Prensa Obrera N° 684

La caída de Milosevic fue para el Financial Times (6/10) "una rebelión popular sin precedentes en Serbia desde el final de la Segunda Guerra Mundial". El País (7/10), coincide. Una "insurrección popular" que "había desbordado a las fuerzas de seguridad y logró tomar por asalto el Parlamento, varios cuarteles de policía y los medios controlados por el régimen" (The Guardian, 7/10). Pero, "como en la guerra de Kosovo del año pasado, la intervención de Rusia permitió una salida negociada" (ídem). La salida de Milosevic fue pactada a espaldas de las masas y a expensas de las grandes reivindicaciones populares. Explosión popular Luego del triunfo electoral del 24/9, la Oposición Democrática de Serbia (DOS) *fogoneada por las cancillerías imperialistas* había entrado en negociaciones con el régimen de Milosevic. Fue por esto que no llamó a la huelga general sino a una inocua campaña de ‘desobediencia civil’ que "no logró la convocatoria deseada" (La Nación, 3/10). Pero el pueblo, y en especial la clase obrera, desobedeció el llamado a la ‘paz social’ de la DOS y enfrentó el fraude de Milosevic con sus propios métodos. Una impresionante huelga general tomó cuerpo a partir del paro de las grandes minas carboníferas. "Los 17.300 mineros, técnicos y administrativos de Kolubara están liderando esta lucha *decía el Financial Times (4/10)*, habiendo entrado en huelga por tiempo indeterminado desde el viernes, contrastando con las esporádicas acciones en otros lados. La determinación de los mineros parece estar inspirando otras protestas y puede sacudir al régimen, por la causa no menor de que Kolubara suministra el 62% del carbón que utilizan las usinas eléctricas serbias". Cuando Milosevic intentó reprimir y detener a los dirigentes de la huelga, los mineros "ocuparon la mina" (ídem) y obligaron al repliegue de las tropas. La respuesta de Milosevic fue provocar una serie de cortes de energía en ciudades industriales del interior, como es el caso de Nis, gobernadas por la oposición, para conseguir su auxilio contra los huelguistas. Pero ya era tarde, porque "hasta unos días atrás los partidos de la oposición eran los que conducían a la población, ahora es la población la que arrea a los partidos" *decía un periodista serbio (ídem, 3/10). Es que "cuando los trabajadores de las usinas eléctricas (se suman a la huelga), la situación del régimen se vuelve definitivamente crítica" (ídem, 5/10). La huelga se impone en todo el país, los cortes de ruta se extienden y "las caravanas de micros llenos de trabajadores desde el sur y el centro de Serbia" (ídem, 6/10) convergen en una multitud estimada en 500 mil personas que se concentra frente al Parlamento federal en Belgrado para derrocar a Milosevic. Cuando éste intenta su última maniobra y anula las elecciones, desencadena el quiebre y el desbande de las fuerzas policiales y el ejército. "Al ver el ímpetu de las masas, los policías se quitaron los uniformes, arrojaron sus escudos y máscaras de gas, descargaron sus fusiles y abrazaron a los manifestantes, entregándoles sus cascos y hasta los peines de sus metralletas. Otros agentes directamente huyeron" (La Nación, 6/10). Recién después de que Milosevic ‘aparece’ por televisión junto al enviado ruso, reconociendo la victoria de Kostunica, y dimite, sólo entonces "la revolución popular gradualmente finaliza" (Financial Times, 7/10). La democracia contra la revolución La situación que se ha creado en Yugoslavia es absolutamente excepcional. Kostunica arribó a un acuerdo con la policía, el ejército y la iglesia ortodoxa de Milosevic para evitar una verdadera revolución popular. Kostunica y la DOS actuaron bajo la presión conjunta, pero en parte enfrentada, de las potencias occidentales, por un lado, y de las masas sublevadas, por el otro. La confianza de éstas en Kostunica y la DOS es muy limitada, lo que se verá cuando éstos comiencen a aplicar los planes que le reclaman el FMI y la Otan. El imperialismo alienta a Kostunica a apoyarse en las instituciones de Milosevic. Kostunica ha arribado a un acuerdo para que el mismo Parlamento federal contra el que se alzaron las masas, donde el partido Socialista de Milosevic es la principal fuerza política, lo consagre como presidente. Las masas quieren el ‘juicio y castigo’ de Milosevic y su régimen; sin embargo, Kostunica parece proponer un gobierno de ‘unidad nacional’, incluso con el partido de Milosevic. "Occidente puede ayudar a reforzar a los opositores de Milosevic si no mina *dice el Financial Times, 6/10* su independencia. Si fueran vistos como títeres de la Otan, el respaldo arrollador que hoy tiene Kostunika podría desvanecerse. Kostunica es sabio al mantenerse limpio de esos contactos". El editorial recomienda que "mejor sería sacrificar un principio" (el juzgamiento de Milosevic en Occidente)... que ‘sacrificar’ a Kostunica. El ‘demócrata’ ha dicho que no hará nada para detener a Milosevic. Gracias al imperialismo, Milosevic no acabó como Ceauscescu diez años atrás. Las ‘sanciones’ contra Milosevic fueron siempre un escudo tras el cual Occidente mantuvo relaciones con el dictador. Recién ahora, en el clímax de la crisis, "Suiza congela 100 cuentas del entorno del presidente" (El País, 3/10). Rusia El cierre provisional de la crisis yugoslava contó con el concurso de la burocracia rusa. Antes de este desenlace, la prensa planteaba que "Rusia puede jugar (otra vez) el mismo rol constructivo que en Kosovo" (Financial Times, 6/10). Así fue: "Gazprom, el monopolio ruso del gas, reveló el miércoles que había dejado de suministrarlo poco tiempo antes de las elecciones como fruto de que las deudas yugoslavas alcanzaban casi 400 millones de dólares" (ídem, 4/10), una "decisión tomada por Putin" (ídem). China no le fue a la zaga: "Tras haber (Milosevic) enviado al país asiático parte de las reservas de oro del país" (y de que los burócratas le ofrecieran asilo), China envió "un mensaje de felicitación a Kostunica. China y Rusia se unen así a los países occidentales" (El País, 7/10).

No hay ni un átomo de improvisación en la feroz represión desatada por el gobierno de Israel contra el alzamiento nacional palestino. Para Barak y para el estado mayor militar ya está perfectamente claro que no están reunidas las condiciones para imponerle al pueblo palestino los términos del ‘plan de paz’ inspirado por Clinton en las negociaciones que fueron interrumpidas hace dos meses. Ese plan retiene para el Estado sionista el 80% de los asentamientos de colonos que se establecieron en las zonas ocupadas por Israel; reduce la zona palestina reconocida en los acuerdos de Oslo, en 1996, en un 20%; divide este territorio y lo incomunica para facilitar el control militar sionista, impidiendo cualquier forma de existencia estatal palestina; retiene el con trol del 93% de los recursos de agua; e impide el retorno de los palestinos expulsados por las sucesivas ocupaciones militares del sionismo y sus sistemáticas confiscaciones de tierras y viviendas árabes. Reserva para sí la soberanía exclusiva sobre Jerusalén. La masacre sionista responde a una nueva etapa política destinada a rehacer el frente interno sionista que fue fracturado por el fracaso del ‘plan de paz’. Barak ya no oculta que quiere formar un gobierno de ‘unidad nacional’ con la derecha y la extrema derecha sionistas, lo cual sería apenas un paso hacia el retorno de la derecha al gobierno, bajo la jefatura del ex primer ministro Netanyahu, aliado al ex jefe del estado mayor, Sharon. En declaraciones al diario Yedioth Ajahronot, Netanyahu señaló que "Israel está en peligro, no estoy de acuerdo con la paz; la única paz viable es la que se basa en la potencia de Israel, en la capacidad de disuasión con nuestra fuerza. Y para una paz basada en la fuerza debemos estar unidos" (La Repubblica, 7/10). El derechista Netanyahu declara a "Israel en peligro", no porque la policía de Arafat o las milicias del Al-Fatah representen alguna amenaza para el Estado sionista, que tiene un poderío militar capaz de provocar la derrota de todos sus estados vecinos juntos. El derechista no le teme a las armas palestinas sino al alzamiento nacional de su pueblo, que en estas circunstancias se ha conjugado con una fuerte tendencia a la rebelión de los árabes que tienen ciudadanía israelí y que representan más del 20% de ese país. A estos dos poderosos factores hay que sumarles la insurgencia popular en el Líbano, que llevó a la expulsión del ejército sionista del sur de ese país a mediados de año, y la fractura creciente que ha emergido dentro de la población judía como consecuencia del descomunal avance del confesionalismo religioso y la consiguiente reducción de las libertades civiles. Refiriéndose a la revuelta de los palestinos de Israel, un escritor judío, David Grossman, escribe (El País, 8/10): "Hace ya una semana que miles de manifestantes cortan carreteras, tiran piedras a los policías y destruyen, con indignación e ira, todo signo de la autoridad de Israel. La policía, por su parte, actúa con gran violencia, de un modo que nunca emplearía contra manifestantes judíos, y hasta el momento de escribir este artículo hay diez muertos (¡ciudadanos de Israel! *énfasis de Grossman*) y unos mil heridos". Se trata de la descripción de una situación revolucionaria en los términos del Estado sionista. El escritor es claro respecto a las causas de esta rebelión: "Los palestinos (de Israel) siguen sufriendo discriminación...; se les expropian tierras que poseían desde hace generaciones (para establecer en ellas a judíos recién inmigrados)". "Aún es más escalofriante pensar *dice Grossman* que un ciudadano árabe financia al ejército israelí *en el cual no sirve* que utiliza su dinero para disparar contra su hermano, el palestino que vive del otro lado de la frontera". Y el escritor israelí ofrece este singular testimonio: "La voz de los palestinos se ha convertido en una de las voces más fuertes y reivindicativas de la sociedad israelí...; hoy se puede oír ya el llamamiento a constituir una autonomía árabe en el corazón de Israel: ‘el Estado de Galilea’...; cuanto más ‘israelíes’ se hacen los palestinos... más se fortalece su identidad como palestinos". Otro escritor sionista, Abraham Yeoshua, dice al Corriere della Sera (5/10): "Decididamente mala ha sido nuestra acción contra los árabes israelíes; demasiadas botas, demasiada violencia, demasiados disparos. En efecto, son nuestros con-ciudadanos, pero han sido tratados como enemigos de la patria". Es claro que el sionismo siente un peligro mortal: el alzamiento de sus oprimidos de ‘afuera’ y el alzamiento de sus oprimidos de ‘adentro’. El testimonio de estos escritores sionistas es, él mismo, un síntoma del punto de vista político de una parte del pueblo judío de Israel. Que la situación es "peligrosa" lo piensa también Arafat. Es lo que dice Gassan Khatib, a quien el Corriere della Sera (7/10) presenta como "un observador atento de la escena política palestina". Esta "situación peligrosa *declara* puede escapar de control en cualquier instante. Hay mucha tensión y la cabeza de la gente sólo piensa en la rebelión. La frustración, el fracaso del proceso de paz y la ocupación han provocado todo esto". La tendencia insurreccional de las masas palestinas ha acabado con la capacidad de manipulación política de Arafat y lo ha empujado a una situación sin salida. El plan clintoniano está obviamente muerto. Se ha ingresado a una nueva etapa, que obliga a un replanteo general. La masacre sionista es el primer paso en esta dirección. Para el imperialismo, "esta rebelión puede arrastrar a todo el Medio Oriente". Así lo dice textualmente Anthony Cordesman, "el hombre de punta de la diplomacia norteamericana en el Departamente de Estado y consultor de la Casa Blanca y el Congreso" (Corriere della Sera, 8/10). "Vamos hacia algo más grave que una segunda ‘intifada’ palestina", dice Cordesman. "No veo *agrega* cómo Barak podría permanecer como jefe de un gobierno de paz en Israel, ni como Arafat podría evitar, queriéndolo incluso, una alianza entre gran parte de su partido y los grupos extremistas como Hamas... En cuanto a Barak, es muy probable que caiga, su posición es ya muy débil, y el ex premier Netanyahu podría retornar a la cabeza de los halcones. En el caso de Arafat no veo como podría volver a hablar de paz con alguna credibilidad... El escenario pos-Barak es muy malo". Pero no son Barak o Arafat los que han fracasado; es el imperialismo mundial, que con sus ‘planes de paz’ subleva constantemente a las masas, porque entrañan nuevas confiscaciones, más miseria y superexplotación. Los fantásticos recursos económicos y políticos del imperialismo mundial son impotentes para crear un marco de convivencia en una diminuta porción de suelo en el Medio Oriente, por la simple razón de que sólo sirven para una mayor dominación *y porque ese potrero meso-oriental es la llave para controlar el petróleo y para someter a toda la región que va desde los Balcanes hasta bien adentro de la ex Unión Soviética*. Aquí está colocada, en la restauración capitalista, la mayor apuesta del imperialismo mundial.

La renuncia de Chacho Alvarez expresa el rápido fracaso del gobierno de la Alianza. El vicepresidente ha sido solidario con una política anti-popular e incapaz de superar la recesión de la economía. Incluso cuando hace dos meses redescubrió el tema ético, el programa de Alvarez no dejó de ser otro que el de bajar el ‘riesgo país’, o sea aumentar la cotización de los títulos públicos. La Alianza como planteo estratégico no ha resistido una experiencia de gobierno. El pacto entre los representantes del progresismo pequeño burgués y los viejos mascarones del capitalismo nativo ha naufragado sin remedio. La mimetización criolla a la ‘tercera vía’ ha concluido en un fiasco. La lección de esta crisis es que las masas populares necesitan, para salir adelante, un liderazgo obrero de contenido socialista. Pero la dimisión del vicepresidente constituye, por sobre todo, un recurso de emergencia para viabilizar la continuidad del gobierno y de su política. Alvarez no caracteriza a su salida como una ruptura del pacto de gobierno que la mayoría del electorado votó el pasado 24 de octubre. Alvarez da un paso al costado para sortear las contradicciones insalvables con la camarilla presidencial. Salta un fusible para salvar la instalación eléctrica. Alvarez busca ganar libertad de acción para intentar contener el creciente pasaje de la población hacia la izquierda. Pero el régimen de gobierno aliancista está herido de muerte. Los voceros de los pulpos capitalistas y del menemismo saludaron lo que califican como un reforzamiento del poder presidencial que pondrá en marcha el cambio previsional que reduce la prestación básica universal, congela las jubilaciones y rebaja los aportes patronales. Con un familiar en Justicia, De la Rúa obtuvo un mayor control sobre las investigaciones en sede judicial y sobre la oficina anti-corrupción. Machinea podrá encarar la liquidación de la coparticipación federal, para conseguir los recursos que le permitan pagar los abultados intereses de la deuda externa. De la Rúa ha utilizado la presión que le reclamaba sacar a los funcionarios comprometidos con las coimas, para parir el gabinete que le exigían, al menos en parte, los grupos económicos. Las maniobras continuistas están atadas con alfileres. La crisis política se profundiza. Para salir de esto es necesario que una Asamblea Constituyente se haga cargo del gobierno y proceda a una completa reestructuración política y social en beneficio de los trabajadores.

No existe acuerdo, en la gran prensa brasileña, acerca del balance de las elecciones municipales del 1° de octubre, salvo que se habría votado "contra la corrupción". Con 71 millones de electores en más de 5.000 municipios, las cifras se prestan para todo tipo de manipulaciones. La verdad, sin embargo, es que el único "corrupto" que perdió fue el PPB de Paulo Maluf, en San Pablo; otros notorios "corruptos", algunos ya condenados por narcotráfico, consiguieron ser reelectos en los estados nordestinos. El balance, sin embargo, es claro. Retrocedió la coalición derechista de Fernando Henrique Cardoso (FHC), principalmente su propio partido (PSDB), en tanto que el Partido de los Trabajadores (PT) más que duplicó sus votos en relación a las municipales de 1996 (más de 14%, contra 7%, en un electorado que creció 9 millones). Este crecimiento es más evidente en las capitales: sacó una ventaja decisiva en San Pablo; conquistó tres de las siete intendencias del ABC paulista (y está en el segundo turno como favorito en otras dos); consiguió forzar el segundo turno en Recife (las encuestas daban al candidato del PFL, Roberto Magalhães, como electo en el primer turno); aumentó de uno a cinco sus intendentes en el interior paulista; pasó de 109 a 173 intendentes electos en todo Brasil, con una veintena en el segundo turno (aun así, lejos de los 300 electos que Lula prometió antes de las elecciones). El PT realizó más alianzas hacia la derecha que en cualquier elección anterior, incluso con los partidos gubernamentales. Su progreso no se debió a eso: avanzó, justamente, donde presentó sus propios candidatos. En Rio de Janeiro, su "carismática" candidata, la vice-gobernadora negra Benedita da Silva, quedó fuera del segundo turno debido a la crisis del PT, originada en la coalición del partido con el derechista PDT en el gobierno estadual. En Porto Alegre, ciudad donde gobierna hace más de una década el PT, éste se vio obligado a ir a segundo turno (las encuestas ya lo daban victorioso en el primero) después de que su gobierno estadual reprimiera con fuerzas policiales la ocupación de predios públicos por los campesinos sin tierra (lo que obligó a la apertura de una investigación en el propio PT). Otro elemento que apunta a una gran coalición de centroizquierda para las pr esidenciales del 2002 fue el crecimento de los ex-stalinistas del PPS, que pasaron de 33 a 164 intendentes (de 500 mil a tres millones y medio de votos). Su protocandidato a presidente, Ciro Gomes, sin embargo, sufrió una derrota en su bastión de Fortaleza (Ceará) donde su (ex) mujer no consiguió llegar al segundo turno. En la coalición gobernamental sólo salió fortalecida su ala derecha (PFL), cuyo jefe, Antonio Carlos Magalhães (ACM), logró para su candidato el 54% de los votos en Salvador (Bahia), contra poco más de 35% para el PT. Entre las candidaturas clasistas, el Pstu (LIT) se presentó en 90 ciudades, con resultados por debajo (a veces muy abajo) de lo esperado. Cyro Garcia obtuvo 0,3% en Rio de Janeiro (encuestas previas le atribuían 2%); en San Pablo, el Pstu obtuvo 0,1%. Su candidato a la cámara en Rio, el conocido ex presidente de la UNE (central estudiantil) Linbergh Farias, obtuvo 44 mil votos, pero no fue elegido debido al insuficiente número de votos de la sigla. El Pstu consiguió 3 consejeros municipales en todo el país, incluyendo al candidato más votado *de todos los partidos* de Goiânia (capital de Goiás), pero éste pertenece a una fracción que ya rompió con el Pstu *sólo usó su sigla electoral* y actúa de modo independiente como MLS (Movimiento de Lucha Socialista). El PCO (Partido Causa Operaria), de la IV Internacional, se presentó en un importante número de ciudades y obtuvo más de 2% de los votos para intendente en Joao Pessoa (capital de Paraiba), dejando atrás al Pstu. Sacó el 0,5% en Feira de Santana y el 0,3% en Salvador (Bahia), marcando una presencia nacional. El PT realiza una política cada vez más derechista: ha pedido, en San Pablo, el apoyo de Romeu Tuma, candidato por el derechista PFL, y reconocido sobre todo como ex represor y torturador de la dictadura militar (el presidente del PT paulistano, el bancario Ricardo Berzoini, declaró que "el PT no juzga cuestiones morales", esto significa que, en adelante, habrá que preocuparse por la moral del PT). El hombre de esta derecha, Magalhães, reclamó una reforma ministerial al día siguiente de las elecciones, aduciendo la derrota gubernamental. El desplazamiento hacia la izquierda del electorado, con todas sus limitaciones, traduce la creciente radicalización política del campesinado, la juventud y la clase obrera del gigante de América del Sur.

El cambio de gabinete que provocó la renuncia de Chacho Alvarez ha cumplido la función extremadamente útil de dejar completamente al desnudo el enorme compromiso de la camarilla presidencial con la corruptela descubierta en el Senado y seguramente con muchas otras que se irán revelando con el tiempo. Representa mucho más que un intento, en parte frustrado, de conservar a Flamarique y a De Santibañes. Como se podrá ver enseguida, se trata de un virtual golpe de Estado perpetrado por la Side para poner al gobierno bajo su control y evitar que las denuncias de corrupción acaben por derribar al gobierno de De la Rúa. No hay como una familia unida En Clarín del domingo, Pablo Calvo es el primero en señalar que el nombramiento de Jorge de la Rúa, en Justicia, en reemplazo del fidelísimo Gil Lavedra, apunta a descabezar a la Oficina Anticorrupción (OA): "cambios en la cúpula y la estructura". Dice Calvo que "los conductores del organismo ... están muy incómodos por haber quedado bajo la conducción orgánica del hermano del Presidente". Jorge de la Rúa es el mismo que junto con la dirección de Renault y el embajador francés fueron a ‘apretar’ a De la Sota, el año pasado, para que cesara el proceso judicial por contrabando contra ese pulpo, por mil millones de dólares. En el marco de la crisis del Senado, la ‘incomodidad’ de los funcionarios de la OA y la perspectiva de que los despidan, tiene la clara explicación de que el gobierno pretende evitar que la investigación del Senado siga saliendo de madre y, en definitiva, busca enterrarla. Que el operativo haya sido acaparado por la familia De la Rúa y por la camarilla presidencial es una evidencia del grado de compromiso oficial con las coimas en el Senado. Al día siguiente, el ‘insospechable’ diario La Nación confirmó la información de Clarín. "No pocos (!) funcionarios se adelantaron a decir a La Nación *relata la periodista Laura Zommer* que creían que ‘De la Rúa llegaba para poner orden y controlar a la OA’. La misma sospecha sobrevoló *agrega* algunos despachos de los Tribunales". Es claro que el único objetivo que podría tener ese ‘control’ es encubrir los delitos que se están investigando. Además del Senado, la OA tenía a su cargo la investigación Pami-Alderete y el enriquecimiento de la Alsogaray; es querellante en la causa Emir Yoma; e impulsa la causa por el uso de los Adelantos del Tesoro (ATN) que involucra a Corach. Cualquier posibilidad de acuerdo con los senadores peronistas y con Menem pasa por poner punto final a estos asuntos. La Nación dice que las investigaciones de la OA "inquietaron al gobierno de De la Rúa y molestaron a Menem". Para Clarín, los "detractores" de la OA ponen en tela de juicio la conveniencia de seguir jaqueando al menemismo, "un inesperado aliado del gobierno tras la crisis con Alvarez". Veinte días antes del operativo Gabinete, un senador ‘histórico’ de la UCR, Raúl Galván, había enviado "un duro telegrama al presidente Fernando de la Rúa reclamándole... evitar interferencias del Poder Ejecutivo en la investigación de los supuestos sobornos pagados en el Senado" (La Nación, 23/9). Por esos días, Gil Lavedra merodeaba por las oficinas de Liporaci con objetivos que nunca fueron precisados a la opinión pública. El día anterior al telegrama de Galván, De la Rúa había recibido el "firme respaldo de Menem", con quien "coincidieron en que actúe la Justicia" (ídem) *lo que en boca del riojano es casi una contraseña*. La reunión oficial entre los dos blanqueaba otra secreta, realizada diez días antes. El ‘intocable’ Joaquín Morales Solá, periodista de La Nación, cuenta sin vueltas que el cambio de gabinete fue orquestado por De Santibañes, jefe de la Side, en "reuniones conspirativas" (textual) en quintas del Gran Buenos Aires con Nosiglia y Colombo, el nuevo jefe de Gabinete, lo que éste desmintió, pero Nosiglia no. La conclusión que emerge de esto es que el cambio ministerial fue una operación de los servicios, para salvar a De la Rúa de las derivaciones de la crisis del Senado, operación en la que intervinieron el menemismo y el nosiglismo radical. En un régimen republicano, esto equivale a un golpe de Estado. Para un gobierno que debe su nacimiento a la demagogia que hizo con la "transparencia" y la "ética", todo esto no es poca cosa. Después hay quienes se asombran de que el "primer magistrado" haya caído al 20% en la estimación de los encuestados. El nombramiento de Patricia Bullrich en Trabajo, para el cual no tiene antecedentes ni relaciones, confirma la naturaleza especial de la crisis de gabinete. Bullrich ha transitado por el Sistema Penitenciario, lo que requiere vínculos con los organismos de seguridad, y está vinculada con un funcionario de la Side, Albornoz, envuelto en el operativo que pretendió manipular una infidelidad matrimonial de Alvarez. Cuando se juntan todas las piezas del cuadro, ¡cómo extrañarse de que los ex Gallo y Gil Lavedra se hayan ido dando un portazo en las narices de su entrañable amigo Fernando! La madre de todas las coimas La otra pieza del recambio ministerial (la salida de Gallo y Terragno y el nombramiento del presidente del Banco Nación, Chrystian Colombo, como jefe de Gabinete) tiene relación con la primera. Es que el Nación ha mantenido en vida al Grupo Yoma, el cual le debe al banco casi 80 millones de pesos, pese a lo cual ha seguido cobrando los reintegros por exportaciones que debían servir de garantía de pago de la deuda (La Nación, 9/10). Ahora que Colombo comandará la AFIP, que paga esos reintegros, el Grupo Yoma podrá decir que tiene el futuro asegurado. Pero según Juan Alemann hay más, pues dice que Nicolás Gallo fue ‘castigado’ por demorar la firma de las concesiones ferroviarias por otros 25 años y aumentar las tarifas de tren, y porque al final "pretendió acortar los plazos, disminuir el monto de la inversión y aumentar menos las tarifas", lo cual para Alemann "son todas decisiones equivocadas...", naturalmente (La Razón, 9/10). Sin embargo, Alemann le reconoce a Gallo el mérito de plantear el adelantamiento de las licitaciones por las rutas por peaje, pero le critica no haberlas llevado a cabo con más premura. El encargado de perpetrar estas "recomendaciones" será el secretario Kogan, vinculado de antiguo a los pulpos ferroviarios, que por supuesto sigue en el cargo. Ana Ale (Clarín, 8/10) aporta algo más, pues dice que: "Sin Alvarez ni Gallo, Aerolíneas pierde apoyo político local", pues defendían su continuidad como una estrategia de Estado, lo cual suponía, entre otras cosas, perdonarle a los españoles las deudas con el Estado argentino. Ahora, la situación de AA puede empeorar con "el ascenso de la Secretaría de Turismo a Ministerio (porque) el ahora ministro de Turismo, Hernán Lombardi, es un defensor de los cielos abiertos", o sea del copamiento del transporte aéreo por los pulpos internacionales, en especial norteamericanos. Con el reemplazo del Melchor Posse por Bullrich, salen beneficiadas las AFJP y las ART, toda vez que el radical era partidario de abrir la posibilidad de que se pudiera volver al sistema estatal de jubilación, en un caso, y porque se frena el proyecto de que los trabajadores puedan recurrir a la justicia civil en caso de accidentes (Bermúdez, Clarín, 7/10). ¿Pero no son acaso todas estas concesiones, licitaciones y privatizaciones la madre de todas las cometas? El operativo golpista de la Side, comandado por De Santibañes bajo la dirección de De la Rúa, no podría cerrar sin este otro aspecto de la trama. La corrupción capitalista se ha adueñado del Estado aún más que con Menem. El gobierno se prepara ahora para seguir adelante con la licitación de los enormes terrenos de Retiro-Puerto y la Corporación del Sur, e incluso otros negociados, como con las propiedades que quedaron en manos del Estado luego de que se abandonaran los proyectos de algunas autopistas (AU3). Chacho, el cómplice Chacho no fue sorprendido por el cambio de ministros, ni podría haberlo sido, pues co-dirigió toda la política oficial en estos diez meses. Pero Joaquín Morales Solá cuenta algo más. "En dos diálogos con La Nación, el jueves último, uno al mediodía y otro en las primeras horas de la tarde, el vicepresidente manifestó su acatamiento a los cambios delarruístas" (La Nación, 8/10). Pero ya a fines de setiembre, los diputados del Frepaso en la Comisión de Juicio Político, como Nilda Garré, habían rechazado el enjuiciamiento de Flamarique, ¡propuesto por el peronismo!; Juan Pablo Cafiero salió a defender esta posición públicamente. "En rigor *informaba entonces La Nación (28/9)* la decisión de rechazar de plano el pedido de juicio político fue una exigencia de la Casa Rosada". Y antes aun, Chacho y el Frepaso fogoneaban con éxito la reforma de los fueros parlamentarios para que los senadores y funcionarios enjuiciados pudieran continuar con la augusta labor parlamentaria de votar las leyes que pide el FMI. Chacho decide renunciar sin denunciar para nada que se perpetró un golpe de Estado por parte de la camarilla presidencial en una alianza nítida con la "patria privatizadora", que necesita de un mayor apoyo del Estado para no irse a pique. Es claro que tiene que dar un paso al costado porque el régimen de camarilla no admite terceros socios y porque es su último recurso para evitar el hundimiento del gobierno de la Alianza. Todas sus declaraciones después de la renuncia repitieron su solidaridad política con el gobierno de De la Rúa. Si declaraba disuelta a la Alianza quedaba planteada la necesidad de elecciones generales, al quedar deslegitimada la mayoría electoral del 24 de octubre. Pero el gobierno de la Alianza se acabó; de ahora en más hay un gobierno de camarilla y habrá, por lo tanto, nuevos choques. La cobardía política del Frepaso lo condena a vivir una prolongada crisis dentro del gobierno. La pequeña burguesía progresista, que pretendía sacar adelante al país a fuerza de golpes éticos, ha fracasado en medio de su propia inmundicia. Pretende poner un pie en la oposición, que será exclusivamente verbal, mediática y, por sobre todo, confusionista, porque la aterroriza que la izquierda revolucionaria le pase por encima. El próximo fusible, Machinea "Si lo necesario era un shock de credibilidad, los cambios en el gabinete probablemente sean vistos como una oportunidad perdida". Este comentario del gurú de los monopolios, Angel Broda, en el suplemento económico dominical de La Nación, se justifica: el recambio de ministros fue una operación de los servicios, no del FMI ni de los acreedores. Con el nombramiento de Colombo en la Jefatura de Gabinete, se pretende soldar una alianza entre un sector de las AFJP y de los bancos, encabezado por el Galicia y el Credicoop, y el Polo Productivo de Techint. Queda congelada la pretensión de otro sector de la banca de privatizar el Banco Nación, mientras se volverá a discutir por enésima vez el financiamiento y los beneficiarios del Plan de Infraestructura. De todos modos se las verán en figurillas, porque, como dice el Financial Times (7/10), "el éxito económico argentino deja indiferentes a los inversores extranjeros". Los ingleses conservan, si no el imperio, por lo menos la ironía. El propio grupo Techint ha perdido un montón de plata en el último año debido a la menor demanda de tubos sin costura causada por la falta de inversiones de la industria petrolera y gasífera internacional. Como el cambio de gabinete ha dejado sin resolver la puja capitalista, ésta habrá de manifestarse en el próximo recambio, el cual apuntará al Ministerio de Economía. Como la perspectiva es que la recesión se prolongue y que incluso se agrave como consecuencia de un nuevo estallido de la crisis mundial, las crisis políticas son una cosa segura. No hay entonces ninguna razón para abandonar la posición de lucha y las consignas de la huelga general y de un congreso de delegados de todo el movimiento obrero, con los desocupados, y de otros sectores populares en lucha. Para la burocracia sindical, en cambio, la crisis del gobierno y hasta el golpe de Estado de la camarilla delarruista son una convocatoria a la prudencia. Maffei y compañía ya se apresuraron a apoyar la concertación con el nuevo ministro Juri, un privatizador. De Gennaro había propuesto hace diez días integrar la CTA a un "gabinete de emergencia" (muy visionario el planteo). Aunque Moyano confirmó el paro y movilización del 11, es claro que por la falta total de preparación y agitación, será de aparato, una sombra de las huelgas del 5 de mayo y del 9 de junio pasados. Una perspectiva diferente sale de los "impactantes" actos del Polo Clasista en Buenos Aires y Rosario; del Congreso de desocupados de Córdoba; de la votación anti-burocrática en Sanidad; de la sublevación del activismo en ferroviarios; de las luchas del Pami y La Razón; y de la agitación que existe entre los trabajadores desalojados y de las villas. Frente al hundimiento del régimen aliancista; frente al golpe de los ‘servicios’; frente a la cobardía insuperable de la pequeña burguesía frepasista; para salir del sometimiento nacional, de la desocupación y de la miseria, el Partido Obrero reclama una Asamblea Constituyente que se haga cargo del gobierno del país para modificar por completo su base social.

La campaña electoral de Causa Operaria (PCO) tuvo una repercusión gigantesca que se expresó, entre otras cosas, en el crecimiento del Partido en todo el país. En algunos lugares, como el municipio de Alvorada, en el Gran Porto Alegre, en Salvador, en Joao Pessoa y en Belo Horizonte, la propia prensa burguesa reconoció la popularidad alcanzada por los candidatos de PCO. En Joao Pessoa, el PT intentó prohibir el espacio televisivo del PCO, esto llevó a que la compañera Lourdes Sarmento ganase en la justicia el derecho a su utilización por el partido, en el propio programa del PT, para responder a los ataques. Esto permitió que candidatos desconocidos por el público tuviesen el 0,5% o más en diversos lugares. Incluso en Boa Vista, donde a través de una maniobra judicial el Partido fue excluido de la televisión y su candidatura impugnada durante todo el proceso electoral, el PCO obtuvo el 0,1%. En varias encuestas, el Partido apareció con una expresiva intención de voto, llegando al 2% en Salvador y 1% en Belo Horizonte, en Diadema y en Río de Janeiro. En Joao Pessoa, esta tendencia consiguió romper parcialmente el bloqueo electoral impuesto de diversas formas y alcanzó el 2,3% de los votos. Antes de eso, en las encuestas había aparecido con el 3% de las intenciones de voto. Está claro que las propias encuestas trataron de disminuir las intenciones de voto que, en Joao Pessoa, deben haber llegado a más del 7%, para poder, a través de los medios de manipulación, disminuir la votación final que expresa apenas una ínfima fracción de la real influencia conquistada por el Partido. Es importante considerar que el PCO fue a las elecciones con un programa nítidamente revolucionario. La campaña de la compañera Lourdes Sarmento en Joao Pessoa, por ejemplo, fue un ataque sistemático e implacable al frente popular y a la colaboración de clases. De allí se puede concluir el valor extraordinario de los casi seis mil votos obtenidos por la compañera. En todos los lugares, en lugar de impulsar ilusiones electorales, el PCO denunció a las elecciones como medio de resolución de los problemas de la población trabajadora, defendiendo la movilización obrera y la constitución de un gobierno de trabajadores basado en consejos obreros y populares. Es importante agregar que el PCO hizo una campaña electoral con gastos irrisorios, que no sobrepasaron los 5.000 reales (2.700 pesos) en ningún lado. Los candidatos del PT son, por el momento, la mejor opción para la gestión del Estado en el ámbito municipal, donde las contradicciones del régimen burgués, en función de la crisis capitalista, se vuelven insolubles y necesitan de un partido capaz de dividir, dispersar y confundir las movilizaciones populares a través de los mecanismos democráticos. El llamado a votar en el segundo turno a los candidatos del PT en estas condiciones, como hacen varios sectores de la izquierda, por ejemplo el Pstu, no sólo es un grave error político sino claramente un crimen contra la lucha por la independencia de clase de los trabajadores, una vez que la tarea central consiste justamente en denunciar y esclarecer frente a los trabajadores el gran peligro que el PT representa para sus reivindicaciones. En este sentido, el PCO llama a todos los sectores combativos a no dar ningún apoyo a los candidatos del PT en el segundo turno de las elecciones (así ya lo hizo en el primer turno) y a denunciar abiertamente la alianza de ese partido con los explotadores y opresores que están en todos los demás partidos. El PCO llama a los trabajadores a denunciar la política de colaboración de clases y a levantar desde ya un programa de movilización de las masas en el ámbito municipal y nacional.

La decisión del gobierno norteamericano de subsidiar con 28.000 millones de dólares su producción agropecuaria es un jaque mate a la pretensión del gobierno y de la burguesía argentinos de resolver la crisis a través de las exportaciones. Si a esto se agrega, primero, la crisis del régimen automotriz común en el Mercosur, que podría conducir a una limitación de las exportaciones de autos y autopartes a Brasil, y segundo la decisión de muchos países asiáticos de sustituir la importación de aceite de soja y girasol de Argentina, la crisis del comercio exterior argentino no podría ser más completa. Según los datos oficiales, los precios del maíz, girasol y aceites de soja y girasol *los principales rubros de la exportación argentina* están en caída libre. En la primera mitad del año, el precio del maíz cayó el 7%, el girasol el 18,9%, el aceite de soja el 20,9% y el aceite de girasol el 25,5%. El petróleo, en cambio, subió el 70%. Por eso, del incremento de casi 2.000 millones de dólares registrados en la exportación durante los 7 primeros meses del 2000, más de 1.000 millones se deben a petróleo y naftas. Apoyándose en esta suba del precio del petróleo, el gobierno viene sosteniendo que la Argentina logrará ir superando la recesión por medio del aumento de las exportaciones. Así, se cansa de repetir que el elemento novedoso de la situación económica es que las exportaciones están creciendo al 14% anual y eso ayudaría a reanudar las inversiones y a compensar el estancamiento del consumo interno. Pero ahora que el precio del petróleo está en baja, en cambio, "las cosechas récord de maíz y soja en EE.UU. y el aumento del precio sostén para el trigo y el maíz, plantean una nueva amenaza para el mercado mundial, con un serio riesgo para el mediano plazo de que se desplomen los precios" (La Nación, 16/9). Se interpreta que los subsidios norteamericanos "apuntan" a desplazar las exportaciones argentinas "a Brasil" (Clarín, 16/9). A esto se agregan los subsidios europeos que son, por hectárea, 8 veces superiores a los que aplica EE.UU. Más grave es lo que sucede en el mercado aceitero, un fuerte rubro exportador argentino. De acuerdo al Indec, "persisten las dificultades para colocar los aceites vegetales. Por un lado, India duplicó sus aranceles de importación para los aceites de girasol y soja. Irán nuevamente volvió a congelar los pedidos relacionados con aceites crudos y refinados. China continúa con la aplicación de barreras paraarancelarias con el propósito de desarrollar su propia producción. En Europa del Este también se han incrementado los aranceles de importación para los aceites envasados a esos mercados. El panorama para los meses venideros no es muy alentador ya que se perfila que el aceite de palma de Malasia continúe ganando posiciones a precios competitivos con relación a los aceites de soja y girasol". En carnes, además de la crisis por la aftosa, hay "una paulatina disminución de stocks, pérdida de competitividad en relación a Australia y Nueva Zelanda, además de la restricción que imponen las cuotas limitándose el acceso a diferentes mercados externos". De este modo, la crisis plantea un doble y triple cerco a la burguesía argentina. Así como por el nivel del endeudamiento y el peso de los intereses, la pretendida baja del déficit fiscal no sirvió para bajar el riesgo-país, ni para atraer inversiones y reactivar la economía; la pretensión de salir de la recesión por medio de las exportaciones choca con las disputas, trabas y subsidios que a granel pretenden mantener en pie la maquinaria capitalista. La burguesía argentina aún deberá morder el polvo de una crisis mucho más profunda.

Luego de 20 días de bloqueo de todas las rutas del país, de enormes movilizaciones en las principales ciudades, especialmente del interior, de violentos enfrentamientos con los militares, que no pudieron desalojar a los piquetes y bloqueos de las rutas, finalmente se llegó a una serie de acuerdos. El gobierno tuvo que recular en cuestiones básicas. En este marco se ha afirmado la confianza en las propias fuerzas independientes de los explotados y se ha agravado la crisis del gobierno. Ya se dibujan incluso nuevas crisis y luchas y, en estas condiciones, la necesidad de profundizar el reagrupamiento de la vanguardia revolucionaria. Las luchas de los explotados La movilización actual tuvo un carácter más extenso, más masivo y radicalizado que la de abril. Las movilizaciones campesinas fueron creciendo hasta el mismo día en que se firmó el acuerdo con el gobierno, cuando los campesinos de Chuquisaca iniciaban el bloqueo de las rutas de ese departamento y en Tarija irrumpía un movimiento de Sin Tierra con enfrentamientos armados con los terratenientes de la zona. En muchos pueblos y ciudades se pusieron en pie cabildos abiertos. A éstos se movilizaron los cocaleros del Chapare y la Coordinadora del Agua y la Vida de Cochabamba (que había liderado el levantamiento de abril), los transportistas, los gremiales (cuentapropistas), el magisterio rural y urbano, en cierto momento un sector de la policía y hasta los presos comunes que ocuparon las cárceles. Las movilizaciones dieron un salto en la segunda semana de bloqueos y manifestaciones, cuando se formó el bloque intersindical, lo que terminó de convencer al gobierno de que el único camino que le quedaba era negociar. A esta postura también se jugaron la Iglesia y el propio imperialismo. De esta manera, quedaron aislados los sectores más recalcitrantes de las FF.AA. que pedían el estado de sitio y un sector de empresarios y de extrema derecha que llamó a despejar los bloqueos a sangre y fuego. La clase obrera En este alzamiento estuvo ausente el proletariado de las minas y de la industria, maniatado por la burocracia de la COB, en su mayoría perteneciente a los partidos ligados al gobierno. Una fracción opositora que se autodefine como antineoliberal llegó a plantear un comité nacional de lucha, pero no hubo ninguna campaña para materializarlo. El propio movimiento estudiantil sólo se sumó en acciones aisladas, en momentos en que están avanzando los planes de privatización de la Universidad. El programa Las organizaciones en lucha enarbolaron diversos pliegos, votados en muchos casos en asambleas multitudinarias. En una primera fase de la lucha, cuando el gobierno se mostró duro, con la postura de reprimir los bloqueos, todos estos sectores llegaron a esbozar el reclamo de la salida de Banzer, pero ni los campesinos ni los cocaleros ni los maestros lograron articular una consigna que los uniera. Si eso sucedía, "estábamos muertos", decía un nervioso analista. El gobierno tuvo el tiempo suficiente como para soportar las embestidas políticas y remitirse al inteligente juego de la respuesta sectorial, aun a costa de asimilar ‘torpedos’, como el que pretendía la sustitución de la ley agraria. Se llegó a plantear una Asamblea Constituyente, pero esta consigna fue desechada en la práctica; algunos, como la dirigencia de la Coordinadora del Agua, señalando que era una consigna para el mediano plazo. Otros, la dejaron como alternativa en caso de que el gobierno no se aviniera a negociar. Los acuerdos En las negociaciones, la intersindical logró prácticamente la mayoría de sus reclamos: anulación de la ley de INRA (agraria); retiro del proyecto de privatización del agua; abandono del proyecto para construir bases militares en la zona del Chapare y de la yungas; que las 3.800.000 hectáreas de tierras fiscales sean destinadas a asentamientos humanos; libertad de todos los presos e indemnizaciones a las familias de las víctimas de la represión; cese de las causas abiertas a los luchadores. La docencia fue el sector que menos logró, pues en lugar de un aumento salarial el gobierno otorgó un bono a cambio de 200 días de clases. Lo único que logró el magisterio fue congelar el intento de destruir el escalafón. Como sostuvo una docente, su victoria no fue reivindicativa, sino política, porque el gremio se volvió a poner de pie. En el caso de los cocaleros del Chapare, el gobierno mantuvo la postura de erradicar todos los cocales. Los cocaleros reclaman que se les permita tener un "cato", o sea 1.600 metros de producción de coca por persona, para sobrevivir. Toda la zona está rodeada por fuerzas militares y los cocaleros han planteado que van a resistir por las armas, aunque han quedado aislados en medio de una disputa con la intersindical. Crisis política El gobierno de Banzer sale más debilitado, pero sigue siendo la única carta inmediata que tiene el imperialismo. Sin embargo, ya se ha abierto un debate en las filas de los capitalistas. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha reclamado un cambio de rumbo. Desde la oposición se plantean distintas salidas, que van desde el acortamiento del mandato de Banzer hasta la formación de un gobierno de unidad nacional; y están los que plantean que el Congreso debería llamar a una Asamblea Constituyente (Condepa, MBL). En las FF.AA. ha aparecido una tendencia chavista. Perspectivas Las conquistas parciales de la huelga y los bloqueos han conmocionado al pueblo boliviano. Felipe Quispe, dirigente de la CSUTCB, se ha transformado en la figura más popular del país. En el movimiento estudiantil, en las fábricas, se vive un clima de deliberación. En el movimiento fabril el debate gira en torno de la necesidad de sacarse de encima a los burócratas. Ha comenzado el debate para coordinar diversos movimientos de lucha. La intersindical ha dado 90 días de plazo al gobierno para que se dé cumplimiento a todo el acuerdo; en caso contrario se va a producir el tercer alzamiento. Estrategia Bolivia está hundida en la peor crisis de su historia. Las alternativas que están en juego son de fondo. En esta perspectiva, el factor decisivo está en la reorganización e irrupción del proletariado. Hay que construir el partido revolucionario y fortalecer a la Oposición Trotskista. El reciente alzamiento reflejó que el campesinado es una fuerza motriz de la revolución, pero que por sí mismo es incapaz de ofrecer una salida de conjunto. Sus planteos apenas rozaron los problemas agrarios de fondo, como que el 7% de los propietarios rurales concentran el 93% de la tierra, mientras el 93% de los propietarios, que son mayoritariamente pequeños campesinos, poseen sólo el 7% de las tierras que las cultivan intensamente. Del seno de este movimiento campesino cobraron cierto impulso los planteos indigenistas formulados por Felipe Quispe, la lucha por un Estado aymara, pero no ha podido precisar sobre qué bases ese Estado podría superar el desarrollo alcanzado por el capitalismo. Llegaron a plantear la Asamblea Constituyente; un sector incluso la planteó como una salida al margen del régimen actual, pero no pudieron ofrecer un programa para ella. El planteo de la Asamblea Constituyente debe estar orientado a unificar, en el estadio actual de la lucha, a la clase obrera con los campesinos para una lucha por el gobierno obrero-campesino. La Paz, 8 de octubre de 2000

El Senado acaba de sancionar una reforma al Código Penal que venía siendo largamente reclamada por los pulpos inmobiliarios. Para los casos de propiedades ocupadas, establece que "en cualquier estado del proceso y aún sin el dictado del auto de procesamiento, (el juez actuante) podrá disponer inmediatamente el reintegro del inmueble". Una vez que el juez considere "verosímil" la documentación que aporte el propietario denunciante, podrá concretar "el desalojo de los ocupantes ilegales que se materializará mediante el empleo de la fuerza pública en caso necesario". Al comentar el contenido de esta ley, dos dirigentes de cámaras inmobiliarias destacaron que "ahora el denunciante podrá recuperar su inmueble antes del dictado del auto de procesamiento, que en muchas ocasiones no se concreta" (Ambito Financiero, 18/9). Los empresarios saludaron alborozados que los ocupantes inculpados puedan ser "condenados" de hecho *al ser desalojados* antes de poder siquiera ejercer el derecho a la defensa. Complementariamente, los pulpos inmobiliarios reclaman una modificación al Código Procesal Civil que permita ejecutar el desalojo "sin notificar previamente a los ocupantes" (ídem), es decir, un sistema de allanamientos sorpresivos. La ciudad y las casas ocupadas La ley sancionada por ahora "sólo rige en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o respecto de inmuebles del Estado Nacional que se encuentren en territorio provincial" (ídem). En la ciudad hay "12.000 propiedades intrusadas o usurpadas en San Telmo, Montserrat, Palermo Viejo, Almagro y Flores, donde viven unas 150.000 personas" (Ambito Financiero, 19/7). Este drama social se suma al de los centenares de familias que, en diferentes puntos de la Capital, se han instalado bajo puentes o autopistas. ¿Quiénes serán los beneficiarios de la nueva legislación? ¿Los pequeños propietarios de inmuebles ocupados, a quienes se invoca para legislar? En un almuerzo con periodistas, Aníbal Ibarra se ocupó de "asegurar que habrá de desocupar las casas usurpadas aunque haya presión para impedirlo". "Requiere *continúa el diario* liberar dos mil propiedades para integrarlas al fideicomiso de la Corporación del Sur" (Ambito Financiero, 18/9). Es decir que la furia desalojadora tiene como punta de lanza al propio Estado en su carácter de propietario, y tiene que ver con el operativo especulativo que pretende montarse con la venta de esos predios y terrenos públicos en el sur de la ciudad. Los otros beneficiarios son los pulpos inmobiliarios que poseen centenares de casas viejas en la ciudad con piezas alquiladas. Es muy frecuente, en estos casos, que los propietarios dejen de cobrar alquileres a sus inquilinos para fraguarles luego la condición de "ocupantes". Estas maniobras vienen ‘fogoneadas’, naturalmente, por la fiebre especulativa sobre terrenos y casas que desata el prometido "relanzamiento inmobiliario" de la zona sur. Ni un solo desalojo El crecimiento de las ocupaciones de casas es una de las manifestaciones más lacerantes del crecimiento de la miseria social, y un retrato del destino que han tenido las políticas de vivienda en las últimas décadas. Ahora, el gobierno aliancista le declara la guerra al sector más oprimido y golpeado de los trabajadores sin techo. El Partido Obrero plantea la prohibición de todos los desalojos en la ciudad. En esa perspectiva, ya se ha elevado un reclamo al Poder Ejecutivo para que suspenda los desalojos en los edificios de propiedad estatal. Planteamos un empadronamiento de todos los ocupantes y la cesión de los predios, galpones y terrenos inocupados que integrarán la Corporación del Sur, para la construcción de viviendas populares. Subsidio de 500 pesos para los ocupantes desocupados. Subsidio estatal al propietario único de una vivienda ocupada, hasta que se resuelva la situación habitacional de las familias ocupantes. Documentación rápida y gratuita para todos los extranjeros.

La semana pasada entró en vigencia una de las ‘famosas’ 150 leyes sancionadas por la Legislatura saliente de Buenos Aires en el curso de una noche. Se trata de la disposición que exime de todos los impuestos municipales a las obras nuevas en el sur de la ciudad. La exención total regirá durante tres años, mientras que en los tres subsiguientes sólo se pagará el 50% de estas tasas. Pero estas obras quedarán también liberadas "del impuesto que se paga para el permiso de obra, cuyo valor está relacionado con los metros cuadrados por construir" (Clarín, 27/8). El paquete de exenciones impositivas tiene un claro beneficiario: las grandes empresas constructoras, que verán aumentados los beneficios para las edificaciones al sur de Directorio y San Juan. Pero para los actuales habitantes de estos barrios continúan vigentes todos los impuestos municipales. Los ‘pulpos’ podrán ofertar por viejas casas o terrenos un valor de compra que estará disminuido por la carga impositiva que soportan sus actuales ocupantes. Pero al edificar y vender, podrán incorporar a los valores de venta los beneficios resultantes de seis años de exenciones impositivas. Este mismo superbeneficio vale para las refacciones, lo que recreará en el sur de la ciudad el negocio del reciclado de casas, que en otros barrios ya elevó considerablemente el costo de la vivienda. Se ha montado así un fabuloso incentivo económico a la expulsión de los actuales habitantes de la zona sur de la ciudad. Las exenciones, que vienen siendo largamente anunciadas, han desatado desde hace meses una "fiebre compradora" de casas viejas en barrios como La Boca y Barracas. Simultáneamente, han recrudecido los desalojos. Al saludar este paquete impositivo, Ibarra destacó que "en el sur los privados no invierten porque no encuentran los servicios adecuados". Y que "el sector público no invierte porque se limita a marchar detrás de la inversión privada". Lo que el jefe de Gobierno está anticipando es que, para las nuevas "inversiones", existirá infraestructura comunal adecuada (de la que hoy no gozan los vecinos de la zona sur). Es decir que además de los "incentivos fiscales", los pulpos gozarán de obras públicas "sin cargo" para facilitar el acceso a los centros comerciales o complejos hoteleros que se construyan. El presupuesto de la Ciudad se coloca así al servicio de los especuladores inmobiliarios y el gran capital. El Partido Obrero plantea: exención impositiva para la vivienda familiar única en la ciudad. Impuestos progresivos a la gran propiedad inmobiliaria y comercial. Ningún desalojo. Por alquileres y cuotas que no excedan el 10% del salario del jefe de familia.

El pasado lunes 2 de octubre, tres obreros de la construcción murieron en una obra de la Capital. El montacargas de la obra, un "megaedificio" de 25 pisos en pleno centro, se desplomó con los tres trabajadores adentro. Todas las evidencias indican que las razones del accidente están lejos de la mera "adversidad": "la obra estuvo paralizada cinco años después de haber sido clausurada por otro accidente fatal" (Página/12, 3/10). Por otra parte, "el 7 de marzo (pasado) murió allí otro obrero" (ídem). Según relataron trabajadores de la obra, "cada vez que había fallas (en el montacarga) venía una empresa, pero el mantenimiento lo hacía uno de los ascensoristas". Es decir que existía el más estricto "ahorro de costos" en materia de seguridad. En el mismo día del accidente, los delegados de la obra "plantearon que era demasiado el riesgo que corrían por la velocidad del viento". Aunque "unos 35 trabajadores se fueron, el resto *unos 150 trabajadores* continuó con la faena", evidentemente como resultado de la presión patronal. Al día siguiente, el Partido Obrero presentó un pedido de informes sobre el accidente fatal, dirigido al Gobierno de la Ciudad. En ese pedido, y en la intervención de Jorge Altamira durante la sesión plenaria del jueves 5, se denunciaron tres cuestiones centrales. En primer lugar, que la escalada de accidentes fatales es una consecuencia directa de la privatización del régimen de accidentes del trabajo, que "impide a los trabajadores reclamar ante la justicia civil por daños que hubieran sufrido y condena a los familiares a recibir indemnizaciones de miseria. Por eso *destaca el PO en los fundamentos de su pedido* a las patronales les resulta más barato incumplir con las normas de seguridad laboral que pagar los resarcimientos legales". Altamira denunció que en, su lucha por capturar clientes, las ART compiten en materia de laxitud en las normas de seguridad exigidas a sus potenciales asegurados. La privatización del riesgo de trabajo es, por lo tanto, incompatible con la seguridad laboral. En segundo lugar, Altamira destacó que los accidentes delatan "las condiciones laborales que rigen en la ciudad, donde la mitad de los trabajadores es empleada en negro, un 40% de la fuerza laboral activa realiza jornadas laborales que superan las 40 horas semanales y la miseria salarial se combina con los incentivos al presentismo, que fuerza a la concurrencia al trabajo aún cuando el trabajador no reúna condiciones para hacerlo". Finalmente, el PO denunció la colusión patronal-sindical, a través de la cual *y como se ha denunciado públicamente* la patronal ha ‘comprado’ la pasividad de la burocracia de la Uocra en irregularidades en materia de seguridad en las obras. En la sesión plenaria, Altamira levantó dos planteos de salida a la escala de accidentes fatales: "Reivindicar el derecho de los trabajadores a recurrir a la vía civil, contra la discriminación que, respecto de cualquier particular, tiene un trabajador en términos de riesgos laborales". En segundo lugar, "el control obrero de las condiciones de seguridad, a través de comités de trabajadores electos en cada obra o lugar de trabajo". Otros diputados *particularmente los del bloque cavallo-belicista* presentaron pedidos de informes sobre el mismo tema, que se centraban en los controles técnicos de la Municipalidad sobre las obras, o en la actividad y dotación del cuerpo de inspectores del trabajo en la Ciudad. El PO inquirió, en cambio, sobre las inspecciones realizadas por las ART, así como por la cantidad de siniestros registrados "antes y después de la implantación del régimen de las ART". Finalmente, el PO inquirió sobre el "grado de organización gremial en las obras, o de comités de seguridad e higiene electos por los trabajadores". En estos términos, la Legislatura aprobó el pedido de informes al Ejecutivo de la Ciudad.

En medio de la crisis política, el nuevo gabinete significa una declaración de guerra contra las masas. Las miles de mujeres que nos encontramos en Paraná, provenimos de diversas experiencias, de grandes luchas, y somos también las principales víctimas del impuestazo, del ajuste, de la reforma laboral y de la desocupación. Aquí estamos las que venimos de luchar por el salario y las condiciones laborales, de enfrentar el Pacto Federal II que liquida la educación pública, las desocupadas que cortan rutas por sus puestos de trabajo, las campesinas que resisten los desalojos, las madres que piden justicia por sus hijos asesinados, las jóvenes que enfrentan el gatillo fácil, las amas de casa que resisten la crisis, las defensoras de los derechos de la mujer... Nosotras, las mujeres del Encuentro, nos enfrentamos a un gran desafío y tenemos la entidad y representatividad suficiente para dar una respuesta. En esta crisis política y social, con cuatro millones de desocupados, somos miles las mujeres cabezas de familia sin ninguna alternativa para llevar adelante nuestro hogar. Las mujeres del Encuentro tenemos que ser la caja de resonancia de todo el descontento y la bronca popular que dice basta a esta catástrofe social. Basta a este Estado corrupto, cada vez más corrupto. Basta de miseria social y de ataque a nuestras condiciones de vida. Basta de pulpos petroleros que se llevan las riquezas del país y nos condenan al frío, sin gas ni combustible. Basta de servicios públicos privatizados que nos cortan la luz y el agua si no pagamos las altísimas tarifas que cobran. Basta de patronales superexplotadoras y aseguradoras cómplices que se cobran la vida de más de tres obreros por día en accidentes de trabajo. Basta de privatización de la salud y de hospitales vaciados de insumos y personal. Basta de pactos federales que liquidan la educación pública y la convierten en negocio para los capitalistas. Basta de ingerencia de la Iglesia en la educación y en la vida de las mujeres, produciendo la muerte de más de una mujer por día en abortos clandestinos y niñas madres cada vez más niñas. Basta a la tregua de los sindicatos con el gobierno, plan de lucha y huelga general hasta la derogación de la reforma laboral. En este Encuentro del año 2000 tenemos que convertir nuestro grito de indignación en acción: por una gran marcha por pan y trabajo contra la reforma laboral, por la vigencia de los convenios colectivos por actividad, por nuestra licencia por maternidad y lactancia, por guarderías en los lugares de trabajo y guarderías gratuitas en los barrios. Por un salario mínimo de 600 pesos y un plan de lucha hasta conseguir un salario igual al costo de la canasta familiar. Por un seguro al parado de 500 pesos sin discriminación, subsidio a la madre sola de 200 pesos por hijo. • No al aumento de la edad jubilatoria de la mujer. Derogación de la reforma laboral. Jubilación mínima de 500 pesos. • Por educación y salud pública y gratuita. • Basta de impunidad. Cárcel a los genocidas, a los apropiadores de niños y a los policías de gatillo fácil. Desmantelamiento del aparato represivo. • Por nuestro derecho a decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar, aborto legal y gratuito para no morir. • Por los derechos de la mujer trabajadora. • Solidaridad con nuestras hermanas bolivianas. Solidaridad con las mujeres palestinas. Fuera yanquis de América Latina.

El 1º Congreso Provincial de Desocupados, realizado el pasado 30 de septiembre, significó un gran salto de organización y de lucha. Concurrieron cerca de 100 desocupados, el 80% de ellos delegados elegidos por asambleas realizadas en casi 50 barrios de Córdoba capital y en localidades del interior provincial. Como lo dijo la mayoría de los delegados: "Somos muchos más que los que estamos acá"; porque en los barrios y pueblos los desocupados concurrieron a las asambleas con sus reivindicaciones y conclusiones políticas que luego fueron volcadas por los delegados; porque el local del Sutrade se ha convertido en un centro de convergencia al cual se suman cada día más compañeros que luego organizan sus barrios; porque a partir de la salida del afiche convocando al congreso los compañeros recibían de 15 a 20 llamadas diarias para informarse. La falta de recursos económicos impidió que muchos otros compañeros (incluso delegados) concurrieran al Congreso. En todos los barrios quedaron armadas asambleas para conocer las resoluciones y nuevos barrios se están organizando. Las distintas intervenciones revelaron un salto político en el movimiento. Hubo homogeneidad en caracterizar como responsables de la situación a los gobiernos y a los capitalistas. Los compañeros expresaron, uno a uno, la convicción de que era necesario formar una poderosa organización si se quería arrancar las reivindicaciones planteadas. En las palabras de una delegada, "dejemos de ser desocupados para pasar a ser desempleados, porque ahora vamos a estar muy ocupados en esta pelea, organizándonos, recorriendo nuestro barrio empadronando a nuestros vecinos desocupados, difundiendo nuestras resoluciones, luchando". Las intervenciones de los delegados de la Comisión de Desocupados de Berazategui y del Movimiento Teresa Rodríguez de Florencio Varela, fueron seguidas con mucha atención: los compañeros estaban ávidos de conocer otras experiencias de lucha. La moción del delegado de Alta Gracia, de organizar un Congreso Nacional de Desocupados en Córdoba, fue recogida por los distintos oradores y votada por unanimidad. El Congreso adoptó varias e importantes resoluciones, las cuales fueron votadas por unanimidad. Se resolvió, en el terreno de la acción: 1. Adherir al paro y movilización del 11 convocados por la CGT disidente, llamando a concentrarse a partir de las 12 horas en Colón y Gral. Paz para dirigirse luego al municipio y a la Casa de Gobierno a entregar el pliego de reclamos. 2. Sacar una carta abierta al movimiento obrero llamando a parar y movilizarse ese día. 3. Sacar una publicación quincenal del Sutrade reflejando los problemas y tareas del movimiento. 4. Organizar un poderoso cuerpo de delegados. 5. Convocar a un nuevo congreso provincial para el primer trimestre del año próximo. 6. Impulsar la convocatoria al Congreso Nacional de Desocupados; establecer un vínculo con el resto de las organizaciones de desocupados del país para organizarlo. 7. Lanzar una campaña financiera para obtener los recursos para impulsar estas actividades. Además se hicieron planteos para agregar al pliego de reivindicaciones que estaba levantando el Sutrade, cuyos reclamos centrales son trabajo o subsidio de 600 pesos, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, empadronamiento de todos los desocupados mayores de 16 años, eximición del pago de tasas, servicios e impuestos, entre 22 puntos de la plataforma. Se votó y agregó, entre otros: • El reclamo de que los 17.000 jóvenes que quedaron fuera del Plan Primer Paso sean incluidos en éste, exigiendo además que tengan un salario de 300 pesos (el gobierno paga 140) por las 4 horas de trabajo, así como que haya un control por parte de los delegados, comisiones internas y sindicatos de que esos puestos no sean en reemplazo de trabajadores en actividad, decidiéndose además hacer un llamado a los jóvenes que quedaron afuera del PPP a organizarse. • La eximición del pago del IVA. • La triplicación del presupuesto de salud, y el rechazo a la descentralización hospitalaria, exigiendo que el Estado provincial se haga cargo de todos los hospitales transferidos al municipio. • Que el Estado se haga cargo de la construcción de viviendas para los carenciados. • La exigencia de un mínimo legal de 600 pesos para trabajadores activos y los jubilados. El Congreso concluyó con la convicción de que hay una gran tarea por delante y la disposición a llevarla a cabo, que la solución a los problemas no es "mágica" sino el resultado de la organización y la lucha. Al concluir se marchó hacia la carpa que mantienen los municipales en lucha en la puerta de la Municipalidad, para expresar el apoyo de los desocupados. Por su preparación, por los debates, por las resoluciones aprobadas, se realizó un gran Congreso de los desocupados cordobeses.

Victorias en importantes establecimientos Decenas de compañeros se agolparon frente a la sede del Sindicato de la Sanidad (Atsa) desde la tarde del miércoles 4, hasta las 3 de la mañana del 5, para defender la votación de la Lista Bordó. A esa hora la dirección del frente antiburocrático de la Bordó *moyanistas de Blopepsa, Mst (Bordó), CTA (Verde) y Asis (PO e independientes)* había decidido impugnar los resultados. El viceministro de Trabajo, Sappia, había declarado 48 horas antes que pensaba suspender las elecciones, dadas las irregularidades percibidas: falta de padrones, establecimientos inexistentes con afiliados también inexistentes, dobles inscripciones, etc. Pero Sappia dejó correr el proceso fraudulento. Razones de Estado. Había que defender a la burocracia del ‘gordo’ West Ocampo, uno de los baluartes de la CGT de Daer que pactó con De la Rúa y Flamarique la aprobación de la reforma laboral antiobrera. El mismo día de la elección, los fiscales Bordó tuvieron dificultades para acceder a diversos establecimientos: justamente aquellos donde la burocracia hizo votaciones más abultadas (Sanatorio Metropolitano, etc.). En otros, donde se pensaba que ganaba la oposición, la directiva Celeste y Blanca impidió que votaran decenas de trabajadores. Fue el caso del Hospital Francés, donde a pesar de ello la Celeste fue derrotada por 276 a 46 votos. La Bordó crece Al momento de retirarse del escrutinio, los datos oficiales eran que la Celeste tenía 4.600 votos (64%) y que la Bordó totalizaba 2.560 (36%), lo cual representa un importante crecimiento respecto de las elecciones anteriores (77% y 23% respectivamente). Esta votación ya garantizaba la imposición de la minoría de congresales para la Bordó, para lo que hacía falta superar el 20%. La Bordó ganó en importantes establecimientos. Entre los grandes sanatorios, se impuso en el Francés, Italiano, Británico, Otamendi, Anchorena, La Trinidad, Centro Gallego, De Cusatis y Medical Park. En los laboratorios *tradicional feudo burocrático* se logró imponer en el Montpellier, Andrómaco y Rivero. Empató en el Sanatorio Antártida y en el San Camilo. En el Mitre, cuya comisión interna responde a la Celeste, la burocracia logró ‘imponerse’ por sólo 6 votos. Y el triunfo en el Anchorena fue simbólicamente importante. Allí, unas semanas antes de la elección, dos enfermeras se habían encadenado a la puerta para resistir su despido. Radicalización El gremio de la Sanidad no ha tenido grandes luchas en el último período. Enfrentado a una ola de ataques flexibilizadores y tercerizadores, la dirección de West Ocampo e Ingenieri desorganiza y entrega la resistencia obrera. Pero la elección indica una importante radicalización política de los trabajadores de la Sanidad. Ahora se trata de darle continuidad a esta lucha, tanto para recuperar las comisiones internas como para resistir los ataques patronales en los sanatorios y laboratorios. West Ocampo pretende ahora ‘negociar’ los convenios colectivos del Sindicato de la Sanidad. Es fundamental lanzar una campaña para que el anteproyecto de convenio sea discutido y votado en asambleas donde se elijan los delegados paritarios. El miércoles 11 nos movilizamos a la marcha de la CGT Moyano con estas banderas y el reclamo de un plan de lucha.

El paro con corte de ruta convocado por la CGT San Lorenzo fue muy importante, al igual que el acto frente a la Municipalidad. Alrededor de mil compañeros de los diferentes gremios y fabricas del cordón y municipales de otras localidades de la provincia se movilizaron, el jueves 5, hacia la ciudad de Bermúdez. La Municipalidad estuvo vallada y una gran cantidad de canas rodeó el edificio. El Secretario General de la CGT San Lorenzo, Quiroga, hizo uso de la palabra; su presencia en el acto estuvo acompañada por una importante y combativa columna de más de 200 compañeros fabriles, municipales y docentes. Quiroga reivindicó la lucha de los trabajadores municipales que en diferentes lados vienen enfrentando a las patronales de distintos signos políticos, como los compañeros de Bermúdez frente a un gobierno aliancista, o los municipales de Córdoba contra un gobierno peronista, o los compañeros de Montevideo que se enfrentan a la centroizquierda frenteamplista. Señaló, como camino de la victoria, la necesidad de que la Festram (la federación municipal) largue un paro y un plan de lucha provincial, que incluso sirva para organizar la huelga general en la provincia y unifique las diferentes luchas que se vienen dando. Leonis, Secretario General de la Festram (a la que pertenece el sindicato municipal de Capitán Bermúdez) presentó como una victoria que se forme una mesa de negociación (?). Sólo bajo la presión de los cantos finalizó diciendo: "Lo que voy a decir es una respuesta a los partidos políticos que nos están apoyando" (en referencia a la combativa columna del Partido Obrero que, junto al resto de los trabajadores municipales, reclamaba el paro provincial), y anunció que si la negociación fracasaba (luego de 50 días de paro) se convocaría la próxima semana a un paro provincial; luego de lo cual y para encubrir la parálisis de la Festram convocó a marchar a las casas del intendente y otros funcionarios, donde se tiraron piedras. Es evidente que la Festram se resiste a abrir una lucha provincial porque quebraría la tregua que mantiene con el ‘Lole’ y alentaría una lucha común con otros gremios en conflicto. Quieren evitar a toda costa que el movimiento obrero pueda generalizar las luchas e intervenir en el cuadro político terminal de este régimen político. Para los trabajadores municipales que están frente a esta encrucijada, se plantea (mientras se reclama la huelga provincial a la Festram) marchar a una Asamblea Popular y preparar una acción decisiva de todo el pueblo de la zona. • Por el pago de los salarios adeudados. Si el municipio no tiene recursos, que se haga cargo la provincia. • Por la defensa del convenio único de los municipales de la provincia.

El primer intento de implantar el gerenciamiento de la salud en la provincia de Buenos Aires abarca a cuatro hospitales públicos: "Evita Pueblo" de Berazategui, "Isidoro Iriarte" de Quilmes, "Evita" de Lanús y "Cordero" de San Fernando. Allí viene actuando un grupo de empresas, Grupo Consultor de Infraestructura (CGI), subsidiado por el Banco Mundial, a los efectos de: ‘evaluar’ el desenvolvimiento de los hospitales, realizar un ‘diagnóstico’ y proponer una "refundación funcional", esto es, presentar un organigrama y un proyecto de funcionamiento. Esta consultoría está encuadrada en el proyecto Pressal *contemplado en el decreto 578/93 (Hospital de Autogestión) y en la ley 7016 (Regionalización Sanitaria)* que, en su esquema teórico, asimila el concepto de hospital al de "empresa" y denomina al paciente como "cliente". Respecto del Hospital de San Fernando, una ‘profunda apreciación’ de estos ‘evaluadores’ prevé un incremento de la demanda del hospital por un aumento demográfico debido al incremento de: las migraciones, la tasa de nacimientos, la tasa de población en edad productiva y la pobreza (Informe del CGI). Contra este diagnóstico digno del ‘tercer mundo’, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha jubilado, en los últimos meses, a 1.100 agentes del área de salud (denuncia de la Cicop a El Día), puestos que aún hoy no ha cubierto; en nuestro hospital afecta a 30 puestos. Los trabajadores del hospital han realizado dos asambleas y se conformó una mesa intergremial (conformada por ATE, Salud Pública y la Cicop) que ha exigido nombramientos para estas vacantes y el aumento del presupuesto del hospital, en función de cubrir las necesidades de atención de la población. El departamento de "Recursos Humanos" El ‘organigrama’ para el funcionamiento del hospital, presentado por la consultora, es de tal pomposidad, majestuosidad y desquicio, que no tiene que ver con la realidad del hospital. Sin embargo, tiene una ‘novedad’ que hace al corazón del Pressal: el departamento de Recursos Humanos. En su Propuesta Técnica, el Pressal faculta a este departamento para que fije: la extensión de la jornada laboral (a 12 horas); el sistema de contratos; la reglamentación interna de premios y sanciones; los conceptos de productividad; y la ‘reubicación’ del personal. Es decir, la flexibilidad laboral y la Ley Marco del Empleo Público hechas y derechas. Se ha abierto un proceso de deliberación y de lucha en el hospital. Se rechazó de plano, en las asambleas, negociar las condiciones laborales; esta será, sin duda, la base de un futuro conflicto. Los sindicatos tienen la responsabilidad de convocar a un Plenario de Delegados contra este nuevo ataque. Tribuna Estatal se empeñará en luchar por: alta por baja; aumento presupuestario; pase de contratados a planta; respeto de las condiciones laborales; fuera la flexibilización; fuera la gerenciadora.

Un mes de lucha. Treinta días en los cuales los compañeros desocupados de San Fernando han derrotado todas las acciones del Estado, que apeló a todos los medios a su alcance para desbaratar la Carpa del Pan y del Trabajo. Cuatro semanas durísimas, pero que sirvieron para recibir la solidaridad de la inmensa mayoría de la población del distrito y de los trabajadores de la zona norte, para demostrar la voluntad férrea de los desocupados de ir hasta el final. Y para delatar el desborde del intendente Amieiro y sus funcionarios, que han perdido completamente la "compostura". La carpa dobló la "cintura" de Amieiro El intendente de San Fernando *que proviene, al igual que sus funcionarios, de la derecha más recalcitrante del peronismo* gusta autoadjudicarse "cintura política". La crisis que gestó en el distrito la Carpa del Pan y del Trabajo, sin embargo, le quebró la ‘enhiesta’ figura. "Se quedarán en esa toldería mucho tiempo", declaró despectivamente a un diario local el intendente Amieiro, que decidió esperar "hasta que la Justicia tenga que actuar" (168 Horas, 30/9). Tratar de ‘indios’ a los desocupados a los que él les niega trabajo es todo un síntoma de desesperación. Más aún, al igual que sus funcionarios, declaró que el "Municipio no está en condiciones de dar un subsidio" o trabajo como reclaman los trabajadores. Pero la ‘cintura’ de Amieiro ha perdido su ‘curvas’ hace rato: agotó todas las injurias y todos los insultos contra los desocupados; movilizó a centenares de ‘ñoquis’ de la Municipalidad que, a plena luz del día, salían de la Intendencia para volantear contra la carpa y amenazar a sus ocupantes; gastó fortunas en volantes anónimos que pagan los vecinos y tiran, desde costosísimos autos, empleados de la Municipalidad, también sufragados por los habitantes de San Fernando; ‘gobernó’ emitiendo dos decretos de desalojo de la carpa; le puso pasacalles a la jueza de paz interviniente exigiéndole que eche a la "toldería"; hizo marchar a todo un ejército de "asistentes sociales" a los barrios organizados por la Coordinadora *antes jamás aparecían* que, en vez de ‘asistir’, se dirigen a las casas de los vecinos para aterrorizarlos con quitarles los terrenos, sacarles los misérrimos planes alimentarios a aquellos que aún los tienen, e, incluso, a amenazar a las mujeres de la Coordinadora que están en la lucha de la Carpa del Pan y del Trabajo con quitarles la tenencia de sus hijos por... ¡abandono! La Carpa de los Desocupados de San Fernando, así, ya tiene ganada más de la mitad de la batalla. Aparecen las chapas, las ‘promesas’ y los ofrecimientos incalificables de parte de la Intendencia en las discusiones con la Coordinadora, porque la Carpa les puso el reclamo, la lucha, la bronca de los desocupados frente a sus narices. Amieiro debe responder Desde la Municipalidad, y con todo el aparato del PJ, en los medios locales y nacionales, Amieiro ha descalificado la acción de la Coordinadora. La última ‘gambeta’ del intendente ha sido sacar un también anónimo volante que injuria a uno de los dirigentes de la Coordinadora de la manera más deshonesta. Efectivamente. A fines de setiembre, la Coordinadora le hizo llegar a las autoridades municipales, que acusan a los de la "toldería" de ultra-izquierdistas, su contra-propuesta: • Cincuenta puestos de trabajo inmediatos y otros cincuenta en plazos a establecer de común acuerdo. • Asistencia alimentaria para todas las familias censadas. • Conformación de una comisión integrada por los funcionarios del Municipio y los representantes de la Coordinadora para instrumentar y verificar el cumplimiento de este acuerdo. Amieiro debe responder a este planteo de los desocupados.

Las comisiones de Ciencia y Técnica del Congreso convocaron a fines de setiembre a audiencias públicas con el propósito de "sumar propuestas para la reforma del sistema científico". La iniciativa fue lanzada con posterioridad a la masiva reacción por el anuncio del secretario de Ciencia y Técnica *Dante Caputo* de proceder a la liquidación del Conicet. El Conicet es la mayor institución del sector; nuclea a más de 6.000 investigadores, personal técnico, administrativo y becarios, y su cierre fue reclamado directamente por el Banco Mundial. Ahora, en cambio, se difunde la especie de que "el acta de defunción del Plan Caputo estaría firmada" (Página/12, 27/9) y que los diputados procederían a votar una norma que incluye los "aportes constructivos" de los investigadores y especialistas, según declaró la profesora y diputada aliancista Adriana Puiggrós. No es verdad. En realidad, muerto el Plan Caputo, éste sigue gozando de muy buena salud. Primero porque en el Presupuesto 2001 los fondos para el Conicet han sido nuevamente recortados. En consecuencia, los ingresos al organismo de nuevos investigadores están en la congeladora: este año habían completado las exigencias respectivas 400 postulantes, y sólo 150 habían sido aceptados debido a las restricciones económicas; esto con anterioridad a los recortes del Presupuesto 2000, que el de 2001 agrava más todavía. Resultado: no entra nadie. Tampoco hay fondos para las promociones, es decir, para los aumentos en las remuneraciones derivados del ascenso en la carrera de investigador, ni para becas y subsidios nuevos, e inclusive para muchos de los ya otorgados. Para garantizar el funcionamiento del Conicet en los términos miserables en que lo venía haciendo se necesitaría una partida 40% superior a la que figura en el Presupuesto 2001. Sobre este punto los diputados aliancistas se han hecho olímpicamente los opas. Además, están considerando como referencia privilegiada para la ley que pretenden sancionar al "proyecto Salum", por el nombre de un senador de la UCR, que ya obtuvo una media sanción del Senado. Pero resulta que la ley Salum es una versión camuflada... del Plan Caputo: elimina el Conicet como organismo de "promoción" de la ciencia, que es precisamente lo que permite contar con fondos para subsidiar la actividad de investigación pública, y deriva estas funciones a la universidad y otras instituciones. Es lo que planteaba el Plan Caputo, que proponía convertir al Conicet en un organismo residual. Las audiencias fueron un recurso para desviar la presión del movimiento de lucha de los investigadores y el personal del Conicet y proseguir por otros medios con la política de Caputo y el gobierno. La propia lista de intervenciones en las audiencias públicas fue manipulada y los representantes de la Coordinadora y delegados del Conicet, marginados deliberadamente. Una experiencia similar se vivió con el tratamiento de las leyes educativas, a principios del ‘90, cuando luego de haber "escuchado" a todo el mundo los diputados parieron la reaccionarias Ley Federal y la Ley de Educación Superior. El cuerpo de delegados del Conicet votó concretar una nueva ocupación del organismo la próxima semana para reclamar por el ingreso de todos los investigadores y por los 70 millones de dólares que faltan para cumplir con las promociones, becas y subsidios. La medida se concretará entre el 17 y el 20 de octubre en ocasión de una semana nacional de movilización decretada por la Conadu y los docentes secundarios dependientes de la universidad, que siguen sin cobrar el incentivo docente. Sólo la extensión del Cuerpo de Delegados y un curso ascendente de movilizaciones y acción directa podrá dar resultado. Hay que desenmascarar a los diputados "amigos" de los investigadores que buscan continuar con la política de Caputo por otros medios.

En agosto, el gobierno frenteamplista de Montevideo debería haber ajustado el salario de los municipales para que éste mantuviera su capacidad de compra. Por el contrario, y ratificando lo anunciado en la prensa por los directores políticos y el mismo intendente, se le ha comunicado a Adeom (el sindicato municipal) que se seguirá adelante con la rebaja salarial y con la política de privatizaciones. A un mes de la asamblea general, donde el gremio ratificó sus reclamos, han contestado con una propuesta de convenio de rebaja salarial que reafirma todas las medidas tomadas hasta ahora contra los trabajadores municipales y el cierre de las obras en los barrios populares. La reducción de los ingresos de los compañeros en los centros Culturales, de la extensión horaria para profesionales, privatizaciones en limpieza urbana, mantenimiento de los negocios con las ya privatizadas, no son más, que parte de un plan, que incluye seguir liquidando las condiciones de trabajo y salariales. La ‘socialista’ Yara Rodríguez, integrante de la comisión de relaciones con el sindicato, ha dicho que el planteamiento salarial y la plataforma de Adeom eran inviables. A Rodríguez y al gobierno frenteamplista sí les parece viable que se sigan desangrando los recursos municipales para pagar los préstamos tomados con el BID, como siempre en condiciones de usura, y que se siga con los superbeneficios para un puñado de grupos capitalistas mediante los contratos particulares, privatizaciones y tercerizaciones. A ellos lo único que les parece viable es la política ‘neoliberal’ de privilegios a los bancos, a la Jackson, a la Brill, a la Sur, a las grandes empresas de la construcción. Para rematar esto, el intendente Arana acaba de declarar que mantendrá la privatización de la Zona Centro y que no tendrá en cuenta el planteamiento de Adeom de remunicipalizar y recontratar a los trabajadores de la empresa Sur. Es decir, va a defender el derecho de los empresarios de Sur a seguir currando con los dineros públicos, pagándole chirolas a sus trabajadores y no permitiendo la sindicalización. Todo esto reafirma el acierto de los pasos que ha venido tomando el sindicato en sus asambleas generales y plenarios de delegados, reafirmando a través de nuestra plataforma y de la movilización, la imperiosa necesidad de derrotar esta ofensiva contra el gremio municipal. En los próximos días se desarrollarán una serie de asambleas populares en diferentes barrios, donde Adeom denunciará la situación entre los trabajadores y los vecinos, organizando una gran asamblea en la explanada municipal. Se están haciendo asambleas en los diferentes sectores; el plenario de delegados comenzó a funcionar en forma regular y estamos en el medio de una campaña de propaganda y agitación. Las asambleas, como en el caso de recolección nocturna, han ratificado la votación de la asamblea general de ir a un paro general de 24 horas ante cualquier privatización, tercerización, despido o cambio e innovación en los servicios. Se ha demostrado además que quienes invocaban el aislamiento de Adeom no entienden nada de la situación de los trabajadores. Ya empiezan las movilizaciones en todo el país contra la rebaja salarial que impone el presupuesto, contra las nuevas privatizaciones, contra el aumento de la desocupación. Adeom hoy está más unido que nunca las necesidades y aspiraciones de todos los trabajadores, porque luchamos por el mismo objetivo y porque nuestra plataforma por un salario mínimo de 9.000 pesos, por la remunicipalización de las áreas privatizadas y tercerizadas, por crear más puestos de trabajo, es de interés común a los trabajadores. Esto lo han demostrado las adhesiones que se han ido produciendo en numerosos sindicatos a nivel nacional e internacional. Se hace imprescindible un gran frente de unidad clasista entre todas las corrientes y listas de Adeom que han roto con la política de seguidismo a este gobierno y a todos los gobiernos sometidos al FMI, para defender una orientación de independencia obrera consecuente, que derrote el ajustazo fondomonetarista del gobierno de los Arana-Batlle.