Prensa Obrera N° 685

El accidente ocurrido en el Colegio Mariano Moreno *en el cual tres alumnas de segundo grado "se hundieron en medio del patio como si las tragara la tierra" y que salvaron su vida sólo gracias al barro que, según los testimionios, ayudó a amortiguar el impacto* retrata una situación de conjunto. De acuerdo al propio director de Infraestructura Escolar porteño, "cerca del 90 por ciento de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires necesitan ser intervenidas y ser sometidas a una revisión técnica integral". Que estamos frente a una crisis terminal lo evidencia la infinidad de denuncias y reclamos de los establecimientos y que siguen cajoneados sin respuestas del Gobierno de la Ciudad. Testimonio de ello lo puede dar la propia Legislatura, cuya Comisión de Educación acumula más de 1.000 expedientes, de los cuales una importante proporción corresponden al rubro "infraestructura". Ha hecho eclosión una política de ahogo presupuestario que se viene profundizando año tras año. Un salto en este proceso lo constituyó el traspaso de los colegios primarios y luego los secundarios a las provincias. El Estado nacional transfirió el gasto pero no así, en la misma proporción, los recursos, que fueron retenidos para otros destinos, en particular el pago de la deuda externa. En el proyecto girado para el año 2001, el presupuesto de la Ciudad destinado a construcciones escolares se reduce a menos de la mitad (de 39,5 millones a sólo 18,5). El recorte implica una redistribución de partidas al servicio de otras "prioridades", entre las cuales están los grandes emprendimientos dirigidos a la especulación financiera, comercial, turística e inmobiliaria. El estado de abandono de las instalaciones escolares se suma, asimismo, al proceso de privatización inscripto en la reforma educativa. La privatización sólo puede prosperar si no enfrenta la "competencia" del propio Estado. Asimismo, el deterioro del servicio es la mejor arma para forzar a los establecimientos a buscar fuentes alternativas de financiamiento (léase venta de servicios, mecenazgo y aranceles a sus alumnos) que pavimentan su transformación en entidades privadas. El accidente del Moreno ha puesto de manifiesto la inoperancia del aparato gubernamental, pues pocas veces un hecho estuvo tan "cantado". Por si no fueran suficientes las evidencias, obraba desde el primer día del presente mandato, en poder del Gobierno de la Ciudad, un informe lapidario elevado por la Auditoría de la Ciudad. Esta situación pone sobre el tapete la necesidad de establecer una fiscalización de los recursos asignados, por parte de docentes y estudiantes, y de la ejecución de las construcciones.

"Comités de huelga, comités de trabajadores, ocupaciones y cierres de fábricas... es la revuelta obrera contra los directores de empresas de la era Milosevic" (Financial Times, 10/10). Un "vendaval de ocupaciones y tomas de fábricas", ministerios, hospitales, etc. (La Nación, 13/10). "Esto sucedió en Novi Sad, en la compañía estatal de lotería; en Nis, en la fábrica de tabaco, y en la Universidad de Belgrado, donde el cuerpo de profesores y los estudiantes expulsaron al rector y a los administradores" (Financial Times, 10/10). "Los comités de crisis están por todas partes. El diario Politika, que hasta hace poco era el vocero oficial de Milosevic, ya tiene el propio: 20 periodistas administran la tarea de otros 100 y cambiaron de la noche a la mañana la línea editorial" (La Nación, 12/10). "Tras la renuncia del ministro de Salud, los sindicatos de los médicos tomaron a su cargo el ministerio" (Financial Times, 10/10). En el hospital Dedinje, "uno de los más importantes de la ciudad (de Belgrado) ... una nueva conducción (fue) integrada por médicos y trabajadores del lugar. Ellos deciden qué se hace y cómo" (La Nación, 12/10). En algunos lugares, hubo que vencer fuertes resistencias, como en la IMT, la gran fábrica de tractores cercana a Belgrado, y en el complejo minero de Bor. En la primera, el ex director se había pasado incluso al campo del nuevo régimen. La DOS contra los comités La DOS, el frente que derrotó a Milosevic, se ha lanzado a atacar violentamente a estos nuevos ‘comités’. Zoran Djindjic, uno de los principales dirigentes de la DOS, ha dicho que las ocupaciones y los comités son "una arbitrariedad" y que no tienen "ninguna justificación" (Financial Times, 10/10). Nebojsa Covic, "ex alcalde de Belgrado de Milosevic y ahora dirigente del partido Alternativa Democrática (DA) integrado en la Dos", declaró en forma "inquietante: reina la anarquía en Serbia y la Dos tiene que controlarla cuanto antes ... no puede permitir que una mafia reemplace a otra" (El País, 12/10). Pero la ‘mafia’ trabajadora tiene motivos de sobra para desconfiar: Miroljub Labus, "cabeza de un comité de crisis instalado por Kostunica" (Financial Times, 10/10) y "uno de los nombres que se baraja como posible primer ministro de un gobierno de tecnócratas para Yugoslavia" (El País, 12/10), dijo que "no se investigará a las compañías que pudieran haberse beneficiado de su relación con el régimen de Milosevic" (Financial Times, 10/10). "Otros problemas *aseguró* son más urgentes" (ídem), y trascartón reclamó "una nueva ley de privatización" que "sería de alta prioridad" (ídem). "Los trabajadores toman el control de las oficinas de los directores" *dice el Financial Times* teniendo "la ventaja de sus tradiciones con la propiedad social, cuando bajo el socialismo, los derechos de propiedad eran participados por el Estado, los sindicatos y los representantes de los trabajadores" (10/10). ¿Gobierno de ‘unidad nacional’ contra los comités? La reacción de los trabajadores serbios tras la rebelión popular que acabó con el régimen milosevista es una respuesta instintiva ante lo que perciben como un ‘arreglo’ hecho a sus espaldas. Si bien los comités habían tenido su debut antes del movimiento semiinsurreccional que impuso la ‘renuncia’ de Milosevic, se desenvolvieron fundamentalmente después que Kostunica anunció sus "planes de formar un gobierno interino" con los partidos del viejo régimen (Financial Times, 11/10). Pero ante la movilización obrera, el SPS de Milosevic y los ‘radicales’ *fascistas* de Vojislav Seselj, "dos de los cuatro probables socios de la coalición, se retiran de las conversaciones" (ídem). Desconocieron un acuerdo para convocar a elecciones al Parlamento de la república serbia en diciembre, antes de aceptar, el lunes 16, la formación de un gobierno compartido con la DOS en esa república. Al primer ministro de la república serbia se le ha dado "la conducción de la cartera de Interior, que controla la influyente policía" (ídem) con la que pretenden "detener la toma" de empresas (Clarín, 12/10). "Poco antes Kostunica sufrió un nuevo planteo militar *el tercero en cinco días* y se vio obligado a confirmar en la cúpula de la fuerza al general Dragoljub Pavkovik" (La Nación, 12/10), "a quien pretendía reemplazar" (Clarín, 12/10). A la situación "‘sólo falta que se le acerque un fósforo y explotamos’, fue la queja de un allegado a Kostunica", cuando la moneda nacional se devaluaba de 45 a 70 dinares por dólar en "sólo tres días" (La Nación, 12/10). Tenemos, en consecuencia, un fenómeno de idas y vueltas, de ‘resistencia’ y ‘colaboración’ del viejo régimen con el nuevo: los milosevistas se ‘atrincheran’ en las instituciones de la república serbia, "que goza de poderes más fuertes que los de las instituciones federales" (Financial Times, 9/10); pero en aras de su ‘reciclaje democrático’ y un eventual gobierno de ‘unidad’ con la DOS, rompieron su alianza con la Izquierda Unida Yugoslava (Jul), de la esposa de Milosevic, ligada a "elementos del hampa" (El País, 13/10), y acabaron coaligados con la DOS. Por el otro lado, el ‘demócrata’ Kostunica, obligado a enfrentar a las masas, ahora ya "tiene problemas con sus aliados" de la Dos (El País, 13/10). Su prédica ‘antinorteamericana’ no duró lo que canta un gallo: "Si el restablecimiento de relaciones con EE.UU. dependiera del presidente de Yugoslavia, dichas relaciones serían restablecidas inmediatamente" (ídem, 12/10). El ‘nacionalismo’ sólo ha servido para que "Kostunica y el Ejército se alíen para controlar a los 120.000 agentes de la policía serbia" (ídem), porque temen que una represión ‘inadecuada’ de los comités termine desatando una revolución. Kostunica pretende desarmarlos ‘pacíficamente’ apostando a las ilusiones de las masas en la democracia. Para esto concurrió personalmente a la mina de Kolubica, la más importante del país. La restauración del capitalismo en Yugoslavia se da en condiciones internacionales mucho más críticas que las que rodearon al proceso de la URSS y enfrenta peculiaridades históricas y políticas, como las tradiciones obreras y los conflictos nacionales sin solución, que prometen oportunidades revolucionarias.

Sorpresivamente, Chacho Alvarez y De la Rúa se reunieron en Olivos. ¿La razón? Asegurar el voto favorable de los diputados aliancistas al presupuesto nacional. Chacho fue a Olivos a garantizar que sus diputados votarán el presupuesto que rebaja en 200 millones los recursos del Pami, que liquida los subsidios al consumo de gas y combustibles en la Patagonia, que reduce los fondos para las obras de infraestructura en el Interior, que reduce el presupuesto universitario y que mantiene la reducción salarial del 12% para los empleados estatales. Los diputados frepaso-aliancistas, en realidad, votarán una sucesión de ‘ajustazos’. Ocurre que el cálculo de ingresos impositivos del presupuesto tiene como base un crecimiento del PBI del 3,9% en el próximo año, una cifra claramente ‘fantasiosa’. Como no se podrá recaudar lo que prevé el presupuesto, para cumplir con la ley de ‘convertibilidad fiscal’ (que establece un déficit fiscal máximo de 4.500 millones de dólares) y para pagar los intereses de la deuda externa (12.000 millones de dólares), el gobierno estará obligado a pegar varios ‘ajustazos’ más. A cambio del voto, el Frepaso recibirá algunas secretarías y subsecretarías. Como los senadores, ‘favores por votos’. Lo políticamente más significativo, sin embargo, sucedió después de la reunión. A la salida, Alvarez declaró que ahora "nadie va a poder decir que hay cogobierno" (La Razón, 18/10). Es decir que el propio Chacho se suma a la campaña por un ‘Ejecutivo fuerte’ que vienen desarrollando el FMI, Kissinger y los acreedores externos (y que el Chacho habría ‘disminuido’ cuando ejercía la vicepresidencia). Por la boca del propio interesado, nos venimos a enterar de que el "Chacho se va para que De la Rúa siga". Al milímetro, el propio Alvarez ha confirmado la caracterización que hizo el PO de su renuncia a la vicepresidencia. El PO llama a los trabajadores y a la juventud a movilizarse para imponer sus reivindicaciones sociales impostergables y darle una salida a la crisis en favor de los explotados: una Asamblea Constituyente que reorganice social y políticamente a la Argentina.

El nuevo levantamiento nacional palestino no es una "sorpresa", dijo una conocida analista, Flora Lewis; más bien lo es que "la relativa calma haya durado más que lo previsto, dado el nivel de la decepción" (International Herald Tribune, 8/10). No se puede descalificar este levantamiento nacional por la muerte de tres soldados israelíes, tomados por ‘mustabarin’ *los odiados militares sionistas que se "infiltran entre los palestinos" y tienen un "perfecto dominio de la lengua y las costumbres árabes" (El País, 13/10). Los propios "judíos pro palestinos denuncian la política de apharteid israelí" (La Nación, 17/10) y se movilizan detrás de las consignas "‘Basta de masacres’, ‘Basta de asesinatos’, ‘Basta de ocupación’, ‘Fuera colonos de los territorios ocupados’..." (ídem). No se puede comparar la resistencia y la indignación de las piedras de los niños y los jóvenes palestinos sin ningún porvenir, con el plomo mortal de los helicópteros artillados, los tanques y los misiles israelíes. Hasta el corresponsal israelí de Clarín ha demolido con sus crónicas la versión sionista de la teoría de los ‘dos demonios’. Shlomo Slutsky denominó "virtuales pogroms" (los ataques que sufrían los judíos bajo el zarismo) "a la serie de actos de vandalismo" que costaron la vida de más de un centenar de palestinos, entre ellos diez palestino-israelíes (11/10), y miles y miles de heridos. Esta escalada *dice el mismo Slutsky* "no tiene precedentes en los 52 años de existencia del Estado de Israel", no sólo "por su magnitud y dispersión a lo largo de todo el país", sino porque incorpora e ese millón de ‘ciudadanos israelíes de segunda’, que hasta ahora ‘agachaba la cabeza’ y resistía pasivamente. Mientras los pueblos y las aldeas palestinas se hunden "en la indigencia" (Financial Times, 10/10), la minoría de 190 mil colonos que se apropió de las mejores tierras palestinas y está encerrada en ‘fortiticaciones’ en toda la Cisjordania y en la franja de Gaza, "acosan y atacan a los palestinos al grito de ‘muerte al árabe’" (El País, 11/10). "La violencia de las columnas paramilitares de los colonos y de los judíos utraortodoxos se afianza en el país. Los incidentes salpican todas las ciudades, incluídas Tel Aviv, Jerusalén, San Juan de Acre, Haifa, Tiberíades o Nazaret, pero sobre todo actúan en el interior de los territorios autónomos de Cisjordania. Patrullan y reprimen de acuerdo con las directrices impartidas por el Consejo de Colonos, que ha ordenado: ‘Defender nuestras tierras con nuestras manos’..." (ídem). Este mismo Consejo ha reclamado que "se corte el suministro de electricidad a los pueblos palestinos, que se confisque los pases para los viajes de sus dirigentes y que se imponga una batería de penalidades a su población" (Financial Times, 10/10). Las organizaciones de médicos palestinos "han documentado diversos casos de secuestros y asesinatos por los colonos" (ídem). Los colonos *denuncia un habitante de un poblado de 3.000 palestinos cercano a Hebrón, que está pegado a un ‘asentamiento’* "nos tienen secuestrados. Las calles están bloqueadas. Vivimos en estado de sitio. Pero esto no es lo peor; por la noche nos anuncian por los altavoces una sesión de disparos. Como si fuera una canción o un himno, descargan sus armas al aire. Para demostrarnos que nos tienen en un puño". Y un médico agrega: "Ayer, la orgía nocturna de disparos se acompañó de un ataque en toda la regla por parte de las milicias de colonos, muchos venidos de otros asentamientros, que se dedicaron a tirotear las ventanas y destrozar los pocos comercios que aún tenían las puertas abiertas... Fue peor que la noche de los cristales rotos" (la famosa orgía hitleriana contra los judíos, en 1938, en vísperas del Holocausto). La nueva Intifada ha puesto de relieve que los ‘acuerdos’ y las ‘negociaciones’ han profundizado la colonización y opresión sionista-imperialista. La nuevas ‘negociaciones’ a lo más que aspiran es a contener la sublevación.

Clinton envió un representante personal a apoyar a De la Rúa ante la crisis política planteada con la renovación del gabinete ministerial y la renuncia del Chacho Alvarez a la vicepresidencia. También Tony Blair mandó un emisario con idéntico objetivo. "El mercado (o sea los banqueros) votó en favor del gobierno", tituló La Nación (11/10). Los tenedores de la deuda externa coinciden en apoyar un poder presidencial "más coherente", más fuerte, "con unidad de mando". La consultora yanqui Goldman Sachs señaló que De la Rúa enviaría una señal "muy negativa" a los mercados si sacara a Santibañes para mantener a la Alianza con vida: "Que no se eche a Santibañes y que el gobierno gire hacia la derecha" (Clarín, 13/10). El objetivo de los grandes capitalistas es que se lleve a vía muerta las denuncias de corrupción. Fue uno de los reclamos de Menem en su entrevista con De la Rúa. Otro de los objetivos del golpe de la camarilla presidencial lo dejó en claro Kissinger, otra vez de paso por Argentina: "Que los distintos marcos regulatorios en la Argentina sean más predecibles; que se simplifiquen las normas del proceso privatizador y se remuevan los obstáculos. Esta es la manera de atraer inversiones" (Clarín, 12/10). Kissinger está pagado por el pulpo Impregillo, que reclama una diferencia de 1.500 millones de dólares por "actualización de costos" en Yacyretá. Gallo, el renunciado ministro de Infraestructura, había planteado que esto era "un disparate". Pero se trata de todas las empresas privatizadas. Las concesionarias de los ferrocarriles (TBA, etc.), de los peajes, Aguas Argentinas, el Correo de Macri, Repsol, etc., se han puesto en la cola de cobro. Todas reclaman no pagar los cánones que adeudan y cobrar subsidios, bajo la forma trucha de "compensaciones", "reajustes por actualización de costos", "servicios prestados" y otras yerbas. En el caso de los ferrocarriles se llega a reclamar una compensación por el "lucro cesante" debido a los corrimientos de los feriados. Las concesionarias privadas también reclaman la renovación anticipada de los contratos y la autorización para aumentar las tarifas. El gobierno ya ha anunciado un reajuste tarifario para ferrocarriles. Según Dreizzen, el subsecretario de Finanzas, se dispone a "eliminar todas las trabas que demoran las inversiones" (Clarín, 10/10). Para demostrar eficiencia, el nuevo gabinete tratará de solucionar los reclamos... en 15 días. En su renuncia a la vicepresidencia, el Chacho Alvarez y el Frepaso se cuidan muy bien de no atacar estas concesiones desvergonzadas. El golpe de la camarilla presidencial provocó una crisis en la UCR, que vio rodar las cabezas de Galván, Genoud, Melchor Posse y Gallo, y su reemplazo por extraños como Patricia Bullrich. Pero con Alfonsín a la cabeza, la UCR todavía no consiguió nada y menos que el Frepaso le acepte una Mesa Coordinadora de la Alianza. La prueba del presupuesto Los que reclaman la continuidad de la Alianza están pensando en los votos del Frepaso para sacar la ley de presupuesto que exige el FMI. El presupuesto trae nuevos recortes sociales por más de 700 millones dólares (200 millones al Pami; quita de subsidios al consumo de gas y a los combustibles en la Patagonia; a las universidades; mantenimiento de la reducción del 12% de los salarios estatales, etc.). Se trata de continuar pagando integralmente los crecientes intereses de la deuda externa (12 mil millones de dólares para el 2001). Para esto Machinea se entrevistó con Chacho, al cual le sacó el "compromiso (...) de apoyar la ley de presupuesto" (Clarín, 12/10). ¿Qué hará entonces Darío Alesandro, jefe de la bancada del Frepaso en diputados, que aseguró que "el Frepaso no tolerará nuevos ajustes" (La Nación, 16/10)? Tres diputados socialistas, del PSD, renunciaron al bloque de la Alianza, pero el comité del PSD "horas después emitió un comunicado en el que ratificó su compromiso con la Alianza y expresó su respaldo a Alvarez" (La Nación, 12/10). La Porta sigue cómodo en su puesto de secretario del gobierno aliancista de la Ciudad. Se deshilacha la Alianza, se deshilacha el Frepaso y se deshilacha el PSD... La crisis en la UCR es completa. A esta descomposición imparable, el Chacho y los politólogos la llaman "proceso transversal". El empujón de la crisis mundial Ninguna fracción política patronal logra inclinar el tablero a su favor. En la propia burguesía aún no está claro si "es mejor" o "peor" la partida del Chacho. Este empantanamiento retrata una atomización de la burguesía de cara a la crisis. En estas condiciones, el catalizador de esta situación deberá venir de afuera, bajo la forma de un nuevo estallido de la crisis financiera mundial, con derrumbe de Bolsas y caída de monedas. Ya el real brasileño tocó el nivel de 0,50 por dólar, una caída del 10% en una jornada. Lo mismo ocurre con el euro, que bajó al mínimo de 0,85 por dólar. Por otro lado, el enorme endeudamiento y las ganancias decrecientes de las grandes compañías están provocando el derrumbe de las Bolsas, lo que amenaza acentuar la devaluación de las monedas y una caída, por primera vez, del dólar. Un alud de estas características pondrá fin a la paridad del peso. En estas condiciones, el protagonismo abusivo de los políticos patronales no debe llamar a engaño; se mueven mucho porque no saben adónde ir. Con el agravamiento de la crisis, la irrupción popular cobrará intensidad y barrerá las alternativas que están hoy en el tablero.

Uno de los puntos que seguramente más se discutieron en Camp David con la presencia de Clinton, hace dos meses, fue cómo evitar un futuro estallido popular. No preocupaban a los tres dirigentes reunidos en EE.UU., la cuestión de Jerusalén, ni la cuestión de los refugiados y su derecho al retorno, sino cómo hacer pasar ante las masas palestinas las capitulaciones en serie de Arafat. Y a pesar de que Arafat volvió a renunciar a declarar la existencia del Estado palestino el 13 de septiembre pasado, la situación estalló. Pero, como se expresó en PO (Nº 683) la provocación obtuvo un resultado inverso. No sólo se levantaron los palestinos que viven bajo la Autoridad Palestina. Se sumaron también los palestinos que viven en el territorio israelí, incluyendo a las grandes ciudades donde conviven judíos y árabes, como Jaffo, Haifa y Acco, a los beduinos de Rahat y a toda la Galilea. En los territorios ocupados, las masas sobrepasaron a sus direcciones e incluso las milicias del Fatah (Tanzim) han escapado del control de la Autoridad Palestina. La Autoridad ha intentado morigerar la lucha, pero esto parece imposible por el momento. A pesar de las manifestaciones y los enfrentamientos armados que se producen día a día, la policía palestina se reúne todas las noches con el ejército israelí para "restaurar la tranquilidad". El viernes 7 la policía israelí dejó el cuidado de la seguridad en la zona de las mezquitas, en la ciudad vieja de Jerusalén, a los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina. Esto no impidió que en otra zona de la ciudad un grupo de activistas incendiara la estación de policía cercana a la llamada Puerta de los Leones. La masacre de manifestantes palestinos ya sobrepasa el número de 90, y los heridos se cuentan por cientos. La policía tiene, al parecer, la orden de reprimir todo intento de manifestación de solidaridad por parte de militantes judíos. En Haifa ha detenido brutalmente a varios de ellos que manifestaban en solidaridad con los palestinos, quebrando brazos, dientes y costillas. En Jerusalén ha detenido a varios militantes que manifestaban el pasado viernes en contra de la masacre. Antes del Día del Perdón, el gobierno de Barak dio un "ultimatum" a Arafat, oscilando entre un intento de convencerlo a una rendición, a pedido de Clinton, o una salida militar y la concreción de un gobierno de emergencia o unidad nacional con la derecha y la izquierda de Meretz. Pero las dos opciones tienen como objetivo la rendición de Arafat en los puntos que aun no había cedido a lo largo del proceso de negociaciones. La izquierda sionista ("Paz Ahora", Meretz) se ha negado a movilizar a los activistas democráticos judíos, y apoya la movida de Barak. Para ellos los palestinos son culpables tanto como el ejército por sus movilizaciones y por la masacre. La izquierda más radical (PC israelí, Bloque de Paz, Mujeres de Negro, Hay una frontera, Hijos de la Tierra, Comité por una República Democrática y Laica, etc.) ha protagonizado varias manifestaciones con cientos de personas, pero es todavía raquítica. La derecha fascista ha utilizado este vacío y ha comenzado a incitar y a realizar verdaderos pogroms en las ciudades donde conviven judíos y árabes (Jerusalén, Tel Aviv, Ramle) o donde la vecindad es muy estrecha (Nazaret). La policía israelí, que es muy eficaz en dispersar las manifestaciones de palestinos con munición viva, es "incapaz", por supuesto, de evitar dichos pogroms, y sólo actúa para reprimir a los palestinos que resisten a los mismos, como en el caso de Nazaret. El Comité de Acción por una República Democrática y Laica y el grupo Militantes por la IV Internacional (que apoya la necesidad de la refundación de la Internacional) han estado presentes en las últimas manifestaciones y exigen la realización de una movilización de masas a todos los partidos, organizaciones y militantes democráticos contra el giro fascista y militarista del gobierno. Dichos grupos apoyan sin condicionamientos la lucha palestina. El grupo Militantes por la IV Internacional, que ha surgido a raíz de la movilización contra el FMI y el Banco Mundial en Tel Aviv en apoyo a las movilizaciones de Praga, llama además a la solidaridad activa internacional de todas las organizaciones que se reclaman obreras y socialistas para apoyar el levantamiento palestino. Jerusalén, 9 de octubre

En pocos días se produjeron dos sangrientos asaltos a camiones blindados de transporte de caudales: el de Aguas Argentinas en Palermo, y y otro en La Boca. En el primer caso, por las armas de guerra los chalecos antibalas, los equipos de comunicación y de interferencia (para escuchar móviles policiales) empleados y la cantidad de horas que los ladrones pasaron en el lugar del hecho, se trató de un operativo sofisticado. "No estamos ante una banda común. El grupo contaba con 15.000 ó 20.000 pesos para invertir en armas e inteligencia", declaró una calificada fuente de la investigación (La Nación, 5/10). Según el informe policial, un ladrón abatido habría matado a un trabajador que tenía de rehén y luego se habría suicidado. Informe extraño. Porque el suicida tiene dos tiros: uno en la sien y otro en la espalda. Los trabajadores de Obras Sanitarias dudan que haya sido el ladrón el que mató al compañero. La esposa del obrero asesinado afirma (hay testimonios periodísticos que lo ratifican) que el cadáver fue corrido de lugar para colocarlo cerca del ladrón muerto. ¿Se eliminaron testigos? ¿Otro caso de fusilamiento policial? En el asalto de La Boca, el arsenal utilizado proviene directamente de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de una ametralladora antiaérea Browning, 17,7 mm, montada sobre una camioneta, capaz de perforar el blindaje de los camiones, y otras armas de guerra. De la Rúa-Ruckauf Después del asalto de Palermo, De la Rúa salió rápidamente a apoyar el accionar policial. Aprovechó la circunstancia para avalar la firma de un "acuerdo operativo" con el gobierno de Ruckauf, con quién afirmó tiene una gran coincidencia en cuanto a la "gravedad" del problema de la seguridad (Página/12, 4/10). Ruckauf, por su parte, acaba de sacar un decreto ofreciendo "premios" en dinero a policías que le metan bala a la delincuencia: una incentivación directa al ‘gatillo fácil’. Pero, como surge de lo arriba descripto, esto no ha sido obra de ladronzuelos, sino que es producto de la descontrolada descomposición de los aparatos represivos. La interna Federal El jefe de la Policía Federal, comisario Santos, reconoció una interna policial "en la institución que dirige y responsabilizó a un "minúsculo grupo de funcionarios" a los que dijo tener identificados" (La Nación, 5/10). Galvarino, responsable de las 53 comisarías de la Capital, fue obligado a ‘renunciar’ cuando salió a luz que había diseñado personalmente la desaparición de las pruebas sobre la complicidad policial en el escape de los asesinos paraguayos del Departamento Central de Policía. Se trata del mismo Galvarino que fue acusado de la represión en Congreso contra los camioneros concentrados contra la reforma laboral. "La interna contra el titular de la Federal, Rubén Santos, parece estar al rojo vivo", decía Página/12 (26/9), días antes de la masacre de Aguas Argentinas. Fuentes de la Secretaría de Seguridad Interior aseguraron que cuentan con un informe de inteligencia que indica que ex miembros de la policía bonaerense "habrían entregado información, armas y equipos a las bandas de asaltantes que cometieron varios de los robos más importantes en los últimos 20 meses". "Además, tenemos indicios de que habrían colaborado en el frustrado asalto en Aguas Argentinas" (La Nación, 6/10). Se trataría de moverle el piso al actual jefe de la Federal, asociado al ministro del Interior, Storani, promoviendo figuras ligadas al arco de Santaibañes (Side) y Mathov (Secretaría de Seguridad). La Bonaerense El ministro de Seguridad bonaerense, Verón, salió directamente a ligar el asalto de La Boca (que tras una persecución terminó con detenciones en Moreno) con el de Palermo. Esto fue rechazado por el comisario mayor Martínez, de la Federal. Verón viene realizando una campaña de características ‘fachas’ en favor de que los uniformados tengan ‘mano dura’. Página/12 (24/9) señala que este ministro ruckaufista realizó un acto en San Nicolás en apoyo al comisario Ferrari (acusado de haber premiado al policía que ocultó pruebas de la masacre de Ramallo) con participación de intendentes de la zona y la ciudadanía movilizada por los "foros de la seguridad". La Nación (12/10) informa de diversas versiones sobre apoyo logístico en estos asaltos de ex policías bonaerenses. Pero ahora se ha inmiscuido en forma directa al Ejército. Según La Nación (11/10) los clavos miguelito usados para frenar a los blindados "son de uso militar". Al igual que el fusil FAL secuestrado que "fue robado al Ejército" y la ametralladora antiaérea. La mano desocupada de las agencias privadas Varios de los oficiales expulsados de la bonaerense durante las purgas encaradas por Duhalde se ubicaron en empresas de seguridad privada. "El 40% de los exonerados todavía no consiguió trabajo", dice La Nación. Esto significa que es ‘independiente’ y que el 60% que sí lo consiguió está ubicado en las agencias privadas. Estas agencias responden a diversos grupos empresarios y políticos. Son alimentadas por las ‘depuraciones’ y ‘ajustes de cuenta’ que realizan las diversas camarillas que se hacen cargo del Estado. El ex concejal radical Ruiz Laprida, por ejemplo, ha formado su agencia, asociado con Smith Brandon, dirigida por ex directivos del FBI. "Tiene llegada directa con los jefes de la Policía, la Prefectura, Gendarmería" y una excelente relación con Coti Nosiglia y el secretario de Seguridad, el radical Mathov, lo que "le permite acceder al amplio mundo de los brokers en política" (Tiempos del Mundo, 5/10). Este semanario plantea que según la Comisión de Seguridad de Diputados "oficialmente existen más de 2.000 ex agentes de seguridad fuera de control" que estarían trabajando "para agencias de seguridad privadas de todo tipo y color". Y "lo peor es que hay guerras de inteligencia entre líneas internas de diferentes organismos de seguridad dentro del propio Estado" (idem). El aparato represivo está dividido. No podía ser de otra forma. La aguda y creciente crisis política se refracta en todas las instituciones. La política privatizadora también ha llegado a la policía y demás fuerzas represivas. Cada fracción tiende a tener sus ‘operadores’ policiales. Cada fracción alienta las peores tendencias represivas, transformando a la policía en el peor factor de inseguridad pública. Por ello se plantea, al igual que para los otros poderes del Estado, la disolución de las fuerzas represivas, la cárcel para los asesinos y ladrones contra el pueblo y la necesidad de luchar por la convocatoria de una Asamblea Constituyente que reorganice el país social y políticamente a favor de la clase obrera y los explotados.

Al cierre de esta edición, los estudiantes secundarios agrupados en la Coordinadora Integremial de Estudiantes de Secundaria y UTU (colegios técnicos) mantenían ocupados un importante número de colegios en Montevideo. El movimiento de ocupaciones y movilizaciones secundarias, que comenzó la semana pasada, reclama el aumento del presupuesto educativo (equivalente al 6% del PBI), la derogación de las normas represivas que rigen la formación y el funcionamiento de los centros de estudiantes, y contra la reforma educativa que implica el cierre de numerosos cursos, especialmente en los colegios técnicos. Las ocupaciones fueron extendiéndose a pesar de las provocaciones oficiales (envío de la policía a los colegios; exigencia de que se identificara a los estudiantes que tomaban parte de las medidas; filmación de las asambleas por los servicios de seguridad). Para impedir las ocupaciones, las autoridades en numerosos colegios suspendieron las clases y los cerraron. El movimiento se encuentra en ascenso y se espera que se extienda a los liceos del interior e incluso a algunas universidades. El movimiento cuenta con el respaldo de los docentes, que dictaron ‘contracursos’ en las escuelas ocupadas; el sindicato docente amenazó con ir a la huelga si el gobierno sanciona, como amenaza, a los profesores que dictaron estos ‘contracursos’. También los no docentes universitarios han dado su apoyo a los secundarios en lucha. El movimiento sindical, dominado por el Frente Amplio, no se ha pronunciado en apoyo a la lucha del movimiento estudiantil. Esto a pesar del carácter antigubernamental de las reivindicaciones y de la composición fundamentalmente obrera y popular de los ocupantes: a la cabeza del movimiento están los estudiantes de los colegios técnicos, de los nocturnos y de la barriada obrera y popular del Cerro. Dentro del movimiento sindical, las únicas excepciones a este bloqueo son Adeom *el sindicato municipal de Montevideo* y el sindicato del Taxi, que se han hecho presentes en las escuelas ocupadas y se han solidarizado con los reclamos de los secundarios.

En la última movilización convocada por Moyano a la Plaza de Mayo la autoproclamada "Corriente Clasista y Combativa" protagonizó una provocación que debe ser repudiada por la clase obrera. La CCC ha tomado como lugar común en las últimas movilizaciones entrar a último momento y llevarse por delante las columnas de cualquier organización presente en la Plaza de Mayo para ganar un lugar cerca del palco. El método para cometer estas fechorías consiste en mandar adelante un núcleo grueso de mujeres con hijos, reclutadas en los movimientos de los planes ‘Trabajar’, que constituyen el 90% de sus manifestantes, acordonadas por una ‘guardia’ de seguridad con palos de hachas de campo, que ‘custodian’ que la CCC pueda entrar a las concentraciones en el viejo estilo de las patotas sindicales. Completan esta ‘guardia’ dirigentes medios del PCR; en el medio de la columna siempre hace irrupción el ‘Perro’ Santillán rodeado de 10 guardaespaldas fuertemente pertrechados. En esta última movilización volvieron a intentar entrar sobre la hora del comienzo, pasando por el medio de la columna del PO, que estaba en la Plaza desde hacía más de 40 minutos. No se les permitió pasar, lo que motivó un cierto forcejeo que no pasó a mayores. Entonces, al terminar la movilización, cuando no había ningún motivo para apresurarse, ni ningún lugar por disputar, la CCC quiso nuevamente salir por el medio de la columna del PO, en una actitud premeditada de abierta provocación. Cuando el PO no permitió esta maniobra de la CCC, dirigentes medios del PTP, en una actitud repudiable, comenzaron a arrojar gases a los ojos de los compañeros del PO. Mientras tanto, una patota encabezada por el propio ‘Perro’ Santillán, quien portaba un gigantesco garrote, incitaba a la gente de los barrios a pegarle a la columna del PO. La conducta del ‘Perro’ Santillán es una canallada que no tiene precedentes en las movilizaciones de la izquierda. Sólo un proceso muy agudo de descomposición política puede hacer que un dirigente encabece una gresca general armado de un descomunal garrote sin motivo concreto alguno. Su repudiable conducta no tiene nada de clasista ni nada de combativa; solo quien está en un avanzado retroceso político puede encabezar una gresca contra un partido revolucionario como el PO. Personalmente me consta que algunos dirigentes del PCR hicieron esfuerzos para que la pelea no se generalizara, pero estos esfuerzos se tornaban estériles por la repudiable actitud del ‘Perro’ Santillán, que encabezaba la patota de los que llevaban los garrotes con una furia digna de mejores propósitos. Un compañero de la columna del PO sufrió una herida en la cabeza propinada por un garrote de la banda que encabezaba el ‘Perro’ Santillán; tiene una entrada en la guardia del hospital de Clínicas registrada a las 18:05 horas, y tuvieron que darle varios puntos de sutura. Hacemos responsable, penal y políticamente, al ‘Perro’ Santillán de esta acción de características lúmpenes y delictivas, y del estado de salud de nuestro compañero.

Dos estudios recientes *uno acerca de la situación de la juventud y el otro sobre los niveles educativos en los distintos barrios de Montevideo* muestran que durante los últimos diez años de gobierno frenteamplista se ha producido en la capital uruguaya un agudo proceso de polarización social, pauperización, expulsión de trabajadores, valorización inmobiliaria del centro de la ciudad, deterioro de la infraestructura de servicios en los barrios periféricos y fragmentación de la educación pública. La conclusión que extrae el semanario frenteamplista que comenta estos estudios es demoledora, incluso si pretende absolver al gobierno municipal de cualquier responsabilidad: "Montevideo se parte en dos. Una fábrica de desigualdad. La capital (...) expulsa pobres y pobreza hacia su periferia (...) donde los barrios se parecen cada vez más entre sí, y cada vez menos a la parte rica" (Brecha, 22/9). El primer estudio, realizado por técnicos de la propia Intendencia, divide a Montevideo de acuerdo a los indicadores de educación, condición de actividad, salud, cantidad de jóvenes que no trabajan, no estudian y no buscan trabajo y cantidad de madres solteras jóvenes. Llega a la conclusión de que existen "dos Montevideos": una ciudad "consolidada", que "concentra servicios, oportunidades de consumo y oportunidades de acceso a bienes sociales", y una "periferia abandonada" con "asentamientos en crecimiento explosivo, importantes carencias de infraestructuras y servicios". Allí "la pobreza crítica se reproduce en un círculo vicioso". La política del gobierno municipal frenteamplista ha sido un factor activo de esta masacre social, algo que el propio informe debe reconocer cuando señala "la creciente distancia económica, social y cultural entre las dos grandes áreas". Es que bajo el gobierno del FA se ha producido una sistemática expulsión de trabajadores del centro de Montevideo como consecuencia del encarecimiento de los alquileres provocado por la especulación inmobiliaria: mientras la población de la ciudad (total) creció en un 2,5% en los últimos diez años, la de los barrios periféricos creció en un 19% (con picos superiores al 50% en algunos barrios). Miles de trabajadores han sido expulsados hacia los asentamientos, sin servicios ni infraestructura. El otro estudio, que analiza los porcentajes de repetición escolar entre 1990 y 1999 en las escuelas públicas de Montevideo, confirma la "fragmentación social" de la ciudad: mientras que en el centro menos del 10% de los niños repite de grado, en la periferia la cifra supera el 30%. La diferencia es todavía más marcada en cuanto a la deserción escolar. En la periferia, los chicos entran en el "circuito productivo" a los 14 años, en empleos sin calificación. El porcentaje de madres jóvenes y solteras en estas zonas (17,4%) es diez veces superior al registrado en el centro (1,9%); lo mismo sucede con la mortalidad infantil (4 por mil en el centro; 40 por mil en la periferia). La Intendencia frenteamplista fue incapaz de armar una red social *mediante becas de estudio, subsidio a los desocupados, provisión de anticonceptivos, equipamiento de bibliotecas* que mantuviera a los chicos de la periferia en las escuelas y redujera el número de embarazos juveniles. Y no lo ha hecho porque haya sido "austera" en el manejo del gasto público: el déficit de 100 millones de dólares que tiene hoy la Intendencia demuestra que el dinero se gastó, pero no en beneficio de los trabajadores y la juventud y la niñez explotadas. De antemano, los burócratas municipales del Frente Amplio han pretendido que ellos no tienen ninguna responsabilidad en esta masacre social: la educación, la salud, el empleo, la vivienda *dicen* no son de "responsabilidad municipal". Más que una demostración de ‘inocencia’, el planteo es una lápida política para el Frente Amplio: para la ‘izquierda que se une’ de Uruguay, la "división de poderes" del Estado y la "convivencia" con el gobierno fondomonetarista nacional están por encima de las reivindicaciones apremiantes de las masas trabajadoras. Después de todo, ¿para qué querrían los explotados uruguayos un gobierno de la izquierda en Montevideo si no es para imponer, por los medios que sean necesarios, la satisfacción de sus reivindicaciones?

La crisis política nacional hizo su ingreso en la Legislatura porteña el jueves 12, cuando las bancadas de la Alianza y de Encuentro de la Ciudad decidieron dejar sin quórum la sesión ante la imposibilidad de hacer aprobar un proyecto de ley de la Comisión de Planeamiento Urbano que impulsaba una excepción en materia de zonificación urbana en beneficio de la clínica privada Fleni. Estos dos bloques no vacilaron en sacrificar el tratamiento previsto de 25 despachos de comisión (y hasta 600 empanadas encargadas en previsión de una sesión prolongada, de las que no se conoce el destino final) cuando advirtieron que la división dentro de sus propias bancadas estaba inviabilizando un proyecto de negocio inmobiliario, en un debate promovido como consecuencia de la impugnación formal realizada por el Partido Obrero. La excepcionalidad que adquirió el proyecto de beneficios para Fleni se entiende perfectamente en el marco de otros pedidos de igual tenor para los que el Gobierno de la Ciudad reclama el voto de la Legislatura, como el del Museo Costantini, y por supuesto en el de toda la política de impulso a los intereses inmobiliarios y bancarios, como surge del proyecto Retiro-Puerto, de la Corporación del Sur, de la autopista ribereña o la comercialización de la Reserva Ecológica. De otro modo no se entiende que el fracaso de un pedido de excepción inmobiliaria haya podido producir semejante crisis política. Un factor que contribuyó poderosamente a desbaratar el apoyo al proyecto Fleni, fue la evidencia de que el Gobierno de la Ciudad estaba promoviendo un intercambio de favores con esa entidad privada como contrapartida de la autorización para que pueda violar las normas del Código de Planeamiento. En efecto, una cláusula transitoria del proyecto de ley le encomienda la suscripción de un convenio para obtener prestaciones diagnósticas gratuitas para niños, las cuales son completamente irrelevantes según surge de una lectura del borrador de ese convenio. Este método de intercambio de favores es precisamente el que ha detonado la crisis del Senado, la que a su turno se ha transformado en la chispa de una vasta crisis política nacional. Con el intercambio de favores se pretende introducir por la ventana un mecenazgo ‘sui generis’ y ‘avant la loi’. De más está decir que los 150.000 trabajadores que enfrentan desalojos en la ciudad y los 100.000 que viven en condiciones de emergencia, en villas y conventillos, no tienen en la Legislatura el mismo oído receptivo que encuentran las fundaciones capitalistas de todo orden. Aunque Fleni está inscripta como una fundación sin fines de lucro, todos sus servicios se encuentran arancelados en valores altísimos. La circunstancia de que no distribuya dividendos no elimina su condición de entidad lucrativa, pues además de cobrar por sus servicios recibe financiamiento de empresas que descuentan esos aportes de los balances impositivos y tiene relaciones comerciales con empresas, sea como abastecedoras de equipos o en condición de clientes. De tal manera que una excepción al Código Urbano no es otra cosa que una medida que acrecienta el lucro de sus actividades de salud. De haberse aprobado el proyecto de ley, la Legislatura habría quedado como cómplice de la violación de sus propias normas urbanísticas con la exclusiva finalidad de acrecentar la tasa de beneficio de un negocio capitalista. Fleni puede ampliar sus actividades sin proceder a ninguna violación de las normas generales de la Ciudad, construyendo a sus propias costas las instalaciones que necesita en cualquier terreno habilitado de ésta. El desenlace que ha tenido la discusión del proyecto de ley de excepción para Fleni demuestra, sin lugar a dudas, que la parálisis de la Legislatura o su actividad distraccionista, en relación a las inquietudes, necesidades y reivindicaciones populares, obedece enteramente a que comparte con todas las instituciones del Estado la condición de promotora de los intereses privatizadores y especulativos, o para decirlo con palabras utilizadas por De la Rúa, Ibarra y Cavallo, a que es el vehículo de la estrategia de convertir a Buenos Aires en un "centro financiero internacional". 13 de octubre de 2000

A mis amigos y compañeros, y a todos a aquellos que defienden las libertades democráticas: En la madrugada de este 6 de octubre, la policía del gobierno de Roriz asesinó al compañero Gildo da Silva Rocha, director del Siindser y militante del Pstu, que participaba de un piquete de huelga de su gremio, junto a los empleados de la limpieza urbana de Brasilia. La Policía Civil del gobierno de Roriz llegó de civil, tirando al piquete. Dos compañeros se tiraron al suelo y el compañero Gildo corrió, entró en su auto y fue asesinado cobardemente por los policías. Gildo es el segundo sindicalista asesinado en menos de un año por la policía de Roriz. Todos recuerdan el asesinato de otro piquetero, en la huelga de Novacap. Hasta hoy, el asesino está impune. Ese gobierno y su policía asesina, después de matar al compañero, largó una nota infame, buscando denigrar la imagen del compañero, alegando que llevaba drogas, plantando un revólver dentro de su auto y alegando que habría reaccionado a tiros. Todo el movimiento sindical y democrático del Distrito Federal está indignado. Agradezco anticipadamente a todos los que puedan denunciar lo más ampliamente posible este ataque a las libertades democráticas y al derecho de huelga. A ellos, un abrazo.

El miércoles 5 de octubre, en una audiencia pública convocada por la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña, un grupo de vecinos de Barrio Parque demostró el carácter trucho del ‘altruismo’ cultural que supuestamente fogonea el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). Costantini reclama una ‘excepción’ a las normas del Código de Planeamiento Urbano, que cuenta con el auspicio del gobierno de Ibarra, y en especial su secretario de Planeamiento Urbano. Numerosos vecinos de Barrio Parque mostraron el carácter privado y lucrativo del proyecto, y denunciaron la violación de los deberes del funcionario público de quienes autorizaron la localización del museo. Las importantes colecciones del financista que se exhibirían en el museo, no son cedidas al patrimonio público, sino que "sin duda se (busca) valorizarlas ... (por) la promoción que de ellas (se) hará". Así lo denuncia un grupo de vecinos en una demanda que ha iniciado ante la Justicia. Costantini se mostró en la audiencia como un ‘ingenuo’ que habría pecado por falta de información. Pero, como se denunció en la audiencia, nada impide que el museo pueda ser utilizado mañana como galería de arte para el merchandising. Lo que es atentatorio a la llegada al pueblo del arte. Los diputados presentes (del cavallismo, del belicismo, Irma Roy, Pacho O’Donnell del PJ, y por supuesto todos los miembros de la Alianza) se pronunciaron a favor del proyecto, lo que vislumbra la pronta aprobación de la ‘excepción’. Días antes, la misma comisión había votado un despacho a favor de otra ‘excepción’, en este caso de una clínica privada (Fleni). (Ver nota en esta misma página) En aquella oportunidad, la diputada ‘socialista’ Clori Yelicic declaró que era la última vez que votaba una medida de este carácter, que beneficiaba a un grupo de medicina privada, nacido *dijo ella misma* de otras ‘excepciones’ bajo el gobierno de Grosso. Pero la diputada ‘socialista’ esta vez... ni abrió la boca. ¿Por qué no instalan el Malba en la zona sur, Sr. Costantini o Sres. funcionarios, preguntó un vecino, si es que tanto se busca promover el acercamiento de la cultura al pueblo?

Ha concluido una batalla, ¿qué balance hacen ustedes? Iniciar la lucha nos ha costado mucho trabajo, poder tener los cuadros sindicales. La Csutcb tiene más de 20 años, y en ese lapso fue una organización que no salía de la lucha tradicional: de las marchas vacías, pacíficas. Además era una organización que no trabajaba con su propio cerebro, había asesores blancos-mestizos, pseudo izquierdistas, pseudomarxistas, toda esa izquierda que ha fracasado en Bolivia, que ha traicionado a los movimientos guerrilleros, así llegamos a la conclusión de que había que cambiar. La Csutcb se ha salido del marco tradicional, entra a una lucha diferente, con una nueva forma de combate al neoliberalismo, porque nosotros sabemos bien que en este país no se va a encontrar por la vía pacífica ninguna conquista. De esta manera hemos estado organizando en el mes de abril el primer ensayo, a la vez hemos apreciado al gobierno, y ver si estaba bien o mal organizado. De ahí que hemos dado un plazo de 90 días *a la anterior lucha le habíamos dado 130 días*, y luego recién entramos a una movilización. Cuando la declaramos, la gente no pensaba que iba a ser como fue, y el gobierno nos ha respondido con balas, hemos sido ametrallados en Guaki, en Haurina, en Vinto, en Parotani e inclusive en Chapare. Hemos dado sangre, también vidas. Esas vidas están abonando a la Pachamama a fin de que mañana puedan brotar nuevos revolucionarios, nuevos actores para las futuras luchas. No faltaron al interior de la Csutcb los problema internos, de eso estamos concientes, porque al interior de la Csutcb no todos piensan igual, tienen diferentes ideologías, diferentes tendencias, se pelean, se sacan los ojos, se sacan pedazos de carne; ese es el problema que existe. Hasta eso hemos tenido que superar y jalar a toda esa gente y se ha dado la movilización. Pese a intentos de división, hemos salido fortalecidos como Csutcb, ahora nos sentimos más capaces. Nos hemos probado dónde habíamos estado organizados y hasta dónde nos habíamos alimentado ideológicamente. Hemos visto que debemos trabajar más para que la próxima podamos tomar el poder político. Ustedes le han dado 90 días de plazo al gobierno para que cumpla con el acuerdo. ¿Qué piensan hacer en caso de incumplimiento? La firma del Convenio ha sido el primer paso, hacerlo cumplir es el segundo. Les estamos dando 90 días para que cumplan y los vamos a someter, ya les conocemos los cojones a los ministros, ya sabemos cómo son esos señores. Vamos a acomodar un lugarcito, porque somos trabajadores del campo y aquí hay diferentes pisos ecológicos: están los del Altiplano, Valle, los Yungas, el Trópico, entonces vamos a buscar un intermedio, porque los Yungas, los del Oriente y el Altiplano tienen que tener un pequeño espacio de tiempo para poder hacer las acciones revolucionarias de las comunidades sobre las ciudades. Vamos a consensuar, porque la próxima vez no será como fue en esta oportunidad, el bloqueo por sólo por tres semanas, sino que será de meses. La gente está contenta, está con la moral alta de continuar la lucha, a eso lo valoramos nosotros. El próximo cerco no será un anillo muy separado de las ciudades, será un cinturón humano que se estrechará mucho más cerca de las ciudades. Para eso hay que trabajar, y eso nos corresponde a los dirigentes. Si el dirigente que está a la cabeza jala a todos, entonces ellos lo tienen que seguir, tal como manda el estatuto de la Csutcb. En esta lucha ustedes formaron un bloque intersindical; sin embargo, muchos sindicatos no estuvieron presentes en esta lucha. Ante la ausencia de la Central Obrera Boliviana nos hemos visto obligados a formar un bloque intersindical. Tenemos pactos sociales con diferentes organizaciones. Sin embargo, no se ha aglutinado a todas las organizaciones obreras, ya que ellos tienen su complejo de superioridad porque creen que el caudillo de la revolución es el proletariado. A los indios nos desprecian y dicen "Cómo este indio que apenas habla el castellano nos va a manejar"; por eso es que no han querido integrar el Bloque Intersindical, no creían que podríamos triunfar. Al bloque se sumaron los maestros rurales, los gremiales, los colonizadores, hasta los transportistas del Altiplano. Cuando ya estábamos por lograr una especie de paraguas en el que se estaban cobijando varios sectores, todos han querido sumarse: los pequeños prestatarios, los maestros urbanos, pero llegaron tarde. En el futuro todos van a venir, porque no sólo existe la lucha de clases, también existe la lucha de razas, hay mucha gente que está discriminada: los obreros de las fabricas, de las minas, los que trabajan en otros lugares. Yo creo que esa gente en el futuro se va a aglutinar alrededor de la Csutcb. En este conflicto todos nos han probado; decían: "A ver si tienen pantalones esos indios, a ver si se hacen respetar". Hemos hecho tambalear al neoliberalismo, al sistema capitalista, al imperialismo y eso es una garantía para el futuro. Felipe, en Bolivia el 93% de la tierra esta en manos de un 7% de propietarios, y un 93% de campesinos sólo tienen el 7% de la tierra. ¿Qué planteo tienen ustedes ante esta situación? Lo que publica la prensa es verdad, esa gente tiene extensísima tierra, está en manos de los nuevos terratenientes que han surgido, y no hay cómo rescatarla, ya que las marchas no son contundentes porque no logramos afectar el sistema. De ahí que habrá que buscar otras forma de lucha. Para rescatar esas tierras estamos obligados a formar un movimiento de los sin tierra y tomarlas. No hay otra salida; nosotros no podemos estar rogándoles que nos den la tierra, ellos tienen tierras buenas, escogidas especialmente para ellos. La mayor parte de los terratenientes son extranjeros: los menonitas, los chinos, los árabes, y otros que han colonizado aquí en Bolivia. La Csutcb está pensando en formar un movimiento para tomar tierras por la fuerza, ya que no hay otra salida. Es difícil cambiar la constitución política del Estado, incluso la ley Inra, por eso es que la han ratificado. Nosotros debemos elaborar en 60 días otra ley para que sustituya a la ley Inra, porque una ley mata a otra ley. En un documento plantearon que si el gobierno no daba una solución se tenía que ir, e incluso plantearon convocar una Asamblea Constituyente. Explicanos en qué consiste el planteo. Hemos hablado de una Asamblea Constituyente, eso ha salido de la mente de la Csutcb. Era una de las armas que pensábamos usar para desarmar a este sistema, pero por falta de apoyo la dejamos de lado por el momento, porque tiene que madurar, pero en el futuro podemos usarla. Tenemos que consultarla con los ejecutivos departamentales, porque para hacer una acción revolucionaria en la Csutcb siempre consultamos. Hasta aquí estamos bien, ahora corresponde evaluar para ver si retomamos esa idea. ¿Qué mensaje le dirigirías a los obreros, campesinos e indígenas de Argentina? A los hermanos indígenas de Argentina y de otros países quisiera decirles que los indígenas aymarás y quechuas estamos de pie y dispuestos a luchar; en los países donde somos mayoría, los indígenas estamos obligados a tomar el poder político. En los países donde no son mayoría, están obligados a unirse con los obreros, con las fuerzas de izquierda revolucionarias, para así tomar el poder, porque sólo así podemos liberarnos de estos gobernantes que nos ha manejado casi por 500 años. Ningún indígena va a estar dominado 500 años más. A los hermanos obreros les digo que tenemos que unirnos; el marxismo no ha muerto, como tampoco el indianismo ha muerto, y otras posturas están creciendo en algunos lugares. Hay que saber cómo manejar, cómo organizar, y así unirnos más para tomar el poder político. Eso será otro Pachakuti, en términos nuestros, es decir, a lo Tawantinsuyo. Seguramente van a haber reuniones internacionales donde tendremos que hacer análisis y coordinar para las futuras acciones que nos esperan a los explotados, a los pobres, a los discriminados que vivimos en la llamada Sudamérica.

Desde 1998, la organización de "jornadas sin auto" viene ganando terreno en diversas ciudades del mundo, particularmente en aquellas dirigidas por los autocalificados "progresistas". Durante un día, se pretende disimular la política que, en los restantes 364 días del año, impulsa la contaminación ambiental. En Buenos Aires, el "día sin auto" no alcanzó siquiera para ese fuego de artificio: el 22 de septiembre, la reducción de la circulación de automóviles particulares apenas superó el 10%. Fue un viernes tan caótico como cualquier otro. Razones del Fracaso El propio gobierno de la ciudad se ocupó de que el "Día sin auto" pasara sin pena ni gloria. Un afiche pegado pocos días antes y una tardía "declaración de interés" de la Legislatura fue todo; no se adoptaron tampoco medidas de prohibición. Un columnista de La Nación aporta razones de peso para tanto desinterés: la medida, dice, "se instrumenta en una ciudad como la nuestra, donde el transporte automotor está al borde del colapso, la red de subtes no alcanza a cubrir la demanda y los trenes *subsidios estatales mediante* siguen siendo inseguros..." (22/9). ¿Qué hubiera ocurrido, entonces, si a la demanda "normal" por colectivos, trenes o subtes se le sumaba la de los automovilistas particulares? Sencillamente, los nudos de acceso a la Capital desde el Gran Buenos Aires hubieran colapsado. El "Día sin auto" habría desnudado el fracaso de las privatizaciones en el transporte. Los trenes no han superado la mejora cosmética de horarios y vigilancia. En cuanto a los subtes, "están al borde de la saturación y se demora inexplicablemente el plan de ampliación de la red" (ídem). Mientras tanto, el proceso de quiebras y de concentración del transporte público automotor ha reducido los servicios y frecuencias e incrementado el despidos de choferes. Parasitismo La contracara de este proceso de destrucción del transporte público es la ‘explosión’, en los años 90, del parque de automóviles particulares. Al mismo tiempo, las ventas de combustibles líquidos vienen cayendo sistemáticamente, es que los dueños de los nuevos autos apenas si pueden utilizarlos. El promedio de ocupantes de los vehículos que trasponen la capital diariamente es, a su vez, muy bajo, de 1,1 persona por auto (Clarín, 20/9). El nuevo parque de autos presenta, entonces, una ociosidad fenomenal. Desinversión en el transporte público, sobreinversión y despilfarro en el transporte particular son las dos caras de la anarquía capitalista, que se traducen luego en hacinamiento, viajes prolongados, congestiones vehiculares y contaminación del ambiente. Pero los planes futuros del gobierno, como la autopista ribereña y los proyectos inmobiliarios anexos (Retiro-Puerto), exacerbarán aún más la circulación de vehículos particulares hacia la Ciudad. Por eso se prevé la construcción de playas de estacionamiento en el casco céntrico, y poder receptar jugosas tarifas de los automóviles particulares. Para ‘aceitar’ el negocio de las playas se retirarán de los parquímetros callejeros. El compromiso del gobierno de Ibarra con los operativos inmobiliarios y la depredación de la Ciudad a manos capitalistas es demasiado grande como para permitirse, siquiera, un "día sin auto".

"Perspectiva de los levantamientos sociales de abril y septiembre en Bolivia, a la luz de la insurgencia popular en América Latina" 1. Hacia un balance de las jornadas de abril y septiembre En los levantamientos bolivianos de abril y septiembre se demostró que los de abajo ya no quieren y los de arriba ya no pueden seguir viviendo a la antigua. La "democracia" de los empresarios, su parlamento, sus organismos represivos, sus leyes, sus medios de comunicación y otras instituciones fueron duramente cuestionados. Para todos quedó claro que el capitalismo (tanto en su versión estatista como neoliberal) ha fracasado. Además, se demostró, una vez más, que la clase que debía apuntalar el modelo, el empresariado nacional, ya no puede asumir su rol histórico de crear un próspero Estado capitalista. Entretanto, después de 15 años de permanentes retrocesos e incluso derrotas, los trabajadores del país, en los levantamientos de abril y septiembre de este año, mostraron su gran vitalidad histórica. Cochabamba y La Paz se constituyeron en los escenarios donde la lucha de clases cobró virulencia e importancia internacional. Los campesinos, maestros urbanos y rurales, gremiales, fabriles, estudiantes universitarios, choferes del Altiplano, policías de base y otros sectores insurgentes demostraron que sólo la unidad puede llevar a los obreros, campesinos y clases medias a la victoria. Pero, la convulsión social tuvo grandes ausentes. La otrora poderosa dirección de la Central Obrera Boliviana quedó al margen de todo el conflicto. Los obreros no lograron incorporarse a la lucha, con sus propias demandas económicas e históricas. Y casi la totalidad de los partidos de izquierda fueron arrollados por el tren de los acontecimientos. Por eso ahora queda pendiente hacer un riguroso y paciente balance de lo que ocurrió en estas dos importantes sublevaciones populares, a la luz de los acontecimientos socio-económicos latinoamericanos y mundiales. ¿Las jornadas de abril y septiembre son parte de un movimiento internacional anti-sistémico?, ¿entró en decadencia el sistema capitalista?, ¿nacieron nuevos actores sociales revolucionarios?, ¿qué pasó con los obreros y la COB?, son sólo algunas preguntas que los actores de estos últimos acontecimientos sociales bolivianos deben responder, para avanzar hacia la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores. 2. Cronograma de trabajo En este contexto, con el auspicio de la Central Obrera Departamental de La Paz, la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia y varias organizaciones populares, se realizará el seminario internacional "Perspectivas de los levantamientos sociales de abril y septiembre en Bolivia, a la luz de la insurgencia popular en América Latina". El seminario se llevará a cabo en las sedes del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, de la Federación de Fabriles y de la Universidad Mayor de San Andrés, a la ciudad de La Paz, del 26 al 28 de octubre. En el evento participarán como disertantes José Rainha (dirigente de los Sin Tierra de Brasil), Edgardo Quiroga (Secretario General de la Confederación General del Trabajo de San Lorenzo, Argentina), Osvaldo Coggiola (docente e investigador de la Universidad de San Pablo-Brasil), Nestor Pitrola (dirigente gráfico de Argentina), Felipe Quispe (Csutcb), Gonzalo Trigoso (abogado laboralista), Edgar ‘Huracán‘ Ramírez (ex Secretario Ejecutivo de la COB), Alvaro García Linera (docente e investigador de la Umsa), Alberto Zapata (dirigente campesino) y otros representantes de base y secretarios ejecutivos de organizaciones internacionales, nacionales y departamentales. Han sido invitados, aunque todavía no han podido confirmar su asistencia, dirigentes obreros de Uruguay y dirigentes campesinos de Ecuador. 3. Inscripciones Las inscripciones se realizarán en la Central Obrera Departamental de La Paz, del 19 al 24 de octubre de 2000. 4. Desarrollo del curso Fecha: Jueves 26 de octubre de 2000 Sede: Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz Mañana 9:00 a 9:30 Control de asistencia. 9:30 a 10:00 Inauguración. 10:30 a 11:10 "Bolivia como parte de los acontecimientos económicos internacionales" (Osvaldo Coggiola). 11:10 a 11:50 "¿Fracasó el modelo neoliberal?" (J. Zapata). 11:50 a 12:30 Debate general y conclusiones. Tarde 15:00 a 15:40 "Los levantamientos campesinos en las jornadas de abril y septiembre" (Felipe Quispe "Mallku"). 15:45 a 16:25 "Experiencia de los guerreros del agua" (Alberto Zapata y Alvaro García Linera) 16:30 a 17:30 Debate general y conclusiones. Fecha: Viernes 27 de octubre del 2000 Sede: Federación de Fabriles de La Paz Mañana 9:00 a 9:40 "El movimiento de los trabajadores en Uruguay" (Dirigente de Adeom-Uruguay, a confirmar) 10:00 a 10:40 "Cuba ¿una luz al final del túnel?" (Santiago Feliú) 10:40 a 12:00 Debate y conclusiones (Antonio Vargas de Conaie-Ecuador, a confirmar). Tarde 14:30 a 15:10 "¿Qué pasó con la clase obrera boliviana y la COB?" (Edgar ‘Huracán’ Ramírez) 15:10 a 15:50 "Perspectivas a nivel internacional" (Néstor Pitrola). 16:30 a 17:00 "¿Qué hacer en Bolivia?" (Gonzalo Trigoso). 17:00 en adelante: Conclusiones finales. Acto Público Internacional Lugar: Paraninfo de la Universidad de la Universidad de San Andrés (Umsa). 18:30 a 19:00 "Balance de los Sin Tierra del Brasil" (Jose Rainha). 19:00 a 19:30 "Desarrollo de la conciencia obrera en la Argentina" (Edgardo Quiroga). 19:30 a 20:00 "El movimiento campesino boliviano y sus perspectivas" (Felipe Quispe * ‘Mallku’). 20:00 a 20:30 "El rol de la organización en levantamientos populares" (Edgar ‘Huracán’ Ramírez) 20:30 a 22:00 Debate general.

En un país con índices crecientes de desocupación, subocupación y salarios precarizados, donde la política sanitaria es netamente privatizadora (desregulación de las obras sociales, liquidación del hospital público), se subsidia a organizaciones no gubernamentales y se reduce el presupuesto de salud, no es casual el incremento de las tasas de desnutrición y la emergencia de enfermedades epidémicas y científicamente controlables, algunas incluso erradicadas. El mapa infectológico del país muestra extensas zonas de territorio donde el cólera, el paludismo y el chagas, entre otras enfermedades, tienen asiento habitual. Ahora ha reaparecido el mosquito Aedes aegypti, agente transmisor del virus del dengue, enfermedad que regresa después de haberse extinguido durante casi 40 años. Alto riesgo Como advierte Gustavo Kourí, director general del Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí" de Cuba, de paso por Buenos Aires..."la situación en Argentina es de alto riesgo y están dadas las condiciones para que se convierta en una situación grave"(Clarín, 2/10). Consultado sobre las causas del regreso del mosquito y la enfermedad, la conclusión fue muy clara: "Se relajaron los controles y la vigilancia epidemiológica" (ídem), y añadió: "el costo de controlar el dengue es de 3,3 pesos por habitante y por año, si se implementa un plan continental... pero tal vez falte decisión política" (ídem). Ahora bien, el dengue es sólo una faceta de una realidad sanitaria que muestra el incremento de la tuberculosis y sus formas más graves, como es la forma multirresistente, de la hepatitis B, de las enfermedades de transmisión sexual y del HIV/SIDA. Son alarmantes los niveles de desarrollo de la infección y la enfermedad por el virus del HIV/Sida. En áreas de la ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense, ya superan las cifras de la ciudad de San Pablo (Brasil). Sobre estos puntos, Pagina/12 (3/10), publica una polémica entre Ruckauf y el ministro de Salud bonaerense, J.J. Mussi, con el doctor Héctor Lombardo, ministro de Salud de la Nación, por la ausencia de las vacunas antisarampionosa y cuádruple bacteriana (que brinda inmunidad contra el tétanos, la difteria, la coqueluche y la meningitis por haemophilus influenzae) y por el déficit en la entrega de los medicamentos destinados al tratamiento del Sida. Faltan vacunas Lombardo admitió que "en septiembre hubo problemas con las vacunas cuádruple y antisarampionosa" (Página/12, 3/10) y manifestó con respecto a la vacuna cuádruple que en agosto, "es decir tardíamente", se abrieron los sobres de la licitación: "hubo un solo oferente, el laboratorio Aventis Merieux de Francia, que comprometía la entrega a partir de la segunda semana de octubre" (ídem). Sin embargo, Lombardo se contradice porque afirma que mientras tanto gestionaron un préstamo de vacunas con la OPS (Organización Panamericana de la Salud) que no pudo concretarse porque según el ministro hay un solo proveedor mundial, por lo que decidieron comprar por separado "350.000 dosis de los componentes de la cuádruple que estarán en pocos días" (ídem). El ministro también informó que "338.000 dosis de la vacuna antisarampionosa, que recibimos del gobierno anterior, se perdieron porque habían sido compradas de más, vencían en junio y julio de este año y los efectores provinciales no las aplicaron a tiempo" (ídem). Resulta, sin embargo, contradictoria su posterior afirmación en el sentido de que ante el faltante "compramos un millón de dosis más" (ídem). El tema no se agota: Claudio Piorno, ministro de Salud de Salta, denuncia que la provincia compró 30.000 dosis de las vacunas cuádruples y antisarampionosa debido a que "la Nación se había comprometido a enviarlas en septiembre pero no cumplió" (ídem). La doctora Charlotte Russ, del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, confirma que "están faltando la vacuna cuádruple y la antisarampionosa"; "algunos hospitales todavía tienen stock, mientras que en otros ya se terminó" "podría haber problemas graves si el faltante se prolonga 15 días más" (ídem). Estos hechos ponen al desnudo claramente que el gobierno fondomonetarista no ha tomado ningún tipo de previsión para garantizar el normal suministro de vacunas que integran el plan nacional de vacunación. Con respecto al HIV/Sida, la política oficial es de total abandono de los pacientes y de los profesionales y trabajadores de la salud involucrados en su atención; de desvío de los fondos del Estado a organizaciones no gubernamentales; y de ausencia de una política nacional frente a la magnitud del problema. Las denuncias ante la falta de provisión de medicamentos a los pacientes se acentúan cada vez más. En los últimos seis meses se entregaron los medicamentos fraccionados y en dosis que solo alcanzaban para tres días. Además, los pacientes no los reciben en los hospitales donde se atienden, sino que deben trasladarse al Ministerio de Salud. Como resultado de esta situación los tratamientos se interrumpen y, entonces, fracasan. Se debe sistematizar la distribución gratuita de todos los medicamentos involucrados en el diagnostico y tratamiento de los pacientes y de su núcleo familiar, en los centros donde éstos se asisten, e implementar un régimen laboral especial para los profesionales y trabajadores del campo de la salud que los atienden. ONGs capitalistas El Estado va paulatinamente transfiriendo su responsabilidad a las ONGs que, subsidios (estatales) y empréstitos mediante, buscan hacerse cargo del diseño y el control de la política sanitaria nacional, es decir del desarrollo de la explotación capitalista directa de la salud. Comprender esta situación es prioritario para dotarnos de las estructuras de lucha y organización, en las barriadas populares, asentamientos, inquilinatos o viviendas ocupadas, y exigir y desarrollar un programa de salud que garantice la accesibilidad, la cobertura integral y la absoluta gratuidad de todas las prestaciones, es decir de la atención, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Este programa deberá ser diseñado y controlado por los trabajadores y profesionales del campo de la salud y las organizaciones de masas del movimiento obrero (comisiones internas, sindicatos, comisiones de desocupados, juntas vecinales, etc.).

El crecimiento que ha tenido la prostitución es la manifestación más brutal de la descomposición histórica del capitalismo. Desde Rusia a los países latinoamericanos, recrudece la mafia de explotadores y rufianes y su corte de funcionarios corruptos. En esta crisis terminal, la ley de la ganancia rescata tres negocios: el tráfico de armas, la droga y la prostitución. Si en Colombia la forma de sobrevivencia de las poblaciones campesinas es la producción de coca y amapola, en la Argentina ha vuelto la trata de mujeres, extendida ahora a hombres y niños. Miles de desocupados van entrando a la prostitución "de vez en cuando", mientras buscan en vano un trabajo o esperan un subsidio, o tan siquiera un sueldo estable por encima del nivel de indigencia. Este "cuentapropismo" es el que ha hecho eclosión en las calles de Buenos Aires y del interior. El crecimiento de la prostitución en la ciudad es también una expresión de la miseria social a escala continental: diariamente, jóvenes mujeres de todos los confines del continente llegan al país para ejercer la prostitución. "Más de 4.000 dominicanas han sido ‘importadas’ al patio trasero de Argentina, y en el 49% de los casos, se desconoce la vía de acceso a nuestro país" (Página/12, 29/8). La proliferación callejera ha dividido las reacciones de la población. Pero viejos y nuevos traficantes capitalistas medran sobre el descontento popular. De los paraísos fiscales pasan al reclamo de "zonas rojas". Los vecinos invadidos por este comercio ‘menor’ reclaman "zonas rojas" fuera de sus domicilios e impulsan proyectos que prohíben el ejercicio de la prostitución en los espacios públicos, a excepción de aquellos que se determinen en la reglamentación respectiva ("zonas rojas"). Travestis y prostitutas, a su vez, reclaman su derecho a trabajar en lo único que consiguen; denuncian la brutalidad policial y plantean un sustento para salir de las calles. Aunque la mayoría carece de estudios u oficio, hay también un sector importante de jóvenes que se prostituyen para poder pagar sus estudios. La "zona roja" será para ellos un viaje sin retorno, es decir, el salto de la prostitución ocasional al oficio "permanente". Brutalidad policial Organizaciones de prostitutas han denunciado que la coima alcanza a 50 pesos por día y por turno policial, o a 30 pesos para salir de la comisaría. El ensañamiento y la violencia en los calabozos constituyen una "cuota" aparte. Recientemente cobró estado público la causa iniciada a diez policías (todos con rango superior a subcomisario) y tres inspectores, que fueron denunciados por Asuntos Internos por regentear la prostitución. Un inspector avisó a los proxenetas de la redada, esto según el informe de los "escuchas de la Side al juez, en el allanamiento de Sheik" (La Nación, 29/8). Por dos años los imputados mantuvieron sus cargos, hasta el allanamiento último de más de 30 locales y departamentos privados (Página/12, 29/8). ¿Qué soluciona el sexódromo? Es en este contexto de crecimiento de la prostitución y denuncias de extorsión policial que viene creciendo el debate a favor de la instalación de "zonas rojas" en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos sectores ven en estas "zonas" una salida para que cese en sus barrios la prostitución callejera. A las prostitutas se les promete que las "zonas rojas" legalizarían su situación y cortaría la extorsión policial. El Gobierno de la Ciudad estaría promoviendo una salida "consensuada", ubicando una zona de la ciudad donde se pueda poner en práctica el proyecto. ¿Puede constituir la "zona roja" una salida? Es bien improbable que algún barrio de la ciudad acepte con gusto su transformación en "pista oficial" de desfile de la miseria social. Es más posible, en cambio, que la "zona roja" deba ser edificada, es decir que requiera capital a ser valorizado con la explotación de la mujer. Un anticipo de esta salida es el proyecto, ya en ejecución, del "sexódromo" de Puerto Madryn. Según informa la prensa, el proyecto "ha triplicado las expectativas en sus cuatro primeras licitaciones, con inversiones de hasta 70.000 dólares" (Clarín, 25/8). La información periodística destaca también la "preocupación oficial" ante el hecho de que recientemente mil ‘matrimonios’ seguidos de ‘divorcios’ equvalentes han legalizado la permanencia de otras tantas mujeres nativas y extranjeras en este puerto sureño. Esta radicación no controlada es uno de los principales motivos que se invocan para promover el "sexódromo". Pero si la radicación "preocupa", entonces, ¿en qué condiciones legales y laborales ingresarán a trabajar mujeres en el "sexódromo"? Con seguridad, estamos ante una "zona franca" donde no regirá protección alguna. Si los cantos de ballenas no eran suficientes para atraer al turismo, las sirenas pobres de América Latina lo harán con el turismo sexual, con sus multinacionales de la construcción, de la especulación inmobiliaria y de las empresas o asociaciones lícitas e ilícitas de toda laya y hasta asociadas entre sí. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, estos ghettos complementan a la perfección el "paraíso financiero y turístico" que se pretende construir, a la medida del proyecto Retiro-Puerto o de la Corporación del Sur. A los grandes males capitalistas, hay que oponer verdaderas soluciones populares. Una "zona roja" es un embudo social que no admite barreras formales. Lo que necesitamos es una organización social de las clases populares y la dirección obrera para nuestras luchas por una vida mejor.

En cuanto al trabajo de los menores: en su inciso 30, el proyecto dice "El salario mínimo establecido beneficia a todo trabajador mayor de catorce (14) años..."; en el inciso 40, establece que "El salario mínimo regirá para una jornada laboral de 8 horas diarias y 40 horas semanales..."; de la interpretación de dicho texto y no de las intenciones es que se entiende que se refiere siempre a una jornada de 8 horas aun para los trabajadores menores de 18 años, ya que nada dice en cuanto a la duración de la jornada laboral de los menores. Dicha omisión en especificar la duración de la jornada laboral de los menores no puede defenderse con el argumento de "que las 8 horas de nuestro proyecto son un techo", ni con el de que "la legislación de trabajo ya establece reducción de jornadas para los menores". La incorporación del trabajo de menores a la legislación laboral no es otra cosa que la legalización de su superexplotación y no su protección, con lo cual nadie podría creer que los menores están protegidos en este régimen porque "las normas laborales vigentes ya establecen limitaciones a la jornada laboral" cuando de hecho el control de su cumplimiento brilla por su ausencia y, mucho menos aún, nosotros dejar de establecer cuál debería ser la jornada laboral de los menores de 18 años. Debemos prohibir el trabajo de menores; desarrollar un programa de protección de aquellos menores que ya están trabajando, con pasantías remuneradas, subsidios para las familias donde los menores sean el único sostén económico, de manera tal de permitir la manutención familiar y favorecer las condiciones de su desarrollo, etcétera. Se dispone en el inciso 7 que, "se ordene completar la elección de delegados y comisiones internas". Esta orden de completar, nos transmite, por un lado, la idea de que falta completar alguna elección a las ya realizadas, elecciones en donde la mayoría de las direcciones de los gremios y organizaciones obreras son representantes manifiestamente patronales; por otro lado, se contrapone con nuestro planteo de convocar a elecciones en todas las organizaciones obreras a los efectos de elegir nuevos delegados de base. Creo que una expresión más precisa sería aquella que ordene convocar a elecciones de delegados y comisiones internas a partir de (vigencia de la ley, plazo 30 días). Asimismo, quiénes se encargarán de "fiscalizar el cumplimiento de esta ley de salario mínimo, vital y móvil "si no se promueve la renovación de las comisiones internas; jamás podrá practicarse una fiscalización real sin una intervención y control directo de los trabajadores en ella. Tampoco se establece qué sanciones se aplicarán a las empresas infractoras ante el incumplimiento de la ley. Por ello, considero que, pese al desacierto de la expresión, la orden de la elección de delegados sería una conquista importante, pero, a su vez, su factibilidad estaría limitada por lo que establece el mismo inciso 80 acerca de la designación de una comisión integrada por "un representante de cada bloque de la Legislatura y un representante por cada una de las centrales sindicales para supervisar el cumplimiento de la elección de los delegados y las comisiones internas". ¿Por qué nosotros legislamos garantizando la participación de los representantes de los bloques de la Legislatura, cuya composición mayoritaria sabemos que es antiobrera? Y además, ¿por qué dejar en manos de estos representantes el control del cumplimiento de las elecciones? ¿Por qué se refiere a representantes de las centrales sindicales y no a representantes de todas las organizaciones de trabajadores, estén o no reconocidas como centrales sindicales? En estos puntos se ha restado importancia al rol que el control obrero debe cumplir en esta comisión, puesto que no va a ser el Estado el que adopte, como dice Rafael Santos, las medidas de intervencionismo necesarias para asegurar su efectividad. Podrá lograrse una conquista, la aceptación de un nuevo derecho obrero, el cual se sumará a la lista de algunos pocos derechos reconocidos por el Estado burgués, pero su goce, ejercicio, defensa y sostenimiento dependerá única y exclusivamente de la acción directa de los trabajadores. E. Echeverría, 13/9/2000

El bloque de concejales del PJ de San Fernando emitió una declaración pública para que se desaloje la Carpa del Pan y del Trabajo. La ‘voluntad popular’, las ‘necesidades del pueblo’ y demás yerbas repetidas hasta el cansancio por estos concejales en las campañas electorales terminaron, como siempre ocurre, bajo la suela del intendente Amieiro. Para estos furiosos ‘luchadores’, la Carpa del Pan y del Trabajo "dificulta el tránsito peatonal". Pero para el secretario de Desarrollo Social de San Fernando, Diego Herrera, las razones son otras. "Seguramente sí es gente que está sin trabajo *reconoció oportunamente*. Seguramente el reclamo debe ser justo, lo que pasa es que uno no está en condiciones de solucionar determinados reclamos" (168 Horas, 30/9). ¿Qué despropósito estarán reclamando los desocupados? ¡Cincuenta planes de trabajo inmediatos; cincuenta a implementar en plazos; asistencia alimentaria para 200 familias y una comisión de seguimiento común que garantice este acuerdo! Si Amieiro y sus concejales son incapaces de dar respuesta a un reclamo tan elemental, se tienen que ‘autodesalojar’ ellos mismos de la Municipalidad por impotentes. El bloque de concejales de la Alianza, por su parte, no ha dado siquiera la hora. A 37 días, gran acto por el pan y el trabajo Ante las amenazas veladas de la Intendencia, los desocupados han vuelto a reiterar que no se retirarán de la Plaza Mitre ni con las manos vacías ni con la boca cerrada. Una masiva delegación, con más de 30 compañeras de los barrios de la Coordinadora, llevó la lucha por el Pan y el Trabajo al XV Encuentro Nacional de Mujeres de Paraná. Se ha convocado, también, a un gran acto en solidaridad de la carpa el miércoles 18, en la Plaza Mitre. "Nos interesa mucho *dice la carta de la Coordinadora* que las organizaciones obreras, de desocupados y populares sean convocantes a nuestro acto, haciendo uso de la palabra. La voz y la participación de las organizaciones hermanas *dice la CTD* ayudará a quebrar la insensibilidad de los poderosos". El 18 de octubre es una cita de lucha para todos los sectores obreros y democráticos de la zona norte del Gran Buenos Aires.

En Martínez, San Isidro, Solari es una de las principales fábricas plásticas del país, dedicada esencialmente a la producción de envases. Se trata de una patronal ‘dura’, que paga salarios de hambre *la mayoría no alcanza los 400 pesos, que a mediados de año impuso numerosos despidos "justificados" en la caída de la producción. La patronal niega la entrada del sindicato a la planta (lo que no llama la atención tratándose de la entreguista burocracia de Mastrocola) y tiene como gerente de personal a un ex oficial del Ejército, presunto represor de los campos de concentración de la dictadura. A fines de setiembre, encabezados por la Comisión Gremial Interna, los trabajadores decidieron pararle la mano a la patronal: En asamblea votaron reclamar, mediante un petitorio firmado masivamente, el pago de productividad que la empresa se niega a dar a los operarios. El convenio plástico es una obra maestra de la entrega que, entre otros puntos, establece el incremento salarial sólo si se aumenta la "productividad". En Solari, los trabajadores han ‘quintuplicado la productividad‘, y la patronal se empecina en desconocer hasta ¡las cláusulas flexibilizadoras que pautó con la burocracia en su beneficio! Los trabajadores calculan que, en promedio, el pago de la "productividad" duplicaría los salarios más bajos. La fuerza de los compañeros impuso el ingreso del sindicato a planta. La Comisión Interna entregó los reclamos con los operarios en "asamblea", es decir, en medio de un paro de hecho, y consiguió que el gerente milico estuviera fuera de la negociación. Esperando la respuesta de la patronal, se volvió por 24 horas a tareas normales, y al cabo de ese plazo, y ante su negativa, los trabajadores retomaron el estado de "asamblea-paro". La patronal respondió con 14 despidos. Cuando el conflicto amenazaba profundizarse intervino el ministerio de Trabajo. La situación actual La patronal pretende cambiar los despidos por las cabezas de la Comisión Interna y, por supuesto, no habla del pago de su deuda y del incremento por productividad al que está obligada. La burocracia plástica ya ha comenzado a ‘trabajar’ para bombear el conflicto. Para la burocracia, un "éxito" sería que ‘alguno’ de los que recibieron telegramas de despido quedara adentro. Pero los trabajadores están dispuestos a luchar, a ir hasta el final, porque además del salario, ahora está en juego la fuente laboral. En lugar de tanta charla la burocracia debería convocar a un plenario general de delegados de la zona norte que largue inmediatamente un paro en apoyo de Solari y en defensa de las reivindicaciones de todos los trabajadores plásticos. A la lucha de Solari, se suman los cien días de ocupación de Bossi, en Torcuato; la ocupación de Cifor, del Smata, también por despidos y cierre; la carpa "del Pan y del Trabajo" de los desocupados de San Fernando; la ‘canoada’ de los isleños, en Tigre, por la contaminación alevosa del Delta. La unidad de estas luchas, al mismo tiempo que una perspectiva común para todos los trabajadores de la zona norte, permitirá reforzar la perspectiva de cada uno de estos conflictos y llevarlos al triunfo.

Los primeros trascendidos no dejan lugar a dudas. El nombramiento del nuevo ministro de Educación tiene por objeto profundizar la política clerical, privatista y flexibilizadora. La nueva conducción educativa "no abandonaría la idea de encarar reformas en la carrera docente aun a sabiendas de que en algún momento se reabrirían frentes de tormenta con el gremio docente por la reforma del régimen laboral y las normas que regulan las licencias de los maestros" (La Nación, 25/9). Entre las propuestas figura la del salario "por mérito" (una suerte de salario a destajo en función del supuesto rendimiento del docente), que pasaría a sustituir a las actuales bonificaciones por antigüedad. Juri declaró que mantendría la iniciativa de Llach de exigir un título postprimario para los maestros, lo cual implica la pérdida de validez de los actuales títulos y de la estabilidad laboral, y el reciclaje compulsivo de la docencia. La curia, por su parte, tiene "una expectativa benevolente hacia quien abre una nueva etapa ministerial" (La Nación, 26/9). El flamante ministro, reivindicó la política de imponer cupos y aranceles ‘voluntarios’ en Córdoba. El ministro también aclaró que no habría más dinero, es decir, que seguirá el congelamiento salarial y de las partidas presupuestarias, que han sufrido la consecuencia de sucesivos recortes. Tal vez ahora sea el turno de otros *acaba de decir Llach* que, con mayor habilidad política, puedan concretar las cosas que yo no pude" (La Nación, 25/9). Ctera ya se anotó para el ‘diálogo’ convocado por Juri, encubriendo la función y los objetivos del mismo. El cambio de figuras no altera el hecho de que las mismas contradicciones con que tropezó el Pacto Federal II estarán presentes a la hora de buscar un nuevo compromiso. Llach se tuvo que ir por la oposición de docentes y estudiantes que, en Neuquén y Santa Fe, hicieron naufragar el Pacto Federal I; ni hablar del hecho de que en Capital la reforma todavía no pudo empezar. El último paro nacional de Ctera fue, en provincia de Buenos Aires, uno de los más masivos de los últimos tiempos. El pasado 8 de septiembre, Suteba Matanza realizó una movilización de 3.000 compañeros acompañado de un cese de tareas, lo que fue imitado por otros distritos (San Martín, Ezeiza, Sarmiento). Asistimos a un principio de rebelión contra la burocracia Celeste. Surge con claridad, de este cuadro, que se abre una gran oportunidad para que el movimiento docente y estudiantil encare una lucha victoriosa. La forma de enfrentar consecuentemente las tentativas por reflotar el Pacto Educativo II es la lucha por un básico acorde a nuestras necesidades, de 700 pesos, porque la conquista del salario inviabiliza toda la política flexibilizadora en marcha y constituye un golpe demoledor a la reforma educativa. Los docentes no debemos limitarnos a defendernos de los golpes del gobierno sino que debemos trazarnos una perspectiva para recuperar lo perdido. Constituiría un crimen, ahora que Llach renunció, establecer un compás de espera. El gremio tiene que pasar a la ofensiva y no esperar la ofensiva del gobierno.

El día viernes 13, en el Colegio Mariano Moreno ocurrió algo esperado por toda la comunidad educativa. Mientras transcurría el primer recreo del turno mañana hubo un derrumbe del suelo de 4 metros de profundidad, donde cayeron tres alumnas de segundo año, las cuales luego del rescate fueron llevadas al hospital, debido a las lesiones causadas por la caída. Este desastre era de esperar, ya que nuestro colegio se encuentra en una situación catastrófica. Habían clausurado un aula porque era imposible dar clases en el estado que se encontraba, e incluso hace unos días, cuando una paloma se posó en la cornisa de un patio cayó un pedazo de techo. Frente a esto, espontáneamente los estudiantes cortamos la avenida Rivadavia e hicimos una asamblea donde decidimos mantener el corte en defensa de nuestra integridad física y por mayor presupuesto educativo; ya que éste, en vez de ser aumentado, sería recortado nuevamente en el Presupuesto 2001 que votarían el PJ y la Alianza. Luego de 4 horas cortando la avenida, en una nueva asamblea se decidió hacer una movilización el martes 17 a la Legislatura, de toda la comunidad educativa del colegio y convocando a que se sumen los estudiantes de todos los colegios, ya que sabemos que lo que ocurrió en el nuestro, no es más que un reflejo de la realidad en la que se encuentra la educación pública en general. Pensamos que éste tiene que ser el punto de partida para lanzar un plan de lucha de todo el movimiento estudiantil, contra la privatista Ley Federal de Educación, por mayor presupuesto educativo y en defensa de la educación laica, pública y gratuita.