Prensa Obrera N° 689

Ante los anuncios de más de 3.000 despidos y la privatización del Instituto, cuatro mil trabajadores del Pami conmovieron el miércoles 15 el centro de la Capital. El paquetazo de Machinea-De la Rúa incluye la prórroga de la intervención y la incorporación del Pami al presupuesto 2001, para ‘ahorrar’ 300 millones anuales. La estructura de la obra social, quedaría reducida a un "pequeño ente de control que sólo supervisaría el desempeño de un grupo de gerenciadoras, que se haría cargo de la atención médica del sector pasivo" (Página/12, 17/11). "Economía quiere hacer lo mismo que Victor Alderete", reconoció el alfonsinista Polak, uno de los interventores. Se trata del proyecto que se firmó con el Banco Mundial en 1998 y que es el mismo de Fiel, de Bramer Markovic, de Alderete y ahora de la Alianza: tercerización total a favor de un grupo de gerenciadoras ligadas a los bancos, hasta la desaparición del Instituto. Hay que denunciar la política de los interventores Polak y Rodríguez Larreta. Propugnan un ‘autoajuste’ tras la propuesta de "continuar con el manejo autónomo del Pami" y que se maneje con "ingresos genuinos" propios. Rodríguez Larreta propone ‘autoreducirse’ 80 millones del ya deteriorado presupuesto (La Nación, 17/11): "unos 40 millones se obtendrían de una reducción de gastos prestacionales y otros 30 millones de pesos del esquema de retiro voluntario". Menos prestaciones para los jubilados y despidos encubiertos de trabajadores. Las organizaciones gremiales que han venido centrando todo en "que el Pami salga del presupuesto 2001", no deben confluir con ese proyecto de los interventores, que en cualquier caso sería un paso hacia la desaparición y privatización total del Pami. El Partido Obrero plantea: no al autoajuste; ningún despido; anulación de la rebaja salarial; restitución de todo el presupuesto originario, imprescindible para recuperar todas las prestaciones médicas y sociales perdidas; anulación de los acuerdos con el Banco Mundial; fuera la intervención, dirección del Pami por los jubilados. La marcha fue importante, pero no se estableció su continuidad para después del paro nacional. Un plan de lucha para ganar debe ser sostenido con medidas progresivas hasta la huelga por tiempo indeterminado. Debe ser unificado. La división en distintas acciones, por gremio, dispersa: Asamblea general para elegir un Comité de lucha unitario y votar la huelga con ocupación de edificios. El pueblo y los jubilados apoyarán. Corresponde coordinar con la lucha de los empleados de ANSeS y de la DGI, amenazados también por despidos masivos.

La bochornosa renuncia de Fujimori no solamente retrata el derrumbe ignominioso de un gobierno anti-obrero y entreguista sino igualmente el fracaso de la transición diseñada, por dos veces consecutivas, por el imperialismo norteamericano para darle una salida ordenada a la enorme crisis política peruana. Fujimori ha producido la rareza histórica de refugiarse en Japón (seguramente no para asistir al partido Boca-Real Madrid); tal es la magnitud de la descomposición que afecta al régimen político peruano. A nadie se le puede escapar que Fujimori se retira del gobierno y hasta se niega a retornar al país cuando su asesor Montesinos aún se encuentra con paradero desconocido –quizás refugiado en una base militar, quizás muerto. En cualquier caso, se pone de manifiesto una trama mafiosa de alcance internacional, en la cual está involucrada la CIA, y que tiene ramificaciones en las fuerzas armadas peruanas. Pero la crisis militar es más profunda todavía, como lo reveló el alzamiento nunca superado en una guarnición del sur del país. A la vista de esto, cualquier recambio político tendrá lugar sobre bases completamente podridas. La caída de Fujimori ha servido para que se hiciera público el choque entre el gobierno y sus financistas internacionales, que fue producido por la creciente inviabilidad de la atención de la deuda externa. Perú, como Argentina, Perú pasa por un prolongado período recesivo, lo que demuestra la caída de las inversiones y la fuga de capitales. El asistencialismo que generalmente acompaña a los gobiernos autoritarios como el de Fujimori, ya no tenía entonces la menor base de sustentación. Bajo la batuta de los yanquis, sin embargo, hubo un intento de prolongar la vida del régimen hasta el final de su mandato dentro de cinco años. Solamente la aparición de un video que mostraba a Montesinos en una actividad de soborno, llevó a Fujimori a acortar su mandato hasta abril del 2001 con el acuerdo de la OEA. Las dos tentativas fracasadas del imperialismo ilustran claramente la impasse política tanto de Perú como de la burguesía internacional. El alejamiento de Fujimori no cierra la crisis peruana; recién la inicia. Ahora vendrán las peripecias del derrumbe económico, en el que se combinan tanto los factores internos como los internacionales. Es por eso que los candidatos a la herencia del "chino" no se animan a recogerla, como lo sería si propusiesen elecciones inmediatas. Reclaman una transición, la tercera, esta vez bajo la batuta del presidente del Congreso. Se busca de este modo legitimar la representación parlamentaria ya existente, es decir que las eventuales elecciones no serían generales. Como se puede ver, los renovadores de la política peruana se aferran a los restos del fujimorismo con la misma necesidad que tienen de apartarse de él. El pollo del imperialismo continúa siendo Alejandro Toledo, quien se apresuró a ratificar un programa compuesto casi exclusivamente de privatizaciones. A Toledo, sin embargo, lo afecta claramente el derrumbe de Fujimori, porque con esto pierde el principal argumento que lo había erigido en candidato único de la oposición. Esta comenzará necesariamente a diferenciarse y a dividirse. Se abre una oportunidad enorme para la izquierda revolucionaria peruana. Aquella democratizante que formara IU hace casi dos décadas, fracasara luego en el gobierno de Lima y terminara votando a Fujimori en 1991, no tiene remedio. En oposición a la salida democratizante sustentada sobre los restos poderosos aún del fujimorismo, es necesario reclamar la disolución de todos los poderes públicos y el pasaje del poder a una Asamblea Constituyente libre y soberana que enjuicie a la cúpula militar, disuelva los aparatos represivos y los reemplace por el armamento de los trabajadores, y reconstruya el país sobre nuevas bases sociales.

Cuando este periódico esté en la calle, el país habrá iniciado la huelga general de 36 horas. Los dirigentes, delegados y activistas combativos de la clase obrera están desplegando una enorme iniciativa para impulsarla y convertirla en una gran jornada de lucha. Esto ocurrirá desde Tartagal, donde habrá actos y cortes organizados por la Comisión de Piqueteros y otros sectores obreros que intervinieron en la ‘pueblada’ que costó la vida del compañero Verón, hasta la Patagonia Austral, donde plenarios de gremios resolvieron cortes y movilizaciones en Río Gallegos, Pico Truncado, Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. En La Matanza, quienes cortaron la Ruta 3 (desocupados, docentes, etc.) han fijado tres puntos de concentración de piquetes. Los trabajadores estatales de la zona norte de la Capital y de San Martín también preparan sus cortes de la General Paz y otras acciones. Los obreros de Cidec, en Morón, que se encuentran en una lucha contra la reducción salarial y los despidos, abandonarán la fábrica, cortarán la ruta y marcharán hacia el centro, acompañados por otros sectores obreros de la zona. Los choferes de TDO marcharán a la estación de Merlo. En Neuquén, los sindicatos combativos y sectores en lucha, junto a los partidos de izquierda, marcharán hacia los puentes, donde formarán piquetes. Los estudiantes secundarios de la Capital se concentrarán frente a la Legislatura para hacer oír sus reclamos y marchar desde allí al Congreso. Los docentes y estudiantes universitarios organizarán clases públicas cortando las avenidas. Esta es la respuesta de la Argentina Piquetera al paquetazo antiobrero y entreguista del gobierno de la Alianza y de los gobernadores peronistas que han firmado el pacto fiscal que reclama el FMI y que han autorizado la derogación por decreto de la PBU de las jubilaciones. Este nivel de movilización demuestra que están dadas las condiciones para una Huelga General hasta que el gobierno acepte las reivindicaciones del pueblo trabajador. • Derogacion de la reforma laboral • Anulación de la reducción salarial • Mantenimiento de la PBU • Fuera el FMI

La Alianza acaba de completar la gran estafa de la jubilación privada orquestada por Menem y Cavallo. Al mejor estilo menemista y cavallista, De la Rúa consumó esta confiscación a través de un decreto de necesidad y urgencia y por expresas directivas del Fondo Monetario Internacional. Como lo reconocieron todos los diarios, el Fondo controló cada punto y coma del decreto aliancista. El decreto confiscador significa que, a partir del 1º de marzo de 2001, los trabajadores perderán entre un 9 y un 25% de sus futuras jubilaciones. Como ya no es posible esquilmar más a los 3 millones que ya están jubilados con un haber mínimo de 150 pesos, el gobierno fondomonetarista decidió "meter mano" en los haberes de los futuros jubilados. También se la tomaron con las trabajadoras, alargándoles 5 años la edad de jubilación. Y en una ofrenda a la "libertad" y a la "competencia", quedó abolida la jubilación estatal para asegurarles definitivamente a las AFJP el monopolio de un negocio multimillonario que permite a los grandes bancos –propietarios de las AFJP– llevarse 1.400 millones de pesos por año en suculentas comisiones por una actividad parasitaria y confiscatoria de los trabajadores. El decreto aliancista, como pasó con la rebaja de los salarios de los empleados públicos, alineó a los "progresistas" del Frepaso y del radicalismo con el Fondo Monetario. El jefe del bloque de diputados del Frepaso, Darío Alessandro, respaldó el decreto y exigió a su bloque ‘alineamiento’. Los que habían prometido luchar por el fortalecimiento de la jubilación estatal y defender la PBU, como Alfonsìn, Santin o Posse, salieron a justificar esta nueva confiscación a los trabajadores en nombre de la "presión" de "los mercados". Una vez más se comportaron como marionetas del imperialismo. ¿Juicios o huelga general hasta la anulacion del decreto? Apenas se conocieron los lineamientos del decreto, desde el Frepaso y el radicalismo se planteó que el decreto era inconstitucional porque afectaba los derechos jubilatorios o porque eliminaba la jubilación estatal. Efectivamente, por todo eso y por mucho más, el decreto es inconstitucional. Pero de ahí no se deduce que la lucha contra este decreto se pueda desenvolver por vía judicial. ¿Acaso la Corte no avaló el decreto de rebaja de los salarios? No avaló el congelamiento de los haberes jubilatorios desde 1995 en adelante a pesar que la Constitución dice que las jubilaciones serán "móviles", al igual que el salario mínimo? El problema clave no es judicial sino de lucha. Que las CGT y la CTA llamen al paro activo y a la huelga general no sólo para repudiar las medidas, sino para que el gobierno derogue el decreto. Que las movilizaciones, el paro activo y la huelga general no se levanten hasta que se derogue el decreto. Esa es la consigna. Confiscación En 1994, cuando se aprobó la jubilación privada, el Partido Obrero señaló que el paso siguiente era la eliminación de la jubilación básica llamada PBU, que es de 200 pesos. En el folleto "Jubilación Privada. La Bolsa o a la Vida", el PO planteó que la inclusión de la PBU en la privatización previsional era tan sólo "un anzuelo" para presentar esa privatización como beneficiosa para los nuevos jubilados y que, por lo tanto, el Estado capitalista no pensaba pagar esa jubilación. "¿Por qué el ministro Cavallo promete un lecho de rosas para los futuros jubilados?", preguntábamos en " La Bolsa o la Vida". Respondimos: "Porque quiere que el Parlamento le apruebe la ley como sea, sencillamente, porque no piensa cumplir con lo que establece su propio proyecto de ley". ¿Por qué anticipamos que se eliminaría la PBU y la jubilación estatal? Porque la jubilación privada implica el hundimiento de la jubilación estatal y de toda garantía de jubilación mínima. Como el aporte que antes iba a las Cajas estatales pasó a manos de las AFJP y el aporte patronal que también iba a las Cajas estatales se fue reduciendo, el sistema previsional público sencillamente se fue quedando sin dinero. La clase patronal, bajándoles los aportes, y las AFJP, quedándose con los nuevos aportes, vaciaron la jubilación estatal. En "La Bolsa o la Vida" dijimos: "¿Cómo harán las Cajas oficiales, que no están abonando el 82% a los actuales jubilados, para pagar en el futuro un porcentaje similar a los nuevos contingentes de trabajadores que se jubilen, si al mismo tiempo se les restan a las Cajas esos 8.000 millones de dólares?" (por los aportes destinados a las AFJP y la reducción de los aportes patronales). El ministro Cavallo no se ha tomado ni siquiera el trabajo de explicarlo, sencillamente porque no piensa cumplir lo que establece su propio proyecto". Uno de los personeros de las AFJP acaba de decir que "en 1994, la ley no hubiese salido si no se incluía la PBU" (Clarín, 19/11), admitiendo que nunca existió la voluntad de pagarla. Con la eliminación de la PBU, los trabajadores se jubilarán con un haber del orden del 40% del sueldo. Pero esto siempre y cuando las AFJP obtengan con los aportes de los trabajadores un rendimiento del 5% anual. Basta que la Bolsa o los títulos públicos se desplomen para que la jubilación siga el mismo camino y los haberes representen apenas el 15 ó 20% del sueldo. El Partido Obrero, ante esta emergencia, llama a: •Huelga general hasta que se derogue el decreto. •Por una jubilación mínima de 500 pesos para los ya jubilados. •Restitución de los aportes patronales. •Anulación de la jubilación privada. Transferencia de los fondos de las AFJP al Estado. •Control obrero en todas las fábricas y empresas para verificar el pago de los aportes patronales.

Toda la política del gobierno en las últimas dos semanas ha girado en torno a la necesidad de conseguir un "blindaje" financiero del FMI. Para ello no vaciló en violar el orden jurídico con un decreto que anula la PBU, reduciendo las jubilaciones entre el 15 y el 35 por ciento, ni en provocar con ello un conato de ruptura en el bloque de diputados de la Alianza, que podría desatar una crisis política mayúscula. Tampoco dudó en producir una crisis política con los gobernadores para que firmaran un pacto fiscal. En resumen, el objetivo de obtener el famoso "blindaje" ha justificado atropellos de todo orden hasta el límite del estallido político. Lo que demuestra que no es cierto que la crisis política ha provocado el derrumbe de la deuda pública, sino que son este derrumbe y las exigencias del FMI los que han provocado la crisis política. Pero una entrevista de La Nación (19/11) al vicepresidente del FMI, Stanley Fischer, demuestra que el "blindaje" no blinda nada, o mejor, que es un "blindaje" para los especuladores internacionales que quieran retirar capitales anticipandose a una devaluación. Fischer dice sin ambigüedades que "el país no debe tener expectativas de utilizar los desembolsos", por lo que no se entiende qué clase de "blindaje" está ofreciendo. La Nación, con una lógica que no es tal, titula el reportaje "Un crédito para quienes no lo necesitan", sin preguntarse por qué los países que no lo necesitan tampoco se molestan en pedirlo. Para Fischer, el crédito del FMI tiene otra función, la de servir para que la Argentina consiga otros "blindajes", que provengan de los acreedores internacionales, mediante diversos tipos de acuerdos que se activarían en caso de una crisis financiera generalizada. En última instancia, el FMI está planteando una suerte de renegociación de la deuda externa, la cual vendría recargada con nuevas exigencias fuertes de los acreedores –como podría ser la privatización del Banco Nación. Es decir que Fischer le quiere cargar el muerto a los acreedores, que deberían aceptar una reprogramación del pago de la deuda externa. El planteamiento de Fischer desnuda entonces un choque entre la banca internacional y el Fondo, que se convierte en un fuerte elemento adicional de la crisis argentina. La experiencia en la aplicación de la política de "blindaje" a otros países, que La Nación recuerda, fue un fracaso. La Facilidad Suplementaria de Reservas, como se denomina al "blindaje", fue aplicada en Corea del Sur, en 1997, y en Rusia y Brasil, en 1998, con antelación al derrumbe que se pretendió evitar. Ya en Ecuador, a principios de este año, el FMI fracasó, precisamente, en persuadir a los acreedores a refinanciar la deuda externa ecuatoriana, lo que provocó la liquidación de numerosos bancos y de la moneda nacional. En resumen, la Alianza ha desatado una colosal crisis política en procura de una quimera. Los choques que se avecinan con relación a este "blindaje" lo ilustra la propuesta efectuada varias veces por Juan Alemann desde La Razón, de que el gobierno sólo acepte pagar intereses hasta el 10% anual por la colocación de bonos, y que recurra al uso del crédito del FMI en el caso de que los acreedores no acepten esa tasa. A lo que lleva el planteo de Alemann es a que a la deuda y a los acreedores se les page en efectivo con la plata del FMI. Esto es lo mismo que financiar una fuga de capitales mediante el incremento de la deuda argentina con el Fondo y con la plata de éste. La imagen idílica de un capitalismo que quiere que el Estado reduzca sus gastos para incentivar la inversión y el empleo, no tiene ningún fundamento en la realidad. Asistimos a una lucha de buitres para explotar la crisis en beneficio propio o para emerger ilesos de ella a costa de los demás, sin ningún reparo en producir con ello una fuerte disolución de las relaciones sociales y un brutal emprobrecimiento de las masas.

La Pampa Húmeda sufre "las peores inundaciones registradas a lo largo del siglo" (El Día, 10/11). En el noroeste bonaerense, la zona más afectada, las inundaciones ya provocaron la pérdida de la cosecha fina y hacen prever la pérdida de una parte sustancial de la gruesa (los granos de mayor valor económico). La lechería y la ganadería, que ya se encontraban en una crisis aguda, están en situación terminal. En consecuencia, "los productores no tendrán ingresos el próximo año" (La Nación, 18/11), lo que provocará la quiebra de la cadena de pagos por un período prolongado en toda la región. La tierra no puede absorber más agua porque las napas subterráneas están completamente saturadas. Se calcula que estas tierras podrán ser puestas nuevamente en producción recién dentro de dos o tres años... si hasta entonces no se producen nuevas inundaciones. Este desastre, que la burguesía mide en término de caída de "rindes" y de beneficios, sin embargo, apenas describe la realidad: no hay cifra que mida la situación de los trabajadores del campo y de las ciudades del interior bonaerense y del sur santafesino y cordobés. Esos centros urbanos, ubicados en un área de casi dos millones de hectáreas, comienzan a verse cercados por el agua; las napas están saturadas y el agua emerge de los jardines, de las plazas y de los terrenos baldíos. En Carlos Tejedor, donde como en la mayoría de las ciudades no hay redes cloacales, emergen aguas servidas. En el distrito de Pehuajó no hay un solo camino rural transitable. En la ciudad de General Villegas, "tapada por el agua ... las calles son como ríos en los barrios El Ciclón, La Trocha y Hospital" (La Nación, 13/11). Aunque en los últimos días no ha llovido, las cosas no han mejorado; al contrario, "el desagote de las aguas –dice Ambito Financiero (17/11)– agrava la situación de los inundados". Incapacidad histórica Las actuales inundaciones no son una "sorpresa". Desde hace ya mucho tiempo, lo que se conoce como la "pampa arenosa", que comprende un arco de 7 millones de hectáreas desde la cuenca del río Salado hasta las provincias de La Pampa, Córdoba y Santa Fe, viene sufriendo un ciclo constante de sequías e inundaciones, cada vez más graves. Florentino Ameghino, ¡ya en 1886!, había formulado un proyecto de obras hidráulicas para hacer frente a esta contingencia. ¡Nada de esto se ha construido en más de un siglo a pesar de que la región aporta el 30% de las exportaciones agropecuarias argentinas! Por eso, "entre 500.000 y 700.000 hectáreas se han convertido en lagunas semipermanentes en la zona fronteriza entre Buenos Aires y Córdoba, una de las más fértiles de la Pampa Húmeda" (Clarín, 11/11). Peor aún, a causa de las inundaciones, algunos distritos de la provincia de Buenos Aires están desde hace 17 años en "emergencia agropecuaria". El Estado no construye canales de desagüe o diques que permitan aprovechar el agua en tiempos de sequía. En Carlos Casares se ha denunciado que aunque "hace dos años se construyó el canal Mercante, que debería derivar el agua, nunca se le hizo mantenimiento" (La Nación, 16/11). Los que sí han construido canales, para salvar sus propios campos, son los grandes propietarios que con estas construcciones anárquicas, han agravado la situación de conjunto y, en particular, la de los pequeños propietarios. Con la privatización de las rutas y de los ferrocarriles, se agravó el principal costo que enfrentó históricamente la producción nacional. Mientras la producción crecía, "resucitó", como consecuencia de los peajes, la "red de caminos del siglo XIX" : las rutas y caminos a cargo del Estado dejaron de recibir mantenimiento, los pavimentos se destruyeron y los caminos de tierra se hicieron intransitables (Viva, 6/6/99). Mientras tanto, las rutas concesionadas, sin alcantarillas, "funcionan como una barrera que no permite que el agua corra" (ídem). Las inundaciones son una prueba irrefutable de la histórica incapacidad de la burguesía argentina para superar el atraso nacional. "Plan maestro" Con el agua al cuello, Ruckauf anunció un "plan maestro integral" de obras de infraestructura en la cuenca del Salado, que incluye más de 2.200 kilómetros de canales, 188 puentes y una decena de defensas urbanas, a un costo de 1.830 millones de pesos. Su construcción llevaría por lo menos diez años. Rápidamente, la Legislatura bonaerense aprobó la ley que autoriza la expropiación de las tierras necesarias para estas obras en 58 partidos bonaerenses. Por ironía, la Legislatura calificó su proyecto como "urgente y necesario", las mismas palabras que utilizó, hace más de un siglo, Ameghino para reclamar estas obras... El mentado "plan maestro" de Ruckauf y la Alianza, sin embargo, no pasa de ser una declaración de intenciones; como reconoce La Nación (18/11), la ley votada en la Legislatura "no significa que las obras comiencen a corto plazo". Ocurre que deben votarse leyes que establezcan la expropiación de las tierras y las partidas presupuestarias para esa expropiación. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, hay tierras que hace más de una década han sido declaradas "sujetas a expropiación" pero nunca han sido expropiadas efectivamente, porque las leyes que deberían establecer los fondos no salen. El gobierno bonaerense, además, anunció que estas obras estarán incluidas en el "plan de infraestructura nacional" para el año próximo, el conocido "plan Gallo", que se esfumó con el despido de su mentor del gabinete nacional. Ese plan está en el aire porque los fondos que inicialmente se destinarían fueron "desviados" por el último paquetazo oficial al sostén del valor de los títulos públicos. En el mejor de los casos, el "plan maestro" no es más que una expresión de deseos cuya realización efectiva depende de la "buena voluntad" de la banca acreedora y de los usureros internacionales, que serán los que lo financien. Junto al "plan maestro", Ruckauf anunció la creación de un "fondo extraordinario de doce millones para productores afectados" (La Nación, 18/11). Como los fondos se repartirán en función de la capacidad de endeudamiento de cada productor, serán los grandes los que se llevarán la parte del león. El "salvataje" de Ruckauf, entonces, sólo servirá para acelerar la desaparición de los pequeños productores y para agudizar todavía más la concentración de la propiedad rural; "de acuerdo con una estadística de 1997, en la última década ha desaparecido el 32% de los pequeños productores rurales" (Ambito Financiero, 19/10). Este "fondo extraordinario", claro, no destina un peso a la reconstrucción de las viviendas de los trabajadores inundados ni a pagar un subsidio a los trabajadores rurales que pierdan el empleo a causa de las inundaciones. Por una salida de los trabajadores rurales y los pequeños productores La actual calamidad no es responsabilidad de la "naturaleza" sino de la incapacidad histórica de la burguesía argentina para sacar al país del atraso. No será entonces la burguesía ni su Estado la que le dé una salida a la crisis actual. Por asambleas populares y comités elegidos de trabajadores rurales, de trabajadores de las ciudades inundadas y de pequeños productores para imponer un plan de salvataje que movilice todos los recursos de la provincia, públicos y privados, para enfrentar las inundaciones.

¿Responde la autonomía política obtenida por la Ciudad de Buenos Aires, hasta ahora parcial, a las necesidades de las grandes masas que viven y trabajan en ella? Su gestación, como la mayoría de las creaciones institucionales argentinas, se procesó fundamentalmente por arriba. Está vinculada a una tendencia descentralizadora que se manifiesta en las privatizaciones en gran escala del patrimonio productivo y financiero del Estado, de las prestaciones de salud, de la educación y hasta de la protección social. Se trata, verdaderamente, de una política de atomización política y social. Que la autonomía porteña no es el último gran grito del federalismo argentino lo demuestra que tiene lugar cuando las provincias se desmoronan en todo sentido y desde el Banco Mundial se reclama sustituirlas por regiones. El propio presidente de la Nación dejó muy claro el contenido social de la autonomía porteña cuando dijo, en ocasión del aniversario de la Bolsa de Comercio, que "nuestra idea es hacer de Buenos Aires un gran centro financiero internacional". Es que para pagar los intereses de la deuda externa, la última ‘joya de la abuela’ que queda es el patrimonio inmobiliario público de la Capital. Que no se trata sólo de palabras lo demuestran el proyecto Retiro-Puerto y los que alberga la Corporación del Sur, todos de alto valor inmobiliario y de enorme interés para los bancos. En la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, la desocupación es del 11% y mayor aún la sub-ocupación, la cual afecta a unas 300.000 personas. El 51% de los que trabajan en la ciudad ganan desde 400 pesos para abajo; las jornadas de trabajo superan con mucho las ocho horas legales sin que sean pagadas como extras. La seguridad laboral es virtualmente inexistente. Los indicadores de desnutrición infantil en el sur de la ciudad son comparables a los de Africa. A esta realidad se ha respondido con más ataques a las conquistas sociales, como la ley de empleo público y la derogación de los estatutos profesionales, como el docente. Es por todo esto que el proyecto de salario mínimo de 600 pesos mensuales por una jornada de ocho horas, que presenté en la Legislatura junto con Alexis Latendorf y Lía Mendez, tiene un alcance estratégico. Plantea el desafío de poner fin en el ámbito de la ciudad al congelamiento de hecho, en 200 pesos, que existe desde 1990 con alcance nacional y que tiende a descender por debajo de los 150 pesos como consecuencia de la creciente utilización de los planes Trabajar, en las construcciones financiadas por el Estado. El proyecto pone a prueba la realidad de la autonomía política y pondría un límite a la ofensiva contra los trabajadores. Deberán pagarlo principalmente los grandes grupos bancarios, comerciales y de servicios que operan en Buenos Aires. La vigencia de la jornada de ocho horas es un fuerte instrumento de lucha contra la desocupación si se arbitraran los medios para que el tiempo de trabajo que quedase disponible sirva para la contratación de los desempleados. Según el consultor laboral Ernesto Kritz, un asalariado privado trabaja en la Argentina un 30% más que en los países desarrollados; exactamente el mismo porcentaje que existe de desempleo. En consecuencia, presentaré otro proyecto, de reparto de las horas de trabajo, que prevé tambien un empadronamiento de los desocupados. Como integrante de la Comisión de la Vivienda, debo decir que con la amenaza de 150.000 desalojos y una población villera de 100.000 personas, el problema habitacional en la ciudad se agravará aún más con la presente situación salarial y ocupacional. El congelamiento del salario mínimo en 200 pesos ha facilitado el pago de los salarios en negro por encima de esa suma, con grave perjuicio para la seguridad social. Si el primer mundo nos debe servir de referencia, sepamos que los trabajadores británicos consiguieron el año pasado el establecimiento del salario mínimo, en 700 libras; que los norteamericanos lograron que Clinton subiera el mínimo horario a 6,50 dólares; y que los franceses están a punto de obtener uno de 8.500 francos. Promedian 1.200 pesos. Pero la ciudad más cara no es Nueva York, Londres o París sino, convertibilidad mediante, Buenos Aires.

En una reciente sesión de la Legislatura con motivo de cumplirse el aniversario del golpe de Pinochet, Jorge Altamira denunció que el gobierno de Perón no "desplegó ninguna acción" contra el golpe, porque ese mismo gobierno ya estaba en un curso golpista propio, como se manifestó luego en la asonada policial que derrumbó al gobierno provincial de Córdoba. De este modo, el diputado del PO aprovechó la ocasión para señalar el carácter contrarrevolucionario internacional del nacionalismo o populismo burgueses, que la mayoría de la izquierda caracteriza como incondicionalmente progresivos. Una información de Clarín del domingo pasado confirma la razón de Altamira. Unos 16.000 documentos con más de 50.000 páginas desclasificados por el gobierno norteamericano han permitido esclarecer que "dos coroneles activos del ejército chileno" informaron a Perón de los planes de un golpe contra Allende y, "de acuerdo al texto, ‘Perón informó a los coroneles que el derrocamiento de Allende era un asunto interno por lo que él no aprobaría, ni condenaría dicha acción’. Perón había retornado a la Argentina el 20 junio de 1973, con el tiempo suficiente para adoptar la misma neutralidad ante el golpe en Uruguay, una semana más tarde, que desató una huelga general con ocupaciones de fábrica sin precedentes en la vecina orilla. A Perón le preocupaban más las tendencias combativas de las masas que el problema de quedar rodeado geográficamente por gobiernos militares. "Otra información (que) puede sorprender al mundo político de la izquierda chilena", dice el cable de Clarín, es que Pinochet revistaba en el campo golpista desde 1971, lo que no impidió que Allende lo nombrara ministro de Defensa a mediados del ’73. También Allende estaba más preocupado por las masas chilenas que por los milicos, o quizás pretendía neutralizarlos ofreciéndoles las riendas del poder. Esto también fue señalado por Altamira en la sesión de homenaje por el aniversario del golpe. Las diferencias políticas entre Allende y Perón, o sea entre la izquierda democratizante y el nacionalismo burgués, son sólo de grado, no de sustancia, pues ambos son enemigos de la revolución dirigida por la clase obrera. Entre la documentación también aparece una carta de Fidel Castro a Allende, de fines de 1971, en la que el cubano le recomienda al chileno dejar la "vía pacífica" para consolidar al gobierno de la Unidad Popular. Pero no fue ésta la posición que expuso Fidel Castro cuando visitó Chile al año siguiente, oportunidad en que valoró positivamente las "peculiaridades" de "la transición chilena al socialismo". Los socialistas revolucionarios no tuvimos necesidad en su momento de una información especial para señalar el carácter en última instancia contrarrevolucionario de los gobiernos de Perón y de Allende, que facilitaron enormemente, cuando no contribuyeron directamente, a las victorias de los Pinochets y Videlas.

El viernes 10, el Frente de Lucha Estudiantil (Fle-UJS e Independientes) ganó las elecciones del Centro de Estudiantes del Colegio Mariano Moreno (Cemm). Se impuso por 298 votos contra 196 votos de la alianza Ademm-PA-Phale (alianza entre la dirección actual del Centro y dos listas más). Culmina así la lucha que dirigió el Fle frente al desmoronamiento del colegio, que obtuvo un importante pliego reivindicativo. El Fle recupera el Cemm, de cuya conducción había sido desplazado hace dos años por el Ademm. Bajo la anterior conducción del Fle, el Cemm llevó adelante grandes luchas. Conquistó con la movilización, importantes reivindicaciones del colegio (instalación de estufas, arreglo de los baños) y se convirtió en uno de los dirigentes de las tomas de colegios de 1998 contra la aplicación de la Ley Federal en la Capital. Por esto la Municipalidad intervino en el ’98 el colegio y, en alianza con una pequeña camarilla de profesores y preceptores (algunos de los cuales venían desde la dictadura), comenzó un ataque sobre el Cemm. Con una campaña macartista –acusaciones contra la "manipulación del Partido Obrero"– y una fuerte persecución sobre los activistas del Fle, las autoridades conformaron y apoyaron en las elecciones del ‘98, a la lista ‘independiente’ Ademm (Agrupación de Estudiantes Mariano del Moreno), que se quedó con el Centro. Pero, pese a haber perdido la elección, el Fle siguió organizado, defendiendo el Centro de Estudiantes (desbaratando el intento de fraude que trató de armar el interventor radical en las elecciones de ese año, para dejar al Fle sin cargos) y destruir el Cuerpo de Delegados. Fue por este trabajo realizado sin desmayos –y en ‘contra de la corriente’ de las autoridades aliancistas– durante estos dos años, defendiendo al Cemm, las reivindicaciones estudiantiles, la educación laica, estatal y gratuita, de apoyo a las luchas populares, que el Fle volvió a ganar. Gracias a esta trayectoria y al lugar ganado frente a los estudiantes, el Fle se puso a la cabeza de la lucha (en contraste con la parálisis de la dirección del Ademm) por la entrega de becas, el arreglo del colegio y la instalación de un comedor escolar. Frente a este último reclamo, una de las agrupaciones que formó el frente con Ademm nos cargaba diciendo que prometíamos un Mc Donalds en el colegio. Pero nuestra orientación cobró más fuerza con la caída del piso del Moreno y nos llevó a la victoria, luego de las movilizaciones sobre la Legislatura realizadas conjuntamente con la cooperadora y algunos docentes. El Fle se impuso en estas elecciones porque luego de esta gran victoria fue el único que planteó una perspectiva a los estudiantes: se necesitaba un Cemm fuerte y participativo para encarar la lucha en defensa de la educación estatal, laica y gratuita contra el intento de aplicar la reforma educativa en la Capital. Para conseguir todas las reivindicaciones de los estudiantes y docentes, para que el gobierno cumpla el acta-compromiso y el año que viene, asegurar, con la movilización, la entrega de becas y la instalación del comedor. Fue con esta campaña que ganamos, denunciando que el Ademm era la lista que representaba los intereses de la Alianza (que, a su vez, empezó a realizar ‘alianzas’), llamando a no votar por las listas ‘en joda’ (que no daban ninguna salida) y planteando que lo que estaba en discusión era muy serio. Los activistas que nos nucleamos en el Fle llevamos esto adelante, discutiendo todo el día con los estudiantes, pasando por los cursos, haciendo carteles. Este triunfo tiene que servir para apuntalar la organización de todo el movimiento estudiantil secundario de la Capital, eje fundamental de la lucha contra la reforma educativa privatista.

Se ha puesto en marcha la organización de la gran fiesta de la familia obrera que realizaremos el 10 de diciembre en el Parque Pereira Iraola. Se han formado más de 13 comisiones para la organización del Picnic, y gran cantidad de simpatizantes se está sumando a las distintas actividades. Más de 30 conjuntos se han ofrecido solidariamente a participar del festival que realizaremos. Magos, titiriteros, payasos y grupos de teatro están organizando la recreación para los más chicos. El Plenario de la Mujer Trabajadora ha organizado un panel de debates. Se pasarán videos donde se resumen las centenares de luchas obreras y populares que se han librado este año, en fábricas, universidades y rutas. Se expondrán en fotos, movilizaciones y decenas de luchas importantes. El plato fuerte del Picnic –la actividad deportiva– está aun retrasado. Es necesario darle un impulso. Hasta ahora hay sólo 30 equipos anotados del más de un centenar que esperamos. Llamamos a los simpatizantes que quieran ayudar a organizar este gran Picnic a sumarse a las distintas comisiones. El 23 y 24 vamos a luchar parando el país, haremos piquetes, cortaremos rutas y empujaremos hacia un plan de lucha y la huelga general para derrotar a este gobierno fondomonetarista e imponer nuestras reivindicaciones. Muchos de estos protagonistas nos encontraremos el 10 de diciembre en el Picnic del PO. Hablará Jorge Altamira: porque en la Argentina piquetera estamos empeñados en la construcción de nuestro Partido Obrero.

A una semana del juicio, reporteamos a Raúl Castells en su prisión domiciliaria ¿Qué está en juego en este juicio? Desde el punto de vista jurídico, para este Estado, el juicio es por tentativa de extorsión, por haber ido a Wal-Mart y Disco, hacia donde marchamos en forma de protesta contra la política de estos gobiernos. Porque les dolía más que fuéramos a un hipermercado que hiciéramos un acto en una plaza pública. En Disco comieron 500 personas solamente pan lactal y fiambre. Y por esto pidieron 5 años y 6 meses de cárcel. La fiscal que actúa en el caso de Wal-Mart, con este antecedente, pide una pena de 8 años de prisión. Lo que está en juego aquí es la lucha de una clase contra otra en la pelea por el hambre, la desocupación y la miseria que sufre el pueblo. Y tanto es así, que la orden de detención parte de Menem a través de un reportaje en Radio Mitre, y la orden del arresto domiciliario parte de Ruckauf. Es netamente político el origen de esta causa, y es el juicio de los representantes de una clase contra los representantes de otra. ¿Cuál es tu estrategia? Esto fue motivo de debate, porque jurídicamente los juicios se definen textualmente "como de conciliación o de ruptura". Nos presionan para que vayamos a juicio de conciliación y nosotros entendemos que para ser consecuentes con nuestra propia vida como clasistas revolucionarios, lo que corresponde es ir a un juicio de ruptura. Por eso vamos con una actitud de enfrentamiento contra este Estado, sus representantes judiciales y políticos y los monopolios Wal-Mart y Disco. Organizando la mayor movilización popular de la historia de este país por el juicio a un individuo. Estimamos que se movilizarán 8.000 compañeros en Lomas de Zamora y alrededor de 10.000 más en distintos lugares de todo el país. Impugnando, denunciando y enfrentando a esta parodia judicial, que no es más que la persecución a un dirigente político opositor a estos gobiernos y a esta política. Si por lo que los compañeros comieron, me piden 5 años y 6 meses, ¡qué sentido tiene discutir esto desde lo jurídico, si por matar a una persona como homicidio simple hay una pena de 6 años! ¿Cómo está concebida la movilización del 27 de noviembre? Habiendo sido convocada por el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados y su Comisión Nacional de Desocupados (ahora Sindicato Nacional de Desocupados), han adherido la CGT disidente, la CTA y la CCC. En este marco, vamos a un acto profundamente unitario, amplio y democrático por mi libertad, la de Alí y el desprocesamiento de 2.500 luchadores obreros y populares. Por eso invitamos especialmente al compañero Altamira para que sea orador y a todos los compañeros del PO para que participen masivamente del acto.

Días pasados escribí un artículo sobre lo que considero una conducta incalificable del ‘Perro’ Santillán. La foto del periódico Prensa Obrera, Nº 685, mostrando a Santillán con un descomunal garrote encabezando una trifulca, me exime de más comentarios. La respuesta ha llegado a través de una "Carta al PO" escrita por Amancay Ardura, coordinador de la CCC, al semanario Hoy (1/11). Para la CCC, en realidad, fueron ellos los agredidos, y a pesar de que según el articulista ellos eran "miles" y nosotros "unos pocos", igual fueron apaleados. La respuesta de Ardura en realidad sólo desnuda las razones políticas que tiene la CCC para agredir a la columna del PO. La carta caracteriza que el PO tiene "hostilidad" a la CCC porque está en una etapa de crecimiento espectacular. Según Ardura, el PO sería hostil al Ptp-CCC, porque éste sería el "competidor" con que nos disputaríamos la influencia sobre las masas en el próximo período. Esta consideración –una suerte de teoría de la lucha entre aparatos– , sólo corre por cuenta de la propia CCC. Nos separan diferencias políticas programáticas. El programa stalinista, heredado del menchevismo, que coloca a la clase obrera a remolque de la burguesía nacional, ya ha quedado sepultado por la historia; ha quedado "fuera de competencia" y ha llevado al Pcr a apoyar a Isabel-López Rega, a Menem, a Alfonsín, a la Alianza y, ahora, probablemente, al frente Moyano-Ruckauf. Lo mismo vale para la teoría del "socialismo en un solo país", que, desde la coexistencia pacífica y los pactos contrarrevolucionarios con el imperialismo, ha conducido a la restauración capitalista. Ardura señala que nosotros nos ponemos contentos cuando a ellos les va mal; por ejemplo, que nos "alegramos" cuando se fueron de la CCC dirigentes importantes como Quiroga y Delfini. Pero lo que nos "alegra" no es eso, sino que estos compañeros asuman a partir de ese alejamiento posiciones clasistas independientes y que se nieguen a ser forros de burócratas ‘combativos’ o de patronales ‘patrióticas’. El PO no tuvo ninguna participación de orden práctica en la ruptura de esos dirigentes con la CCC o el Pcr. Ellos tenían una posición política divergente en lo estratégico con la CCC y con el Pcr, lo cual fue puesto de manifiesto en la propia prensa del Pcr. A pesar de que ya hace largos tres años que estos dirigentes se han retirado de la CCC, el Pcr le dedica a ellos la parte fundamental de su último Congreso. La pérdida de importantes dirigentes del movimiento obrero industrial nunca es una cuestión menor; al contrario, es altamente significativa. No nos consta el progreso "espectacular" que se adjudica la CCC en el movimiento obrero industrial; nos consta, por el contrario, su enorme retroceso. Hay que ser un cretino incorregible para decir que las divergencias entre la CCC y el PO obedecerían a que la CCC está en la "lucha" y el PO se dedica a elegir diputados. El Pcr esconde que la elección de legisladores de la izquierda en la Capital provocó otra crisis muy importante en sus filas, al poner al desnudo el carácter autodestructivo de su votoblanquismo. El PO, en cambio, tiene el orgullo de haber impulsado los procesos de lucha y políticos en Tartagal, en la pesca y el puerto de Mar del Plata, en los gremios de San Lorenzo, en los mineros de Río Turbio, en ATE, en Laferrere y La Matanza, en decenas de seccionales docentes, en gráficos, telefónicos, entre los trabajadores de ómnibus, micros y subtes de la Uta, en decenas y decenas de gremios donde el PO tiene responsabilidades sindicales de lucha, sumando a esto los movimientos en todo el país de desocupados, la mujer y la juventud. El Partido Obrero está formando realmente una vanguardia proletaria. Y está, además, en pleno combate por la reconstrucción de la Internacional Obrera; el Pcr es forro del nacionalismo. De cualquier modo, que el Pcr y la CCC llamen a luchar y luego terminen votando en blanco no es lo peor. Lo más grave es cuando se deciden a votar. Las dos últimas veces que lo hicieron, es bueno recordarlo, en un caso lo fue por la fórmula De Renzis-Golfredi. El primero es un hombre de Duhalde. El segundo, Golfredi, ha sido candidato de Patti en las últimas elecciones. La fórmula electoral era un verdadero mamarracho, pero cumplía con el propósito "estratégico" de poner al Ptp a remolque de un remedo de burguesía nacional. Detrás de estos dos aventureros colocaron al principal dirigente del Pcr, Otto Vargas, como primer diputado. Así es cómo el Pcr va a elecciones. También votaron a Menem, nada menos que con la consigna de "que no quede piedra sobre piedra de la política del alfonsinismo". Fue una catástrofe política. No sólo quedaron "todas las piedras" del alfonsinismo, sino que el menemismo construyó, sobre esas "piedras", un edificio monumental de hambre y entrega. Si en el futuro el Pcr se decide a ir a alguna elección, le recomendamos que piense cuatro veces a la hora de elegir aliados. Luego de esta catástrofe política de la cual no conocemos autocrítica pública, muy tarde, pero muy tarde, se plantearon la consigna "Fuera Menem". Pero para la CCC y para el Pcr esta consigna apuntaba no a desembarazarnos del riojano, sino a reconstituir la política patronal en un frente con la oposición "unificada" de la Alianza y Duhalde. Al no formarse éste, terminaron llamando al voto en blanco. De cualquier modo, con independencia de las divergencias, las provocaciones contra organizaciones o partidos obreros o de izquierda, como las mostradas por la CCC en Plaza de Mayo, son contrarrevolucionarias.

La Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor (SDCC) se pronunció contra el "marco regulatorio postal" del gobierno de De la Rúa. Comentando el dictamen, La Nación (15/11) señala que "dispone demasiadas exigencias, con lo cual resultaría gravemente afectada la libre competencia". El "descubrimiento" de la SDCC es algo tardío. En lo que va del año, han cerrado ¡¡47!! de las 278 empresas de la actividad, con su secuela de despidos masivos. La Nación sostiene que "la definición debería guardar relación con la decisión final que se adopte sobre la fusión OCA-Correo". Pero la fusión del Exxel y Macri (OCA-Correo) ya funciona de hecho por cartelización territorial, de servicios y por la similitud de tarifas, que se fueron a las nubes (casi 4 pesos una certificada). El segmento de Pymes quedaría habilitado para el rubro mensajería, con una flexibilidad laboral aún mayor y costos menores que los del modesto convenio camionero de la rama postal. A esto apunta La Nación cuando protesta porque, para la SDCC, "de acuerdo al artículo 34, el personal deberá estar sujeto a normas laborales rígidas, lo que impide adoptar modalidades contractuales más flexibles y menos gravosas para las empresas que es justamente lo que se necesita". El Sindicato de Camioneros no ha jugado ningún papel frente al cierre de estas 47 empresas. Y no fija posición sobre el "marco regulatorio". Al mismo tiempo, firma un convenio de flexibilidad de vacaciones para OCA que, a la par de la rebaja salarial del 20% y otras flexibilidades que pactó de Baldassini, de Foecyt, pone en línea a la baja el convenio de camioneros de la actividad. Los compañeros de Correos y OCA están siendo flexibilizados. Miles de postales de empresas menores marchan al abismo. Por un Congreso de delegados postales de todos los gremios: Foecyt, Camioneros, Foecop, para fijar un programa y un plan de lucha unitario: $600 de salario mínimo, convenio postal único, 8 horas, ningún despido. Esta lucha planteará, más temprano que tarde, la necesidad de que el Estado se haga cargo del correo y de que éste funcione bajo control de los trabajadores. Miles de postales, en un gran paro con abandono de tareas, tienen que "piquetear" la audiencia pública que se convocará próximamente. La clase obrera defendiendo sus derechos se pondrá como nadie al frente del interés nacional por un correo público y barato.

A las Comisiones de Desocupados y Piqueteros de todo el país: La Comisión de piqueteros de Tartagal, Mosconi y Pocitos convocamos a organizar un Congreso Nacional de todos nuestros movimientos de lucha. Creemos que nuestra reciente experiencia y la que hoy se está dando a lo largo y a lo ancho del país, con cortes en todas las provincias, exige que nos reunamos en un congreso nacional que permita, en primer lugar, unir todas las luchas en un reclamo común y, además, elaborar planes de lucha que se extiendan por todo el territorio argentino. Nuestras luchas aisladas en cada zona o localidad, dan al gobierno la oportunidad de amenazarnos o enviarnos la represión e imponernos acuerdos que apenas son paliativos. La muerte del compañero Aníbal Verón es un crimen alevoso y premeditado para meter miedo a todos los luchadores. Como dijimos en nuestro llamamiento desde el corte de la Ruta 34: "No queremos envejecer cortando rutas". El nuevo paquete de medidas anunciado por el gobierno es un nuevo mazazo contra los trabajadores ya que rebaja y destruye el sistema jubilatorio y con esto hace automáticamente aumentar la desocupación. Contra estos paquetes antiobreros tenemos que imponer nuestra propia salida a la crisis nacional, comenzando por el subsidio al desocupado de 500 pesos. El Congreso de Trabajadores y Desocupados debería reunirse pronto, creemos que debería ser el 16 de diciembre en algún lugar del Gran Buenos Aires. Allí podremos poner en pie una Coordinadora Nacional de Piqueteros y Desocupados que es indispensable para que podamos triunfar. Por la Comisión de Piqueteros: ‘Pepino’ Fernández; ‘Dany’ Arce; ‘Hipie’ Fernández; ‘Pepe’ Barraza; ‘Piquete’ Ruiz; Aldo Fernández; Reinaldo Domínguez (UTA); Juan Nieva Adhieren luchadores populares: Carlos Justiniano; Dr. Luis Martínez Negri; ‘Perico’ Raineri (Tribuna Docente) Despedidos de SIN SA: Wilfredo Roca; Daniel Justiniano; Juan Darío Cabrera; Sergio Piedra; Adrián Ruiz; Rubén Barraza Por los despedidos del Centro de Usuarios (Mosconi): Sandro Saracho

Cien desocupados marcharon el viernes 17 por las calles de Cruz del Eje, para entregar un petitorio al intendente. Reclamaron la renovación automática de todos los planes ‘Trabajar’ (en diciembre vencen más de 500), empadronamiento de los desocupados, trabajo o un subsidio 600 pesos, prohibición de los despidos y suspensiones, no cobro de bonos para la atención en el hospital de la ciudad, eximición del pago de impuestos y tasas a los desocupados, prohibición de cortes de energía y agua a los desocupados, plan de obras públicas e inversiones a cargo del estado que garantice fuentes de trabajo, obra social para los trabajadores del Plan ‘Trabajar’ y derecho a organizarse sindicalmente, desprocesamiento de los compañeros apresados en el corte de marzo de este año. A lo largo de los 3 kilometros de marcha, se recogió la adhesión de la población que salía a saludar. Frente al ANSeS se hizo un acto junto a los trabajadores que estaban de paro. La movilización fue decidida por una asamblea realizada el viernes 10, convocada por la Coordinadora de Desocupados de Cruz del Eje, con el apoyo del Sindicato de Desocupados de Córdoba (Sutrade) y la CTA. El intendente Mario Blanco (PJ), declaró su impotencia ante los representantes de la Coordinadora. La mayoría de los puntos "lo exceden", les declaró. Dejó en claro su incapacidad para gobernar una ciudad que tiene un 51% de desocupación y 20% de subocupación. Se fijó una nueva asamblea para el martes 21 para continuar las acciones en defensa del programa. Se ha reorganizado el movimiento de los desocupados, después de la represión al corte de marzo y la defección de quien lideraban el movimiento. La Coordinadora, nacida en el ‘95 y que protagonizó el histórico corte del ‘97, estaba liderada por ‘Rolo’ Avila, un hombre ligado a Bazán. Después del corte del ‘97, constituyó en una ONG tramitadora y gerenciadora de planes ‘Trabajar’ que fueron sistemáticamente disminuyendo. Avila le dio la espalda a esta movilización a pesar de reconocer la grave situación de Cruz del Eje ("los planes de trabajo se caen en diciembre, aunque los renueven esta gente no trabaja hasta marzo del año próximo", La Voz del Interior, 18/11). Fundamentó su boicot en la presencia de la CTA, el Sutrade y el Partido Obrero en la organización de la lucha. La Coordinadora ha vuelto a ponerse de pie. Hace tres semanas los medios se vanagloriaban diciendo que en Cruz del Eje estaba todo tranquilo. El gobierno provincial ha debido reconocer lo "delicado de la situación". Los militantes del PO del pueblo, ayudaron a los compañeros de la Coordinadora a salir a la lucha y organizarse.

Los trabajadores de la Afip estamos en el ojo de la tormenta. De la Rúa anunció que se viene la privatización de la "recaudación de algunos impuestos". Se pretende con esto perseguir a los arruinados cuentra propistas, como reclaman Cavallo y Alemann. Se profundiza así la política tributaria en la que los que menos tienen son los que más ponen, a través de los impuestos al consumo y el monotributo, al tiempo que las grandes corporaciones eluden y evaden todo lo que quieren, con el consentimiento de la Alianza y el PJ. Como siempre la argumentación para privatizar es la "ineficiencia" de los empleados del Estado. Los trabajadores de la Afip hemos visto reducir nuestra planta de personal en 2500 agentes, caer el índice de participación en la recaudación y los tramos del Fondo de Jerarquización (con la consiguiente disminución del salario), aumentar nuestra jornada de trabajo para suplir a los que se fueron... todo en aras de la "eficiencia". La verdadera ineficiencia pasa por la protección oficial que gozan los parásitos del gran capital que eluden los impuestos o llevan doble contabilidad en las narices de las autoridades. Los trabajadores de la Afip deben estar a la vanguardia de la lucha contra la privatización. El sindicato debe convocar a un Congreso Nacional para votar un Plan de Lucha con paros progresivos hasta la ocupación general de edificios y la huelga general. Para defender la Afip, bajo control de los trabajadores, por la recuperación de los salarios y conquistas arrebatadas por el régimen fondomonetarista.