatanesca y legalista de la burocracia sindical. Una nota destacada fue el reconocimiento, en la asamblea general de balance, del apoyo del PO de La Boca y Barracas, que estuvo a sol y a sombra junto a los huelguistas.

Un grupo de despedidos y una parte de la Comisión Interna fueron brutalmente golpeados por la burocracia de Daer, quien en persona los provocó invitándolos a quemar el sindicato con una pila de diarios y un encendedor. Minutos después, 60 matones desataban la golpiza que mandó a todos al hospital. La cita había sido dada por la propia Comisión Directiva en una movilización anterior. El 4 de enero, día en que terminaba la conciliación obligatoria, se realizó un enorme acto en la puerta de Terrabusi, llamado por la otra parte de la interna, la que dirige el compañero Bogado de la CCC. Hubo unos 500 compañeros, la mayoría de La Matanza, pero también una delegación de 40 compañeros de la Coordinadora de Desocupados de Tigre y el PO, del MIJP de Raúl Castells, y él mismo, del MST, el PTS y dos personas de la CTA de la zona. Todos hablamos y cantamos consignas contra la patronal negrera que ahora va por más: pretende imponer dos turnos de 12 horas. Pero la patronal desvió a los trabajadores por otra entrada, pasó la audiencia para el día siguiente y reincorporó sólo a diez como para descomprimir. La asignatura pendiente es la huelga de los obreros de Terrabusi. A juzgar por el triunfo fraternal y por el triunfo gráfico en Recali, si este gigante para, ganamos. Por el potencial del conflicto en la zona y en el país. No olvidemos que esta conciliación fue preventiva, no había estallado la huelga cuando la decretó el Ministerio. Las movilizaciones al sindicato tuvieron prensa, el acto conmovió, a pesar de que cada fracción de la interna no concurre a las iniciativas de la otra parte. El trabajo de conjunto tiene que apuntar a una asamblea general que decrete la huelga. Así se defiende a quienes fueron la base del mismo paro del 23 y 24 de noviembre que esta interna llamó a cumplir. Ahora, en conjunto, hay que tomar la responsabilidad que implica sacar a los trabajadores a la lucha. Como dijo Quiroga en el cierre del Plenario nacional: defender a los activistas que garantizan los paros. No se explica por qué todos evitaron una carpa de los despedidos en la puerta que martille a cada compañero que entra y sale, hasta lograr la asamblea y la resolución de lucha. Sería la base de un gran fondo de huelga con peaje sobre la Henry Ford, garantizado por los despedidos y la interna hasta enlazar con la lucha interna que está a flor de piel y se replanteará inexorablemente, porque las 12 horas, como bien lo marcó Angela Puchetta en el plenario de Fatpren, traerán despidos masivos. La salida de Terrabusi es huelguística y es piquetera. Así se arrastrará al gremio de la alimentación para pasar por encima de los Daer y Cia. Al mismo tiempo llamamos a todas las organizaciones obreras a exigir la inmediata renuncia de Daer a la CGT.

Con la firma de un acta, el viernes 5 de enero, luego de 15 días de permanencia en la plaza de San Justo frente al municipio, se puso punto final a esta etapa de la lucha. Las reivindicaciones obtenidas por los desocupados de los barrios La Loma, Don Juan, San Cayetano, Villa del Carmen, Conet y Nicoll, llevan a una doble conclusión. Por un lado, se logró la instalación de bombas de agua, de comedores y salas de salud, fumigaciones y efectivización de planes de empleo que aún no se habían cobrado o estaba detenida su tramitación, además de la entrega de algunos planes de empleo más y el compromiso de que se estudie el padrón entregado, de más de 300 desocupados, para futuros planes. Por otro lado, se obtuvo el reconocimiento de las comisiones de estos barrios como comisiones de desocupados independientes, y su derecho a exigir en forma directa a las autoridades políticas del distrito. En La Matanza todas las fuerzas políticas patronales han hecho un especial esfuerzo en "institucionalizar el conflicto social", es decir demarcar el terreno, la oportunidad y los métodos que deben darse los trabajadores para reclamar por sus derechos. El resultado de esta política ha sido la conformación del "Comité de Emergencia", que preside el intendente e integran los bloques de concejales y las dos principales organizaciones de desocupados del distrito (FTV y CCC). La necesidad de realizar un segundo corte de ruta (a comienzos de noviembre) cuando el gobierno no cumplió los acuerdos del primero, y hasta el propio corte realizado por la CCC el pasado miércoles 3, han demostrado que el "Comité de Emergencia" fracasó tanto en resolver la penuria de las barriadas, como en contener la organización y las luchas. Permanentemente surgen conflictos y reclamos de organizaciones y barrios que no están integrados al "Comité de Emergencia". El triunfo de los barrios agrupados en el Futrade tiene un enorme valor político ya que la lucha está basada en un enfrentamiento directo con el Estado, en este caso representado por el intendente Balestrini. Los 15 días de lucha y carpa pusieron de relieve otros elementos importantes: el funcionamiento permanente en asambleas de los barrios y elección de delegados como métodos de toma de decisiones, el hincapié en la organización independiente y la autoorganización, y el desarrollo del agrupamiento al punto de poder sostener una lucha de esta extensión y esfuerzo. Los desocupados de La Loma, Don Juan, Villa del Carmen y San Cayetano no sólo han demostrado que son una fuerza viva del distrito, sino que, además, han planteado un programa superador. Porque desde el inicio de su organización como comisión de mujeres y de desocupados en cada barrio, se levantó un programa de salida a la crisis, que supera el reparto de bolsones de alimentos y los planes Trabajar. Se hicieron importantes debates sobre la necesidad de reclamar un subsidio de 500 pesos para todos los desocupados y el reparto de las horas de trabajo. Se ha discutido la necesidad de unificar la lucha de los desocupados con los trabajadores ocupados. Esto fue vivido en la carpa con la enorme solidaridad recibida, con las delegaciones presentes en el acto, y también con la participación masiva de las comisiones en el acto de apoyo a las luchas de hace unos meses y el Plenario del Polo Clasista realizado el 16 en Fatpren. Ser parte de una tendencia y un programa nacional de los movimientos de desocupados ha fortalecido doblemente al movimiento en el distrito, y el triunfo en esta lucha es un aporte a la lucha nacional de los desocupados por imponer un subsidio de 500 pesos, el reparto de las horas de trabajo y la prohibición de las suspensiones y despidos.