Prensa Obrera N° 695

Acaba de publicarse en Inglaterra el "informe Phillips", que reúne las conclusiones de una comisión investigadora sobre el "mal de la vaca loca". El informe revela que se ocultaron sistemáticamente las verdaderas causas del mal, y se llegó hasta la persecución de quienes las investigaron. Durante los años ‘80, un núcleo de científicos *dirigido por el Dr. Alan Dickinson* desarrolló la hipótesis de un vínculo entre el llamado mal de Creutzfeldt Jacob (CJD) "que afecta a seres humanos", la patología de la "vaca loca" y el mal de los ovinos ("scrapie"). Estudios realizados en pacientes de CJD comprobaron la existencia de una proteína deformada *común a las tres especies*, resistente a todo tipo de productos químicos y enzimas presentes en la digestión animal. Por lo tanto y a través de la alimentación, podía ser transmitida entre diferentes especies. Esta línea de investigación fundamentaba la existencia de un hilo conductor entre las patologías ovina, bovina y humana, tendiendo por lo tanto, una sombra de sospecha sobre la industria cárnica inglesa. En poco tiempo, el Dr. Dickinson fue retirado de la investigación, "en una de las tantas ‘racionalizaciones’, de fondos para instituciones científicas practicadas en los años de Thatcher" (London Review of Books, 14/12). Años después, cuando estalla el mal de la vaca loca y el gobierno inicia indagaciones oficiales, se adopta "la decisión deliberada de excluir (del equipo de investigadores) a cualquiera que hubiera trabajado con Dickinson". Mientras tanto, el gobierno elabora la conclusión "oficial" de que "la ‘vaca loca’ no era más que la versión ‘vacuna’ del mal ovino, sin encontrar la menor línea de evidencia de una conexión entre éste último y el mal humano CJD". Estos "resultados" liberaban de toda sospecha a la ingestión de derivados vacunos por parte de seres humanos. Simultáneamente, el gobierno británico lanzaba su campaña: "El bife inglés está a salvo"... Las investigaciones y evidencias fueron sometidas al mayor "secreto y censura", teniendo en cuenta "posibles efectos sobre las exportaciones y otras implicaciones políticas", en momentos en que se revelaban nuevos casos de víctimas humanas del mal CJD. Medidas elementales de prevención en el país donde nació el mal, fueron así bloqueadas durante casi una década, para salvar a la industria frigorífica inglesa, mientras 80 casos humanos fatales ocurrían en ese país. Era la "antesala" de la actual extensión de la epidemia hacia toda Europa.

Cuando estalló el rebrote del mal de la vaca loca en Europa, los funcionarios y empresarios argentinos salieron a anunciar, eufóricos, un "boom de exportaciones". Pero, lejos de esto, el derrumbe del consumo europeo de carne acabó planteando, simplemente, cómo salvar la cuota exportadora y, además, la caída de precios. Ahora, los cañones oficiales se baten en tal retirada, que están jurando y perjurando que la producción local de carne está libre del mal. Pero hay sospechas fundadas de lo contrario. En el sur de Brasil, apareció días pasados un brote de "scrapie" o tembladera ovina. "Un total de 305 ovejas fueron sacrificadas en el Estado de Paraná, fronterizo con la Argentina, luego de que se encontraran tres animales con la enfermedad" (Clarín, 20/12). Pero la preocupación de fondo responde a otra cuestión, ya que la producción agropecuaria argentina se ha transformado en "puntal" de la política de uso intensivo de agroquímicos y de progresiva retirada de la ganadería extensiva. Los "feedlots" (alimentaderos artificiales de ganado) ya suman 500 en todo el país y representan a más del 10% de los animales que van al matadero. "No es que sospechen (en el Senasa) de la utilización de harinas animales en la terminación de esos vacunos, pero es un sector que necesita de un ordenamiento" (Clarín, 20/1). Debe añadirse a ello que en Europa la industria de harinas animales continúa produciendo y stockeando su producción, que podría ser rematada en el mercado mundial y constituir una fuente de alimentación vacuna de costo ínfimo... La Argentina, en definitiva, no está "libre" de la vaca loca, por la simple razón de que está totalmente metida en el proceso de "racionalización" capitalista de la producción agraria y de la producción animal.

La comisión directiva de la Coordinadora Departamental de Trabajadores Desocupados, ante la detención del compañero Sebastián Cabral, de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, resuelve: 1) Exigir la inmediata libertad de Sebastián Cabral, ya que su detención se inscribe en una clara violación a los acuerdos de la ruta, hecho que se repite una vez más, y que además se perfila como el inicio de una escalada de persecuciones y detenciones contra los verdaderos piqueteros. 2) Declararse en estado de alerta y movilización en todo el Departamento San Martín. Convocar a asamblea de trabajadores y desocupados adheridos a las organizaciones que integran la Coordinadora Departamental para decidir medidas de acción directa con diferentes modalidades. 3) Interrumpir cualquier toda negociación con los gobiernos nacional y provincial hasta que no se libere al compañero Sebastián Cabral y cesen las persecuciones, citaciones y detenciones de los piqueteros. 4) Programar un Paro General por tiempo indeterminado de los Planes Trabajar en el ámbito de nuestro departamento en solidaridad con el compañero Cabral. Por la Coordinadora Departamental de Trabajadores Desocupados: Pepino Fernández, Piquete Ruiz, por General Mosconi; Daniel Arce, Pepe Barraza, Aldo Fernández, por Tartagal; Ema Cabana, María Eugenia Zambrano, por Embarcación; Judith Guerrero, Raúl Arce, por Salvador Mazza-Pocitos; Hugo Villarroel, por Aguaray.

La muerte por cáncer o leucemia de más de una docena de soldados europeos que participaron en las operaciones de la Otan en los Balcanes ha desatado una conmoción popular. Los aviones de la Otan dispararon 10.000 proyectiles con uranio empobrecido sobre Bosnia (en 1994 y 1995) y 30.000 sobre Kosovo (en 1999), lo que representa 3 y 9 toneladas de material radiactivo respectivamente. El envenenamiento con uranio -sea por ingestión o simple inhalación- provoca cáncer, leucemia, malformaciones genéticas y enfermedades hereditarias. El "síndrome de los Balcanes" -así se denomina al envenenamiento de los soldados por radiactividad- le sigue al llamado "síndrome del Golfo", donde el imperialismo arrojó un millón de proyectiles, con su carga de 300 toneladas de material radiactivo, sobre Irak. Se calcula que 10.000 kosovares morirán en los próximos años, sin mencionar a los miles de enfermos y de nacidos con deformaciones. La cadena alimenticia en Kosovo y Bosnia está envenenada con uranio y se ha convertido en una cadena de transmisión cancerígena. La intoxicación radiactiva es apenas un aspecto de la "espantosa degradación ambiental provocada por los bombardeos en toda la región de los Balcances, a lo largo del eje del Danubio" (Corriere della Sera, 3/1). Un estudio publicado en Inglaterra reveló la existencia de "al menos 300 casos de cáncer entre 5.000 refugiados serbios que vivían en Sarajevo cuando la Otan ametralló esa ciudad". La guerra limpia Pero lo que ha conducido a la presente crisis es la evidencia de que se han intoxicado las propias fuerzas agresoras. Sólo debido a esto se derrumba ahora el mito de la "guerra limpia" con el cual los gobiernos centroizquierdistas pretendieron justificar ante la opinión pública de sus países la masacre de los Balcanes. Ahora, el anuncio de soldados enfermos ha desatado una oleada de acusaciones recíprocas entre los aliados de la Otan. Aunque los gobiernos europeos reclaman "informes" y "explicaciones" al alto mando americano, la cúpula de la Otan aclaró que su utilización "no es un secreto y no ha habido en la Otan la menor tentativa de esconderlo" (La Repubblica, 23/12/2000). Más aún, "estas municiones son moneda corriente entre los ejércitos de la Otan", al punto que "el jefe de armamentos del ejército francés reconoció que en los últimos 10 años fueron probadas alrededor de 1.500 municiones" (Página/12, 14/1/2000). En esta línea, los jefes de la alianza atlántica descartaron la posibilidad de la destrucción de estas armas, "ya que son mucho más eficaces que las armas convencionales" (El País, 6/1/2001). Es que la inclusión de uranio permite que las municiones arrojadas desde el aire puedan perforar los tanques de guerra. Se trata entonces de un recurso crucial de la "guerra limpia", cuyos objetivos militares podrían alcanzarse sin involucrar a las tropas propias. Los gobiernos europeos *y principalmente los centroizquierdistas* tendrán que tragarse el sapo de las secuelas radiactivas, no a pesar de la guerra "limpia" y "a distancia", sino precisamente en su nombre. Lucha interimperialista La evidencia de las secuelas radiactivas ha colocado en la picota a la ocupación militar de los Balcanes por parte de la Otan, donde miles de soldados europeos conviven diariamente con la contaminación. En Italia, ya se ha abierto una agitación política a favor del retiro de las tropas de ese país. La crisis del uranio ha sacado a la luz también la disputa interimperialista que existe por el control militar de los Balcanes y Europa del Este, donde está en juego el rumbo de la restauración capitalista. Un observador destaca que "la unidad de la Otan (que) fue puesta a prueba durante la campaña de Kosovo, y los esfuerzos por salvaguardar la paz podrían ponerse en riesgo si la presión pública y los gobiernos deciden retirar, o negarse a contribuir con tropas" (Financial Times, 13/1). "Las tensiones transatlánticas" *es decir entre los imperialismos yanqui y europeo*, estarían siendo alimentadas por "los esfuerzos europeos en desarrollar una identidad de defensa independiente" (ídem). A su turno, el gobierno de Bush ha anunciado un programa nacional de defensa misilística, que para Europa "minaría a la Otan" (ídem). El caso del uranio ha puesto al rojo vivo estas rivalidades, que la etapa post Balcanes ha proyectado a una escala superior.

La manifestación que se realizará este 24 de marzo, en el 25º aniversario del golpe militar, es una gran oportunida no sólo para repudiar el genocidio de la dictadura, sino también el actual genocidio que está llevando adelante el gobierno nacional y los gobiernos provinciales fondomonetaristas. Cuatro millones de desocupados, rebajas salariales, superexplotación, impuestazos, represión y entrega. Los monopolios que ayer apoyaron a la dictadura militar, hoy se sienten a sus anchas con De la Rúa. Por eso, se trata este 24 de marzo que reventemos la Plaza de Mayo de manifestantes para reclamar por el pan, contra la rebaja salarial, contra la reforma laboral, contra los proyectos de arancelamiento de la enseñanza, contra el gatillo fácil y por justicia, contra los tarifazos. Es la oportunidad para unificar a desocupados, obreros y estudiantes, y a comisiones internas, organizaciones de desocupados, sindicatos combativos y organizaciones de derechos humanos, que luchan contra este régimen. El 23 y 24 de noviembre paramos el país y ganamos las calles con miles de piquetes en un gran pronunciamiento nacional; ahora, el 24 de marzo, volvamos a unir, con los piqueteros a la cabeza, a todos los movimientos de lucha y los reclamos de las masas explotadas contra este régimen de hambre, miseria y entrega. ¡Centenares de miles a la Plaza de Mayo! Contra los planes fondomonetaristas que plantean más despidos masivos, rebajas salariales y superexplotación, planteamos: Salario mínimo de 600 pesos, por 8 horas de trabajo. Prohibición de despidos. Seguro al desocupado de 500 pesos. Derogación de la reforma laboral antiobrera. Contra el poder que protege no sólo a los Videla y Massera, sino también a la policía del gatillo fácil, y alienta *en las órdenes del ministro del Interior, Storani* la represión contra el pueblo explotado que lucha por sus derechos (asesinato del piquetero Verón y encarcelamiento del piquetero Cabral en Salta, etc.), planteamos: Libertad a Alí, Cabral y todos los presos políticos y gremiales. Cese de los procesamientos a los luchadores populares. Cárcel a la policía del gatillo fácil. Perpetua a los genocidas. La continuidad de este régimen proimperialista nos arrastra al abismo de la miseria y la degradación nacional. Por eso: No pago de la deuda externa. Abajo los tarifazos. Expropiación de YPF-Repsol y las empresas privatizadas. Estatización de las AFJP. Fuera De la Rúa y los gobiernos provinciales fondomonetaristas. Por una Asamblea Constituyente soberana. Basta de tregua de las direcciones burocráticas. Hacia el paro nacional de 72 horas y la huelga general indeterminada. TODOS A LA MARCHA. Se trata de organizar la manifestación política más importante del país. Todos los movimientos de lucha de las masas en curso debemos unificarnos en esta marcha. Los piqueteros desocupados; la juventud que acaba de sufrir una nueva víctima en Coto; los trabajadores de Recali y Terrabussi; los conductores ferroviarios que luchan contra los despidos y por sus derechos; los trabajadores del Pami y los jubilados contra la destrucción de la obra social y la PBU. Todos junto al Partido Obrero para poner fin a este régimen contra el pueblo trabajador y desarrollar la alternativa de un gobierno de los trabajadores. ¡Reventemos la Plaza de Mayo con centenares de miles de manifestantes!

Acaba de finalizar un importante conflicto en la línea 503 de Escobar. Los patrones, en quiebra semi fraudulenta, dejaron en la calle a 120 trabajadores, que lucharon varios días por la defensa de la fuente de trabajo- La finalización del conflicto llegó cuando la línea 60 absorbió al conjunto del personal y, por supuesto, el derecho del piso municipal del servicio. El conflicto de La Internacional también ha tenido una similar resolución. El desenlace de este tipo de conflictos ya viene siendo reiterado. Ante una crisis empresaria, se da forma a una UTE (Unión Transitoria de Empresas). Este mecanismo es un recurso de las patronales para evadir impuestos y deshacerse de la organización sindical. El Grupo Plaza y la línea 60 han llevado adelante una brutal absorción de líneas que ha perjudicado a los choferes y al personal administrativo y de mantenimiento de las líneas chicas que han "quebrado", pero los patrones de esas líneas “quebradas” hoy son socios menores de estos grandes grupos. La UTA defiende que otra empresa se haga cargo do las líneas quebradas cerrando loe ojos a todos ios demás problemas que se les presentan a los trabajadores. Los obreros, una vez finalizado el conflicto, comienzan el Vía crucit por el cobro de los días caídos y por fu propia estabilidad. Con las líneas de corta la situación es similar; finando el piso es municipal la intendencia sólo vela por el recorrido anterior, pero los trabajadores ya son de la nueva línea. La 60 logró rajar a casi el 80% de los trabajadores absorbidos de la 204, con el solo mecanismo de hacerlos tomar servicio a grandes distancias de rus domicilios en un régimen de absoluta arbitrariedad consentido por la UTA. Los días caídos son pagados en cómodas cuotas,' el régimen de las mismas va líneas siempre es de máxima flexibilidad, con al argumento “tómelo o déjelo”. Las internas y los delegados anteriores quedan congelados, se mantienen sus derechos pero uo tienen más acceso q la patronal sino a través da los "viajes” delegados de la linón madre. En resumen, un gran negocio patronal. Hay que terminar con las UTE. Empresa que cierro o quiebro debo ser absorbida por el municipio o por la provincia, aogún quien tenga el derecho de piso, bajo ol control de los trabajadores. Todos los colectivos deben ser incautados para ponerlos al servicio de loa usuarios y deben regir las condiciones de trnbajo que determinen las propias asambleas de trabajadores de esas líneas. En los próximos conflictos de este tipo ésta debe ser una linea a seguir; no se van a reproducir por docenas las Internacionales, las 508, 204, y la lista sera interminable.

Asegurado el salvataje del FMI, De la Rúa convocó a "recuperar la alegría de vivir". Se refería, claro, a la de los acreedores y capitalistas que han obtenido una garantía sobre los intereses de la deuda pública y los patrimonios patronales. Han obtenido además la posibilidad de negocios suculentos a caballo de la misma crisis, como el que hicieron la semana pasada las AFJPs al suscribir un bono del Estado, por el cual recibirán un 12,5% de interés, o sea un 140% por encima de la tasa internacional de referencia. O como el que harán en las próximas semanas cuando el Estado canjee deuda a corto plazo por deuda a largo plazo a tasas de interés muy superiores. Por supuesto que han recuperado "la alegría de vivir". Se trata de todos modos de una garantía relativa, o más bien precaria, porque depende por completo de la evolución que tenga la explosiva situación financiera internacional. El Bank of America, uno de los más grandes, acaba de anunciar pérdidas por mil millones de dólares, que algunos atribuyen a los préstamos incobrables que habría otorgado a las distribuidoras de electricidad de California que han entrado en cesación de pagos, y que otros explican por operaciones especulativas que dieron resultados negativos en la Bolsa neoyorquina. También ha ingresado en un cono de sombra el JPMorgan-Chase e incluso el Citi, lo cual explica la abrupta baja de las tasas de interés decidida por la banca central de Estados Unidos. No hablemos ya de la crisis bancaria japonesa, la cual ha llegado a tal punto que el Financial Times, el medio más representativo de la banca internacional, acaba de pedir la nacionalización integral del sistema bancario por un cierto período de tiempo. La Argentina, además, debe refinanciar en el 2001 unos 35.000 millones de dólares entre deuda pública y privada, lo que quiere decir que está muy lejos de haber resuelto la cesación de pagos. Una de las variantes de la crisis argentina es, precisamente, que esta crisis explote a corto plazo, incluso con "blindaje", como consecuencia de una combinación de circunstancias entre la crisis financiera internacional y la bancarrota estatal y privada "interna". Pero la otra variante, la más benigna, no deja de presentar contradicciones explosivas. Es que aún si escapara por un tiempo a la cesación de pagos, la Argentina necesitaría producir una fuerte reactivación para escapar a una bancarrota industrial y eventualmente bancaria, ni qué decir para atenuar la rebelión social que está creciendo como consecuencia de la desocupación y el empobrecimiento crecientes. Pero para producir esta reactivación la política oficial tiene limitaciones manifiestas, que están planteadas en las propias condiciones establecidas para el "blindaje". El esquema oficial es que la reactivación tendrá lugar como una consecuencia de la reducción de los intereses y del ingreso de nuevo capital del exterior, lo cual es simplemente una fantasía. La Alianza debería darse por satisfecha si logra refinanciar la deuda, no pretender más capital para una economía quebrada y en un mercado internacional en declinación. La confusión oficial está demostrada por la exhortación de Machinea a "gastar más", lo que demuestra que es un chirolita de los centros financieros, porque sólo en las metrópolis imperialistas una parte importante de los consumidores puede optar entre ahorrar y gastar. Tampoco alcanza el llamado "plan de infraestructura", que en obras nuevas no llega a los mil millones anuales y que en las restantes depende de aumentos tarifarios que acabarían agotando incluso a los consumidores que podrían salir "a gastar". Menos puede pensar el gobierno en salir por la vía de exportar, ya que las tendencias recesivas son generalizadas a nivel internacional, y lo que faltaba para completarlas se acaba de dar con el derrumbe del mercado de alimentos a raíz de la "vaca loca". Una ausencia de reactivación o una reactivación débil habrá de desatar enormes presiones sobre el conjunto del acuerdo con el FMI, y no solamente de parte de las masas. Se pondrá de manifiesto que la reactivación tiene límites insalvables sin una enérgica recuperación del consumo. El gobierno se verá confrontado a un reclamo generalizado para aumentar la demanda de consumo, y esto significa esencialmente un aumento de los salarios. Sin aumentos de salarios y de jubilaciones no puede haber reactivación; no los pueden sustituir en esa función los préstamos usurarios para vivienda, que ya han fracasado en tres oportunidades en un año. Pero un aumento de salarios, y por sobre todo una fuerte suba del salario mínimo, requeriría en las actuales condiciones de una fuerte movilización social, y el aumento del salario mínimo plantearía automáticamente la jornada de ocho horas y fuertes límites a la flexibilización de la jornada de trabajo, pues de otro modo el salario mínimo no podría efectivizarse. La movilización, por otro lado, significa antes que nada la movilización de los compañeros desocupados y por lo tanto su reclamo de subsidio al parado de 500 pesos y el reparto de las horas de trabajo. La realización de un programa mínimo de estas características es incompatible, sin embargo, con el "blindaje" y con todos sus condicionamientos. Plantea la ruptura con el FMI y con toda la atadura representada por la deuda externa y la dominación de los grandes monopolios capitalistas. Es decir que en cualquiera de las variantes alternativas de la presente crisis, sea un colapso a corto plazo, sea una "tregua" financiera (por supuesto que de enorme costo), las reivindicaciones inmediatas más elementales llevan a un choque con el FMI y los monopolios capitalistas y a una profundización de la crisis política.

Jamás el gremio de UTA atravesó una situación como la actual. Los choferes de la 161 ocupan las instalaciones de la lfnea y realizan combativos piquetes como el que cortó Maipú, en Vicente López, el 16 de enero. No cobran y los pisos están al borde de la caducidad. Estarían interesadas la 109 y la 34, pero nadie sabe en qué condiciones. Ya tuvimos la experiencia de La Interna* cional que terminó descuartizada, pero más reciente y aleccionador todavía es el caso del Cañuelas, que luego del prolongadísimo conflicto de la 51 y demás línea/) que lo integran, ahora se ha vuelto a caer y los pisos corren peligro de su desaparición definitiva. En este 2001 hubo conflicto en la 60, que absorbió además la 503, luego de una batalla de sus trabajadores; también fue a la lucha la 98 y TDO acaba de realizar una asamblea general que puso en pie de lucha a sus 1.200 compañeros por el cuadro crítico que observa la comisión interna. TDO lanzó una ofensiva de agitación popular mostrando la responsabilidad patronal en las futuras medidas ante un eventual nuevo atraso que los trabadores no están dispuestos a soportar. Pero el tema os más grave porque faltan coches, 16 de los cuales incautó el Citi. El cuerpo de delegados pidió plenario a UTA-Oeste, colocó denuncia en el Ministerio y reclama urgente intervención de la intendencia y la gobernación ante el grave conflicto del transporte público que presagia el estado desastroso de la administración patronal. Es evidente que una brutal crisis del transporte automotor tiende a descargarse contra los trabajadores y los usuarios, con pérdida constante de recorridos y frecuencias. TDO ha fjjado un programa: apertura de cuentas de todas las empresas que no cumplen, que el Estado se haga cargo de los recorridos interrumpidos; suplantación del transporte trucho por transporte público a cargo de los municipios, respetando el convenio y salario de UTA; no al boletazo; inmediato plenario general de toda UTA y plan de lucha en defensa de los choferes y del transporte público.

En el 506 y en el 2000 también: los aparatos represivos, sigilosos y conspirativos, son el corazón del Estado capitalista. Los profesores centroizquierdistas de la Alianza que consideran esta definición pasada de moda, deberían explicar entonces por qué con los "progresistas" Alvarez, Storani y Cia. sigue vigente la "Ley Orgánica", que estipula el carácter de la actividad de los "agentes encubiertos" de la Policía Federal. Se trata de una norma "reservada", es decir, no pública, nacida bajo la dictadura de Aramburu, en 1958, y perfeccionada por la de Onganía, en la década del ‘60, que ha pasado inmune por todas las administraciones "democráticas". Establece la naturaleza totalmente secreta del "Cuerpo de Informantes" de la Policía y lo autoriza a todo tipo de "misiones", incluido el espionaje de los partidos políticos, prohibido por la Constitución Nacional. El "secreto" no es moco de pavo porque "ante requerimientos judiciales o de otras autoridades, el jefe de la Policía Federal estará autorizado a no revelar la existencia del personal del Cuerpo de Informaciones" y, en tal caso, su "personal será instruido en cuanto a la forma en que deba presentarse", es decir, la forma en que macaneará y mentirá. Toda esta podredumbre salió a la luz pública cuando, meses atrás, se denunció a una colaboradora de Nueva Dirigencia *Mónica Amoroso* por integrar el supuestamente ignoto "Cuerpo de Informantes". En el juzgado que entiende este asunto, "una presentación de los representantes actuales de la fuerza policial y el propio Ministerio del Interior (sic) asegura que pueden hacer espionaje político" (Página/12, 26/6). Hay más: los policías citados a declarar "reconocieron a la mujer como espía asignada a la Legislatura porteña" (ídem). ¿Es amparado en estas "normas" que Storani se propuso infiltrar el público y abierto plenario del Polo Clasista? La información de Página/12 amerita, entre otras cosas, un juicio político a la cabeza misma del Poder Ejecutivo, responsable del espionaje promovido por Storani.

EL 22 vence la conciliación obligatoria en el conflicto que los conductores ferroviarios sostienen con las empresas concesionarias. La conciliación con los despedidos adentro fue un recurso para frenar la descomunal huelga indefinida con piquetes con que los trabajadores respondieron a la provocación patronal. Los ferroviarios redamaban 300 pesos de aumento y la reducción de la jornada a 7 horas 15' (hoy de 8 horas 30' en varias líneas). La reducción de la jornada es clave, porque significaría una reducción de accidentes por menor stress y porque los diagramas nuevos, hoy al limite, obligarían a las empresas a incorporar a centenares de conductores. El reclamo de los fraternales, entonces, no sólo es justísimo, sino estratégico para el movimiento obrero de conjunto. La patronal y el Ministerio de Trabajo pretenden canjear la anulación de ios despidos por el retiro de los reclamos. Los fraternales anuncian que retomarán el plan de lucha a partir del míéreotai 24. Con relación a esto, opinamos que es necesario profundizar, mediante asambleas de línea, la organización y preparar la huelga indefinida. Todos los gremios ferroviarios deben disponerse a apoyar a los conductores, y a elevar su propio pliego de reclamos. La patronal es una. Llamamos a los delegados y activistas de la Unión ferroviaria y de la Nodación de Señaleros a reclamar asambleas. Llamamos a la Lista Celeste de la Unión a impulsar asambleas y exigir la movilización del gremio. Por un paro activo nacional de 72 horas, por el salario mínimo de 600 pesos, la prohibidón de los despidos y la jornada de 8 horas, 40 semanales y un seguro al desempleado de 500 pesos. Estamos por entero al servido del triunfo de la causa dé los ferroviarios.

A veinte días de asumir (30/12/99) el intendente Oscar Laborde, un ex comunista, recibió la imagen de la Virgen del Rosario de Fátima en la Municipalidad y el Concejo Deliberante. El 29 de junio del 2000, El Sureño anunciaba que el intendente eximía del pago de impuestos a la Iglesia Católica, mientras ponía condiciones a jubilados, pensionados y veteranos de guerra, excluyendo del beneficio a discapacitados y desocupados. En el mensuario AveYAneda (julio) salió una entrevista a monseñor Roberto Toledo, quien en 1999 estuvo envuelto en un escándalo bancario de la curia capitalina y ahora es "administrador de la Diócesis de Avellaneda". El sacerdote declara: "Nuestra relación con Laborde es excelente", y le quita dramatismo a sus orígenes izquierdistas: "nuestra preocupación era que Laborde hiciera una declaración sobre la actuación de la Iglesia en el municipio, la que fue dejado de lado, incluso antes de asumir, ya que se entabló una relación excelente". En agosto, la Intendencia auspicia mediante una profusa campaña de miles de afiches (a cargo de los contribuyentes) las Fiestas Patronales del clero local, cuyo eje central fue una misa cada 48 horas y el uso gratuito del Teatro Municipal Roma. El 16/9 se realizó el Encuentro de Jóvenes Cristianos organizado por la Pastoral Juvenil de Avellaneda. Laborde auspició ese evento, haciendo uso de recursos públicos. Durante esa jornada, en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, el intendente y Fernández Mayan, secretario de Gobierno, recibieron una plaqueta de agradecimiento de la Diócesis de Avellaneda (AveYAneda, octubre). Laborde presentó una iniciativa, donde explícitamente incluía Cáritas Argentina (El Sureño, 24/6), que es la del Voluntariado Social Juvenil (proyecto de ley del diputado Mosquera), que coordinarán junto a las ONGs. Este proyecto de clientelismo dogmático, regimentación y control social está basado en un acuerdo rubricado por monseñor Casaretto, presidente de Cáritas Argentina, y Gerardo Amieiro, intendente de San Fernando, quienes acordaron (La Razón, 24/10) un convenio de trabajo en común sobre niñez, adolescencia, salud, drogadependencia, sida, seguridad urbana, empleo y capacitación laboral, prevención y asistencia de la violencia doméstica, emergencias y catástrofes y tercera edad. Entrega un rubro importante de la asistencia social al control de la Iglesia. Según Amieiro, "ambas instituciones tienen en común una perspectiva de vida, y conjugando los recursos escasos, lograremos una mejor llegada. Aún hay que caminar barrio por barrio (tarea para los voluntarios) para ver quiénes no tienen ayuda". Con la patria inmobiliaria, contra los sin techo La idea central que manejan los funcionarios ante los medios, es "convertir a Avellaneda en una atracción para los turistas, la extensión de la ciudad turística y financiera: Puerto Madero, La rambla de La Boca... Avellaneda". Preparan el terreno para una especulación inmobiliaria, negociados con tierras y propiedades, con graves consecuencias para los trabajadores (desalojos, impuestazos, subas de alquileres, etc.). Los vecinos de Corina lograron con su movilización impedir el remate de sus tierras (que aún no les fueron adjudicadas). En el barrio 7 de setiembre, Laborde accionó pidiéndole al juez que los vecinos fueran desalojados por la policía. El 8 de octubre, cien familias ocuparon terrenos municipales que estaban al lado del monopolio Wal-Mart; fueron desalojados por la guardia de Infantería y la policía (Clarín, 8/10). Entonces, los desalojados acamparon en fila sobre la vereda hasta que el 20 de octubre fueron desalojados por segunda vez, por 300 efectivos. Los funcionarios declararon (El Sureño, 21/10): "La Municipalidad cumplió con su primaria responsabilidad, la de evitar un asentamiento ilegal en tierras que son de su propiedad". Para Wal-Mart, seguridad jurídica; para los sin techo, represión. Se ‘sarpa’ El 2/6 se decide trasladar en forma inconsulta a los docentes municipales de su obra social, Ioma, a la del Sindicato Municipal. El 75% de los trabajadores lo rechaza y decide continuar en Ioma. En agosto, la comuna inició consultas para la reforma del Estatuto del Docente municipal. Los institutos y escuelas municipales son sostenidas (Casa de la Cultura, por ejemplo) por cooperadoras que por el calibre de la crisis engendrada por la política del PJ y la Alianza, los alumnos ya no pueden pagar. El municipio ha decidido, en noviembre, despedir personal no docente y continúa haciendo abandono presupuestario y sin preocuparse del reconocimiento oficial de los títulos. A todo esto, en Avellaneda, las más de 20 escuelas privadas confesionales, es decir, católicas, subsidiadas por el Estado, saludan esta política haciendo sonar sus cajas registradoras. En Avellaneda hay un solo hospital municipal, el de Wilde. Allí el Frepaso ya transitó un proceso de privatización de servicios (el de la cocina significó que, cada vianda destinada a los pacientes, la paga un 150% más caro). En el mismo edificio del hospital de Wilde se cede gratuitamente tres dependencias en favor de la empresa TC Bernal, para servicio de tomografía computada. El servicio se prestará durante las 24 horas, mientras que sólo serán gratuitas 100 tomografías por mes. En el acto de puesta en marcha, además de Laborde, estuvieron presentes el secretario de Salud y el de ¡Etica!, que se llama José Sarpa (La Razón, 3/10). El Frepaso camina junto a la Alianza hacia una franca descomposición.

El nuevo directorio de Emfer, bajo control directo de TBA, ha aprovechado las vacaciones y en ausencia de la gran mayoría de la Comisión Interna ha despedido a 16 trabajadores. No es la primera vez que esto ocurre; ya el año pasado despichó a 12 en el mismo período. Con la vuelta de los delegados, la mayoría de los trabajadores consideró que no había condiciones para salir a pelear contra los despidos. Los obreros vienen reclamando un aumento salarial y han estado a la cabeza de las luchas del movimiento obrero de San Martín. La ludia por la prohibidón de los despidos sigue absolutamente vigente y exige una acción de conjunto, que debe ser asumida por el congreso de delegados de San Martín y de toda la UOM. Reitera también la vigenda de la necesidad de un fuerte agrupamiento clasista en el gremio y a nivel nadonal. Tal la perspectiva abierta en el Ptenario de Trabajadores del 16 de diciembre en Fatpren hasta el Congreso de Trabajadores de abril. Tras el golpe patronal, que agarró a fes trabajadores descolocados, es necesario remover estos obstáculos que hideron posible los despidos Están por delante el logro de las reivindicaciones pendientes, entre ellas el salario. Las reservas entre los trabajadores de Emfer son enormes. Adelante, entonces.

Cuando hace un par de años se instaló la Comisaría 7ª en Villa Corina, se dijo desde las autoridades políticas y policiales que era para dar "mayor protección" a los vecinos y facilitar sus trámites. Hoy, esta comisaría ya es conocida por las palizas que han recibido los jóvenes que han caído ahí y por los malos tratos a los que son sometidos los familiares de los detenidos. En cuanto a los problemas de seguridad por los cuales se habría instalado, siguen igual o, como en el caso de la distribución y venta de drogas, se han profundizado, asolando a los jóvenes del barrio. El lunes 15 de enero, a las 10:30 horas, cuando salía de su casa con su novia para ir al médico, es detenido en la calle Guillermo Enrique, por policías de la comisaría 7ª, a cargo del oficial Bulacio. Cuando recibe la voz de alto se detiene y levanta las manos, y es allí cuando los agentes comienzan a golpearlo y tirándolo al suelo, lo siguen pateando. Todo este hecho es presenciado por los vecinos que se encontraban en las veredas y por sus propios familiares, que salieron de su casa al escuchar los gritos. Guillermo es detenido junto con su novia, en un comienzo, por averiguación de antecedentes, y es incomunicado. El martes 16 de enero, cuando los familiares concurren a la comisaría con una abogada, se les comunica que la causa es "resistencia a la autoridad y lesiones graves a un oficial". Luego de la indagatoria en los tribunales de Lomas de Zamora, es excarcelado. Hasta aquí no sería más que otro ejemplo de acciones de la Policía bonaerense de Ruckauf en los barrios obreros. Pero Guillermo Enrique es el hermano menor del "Bocha" Enrique, asesinado el 25 de noviembre de 2000 en Villa Corina, a manos de un ex policía y su hijo, Carmelo y Roberto Fernández y el oficial a cargo de este caso en la comisaría 7ª es el mismo que dirigió el operativo el lunes 15/1, Bulacio. Entonces, este hecho nos plantea algunas reflexiones para considerar: • El accionar y la movilización de la Comisión de Familiares, Amigos y Vecinos por Justicia para Bocha ha logrado sumar a los vecinos al reclamo de cárcel para los asesinos. • La actitud de la Policía en este tiempo ha sido brindar protección al ciudadano Fernández y "acompañar" con varios patrulleros las tres movilizaciones que se realizaron por el encarcelamiento del ex policía y su hijo. • El régimen político ofrece, como única respuesta a la situación social que vive la población, su "policía brava", que levantando a los jóvenes de las esquinas, apaleándolos, reprimiéndolos cuando plantean sus reclamos o con "gatillo fácil", quieren demostrar que al problema de seguridad se le puede "dar una solución". El 27 de enero a las 18 horas la Comisión por Justicia para Bocha realizará una nueva movilización al cumplirse una nueva fecha del asesinato. Sólo la organización y movilización de los vecinos y jóvenes de Corina abrirá la posibilidad de una solución al problema de la seguridad, en la que nuestros jóvenes no se conviertan en carne de cañón del aparato represivo.

El crimen de Gisella Vallejos es uno de los casos que han caracterizado estas últimas décadas. Como ha sucedido con María Soledad, Carrasco, las mochileras, Jimena Hernández y tantos otros, en donde la investigación del caso comienza con el oscurecimiento de las pistas; como en esos casos, los datos fuera de toda lógica dados por la policía y los peritos y demás “interesados” apuntan más a marear que a aclarar la cuestión. Por alguna razón misteriosa los grandes medios, que durante semanas informaron minuto a minuto sobre la hija del juez de Rufino, apenas hablaron uno o dos días sobre esta muchacha que desapareció la noche del 25 de noviembre y fue encontrada muerta diez días después. A Gisella la policía no la quiso buscar, dijo que seguramente se había fugado y les pidió a los familiares y amigos que no concurrieran a los medios. A los seis días sus compañeros del Colegio Almañierte organizaron una sentada frente a la Municipalidad y frente a la comisaría reclamando que se comenzara la búsqueda. La policía se molestó por esta demostración e increpó a los manifestantes ante las cámaras de la red local; volvió a decir que la víctima andaría con un noviecito. A partir de ahí comenzaron a aparecer distintas versiones sobre el lugar donde se la había visto por última vez (todas ellas echando dudas sobre la inocencia de la víctima). El sábado 2 de diciembre comenzaron a aparecer versiones sobre la aparición de una muchacha muerta y violada en San Alejo, un barrio periférico. El lunes 4, al concurrir la que escribe para tratar de conversar con algrin pariente o amigo (ya que se hablaba de otra marcha), la secretaria del colegio nos preguntó con una actitud distante si era verdad que ya había aparecido muerta; paralelamente, corrían también rumores sobre una niña violada. También María Soledad y Carrasco habían sido paseados por clínicas en estado agónico con la idea de revivirlos y, luego, camuflar su muerte. Gisella apareció el martes 5 de diciembre en un baldío cercano a la Panamericana y Ruta 25 en un estado de descomposición que “impidió” a los peritos saber si hubo violencia y se dijo que siempre estuvo ahí. Ibdo Pilar sabe que no pudo ser así; ni siquiera un animal pudo pasar desapercibido en ese lugar durante tanto tiempo; a la mañana se varean caballos, durante el día suelen jugar al fútbol vecinos de la zona y durante la noche sueltan ñeros “doberman” que custodian las solariegas casas de la zona. Curiosamente, este predio estuvo sin iluminación artificial hasta el mismo día. Esta aparición causó la remoción de los jefes de policía y se amonestó al secretario de Seguridad, portador de un aullido Ligado a la dictadura (Caícagno), por decir a los medios sin ningún fundamento y por su propia inventiva que Gisella había sido vista en la estación la noche en que desapareció. Los interrogantes en esta tostona surgen solos, y siguiendo el espinel del encubrimiento podemos señalar fácilmente a los sospechosos. El dinero, el poder y la “seguridad” están unidos en este asesinato. A nosotros nos interesa recalcar que nna vez más una joven de condición plebeya (Gisella) resulta víctima de una sociedad que no tiene lugar para los jóvenes, así como tampoco para los viejos, y que parece tratar de resolver su incapacidad liquidando partes de su propio cuerpo. La juventud hoy en día resulta mi paria social, salvo que pertenezca a determinado rango social. Está marginada culturalmente, está reducida a realizar trabajos descalificados, es perseguida por vagancia y es víctima del gatillo fácil, como si ella fuera culpable de la falta de trabajo y de que florezca el narcotráfico; sobre ella avanza la prostitución infantil, el secuestro y la trata de blancas y también, como posiblemente en el caso de Gisella, el intento de uso y abuso para la diversión insaciable y decadente del capitalismo. Luego se la tira por ahí, se le echa la culpa a la víctima y a la familia tratando de que la sociedad justifique el de-fl lito aberrante, con aquel viejo dicho: "Por algo habrá sido...". Esto debe terminar, la juventud debe enfrentar esta situación, debe ser apoyada por sus padres, en defensa de su vida y su futuro. Los estudiantes del colegio Almafuerte y de todos los colegios secundarios de Pilar deben solidarizarse con los familiares de Gisella y con ella misma. El día viernes 15 de diciembre de 2000 se realizó la primera marcha de silencio, en la cual el Partido Obrero estuvo presente. Pero el temor, la falta de organización y el silencio de los medios nacionales permitieron su aislamiento. Es hora de ponerse de pie y luchar jpor el esclarecimiento del asesinato de Gisella hasta las últimas consecuencias, por la formación de una comisión de familiares y amigos de Gisella que siga y controle la investigación y consiga la intervención de peritos de parte; hay suficientes ejemplos de fabricación de pruebas como para dejar las cosas en manos de los propios sospechosos.

La detención de Sebastián Cabral constituye el inicio de una campaña del gobierno de Romero para desarticular al conjunto piquetero que encabeza las luchas en el norte de Salta. Se trata de impedir que tome fuerza, en el grueso de la clase obrera, la salida que muestran los piqueteros con su accionar y que se condensa en el programa votado en el 1° Congreso de Trabajadores y Desocupados del Norte de Salta, el pasado 9 de diciembre. Es a partir de este congreso que se conforma la Coordinadora Departamental de Trabajadores Desocupados, la que abarca a las cinco ciudades del Departamento San Martín. El viernes 12 comenzaron a apostarse numerosos grupos de piqueteros al costado de la ruta 34, en el lugar de los cortes. El lunes 15, los compañeros de la UTD de Mosconi, encabezados por "Pepino" Fernández y "Piquete" Ruiz, bloquearon el acceso a la empresa contratista donde trabajaba Cabral. Los casi 300 obreros que trabajan allí (empresa Astra Evangelista), pararon y salieron a reforzar el corte. Con esta medida lograron imponer que la empresa garantice el sueldo del compañero, mientras dure la detención, reservándole el puesto. Por otro lado, en Tartagal se logró parar algunos sectores del Plan Trabajar, que se apostaron al costado de la ruta en el acceso de la ciudad, sumándose también el sector de los desocupados de Sísmica, encabezados por el "Patón" Saavedra, incorporados a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados de Tartagal. El jueves 18 se coordinaron acciones similares en todas las localidades. En Tartagal se realizó un paro de los Planes Trabajar y, junto a los desocupados, se marchó hacia el Juzgado Penal para exigir la libertad del compañero Cabral. Los compañeros Daniel Arce, Aldo Fernández y Pepe Barraza, junto a la compañera Gómez, viuda de Verón, fueron recibidos por el juez Cheda, quien manifestó que el día anterior había asumido como juez de Feria y que estaba revisando el caso. Invitó a los compañeros para la semana siguiente, cuando informaría sobre las actuaciones procesales. Casi al finalizar la reunión llegó el padre de Cabral, que recibió igual información. Desde la Coordinadora se plantea ampliar la lucha por la libertad de Cabral y por el cese de las persecuciones y detenciones contra los manifestantes de la ruta.

El violento temporal-tornado del martes 9 por la noche afectó, fundamentalmente, a los barrios de los trabajadores, y entre ellos a las familias que aún no han podido construir una vivienda sólida, porque la desocupación o los bajos salarios no se lo han permitido. Durante la madrugada del miércoles 10, recorriendo el barrio Santa Angela, constatamos lo que era una realidad en otros tantos barrios; en pocas cuadras habían volado los techos de más de 20 casas, había heridos (grandes y chicos), y muchos perdieron los electrodomésticos, la ropa, los muebles, etc., por la acción de la lluvia. Datos oficiales aseguran que 3.000 familias quedaron sin vivienda en el distrito. En Spegazzini, una nena de 5 años murió cuando un gran árbol cayó sobre su vivienda, destruyéndola y aplastándola. En Tristán Suárez una mujer murió de un paro cardíaco al ver cómo se volaba su techo. Los días miércoles, jueves y viernes fueron, para los damnificados, de larga peregrinación por las dependencias municipales; luego, largas "amansadoras" de 12 ó 14 horas para recibir 4 chapas y 2 tirantes (muy lejos de las necesidades reales de la gente). Mientras tanto, en los barrios, la borrada de los punteros del PJ y la Alianza y de los funcionarios municipales era más que notoria; y a 72 horas del temporal y luego de infinidad de reclamos a Edesur, seguíamos sin luz eléctrica (sin agua, sin heladera, sin ventiladores, sin televisión). El viernes a las 21 horas la gente no aguantó más y en el barrio Progreso de Ezeiza se cortó la avenida Lacarra; en tres horas se sumaron a los cortes otros barrios, Canning, Santa Angela, ante la mirada impotente de los funcionarios y la policía que fracasaron en su intento de levantarlo. En 25 cuadras había 13 piquetes que cortaban, inclusive uno sobre la ruta provincial 52. Al otro día, con algunos piquetes que se mantenían, las cuadrillas de Edesur devolvían la luz a los barrios que se rebelaron; no así en la zona de Tristán Suárez y La Porteña (de La Unión), donde los vecinos procedieron a cortar la ruta nacional 205, las vías del Roca y todas las calles interiores alternativas. Aquí los gobiernos municipal y provincial mostraron su verdadero rostro: con la policía local y el cuerpo de Infantería de La Matanza, reprimieron a los piqueteros, hubo heridos y 8 detenidos a quienes les inician causa penal. El problema de la falta de luz se fue solucionando. La acción directa de los trabajadores fue un paso muy importante; queda planteado reforzar la incipiente organización de los barrios y pasar a coordinar acciones en común entre ellos, independientes de los partidos patronales y del aparato municipal. Tenemos que seguirla para reclamar: un subsidio a cargo del Estado equivalente al total de las pérdidas de cada familia; obligar a las empresas de la zona a que empleen a los desocupados; un subsidio de 500 pesos para los desocupados, desde los 16 años; la reestatización de Edesur bajo control de los trabajadores (la privatizada cobra tarifas altísimas, intereses usurarios, corta el servicio a quien no puede pagar, y ante el temporal nos dejó en banda y no tomó nuevos trabajadores por la emergencia). Que se les dé la alimentación y la ropa necesaria a quienes lo necesitan. Luchemos por un salario mínimo de 600 pesos.

Una mujer de 35 años es obligada a prolongar por tres meses la gestación de una muerte. Una enfermedad genética le impedirá al feto sobrevivir fuera del vientre materno. Esta mujer, Silvia T., y su esposo, con una sola hija de 12 años, del humilde barrio de Budge, llevaban diez años buscando otro bebé sin lograrlo, a causa del bajo peso de la mujer. Cuando por fin se concreta el embarazo, una ecografía de la Sardá muestra a los cinco meses de gestación el desarrollo del cerebro del feto sólo hasta la altura de las orejas; el diagnóstico indica la rara enfermedad (uno de cada 3.000 chicos) que impide la formación del cerebro, anencefalia. De origen genético y pronóstico terminal, la muerte sobreviene durante el parto o a no más de las 12 horas posteriores (Clarín, 28/12/00). El relato de la mujer es desgarrador: "Siento todo el tiempo al bebé y sé que va a morir"; es como "ver una panza que crece haciendo crecer, a la vez, el anuncio mismo de la muerte"; "no he podido hablar del tema con mis familiares, no puedo salir de mi casa porque todos me traen regalos para el bebé, me acarician la panza y se vuelve una situación difícil"; "no son tres meses sino todos los días"; "todos nuestros sueños e ilusiones se desvanecieron para darle lugar al más profundo dolor que jamás hubiésemos sentido"; "a partir de ese instante nos encontramos siendo los protagonistas de una terrible tragedia, sin saber qué hacer con tanto sufrimiento ni cómo enfrentar a nuestra hija con esta angustiante verdad" (Página/12, 29/12). Frente a éste y otros casos semejantes, las mujeres con recursos lo resuelven en una clínica privada y las pobres sólo pueden llegar a término o arriesgarse a morir por un aborto mal practicado. Por eso el vía crucis de Silvia T., a través de la Defensoría del Pueblo, por la Maternidad Sardá, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario No. 7 y la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones, que le fallaron en contra. Así llegó casi a los ocho meses de gestación. El Tribunal Superior de la Ciudad "le otorga el permiso" (el 28 de diciembre), porque "entiende que es un grado de gestación avanzado como para que el bebé pueda nacer ... y que todo se haga protegiendo la vida del feto, ... que no cambia en nada la situación del chico y puede ayudar a la madre, ..., afectada en su salud física y mental". Pero el Asesor de Incapaces (que no es lo mismo que el incapaz de asesores), Roberto Cabiche, interpone recurso el mismo día porque "considera que el derecho de la criatura es llegar a una etapa de gestación normal"; que "la obligación de su ministerio es proteger la vida desde la concepción en el seno materno hasta que la persona deje de existir"; que "si la madre tiene ese problema (psicológico) entonces debe atenderse por un psicólogo", y que "cualquier madre que alegue tener un problema emocional va a poder hacer lo que quiera con el feto y eso es un aborto encubierto" (Clarín, 28/12/00). El Tribunal no ordena cumplir la sentencia, sino que da lugar al recurso y lo envía a la Corte Suprema (Clarín, 30/12/00) cuando se abre el feriado judicial de enero (ídem). El Estado, progresistas mediante, se toma su tiempo hasta llegar a una salida elegante, pero en medio de un airado debate público decide sesionar en extraordinarias y ordena la inducción, lo que se parece mucho a la sentencia de lo inevitable y al cierre de cualquier camino que permita el derecho a decidir de la mujer y el derecho al aborto que permita esa decisión por sí o por no. Los y las progresistas dan loas al fallo porque atiende el factor psicológico y subjetivo de la mujer. Y todo lo que se les ocurre decir es que refuerza "los derechos reproductivos" (sin recursos en el Presupuesto 2001). Ana, otra mujer a cuyo feto se le detecta riñón poliquístico a poco más de tres meses de embarazo (enfermedad que repre-senta la muerte al cortar el cordón umbilical), dice ante todas las negativas: "¿Dónde quedo yo? Durante dos meses no existía, yo sentía que era una incubadora y a mí me interpelaban como incubadora. Yo, Ana, no existía, no les importaba nada, ... embarazada, una deja de ser persona" (Página/12, 14/01). Pero Tealdi, del Hospital de Clínicas, da la clave del asunto: "Es necesario un diagnóstico precoz de malformación congénita, para que la embarazada pueda tomar cuanto antes una determinación sobre la continuidad o no de una gestación, que pone en riesgo su salud física y, sobre todo, la psíquica". De hecho, se puede detectar a las 7 ó 10 semanas. Y ante el temor a la anencefalia aparecen cientos de mujeres requiriendo el estudio. La naturaleza, que falla en estos casos en la cadena de ADN, no falla en cambio en poner en contradicción flagrante a las instituciones del Estado y a los retorcidos argumentos confesionales y cívicos. Ante un feto descerebrado, se autoriza la inducción del parto después de los ocho meses. En el caso de una mujer que eligió proseguir la gestación y donar los órganos del bebé, no lo puede hacer porque éste no tiene vida cerebral y no se puede certificar muerte cerebral. La anencefalia se puede pronosticar en los primeros meses. Lo que está en debate es el derecho al aborto. Si torturaron a Silvia T., a Ana y a tantas otras, para que prosiguieran sus embarazos, ¿torturarán durante siete meses a cada madre con pronóstico precoz? ¿Por qué no? ¿No lo hacen acaso con las mujeres violadas y con las que tienen impedimentos sociales o personales para aceptar su embarazo? Todo el arco progresista salió a avalar el fallo y dar loas a los jueces: representantes de la Iglesia, de la Comisión de Bioética, Gianetasio del PJ bonaerense, Irma Roy, Carmen Storani del Consejo de la Mujer, etc., etc. Pero la Iglesia alerta y La Nación sostiene que estamos entre el aborto y la eutanasia. Filosofía, Etica, Religión, todo sirve para obligar a la mujer pobre, desde antes y hasta último momento. Para reprimirla o condenarla a muerte por aborto séptico y clandestino. Lo que sí está permitido es regalar el hijo ya nacido o dejarlo en una institución como el Open Door, donde los seres como ellos se mantienen vivos en una jaula y desnudos porque no saben vestirse. Qué distinto es el procedimiento, en cambio, frente a enfermedades curables como la desnutrición fetal y de la madre parturienta, que no son producto de la enfermedad, ni de Dios, ni de la naturaleza, sino producto del sistema de explotación que nos condena al hambre, a la miseria, y a cinco años de recorte del gasto social. Enfermedades cuya cura depende de una acción económica y social del Estado y no de los padres desocupados, cuyos fetos nacerán personas, pero con secuelas que pueden llegar a ser irreversibles, y de responsabilidad exclusiva del régimen que nos gobierna. ¿Dónde están los jueces, los teólogos, los y las diputadas beatas y los y las progresistas (frepasistas y hasta socialistas que votaron el Pacto de San José de Costa Rica), y los asesores de Incapaces interponiendo recursos de amparo para alimentar a gestantes y fetos desnutridos y a los infantes hasta los cinco o siete años para que crezcan tal cual la naturaleza, o Dios, si prefieren, les confirió la vida? Cuando la mujer es considerada un envase social para reproducir mano de obra barata, que es la razón que sostiene el derecho de vientres del Estado capitalista sobre las mujeres de las clases desposeídas; cuando la mujer es discriminada, violada y violentada en sus derechos porque pertenece a las clases sociales explotadas, sólo un movimiento de mujeres, trabajadoras y desocupadas organizadas y en lucha puede cambiar la injusticia, la discriminación y la violación y la violencia de las instituciones en este régimen de explotación y de opresión de las mujeres.

El miércoles 10, luego de un parazo fulminante en Capital y Gran Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria con los despedidos adentro en Multicanal, empresa del Grupo Clarín. El conflicto se desató ante la decisión patronal de cerrar las bases de Thames (Boulogne) y Lanús, despidiendo a 130 trabajadores y a los 6 delegados, con el argumento del cierre del establecimiento. Multicanal tiene 3.500 trabajadores en todo el país. El cuerpo de delegados está compuesto por alrededor de 40 compañeros, agrupados en el SAT (Sindicato Argentino de Televisión), que denunciaron el ataque de la empresa como una maniobra dirigida a golpear la actividad gremial. Al mismo tiempo, rechazaron la caducidad de los delegados despedidos, porque Multicanal sigue funcionando. La masividad del paro obligó al Ministerio a intervenir. En un último gesto desesperado, la patronal intentó maniobrar licenciando al personal durante la conciliación. La propuesta fue rechazada por la parte obrera. Los centenares de compañeros apostados en la puerta del Ministerio estallaron en cantos cuando finalmente la patronal reculó. A fin de mes culmina la conciliación. La empresa ha sacado carteles en los que amenaza con mantener los despidos. Los trabajadores han resuelto volver a la lucha si Multicanal no da marcha atrás. El triunfo de los trabajadores de Multicanal se ha transformado en una caja de resonancias al interior del pulpo Clarín. Para los trabajadores de los diarios Clarín y Olé, que han festejado como propia la victoria obtenida, es una oportunidad para encarar con más fuerza aun la lucha que vienen sosteniendo contra el despido de su comisión interna. El triunfo de los trabajadores de Multicanal vuelve a mostrar que si se para, se puede ganar.

El sábado 13 se realizó la radio abierta de lucha en repudio a la muerte de Juan Carlos Molina, a las condiciones sociales y laborales que la provocaron y en solidaridad con sus familiares y compañeros. Se hizo frente a la sucursal de Coto en Segurola y Elpidio González, donde Juan Carlos trabajaba y donde se quitó la vida cuando se enteró de su despido. La sucursal había sido obligada a cerrar las 48 horas inmediatas al dramático hecho, debido a la indignada movilización de los vecinos. Desde las 13 hasta las 17 horas se escucharon las intervenciones de vecinos, trabajadores de supermercados, delegados y trabajadores de otros gremios y adhesiones de organizaciones que aportaron su solidaridad, entre ellas, la mesa nacional del Plenario de Trabajadores Clasistas, en la intervención del dirigente gráfico Nestor Pitrola, de la Unión de Juventudes por el Socialismo, del Partido Obrero de Floresta, del Ceprodh y de la juventud del Cta, de centros de estudiantes universitarios de Psicología, de Sociales y Filosofía y Letras, del colegio Mariano Moreno y comerciantes de Monte Castro, entre otros. Hablaron trabajadores despedidos del Coto, delegados y activistas del Hospital Alvarez, telefónicos, empleados de comercio, de personal legislativo, docentes primarios, huelguistas del Hospital Israelita, vendedores ambulantes *expulsados por Coto de la puerta de la sucursal* y muchos vecinos del barrio. Un capítulo especial fue el reportaje a los familiares de Juan Carlos, algunos de ellos ex trabajadores de Coto, que denunciaron las condiciones inhumanas de más de un año de trabajo y finalmente el despido del joven trabajador; hicieron totalmente responsable a la patronal de Coto y reclamaron justicia. Efectivos de la guardia de Infantería y un helicóptero pretendieron intimidar a los jóvenes manifestantes que pintaban y colgaban carteles de repudio en el frente de la sucursal. Con cánticos airados, los jóvenes presentes enfrentaron la acción policial. Y los carteles que decían "Coto asesino", "Carnicerías Coto, carne joven y barata", fueron finalmente colgados. La jornada de lucha culminó con una marcha alrededor de la manzana y el compromiso de seguir esta campaña. El viernes 19 se realizó una marcha de antorchas por la barriada que tuvo gran repercusión.

Desde hace años, los trabajadores de los hipermercados son sometidos al peor régimen de flexibilidad laboral: jornadas de trabajo de 8 a 10 horas por 300 pesos de domingo a domingo, con un franco a la semana (que muchas veces no se respeta), sin pago de horas extras ni ropa de trabajo; la peor parte se la llevan los trabajadores llamados "externos", que trabajan para las empresas que tienen góndolas en los hipermercados y son utilizados para realizar tareas como llenar esas góndolas o limpiar. Recientemente, Carrefour intentó despedir a 4.000 "externos" y crear una empresa fantasma a cargo de este negocio, lo cual "inquietó" a Cavalieri, quien temió perder las cotizaciones para la burocracia. La crisis que pasa la Argentina también afecta a las diferentes cadenas de hipermercados; en el año 2000 las ventas cayeron un 25% y, según el titular de la cámara que los agrupa, "fue el peor año desde el comienzo de la convertibilidad". Esta crisis la quieren descargar sobre los trabajadores; es así como Carrefour les ha impuesto a sus empleados la compra de acciones por 200 pesos, argumentando que que no puede conseguir dinero de los bancos ni de sus ganancias. Los calificados "accionistas" no pueden desprenderse de las acciones debido a que no se lo permiten las cláusulas de compra. • Fuera la mafia de Cavalieri y Cia. • Salario mínimo de 600 pesos. • Pago de las horas extras al 100% (domingos). • Jornada de 8 horas. • Elección de delegados y comisiones internas que discutan un plan de lucha.

Al calor del chantaje del FMI, la intervención aliancista del Pami, concentrada ahora en la figura del alfonsinista Federico Polak, anunció un nuevo achique presupuestario y una reducción de personal de 2.000 trabajadores. Elimina contratados y plantea jubilaciones, retiros voluntarios, "despidos con causa entre quienes no cumplan sus tareas u horarios" y "despidos sin causa para personal nombrado sin asignación de funciones". Otro rubro sería la "reasignación de gran parte de los empleados a la Agencia Federal de Salud", un organismo que sería creado por un decreto, en el ámbito del ministro de Salud, Lombardo (La Nación, 10/1). Se trata de un nuevo golpe al Pami en el camino de la política trazada por el Banco Mundial de desregulación de las obras sociales. En abril del 2000 los interventores Cecilia Felgeras y Rodríguez Larreta habían renovado los acuerdos con esta entidad, mediante una carta-intención que proponía "…la eliminación de funciones específicas e incompatibles con la función central del Pami dejando al Instituto como un ente pequeño cuya única función sea regulatoria y de control" (boletín de ATE, "Los de Pami", agosto 2000). Este acuerdo en disolver el Pami es el hilo conductor entre la actual intervención y las gestiones de Alderete y Bramer Markovic. Eliminar esta obra social es un preciado reclamo de los bancos y pulpos de salud interesados en la privatización del sector. El Pami, por su masa de afiliados y recursos, actúa como regulador público y formador de precios de prestaciones médicas en todo el país y es casi único financiador de la salud en algunas provincias. La reciente inclusión del Pami en el Ministerio de Salud apunta a especializarlo en la auditoría médica, eliminar la amplia gama de prestaciones sociales que caracterizaron al Pami por varias décadas y trasladar una masa de profesionales y empleados a Acción Social. Para Polak, "…el fuerte control y auditoría médica que hay que hacer, lo pueden hacer empleados del Pami que hoy están dedicados a otra cosa" (La Nación, 24/12). El presupuesto La recaudación original de 3.000 millones anuales del Instituto cayó en picada bajo el menemismo por la rebaja de los aportes patronales y el récord de la desocupación y el trabajo en negro. Alderete se jactó de reducir gastos por 480 millones, Cavallo incorporó el presupuesto del Pami al presupuesto nacional con un cálculo de gasto de 2.400 millones que sufrieron sucesivas quitas, y Felgueras-Rodríguez Larreta lo bajaron en otros más de 300 millones. Todo esto a costa de un deterioro de la cantidad y calidad de prestaciones médicas, y de la periódica suspensión de la atención en distintas especialidades y de la provisión de medicamentos. El hecho de que el Instituto no fuera incluido en el presupuesto nacional del 2001 fue presentado por los gremios y por el propio Polak como una conquista. Sin embargo, la financiación con recursos propios, que hoy no superan los 2.200 millones, es instrumentada a favor del "autoajuste" de la obra social y que "no cierra" sólo con el despido de contratados, sino que apunta a la desaparición del Instituto como obra social. Los contratos La gestión Felgueras anuló los contratos de Alderete y recontrató prestadores mediante licitación pública. Duró poco el espejismo, los pliegos se filtraron a prestadores privados antes de su publicación y el cuñado de la Meijide, Tonietto, fue sorprendido con las manos en la masa, favoreciendo un negocio propio. Todo resultó peor que con Alderete. Los prestadores siguen siendo los mismos, sólo que Alderete proyectaba organizarlos en tres grandes redes gerenciadas por empresas intermediarias; en cambio, los funcio-narios actuales mantienen la modalidad existente de más intermediarios, llamados UGP, que gerencian zonas más chicas que serían "más fáciles de controlar". Pero los grandes sanatorios siguen siendo cabeza de las UGP y determinan la distribución de los pacientes. Y como el pago por paciente se ha reducido, las prestaciones se deterioran. La publicación El Médico del Conurbano hace una grave denuncia, en el sentido de que los padrones de afiliados de las UGP, sobre los que se cobran las cápitas, están abultados en 15 a 20%. Y que estas gerenciadoras interponen cada vez más trabas burocráticas para el acceso a la prestación, desalentando el consumo para reducir el gasto. Además, los médicos de cabecera han pasado de depender no del Pami, sino de las gerenciadoras, que les colocan límites para la indicación de estudios y prácticas. Básicamente, poco ha cambiado, el Pami ya nació como contratador de servicios de medicina privada, en lugar de crear su propio sistema asistencial. Lo que sirvió para el enriquecimiento de los grupos empresariales de salud y los laboratorios farmacéuticos y para el "robo para la corona" por las gestiones de turno. Ahora, con el proyecto de liquidación de los únicos servicios propios (el Servicio Social, los Policlínicos de Rosario y la Guardia Médica domiciliaria) el Instituto se convierte en una pequeña estructura de auditoría y la Obra pasa al gerenciamiento privado y a la privatización. Hay que luchar Cuando los gremios suspendieron, sobre fin de año, las movilizaciones contra el ajuste de Machinea, lo hicieron con el argumento de que el Instituto había sido excluido del presupuesto nacional y que si había un ajuste debía realizarse sobre la base de personal jerárquico, ñoquis y contratados. Uno de los gremios, Unión de Trabajadores del Instituto, lo manifiesta abiertamente; su dirigente, Vicente Bonasies, "dijo que su gremio ‘está dispuesto a acompañar’ al interventor ‘solamente’ en los despidos de los ‘ñoquis’ y los ‘sumariados’ (Crónica, 12/1). Upcn y ATE no han abierto la boca. La lucha por la defensa del Pami, junto a las del Anses y la DGI, las tres en la mira del gobierno y del FMI, es el centro actual de la lucha de los trabajadores estatales. De esta batalla depende la suerte de la ofensiva que prepara la Alianza sobre el conjunto de las reparticiones públicas. La posición del Partido Obrero es que los trabajadores debemos rechazar este ajuste, autoconvocarnos en asambleas y reclamar un plan único de lucha sin diferencia de gremios o afiliación. Por un programa: defensa integral del Pami; ningún despido; anulación de la rebaja salarial; restitución del presupuesto necesario para recuperar todas las prestaciones médicas y sociales perdidas; revisión de las cuentas y los contratos por parte de los jubilados y trabajadores, anulación de los acuerdos con el Banco Mundial; fuera la intervención, dirección del Pami por los jubilados.

El mal de la vaca loca ha dejado de ser una "enfermedad inglesa", donde se había localizado el 90% de los 200.000 vacunos infectados. Ahora, se ha convertido en una epidemia europea. A los casos hallados en España, Austria y Bélgica se han sumado en los últimos días otros registrados en Italia y, principalmente, Alemania, donde "el drama de la vaca loca amenaza con derivar en una catástrofe de dimensiones comparables a la inglesa" (La Repubblica, 15/1/01). El informe redactado por la Unión Europea al respecto reclama al gobierno alemán que abandone los "silencios (y) medias verdades". La propagación de la "vaca loca" en Alemania ha dado lugar a una crisis política en regla, con la renuncia de los ministros de Agricultura y de Salud. Los funcionarios que investigan el tema ya han reconocido que "lo que se ha descubierto hasta ahora es apenas la punta del iceberg" (ídem). En apenas tres meses, la propagación de la epidemia y la caída a pique del consumo de carnes en toda Europa podría conducir a la bancarrota de mataderos, frigoríficos y cabañas productoras, con su secuela de miles de despidos de trabajadores industriales y agrícolas. La "prevención" y su fracaso El mal de la vaca loca se origina en la alimentación de bovinos con harinas animales provenientes de ovejas infectadas. La ingestión de alimentos de origen vacuno contaminado puede generar en el hombre una variante del mismo mal, que provoca daños mentales irreversibles y, luego, la muerte. Pero el proceso de transmisión del "scrapie" (tembladera ovina) a las vacas tiene causas sociales precisas: "Para satisfacer las necesidades de la ganadería intensiva *explica un experto alimentario español* la alimentación de toda la cabaña ganadera en los países occidentales ha pasado de los pastos y fuentes de alimentación tradicionales a los piensos (harinas animales) y forrajes" (Ambito, 18/1). A pesar de que la producción de piensos debe estar sometida a controles, ello no ha impedido "que el canibalismo en la dieta de los animales haya originado el problema de la vaca loca" (ídem). En Alemania, "se encontraron vacunos enfermos en los llamados ‘establecimientos modelo’, donde había alimentos ‘naturales’ mezclados con harinas animales sin declarar" (La Repubblica,15/1). Una nota del Financial Times señala que "lo más preocupante de la situación actual es que ocurre tras una revisión de los mecanismos de seguridad alimentaria implementados por la Comisión Europea", a raíz, precisamente de la primera epidemia de la "vaca loca" producida en Inglaterra hace más de diez años. Es decir que la nueva epidemia delata el fracaso completo de tales controles. La misma ley del beneficio condujo también al ocultamiento sistemático de los informes de la ciencia sobre el mal, como lo revela un extenso documento elaborado por una comisión investigadora en Inglaterra (ver recuadro). Caos e impotencia En esta nueva escalada del mal, los capitalistas europeos y sus gobiernos no han revelado más que impotencia e improvisación. La decisión adoptada desde comienzos del año por la Unión Europea, de someter a pruebas a todos los vacunos mayores de 30 meses, o bien sacrificarlos, entró en crisis en apenas dos semanas cuando, en Alemania, se encontró un animal enfermo de apenas 28 meses. En consecuencia, se ha puesto en marcha en este país un "holocausto de vacunos", en medio de graves enfrentamientos con los productores. Pero "el gobierno de la región de Baviera, pretende limitar la matanza sólo a las zonas cercanas a los animales alcanzados por la infección" (La Repubblica), a pesar de que el gobierno federal insiste en llevar adelante la anunciada "ejecución en masa". En Italia, el hallazgo de la primera vaca infectada *y la orden del gobierno de ejecutar a todos los vacunos del productor involucrado* desató una rebelión masiva de productores del norte, que se han atrincherado para impedir las ejecuciones. En Francia, continúan produciéndose despidos masivos en los grandes frigoríficos. Las pruebas que se realizan en los grandes mataderos también han sido impugnadas por los frigoríficos, porque incrementan los "costos" de la industria y, en el caso de hallarse vacunos infectados, precipitan la ejecución de las haciendas. A la resistencia a los exámenes, la Comisión Europea responde que "así se corre el riesgo de un exceso de oferta que deprimiría aún más los precios" (Financial Times, en Clarín, 21/1). La matanza de bovinos cumpliría también la función de "equilibrar el mercado", en momentos en que la demanda de carne vacuna se ha derrumbado. Crisis política En el balance de la política de "prevención" practicada en los últimos años, dos observadores destacan la impotencia de la Unión Europea: "Su consejo fue desoído y no pudo forzar a las capitales a tomar medidas, ya que éstas conservan celosamente la soberanía sobre sus decisiones" (Financial Times, ídem). "La primera decisión de las capitales europeas frente a los brotes de BSE en otras partes *continúa este análisis* no consistió en implementar procedimientos internos de inspección, sino en lanzar campañas instando a los consumidores a boicotear la carne extranjera". La "vaca loca" se ha convertido así en un campo de batalla de las rivalidades capitalistas al interior de la Unión Europa. Cuando estalló la epidemia en Inglaterra, Francia y Alemania colocaron restricciones al ingreso de carne inglesa. Los productores británicos burlaron estas limitaciones exportando ganado en pie, acción a la que hoy se responsabiliza de la propagación de la epidemia al continente. Dentro de cada país, "la seguridad de alimentos está, desde hace mucho, en manos de los funcionarios de política agroganadera" (ídem). Es decir que los "controles" fueron encomendados a los "lobbies" empresarios de la industria cárnica en cada país. Los costos y regulaciones crecientes, así como la lucha capitalista por un mercado en retroceso, conducirá a una creciente monopolización industrial y agraria en este sector. José Bové, dirigente de la protesta agraria francesa contra la "mundialización", ha denunciado que "los grandes mataderos en Francia están presionando al gobierno para recibir ayuda superior a la de los pequeños productores, haciéndose prometer millones para instalar las estructuras de seguridad requeridas" (La Repubblica, 19/1). Bajo este proceso, los monopolios trasladarán los costos de los nuevos controles a los consumidores a través de una carestía creciente. Naturalmente, la salida no puede consistir en la defensa de la pequeña producción *reclamada por Bové*, que carece de porvenir frente a los pulpos *tanto de la industria cárnica como de la provisión de insumos* y aún frente al avance del propio mal. La respuesta a la impotencia capitalista frente a la "vaca loca" es la nacionalización de la industria de la carne en todas sus fases, bajo control de los trabajadores y consumidores. Centralizando en sus manos toda la cadena de producción pecuaria, los trabajadores europeos podrán dar una salida a una crisis que, en manos de los explotadores, sólo puede conducir a intoxicar, a despidos en masa, mayor carestía y la completa destrucción de la calidad alimentaria. Esta puja por el control del mercado es incompatible con la defensa de la calidad alimentaria. Un experto italiano en el mal sospecha, por eso, que "apenas se reduzca el número de personas infectadas con el mal, el interés comenzará a disminuir, cuando lo que necesitamos es un control atento y constante por años". Pero el régimen capitalista es incapaz de semejante política de prevención, como lo ha sido para evitar la propagación del mal. La "locura" no parte de los piensos ovinos, sino de un régimen social capaz de liquidar sus fuerzas productivas para poner a salvo el beneficio privado.