Prensa Obrera N° 691

La Lista 2, formada por el activismo de la Intercuerpos del Teatro, ganó por 198 a 165 a la impulsada por la Comisión Directiva del Sutecba. Como varios compañeros lo manifestaron, fue un triunfo contra la burocracia, contra la dirección del Teatro y contra el secretario Telerman y el Gobierno de la Ciudad. El llamado a elecciones fue un intento de barrer a la Intercuerpos, porque no se hizo en forma simultánea a la de delegados de todos los cuerpos del Teatro sino que se limitó al sector donde la dirección se había apoyado para conseguir el levantamiento de la lucha por la efectivización de los contratados. No hubo, como correspondería a la democracia sindical, una asamblea del Teatro para determinar este método especial de elección. No es de extrañar esta conducta, porque la letra del acuerdo con Telerman jamás fue puesta a discusión de la Asamblea General del Teatro. La derrota de la burocracia es de gran magnitud porque perdieron las posiciones que tenían en el sector. Al jugarse a lista completa perdieron todo en el lugar numéricamente más grande del Teatro. Sutecba caracterizó mal. Su victoria en la asamblea que les habilitó el mandato para re-negociar el acta que había garantizado la efectivización de los 299 contratados, estuvo basada en la coacción del cierre del Teatro. Se confirmó la caracterización que Altamira expuso ante la Intercuerpos y que más tarde denunció ante el propio Telerman: el mandato se obtuvo por el chantaje de un lock-out del gobierno. En los días previos (lo reflejamos en PO Nº 690) se conoció masivamente por medio de un volante, repartido externa e internamente, la declaración aprobada en la Comisión de Legislación y Trabajo, basada en el proyecto de Altamira de efectivización de los contratados, que se publicó al dorso. Seguramente este pequeño logro contribuyó a reagrupar fuerzas. Ganó la bandera de la efectivización de los 299 compañeros lisa y llana, directa, contra las maniobras dilatorias basadas en la Ley de Empleo de Genta y Datarmine. Cayó derrotado el aparato de Sutecba, pero también la inmovilidad de ATE, que no apareció durante el prolongado conflicto. Está planteado acompañar con la presencia del activismo el tratamiento legislativo de la declaración pidiendo la efectivización a planta permanente. Será un paso más para reagrupar al Teatro en la senda de la lucha por la efectivización, por la defensa del Teatro, de su arte, de sus escuelas y de sus trabajadores. Apoyados en la votación hay que exigir Asamblea General del Teatro para fijar plazos y exigencias sobre los acuerdos firmados, de manera de efectivizar a todos. Además, la inmediata convocatoria a elecciones de todo el Teatro, simultáneas, en los restantes lugares. Adelante compañeros.

El 29 de noviembre se realizaron las elecciones provinciales de la CTA, que habían sido suspendidas en setiembre por la denuncia de fraude con los padrones. La clasista Rosa y Negra se impuso por 646 votos a 445 a la Verde, que contó con el apoyo del gobierno provincial y de la lista Celeste de Ctera. Los resultados en Docentes fueron lapidarios: sobre trece localidades, la Rosa y Negra ganó en diez, y la proporción de votos fue de 3 a 1. En YCRT, los mineros dieron el triunfo a la Rosa y Negra por 150 a 60 votos. La Verde solamente ganó en los gremios sobre los que la Rosa y Negra no tienen un trabajo organizado: Judiciales, Aeronáuticos y ATE Río Gallegos. La lista Rosa y Negra surgió en el marco de la realización de cinco plenarios intersindicales, integrada por dirigentes de Adosac y ATE, de mineros de Río Turbio, y también por delegados del gremio judicial y desocupados afiliados a la CTA. Su programa reclama el no pago de la deuda externa, la renacionalización bajo control de los trabajadores de la explotación petrolera y carbonífera, y la lucha por la incorporación de los premios al presentismo al básico en los gremios docente y estatales, entre otras reivindicaciones, y postula el Congreso de delegados de base como la vía para definir el plan de acción y la construcción de la central única de trabajadores en la provincia. La campaña electoral se concentró en la necesidad de una CTA independiente del poder político y las patronales, es decir, de la ruptura de la CTA con el gobierno provincial. Cabe recordar que fue para preservar sus alianzas con Kirchner que la Verde saboteó la huelga minera hace dos años, y que gracias al apoyo de 70 funcionarios 'afiliados' unos días antes de las elecciones de ATE (en 1999), la Verde logró quedarse fraudulentamente con la conducción provincial de ATE, mientras era barrida en Río Turbio por la lista Negra. La lista Verde presentó como candidato a Secretario General a un delegado de Pami de Caleta Olivia sin mayor trayectoria gremial, acompañado por varios protagonistas de las traiciones antes mencionadas. También integró en sus filas a docentes de la oficialista lista Amarilla y alguno de la maffeista Azul y Roja docente. La campaña se concentró en la crítica al FUT, tratando de agitar el fantasma macartista contra la izquierda. Para el activismo que viene luchando contra Kirchner, esta elección es un gran triunfo político, es continuar la victoria obtenida en la vocalía por los docentes públicos, donde unos días antes venció la Rosa por amplio margen (ver nota). Ahora se trata de dar vida a la CTA, como una central combativa y clasista de todos los trabajadores santacruceños para imponer el programa (presentismo, etc.) con el que ganó la Rosa y Negra.

El aumento del 15 al 30% en los pasajes de trenes, colectivos y subtes, que acaba de aplicar el gobierno, es una provocación contra los trabajadores. A pocas horas de una huelga demoledora que conmovió al país --contra las rebajas de sueldos, la brutal desocupación, los ataques a la jubilación-- el gobierno de la Alianza da un nuevo golpe contra el bolsillo de los trabajadores. El aumento golpea con mayor fuerza en los sectores más humildes, que verán reducidos sus ingresos en un jornal y medio promedio. Si dicen que la inflación es cero, ¿por qué aumentan el transporte? El gobierno aduce que, en trenes y subtes, es para financiar deudas y compromisos no cumplidos de inversión. Lo que revela la perversión de las privatizaciones. Es el dinero del pueblo el que paga las obras e inversiones y no los concesionarios que se llevan la recaudación. Entonces, ¿para qué queremos a estos parásitos chupa sangre? Que se anulen los contratos y que sean los usuarios y los trabajadores los que controlen las inversiones y el precio del boleto. Este "boletazo" está vinculado con la negociación del Presupuesto 2001 en el Congreso: descargan este gasto del Estado en los usuarios, para financiar nuevas reducciones de impuestos y subsidios al gran capital. En el caso de los colectivos dicen que el aumento es para resarcir a las empresas por el aumento del gasoil. Pero el precio del petróleo acaba de caer 5% anteayer. El aumento en los colectivos es en beneficio de Repsol, Shell y Esso, que suben los combustibles cada vez que el petróleo aumenta y, en cambio, no los rebajan cuando disminuye. Las petroleras amasan fortunas a costa de los consumidores. ¡Que se rebaje el precio de los combustibles y no que aumente el transporte! Estos aumentos benefician sólo a las patronales. Los trabajadores ferroviarios y de la UTA no cobran un mango de aumento y encima les encarecen el transporte. Hay que unificar la lucha de usuarios y trabajadores del transporte. ¡Aumento general de salarios del 50%! ¡Salario mínimo de 600 pesos! Se ve que el gobierno de la Alianza no ha escarmentado con el paro de 36 horas. Ha largado el Presupuesto fondomonetarista, el ataque a las provincias, la rebaja de las jubilaciones y la privatización de las obras sociales. Y ahora el "boletazo". Los trabajadores también debemos ir por más. Con la fuerza que demostramos el 23 y 24. Que las centrales sindicales convoquen a una huelga nacional de 72 horas para derogar toda la legislación antipopular de Machinea - De la Rúa y el FMI. El Partido Obrero llama a todas las organizaciones obreras, a los vecinos en las barriadas, a los trabajadores y usuarios a movilizarnos activamente en conjunto hasta frenar el "boletazo". La gran mayoría del pueblo está en contra de las medidas antiobreras que adopta el gobierno fondomonetarista. Asamblea Constituyente para que la clase obrera y los explotados discutan la reorganización económica, social y política del país en función de sus intereses.

La lista Rosa volvió a ganar en forma contundente la vocalía docente en las elecciones de representantes del sector al Consejo Provincial de Educación (CPE). En éste, los docentes cuentan con sólo dos vocales, frente al Poder Ejecutivo, que nomina a dedo cuatro miembros, y un conjunto es elegido por los padres de alumnos. Desde hace dos años, con la incorporación de Miguel del Plá y Pedro Muñoz a las vocalías, la vida del CPE se trastocó por completo. Los vocales actuaron como organizadores. Realizaron informes de cada una de las sesiones, que fueron girados a todas las escuelas de la provincia. Por el sindicato, esto multiplicó los reclamos docentes ante el Consejo, que en muchas oportunidades vio colmadas sus instalaciones por la presencia de los maestros o fue el centro de presencia de representantes gremiales en el CPE hasta constituir una especie de contrapoder en el plano educativo al gobierno de Kirchner. En las escuelas públicas habíamos ganado hace dos años contra una lista oficialista y otra radical, pero en esta contienda ambas se unieron para golpear a la Rosa, llevando a un candidato radical apadrinado por el gobierno. Aún así, los derrotamos, logrando la Rosa 2.350 votos y la lista Amarilla, radical-kirchnerista, 1.740. Ultima entró la Azul y Rosa (celestes que han perdido hasta el color), con 800 votos. La victoria en Río Gallegos mejoró sustancialmente el resultado anterior, logrando Del Plá el 50% de los votos. En las elecciones de las escuelas privadas debimos enfrentar un pacto entre el gobierno y los sectores más conservadores de la Iglesia. Algunas congregaciones religiosas (María Auxiliadora) hicieron campaña abiertamente por el candidato de la Amarilla. En los pueblos chicos, donde prácticamente se marca el voto por ser una sola escuela, el temor a los directivos jugó un papel importante. En una escuela de Río Turbio las monjas impidieron la entrada de nuestro compañero. En esas condiciones se ganó igualmente en Río Gallegos y otras localidades, pero se perdió por 518 a 400 en el total provincial. Es importante destacar que en la elección anterior en privados hubo tres listas y se ganó con el mismo caudal de votos obtenido ahora, es decir que no se trata de un retroceso en la influencia sino de la unificación de nuestros adversarios.

La promesa de un 'blindaje' financiero para evitar que la Argentina entre en cesación de pagos está siendo esgrimida por los yankis para disciplinar a todas las fracciones de la burguesía e imponer a fondo una política entreguista y antiobrera. Los senadores peronistas, que tienen mayoría en la Cámara y podrían por lo tanto rechazar el Presupuesto fondomonetarista, ya han señalado que lo votarán en los próximos días. Igual que los gobernadores del PJ que, hace un par de semanas, terminaron apoyando el pacto fiscal que les quitó 500 millones a las provincias. También el Chacho Alvarez y el Frepaso apoyan el "blindaje". El ex vicepresidente hizo circular la versión de su "retorno" a la política activa. En los próximos días se reuniría con De la Rúa para proponerle nuevos emprendimientos 'éticos': reforzar la reforma del Estado, echando a más empleados públicos (y privatizando sectores, como lo reclama su 'aliado' Cavallo); y entregar la ayuda social a un comité regenteado por los banqueros y la Iglesia. Volvemos a la 'caridad cristiana' del Medioevo. El 'blindaje' pide como sacrificios que se haga la reforma previsional que aumenta la edad de retiro de la mujer y elimina la PBU y la jubilación estatal; más reforma del Estado despiendo a miles de estatales; que se abran las obras sociales sindicales a la piratería de los grandes consorcios financieros y se privatice el Banco Nación. Y el 'blindaje' del FMI sigue pidiendo más y más sacrificios del pueblo trabajador: que se aumenten los boletos de trenes, colectivos y subtes, etc. El gran capital es insaciable si no lo frenamos en su gula de beneficios. Ahora la Ford reclama al Estado el pago de 51 millones de dólares por el Plan Canje y otros 35 millones por reintegro del IVA de exportaciones. El conjunto de las automotrices reclama más de 400 millones del Plan Canje. Las patronales concesionarias del tren y el subte reclaman que se les adeudan 156 millones de pesos por subsidios no pagados en 1999 y otros 112 millones de este año. En el 2001 estaba previsto el pago de 286 millones de pesos, pero el Congreso bajó esos subsidios en el Presupuesto a "sólo" 78 millones de pesos. ¿Quién paga los 208 millones restantes? El pueblo trabajador a través del aumento de las tarifas. Alemann (La Razón, 4/12) plantea "que hay que aumentar más las tarifas, para que la ecuación cierre" Esto es, para que los usuarios paguemos los 78 millones restantes, es decir el total del subsidio a los empresarios. No es sólo el tarifazo. Crece la desocupación. Noviembre ha sido mes récord en despidos y suspensiones. Cerró la cadena Wendys, dejando en la calle a 800 trabajadores; cerró Adams y despidió a 400 obreros; Clarín echó a 120 compañeros; el frigorífico CEPA a otros 500. Las automotrices suspenden a mansalva. El sindicato (Smata) hace frente común con las patronales --que usan a los obreros como arma de chantaje social, amenazando transformar las suspensiones en despidos-- para reclamar que el gobierno dé más subsidios y rebajas de impuestos a la 'industria'. El frente 'nacional' que pregonan quienes quieren unirse políticamente con sectores de la burguesía nativa conduce a un callejón sin salida, toda vez que ésta sigue atada al capital financiero imperialista y asume posiciones francamente antiobreras y antinacionales (tarifazos, reducciones salariales, entrega del petróleo, etc.). La burocracia sindical está dilapidando el histórico paro general del 23 y 24. Y como eso el gobierno lo sabe, suena la seudoprepotencia de la ministra Bullrich Luro Pueyrredón, de Machinea FMI y del clerical De la Rúa. Como lo demostramos hace 10 días, el movimiento obrero puede hacer saltar por los aires este andamiaje fondomonetarista. La provocación del 'boletazo' que ha lanzado la Alianza debe ser respondida con un inmediato paro general de 72 horas. E ir creciendo en la lucha hasta lograr que se deroguen los tarifazos, las rebajas salariales, la reforma laboral antiobrera. Huelga general hasta imponer un salario mínimo de 600 pesos; por la prohibición de despidos y suspensiones; el reparto de las horas de trabajo, sin quita salarial; el no pago de la deuda externa; la expropiación de YPF-Repsol y de los bancos; el control obrero. El PO denuncia la tregua de las direcciones sindicales como el peor crimen contra la clase obrera. Y llama a la vanguardia piquetera que se movilizó el 23 y 24 a organizarse, en forma independiente, para dar la batalla a este régimen de entrega y miseria. A impulsar una huelga general y un Congreso Nacional de Bases del movimiento obrero y los desocupados. Las fiestas de fin de año encontrarán miseria en la mesa de millones de desocupados. Por eso se incuban nuevas movilizaciones piqueteras para reclamar por "Pan y Trabajo" Hay que echar a los que nos sacrifican en el altar del 'blindaje' fondomonetarista; que una Asamblea Constituyente tome el poder para que las masas puedan debatir la reorganización social y económica del país en beneficio de los intereses de los explotados.

La Cámara de Diputados anuló del Presupuesto Nacional del 2001 el artículo 58, que ordenaba al Estado ejecutar un nuevo achique en el sector público con una baja en el gasto, la supresión y fusión de organismos y la revisión de los convenios colectivos de los empleados públicos. La norma incluía al Parlamento, Poder Judicial, Afip, Anses y Pami (Clarín, 1/12). Esta votación (junto a la eliminación del Pami del Presupuesto Nacional) dio lugar a que un conjunto de direcciones sindicales de los organismos más amenazados por el recorte: (Afip, Anses y Pami), levantaron los planes de lucha que estaban en curso hasta la semana pasada. La visión de Machinea no es la misma: "lamentó la decisión adoptada por Diputados … pero aclaró que el gobierno igualmente podía encarar ese proceso porque tiene los instrumentos necesarios para hacerlo" (La Razón, 1/12). Lo mismo opinó el vicejefe de Gabinete, Marcos Makon. La legislación de reforma del Estado y las leyes de empleo público, nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, contemplan todo tipo de cierres, tercerizaciones y despidos. Por eso es fundamental no caer en la ilusión de que con la derogación del artículo 58 la batalla está ganada. Los planes de lucha de los organismos estatales, lejos de suspenderse, deben ser reforzados y unificados, para impedir cualquier despido o retiro voluntario, y las tercerizaciones-privatizaciones en marcha (Afip, etc.) e imponer la efectivización de los contratados, la restitución de los salarios rebajados y la derogación de la legislación de ajuste del Estado. Muy diferente de la postura de la diputada moyanista Alicia Castro, cabeza de la resistencia parlamentaria al artículo 58, quien le dio una interpretación político-electoral a la derogación: "Si hay ajuste, que toda la culpa la cargue el gobierno".

En una crítica publicada hace dos meses en el periódico hoy a la consigna de la Asamblea Constituyente que plantea el Partido Obrero, se dice que el PO "pone el carro delante del caballo", porque no señala quién debería convocarla. Que se trata de carros y de caballos, es indudable. El Pcr propone que "el caballo" que tire el carro, o sea que convoque a la Constituyente, debería ser "un gobierno de unidad popular" El Partido Obrero, en cambio, levanta la reivindicación de una Asamblea Constituyente libre y soberana (el carro) para movilizar a las masas hacia un gobierno de trabajadores -expresión popular de la dictadura del proletariado (el caballo). En el primero de los planteos, el del Pcr, se parte del gobierno 'popular' para terminar en la institución de una Constituyente; en el segundo, el del PO, el punto de arranque es la demanda de la Constituyente para arribar a la realización del planteo central de la presente etapa histórica, la dictadura obrera. La primera posición concluye en la democracia (burguesa) o en la regimentación (también burguesa) cuando la Constituyente hubiera finalizado el trabajo que le asignara el 'gobierno popular'; la segunda posición concluye en la revolución proletaria, superando a la Constituyente. Se trata, claramente, no sólo de la ubicación diferente de los carros y de los caballos, sino de caballos y carros diferentes. Chávez El 'modelo', si se puede decir así, del Pcr, es incuestionablemente lo ocurrido recientemente en Venezuela, donde un gobierno popular, el del comandante Chávez, convocó a una Asamblea Constituyente. Las realizaciones más importantes de esta Constituyente fueron la facultad que se le otorga a Chávez para designar a los mandos de las fuerzas armadas; la posibilidad de dos mandatos de seis años cada uno; y el establecimiento de un llamado "poder electoral" que, a fuerza de plebiscitos permite someter al Estado a las organizaciones de las masas, en particular a los sindicatos controlados por la burocracia del partido Acción Democrática. Es decir la variante 'participativa' o mejor regimentadora del Estado capitalista. La fórmula "gobierno popular" es intencionadamente vaga pero siempre pretende un cogobierno con la burguesía nacional. Los reclamos, tanto de un "gobierno o gabinete de emergencia", de la CTA, como de una "concertación nacional", en el que coinciden Moyano, Daer, la Pastoral Social y la UIA, constituyen incuestionables variaciones del populismo, es decir de los gobiernos de "unidad popular". Es altamente probable que, si surge, un gobierno de estas características convoque a una Convención para adornar a la Constitución vigente de un sinnúmero de fórmulas participacionistas. El Partido Obrero, por su lado, no puede partir de la dictadura del proletariado, que es su objetivo estratégico, por la sencilla razón de que la situación política del momento, tomada en su conjunto, no ha madurado todavía para esta posibilidad, especialmente por el retraso del "factor subjetivo", o sea de la conciencia y organización de las masas y del desarrollo de su vanguardia. De cualquier modo, si partiéramos de la dictadura del proletariado no sería para plantear la Constituyente sino el pasaje al socialismo. De lo que se trata, sin embargo, en el actual momento político de la Argentina, es de producir esta maduración subjetiva, o sea que las masas desarrollen la conclusión de que hay que luchar por el gobierno obrero. La consigna de la Asamblea Constituyente debe servir para ello, a partir de la ventaja que tiene de presentarse como una alternativa de conjunto, todavía democrática, al empantanamiento del gobierno de la Alianza; a su tendencia a la inestabilidad; a la inevitabilidad de que se convierta de más en más en un mero títere del imperialismo; y por sobre todo a la necesidad que tienen las masas de una salida general y completa a la situación desesperante a la que han sido llevadas por el derrumbe capitalista. Consigna de transición Un lector ha escrito (Prensa Obrera, 30/11) que sólo un gobierno revolucionario de los trabajadores es capaz de convocar a una Asamblea soberana. Esto es totalmente justo; es la tesis fundamental del Partido Obrero. Pero el lector exige que se ponga primero la consigna del gobierno obrero y luego, como un subproducto, la Asamblea; es evidente que no entendió el método; que vació de contenido la consigna constitucional. Si las masas ya estuvieran convencidas de la necesidad de luchar por la dictadura proletaria, la consigna de la Constituyente sería innecesaria e incluso reaccionaria, porque sería una alternativa democrática al régimen obrero, en lugar de serlo contra el régimen burgués. Pero como las masas no están convencidas de que la única salida es el gobierno obrero, las llamamos a luchar por una Asamblea libre y soberana para que puedan llegar a la conclusión de que la única salida es que ellos mismos tomen el poder, y para que puedan comprobar por medio de esa lucha que ningún gobierno burgués, inclusive en su variante más 'popular', es capaz de convocar a una Constituyente de esas características. Declaramos inequívocamente que ningún gobierno burgués ni 'popular' podrá jamás convocar a una Asamblea con poderes y alcances revolucionarios, para que las masas puedan cotejar, por medio de su experiencia en cualquier asamblea o fuera de ella, que ningún gobierno que no sea obrero permitirá una constituyente soberana. Es de este modo que luchamos para convencer a los obreros de que deben proponerse la toma del poder. Las asambleas inglesa y francesa de los siglos XVII y XVIII, no fueron convocadas por gobiernos revolucionarios; adquirieron su carácter constituyente y soberano cuando las masas derrocaron a los monarcas que las habían convocado inicialmente con un objetivo no revolucionario sino conservador. La consigna constituyente tiene un carácter transicional, lo cual quiere decir que no puede instaurar ningún régimen intermedio entre el burgués o democrático-formal y el obrero o socialista. El primero buscará transformar a la asamblea de constitucional en un parlamento corriente; el segundo la superaría por un régimen de consejos obreros revocables. De modo que el único gobierno capaz de convocar a una asamblea soberana, sería al mismo tiempo tan incompatible con ella como lo sería el gobierno burgués, opuesto a una Constituyente soberana. Planteo concreto a una situación concreta La Constituyente, cualquiera, es una forma de parlamentarismo; por eso aparece con mucha frecuencia como consigna en los países sin experiencia parlamentaria o con una muy parcial o mutilada. Levantarla en forma sistemática en países con experiencia parlamentaria está fuera de lugar y expresa una tentativa de corregir las insuficiencias del parlamentarismo a fuerza de reformas constitucionales. Esto es lo que ha hecho el viejo Mas (y hoy hace el Mst), para quien la Asamblea Constituyente debía suplantar a la dictadura del proletariado en el pasaje del capitalismo al socialismo ("socialismo con democracia"). En 1993, al Pts se le ocurrió que era oportuna justo cuando Menem reclamaba una reforma constitucional para su reelección. En manos reformistas, la consigna constituyente asume características reaccionarias. La consigna constituyente, en la actualidad, no tiene el carácter de una reivindicación histórica, sino que pretende dar una perspectiva política de conjunto a las masas que luchan en una situación concreta, de carácter excepcional: creciente impasse del régimen parlamentario y desmoronamiento de sus principales partidos; fuerte disgregación del régimen social capitalista; perspectiva de agudización de la lucha popular. Es por esto que hemos planteado la sustitución del gobierno de la Alianza por uno propio de la Asamblea Constituyente libre y soberana; lo mismo con los gobernadores y legislaturas, que pasen a las asambleas constituyentes provinciales. ¿Pero querrán el gobierno o el Congreso convocar a semejante Asamblea, que los despojará del poder político? Por cierto que no; la movilización por esa exigencia deberá convencer al pueblo de algo de lo cual no está convencido: que deberá echarlos para lograr una salida de conjunto a través de una Asamblea soberana. Las masas no solamente no están aún convencidas de que necesiten sustituir el régimen burgués por un régimen proletario, ahorrándose en el camino una Asamblea Constituyente. Tampoco están convencidas de que haya que poner fin o de que se pueda poner fin al gobierno de la Alianza por medios revolucionarios; a esa conclusión deberá llevarlas la lucha para quebrar la resistencia del gobierno a convocar a una Asamblea Constituyente soberana. Ningún partido auténticamente revolucionario puede saltarse las etapas de la evolución de la conciencia de los explotados. Por último, el gobierno de De la Rúa podría, en un extremo de su crisis, convocar a una Asamblea constitucional, pero de ningún modo con carácter soberano. En ese caso, lucharemos para demostrar las limitaciones de la convocatoria oficial y, por esa vía, la necesidad de un gobierno obrero para poder tener una Asamblea soberana. Consigna y etapa La Alianza pretende ahorrarse todas estas fatigas con maniobras que permitan llegar a la renovación parlamentaria del 2001. Espera desviar con otra elección la creciente lucha de masas. Pero, aparte de que los ritmos de la crisis económica y de los reclamos populares superan los plazos electorales, la renovación del 2001 puede provocar una desintegración de la Alianza aun mayor que la que sufriera la UCR en 1995. En este caso la suerte del gobierno pendería de un hilo. La conclusión a la que se llega es que el reclamo para que se entregue el poder a una Asamblea Constituyente libre y soberana abarca un período de características generales. Se trata de desarrollar la capacidad de intervenir en una gran crisis nacional, porque de ello depende la posibilidad de desarrollar una dirección política de carácter obrero e internacionalista. Las fórmulas vacías o recitadas no sirven para nada en estos casos. Desde la crisis del Senado y la renuncia de Alvarez, esta crisis nacional ha tenido un desarrollo muy concreto, que se manifiesta en dos grandes ejes: la cesación de pagos, es decir la crisis de fondo de la deuda externa; el acuerdo del 'blindaje' con el Tesoro yanqui, con las enormes medidas antipopulares que entraña; y la huelga general de 36 horas con la participación de 150.000 piqueteros. Desde los más diversos sectores parten iniciativas de recambio político, aunque el gobierno haya logrado ganarle a los gobernadores peronistas la preferencia del FMI. Esta evolución y, en particular, la huelga general imponen, por un lado, la consigna política, de conjunto, de Fuera De la Rúa, el gobierno de la Alianza y los gobernadores -por la entrega del poder a una asamblea constituyente libre y soberana y a asambleas provinciales. Por otro lado, esa evolución y la huelga general plantean también la consigna de la huelga general indefinida, hasta la anulación de la reforma laboral, la rebaja salarial, los impuestazos y las medidas antijubilatorias y contra la salud popular. En determinado momento de la lucha, el reclamo de una Asamblea Constituyente soberana deberá ser el gran reclamo político de la huelga. Finalmente, el desarrollo de 150.000 piqueteros plantea la superación de la burocracia sindical, para lo cual cobra actualidad el planteo de un Congreso de delegados de base de todos los trabajadores. Este congreso debería establecer un plan económico y político y convertirse en la primera expresión de un poder obrero. La oposición de los contrarios Toda esta política reúne y resuelve metodológicamente las contradicciones del actual proceso político, contradicciones que nuestros detractores simplemente ignoran con sus fórmulas de "primero esto y después aquello", o "esto sí y esto no". Esas contradicciones consisten en que el capitalismo mundial manifiesta a una escala nunca vista sus irrefrenables tendencias desintegradoras, lo cual abre, por lo tanto, enormes posibilidades al socialismo internacional, en un período en que la clase obrera internacional ha retrocedido en forma gigantesca en relación a sus conquistas y organización. En que la Alianza se derrumba a una velocidad impresionante por su incapacidad de enfrentar la crisis nacional y el peronismo no puede superar la debacle del menemismo, lo cual da enormes posibilidades políticas a la lucha popular, mientras las direcciones burocráticas y la pequeña burguesía de centro izquierda actúan con mayor conciencia que nunca de que deben defender el sistema y frenar y reventar a las masas, y cuando la izquierda ha hecho las paces con la democracia burguesa. Entender el carácter revolucionario a que tiende la situación mundial y proceder frente a los explotados de modo de desarrollar los aspectos combativos y transformadores de su experiencia política, sin saltarse ninguna fase de esta experiencia; en fusionar esos dos aspectos consiste la política revolucionaria.

Esta resolución fue votada en una asamblea de 200 compañeros, realizada el viernes 2, casi en las mismas horas en que era anunciado el "boletazo". "Los trabajadores de TDO ven amenazado el cobro de sus salarios en fecha, incluyendo el aguinaldo y los viáticos. Esta situación, con matices más o menos graves, se reproduce en una gran cantidad de empresas (51, Internacional, para citar sólo los conflictos más difundidos). "La patronal de TDO, como las de otras empresas, plantean un mismo argumento: 'Tenemos una situación de crisis terminal por la caída de usuarios, los servicios truchos y el peso de los impuestos'. "Frente a esta situación. los trabajadores de TDO planteamos: "1) No podemos aceptar, a ciegas, lo que se nos dice sobre la realidad empresaria, porque no tenemos injerencia alguna en su manejo económico y financiero. Sí nos consta que el boleto triplicó su valor desde el inicio de la convertibilidad y este monto no se trasladó al salario, sino en una ínfima proporción; sí nos consta que el monto de los impuestos que pagan las empresas ha bajado en más de un 30% durante la década menemista; sí nos consta que el gobierno ha pactado el aumento del boleto de tren con las empresas concesionarias (de las que forman parte varios grupos del transporte automotor). Por eso pedimos que la patronal exponga sus cuentas ante los trabajadores y podamos fijar una posición sobre concreto. "2) Independientemente de esto, creemos que los trabajadores del transporte deben fijar una posición frente a un sistema que excede en mucho lo que está ocurriendo en TDO. Por eso planteamos: a) la asamblea rechaza el reciente aumento del boleto del transporte automotor, que es inaccesible para una gran franja de la población, sometida a la pobreza y la desocupación; proponemos una campaña para lograr, de conjunto, un boleto de $0,65 con un tope máximo de un peso; b) frente a la anarquía y descomposición del servicio, que los municipios se hagan cargo de todos los recorridos que hoy no son cubiertos por las líneas privadas, con trabajadores a convenio y no en negro; que los compañeros ocupados en los servicios truchos sean tomados como efectivos para garantizar la prestación de transporte en zonas que todos sabemos están abandonadas; c) frente a la desocupación, plantear el objetivo del reparto de las horas de trabajo. Que donde 10 trabajan 12 horas, 15 trabajen 8. "En esta perspectiva, defensa irrestricta de la jornada laboral." "3) Solicitamos a la dirección de UTA y a los responsables de la zona Oeste la convocatoria a un Congreso Extraordinario de Trabajadores del transporte para fijar un programa frente a la crisis y luchar por él. Convocamos a un frente de defensa obrera en Merlo en función de estos reclamos"

Finalmente, con el decreto de obras sociales, el gobierno decidió una privatización de la salud que recibió la crítica generalizada de las empresas de medicina privada. Las dos cámaras que agrupan a esas patronales se manifestaron en contra y la mayoría adelantó que no participaría del proceso privatizador. ¿Cómo se explica que los "privados" estén en contra de esta privatización? Simplemente, porque la privatización que se quiere poner en marcha no está destinada a beneficiar a las actuales prepagas sino a los grandes grupos financieros. Para entender esto conviene recordar que la mayoría de las prepagas (Medicus, Swiss Medical, Omint, etc.) son empresas básicamente pequeñas, de capital nacional, con muy poca injerencia de los grandes pulpos de la salud. Dos posiciones Meses atrás el Ministerio de Salud anunció que la desregulación de las obras sociales se haría en forma segmentada. Esto es, que se mantendría la división actual entre personal jerárquico y afiliados sindicales y que las prepagas podrían elegir participar en uno o en los dos segmentos. Esta posición mereció rápidamente el apoyo de las prepagas y también de la burocracia sindical. Con esto las prepagas podían actuar como obra social del personal jerárquico y quedarse así con el suculento negocio de los aportes de los altos salarios. Como con este esquema los afiliados sindicales no podrían pasarse a una obra social jerárquica y las prepagas no tendrían interés en captar afiliados de sueldos bajos, la burocracia se aseguraba el mantenimiento de su dominio sobre las obras sociales sindicales. Esta posición de Salud permitía a las prepagas avanzar entre el personal jerárquico, fortaleciéndose como empresas para después, en una segunda etapa, avanzar sobre el mercado de las obras sociales sindicales. Apenas se conoció esta posición de Salud, Economía salió a criticarla públicamente y planteó que la desregulación debía ser de "todos contra todos". En otras palabras, las prepagas debían actuar tanto entre los afiliados del personal jerárquico como entre los sindicales. Y cualquier trabajador podría elegir una prepaga, una obra social de dirección o una obra social sindical. El argumento de Economía fue más o menos el siguiente: "No queremos que las prepagas se limiten a actuar en las obras sociales de dirección, sino que queremos que actúen en todo el sistema, en especial donde está la gran masa de afiliados. O sea, entre las obras sociales sindicales". Así planteadas las cosas, la posición de Economía apuntaba más lejos que Salud: al desembarco directo de grandes pulpos de la salud, facilitándoles una entrada a fondo en el sistema para hacer frente a las obras sociales sindicales, de dirección y prepagas. Un alto directivo de Osde -una obra social de dirección que quedaría desplazada del negocio- reveló la jugada del gobierno. "Hay una actitud irresponsable del gobierno en tomar una decisión abrupta. Acá se ha jugado una reforma en términos económicos más que en términos de salud. Este es un negocio que pactó el Fondo Monetario Internacional. Al final está la bancarización de la salud" (La Nación, 1/12). Esto se complementa con las resoluciones de la Superintendencia de Salud que fijan un capital mínimo de entre un millón y tres millones de pesos para las empresas privadas que intervengan en el campo de las obras sociales. La medida fue exigida por esos grandes pulpos para monopolizar el sistema y desplazar a las prepagas chicas. Pablo Giordano, el "patrón" de una de las Cámaras de prepagas, admitió que "con las reglas fijadas se está facilitando que grandes instituciones financieras manejen esta actividad y que queden relegadas las entidades genuinas del ámbito de la salud" (Ambito Financiero, 8/8). En los próximos días, seguramente, nuevas empresas o prepagas vinculadas a grupos financieros comenzarán a adherir a la privatización en marcha. No por casualidad el llamado "blindaje financiero", entre otras cosas, está condicionado a esta privatización de las obras sociales. Con la privatización, la salud cambia en el sentido exactamente inverso a las necesidades de la población. En lugar de asegurar la salud de los que carecen de toda cobertura médica y de los que menos ganan, se privatiza la salud para agrandar los beneficios de un puñado de grandes pulpos. El PO plantea: * Derogación de los decretos de privatización de la salud. * Plan de salud único bajo control de los trabajadores basado en el aporte exclusivo a cargo de las patronales. * Nacionalización bajo control obrero de la medicina privada.

El 25 y 26 de noviembre, en la Facultad de Artes de Tucumán, se realizó el Congreso Extraordinario de las Asociaciones de Base de Conadu. Más de 60 delegados pertenecientes a 20 asociaciones de todo el país concurrieron a la convocatoria realizada por la Mesa Coordinadora de las Asociaciones de Base, que se constituyera en oposición a lo que el Congreso denominó "la Conadu de Flamarique", digitada por un interventor del Ministerio de Trabajo. Maniatar y destruir el sindicato docente universitario nacido de la gran huelga del '87 ha sido un objetivo codiciado por los distintos gobiernos 'democráticos' y los partidos del régimen, que encontraron en el sindicato un obstáculo para las políticas privatizadoras que les dicta el Banco Mundial. Bajo el menemismo, el Ministerio de Trabajo aliado a Shuberoff y a personeros de la Alianza intentó digitar un gremio adicto en la gran Universidad de Buenos Aires. La maniobra fue liquidada por el activismo y las gremiales de base que constituyeron la AGD-UBA, la cual se puso al frente de todas las luchas y borró al engendro oficialista de todas las facultades. Ya bajo el gobierno de la Alianza, ese mismo grupejo de personeros, varios de los cuales pasaron a ser destacados funcionarios en diferentes ministerios, promovió la intervención a la Federación (Conadu) por el Ministerio de Trabajo. El interventor nombrado por Flamarique, un abogado patronal asesor de Shuberoff, profusamente 'ayudado' por las arcas del rectorado, convocó en octubre a un "Congreso normalizador" al que sólo asistieron 'dirigentes' de 6 asociaciones. Allí se volvió a digitar una conducción 'reconocida' con la que esperaban subordinar a las demás asociaciones. A ese juego se prestaron no sólo personeros aliancistas, sino también un integrante del Mst (el 'Gato' Gómez, Córdoba). Frente al intento oficialista, desde principios de año, la mayoría de las asociaciones de Conadu se agruparon en la Mesa Coordinadora, que repudió el Congreso de Flamarique y tomó en sus manos la unificación de las luchas docentes por el presupuesto, el aumento salarial y el incentivo para los preuniversitarios, protagonizando importantes huelgas y movilizaciones. El Congreso Al momento de convocarse al Congreso ya no cabían dudas sobre la representatividad conquistada por la Mesa Coordinadora, que fue incorporando a los remisos (Corriente Protagonismo y Lucha-Ptp) y a algunas asociaciones que quedaron expectantes, al mismo tiempo que se promovía una renovación e irrupción de sectores combativos en otras. Este proceso se vio reforzado en Tucumán con la incorporación de los gremios de Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Con ello todo el movimiento que protagonizó las luchas de este último período se sumó a la reconstrucción de Conadu. Cabe señalar, sin embargo, la ausencia en Tucumán de la corriente y los nucleamientos que responden a Izquierda Unida, quienes después de haber acompañado a la Conadu colaboracionista, se pronunciaron contra la intervención, pero siguen sin aparecer en el campo del sindicalismo universitario independiente del gobierno. Es un reclamo elemental: que Izquierda Unida se pronuncie ante la convocatoria de Tucumán y delimite su posición con relación a la conducta colaboracionista de sus afiliados (Córdoba, etc.). El Congreso centró sus deliberaciones y resoluciones en la reconstrucción de la organización nacional de los docentes universitarios sobre una base de independencia del Estado, la puesta en pie del programa reivindicativo histórico de la Conadu y la soberanía de las asambleas de base y sus mandatos. El Congreso resolvió refundar la Conadu histórica como continuidad del movimiento huelguístico de 1987; rechazo a toda injerencia del Estado y de los rectores en la organización gremial, y la delimitación de los dirigentes amarillos; girar a todas las Asociaciones de Base el debate de sus estatutos; colocar al salario, el nomenclador y la carrera docente como el centro de su accionar. El plenario resolvió constituir una Mesa Coordinadora Nacional y una Junta Promotora integrada por todos los secretarios generales de las asociaciones a las que se mandató para organizar un nuevo congreso el 1º de abril del 2001, y dirigiéndose públicamente a las asociaciones aún no presentes y a todos los docentes del país. El Congreso ratificó el Plan de Lucha. Encomendó a la Mesa Coordinadora la preparación de la huelga nacional con el no inicio de clases el año próximo convocando al movimiento estudiantil y a los gremios no docentes a la acción común contra los nuevos recortes del presupuesto 2001, los 'paquetazos' y el arancelamiento, y reclamó un nuevo paro nacional al MTA y la CTA. La firme preparación del plan de lucha en los meses de verano permitirá la consolidación de este importante paso dado por los docentes universitarios del país.

El negocio En la traza de lo que iba a ser la Autopista Central (AU3), proyecto de la dictadura militar nunca concretado, se asientan más de 1.100 familias que ocupan en su mayor parte tierras y viviendas que son propiedad del Gobierno de la Ciudad. Llevan veinte años reclamando la vivienda y creyeron obtenerla con la sanción de una ley (324/2000) que dispuso el congelamiento de los desalojos, la instauración del "comodato" (figura jurídica que otorga el uso de un bien por determinado tiempo) y, atiéndase bien, un plan de "soluciones habitacionales múltiples" financiado con la venta de los inmuebles más valiosos de la vieja traza. Un sector de ésta, que va desde la calle Congreso hasta Avenida de los Incas y abarca 18 manzanas, contiene la posibilidad de un enorme negocio inmobiliario. En palabras de los funcionarios aliancistas, "sobre la zona Este de la traza, se extiende el barrio de Belgrano R, con viviendas de gran categoría". Puede afirmarse que la existencia de la traza frenó la expansión del proceso de renovación edilicia hacia Colegiales y Coghlan. Esta presión, unida a la falta de terrenos en la zona permite afirma que estamos ante las tierras de mayor valor económico de toda la traza, con precios de mercado que oscilan entre 650 y 1.000 pesos por m2, valores que podrían multiplicarse según las iniciativas de 'renovación urbana'. El negocio se trasluce cuando los mismos funcionarios señalan que "la recuperación del sector 5 (así se lo llama en el proyecto) es una pieza clave en términos económicos. El acuerdo por parte de los vecinos ocupantes para trasladarse a otros sectores de la traza constituye quizás el mayor aporte que cualquiera de los sectores implicados haya realizado hasta ahora a la concreción del programa". Al día de hoy, lo único que se ha puesto en marcha es este negocio inmobiliario. La Secretaría de Planeamiento Urbano ha concluido el proyecto que concibe algunas obras públicas (avenidas con forestación), un proyecto inmobiliario con edificios de 7 ó 9 pisos que instalaría una "muralla de cemento" en el barrio, y una inversión que supone "la participación del sector privado" (presentación de la Unidad Ejecutora del programa). Como la condición es el desalojo de las viviendas ocupadas, se han habilitado siete lugares con la promesa de un plan de vivienda para 100 familias, cifra es que además sólo una quinta parte de las afectadas en el sector. Expulsión ¿En qué consiste la "salida habitacional"? En préstamos de hasta 30.000 pesos a cancelar en 30 años, un monto que impide acceder a una vivienda para una familia de 4 ó 5 integrantes (el 51% pertenece a esta franja), y mucho menos en la zona. Los préstamos prevén, para el compañero que pasa a ser desocupado, sólo una mora de seis meses. El que está desocupado es directamente desalentado. Fuera de esto ¿qué? Fuera de esto más de 150 familias tienen intimaciones de desalojo llevados adelante por el propio Gobierno de la Ciudad, por los consorcios de edificios y por Aguas Argentinas, que ha llegado, en muchos casos, al corte del servicio. Según una denuncia hecha en la última reunión de seguimiento, camiones de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) trasladan nuevos ocupantes al margen de la organización creada por los "viejos" asentados, lo que parecería ser una política de división. Esto no es improvisación. Es una política consciente de expulsión de los trabajadores sin vivienda dejando "pudrir" una situación y avanzando raudamente hacia la concreción del negocio inmobiliario involucrado. Como bien denuncia una de las organizaciones, "la sola no prestación del comodato revela una estrategia maliciosa ya que la sola presentación de este instrumento en los juicios de desalojo impulsados por la Municipalidad y el Gobierno de la Ciudad permitiría el cierre de causas". El PO plantea: * Suspensión de todos los desalojos, entrega de los comprobantes de comodato a todos los afectados. * Condonación de las deudas de los inmuebles con Aguas Argentinas y los consorcios (por expensas) hasta el año 2000, y exención para los desocupados. * Ningún traslado parcial, plan de vivienda para las 1.100 familias en un plazo no superior a dos años, sobre la base de la escrituración de los inmuebles que habitan (900 inmuebles de la traza corresponden a la Ciudad), de la autoconstrucción o construcción con créditos que no superen el 15% de los ingresos del grupo familiar, incluyendo a los desocupados, que deben ser amparados por una moratoria hasta tanto obtengan trabajo. * Organización y funcionamiento en común del cuerpo de delegados de la ex AU3. * Plan de lucha por los reclamos.

La gran huelga de los municipales de Capitan Bermudez El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Capitán Bermúdez está en huelga desde hace 80 días y ocupó la Municipalidad el pasado 21 de noviembre. Jesús 'Noni' Monzón, Secretario General del SEOM de Capitán Bermúdez, relata el conflicto. "Aunque la fecha tope de pago es el día 7, esperamos hasta el día 17 de agosto que el intendente pagara los sueldos de ese mes. El 18, comenzamos con una medida de fuerza. Llevamos 80 días de huelga. Es difícil para un gremio sostener una medida de fuerza así; los que nos han apoyado son los demás gremios de la provincia, del Cordón, y muchísima gente de la comunidad. Venimos comiendo en una olla popular hace más de 90 días. Hemos estado en una conciliación obligatoria que duró 22 días. El intendente no ha acatado esta conciliación, tampoco el arbitraje de la Pastoral Social. "El mismo día que comenzaba el paro nacional de 36 horas, nos hicimos presentes a cobrar parte de nuestros haberes. Nos había invitado el intendente. Cuando llegamos, había dinero para pagarle a la "9 de Julio" (empresa concesionaria de la recolección de residuos), a los contratados, a la gente del gabinete; pero para los empleados de planta permanente, que somos unos 180, los que estuvimos en la medida de fuerza, no había dinero. "Nos quedamos en la Municipalidad en forma pacífica. El lunes 27 habíamos presentado un recurso de amparo. El Juzgado Laboral (San Lorenzo) citó a una audiencia para el miércoles 29, donde nuevamente el intendente envía a un representante que dice que no puede hacer ninguna propuesta porque le faltaba documentación... ya que la Municipalidad estaba tomada. La jueza le ofrece custodia policial para retirar esa documentación. Dice que no tenía mandato del intendente para resolver algo así. "Nosotros dejamos en claro que la Municipalidad no estaba tomada, que estábamos en forma pacífica y que la secretaria de Gobierno a cargo, había cerrado las oficinas en presencia de la policía. Nosotros estábamos ocupando el pasillo, el patio y el hall de entrada; donde están siempre los contribuyentes. "Ayer la jueza resolvió favorablemente para los trabajadores: dictó una medida cautelar donde dice que en 48 horas tienen que pagar los jornales caídos desde el 18 de agosto a la fecha. El paro es legal, también los considerandos de la jueza son importantes. Una medida justa y muy clara. En estas 48 horas tienen que pagar los sueldos o hacer un plan de pagos razonable. "Respecto de la participación de los partidos políticos de Capitán Bermúdez, esta es una lucha que llevan adelante los trabajadores, el Concejo Deliberante no existe: desde el 26 de setiembre no sesiona; se reúnen a puerta cerrada. La mayoría de los concejales, acompañados por el presidente Angel Pillado (PJ), están jugando para la Alianza. Nadie se hace responsable, tratan todos de encubrir al intendente. "Quieren quebrar al gremio, a los trabajadores. No lo han podido hacer ni tampoco van a poder, porque la medida que hemos tomado es muy seria. Los trabajadores siguen firmes; estamos dispuestos a seguir hasta las últimas consecuencias. Esperamos que algún funcionario de la provincia se haga responsable. "Agradezco al Partido Obrero, que ha estado apoyando la lucha de los trabajadores. No únicamente la de los trabajadores municipales, sino en cada lugar que ha habido un conflicto han estado presentes del lado de los trabajadores."

La victoria de Boca sobre el Real Madrid sólo pudo verla una minoría con cable, ahora que se va arancelizando el acceso a la televisión. Por un momento, sin embargo, los rostros adustos y reconcentrados de los piqueteros que tres días antes habían paralizado el país eran sustituidos por los de la alegría de los "campeones del mundo". El festejo por el triunfo de Boca superó al de 1978, cuando el equipo de Lorenzo ganó la primera Intercontinental, e incluso también a los festejos cuando este mismo equipo de Bianchi ganó los torneos locales o la Libertadores. Pero como todo festejo deportivo, el de los hinchas de Boca tuvo un carácter ilusorio. Aunque lo intentó, el gobierno aliancista no pudo "colgarse" de la victoria de Boca como lo hicieron tantos gobiernos con los triunfos deportivos de nuestros equipos y selecciones. ¿Qué mayor prueba adicional se puede pedir de la completa orfandad popular del gobierno aliancista, apenas tres días después de la mayor huelga general de los últimos tiempos? La "capitalización" de la victoria Boca "es un sentimiento", dicen sus hinchas, como también los de River, Quilmes, Claypole y los de Comunicaciones. Pero para los capitalistas del deporte, como ha dicho el propio Macri, Boca es, además, "una marca". Con la ventaja, sobre las demás, del fervor de sus "consumidores". ¿Quién se atravería a declararse "hincha" de Sony o a sostener que "Microsoft es un sentimiento"?La victoria de la "marca Boca" será utilizada a fondo por los capitalistas que se han apropiado de ella, ya sea a través de la venta de jugadores, el manejo de su "imagen" o la venta de "merchandising". Servirá para forzar el paso, ya en curso, hacia la "privatización" del fútbol que pregona Macri, hacia la "comercialización de la imagen" de los clubes y su conversión en "sociedades anónimas". San Lorenzo, River y todos los demás mostrarán el "ejemplo de Boca" para liquidar definitivamente cualquier rastro que aún pueda quedar en pie del origen social de los clubes como creaciones populares. El principal beneficiario del triunfo sobre el Real Madrid no será el Club Atlético Boca Juniors sino el "Fondo de inversión Boca", regenteado por Macri y propietario de sus principales jugadores. En medio de la depresión bursátil, este fondo especulativo se valorizó el 4% en una sola jornada, con la expectativa de las fabulosas ganancias que traerá la venta de los jugadores a Europa. Boca no verá un peso por esas transferencias, que diezmarán su equipo. Es campeón del mundo pero es esclavo de los capitalistas del fútbol. La ilusión deja paso a la realidad. Boca, como la sociedad, está dominada por los capitalistas y no por "la hinchada". Bajo su dominación, las "alegrías populares" no sólo son efímeras o ilusorias; son, por sobre todo, el anticipo de una nueva expropiación.

El viernes 1° de diciembre pasado, Pinochet fue acusado como principal responsable de la llamada "caravana de la muerte", que en octubre de 1973 asesinó a 75 partidarios del derrocado gobierno de Salvador Allende en el norte de Chile. La misma causa y el mismo juez -Juan Guzmán- habían llevado a que Pinochet fuera despojado de sus fueros como senador vitalicio en agosto pasado. La resolución del juez Guzmán fue calificada como "sorpresiva", ya que desde que Pinochet fuera "desaforado", la causa había caído en una impasse. Fue dictada por un juez que, según la prensa, "ha dirigido (el) trato más exquisito (a) la cúpula militar. Ha interrogado a los uniformados en los cuarteles; ha concedido la libertad provisional a numerosos inculpados y le ha quitado al proceso el carácter de juicio criminal" (El País, 3/12). Pero este juez se encontraba bajo "una feroz ofensiva desencadenada desde distintos frentes por la derecha pinochetista" para desplazar a los jueces (incluidos los miembros de la Corte Suprema) que habían promovido el desafuero de Pinochet (ídem). La presión pinochetista había llegado a un punto tan alto que la Corte Suprema le estaba exigiendo "explicaciones" al juez Guzmán. Fue en ese preciso momento que Guzmán ordenó la detención y el procesamiento de Pinochet, lo que fue unánimemente interpretado como una jugada para impedir su desplazamiento. ¿La "interna" de la Justicia permitirá que finalmente Pinochet sea juzgado y condenado? Difícilmente. "Adónde conduce este viaje. El juez Guzmán creía que el desenlace de este caso era el procesamiento de Pinochet y su posterior sobreseimiento, utilizando los exámenes médicos como instrumento; o, simplemente, el sobreseimiento por razones médicas sin procesamiento" (ídem, 2/12). Guzmán eligió la primera alternativa, pero el final del "viaje" es el mismo: la impunidad. Ahora, como en Londres, comenzarán en Chile los reclamos "de salud" y "humanitarios" para impedir que el dictador sea juzgado. Pero, con toda la importancia que tiene, el juzgamiento de Pinochet es sólo una parte del problema. El fundamental es que, con o sin Pinochet, el aparato represivo que éste ha montado goza de perfecta impunidad y que el cuadro político y constitucional establecido por el pinochetismo -con sus "senadores vitalicios", sus leyes de aministía y su Consejo de Seguridad Nacional- sigue en pie, con la protección de los 'demócratas' y 'socialistas' que gobiernan Chile. "El gobierno socialista, informa la prensa, privadamente ha impulsado el cierre del caso contra Pinochet" (La Nación, 3/12). Este régimen "demo-stalino-pinochetista" es la principal protección con que cuenta el asesino del pueblo chileno.

La violenta represión desatada contra centenares de hinchas de San Lorenzo en su propio estadio, por oponerse a que se entregue al grupo suizo ISL el "gerenciamiento" de todo el llamado "merchandising" del club, indica que el proceso de privatización pretende ser llevado adelante aún a costa de la oposición de la gran mayoría de los hinchas de los clubes. El llamado "gerenciamiento" es la fase final del desmantelamiento previo de la gran mayoría de los clubes. Hasta ahora sólo Quilmes (un cuadro del ascenso) ha entrado en un proceso integral de privatización. En Quilmes la gerenciadora Exxel, se quedó con todo, desde la publicidad y el dominio total de la comercialización de la imagen, hasta los derechos de las compras y las ventas de los jugadores de todas las divisiones. Un chico de trece años que ingresa hoy a Quilmes, ya "es de Exxel". "El contrato establece que el control de compras y ventas es de un comité de seis miembros (tres de Quilmes y tres de Exxel). El presidente del comité es de Exxel y, en caso de empate, el voto del presidente vale dos" (Daniel Razzetto, presidente de Quilmes, a Tiempos del Mundo). ¿Está claro? ¿Club social y deportivo? Este negocio del gerenciamiento tiene un 'secreto': se basa en la evasión de impuestos. El "club social y deportivo" es una asociación civil sin fines de lucro que no paga impuestos. La particularidad del gerenciamiento de Quilmes, como los contratos del "merchandising" de Boca y San Lorenzo, es que todos los órganos de la institución -su Comisión Directiva, su asamblea de socios, su asamblea de representantes- siguen en funcionamiento. En una palabra, el club sigue siendo una asociación civil eximida de impuestos… pero los beneficios se los lleva un privado. El contrato que hizo aprobar en forma fraudulenta Miele, el presidente de San Lorenzo, para que entrara al club ISL, dice, en su punto 2-8, que "las partes trabajarán juntas de buena fe para mantener el estado legal exento de impuestos de San Lorenzo" (Página/12, 26/11). Los dirigentes de los clubes estarán 'pintados', serán la 'máscara' de los negocios de los grupos de inversión (a lo sumo, sus comisionistas menores), los cuales se quedarán con la mayoría de los clubes grandes, obligarán a cerrar o a fusionarse a los chicos, y adaptarán canchas para dos equipos. Esto es lo que ocurre en Europa y también de los grandes clubes de Brasil. El proyecto está diseñado con el acuerdo de los capitostes del fútbol mundial. "La Fifa ya ha pedido en Tokio, por boca de su propio presidente, Josep Blatter, que se exima a la poderosa corporación futbolística de los impuestos al consumo y a la renta cuando se dispute el mundial del 2002" (ídem). La AFA, socia menor de los capos de la Fifa, también aprendió a hacer esos 'negocios': el 80% de sus ganancias proviene de la venta de la 'imagen' argentina a distintas empresas. Con TyC tiene el contrato más largo del fútbol mundial (14 años). El último balance la ubica como "una de las empresas más productivas del mundo": arrojó la sideral ganancia de 2.000 palos verdes, cuando todos los clubes de la Argentina están con sus finanzas en rojo. La AFA cobra por todo, no paga impuestos y sólo tiene bajo relación de dependencia a 65 empleados. La AFA es el FMI de los clubes argentinos, todos están hipotecados con ella. El gerenciamiento es un acto delictivo: desmantela la estructura social de los clubes, fomenta la evasión de impuestos, es un terreno fértil para el lavado de dinero. Los clubes, finalmente, van a caer en manos de un reducido núcleo de grupos de inversión internacionales. En el futuro, los jugadores de fútbol de la Argentina serán "mano de obra barata", pues la valorización de la inagotable cantera de jugadores argentinos va a depender de alguna multinacional. Muy bien por todos los que están en contra de toda esta porquería.

La sexta reunión mundial de las Naciones Unidas sobre "cambio climático" concluyó en "un rotundo fracaso" (El País, 27/11). Las expectativas de que la aplicación de los "protocolos" aprobados en la reunión de Kyoto, en 1997, revirtieran el proceso de degradación sin precedentes de las condiciones climáticas y ecológicas de la Tierra y dieran lugar a un "desarrollo sustentable", como proclamaron entonces gobernantes y 'estadistas', se han verificado ilusorias. Los pronósticos más 'catastrofistas' del pasado, como el "calentamiento global", la proliferación de gases originados por la quema creciente de combustibles fósiles y la desaparición de los bosques naturales que antes absorbían esos gases --por la tala indiscriminada-- ahora deberían considerarse 'benignos' frente a la falta creciente de agua potable, la desertización y salinización de los suelos, las inundaciones y las sequías, el incendio de los bosques y la propagación de pestes, particularmente en las ciudades costeras (en las que vive la mayor parte de la humanidad), como consecuencia del sistemático elevamiento del nivel del mar. En los próximos 30 años, este fenónmeno debido al derretimiento de grandes masas de hielo polar podría transformar a la rica Londres en una Venecia y provocar el traslado de 150 millones de personas en Bangladesh. Los científicos norteamericanos afirman que, al ritmo actual, las temperaturas se elevarían hasta 6 grados al final del nuevo siglo, y no 3,5 grados como se temía hasta hace poco. Incluso círculos científicos norteamericanos hasta ayer serviles a los intereses de la principal patronal contaminante del planeta, consideran ahora que "las amenazas son indudablemente reales" (The Economist, 18/11). Frente al persistente calentamiento del planeta, las potencias imperialistas acordaron en la primera "cumbre climática" mundial, celebrada en Río en 1992, reducir las emanaciones de dióxido de carbono en un modesto 5,2% hacia el 2008/12 respecto de los niveles de 1990. Las últimas estadísticas disponibles indican que, lejos de haberse reducido, en 1998 esas emisiones habían aumentado un 10%. Aunque cuentan con el 15% de la población mundial, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón responden (como en 1990) por casi el 60% de las emisiones. Estados Unidos fue el país que más incrementó sus emisiones (Corriere della Sera, 25/11). "Según el mayor experto mundial en cambio climático, el químico y físico de atmósfera Robert Watson, de los Estados Unidos… será necesario un corte más drástico, del 60/70% (de esas emanaciones) o habrá un desastre" (ídem). "Según una vasta mayoría de expertos climatológicos, afirmó Watson, decenas de millones de personas deberán ser desplazadas" de su hábitat natural en los próximos años. El fracaso de la "cumbre" ratifica la absoluta incapacidad del capitalismo para 'regular' la explotación del ecosistema y su ineluctable tendencia a destruirlo. Guerra comercial, business y parasitismo En la cumbre de La Haya se pusieron en juego poderosísimos intereses capitalistas. Andrew Dlugolecki, directivo de una compañía de seguros, advirtió a la "cumbre" que los crecientes desastres "naturales" originados en el cambio climático "pondrían pronto (a las compañías de seguros) más allá de su capacidad de responder a los siniestros" (Financial Times, 24/11). "Las pérdidas económicas globales por desastres naturales se han incrementado a un ritmo del 10% anual en las últimas cuatro décadas, alcanzando los 100.000 millones de dólares en 1999. Si esta tendencia continuara, advirtió, los daños podrían exceder el crecimiento del producto bruto global hacia el 2065". Mientras tanto, el capital se ha lanzado sobre el aire y el agua para lucrar con ellos. El agua de Turquía y Albania ya se vende a Europa e Israel. Los llamados "bancos de carbono" y el "comercio de gases" entre pulpos y países "excedidos" y otros que están por debajo de los niveles de emanaciones permitidos por los protocolos de Kyoto, están haciendo las delicias de los especuladores: aunque se trata de un "negocio que aún se encuentra en pañales, estaría llamado a convertirse en uno de los mercados de 'materias primas' más grandes del mundo" afirmó Cantor Fitzgerald, de una empresa de servicios financieros (Financial Times, 25/11). Los nuevos mecanismos con los que el imperialismo pretende hacer frente a la acentuada degradación del ecosistema, ponen al descubierto la impostura de la llamada "auto-reconversión" industrial. En La Haya, Estados Unidos puso de manifiesto que no está dispuesto a invertir un dólar en el mejoramiento de los procesos productivos para hacerlos menos contaminantes. Los yankis pretenden hacer valer "tres mecanismos de flexibilidad (de los acuerdos de Kyoto) que pueden utilizar los países desarrollados para cumplir con su reducción de emisiones: compraventa de cupos de emisiones; proyectos de implementación conjunta entre países desarrollados; y proyectos de 'desarrollo limpio', en los que un país desarrollado ayuda tecnológicamente a uno en desarrollo y la reducción de emisiones logradas se le apunta al primero en su saldo" (El País, 24/11). El punto central de los desacuerdos entre Europa y Estados Unidos giró en torno a los llamados "sumideros de carbono", es decir a la posibilidad de apuntarse las nuevas áreas de forestación como "compensación" por las sobre-emisiones. En este punto, Estados Unidos logró quebrar a la Unión Europea, que explotaba a su favor el mantenimiento de su emisión de gases en los niveles de 1990 como consecuencia del desmantelamiento industrial de la ex Alemania Oriental. Para un diario español, "la fórmula de los 'sumideros' propuesta por EE.UU. tiene muchas incertidumbres" y, "según la UE, permitiría a ese país no sólo no reducir el 7% sus emisiones, como indica el protocolo de Kyoto, sino aumentarlas en un 2%" (El País, 27/11). Como sólo en la ex URSS y en los países del ex "bloque socialista" la emisión de gases que causan el "efecto invernadero" ha disminuido drásticamente (casi un 40%), "los gases que esas plantas industriales ya no emiten pueden ser vendidos a empresas extranjeras y naciones que buscan cumplir con sus cuotas de emisión… Rusia, con mucha capacidad industrial fuera de uso, podría ganar 3.000 millones dólares por año… ya hay transacciones en línea para créditos de dióxido de azufre establecidos bajo las normas norteamericanas que apuntan a controlar la lluvia ácida" (The Wall Street Journal, 21/11). Como se puede ver, dice el mismo diario, "la baja de la producción tiene su recompensa". En Asia, y especialmente en China, la India e Indonesia, las emisiones de esos gases aumentaron, en promedio, un 50% en la última década. Se responsabiliza de este incremento al atraso de esos países, omitiendo que las 122 empresas transnacionales responsables por el 80% de las emisiones en los países imperialistas (Brecha, 17/11) son las mismas que han 'industrializado' a esos países asiáticos. Los enormes progresos científicos y técnicos modernos ponen al alcance de la mano la solución de los problemas de la preservación del medio ambiente. Pero la utilización capitalista de la ciencia y la tecnología ha colocado a las fuerzas productivas planetarias al borde de una destrucción jamás conocida.

Gerardo Morales, secretario del Ministerio de Desarrollo Social, fue "el hombre del presidente" en las negociaciones con los piqueteros en los cortes de Tartagal, Ruta 3 y Chaco. Su tarea es "recorrer el país siguiendo directivas del presidente para tratar de anticipar los estallidos sociales" (Clarín, 28/8). Este hombre acaba de resumir la "política oficial" frente a los cortes: "Es necesaria la creación de consejos de emergencia y sociales en las provincias para que el gobierno nacional y los provinciales puedan coordinar con las intendencias correspondientes la ayuda social (...) donde participe el intendente, algún concejal opositor, la federación de centros vecinales, la Iglesia, el pastor, representantes de la comunidad..." (declaraciones a Radio Mitre, 14/11). El funcionario explicó este planteo luego de participar en las negociaciones con los piqueteros de Tartagal en el norte de Salta, y como conclusión de esa experiencia. "El problema de Tartagal y Mosconi planteó es el de una zona muy rica que vive los efectos de una fuerte privatización, de un fuerte desempleo. Pero donde también se suma un problema político de falta de contención. Hay un grave problema dirigencial con dos municipios intervenidos. Tampoco la provincia está haciendo contención en la zona" (ídem). Los "consejos de emergencia" son la política oficial frente a los cortes. La preocupación central de la Alianza es suplir "la falta de contención" de los gobiernos e intendencias en crisis y no resolver los reclamos de los desocupados. Por eso el hombre sugiere expresamente la presencia de "algún concejal opositor" y el obispo del lugar, en función de presentar un elenco que tenga alguna credibilidad. El movimiento de lucha de los piqueteros y desocupados debe delimitarse de los "consejos de emergencia", porque éstos colocan a las organizaciones obreras como furgones de cola de una articulación dominada por quienes son, en su medida, responsables de la catástrofe que viven las masas. La función de esta política "oficial" queda graficada en una de las cláusulas que los "negociadores" acaban de imponerle a los piqueteros de La Plata: "la integración de los representantes de la llamada Coordinadora de Trabajadores Desocupados al Consejo de Emergencia, para la toma de decisiones, en lo que concierne a la crisis del empleo en la región, exclusivamente en este ámbito. En otras palabras, significa que cualquier acción que realice esta organización sin consultas al Consejo implicará la anulación de los beneficios otorgados" (El Día, 17/11).

El sábado 9 se realizará en el Club de Transporte de General Mosconi el primer Congreso de Trabajadores del Norte de Salta, convocado por las comisiones de piqueteros y desocupados de Tartagal, Mosconi, Aguaray, Orán y Embarcación. En estas localidades se están realizando asambleas de organizaciones de desocupados que debaten sus propuestas y organizan la concurrencia y el financiamiento. Se ha resuelto que el Congreso funcione con el criterio de "un hombre, un voto". El propósito es elaborar un programa común frente a la catástrofe social de la zona y lanzar un plan de acción y organización. En su momento, los piqueteros exigieron, junto a los planes Trabajar, la reducción horaria en las petroleras, el aumento de regalías para crear un fondo de industrialización y la elección de normalizadores municipales en asambleas populares, hasta la realización de elecciones. Deberán adoptar, también, temas que hoy están en debate, como el manejo de los planes 14.300 en la zona, que pretenden ser utilizados como fuente de corruptela y clientelismo.

La movilización de los desocupados de Cruz del Eje, dirigidos y organizados por la Coordinadora de Desocupados de Cruz del Eje, obtuvo su primer triunfo. La empresa de agua local ha convocado a los dirigentes de la Coordinadora para empadronar juntos a los desocupados que no están en condiciones de pagar el servicio, y eximirlos, o rebajales el costo de acuerdo a los ingresos familiares. El compromiso será firmado en el curso de esta semana. La eximición del pago del agua para los desocupados forma parte del pliego de reivindicaciones que la Coordinadora entregó a la Intenencia luego de una concurrida marcha por la ciudad a mediados del mes pasado. El reclamo de trabajo o subsidio de 600 pesos para todos los desocupados, el reparto de las horas de trabajo y la prohibición de los despidos y suspensiones encabezan este pliego reivindicativo. La marcha que acompañó la entrega de este petitorio fue respaldada y acompañada por los integrantes del Sutrade, el sindicato de trabajadores desocupados de Córdoba. La Coordinadora de Cruz del Eje obtuvo un triunfo por partida doble: primero porque conquistó una reivindicación cara a los desocupados; segundo porque obtuvo un reconocimiento explícito a la organización de los desocupados integrados a la Coordinadora. La Coordinadora ha tomado además el problema del vencimiento de varios planes Trabajar en el curso de este mes, que ya afecta a decenas de compañeros, y prepara una acción para imponer la inmediata y automática vigencia de los mismos. La Coordinadora de Desocupados de Cruz del Eje se ha convertido en la dirección efectiva de los desocupados interviniendo en cada uno de los reclamos y problemas puntuales, que surgen de las recorridas por los barrios y las reuniones que en ellos realiza, a la vez que levanta y lucha por un programa de salida a una situación terminal en la zona, frente a la cual la Intendencia es totalmente impotente. Es por eso que la Coordinadora reclama un plan de obras públicas, un impuesto confiscatorio a los dueños de las grandes tierras que están eximidos para montar un desarrollo productivo en la región, trabajo o subsidio de 600 pesos, la denuncia sobre el trabajo infantil en el campo, etc. Es decir, un planteamiento de salida nacido del corazón de los explotados.

A instancias de la Coordinadora de Desocupados, el paro de 36 horas fue utilizado por las comisiones de desocupados de Neuquén para organizar una asamblea en el mismo corte de ruta y debatir cómo unificar los reclamos y la lucha que diariamente se manifiesta en toda la provincia. Estuvieron presentes más de 100 desocupados: compañeros de Loncopué, a quienes se les ha iniciado una causa por corte de ruta en esa localidad cordillerana, luego de conseguir 130 puestos de trabajo; compañeros de Senillosa que consiguieron planes provinciales por 220 pesos; de Plottier, que vienen de cortar durante seis días la ruta y conseguir puestos por 200 pesos; de los barrios del oeste de la capital, quienes junto con la Agrupación Barrial de Valentina Sur y la Coordinadora estuvimos cortando la avenida principal de Neuquén; la comisión del barrio Islas Malvinas, que mantiene una lucha por la incorporación de nuevos compañeros a los 150 puestos que han conseguido; de la Comisión del barrio Provincias Unidas, quienes junto a la Coordinadora han conseguidos lotes para los sin techo. También estuvo la Comisión de Desocupados de Neuquén (CDN), organizados en la CTA, que viene de dos días de toma de la Subsecretaría de Trabajo, obteniendo la renovación e incorporación de nuevos compañeros a los planes. Todos estos movimientos de lucha, todas las comisiones de desocupados de distintos barrios de Neuquén, con excepción de los compañeros de la CTA, levantan el reclamo de trabajo o subsidio de 500 pesos. Las nuevas comisiones surgidas en barrios donde no había organización presentan este primer punto en sus reclamos, lo que ha llevado al gobierno a lanzar una campaña contra el Partido Obrero, ligando ese reclamo a la lucha de varios años sostenida por la Coordinadora de Desocupados y nuestro partido. Los diarios y radios más importantes ya difunden como algo normal que los desocupados están reclamando trabajo o subsidio de 500 pesos, obligando al diario Río Negro a publicar esa noticia en tapa. El hecho de que esta reivindicación sea tomada por los desocupados en cada rincón de la ciudad es un paso importante, contribuyendo a la lucha contra la rebaja salarial. Esta situación fue debatida en la asamblea realizada en el corte y se coincidió en apoyar las luchas de cada sector y organizar una asamblea para el martes 28 con el fin de coordinar entre todas las comisiones una lucha de conjunto. Neuquén, 25/11

En PO 689 analizábamos la rápida experiencia de los trabajadores con el Foro de Emergencia y su convocatoria a luchar "todos juntos", pero reclamando prebendas sólo para los grandes terratenientes y ricachones. Igual suerte han seguido los punteros de los partidos patronales, oportunistas y centroizquierdistas de todo pelo. Los reiterados pedidos de renuncia a delegados ajenos a los intereses de los trabajadores obedece a una desesperada búsqueda de una dirección que no transe, "que vaya al frente, oriente" y respete el mandato de las asambleas. Un profundo proceso de organización se da en los barrios. En este proceso mueren los punteros, manzaneras y oportunistas. Las asambleas y los petitorios de los barrios con actas firmadas marcan el camino de un proceso de organización que se concentra en la "Interbarrial". La asamblea del martes 28 fue significativa por la cantidad y representatividad de los delegados barriales. Se aprobó un programa para paliar la emergencia, el cual se entregará el sábado 2 al intendente municipal. La interbarrial tomó en sus manos esta tarea; decenas de compañeros recorren los medios de prensa llamando a una concentración en apoyo al petitorio y a la olla popular que se instalará a partir del mediodía en la Plaza Dardo Rocha. Otros recorren los barrios con altoparlantes, y se organizan decenas de asambleas en los barrios más afectados. Se eligen delegados donde no los hay. Se junta nalimentos, ollas, quemadores y sistemas de audio; se hacen "redes" de teléfonos, visitas a supermercados, etc. Se prepara así una jornada de lucha que los trabajadores y desocupados están organizando. Grupos de compañeros han salido a exigir la adhesión y solidaridad del Sindicato Municipal, Suteba, Sanidad, ATE y otros, como así también de la Cámara de Comercio, sector muy afectado por la crisis. Del petitorio interbarrial * Por un plan de obras públicas que solucione problemas de vivienda, cloacas, desagües, etc., y genere, además, empleo para los desocupados del partido de Pehuajó. * Control de la Comisión Interbarrial en la entrega de planes Trabajar. * Participación a la Interbarrial en el Comité de Crisis. * Apertura de comedores escolares los sábados, domingos y feriados. * Otorgamiento de 3.000 planes Trabajar. * Comedor para personas mayores, jubilados y desocupados. * Ambulancias para el hospital. * Exención en el pago de servicios (luz, agua, gas, etc.) a los desocupados e inundados. * Refuerzos de las bolsas de comida.

El jueves 30 de noviembre, una patota encabezada por Juan Díaz, presidente de la Junta Vecinal del barrio San Martín, distrito San Fernando, empleado municipal e integrante del PJ local, irrumpió en la casa de vecinos que integran la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, que impulsó los 50 días de la Carpa por "Pan y Trabajo". Es que estos vecinos están organizando una lista opositora para las elecciones de la junta vecinal con el objetivo desplazar a los punteros que, desde hace ocho años, vienen manipulando la vida de los trabajadores del barrio. Cuatro hombres golpearon con sus armas a cuatro compañeros, entre los que se encontraba una compañera candidata a presidente de la lista opositora; amenazaron a los hijos pequeños que estaban en la casa y, al mejor estilo "capone", dieron una semana de plazo a los dirigentes de la CTD para abandonar el barrio, bajo amenaza de muerte. La desesperación de este grupo de lúmpenes responde a que, por primera vez, los vecinos y trabajadores de los barrios pobres de San Fernando están tomando el destino de sus reclamos en sus manos, desde la obtención de planes de trabajo y asistencia alimentaria hasta los proyectos de desarrollo urbano y la resolución de los graves problemas que afrontan las barriadas. El matón Díaz organizó el ataque gritando "me quieren tirar abajo lo que tanto me costó conquistar en ocho años". Al día siguiente, uno de los integrantes de la patota, Marcelo, volvió a agredir con arma blanca a uno de los compañeros golpeados, quién sufrió cortes leves. El episodio no terminó en tragedia porque la hermana del agredido se interpuso al matón, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza. Los compañeros de la CTD han realizado las denuncias policiales pertinentes y han comenzado una movilización en repudio a esta patota que viene aterrorizando al barrio. Se están levantando firmas y el 1° de diciembre se realizó una concentración que bloqueó parcialmente la ruta 202 con más de 60 vecinos, se denunció el ataque en los medios de prensa locales y se emplazó a los funcionarios de la Intendencia, en quienes recae la responsabilidad política del accionar de estos patoteros, para que pongan fin a esta provocación. Las autoridades policiales, mostrando connivencia con los matones del PJ, pretendieron presentar el ataque como el resultado de una "reyerta", en la que todos tendrían la misma responsabilidad. Esto ha sido repudiado por los trabajadores de los barrios de San Fernando. Hacemos responsables de las consecuencias del accionar delictivo de esta patota a la comuna de San Fernando, al PJ local y al intendente Amieiro. Llamamos a la solidaridad de todos los sectores democráticos y organizaciones obreras de la zona con los trabajadores desocupados de San Fernando.

A partir del histórico corte de la Ruta 9 del lunes 13 de noviembre, el proceso de organización de los desocupados del partido de Tigre continuó su marcha. En una asamblea general de desocupados, muy numerosa y con la presencia de vecinos de todos los barrios, conformarnos la Coordinadora de Desocupados de Tigre, con representantes de los barrios en lucha: La Paloma, Las Tunas, Ricardo Rojas, Parque San Lorenzo, El Zorzal, Talar Sur, Benavídez y Los Troncos. La asamblea resolvió entrevistarse con la Municipalidad a fin de realizar el cronograma de entrega de planes de trabajo y bolsones de comida, y también acompañar con una delegación a la Comisión de Desocupados de Benavídez, cuando el 28 de noviembre presente su petitorio ante el Concejo Deliberante. Finalmente, se votó plantear proyectos de trabajo para nuestros barrios (zanjas, pintura en escuelas, arreglo de veredas, etc.) para que se destinen a ese fin los planes Trabajar conseguidos, y entrevistarnos con las comisiones internas de las empresas de la zona, en especial con la del Frigorífico Rioplatense, a fin de realizar en forma conjunta un corte de la Ruta 9 el día del paro. Una asamblea del barrio Las Tunas removió de su posición como delegado del barrio a un puntero peronista que había tenido una actitud conciliadora y oportunista durante el corte. En la asamblea se hizo presente una delegación de los desocupados de San Fernando, que planteó la necesidad de una organización regional de los desocupados y -lo que fue muy aplaudido- comprometió su presencia para cuando los compañeros de Benavídez lleven su petitorio a la Municipalidad. (miembro de la Coordinadora de Desocupados de Tigre y del Comité de Lucha del Corte de la Ruta 9)