Prensa Obrera N° 692

La huelga general que tuvo lugar en Uruguay el pasado miércoles 6 fue, según opinión unánime, la mayor de los últimos años. Es que la 'temperatura social' está al rojo vivo: en noviembre, el número de días 'perdidos' por huelgas y movilizaciones más que duplicó al del mes anterior. Las principales luchas se desarrollan en el ámbito estatal, contra el intento de la gobernante coalición blanqui-colorada de imponer un Presupuesto que reduce las partidas para la educación y la salud públicas. Desde el 30 de octubre, la Universidad está paralizada por una huelga conjunta de docentes, no docentes y estudiantes, quienes mantienen ocupadas 10 facultades. Una manifestación de 20.000 personas -en su mayoría docentes y estudiantes universitarios- marchó al Parlamento en rechazo al proyecto presupuestario oficial. Al mismo tiempo, los trabajadores estatales de la salud mantienen una huelga por tiempo indeterminado; varios centros de atención se encuentran ocupados por los trabajadores. La movilización se extiende a otros sectores de trabajadores estatales, como los de las aduanas o los de la Justicia. La ola de movilizaciones estatales es la mayor de los últimos cinco años. Pero también hay conflictos de gran importancia entre los trabajadores de las empresas privadas, como el del transporte público de Montevideo. Los choferes de colectivo han realizado varios paros sorpresa, manifestaciones y "acampadas" contra el intento patronal de reemplazar a los guardas por máquinas expendedoras de boletos. Este proyecto, que significará el despido de miles de trabajadores del transporte, cuenta con el respaldo de la frenteamplista Intendencia de Montevideo. Las huelgas obreras y movilizaciones sindicales se desarrollan cuando Uruguay se arrastra en una severa recesión, que será agravada por las medidas dispuestas por el presupuesto que está en discusión. La dureza de la recesión ha despertado las protestas de amplios sectores patronales. Hacia ellos se dirigió la dirección del PIT-CNT cuando, en el acto central realizado durante la huelga, convocó a un "frente social" contra el Presupuesto. Mientras la clase obrera se moviliza de una manera cada vez más osada, la burocracia frententeamplista del PIT-CNT 'concerta' con las "sectores sociales" para llevar al movimiento sindical a remolque de una salida patronal a la crisis uruguaya.

Militantes de la Unión Socialista de Perú han hecho llegar a Prensa Obrera, con pedido de publicación, un documento que establece su orientación política frente a la situación abierta con la caída de Fujimori y la toma del poder por la oposición. Debido a su extensión, nos vemos obligados a extractarlo. El corrupto huyó del país. Fiel a su estilo tramposo, terminó como empezó: mintiendo, engañando, traicionando. (...) Ahora, el desbande de la mafia es total. Renuncias, olvidos, delaciones (...). Las razones de la huida (...) el fugitivo está comprometido desde los pies hasta la cabeza con diez años de corrupción oficial. Desde el narcoavión presidencial, hasta el tráfico de armas, los cupos, las extorsiones a cambio de favores judiciales, los dineros de la privatización, etc. (...) la movilización social continuaba en forma de una interminable guerrilla asediando al enemigo sin dejarlo respirar. No ha habido un solo día sin que la protesta callejera se dejara sentir en la ciudad y en el interior del país. El dictador era consciente de que esto no lo paraba nadie, ni siquiera con represión. La crisis económica ahogaba a la dictadura, que desesperadamente buscaba una salida (...). Ni Camisea, entregada a un postor que no garantiza mayor inversión, ni la oscura privatización del aeropuerto podían salvar el plan económico neoliberal que hacía agua por todas partes. (...) La oposición democrático-burguesa asume el gobierno (...) La derrota del régimen se dio en las calles con la movilización popular. Ni la mesa de la OEA, auspiciada por el imperialismo, ni el Congreso tránsfuga pueden apropiarse de lo que fue un triunfo de las masas. No fueron pocas las veces que en la llamada "oposición democrática" se pretendió salvar la vida a Fujimori; todo en nombre de la estabilidad y de evitar un posible golpe de Estado. Ha sido designado Valentín Paniagua, como presidente interino (...) como resultado de la transacción entre los grupos de la oposición (...). Paniagua pertenece al partido de centro derecha, Acción Popular (AP), que gobernó al país durante dos períodos (1963-1968/1980-1985), y que junto a la desastrosa gestión aprista de Alan García (1985-1990) fueron el germen para la aparición de los llamados independientes, con Fujimori como su máximo representante. (...) La crisis no está cerrada Durante la crisis de gobierno y vacío de poder, levantamos la fórmula transicional: ¡Por un gobierno de los frentes regionales y los 4 suyos! Consideramos que esta fue una consigna correcta pues representaba el poder para aquellos que se habían enfrentado a la dictadura y la habían derrotado. Dijimos: el poder lo deben asumir quienes dieron una batalla consecuente contra la mafia. Y esto abarcaba a los jóvenes universitarios que derrotaron la intervención, a los frentes regionales que arrinconaron a la dictadura en todas las provincias del país, a los trabajadores, las mujeres, los desempleados, los luchadores de la Plaza San Martín. Todos, centralizados en las jornadas de Julio que hirieron de muerte al régimen. Ellos han sido el factor principal de esta victoria. (...) el poder ha caído en manos de la oposición burguesa. El gabinete designado es un claro ejemplo de qué se busca y qué intereses se van a defender. Ejemplos sobran. Pérez de Cuéllar, incondicional de los organismos internacionales, primer ministro; Silva Ruerte, ministro de dictaduras y transiciones, experto en ajustes económicos; ex izquierdistas reconvertidos, en cargos de segundo nivel; un abogado de los empresarios como ministro de Trabajo; un industrial, dócil frente a la dictadura, como ministro de ese sector; y hasta ex ministros fujimoristas. ¿El pueblo debe confiar en esta transición? (...) Existe un vacío de dirección que es evidente. Fue verdaderamente lamentable el papel que ha jugado la CGTP en la mesa de la OEA, sumándose al parloteo negociador cuando lo que debieron hacer era preparar el paro nacional, que era la respuesta popular para acabar de una buena vez con la dictadura. La crisis sigue abierta y nuestra tarea es precipitarla. El pueblo debe organizarse autónomamente El pueblo, en la lucha antidictatorial, ha acumulado una vasta experiencia; comienza a recuperar la confianza en sus propias fuerzas e intuye que aún se avecinan nuevas jornadas, pero ya está más cuajada para enfrentarlas. (...) Este proceso de recomposición del movimiento popular no puede rifarse, ni entregarse al mejor postor. Tiene y debe organizarse bajo banderas de independencia de clase, y con un programa de ruptura con el modelo neoliberal, que refleje sus reivindicaciones más sentidas. La única manera de lograrlo es centralizando las fuerzas del campo popular; luchando por la unidad con aquellos que están por una alternativa de izquierda para resolver la crisis. Desde la izquierda debemos luchar por la inmediata convocatoria a una Asamblea Constituyente, soberana y con poder, que desaloje el Parlamento tránsfuga. Esta Asamblea deberá echar al traste el documento de 1993, que la dictadura llamó Constitución, y pondrá fin a la legislación neoliberal, con su economía de mercado, que permitió saquear los bienes del pueblo; con su legislación antisubversiva, que dio impunidad a los criminales de la Cantuta y Barrios Altos; con su Estado burocrático y corrupto enquistado por el narcotráfico. También está planteada la constitución de una Comisión de la Verdad que saque a luz los diez años del gobierno más corrupto de nuestra historia republicana; que señale el paradero de los 4.000 desaparecidos; que indique el destino de los dineros de la privatización; que identifique a quiénes se enriquecieron con la compra de papeles y la renegociación de la deuda externa, con el tráfico ilegal de armas; y sobre todo, que indemnice a todos aquellos que sufrieron persecución, cárcel y tortura por parte de la dictadura. Compañeros, es inminente un nuevo festín electoral. El pueblo debe estar preparado para enfrentar este escenario y otros, porque la lucha se dará en todos los terrenos. La izquierda debe pelear por una alternativa popular y por su inscripción legal. No hacerlo sería de una tremenda irresponsabilidad, pues dejaríamos expuestos a miles de luchadores a los cantos de sirena del democratismo burgués.

El martes 12, con los alegatos finales, culminó el juicio contra Raúl Castells. Los fiscales solicitaron una pena de 7 años de prisión, por la figura de extorsión e intento de extorsión. Además, agregaron la acusación de intimidación porque ¡300 personas en grupo, ejercieron intimidación contra el monopolio Wal-Mart! Por su parte, la defensa solicita la absolución de todos los cargos, demostrando que la supuesta extorsión no fue probada. En relación a la condena solicitada, de 7 años, la defensa demostró inclusive lo ridículo de esta pena, que no tiene relación con la insignificancia de lo que Wal-Mart entregó en comida, ¡sólo 2.660 pesos!, comparado con el patrimonio de este pulpo de los supermercados. Castells comenzó su intervención reconociéndose marxista revolucionario, advirtiendo que él no le iba a pedir nada al Tribunal, porque representa a los explotadores. De un lado, están los jueces y Wal-Mart y del otro, los que sufren la explotación de estos monopolios. Explicó que otros tribunales como éstos, en otras épocas y circunstancias, fueron los que condenaron a Sócrates, a Cristo, a los Mártires de Chicago, a Sacco y Vanzetti. Y que los regímenes que los sostuvieron, a pesar de las matanzas producidas a lo largo de la historia, han desaparecido como va a desaparecer éste. "Somos nosotros los que acusamos, sostuvo. Queremos el procesamiento y cárcel por el delito de abandono de persona, por los niños que mueren (75 por día) y los jubilados. El procesamiento y cárcel para Menem, Wal-Mart y el fiscal Acevedo, por asociación ilícita. Y también el del fiscal Alonso y Wal-Mart, por discriminación, por declarar que reconocía a las personas del Movimiento de Jubilados por lo sucios que estaban". "Y si querían preparar otra causa -agregó-, les informamos públicamente que el 23 y 24 vamos a ir a los supermercados a peticionar alimentos."

El FMI condiciona el "blindaje" a que De la Rúa vete la restitución del 12% de los salarios que el gobierno impuso en mayo pasado. De la Rúa prometió el veto. Pero no sólo eso, porque además prepara un aumento de las tarifas del agua, la aplicación del 'boletazo' de los colectivos, el aumento de la edad de retiro jubilatorio para la mujer y la reducción los montos de las futuras jubilaciones, eliminando la Prestación Básica (PBU) a más de 10 millones de trabajadores en actividad. La economía popular se ajusta, se reajusta y se re-reajusta cada vez que lo reclaman los capitalistas para zafar de las contradicciones cada vez más explosivas de este régimen de explotación social. El año termina además con cierres y despidos masivos en la industria automotriz, en alimenticias (frigorifíco Cepa, cadena Wendys, Adams), etc. Pero también con compañeros como Castells o Alí, encarcelados por el 'delito' de pedir pan para los jubilados y desocupados, y especialmente con los presos políticos de La Tablada, que se están muriendo ante la impasibilidad del pueblo argentino que no entiende este sacrificio y con la complicidad de radicales, peronistas, frepasistas y burocracias sindicales, que ofrendan la vida de estos compañeros a la necesidad de legitimar a las FF.AA. y a su represión a La Tablada, para poder usarlas en las próximas represiones contra los trabajadores y piqueteros. Hay también miles de sindicalistas y piqueteros procesados penalmente por luchar. Después del paro general del 23 y 24, corresponde seguir la lucha, con un paro general activo de 72 horas hasta derrotar los planes antiobreros y entreguistas, hasta imponer las reivindicaciones de las masas. Que se prohiban los despidos. Que se repartan las horas de trabajo existentes entre todos los trabajadores ocupados y desocupados, sin disminución de salarios. Por un salario mínimo de 600 pesos por 8 horas de trabajo. Aumento general del 50%. Derogación de los aumentos tarifarios. Subsidio al desocupado de 500 pesos. Anulación de la reforma laboral antiobrera. No pago de la deuda externa. Expropiación de las AFJP, la banca y las empresas privatizadas. Control Obrero. Libertad a Castells, Alí y a los presos políticos de La Tablada. Cárcel a los represores y a los entregadores. Fuera el gobierno fondomonetarista: por una Asamblea Constituyente soberana. El pueblo trabajador debe organizarse y luchar por imponer esta perspectiva: Congreso Nacional de Bases del movimiento obrero y los desocupados. ¡FUERA EL GOBIERNO DE LA ALIANZA Y LOS GOBERNADORES DEL FMI! POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE LIBRE Y SOBERANA

El gobierno de De la Rúa, el Chacho Alvarez y los gobernadores peronistas es una dependencia del Tesoro norteamericano y del FMI. Los amos esgrimen como amenaza la cesación de pagos, para que De la Rúa cumpla con lo que piden los monopolios. Esto es el "blindaje": seguir endeudando al país con el solo objetivo de engordar al capital financiero imperialista. Lo demuestra la intención de De la Rúa de vetar la restitución del 12% de los salarios. El Cavallo de la devaluación El "blindaje" sólo resuelve el 'problema' de los acreedores que le quieren seguir cobrando a un país quebrado. La recesión, mientras tanto, continúa y se profundiza. Noviembre ha sido un mes récord en materia de despidos y cierres. De ahí es que una parte importante de los grandes capitalistas esté reclamando un cambio en la política económica: una devaluación. Cavallo dice que es necesario ahora atar el peso a una "canasta de monedas", compuesta en un 50% por el dólar y otro 50% por el euro, aunque "luego podría sumarle pequeñas partes con las monedas brasileña y japonesa" (La Nación, 10/12). Sería el primer paso para ir creando las condiciones de una devaluación por decreto. A partir de esta posición se entiende que "sectores empresarios nacionales y extranjeros comenzaron a golpear la puerta de De la Rúa para que decida acercarse al ex ministro" (idem). La Cámara de los industriales de San Pablo se ha pronunciado por una devaluación del peso. The New York Times (8/12) declara abiertamente: "Con el peso sobrevaluado la Argentina no puede competir". Mientras que el conservador The Wall Street Journal afirma que a pesar de que Machinea cumple con los deberes reclamados por el FMI, "los mercados no confían en él", y que "algunos inversores han pedido que sea reemplazado por Cavallo". El PO lo había pronósticado hace un año. En Prensa Obrera del 30 de setiembre de 1999 dijimos: "De la Rúa: Ajuste y Devaluación". Señalamos que en su programa, la Alianza se comprometía con el FMI "a completar la contrarrevolución laboral y social desarrollada por el menemismo". Pero que este "plan" estaba "condenado al fracaso" y que la Alianza "no quiere ni sabe cómo reducirlo (el déficit de cuentas externas); sólo está buscando más prestamos para financiarlo". Concluíamos: "Un gobierno aliancista nos llevaría a la cesación oficial de pagos y a la devaluación". Evitando la huelga general Los dirigentes de las centrales sindicales hacen lo imposible para evitar la huelga general. Hacen maniobras para no declarar lo que la realidad impone. Daer convoca a una marcha para el martes 19, Moyano a un brindis en la Nochebuena, De Gennaro apela a la movilización de mil jóvenes para hacer tareas solidarias en las barriadas. Todas medidas sin perspectiva. El gobierno aprovecha la situación para seguir con sus golpes, como el "boletazo", la entrega de las obras sociales sindicales, la anulación de la Prestación Básica (PBU) para los futuros jubilados, el aumento de la edad para el retiro jubilatorio de la mujer, el próximo aumento del agua, etc. "El sistema previsional público… seguirá viviendo mientras haya democracia en la Argentina", dice la convocatoria a una concentración al Congreso realizada por el sindicato de Anses y la CGT moyanista, para el miércoles 13. Pero esto no es cierto. Este Congreso democrático votó la reducción de salarios de los trabajadores estatales, la reforma laboral antiobrera y una pila de leyes contra los trabajadores. Lo que va a detener la masacre fondomonetarista es la continuidad de los paros del 23 y 24, ahora con un paro activo de 72 horas. No se trata de esperar hasta las elecciones de octubre del 2001, como sostienen los que buscan un "voto castigo"; sino de crear una salida política de la clase obrera y los explotados enfrentando ahora los planes de miseria y entrega, derrotándolos e imponiendo las reivindicaciones de las masas en lucha. Los 150.000 piqueteros que se movilizaron el 23 y 24 deben organizarse en forma independiente. Impulsar la convocatoria a un Congreso Nacional de bases del movimiento obrero y de los desocupados. En línea con el que acaban de hacer en el Norte de Salta (ver notas en páginas centrales) o el acto clasista realizado en Mar del Plata el viernes pasado. Los casi cinco mil compañeros que concurrieron al Picnic del Partido Obrero el domingo 10 pasado y el Plenario Clasista que se realizará en Fatpren el próximo sábado 16 indican que los luchadores obreros están trabajando para transformarse en vanguardia política, y en dirección y en alternativa de poder. Los gobiernos que arrastran a la catástrofe deben ser echados. Tenemos que "blindar" al pueblo trabajador, uniendo políticamente sus luchas para echar a la Alianza y a los gobernadores del FMI y convocar una Asamblea Constituyente soberana donde los explotados discutamos cómo resolver la crisis nacional en nuestro beneficio.

El "blindaje" que prometen el FMI y, en especial el Tesoro norteamericano, trae bajo el brazo la descomunal reducción de las jubilaciones; la privatización y el encarecimiento de la salud; la ratificación de las rebajas de salarios; los planes de despidos masivos en la administración pública; la disminución del presupuesto del Pami y su eventual gerenciamiento privado; mientras, por el otro lado, se beneficia a los pulpos capitalistas con exenciones al IVA por supuestas inversiones y se les reduce el impuesto a los intereses. Camuflado como un planteo "macroeconómico", el "blindaje" apenas disimula su carácter de agresión capitalista contra los trabajadores. Pero, ¿es acaso viable? Concebido para socorrer casos aislados, el "blindaje" tiene lugar en un contexto de creciente crisis financiera internacional. Muchas grandes corporaciones sólo consiguen renovar préstamos a un costo 50 por ciento superior a lo que paga el gobierno norteamericano. Los bancos, por otro lado, están retaceando la renovación de créditos para protegerse de una insolvencia de los clientes. La magnitud del endeudamiento corporativo no financiero, en Estados Unidos, ha llegado a cifras enormes: el 50 por ciento de su PBI, o sea, alrededor de los 6 billones de dólares. Si la insolvencia internacional está en aumento, ¿de qué manera podrá el "blindaje" detener la suba de los intereses de la deuda argentina? La semana pasada, una crisis bancaria en Turquía sacudió a la Bolsa de Frankfurt, donde residen sus bancos acreedores; lo peor aún está por verse, porque todavía no se ha producido la devaluación de la lira turca. Perú, por su lado, ya ha dicho que no tiene el dinero para hacer frente a los vencimientos del primer trimestre del 2001. Como una gran parte del endeudamiento norteamericano ha tenido lugar en euros, la depreciación de los bonos de las corporaciones yanquis deberá repercutir en la valuación de las principales monedas. Con el agravante de que el endeudamiento privado europeo es de similar magnitud. En estas condiciones, ¿servirá el "blindaje" para frenar la salida de los plazos fijos dolarizados del sistema bancario argentino? Las reservas internacionales ya han caído en 4 mil millones de dólares. Las grandes corporaciones locales están ofreciendo en garantía sus flujos de fondos para renovar créditos del exterior. La crisis tiene un alcance mundial y un desarrollo en flecha. Es la manifestación de un régimen social que ha sobrepasado los límites de su madurez. En este caso, la salida exige como punto de partida un ataque profundo al monopolio capitalista de los medios de producción. Columna publicada en el diario Página/12, el lunes 11 de diciembre

El gobierno ha tenido que retroceder ante la decisión del juez Silva Garretón de suspender el aumento del pasaje del colectivo, que el gobierno había ordenado diez días antes. El gobierno esperaba que su apelación contra ese amparo obligara a mantener los aumentos. El hecho estuvo precedido por una gran bronca popular, que no se plasmó en movilización, dada la postración de las centrales obreras ante el gobierno. En cambio, diez asociaciones de defensa del consumidor tomaron una actitud de oposición militante y recogieron una enorme adhesión popular; 45.000 firmas recolectadas en puestos callejeros durante tres días reclaman a los legisladores su oposición a las medidas. Que se dejen sin efecto los recientes e ilegales aumentos del transporte y demás servicios; la anulación de las renegociaciones ferroviarias y la celebración de audiencia pública; que se sancionen por ley los marcos regulatorios de servicios públicos dictados por decreto; la eliminación de cláusulas indexatorias de las tarifas de servicios públicos; no al corte de servicios los viernes; la implementación de una tarifa social para los sectores de menores recursos. Para el próximo viernes organizan una audiencia pública. El principal fundamento del juez es que no se realizaron audiencias públicas para introducir cambios operativos en los servicios. No prosperaron, en cambio, recursos similares presentados contra el aumento en ferrocarriles y subtes, porque allí se habrían realizado consultas previas a las renegociaciones. El gobierno argumenta que necesita aumentar los boletos de tren, por falta de fondos para cumplir con los subsidios estatales pactados. En el caso de los colectivos alega que las empresas perdieron rentabilidad. Las empresas aclararon que no pidieron aumento del boleto, sino subsidios, rebaja del gasoil, o de impuestos. El gobierno descarga sobre la población los precios usurarios de las empresas de combustibles y sus fantásticas ganancias. Pero ante el obligado retroceso en el cobro de las nuevas tarifas, las grandes cámaras patronales del transporte automotor han anunciado que responderán con la suspensión de centenares de choferes y la eliminación -más aún- de servicios nocturnos y/o de baja rentabilidad. Incluso barajan la posibilidad de un lock out, es decir de un cierre patronal, impidiendo que los choferes manejen los colectivos y dejando a la población de a pie. Tilve, el presidente de la Cámara de Autotransporte, reclamó que el boleto mínimo debería aumentar a 90 centavos. ¡Deja el "boletazo" de De la Rúa hecho un porotito! Crespo, el presidente de la otra Cámara patronal, reclamó que el gobierno disminuya impuestos o aumente la tarifa. Las amenazas patronales a los trabajadores y usuarios y el "boletazo" de De la Rúa no se pararán con firmas. Es fundamental organizar la bronca popular: movilizarse y reclamar a las centrales obreras el paro general hasta la derogación de los aumentos. El sindicato de los choferes (UTA) debe ponerse ya a la cabeza de esta movilización: sus trabajadores afiliados están amenazados por la patronal. La semana pasada publicamos un pronunciamiento votado por los trabajadores de Transportes del Oeste en Asamblea General. Ellos rechazaron el aumento de las tarifas y llamaron a "la dirección de UTA… a la convocatoria de un Congreso Extraordinario de Trabajadores del Transporte para fijar un programa frente a la crisis y luchar por él". Ante las amenazas de suspensiones o lock out patronal: que la UTA movilice los colectivos con los choferes. Puesta de funcionamiento de las líneas bajo gestión directa de los trabajadores. Abajo el boletazo. Rebaja de los combustibles. Eliminación de los subsidios a ferrocarriles y subtes. Anulación de las concesiones. Reformulación y control de los trabajadores y usuarios del sistema de transporte. El PO contra el boletazo El Partido Obrero de la Capital ha iniciado una campaña de actos y agitaciones públicas contra el "boletazo". En el barrio de Almagro, se realizó una jornada en Corrientes y Medrano; en La Paternal, se puso una mesa con sonido, piqueteo de prensas y reparto de volantes en Juan B. Justo y Av. San Martín. En todos los casos se recibió un caluroso apoyo de la población. En la Plaza Once, el PO realizó una jornada de agitación. Desde el micrófono se llamaba a imitar a los piqueteros: a movilizarse para imponer la derogación del "boletazo", mientras se reclamaba que las centrales obreras rompan con su "diálogo social" y retomen con un paro general activo de 72 horas un Plan de Lucha nacional contra los ataques del gobierno. "En poco más de una hora se vendieron 25 periódicos", informa la responsable del local de la zona. Contra el "boletazo" del gobierno y las amenazas de despidos de choferes, de disminución de servicios y/o directamente de abandono de los mismos, por lock out patronal, es necesario una vigorosa reacción: movilizaciones, actos, marchas y el reclamo de un paro general de 72 horas.

Intervención de Jorge Altamira al fundamentar su abstención en la elección de autoridades de la Legislatura Sr. Altamira. Pido la palabra. "Señora presidenta: he pedido la palabra porque debo cumplimentar algo que debí haber hecho a principios de agosto, en la primera sesión legislativa, cuando se eligieron por primera vez las autoridades de la Casa. "Me doy cuenta que debo explicar mi posición, porque es absolutamente incompatible para un representante político del Partido Obrero manifestarse con reiteradas abstenciones al nombramiento de las autoridades de la Casa y, de esa manera dejar a la libre especulación nuestras motivaciones." "Evidentemente, con esta abstención no estamos descalificando a las personas. Los diputados saben esto porque lo ven en el trabajo cotidiano en las comisiones o en la Comisión de Labor Parlamentaria. Naturalmente, en ese trabajo nos expresamos recíprocamente en forma muy dura pero, por lo menos hasta ahora, siempre ha prevalecido la lealtad de cada uno a sus ideas y programas." "El motivo fundamental por el cual nosotros nos abstenemos es el siguiente: para el Partido Obrero y, por supuesto, para mí, la Legislatura de la Ciudad forma parte de un mecanismo de poder que se integra a otros poderes establecidos en la Constitución, que se integra a otros poderes del Estado nacional, es decir que forma parte de un mecanismo de poder cuya función es, por lo menos, perpetuar el orden social existente contra el cual combate el Partido Obrero. Digo 'por lo menos' porque más allá de esto vemos cotidianamente que lo refuerza, que lo agrava, que hace más duras las condiciones de vida de los trabajadores, que en este sistema social resultan las víctimas, resultan ser explotados, resultan ser el sustento de la clase explotadora. La Legislatura responde a ese mecanismo." "Por lo tanto, con independencia de la calidad de tal o cual persona, e incluso con independencia de la circunstancia de que se busca a través de tres vicepresidencias recoger en la constitución de la mesa de autoridades una pluralidad de corrientes políticas, lo que caracteriza un mecanismo de poder no es la pluralidad: lo que caracteriza a ese mecanismo es este objetivo estratégico, esa función que tiene asignada, de perpetuar un orden social." "En los cuatro meses que he estado aquí eso ha quedado muy claro. No se ha visto un proyecto de ley, no se ha visto una medida o una sola iniciativa tendiente a transformar ese orden social. Incluso, cuando se plantea la violación jurídica -y uno podría decir que se pretende violentar jurídicamente el sistema existente, y en ese caso habría una medida transformadora-, esa violación es para favorecer a algún monopolio inmobiliario, o a algún museo de un monopolio inmobiliario...". (Murmullos en la sala). Sra. Presidenta (Felgueras). "Solicito silencio, por favor. Continúa en uso de la palabra el diputado Altamira". Sr. Altamira. "Señora presidenta: con nuestra abstención estoy señalando la oposición de principios del Partido Obrero a este sistema político, pues no es desconocido que el objetivo estratégico del Partido Obrero es que este país lo gobiernen los trabajadores y que el capitalismo sea sustituido por el socialismo". (Aplausos desde las galerías donde se encontraban trabajadores del Teatro Colón).

En la sesión del pasado jueves 7, la Legislatura porteña aprobó una declaración que reclama al Ejecutivo de la Ciudad "la efectivización en planta permanente de todos los trabajadores del Teatro Colón que actualmente revistan bajo la modalidad de contratos de locación u otras formas de contratación temporaria". Este pronunciamiento fue aprobado luego de una batalla desenvuelta en el plano gremial y político-legislativo. Lucha obrera y lock out patronal Hace dos meses, la lucha por la efectivización fue, precisamente, el terreno de un duro conflicto entre los trabajadores del Colón y el gobierno "entrante" de la Ciudad. Los trabajadores del Colón vieron cómo se postergaba, una vez más, su reclamo de estabilidad laboral: esta vez, se esgrimía la nueva Ley de Empleo Público, que somete cualquier efectivización a "concursos" y "evaluaciones". Para quebrar el conflicto, la Secretaría de Cultura apeló a un verdadero lock out, cerrando el teatro por tiempo indeterminado. El gobierno y la burocracia de Sutecba se sirvieron de esta extorsión sobre los trabajadores para imponerles un acta acuerdo que prorrogaba sus contratos, pero condicionaba su efectivización a la realización de "concursos abiertos", sin precisar la fecha, las condiciones o los cargos a concursar. La comisión "Intercuerpos" -integrada por el activismo y delegados combativos del teatro- denunció el contenido del acta y sostuvo el reclamo por la efectivización sin condiciones. Batalla legislativa Fue bajo estas circunstancias que la banca del PO presentó un proyecto de ley que disponía la efectivización de todos los contratados del Colón. El proyecto de Altamira fue objeto de un intenso debate en la Comisión de Legislación Laboral, del que participaron los trabajadores del Colón y el secretario de Cultura, Telerman. El PO insistió, particularmente, en desmontar el argumento falaz que asociaba la efectivización a los concursos, confundiendo el derecho a la estabilidad laboral -ganado con creces por trabajadores que están contratados hace más de diez años- con la necesidad de asignar ciertos cargos y funciones dentro del teatro. El concurso debería hacerse entre trabajadores ya efectivizados. Cuando constatamos que el proyecto de ley no lograría la mayoría en la Comisión (habilitando para su tratamiento en la sesión plenaria), el PO arribó a un compromiso para promover en su lugar una declaración, sin abandonar el proyecto de ley, que será tratado en caso de que el gobierno no concrete el reclamo de la declaración. Horas antes de la sesión del jueves 7, el bloque aliancista había pedido el "retiro del proyecto de Altamira"... por "desactualizado", al "haberse superado las causas que la originaron". Para la Alianza, la "superación" del conflicto lo constituía un acta acuerdo de Telerman con Sutecba, de noviembre pasado pactada al margen de los trabajadores, que habilita despidos. Pero en el debate, Altamira demostró que la declaración propuesta -donde se reclama la efectivización sin condiciones de los trabajadores del teatro- era lo opuesto al "acta acuerdo" de Telerman y Sutecba. Luego reveló que lo que había "caducado" por completo era, precisamente, el "mandato" de uno de los firmantes del "acta acuerdo". Altamira destacó que, apenas una semana antes, en las elecciones gremiales internas del Colón, había sido derrotada la dirección firmante del acta (afín a la conducción de Sutecba) a manos de quienes la impugnaron, es decir, la comisión "Intercuerpos". Esta evidencia, y la propia presencia de los trabajadores del Colón en la "barra", impusieron que la declaración por la efectivización se aprobara por unanimidad. Apriete del gobierno y nueva votación "en particular" Pero mientras esto ocurría, el secretario de Cultura, Telerman, "fatigaba" los celulares de varios jefes de bloque. "Si se vota esta declaración -apretaba-, están atacando el acta acuerdo firmado con Sutecba". Es así que, en la votación en particular, la Alianza se apresuró a pedir una "enmienda", consistente en agregar, al pedido de "efectivización", que ésta se realizara "en los términos del acta acuerdo firmado entre el gobierno y el Sutecba". Altamira denunció la intención de desnaturalizar la declaración, y reclamó su votación en los términos originales. Ante el rechazo del PO a la enmienda, el bloque oficialista se quebró, con varios diputados de la Alianza, dispuestos a acompañar el rechazo a la enmienda que exigía Telerman. Finalmente, al votarse "en particular", la declaración sin "enmiendas" obtuvo 30 votos, contra 14. Por primera vez en estos cuatro meses, una votación había fracturado a la Alianza. Esta "pulseada final" le da un alcance aun mayor a esta victoria legislativa: la reacción de la Alianza demuestra que el pronunciamiento votado golpea no sólo al "acta Telerman-Sutecba", sino a la política laboral del Gobierno de la Ciudad, donde existen más de 10.000 trabajadores bajo todo tipo de contratos precarios (locaciones de servicios, pasantías, etc.). Para la Ley de Empleo Público vigente, cualquier efectivización está sujeta a "concursos" y "evaluaciones" de los funcionarios de turno, aun para trabajadores que -como los del Colón- revistan desde hace años en sus puestos de trabajo. La declaración aprobada es, en este sentido, un peldaño para luchar por la efectivización de los 300 compañeros del Colón, y de todos los contratados de la Ciudad.

El Picnic del Partido Obrero se transformó en una actividad multitudinaria que desbordó todas las expectativas previas. Más de 4.000 compañeros y varios centenares de chicos participaron de una enorme fiesta obrera. En un año, el Partido Obrero casi duplicó la cifra de 2.000 asistentes de nuestro primer Picnic. Se anotaron 122 equipos de adultos en seis campeonatos de fútbol simultáneos; 22 de fútbol sub-13; 21 equipos de vóley, y 12 de fútbol femenino. Casi 600 chicos participaron en las actividades de recreación, que contaron con magos, títeres, malabaristas, concurso de manchas y todo tipo de juegos. Hubo 52 inscriptos en el campeonato de ajedrez, ganado brillantemente por un compañero de Varela. Expusieron una docena de artesanos. Hubo muestras fotográficas y una variada librería que fue un gran éxito en materia de ventas. El festival comenzó a las 11 horas y sólo tocaron la mitad de los 16 conjuntos programados por culpa de la copiosa lluvia que se descargó. El buffet fue atendido por decenas de compañeros. Hubo un participación destacadísima de barrios y frentes que ocuparon un lugar fundamental en todos los procesos de lucha del último año. Para ellos el Picnic fue un punto de reunión. Se encontraron centenares de piqueteros de San Fernando, Laferrere, Pacheco, Varela, Berazategui, Mercedes, Zárate, La Plata. Sólo la zona sur del Gran Buenos Aires llevó mil compañeros, con una destacada participación de Lanús y Avellaneda. De La Plata llegaron casi tres centenares de compañeros. Fue más débil la presencia de grandes grupos fabriles. Se destacaron, sin embargo, el Inti, con dos grupos musicales y decenas de compañeros; los gráficos de La Matanza; el hospital Francés; trabajadores de la Sanidad; la Uocra de Zárate. Esto se debió, en parte, a que los compañeros venían desde sus barrios, lo que se evidenció en que fueran masivas las iniciativas de activistas de fábrica que hicieron equipos mechados entre el frente, el barrio y sus amistades. Quedamos en deuda Quedamos en deuda; el Picnic no pudo culminar como queríamos. La lluvia que se descargó alrededor de las 15 horas, obligó a la suspensión de los campeonatos, interrumpió los debates sobre la mujer trabajadora y sobre el arte; no pudo culminar el festival ni el concurso de baile. Tampoco pudo hablar Altamira. Está pendiente el sorteo de una bicicleta, la culminación de los campeonatos y la entrega de todos los trofeos. Queremos, dentro de nuestras posibilidades, cumplir con todas las cosas que quedaron inconclusas. No podemos reprogramar nuevamente el Picnic, por la cercanía de las fiestas. Nuestra propuesta es, con todos los equipos que seguían participando, realizar campeonatos por zona, y luego las finales el 21, en el mismo parque de Pereyra Iraola. Las bandas y grupos musicales que se ofrecieron solidariamente están invitados a participar en las más de 30 fiestas regionales que se realizarán a fin de año en los locales del PO. La lluvia, sin embargo, no pudo suspender la voluntad de miles de luchadores de participar en una fiesta obrera organizada por el PO. La sensación recogida por la inmensa mayoría de los asistentes, es la de que el Partido Obrero ha pegado este año un salto muy grande en su participación protagónica en las luchas de las masas. El Picnic es la resultante política de esta Argentina piquetera. Casi 5.000 de los 150 mil piqueteros que participaron de la última gran huelga general, estuvieron con el PO. El rasgo dominante de la participación fue la presencia de más de 2.000 jóvenes trabajadores, estudiantes y desocupados. El acercamiento de ellos a un partido revolucionario es el indicador de la situación política del país. Mientras que miles de jóvenes se alejan de los partidos patronales, una vanguardia se acerca a la lucha y a las posiciones revolucionarias. Esto lo consideramos un gigantesco paso adelante en la estructuración conciente de la clase obrera. Nuestro agradecimiento a los artistas del festival, a los artistas de la recreación, a los artesanos, a los organizadores del ajedrez y los más de 200 compañeros que participaron de la organización. A todos los esperamos en las próximas luchas.

Renault acaba de suspender a todo su personal hasta el 15 de febrero (en el mismo período se incluirán las vacaciones). Sin embargo, esta dramática situación no es la peor noticia: la empresa ha anunciado el despido de 400 trabajadores a la vuelta de la suspensión. La cifra podría ser aun mayor ya que el presidente de Renault Argentina declaró que lo óptimo sería despedir a 1.000 trabajadores. De esta manera la empresa pasaría de los 3.400 trabajadores que tenía en febrero del '99 a sólo 700. La burocracia del Smata considera que ha logrado un gran tirunfo porque la empresa accedió a pagar el 75% de los salarios caídos (exceptuando premios, etc.) durante la suspensión, contra la pretensión de solo pagar el 50%. A excepción de Volkswagen, que trabajará a pleno durante el verano y tiene un plan de incorporación de personal en marzo, el resto de las automotrices y autopartistas está en la situación de Renault. Chrysler suspendió durante todo el verano, Iveco lo mismo, y Fiat se plantea despedir a 600 trabajadores, con lo cual la planta quedaría reducida a menos de 500 trabajadores (en este año se desprendió de 800 obreros bajo el régimen del retiro 'voluntario'). La perspectiva de cierre generalizado de empresas está planteada para los primeros meses del año. Ya Dana (ex Thompson Ramco) quedó con 36 trabajadores frente a los 1.000 que tenía hace 4 años. Perkins despidió a más de 100 a pesar de que el sindicato firmó una rebaja salarial del 25% para evitar los despidos que finalmente se produjeron. En las autopartistas los cierres son ya un hecho, cuya repercusión ha quedado relativizada, porque se trata de talleres pequeños. La argumentación de las patronales es la caída de las ventas, el fin del Plan Canje (bajo el cual también hubo despidos y suspensiones) y la insistencia del gobierno de asegurar el 30% de los componentes de origen nacional medidos pieza por pieza y no como conjuntos. El presidente de Adefa (y de Fiat) se ha lanzado a una guerra contra el gobierno nacional y en particular contra el secretario de Industria, Tizado, en la cual no ha dejado de amenazar con el levantamiento definitivo de las plantas. Es evidente que las patronales de las terminales pretenden arrancarle al gobierno todos sus reclamos: mayores subsidios, la forma de medición de los componentes nacionales y la continuidad del Plan Canje; pero aun así esto no frenará los despidos y el virtual cierre de las plantas, ya que éstas quedarán reducidas a una expresión marginal que permita justamente hacer uso de los beneficios impositivos, arancelarios y subsidios como fruto de su presencia en los dos países claves del Mercosur (Brasil y Argentina). El Smata Córdoba se ha emblocado con las terminales en el reclamo de una disminución de los impuestos. Pero ante la negativa del secretario de Industria, Tizado, Dragún, del Smata, declaró al gobierno nacional "enemigo de la industria automotriz". La burocracia de Córdoba actúa también como vocero directo de De la Sota, que es a su vez agente de las automotrices. Pero al reclamo también adhirieron "la delegación local de la Asociación de Fabricantes de Autocomponentes (Afac) y los sindicatos de mecánicos, metalúrgicos y supervisores" (La Voz del Interior, 13/10). En el paro del 23 y 24 que el Smata Córdoba cumplió sólo en parte, la burocracia declaró que era contra el gobierno nacional, no el provincial. El Smata, después de amenazar con que no permitiría despidos, firmó las suspensiones de Renault y acordó convenios flexibilizados con Chrysler y VW. Los trabajadores mecánicos están profundamente desorientados; los actos realizados por el PO en las puertas de fábrica contra los despidos y las suspensiones son recibidos con mucha simpatía, pero hay una ausencia de activismo, luego que la oposición antiburocrática, la Blanca, fuera cooptada a la conducción del gremio. La situación tiene salida mediante el reparto de las horas de trabajo y un convenio único para todas las automotrices. En esa perspectiva, el camino es exigir e impulsar una asamblea general.

Por 220 votos contra 119, con una participación que arañó el 75% del padrón, se impuso en las elecciones para Comisión Interna la lista Unidad, derrotando a la Bordó, armada y sostenida por el Consejo Directivo del hospital junto a las burocracias menemistas y radicales de Upcn y Sutecba, que afiliaron gente a último momento, prometiendo reparto de dinero y prebendas de todo tipo, y cuya principal propaganda electoral consistió en el macartismo. En la lista Unidad participan la totalidad de las agrupaciones del hospital: la Azul Grana, vinculada al PC, la Naranja, compañeros de un sector disidente del Frepaso, del Prs y la CCC, y numerosos activistas independientes. Es decir que estamos ante un frente heterogéneo, donde también hay gente de la Verde que responde al oficialismo de ATE. La constitución de este frente se demostró como una herramienta útil a la hora de enfrentar a la lista de la patronal y a esos sectores de la burocracia. La unidad de las agrupaciones con ese objetivo era un sentimiento extendido entre los trabajadores del Garrahan. El desafío que se plantea ahora es superar las indefiniciones propias de una lista de estas características y fijar un mecanismo de funcionamiento democrático de la propia Comisión Gremial, estableciendo con claridad la plataforma reivindicativa, tanto en el terreno de los reclamos propios del hospital (lucha contra la rebaja presupuestaria, recategorización, terminar con el sistema de módulos, reparto igualitario de los recursos genuinos, respeto a los concursos), como así también contra la ofensiva reaccionaria del gobierno de la Alianza y la política de "concertación social" que pregonan la directiva de ATE y la CTA.

El Congreso sesionó con cerca de 200 compañeros provenientes de la UTD de Mosconi, la Coordinadora Barrial de Desocupados de Embarcación, la Comisión de Desocupados de Pocitos y la Coordinadora de Desocupados de Tartagal. En varias localidades se habían realizado asambleas previas. Por primera vez, una Coordinadora Departamental de Desocupados produce una tajante delimitación programática de los partidos y los gobiernos responsables de la miseria y el saqueo. El Congreso fue un verdadero laboratorio de elaboración política en el que decenas de compañeros esgrimieron las conclusiones de las experiencias en cada localidad. Abrió las deliberaciones la compañera Enriqueta Gómez, viuda de Aníbal Verón, quien llamó a no parar la lucha hasta que no haya castigo para los policías que mataron a su compañero. Intervinieron, también, las madres de los compañeros Gómez y Justiniano, asesinados por la policía en el Corte de mayo, y la madre de Maldonado, un joven víctima del gatillo fácil policial en la zona. Que una de las decisiones del Congreso haya sido la formación de la Coordinadora departamental es fundamental, pero es más significativo aún si se tiene en cuenta que, además de dos compañeros por organización, se decidió que los familiares de las víctimas de la represión formen parte de la Coordinadora. Con esto, se integra la lucha por perpetua a lo asesinos a la lucha general por todo el petitorio, ya que en modo alguno la tarea de meter presos a los responsables de las muertes puede quedar sólo en manos de los familiares. El compañero Arce, representante de los Desocupados de Pocitos, describió cómo su comisión surgió en mayo, en oposición a "toda la clase política", a la que responsabilizó por la situación actual. Dijo que desde aquel momento se conquistó, mediante la lucha, el ingreso de 150 trabajadores en las compañías de sísmica. Y que luego del último corte, donde obtuvieron 100 planes, se impuso por primera vez que no sean repartidos por los punteros del intendente, sino por la propia Comisión: una parte a los luchadores más comprometidos, otra a los más necesitados y el resto mediante un sorteo público (idéntico método acaba de aplicar la Coordinadora de Tartagal). Muy agudamente, Arce denunció a la Mesa de Concertación que reúne al intendente y a las cámaras empresarias, como un instrumento del gobierno contra los trabajadores. La compañera Ema, en representación de Embarcación, comenzó anunciando que su comisión barrial "no es obsecuente de nadie, ni de la Alianza ni del PJ", a los que responsabilizó por la falta de trabajo. Por esta delegación intervinieron numerosos compañeros que, una y otra vez, insistieron en la necesidad de formar dirigentes y que cada trabajador se convierta en un dirigente de esta lucha. Relató la compañera cómo habían expulsado de sus filas a Orozco, un personaje que aceptó una designación como funcionario del gobierno y se presenta como dirigente de una "UTD de Embarcación". Por la UTD de Mosconi estuvieron en la mesa "Pepino" Fernández, "Chiqui" Peralta y "Piquete" Ruiz. No estuvo Juan Nievas, referente de la CCC y ex candidato de la Alianza, que se ha apartado de la UTD de Mosconi. Las intervenciones de los compañeros de Mosconi reflejaron en profundidad sus luchas desde el momento de la privatización de YPF, hace diez años. "Chiqui" Peralta presentó una conclusión fundamental: luego de muchos años de luchas, de traiciones de dirigentes vendidos al oficialismo, y de confiar, incluso, en el gobierno de la Alianza, la experiencia los había llevado a tomar todas las luchas en manos propias, desde el manejo de los planes Trabajar hasta la vigencia de importantes obras que demuestran "lo que podríamos hacer los trabajadores si tuviéramos el poder"… "Pepino" Fernández describió con precisión el saqueo que realizan las petroleras en la zona, apuntalando un planteo central del programa aprobado que exige la formación de un "fondo de hidrocarburos de 200 millones anuales y la triplicación de las regalías petroleras bajo control de los trabajadores", como única forma de atender las reivindicaciones básicas de trabajo y de industrializar el gas y el petróleo en la zona. José Barraza, por la Coordinadora de Desocupados de Tartagal, refutó brillantemente el planteamiento que hace el gobierno provincial en el sentido de que la salida sería seducir o atraer a los "inversores". Barraza dijo: "Aquí no hay inversiones, hay saqueo", como lo demuestran largamente las cifras de las ganancias diarias de las compañías, en contraste con la miseria del pago por regalías (el Municipio de Mosconi, que concentra la mayor producción, apenas recibe un millón de dólares anuales por este concepto). Agregó, además, que no corresponde que los trabajadores nos pongamos a reclamar a favor de la llegada de estas inversiones (y por lo tanto sentarse a esperar una reactivación para que recién allí se consiga trabajo) y que "hay que dejar que los patrones se defiendan solos", en relación a un planteo de apoyo a las Pymes. El Congreso ha constatado que la fuerza de los piquetes no sólo ha sido un vehículo para imponer el acceso a las compañías, sino también para imponer el aumento de salarios (ver nota) y, en este sentido, ha puesto en el centro la lucha por los 600 pesos de mínimo, como piso para todas las actividades. Así el "ejército de desocupados", instrumento histórico del capital para hacer bajar los salarios de los que tienen trabajo, se ha convertido en el instrumento para imponer el aumento. En suma, este Congreso reflejó la decisión de ir por más, la capacidad para elaborar una salida propia a la crisis, contra todas las variantes patronales, y un método para poner en pie una dirección que lleve al triunfo a los trabajadores en todo el país.

El sábado 9 se reunió el Congreso de Trabajadores del Norte de Salta, convocado por la Comisión de piqueteros que dirigió el corte de ruta, el pasado mes de noviembre, en Mosconi. Un cartel de fondo proclamaba: "Por una salida de los trabajadores a la crisis". Para esto, los 200 trabajadores que responden a las organizaciones de desocupados que se han puesto de pie en los distintos pueblos del Departamento San Martín, se abocaron a una extraordinaria discusión que quedó reflejada en una única resolución general. La resolución que presentó la mesa convocante fue repartida previamente, leída y aprobada en general. Posteriormente, se hizo el debate en particular de cada capítulo y allí se realizaron aportes diversos e importantes. La resolución resume la experiencia de lucha de los últimos años. Denuncia el carácter hambreador y entreguista del régimen político actual y su política frente al proceso de rebelión popular. En este sentido, caracteriza a las multisectoriales, los comités de emergencia y mesas de concertación, como mecanismos para someter a las organizaciones de lucha. En oposición a esta encerrona política, el Congreso votó la necesidad de construir organizaciones independientes del Estado. La resolución denuncia la política de soborno y compra de dirigentes y la Asamblea votó la expulsión de todo dirigente que traicione a los trabajadores. La resolución contempla una suerte de estatuto para la Coordinadora de Trabajadores y Desocupados del Departamento San Martín. Su funcionamiento será en base a asambleas soberanas y de representantes mandatados y revocables; habrá elección de delegados de base en los barrios, un padrón único de desocupados y el control de las organizaciones de lucha de todas las concesiones que se obtengan, para evitar que los intendentes o los punteros del gobierno puedan valerse de los bolsones y planes Trabajar para generar divisiones y manipular compañeros. La prioridad para distribuir las conquistas que se vayan arrancando la tendrán los más necesitados en base a un padrón. Se decidió la salida de un boletín de la Coordinadora, cuyo primer número contendrá la resolución del Congreso. El punto que llevó más tiempo y generó más intervenciones fue el del programa de reivindicaciones. Allí se aprobó el reclamo de un salario mínimo de 600 pesos o 3 pesos la hora, y el control por parte de la Coordinadora del acceso en los cargos a todas las empresas. La resolución reclama el tercer turno en las petroleras y el reparto de las horas de trabajo en todas las empresas. En relación a estos reclamos las organizaciones que integran la Coordinadora ya están luchando de manera concreta y con importantes éxitos (ver nota aparte). Se incluyeron, asimismo, otras numerosas reivindicaciones inmediatas. El Congreso recogió el pliego de 21 puntos levantado en el corte de ruta de noviembre, donde se destacaba el reclamo de un fondo de 200 millones de dólares anuales impuesto a las petroleras en concepto de reparación histórica (Mosconi recibe solamente un millón de dólares anuales) y la triplicación de las regalías. Estos reclamos están concebidos como parte de la lucha por la reestatización de YPF bajo control de los trabajadores y para impulsar un plan de industrialización de los recursos petroleros y gasíferos, bajo control de los trabajadores. En el debate del programa se planteó si se debía incluir el apoyo a los reclamos de las Pymes. Se alertó, sin embargo, que detrás de este planteo se podrían introducir los reclamos de las grandes empresas y que las Pymes, en muchos casos, son simples tercerizadas de los grandes pulpos, o están atadas a los intereses de éstos, y que descargan sobre los trabajadores todo el peso de esa dependencia. Se demostró en la práctica cómo, en el corte de ruta del año '97, las Pymes madereras usaron la lucha de los trabajadores para obtener subsidios y cómo le dieron la espalda a la lucha cuando se trató de ir a fondo con los reclamos de los desocupados y demás sectores laboriosos. El planteo Pyme fue rechazado. También el programa dejó esbozada una estrategia orientada a poner en pie una salida política de los explotados; llama para esto a poner en pie Asambleas Populares en oposición a los gobiernos patronales. Se resolvió reclamar a las centrales sindicales un paro nacional de 72 horas, se ratificó el llamamiento a un Congreso Nacional de organizaciones de desocupados y se acordó concurrir al encuentro del Polo Clasista que se reunirá el sábado 16, en la Fatpren, para lo que se eligió una delegación de 10 compañeros. Paralelamente se decidió una jornada de movilización para el jueves 14, en cada pueblo, por la investigación, el juicio y el castigo a los asesinos de Aníbal Verón y demás compañeros; y, para el viernes 22, una jornada de movilización ante cada intendencia para presentar el pliego reivindicativo de la Coordinadora. Para culminar, el Congreso aprobó fijar el 13 de mayo, fecha en que se produjo la gran pueblada de Mosconi y Tartagal, como el Día del Piquetero, para transformarlo en un día nacional de lucha.

Con la presencia de más de 200 activistas de las organizaciones convocantes, la entusiasta intervención de todos los oradores comprometidos y una gran repercusión periodística en los medios locales, el acto del viernes 8 fue un triunfo político. La maduración de la nueva vanguardia piquetera quedó reflejada en los planteamientos formulados. Desde distintos ángulos, todos rechazaron la política de las centrales sindicales de marchar a una nueva tregua en pos de una concertación social con el gobierno. Edgardo Quiroga (ausente físicamente) intervino en el acto mediante una extensa adhesión a los términos de la convocatoria al acto e invitó a los participantes al Plenario Nacional del 16 de diciembre del Polo Clasista. La compañera que tuvo a cargo la apertura del acto trazó un balance del paro de 36 horas en Mar del Plata y una crónica del rol fundamental que jugaron las organizaciones piqueteras presentes en el acto, en parar toda la ciudad mediante los piquetes de fábrica y los cortes de calles y rutas principales. Asimismo, explicó la importancia de todas las reivindicaciones y consignas que convocaron al acto para superar la presente situación y propuso un plan de movilización por la libertad inmediata de Emilio Alí (presente a través de una carta a los asistentes al acto) y una solidaridad activa con la carpa instalada frente a la Uocra, por la Agrupación 22 de Abril. Ambas propuestas fueron votadas por unanimidad al finalizar el encuentro. Alejandro Martínez, primer orador del acto, llamó a estructurar una organización común de los desocupados marplatenses sobre la base del programa convocante y un plan de lucha regional. Rodríguez, de la 22 de Abril de Uocra, destacó la gran corrupción en la dirigencia de su sindicato: "Nuestra meta es decir basta a todos estos corruptos que nos traicionaron la vida … La única fuerza que tenemos los trabajadores es quitarles el poder que un día les dimos… y unirnos por abajo contra los de arriba, que nos quieren dividir por sectores". María Inés (Soip) hizo un paralelismo entre el Soip y la Uocra por ser los dos gremios más importantes de la ciudad y por tener enquistadas direcciones carneras y traidoras, llamando a formar "un movimiento común para terminar de recuperar nuestras organizaciones con el programa de eliminación del trabajo en negro, por los 600 pesos de salario mínimo y 500 pesos de subsidio al desocupado". Marita Fachinni, del MTR, dijo: "Necesitamos dar una batalla contra la dispersión, nacionalizar los conflictos… Llamó a organizar la bronca en un 'Polo de la Resistencia'. Luchamos y nos organizamos no por 120 pesos de los planes de trabajo o bolsones de comida; tomamos esto, es cierto, pero vamos por más…". Fernando Cuesta, secretario general de la Bancaria, planteó "aprovechar la contundencia del paro, para darle una continuidad inmediata. Esta crisis política y económica no tiene antecedente; con este blindaje lo único que hacen es aumentar la deuda externa y rápidamente van a tener que implementar más ajustes". Néstor Pitrola (congresal del gremio gráfico) señaló que el paro, el más importante de los últimos 25 años de la vida política, "mostró una Argentina piquetera a lo largo y ancho del país… fusión de organizaciones obreras y de ocupados y desocupados". "Nosotros -planteó Pitrola- somos de los que creemos que no hay un acto más democrático que los piquetes obreros que organizaron la voluntad de la mayoría trabajadora y que desmontaron los piquetes armados por la patronal, la policía y el gobierno. Este hecho ha demostrado que hay un principio de otro poder que se viene organizando, que es el poder de la clase obrera, por eso son tan contrarios a la realización de piquetes". Recordó que el paro "no estaba en los planes de las tres centrales obreras: fue arrancado desde los cortes de ruta, los piquetes de Salta, de La Matanza, de los municipales cordobeses. Fueron estos piquetes los que rompieron la tregua de los últimos 5 meses". Invitó a participar el próximo 16 a un plenario del Polo Clasista, para discutir una salida para el movimiento obrero y arrancar un inmediato paro de 72 horas y un plan de lucha con nuestro pliego de reivindicaciones. En un marco de gran entusiasmo, aplausos cerrados y cánticos a favor del gobierno de los trabajadores, el acto concluyó decidido a poner en práctica las resoluciones votadas. Y la totalidad de la concurrencia se trasladó a solidarizarse con la carpa de la 22 de Abril frente a la Uocra.

Apenas EE.UU. anunció que habían comenzado las negociaciones con Chile para conformar una "zona de libre comercio" con el Nafta (asociación de EE.UU., Canadá y México) y para darle "un ímpetu adicional a las negociaciones para el Alca (Area de Libre Comercio en las Américas)", estalló una fenomenal crisis política en el Mercosur. No sólo porque con esa decisión Chile retrocedía al planteo de incorporarse en forma plena al Mercosur, sino porque rápidamente los gobiernos de la Argentina y Brasil entraron en choque en torno a la respuesta que debía darse a la decisión chilena. Mientras el ministro argentino José Luis Machinea decía que había "que felicitar a Chile", el canciller brasileño planteó que "las negociaciones llevadas a cabo hasta ahora (para el ingreso de Chile al Mercosur) quedan interrumpidas ya que la decisión de Chile de ingresar al Nafta es incompatible con el Mercosur". Machinea fue inclusive más lejos cuando planteó que había que imitar el ejemplo chileno. Como reveló Clarín (7/12), "los hombres de Economía le hacen saber a sus colegas norteamericanos que miran al Norte y que la apuesta fuerte es el Alca", en tanto adjudicaba al canciller, Rodríguez Giavarini, una posición más contemporizadora con la postura brasileña. Según el periodista Joaquín Morales Solá, la Argentina ha planteado "adelantar el lanzamiento del Alca para mediados o fines del 2003, dos años antes del plazo que establecieron los presidentes americanos" (La Nación, 5/12). Brasilia no solamente postergó por un año las tratativas para el ingreso de Chile al Mercosur, sino que, lo hizo sin consultar a la Argentina. "En Buenos Aires, la sentencia brasileña fue un baldazo de agua fría sin preaviso... La postura oficial del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini era esperar a la reunión que los presidentes del Mercosur mantendrán el próximo jueves en Florianópolis para tomar una decisión consensuada, pero sobre todo más calmada sobre el asunto" (Clarín, 9/12). La cosa no termina aquí. El acuerdo chileno con EE.UU. "fue recibido con satisfacción por el gobierno de Uruguay ya que se entiende que ello contribuye con el objetivo del presidente Jorge Batlle de acelerar la formación de un área de comercio continental" (La Nación, 4/12). Lo que está en juego La propuesta de conformar un área de libre comercio de Alaska a Tierra del Fuego (sin Cuba) fue lanzada por el ex presidente de EE.UU. George Bush, en junio de 1990. En 1994, en una cumbre de presidentes del continente se acordó que el Alca debía estar definitivamente constituido en el 2005. Para eso se convino iniciar rápidamente las negociaciones. Sin embargo, esas negociaciones no llegaron a prosperar, como se puso de relieve en la cumbre de presidentes realizada en Chile en 1998. ¿Qué pasó? El objetivo del imperialismo norteamericano con el Alca es que los países latinoamericanos abran más sus economías a los capitales yanquis en detrimento de los europeos y asiáticos. En particular en los servicios financieros (bancos, seguros, jubilación, teléfonos, etc.) y en la propiedad intelectual. Pero cuando Clinton pidió autorización al Congreso norteamericano para llevar adelante esas negociaciones por la llamada "vía rápida" (fast track), los congresistas yanquis se opusieron. ¿La razón? Que el Congreso no está dispuesto, en contra partida, a abrir el mercado norteamericano a los productos latinoamericanos o a que los productos europeos y asiáticos puedan ingresar a EE.UU. vía América Latina. Hace cinco años, EE.UU. trataba de imponer sus pretensiones comerciales a China y al resto de los países asiáticos, aprovechando la crisis económica y financiera de Japón y del sudeste asiático. Mercosur Habiendo avanzado ya en el acuerdo con China, EE.UU. ha retomado su ofensiva en América Latina. Como planteó en su momento Henry Kissinger (5/5/98), "un área sudamericana de libre comercio está claramente emergiendo bajo el liderazgo de Brasil. Para los EE.UU., el éxito económico del Alca significa, básicamente, el acceso al mercado brasileño y, no olvidemos, a las franjas de los mercados latinoamericanos hoy ocupados por Brasil". El ex canciller norteamericano también planteó la importancia del Alca como un freno a los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea. Ahora, el Alca también apunta a Cuba. Está claro que la jugada norteamericana-chilena ha acelerado los choques dentro del Mercosur, como lo revelan las posiciones de la Argentina y Uruguay, más proclives a la presión yanqui. Pero también hay otros choques, como el que protagonizaron la Argentina y Brasil cuando en octubre pasado este último país rechazó la propuesta de Machinea de rebajar 3 puntos el arancel externo común del Mercosur. Además, están todos los otros choques comerciales, como en autos, pollos, azúcar... La oposición brasileña no es, sin embargo, frontal, sino un regateo. Quiere liderar a América Latina para arrancar un trato privilegiado en el reparto del mercado latinoamericano. La deserción argentina y uruguaya anticipa las pocas chances brasileñas. Está claro que el destino del Mercosur está sellado. La disyuntiva sigue siendo: colonización yanqui o unidad de América Latina. Esta última es una grandiosa y gigantesca tarea que sólo podrán concretar los gobiernos obreros.