Prensa Obrera N° 679

De la mano del ascenso de la Alianza al gobierno, una parte de la 'universidad' llegó al poder. Esta 'parte' quiere ir a fondo con el vaciamiento y la privatización de la universidad pública, reforzando su alianza con los grandes capitalistas. Esta situación quedó en evidencia con el recorte del presupuesto universitario decretado por Machinea y con el plan de desmantelamiento del Conicet, en los exámenes de ingreso en las facultades de Medicina y en la ofensiva en regla en todas las facultades para expulsar estudiantes, cerrar cátedras y dejar en la calle a los docentes. Con el cambio de gobierno, entonces, se replantea la situación de la universidad. El gran capital le exige a la Alianza que se valga del control que tiene del aparato universitario (rectores, decanos, etc.) y de la dirección oficial del movimiento estudiantil para proceder a un ataque sin precedentes contra las conquistas de docentes, no-docentes y estudiantes. La universidad aparece como un botín muy preciado, con sus casi 2.000 millones de dólares de presupuesto y con sus docentes y estudiantes que representan, potencialmente, una mano de obra calificada y barata. El recorte presupuestario, hay que señalarlo, fue una voz de mando a los rectores y decanos. En la UBA, por ejemplo, el rectorado de Shuberoff ha centralizado el control de las materias optativas de las facultades y luego ha resuelto el cierre de decenas de ellas. Facultades como Ciencias Sociales o Psicología serán golpeadas duramente debido a la gran cantidad de materias optativas que tienen sus planes de estudio. En la facultad de Medicina de Córdoba se ha colocado un cupo que sólo permite el ingreso de 600 estudiantes sobre un total de 3.800 aspirantes. Algo similar sucede en Medicina de La Plata. En Ciencias Económicas de la UBA, luego de propagandizar la eliminación del CBC, se ha implantado nuevamente un ciclo de 6 materias que, de no ser aprobado, impide seguir cursando. Privatización El gobierno ya ha anunciado que en el presupuesto de 2001 será necesario volver a reducir el presupuesto educativo, incluido el universitario. La política de ajuste, sin embargo, es también funcional a la privatización de la universidad. Con la excusa de la falta de fondos se han profundizando los lazos con la empresa privada. Pero los capitalistas no están dispuestos a financiar la universidad, sino a apropiarse del presupuesto público, transformándolo en un subsidio a la empresa privada. Motorola, por ejemplo, acordó con De la Sota y la Universidad de Córdoba que se le entregarán pasantes y que formará a los profesionales en la universidad, pero la empresa no pone un peso. Por supuesto que la cantidad de ingresantes estará determinada por las necesidades de Motorola y no por la voluntad de la juventud de formarse y progresar. Para los Shuberoff y compañía ha llegado el momento de avanzar en este proceso privatista y darle una nueva dimensión. En la universidad más importante del país, la UBA, está en marcha UBAnet, una universidad virtual que, de hecho, será paralela a la vieja UBA. En UBAnet los cursos son a distancia y arancelados, con una calidad académica muy inferior. Será, en definitiva, el lugar donde irán a parar miles de jóvenes que no puedan ingresar a la universidad. Por eso, donde algunos quieren destacar que este proceso es el resultado del avance de la ciencia, en realidad se esconde el vaciamiento de las universidades en beneficio de la IBM y los pulpos de las telecomunicaciones. Por la refundación del movimiento estudiantil El dominio de la Franja Morada en los centros y federaciones ha llevado al movimiento estudiantil a una profunda crisis. Los centros de estudiantes están completamente vaciados. La propia FUA no es más que un aparato. El ascenso de De la Rúa al gobierno le ha dado el tiro de gracia. Las tradiciones del movimiento estudiantil deben ser recuperadas para enfrentar la ofensiva en curso. Para eso es necesario refundar el movimiento estudiantil. A pesar de dirigir algunos centros de estudiantes, la izquierda democratizante no ha representado un factor de reagrupamiento. Izquierda Unida ha llegado al colmo de apoyar la intervención de De la Rúa en la Conadu. Patria Libre se ha transformado directamente en una agencia de la CTA, limitándose a una juntada de firmas para De Gennaro. El PTP, que tuvo su desarrollo a la sombra de la Franja sin cuestionar nunca su dirección, hoy se encuentra completamente empantanado. La izquierda democratizante no ha podido darle una perspectiva al movimiento estudiantil porque ella misma es rehén del Estado burgués, es decir de los que destruyen la universidad. La Unión de Juventudes por el Socialismo plantea un plan de lucha en defensa de las conquistas históricas de la universidad pública y para expulsar de la universidad a los privatizadores y banqueros, para que el poder pase a manos de los que defienden a la universidad, o sea los estudiantes, docentes y no docentes, y la clase obrera. Es necesario impulsar un Congreso de Bases de los trabajadores y estudiantes universitarios. Programa * Triplicación inmediata del presupuesto universitario, controlado y administrado por docentes, no docentes y estudiantes. No al pago de la deuda externa. Fuera el FMI. * Aumento salarial para docentes y no docentes. Que se satisfagan todos sus reclamos. * Ingreso irrestricto a las facultades. Derogación de los exámenes de ingreso y de las materias filtro. Control estudiantil sobre el régimen de ingreso y correlatividades. * Por la vigencia de la gratuidad en todos los niveles. Anulación de los aranceles en las inscripciones y los 'aportes voluntarios'. Gratuidad de los posgrados. * No a las 'reformas' del Banco Mundial, descalificadoras y privatizadoras. Por verdaderas reformas académicas resueltas por docentes y estudiantes, priorizando el conocimiento científico al servicio de las necesidades de los trabajadores. * Por la apertura de los libros de las universidades. Investigación de todos los contratos con las empresas privadas. Fuera los capitalistas de la universidad. Por comisiones docentes, no docentes y estudiantiles que verifiquen el cumplimiento de lo resuelto. * Por comisiones obrero-estudiantiles que controlen los contratos de pasantías. Por un régimen de pasantías formativas, de media jornada laboral y con un salario fijado mediante convenio colectivo. * Por la vigencia de la autonomía y el cogobierno. Fuera el gobierno de las camarillas. Fuera los Shuberoff y los privatizadores. Fuera el Banco Mundial de la universidad. Por un cogobierno docente, no docente, estudiantil electo mediante sufragio universal y responsable ante el movimiento de lucha. * Por un Congreso de Bases del movimiento estudiantil para votar un plan de lucha y preparar la huelga general. Fuera la Franja Morada de los centros y federaciones. * Por la unidad en un plan de lucha del movimiento estudiantil con docentes y no docentes. Por la formación de intergremiales por facultad. Por un plan de lucha común junto a la clase obrera contra el régimen del FMI.

El régimen de la desocupación y la miseria se derrumba ahora bajo el peso de sus propias inmundicias. El gobierno que rebajaba por ley nuestros salarios, el Senado que la votaba y la Justicia que la avalaba -todos ellos se acusan entre sí de coimeros y corrompidos. Obviamente, se tienen que ir. Pero no para que todo siga igual… o peor. De la Rúa y Alvarez dicen que la solución es gobernar por decreto. Tienen previsto sancionar, de este modo, una ley de emergencia que reduce las jubilaciones, paraliza los juicios contra el Estado, cancela deuda pública con bonos y cesantea a varios miles de empleados. Sería un golpe anti-obrero, que reclaman Pescarmona y Techint. Pero los trabajadores no sólo queremos acabar con la corrupción. Queremos pan y trabajo. Para eso hay que reemplazar a los tres poderes de la corrupción por una Asamblea Constituyente libremente electa. Para que reorganice el Estado de cabo a rabo y modifique la situación económica y social de los trabajadores. Para acabar con el "ajuste permanente". Impunidad otra vez, no. Por una salida para el pueblo. Por una Asamblea Constituyente.

Es muy probable que la crisis que está derribando al Senado y que puede llevarse consigo barranca abajo a varios ministros y, por qué no, al gobierno entero, haya sido provocada por un problema de caja chica. La Nación (4/9) relata las acusaciones de corrupción que provocó, no hace mucho tiempo atrás, la votación de la ley de lavado de dinero, donde "estaban de por medio los intereses de los grandes bancos y 6.000 millones de narcodólares...". El soborno que pudo haber corrido para apurar la sanción de la reforma laboral, "no fue demasiado -le dijo un senador peronista al mismo diario- comparado con lo que pudo haber corrido cuando se aprobaron otras leyes, como las privatizaciones". Entel se privatizó en 8.400 millones de dólares; Aerolíneas, en 2.250. La de Gas del Estado, que movió 3.320 millones, requirió la presencia de un 'diputrucho'. La de YPF se hizo por 20.000 millones de dólares. En estos días, precisamente, el pulpo Repsol está moviendo cielo y tierra para que el gobierno nacional y el de Neuquén le extiendan la concesión para la explotación del yacimiento más rico del país. ¿No habría que meter las narices en este negociado? Un columnista que escribe en esa misma edición de La Nación reclama investigar "la complicidad de empresarios en la maniobra". Alude de este modo al pulpo Techint, pues una semana antes La Nación había informado que "un importante empresario... precisó que los fondos fueron aportados por una importante empresa, interesada en que quedaran sin efecto los convenios laborales de la UOM". La Nación agrega de su lado que "la clase empresarial tenía un enorme interés en su aprobación (porque) posibilita rebajar salarios y abaratar el costo de los despidos". Es decir que en el 'affaire' del Senado, no fueron dos sino tres los que metieron la mano: los senadores coimeados, el gobierno coimero y los capitalistas que habrían aportado los fondos. Estamos ante una santísima trinidad que retrata al centímetro el mecanismo del Estado capitalista. Techint no solamente fue el principal fogonero de la reforma laboral sino que es también el que impulsa la fragmentación del sindicato metalúrgico para crear en su reemplazo sindicatos por empresa bajo el control directo de las patronales. Es, por esto, de la mayor trascendencia que en medio de la crisis de coimas del Senado De la Rúa haya nombrado a Javier Tizado, de Techint, como secretario de Industria. ¿Se está tratando de asegurar a Techint que la investigación por las coimas no se saldrá de madre? Ni bien asumió su cargo, Tizado reafirmó su total compromiso con la reforma laboral al definirse a sí mismo como un 'productivista', o sea partidario de abolir el salario por jornada y reemplazarlo integralmente por la remuneración por rendimiento o, incluso, por uno ajustado a las variaciones de las ganancias patronales. El informe de La Nación al que estamos haciendo referencia, no vacila en ir al hueso de todo el asunto cuando dice que la emergencia económica que el gobierno quiere sacar ahora por decreto, supera con creces a la ley de reforma laboral en la importancia que tiene para los grupos económicos. "La ley de emergencia económica -dice el diario- le permitiría al gobierno diferir pagos a proveedores del Estado, congelar juicios y emitir bonos, afectando intereses por sumas millonarias". El efecto de la ley sería elevar la cotización de los bonos de la deuda externa, beneficiando enormemente a los bancos y AFJPs que los tienen en sus carteras, mientras que los nuevos bonos que se emitirían serían para el pago de deudas jubilatorias que luego los jubilados malvenderán -nuevamente en beneficio de los bancos y AFJPs. Régimen conspirativo Las denuncias y delaciones recíprocas han puesto al desnudo el funcionamiento de un régimen político conspirativo, o sea que utiliza a las instituciones constitucionales como una pantalla para esconder a la opinión pública el verdadero trámite del Estado. Las denuncias revelan un mecanismo de negociación que tiene, de un lado, a los llamados operadores políticos del Ejecutivo, como serían Nosiglia, Barrionuevo o De Santibañes y, del otro, a las mesas que manejan los bloques parlamentarios. Se trata de un elenco estable de características para-estatales que funciona sobre la base de coimas. Esto explica que las primeras cabezas que se pidan sean las de los Yoma, Alasino, Genoud, Galván o Pardo. Esta realidad compromete directamente al Poder Ejecutivo, o sea a De la Rúa y a Alvarez, como antes a Menem, Duhalde y Ruckauf. Lo que los charlatanes denominan 'sistema democrático' no es otra cosa que un régimen de conspiración permanente, que apunta al ocultamiento necesariamente secreto de los negociados y operaciones capitalistas. Ni qué decir que lo que ha hecho saltar estos negociados no son por supuesto las actuaciones de Cafiero Antes que empezaran las denuncias ya era evidente el empantanamiento del gobierno y del peronismo y su tendencia a disgregarse. Las rivalidades internas en el peronismo eran harto conocidas, lo mismo que los operativos contra Alvarez y contra Machinea. Había intentos desde el propio oficialismo para voltear el gabinete y llevar a un Broda al Ministerio de Economía. En el peronismo, la sucesión de Menem se estaba poniendo más complicada, mientras el propio Menem conspiraba con su planteo de dolarización. Los bancos enfrentaban al llamado 'grupo productivo' y viceversa. Hay quienes opinan que la paralización del Senado con motivo de las coimas, ha servido para frenar la sanción legal del Plan de Infraestructura que impusieron la patria contratista y el grupo productivo de la UIA. Pero la causa general de todo este proceso de descomposición política que precede al escándalo, es el fracaso de los planes económicos (en primer lugar, el completo derrumbe del plan Cavallo y del régimen de convertibilidad), la imparable declinación de la producción y la enorme tensión social que genera el crecimiento de la pauperización de las masas. No son las coimas las que han provocado el estallido de una crisis política, sino ésta la que ha permitido que explotara el escándalo de la corruptela. No hay mejor prueba de todo esto que el esfuerzo que hacen todos los protagonistas del soborno por cabalgar sobre la situación que se ha creado, en lugar de buscar atenuarla. Crisis política El Partido Obrero fue el primero en advertir que no se estaba en presencia de un problema de corrupción sino frente a una gran crisis política. Así está dicho en los documentos (23/8) y en las intervenciones (25/8) en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en la interpelación decidida por ésta a los senadores por la Capital (28/8). El vaciamiento objetivo del Senado no solamente ha transformado en inoperante a la Constitución Nacional sino que ha paralizado el funcionamiento del Estado. Todas las salidas que se han puesto en discusión en los medios oficiales y en la prensa son inconstitucionales. Ninguna institución del Estado se salva del escándalo, incluido De la Rúa, y tampoco los partidos del sistema. El involucramiento del Presidente lo dejó en claro nada menos que el operador de Alvarez, el diputado Darío D'Alessandro: "Quienes piensan que la solución es la remoción del ministro de Trabajo -le dijo a Página/12 (2/9)- no deben olvidar que él fue el negociador político", o sea que representaba a su mandante. "Si hubo un negocio raro -agregó- deberán rodar otras cabezas, porque éste es un problema de la Alianza...". Más lejos que D'Alessandro han ido Lopérfido y Antonito de la Rúa, para quienes la renuncia de algún ministro llevaría en cascada a la caída del gobierno. La crisis tiene paralizado al Estado y tiene inmovilizado al gobierno. Salvo para el capitalista Pescarmona, quien opina, según La Nación (2/9), "que ésta es una buena ocasión para gobernar por decreto". Sin embargo, el gobierno por decreto no sería más que un parche transitorio, por la simple razón de que el débil y dividido gobierno aliancista no tiene condiciones para manejarse de esta manera. Gobernar por decreto es la vía más segura para terminar provocando la caída de De la Rúa. Es para remediar los defectos de un gobierno por decreto que se propone adelantar las elecciones para el Senado -lo que dejaría al Parlamento paralizado por unos seis meses-. La situación política argentina pasaría a tener muchos puntos de contacto con la que en Venezuela puso fin a los partidos tradicionales y le dio un mandato plebiscitario a Chávez. La cuestión central es que la crisis actual es de conjunto, de un régimen social; no es solamente una crisis puramente política o institucional, sino que la crisis política es la expresión de una impasse general. En estas condiciones, las salidas que se traman desde los partidos oficiales sólo servirán para prolongar la crisis política y, por sobre todo, para hacer más graves aun las penurias populares. Desde el punto de vista del interés de las masas explotadas, hambreadas o pauperizadas por este régimen aliancista-peronista, la mejor solución es barrerlo por completo, porque por esta vía se podría proceder a la reorganización integral del país y poner fin a la insoportable situación social que se está viviendo. Este propósito se alcanza convocando a una Asamblea Consituyente que asuma el poder del Estado y proceda a esa reorganización. La Asamblea Constituyente representa una tentativa final para quebrar el régimen político corrompido y entreguista actual y discutir una salida para el país en los marcos formales de la democracia. Se podría decir que es 'una oferta por temporada', que tiene en cuenta la gravedad de la crisis, por un lado, y el estado de la opinión de los trabajadores (o sea su nivel de conciencia), por el otro. Es claro que las masas no van a esperar por tiempo indefinido, como ya no lo esperan, que las soluciones se viabilicen por arriba, o que deban adaptarse a los ritmos que convienen a los políticos capitalistas. La reivindicación de una Asamblea Consituyente puede agotarse como posibilidad política en forma muy rápida, si las masas acentúan su movilización independiente y buscan imponer radicalmente sus soluciones sin ninguna clase de intermediarios formales.

Señor presidente: quiero comenzar esta intervención con una digresión. Es frecuente escuchar referencias en este recinto -de hecho, las hemos escuchado- acerca de la falta de credibilidad que las instituciones políticas del Estado, y el Estado capitalista en su conjunto, tienen en la opinión pública y, en particular, entre los trabajadores. Yo me regocijo de este hecho; no lo lamento; esas manifestaciones muestran un saludable estado mental de nuestro pueblo. El segundo aspecto al cual me quiero referir en esta digresión es que no es cierto que los trabajadores argentinos repudien la política. Como lo han demostrado en dos grandes paros generales, el 5 de mayo y el 9 de junio, los trabajadores, aquellos que no culminan la escuela primaria -a diferencia de los que estamos sentados acá-, salieron a la calle en un paro general a repudiar la reforma laboral que hoy toda la Nación sabe que es producto de la corrupción. Ellos fueron los primeros. La política no ha caído en el pueblo, porque no ha caído la movilización, no han caído las reivindicaciones, no han caído los cortes de ruta. Puedo asegurar que esa política es la que va a triunfar en nuestro país. Y es la política que también vamos a poner de manifiesto el próximo miércoles; porque el próximo miércoles vamos a hacer una manifestación de independencia nacional y de unidad latinoamericana, marchando en repudio de la presencia del presidente Clinton, de los Estados Unidos, en Colombia, en el intento de crear un Vietnam en nuestra América Latina, de violentar la soberanía de una de nuestras naciones hermanas y de llevar esa empresa malsana a las naciones limítrofes de la República de Colombia. La política popular está viva, no está muerta en el pueblo. El pueblo descree de una política que se ha terminado, y ese descreimiento es una manifestación de un excelente estado de salud mental, por parte de un pueblo que tiene muchas razones para no estar mentalmente saludable. Crisis política Creo que en la discusión de este problema hay un grave error conceptual. Es un error discutir la corrupción. En todo caso, si fuera acertado discutirla, ya es tarde. No estamos ante un problema de corrupción, no estamos ante un hecho judicial. La propuesta de resolución que reclama una investigación es banal, es redundante. ¿No se dan cuenta sus redactores, que una manifestación de soborno tiene naturalmente, en cualquier régimen democrático, una salida natural en la actuación del Poder Judicial, en la acción de una comisión investigadora? Admitir que eso no está funcionando, reconocer que eso no está funcionando, significa admitir de hecho que ya no estamos ante un caso de corrupción, que ya no estamos ante un caso judicial: que, en realidad, estamos ante una crisis política. La crisis política no consiste en que tres, cuatro o cinco senadores hayan sido sobornados. Consiste en que los tres poderes del Estado no tienen ninguna condición para superar la situación creada por cinco senadores sobornados. ¡Ese es el problema político! ¡En eso está la crisis política! Si no definimos el concepto de lo que estamos tratando, difícilmente vamos a poder encontrar la solución del problema, y es inevitable que terminemos votando cosas completamente redundantes y banales, y luego de repetir que tenemos que devolverle credibilidad a la política, mañana la gente va leer en los diarios que la Legislatura, después de "manifestar una gran preocupación, solicita una investigación"; y se van a matar de risa. Porque van a decir: "Han mandado de nuevo la roña debajo de la alfombra". Y, en nombre de la devolución de la credibilidad de la política, ustedes habrán metido otro clavito en el féretro de la famosa política que todo el mundo aquí quiere rescatar. Sin soluciones Acá hay un problema que supera lo policial y lo judicial. Hay un problema de naturaleza política, porque las instituciones -incluidos los partidos- no encuentran una solución a este problema. Voy a dar el siguiente ejemplo: en una circunstancia como ésta, ¿cómo es que el Comité Nacional, o como se llame, del Partido Justicialista, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, los comités nacionales de los partidos que componen el Frepaso -me refiero a los partidos que son protagonistas de estas instituciones- no se han reunido y no han dicho si avalan o no a sus senadores y ministros, o si los expulsan? En cambio, miren lo que ha ocurrido: en los diarios de hoy leemos que, en el día de ayer, no todos, pero la mayor parte de los partidos que componen el Frepaso, se han reunido para avalar al ministro Flamarique. Esto, aparentemente, es una asunción de responsabilidades. Pero, bien leída, esta limitación al ministro Flamarique, ¿no aparece como una condena implícita a otros funcionarios del gobierno que no han sido avalados, según los diarios de hoy, por la reunión encabezada por el vicepresidente de la Nación? Porque ustedes saben que también está cuestionado, en la versión pública, un funcionario de la importancia del secretario de los servicios de informaciones del Estado. Por lo tanto, al ratificar a Flamarique, en realidad se está dejando correr la versión de que había otro funcionario del Estado involucrado. El presidente de la Nación ha sido muy claro: ha ratificado su completa confianza en sus ministros y en sus funcionarios. La pregunta que se plantea es la siguiente: ¿Si esto es así, no hubo quien fuera a 'coimear'? Y si no hubo quien fue a 'coimear', ¿quiénes serán los 'coimeados'? La declaración del presidente de la República tampoco resuelve el problema. Ayer tuve la oportunidad de ver el programa televisivo de Lanata, en el cual el senador Moreau daba una explicación sorprendente. El decía que era obvio que no estaban involucrados senadores radicales, porque -se preguntaba- "¿para qué un gobierno radical necesitaría apelar a un procedimiento especial para convencer a la gente de su propio partido en un proyecto oficial del Poder Ejecutivo?". El señor Leopoldo Moreau se olvida de que no sólo él en particular, sino varios diputados de la Alianza, se pronunciaron en contra de la Ley de Reforma Laboral y en contra de la disminución de los salarios, porque constituyen violaciones a lo comprometido en la campaña electoral por parte de estos partidos. Pero, luego de decir todo esto, sorprendentemente, todos los voceros políticos coinciden en que Joaquín Morales Solá merece todo el respeto, y que lo que ha dicho es sagrado. Y lo que ha dicho Morales Solá es que ha habido soborno. Después de negar todo, arriban a la conclusión de que lo que negaron es cierto. ¿Cómo vamos a llamar a todo esto? ¿Una comedia? Dada la importancia del tema, esto no es una comedia. Creo que hay una profunda confusión política, y esta confusión política es parte integrante de la propia crisis política. No se puede separar de la crisis política la confusión política de los partidos que tienen que gobernar el país y que a la hora de enfrentar todo esto dicen que no saben cómo gobernar, y que no saben cómo actuar. Esta es la crisis política que tenemos. Y de aquí se desprende la naturaleza de la propuesta, del proyecto, que he presentado a este Cuerpo. Por otra parte, hablar de corrupción es un tema antiguo. En política, es muy frecuente escuchar decir que "si esto se hubiera planteado hace seis meses, salvábamos la ropa; ahora ya no la salva nada" Para aliviar un poquito la tensión, que no sé si existirá o no en el ambiente, se puede decir que si Putin se habría preocupado por el submarino hace dos semanas hubiera sido una cosa; si recién ahora se preocupa por el submarino, ya perdió. Vaciamiento Acá no estamos ante un problema de corrupción. El problema de corrupción ya está superado; estamos más allá. Este problema es la consecuencia de todo un proceso político sobre el cual quiero hacer hincapié en forma personal, porque esto tiene que ver con una trayectoria principista que me he esforzado en mantener, en la que sostengo que los procesos de restauración democrática no pueden iniciarse nunca con una afirmación de la continuidad jurídica del Estado y, por lo tanto, de todo el cuerpo legal sancionado por las dictaduras militares; una restauración democrática es tal cuando rompe el legado de la dictadura que conculcó la libertad democrática y los derechos de los ciudadanos. Y este proceso democrático, como los anteriores -como el posterior a Onganía, como los que siguieron al golpe 'libertador'-, se han caracterizado por este vicio fundamental. Es decir, aquí estamos ante una corrupción del proceso político, pero no en el sentido monetario, sino en el sentido que decía Aristóteles: una degeneración de esas funciones políticas. Quiero destacar aspectos fundamentales en este proceso de vaciamiento de las instituciones. Por ejemplo, el tratamiento de la deuda externa; hoy tenemos el espectáculo de un Congreso de la Nación que se ve obligado a discutir -sin por ello tener la capacidad de decidir- lo que ha ocurrido con la deuda externa, por la decisión de un juez de la Nación. El Congreso no ha tenido la capacidad de discutir la deuda externa, y así es como ella se ha disparado de 30 mil millones de dólares a 200 mil millones de dólares; nadie sabe cómo pagarlos, y es así que hemos pasado de ser la Nación Argentina a ser "riesgo país". Este país con historia se ha transformado en un título de la deuda pública que cotiza en el mercado de Nueva York: éste es un renunciamiento político profundo. O, por ejemplo, la Ley de Obediencia Debida, obtenida a punta de pistola. Y, finalmente, no se puede dejar de mencionar -porque algunos de los protagonistas de aquel proceso, o de aquel episodio, ahora también coinciden- el Pacto de Olivos, que habilitó una reelección presidencial contra la que se oponía una mayoría, o un sector suficiente para impedirla, en el seno del Congreso Nacional. ¿Es casual que este problema se haya planteado en torno a la cuestión de la Ley de Reforma Laboral? De ninguna manera; aunque tampoco quiero exagerar sobre la combinación de estas circunstancias. Esta Ley de Reforma Laboral no ha sido -como dijo el diputado Rodríguez- "una reforma puramente banal". Ha sido un golpe extremadamente duro a los trabajadores y ha sido fogoneada durante mucho tiempo por grandes grupos empresariales. Al punto que en los mentideros, señoras diputadas y señores diputados, se la ha llegado a llamar 'la ley Techint', en nombre del principal grupo económico interesado en hacer aprobar la Ley de Reforma Laboral. Por eso me llamó la atención, y lo mencioné en la reunión de presidentes de bloque, que algunas de las propuestas que hay aquí exculpen a los empresarios en el proceso de corrupción que ha dado lugar a esta reforma laboral. También quiero subrayar la contradicción de todo un sector de la dirigencia sindical que procura hacer una conciliación o una concertación social con el mismo grupo productivo que fogoneó la sanción de esta ley. Quiero recordarles a todos ustedes que el equipo económico que fogoneó esta ley es el mismo que bajo el comando de Techint, es decir de Roberto Rocca, dirigió la Comisión de Investigaciones Económicas de la Unión Industrial Argentina. Es decir, hay un proceso de corrupción política general mucho más profundo que el que se está debatiendo a nivel de los sobornos. Asamblea Constituyente Hay un planteamiento que repetidamente he escuchado en la Alianza y en funcionarios de gobierno; se lo he escuchado a D'Alessandro, y se lo he escuchado decir en algunos debates televisivos, en los cuales participé, a diputadas tan poco sumisas como Alicia Castro y Elisa Carrió: "Nos han dejado una herencia; estamos actuando así por el problema de la herencia". Esto significa que el régimen político está condicionado por un conjunto de relaciones económicas y sociales que lo dominan y le dictan la conducta a seguir. Esta es una situación que no puede continuar. Por eso, en el proyecto de resolución que he presentado, reclamó expresamente la necesidad de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. A esta altura de mi intervención -ya estoy terminando, señor presidente-, ustedes comprenderán que esta propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente para reorganizar integralmente las instituciones del Estado, la economía y la sociedad argentinas, que se encuentran en una situación terminal, no la efectúo desde la ingenuidad. No la estoy proponiendo porque piense que la Legislatura le pueda dar efectos jurídicos o políticos inmediatos. La estoy proponiendo para esclarecer a la opinión pública y para trazar la perspectiva de salida. Un diputado de la Alianza me dijo: "No te podemos aprobar esto". Este comentario suscita la siguiente reflexión: las asambleas constituyentes hay que agarrarlas en el momento oportuno, porque cuando la crisis se prolonga y avanza, y la descomposición se acentúa, y se quiere salvar la situación convocando a una Asamblea Constituyente, ya es muy tarde: el pueblo, por su cuenta, ha decidido tomar las riendas, y él va a establecer esa Asamblea Constituyente que las instituciones y los partidos no fueron capaces de trazarle antes como una alternativa popular. Si no, pregúntenle al Parlamento Largo de Inglaterra, a la Asamblea Constituyente francesa, o a los constituyentes de la Rusia en el período de la Revolución de Octubre. Este es el sentido del planteamiento: abrir una perspectiva. ¿Qué nos van a decir aquí Corach, Del Piero y García Arecha? ¿Qué nos van a decir que no sepamos? ¿Qué show queremos protagonizar? ¿Qué indicación le daremos al Poder Judicial para que investigue? Consideren seriamente esta propuesta. Por mi parte -y con esto concluyo mi exposición-, les quiero llamar la atención sobre un hecho político fundamental: nada menos que once diputados nos hemos puesto de acuerdo en un proyecto de resolución que hoy se va a votar para que se derogue la ley antilaboral y antiobrera, a partir de los vicios manifiestos. Desde la bancada revolucionaria de izquierda, hemos conjugado posiciones políticas para hacer avanzar el interés de los trabajadores contra la prepotencia y la superexplotación del capitalismo. 25 de agosto de 2000.

Proyecto de declaración Ante las manifiestas y graves irregularidades que han tomado estado público con relación al trámite de la ley conocida como "reforma laboral", la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apoya el reclamo de suspensión de la vigencia de dicha ley hasta el completo esclarecimiento de los hechos. Gerardo Conte Grand, Alicia Pierini, Vilma Ripoll, Abel Lattendorf, Jorge Altamira, Irma Roy, Eduardo Valdés, Patricio Echegaray, Lía Méndez, Crespo Campos, Pacho O'Donell.

Bajo Menem, los capitalistas y el FMI gobernaban por intermedio de sus representantes 'intelectuales'. Con De la Rúa y Alvarez, el ejercicio del mando por parte de los capitalistas es directo. Mucho más de medio gabinete enfrenta un conflicto formal entre sus intereses privados y sus funciones públicas. Pero con el arribo de Javier Tizado, un ejecutivo de Techint, a la Secretaría de Industria, el gobierno de la transparencia se ha transformado en la sucursal de una casa matriz. Por de pronto, Machinea y Debora Giorgi, ahora en la Secretaría de Energía, fueron funcionarios o trabajaron para Techint. También funcionario fue el actual director de Aduanas, Manuel Casullo, y lo mismo vale para Elena Di Vicco, que preside nada menos que la Comisión de Comercio Exterior, o sea que es la encargada de los subsidios que recibe la 'patria exportadora'. Los industriales esperan con la designación de Tizado una suerte de 'revolución industrial', y hasta la misma expectativa expresó la 'izquierdista' Apymes, de las 'que se une', lo cual explicaría por qué Echegaray y Ripoll, en la declaración que presentaron en la Legislatura, excluyeron a "los empresarios" de la responsabilidad por las coimas en el Senado. Como mínimo, Tizado es visto como un partidario de poner fin a la convertibilidad y de devaluar el peso. No otra cosa quiere decir él mismo cuando afirma repetidamente que la Argentina "tiene un serio problema de competitividad". Pero la propia historia del pulpo Techint debería alcanzar para disipar cualquier ilusión al respecto. Ha sido alternativamente estatista (subsidios al acero) y privatizador (compra a precio vil de Somisa, Ferroexpreso Pampeano y teléfonos). También ha sido proteccionista y aperturista, protestando contra las ventas de Brasil algunas veces, para llegar a acuerdos con las siderúrgicas brasileñas en la mayor parte de los casos. Ahora fogonea, desde la UIA, un plan de infraestructura que será financiado con la venta de los valiosos terrenos de Retiro y con mayores préstamos del exterior. El Fondo encargado del negocio estará separado del presupuesto nacional, para que sirva de garantía absoluta a la 'patria contratista'. También impulsa, para ese y otros fines, que las AFJP puedan usar el dinero de los trabajadores en la compra de un nuevo tipo de bono público. Pretende también que se reduzcan las exigencias de reservas que deben poseer los bancos, para que puedan dar más créditos y reducir las tasas de interés. Pero, antes, está negociando un préstamo internacional que reemplace esas reservas, que deberá ser pagado por el Estado. Los contribuyentes deberán cargar, de esta manera, con la diferencia por los menores intereses que pagará la industria. En todos estos planteamientos se hace presente siempre la política de la ducha escocesa. Una amenaza para romper el hielo y un compromiso para cerrar el trato. El gran choque que los productivistas anunciaban contra los bancos y las privatizadas, culmina con un arreglo financiado por los contribuyentes o con una mayor deuda externa. Esto se ve claro en la amenaza de que se subirían los aportes patronales a las privatizadas, que terminó con un decreto de "compre nacional". Se calcula que esto podría producir una transferencia de importaciones a compras locales por valor de dos mil millones de dólares, que naturalmente beneficiará a los pulpos extranjeros que se encuentran instalados en Argentina. El problema del precio de la chapa que Techint vende a las automotrices se arreglaría con una reducción de los impuestos internos de estas últimas. Ninguno de estos manejos alterará el empantanamiento económico nacional, ni tampoco la declinación relativa de Techint en el mercado mundial, como lo revelan las pérdidas, entre otras, sufridas por sus inversiones en Venezuela y, probablemente, México. Tizado viene a respaldar al gobierno de la reforma laboral, del pacto educativo II, de la reducción de las jubilaciones, de la privatización de la salud y de la reforma de la coparticipación federal -que agravará las crisis de las provincias-. Algunos funcionarios que ingresan con Tizado, como Miguel Busso, hicieron sus buenos negocios refinanciando los créditos impagables de las provincias, asegurándose el cobro de la coparticipación de impuestos. A través de la Cámara de la Construcción, presidida por el Techint Baglietto, el pulpo quiere llevarse la mayor tajada de los negociados inmobiliarios que pergeñan De la Rúa a nivel nacional e Ibarra en el ámbito de la Ciudad. Se le atribuye a Techint un programa de devaluación de la moneda acompañada por la transformación de los dépositos bancarios dolarizados, a pesos -como lo hizo México en la crisis del '82- Probablemente tenga un plan de esas características para el caso de una situación límite. Pero no es el único, porque el economista neoliberal Calvo ya está proponiendo un sistema de minidevaluaciones, y el ex ministro de Cavallo, Liendo, una política de fluctuación del tipo de cambio. La ventaja que Tizado tendría sobre todos ellos es que podría organizar una devaluación del peso conjuntamente con Brasil. Para el cartel Techint-Usinor el operativo no sería perjudicial y le ayudaría a limar asperezas con los pulpos del automóvil.

Prensa Obrera N° 675 (3/8) publicó una crítica del compañero Miguel del Plá al proyecto de salario mínimo que ha elaborado el Partido Obrero. Quisiera, primero, clarificar algún aspecto secundario, para ir luego al debate central. En defensa del salario de los menores Del Plá dice que el proyecto "no debió especificar" que se aplica a "todo trabajador mayor de 14 años", porque estaría planteando que los menores de 18 años trabajen 8 horas, cuando "la legislación de trabajo ya establece reducción de jornadas para los menores". El planteo no corresponde, porque las 8 horas de nuestro proyecto son un techo. Con el mismo criterio se nos podría acusar de que estaríamos planteando la extensión de la jornada laboral para los sectores insalubres de 6 a 8 horas. La actual legislación laboral disminuye proporcionalmente el pago de salarios a medida que desciende de los 18 años. Nuestra propuesta de salario mínimo coloca un límite a la superexplotación particular de la juventud (como a la de la mujer). Sale en defensa del salario del menor, hoy discriminado por la legislación vigente, fijando un salario mínimo único, por mes, por día y por hora. Coaccionar al Estado Del Plá critica que el proyecto "orden(e) completar la elección de delegados y comisiones internas en todos los establecimientos de trabajo de la Ciudad", porque "una ley no puede ordenar la elección de delegados, ni menos entregar a representantes de los bloques (parlamentarios) el control de cumplimiento de estas elecciones". Afirma que esto es "estatización sindical" y un abandono de "la independencia de los sindicatos respecto del Estado". El compañero Del Plá no critica, sin embargo, que el Estado imponga un salario mínimo de 600 pesos y adopte todas las medidas de intervencionismo necesarias para asegurar su efectividad. Lo mismo debería valer para cualquier otra reivindicación obrera, por ejemplo que se imponga a las patronales la organización de las comisiones internas. Es el propio movimiento obrero el que debe asegurar que el intervencionismo estatal no afecte su independencia de clase, lo cual depende de que tenga una dirección clasista o revolucionaria Lo mismo se puede decir de la prohibición de los despidos o de los convenios colectivos. Son una imposición legal, que refleja una imposición previa, extralegal, por medio de la acción directa de los trabajadores, al Estado y las patronales. Entonces, ¿que tiene de 'malo' que se ordene "completar la elección de delegados en todos los establecimientos de la Ciudad"? Es un reclamo que exigirá, primero, una acción directa que, si en un principio no lleva a la revolución, podría tener como salida 'intermedia' la aceptación por el Estado burgués de un nuevo derecho obrero. No ver esto es una suerte de cretinismo antilegal, antiestatal o antiparlamentario. No al liberalismo reformista La época en que la lucha sindical tenía lugar 'sin' intervención del Estado se terminó. La lucha de clases en la época del imperialismo trasciende inevitablemente al terreno del Estado. El problema es con qué ángulo intervienen las direcciones obreras: intentan asociarse a los gobiernos burgueses o tienen una posición revolucionaria frente a los mismos. Un Partido Obrero revolucionario plantea, en estas condiciones, que las organizaciones obreras tomen a su cargo funciones que son propias del Estado. Es un principio de doble poder. Por ejemplo, que las comisiones internas de fábrica controlen a los inspectores de trabajo, o los sustituyan ¿es o no un cambio de principio de las funciones 'reguladoras' del Estado por el accionar 'independiente' de la organización obrera? Todas las medidas de transición -control obrero, apertura de los libros de las empresas, etc.- que cuestionan el dominio de los capitalistas y hasta al propio Estado burgués son, ellas mismas, funciones 'estatales'. El contenido No se trata de la forma, sino del contenido. La conquista de comisiones internas en las fábricas es un avance del proletariado sobre el dominio indiscutido del capitalista dentro de su empresa. Pero si la Interna está dirigida por una burocracia colaboracionista, en lugar de ser un instrumento de lucha de clases revolucionario, puede transformarse en un freno a la organización y defensa de los trabajadores contra el capital. Esto, por supuesto, no significa que tengamos que renunciar a tener comisiones internas, sino que debemos empeñarnos por recuperar las internas. En este período de ataques del gobierno contra las conquistas de la clase obrera (reforma laboral antiobrera, etc.); en este periodo donde el gobierno está preparando la convocatoria de paritarias para llevar 'a la baja' los salarios y destruir los convenios, es fundamental que el PO haya presentado un proyecto de salario mínimo de 600 pesos que enfrente la pretensión 'bajista' de los capitalistas y del Estado. Prepara las condiciones para una contraofensiva obrera. Por eso hay que divulgar y apoyar el proyecto de salario mínimo de 600 pesos que presentamos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Coincido con la gravedad y profundidad de la crisis (institucional, coloca en el tapete todo el andamiaje del régimen constitucional proimperialista). La propuesta de Constituyente es una salida frente al marasmo del régimen. Llevar la democracia burguesa hasta sus últimas instancias para agotar hasta las últimas instancias las ilusiones. Ahora bien, para poder desarrollar esta consigna es necesario buscar que la crisis se desarrolle, que se profundicen las brechas interburguesas, su incapacidad para gobernar. Y para esto es necesario tender a la modificación del escenario. Sacar la crisis de los recintos parlamentarios y llevarla a las calles y a las fábricas. Eso significa impulsar una intervención directa en el movimiento obrero. Si esto no sucede, la burguesía, aunque con todas las limitaciones y la precariedad del caso, va a buscar la forma de postergarla. Hipotecará probablemente el futuro pero zafará del presente. Con la movilización obrera se agiganta la crisis y se achican los márgenes de maniobra del régimen. Por eso es que los planteos realizados en Prensa Obrera son insuficientes y hay que completarlos en forma urgente. Señalamos en los últimos meses que las burocracias habían abandonado, uno tras otro, los planteos de lucha contra el gobierno (Abajo el impuestazo; Abajo la reforma laboral; Abajo el ajuste), reemplazándolos por saludos a la bandera (Marcha de la CTA por los 380 pesos; Marcha de la CGT Moyano por el no pago de la deuda 'ilegítima'). Objetivamente, se van a ver obligados a volver sobre sus propios pasos. La aprobación de la reforma ha resultado a todas luces nula y viciosa. La consigna inmediata debería ser "Inmediato paro activo de todas las centrales sindicales. Movilicémonos al Congreso hasta la anulación de la ley ilegal y antiobrera", o algo por el estilo. Realizar con esto una agitación general en todo el movimiento obrero; sacar miles de declaraciones reclamando asambleas y plenarios de delegados, exigiendo una definición inmediata de las burocracias. Evaluar la posibilidad de una convocatoria del Polo Clasista o del Partido, con un llamado al resto de la izquierda en forma pública, manteniendo nuestra iniciativa, para realizar una primera manifestación. Esta actitud es de primer orden. No podemos limitar nuestra intervención en la crisis al debate parlamentario sino, como siempre dijimos, combinar todos los frentes de lucha. Se podrá objetar que lo que está planteado en el periódico es una estrategia de conjunto, mientras que lo de la anulación de la reforma tiene un alcance limitado. Sería una gran miopía. La anulación de la reforma en el marco de la movilización obrera significa que es la clase la que le rompe el espinazo a la farsa democrática patronal, y no los decretos de necesidad y urgencia. Significa una derrota del régimen y el pase de la iniciativa política a manos de los trabajadores. A partir de un hecho como éste es que se puede eslabonar de conjunto el resto de los planteamientos (desde los 600 pesos y el seguro al desocupado a la Constituyente, pasando por la necesidad de construir el partido). Reclamo que esta orientación se debata y apruebe en forma urgente. De lo contrario estaríamos perdiendo una oportunidad preciosa y eludiendo la responsabilidad del partido como dirección potencial de las masas.

Hablan: Comisión Provisoria SOIP (Pescado, Mar del Plata) * Delegados APTA (Técnicos Aerolíneas-Austral) * Cuerpo de Delegados Choferes La Internacional * Delegados de Prensa de Telam * Sergio Sosto (Secretario de Prensa de Foetra Capital) * Comisión de Desocupados de Barranqueras y San Martín (Chaco) * Delegados Postales (Sindicato de Camioneros) * Delegados del Conicet * AGD-Aduba (Docentes universitarios) * Delegados de EMFER (Metalúrgicos de San Martín) * Delegados del Sindicato Vialidad Nacional * Coordinadora de Desocupados de San Fernando * Comisión Interna del Inti * Néstor Pitrola (Congresal de la Federación Gráfica Bonaerense) * Edgardo Quiroga (CGT San Lorenzo) Invitados internacionales: ADEOM (Sindicato municipal de Montevideo); Sindicato Postal y Sindicato del Taxi (Uruguay). Por 1. Derogación del ajuste, el impuestazo y la reforma laboral 2. Por 600 pesos de salario mínimo. Jubilación mínima de 500 pesos 3. Por 500 pesos de subsidio para todos los desocupados 4. Jornada de 8 horas. Prohibición de todo despido. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario en toda empresa que suspenda o despida 5. Derogación de todos los decretos de privatización de la salud. Sábado 16 de setiembre, 15 horas Salón Fatpren - Solís 1158 (casi esquina San Juan) Buenos Aires

Finalmente, en las elecciones de la UOM sólo habrá dos listas en 9 de las 54 seccionales en disputa. Lorenzo Miguel y Naldo Brunelli, sus cabezas, han sellado un pacto precario de repartirse los cargos en el secretariado. "Si ganamos en todas nuestras seccionales y sumamos a San Martín, queremos un reparto equitativo en los cargos. Si no es así, presentaremos lista propia en el Congreso de Electores el 23 de octubre", planteó el vocero de la agrupación José Ignacio Rucci, la corriente que representa a las 23 seccionales lideradas por las 'siderúrgicas' -San Nicolás, Campana y La Matanza- (N.C.O., 31/7). La Rucci planteaba el voto directo y secreto; mayor cuantía de fondos para las seccionales; reincorporación de los dirigentes expulsados de la UOM Villa. Pretende convertir a la UOM en una federación de sindicatos zonales y fragmentar el convenio único de industria y rama. El planteo es apoyado por las grandes patronales siderúrgicas. Se implantaría de este modo una diferenciación salarial entre las empresas más grandes y las relativamente más atrasadas, y se iría a un descuartizamiento final de la UOM. Las bases del acuerdo Este programa, al día de hoy, no justificaba armar una crisis en la UOM, porque la reforma laboral ha impuesto la atomización sindical. "Los críticos o renovadores no se oponen al liderazgo de Miguel y están dispuestos a apoyar su continuidad al frente de la UOM" (ídem). El miguelismo ya se declaró partidario de un "convenio marco" que deje abiertas todas las puertas a la fragmentación del gremio. Finalmente, la fracción miguelista, que se presentó a sí misma como defensora del convenio de industria, es responsable de la destrucción del convenio único y del inmovilismo absoluto frente a la reforma laboral. Techint partió a la UOM y Techint vuelve a 'unirla'. Tercera lista, una tarea pendiente Las tentativas de crear "terceras listas para reconstruir la UOM" no llegaron a su objetivo por las condiciones leoninas del estatuto (ser o haber sido delegado), por la confusión creada en torno a las listas de la Rucci, que hizo todos los esfuerzos por presentarse como 'mal menor', y por la débil estructuración del activismo. Sí llegó a constituirse una lista opositora en Campana, uno de los reductos de la burocracia 'siderúrgica', pero no existe un balance claro sobre las razones por las que su impugnación pasó en silencio. En la UOM de Villa se presenta una sola lista, independiente de las dos fracciones de la burocracia, encabezada por los dirigentes que fueran expulsados por el secretariado y luego reincorporados por el congreso nacional de la UOM.

En medio del caos político nacional, estalló el conflicto social en la Zona Norte Desde ayer ha comenzado una lucha decisiva de los desocupados y de todo el pueblo de Las Heras. Los trabajadores han rodeado las bases y las administraciones de Repsol, extendiéndose hoy esta medida a las oficinas de Vintage en Cañadón Seco. No es casual que estos hechos se produzcan el mismo día que los mineros de Río Turbio han vuelto a manifestar por las calles de Río Gallegos. El estado de ánimo de los trabajadores indica que en nuestra provincia también estamos de pie. El reclamo central de esta lucha es la devolución de los puestos de trabajo que les quitaron con la privatización, y cuando el petróleo bajó de precio a la cuarta parte de su valor actual. Las multinacionales del petróleo han cuadruplicado sus ganancias: por ejemplo, Repsol-YPF va a acumular 1.200 millones de dólares este año pero sigue dejando a la gente en la calle. En Las Heras, los desocupados exigen como mínimo 300 puestos de trabajo y la inclusión en el convenio laboral de los petroleros. Reclaman por 8 horas de trabajo sin disminución salarial. Al cabo de los años ha venido a quedar claro que la privatización era sinónimo de miseria para nuestra Patagonia. Las riquezas se las han llevado y no dejan nada. La voracidad capitalista no tiene límites. Para seguir acumulando no les importa llevar a los pueblos a la desesperación. Por este camino no tenemos salida. Es preciso renacionalizar YPF y todas las áreas petroleras para terminar con el desangre de nuestros recursos y de nuestras poblaciones. Hay que romper los contratos sin indemnización, porque los monopolios petroleros son los responsables del caos social en que estamos sumergidos. Hay que establecer un sistema de control obrero y de asambleas populares para decidir sobre los planes de trabajo de las distintas áreas. El pueblo de la región debe tomar el control de los hidrocarburos en sus propias manos. Después de varios años de miseria, de apenas sobrevivir con planes de empleo precario o subsidios, el pueblo de Las Heras ha dicho ¡basta! Nos están dando una lección de dignidad mientras los poderes políticos que entregaron el petróleo están metidos en la más grande corrupción de la historia. El gobierno no tiene autoridad ni política ni moral. El gobierno provincial es también responsable de la situación porque es impotente para poner en vereda a las empresas y ni siquiera ha invertido los 700 millones que dice tener en Estados Unidos para darle una solución a los desocupados. El FUT-Partido Obrero llama a organizar asambleas intersindicales en cada localidad y multiplicar la movilización solidaria hasta la satisfacción integral de los reclamos de los desocupados de la Zona Norte. Es necesario preparar las condiciones para la huelga provincial, para acompañar la huelga de los petroleros en caso de que la situación no se solucione en los próximos días. 1º/9/2000

Superadas las maniobras proscriptivas, la Lista Bordó fue oficializada. Este bloque opositor está conformado por las distintas agrupaciones del gremio: Blopepsa (Bloque Peronista de Sanidad, integrado por ex dirigentes de la actual conducción Celeste y Blanca y enrolados sindicalmente con Moyano); Agrupación Bordó (Mst); Verde (CTA); La Jeringa; la Agrupación Sindical Independiente de Sanidad (PO) y compañeros independientes. Se autoexcluyó la "14 de Junio", vinculada al PC, que se opone a un frente con Romero y propone poner en pie la vieja lista Verde-Bordó. Un planteo inviable que pone de manifiesto la falta de una caracterización ajustada a la realidad del gremio, totalmente vaciado por la Celeste y Blanca. La propuesta de la "tercera lista" entregaría una vez más el sindicato a los Daer, West Ocampo y las patronales. No queda claro, o tal vez sí, qué posición va a tener el PC en las elecciones. Para nosotros, la abstención significa hoy votar a West Ocampo. Contra el fraude Superadas las trabas de la Junta Electoral favorable a la Celeste y Blanca (ver Prensa Obrera N° 675), la Bordó debe ir por más, movilizando al gremio para enfrentar el gran fraude que está preparando el oficialismo con la colaboración de las patronales. Para contrarrestarlo, no basta con la ayuda de las estructuras sindicales, partidos políticos, legisladores, etc.; hay que conseguir fiscales, hacer asambleas explicando lo importante de la participación de todos los compañeros y por qué hay que votar a la Bordó. Situación del gremio Los diez años de gobierno menemista permitieron que las patronales se llenaran los bolsillos con total impunidad a costa de despidos masivos, cierres de establecimientos, dejando en la calle un tendal de trabajadores sin pagarles un peso. Desde el año '92, la Celeste y Blanca ha transformado el sindicato en una empresa, creando la AFJP Claridad (en quiebra total), reformando el estatuto y haciéndolo más antiobrero, y avalando a las ART. Pero lo más grave es la situación de parálisis que han tenido y tienen frente a las tercerizaciones, pasantías, reforma laboral y el pago de los sueldos en cuotas o fuera de término. Nuestra intervención La Agrupación Sindical Independiente de Sanidad (Asis) interviene para reorganizar al activismo y recuperar el sindicato como herramienta de lucha frente al avance de las patronales, amparadas por los distintos gobiernos de turno, y para enfrentar el fraude con un programa que contempla los reclamos más sentidos de la clase trabajadora: 1. Derogación de todas las leyes antiobreras surgidas de la coima y del soborno. 2. Salario mínimo de 600 pesos, prohibición de los despidos, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario de toda empresa que cierre o despida. 3. Convocatoria a paritarias con anteproyectos resueltos en asambleas. 4. Contra la tregua pactada con el gobierno antiobrero de De la Rúa. Por una huelga general por tiempo indeterminado.

El llamado 'Plan Colombia' representa la mayor intervención política y militar del imperialismo norteamericano en América Latina en la última década. Su objetivo oficial es erradicar los cultivos de hoja de coca y amapola (materias primas básicas de la cocaína y la heroína) en el sur del país, en la zona dominada por las guerrillas de las Farc. Su objetivo real es acabar con la guerrilla y reestructurar al quebrado Estado colombiano. Estados Unidos entregará a las Fuerzas Armadas de Colombia material bélico sofisticado (helicópteros de combate y radares) y entrenará batallones especiales por un costo inicial de 1.300 millones de dólares. Entre los explotadores europeos, latinoamericanos y en los propios Estados Unidos existe un extendido temor a que la intervención norteamericana en Colombia termine creando "un nuevo Vietnam", es decir una intervención militar directa de Estados Unidos. Clinton lo ha negado enfáticamente y ha ofrecido como prueba las restricciones establecidas al uso de la fuerza militar norteamericana: los asesores militares yanquis no intervendrán directamente en los combates y las operaciones en que se utilicen materiales donados por los Estados Unidos deberán ser directamente aprobadas por funcionarios norteamericanos. Pero esas 'garantías' no garantizan nada. Después de todo, como señala un corresponsal, "Kennedy tampoco creía que Vietnam iba a ser Vietnam" (La Nación, 31/8). El 'plan' agravará violentamente las condiciones de vida de los campesinos. La fumigación masiva destruirá sus cultivos, matará a sus animales y envenenará el agua; decenas de miles de familias serán obligadas a abandonar sus tierras. El imperialismo es incapaz de darle una salida a esos campesinos abriendo su mercado al ingreso de 'cultivos alternativos'. Los helicópteros ya están calentando sus motores y Pastrana todavía no ha conseguido que Estados Unidos apruebe una rebaja arancelaria para facilitar las exportaciones colombianas. La Iglesia ya ha advertido que la fumigación masiva y el desplazamiento forzado desatará una vasta insurgencia campesina ("una nueva revolución cubana", según la gráfica expresión de un obispo colombiano). El 'Plan Colombia' pretende encontrar la cuadratura del círculo: resolver la crisis política colombiana agravando hasta límites intolerables la situación en el campo, cuya agudización en los últimos años ha convertido a las Farc en una guerrilla de masas. Clinton también ha declarado que "la crisis colombiana no tiene una solución militar" y que apoya las "negociaciones de paz" entre el gobierno de Pastrana y los grupos guerrilleros. Los diplomáticos norteamericanos afirman que el 'plan' servirá para forzar a la guerrilla a "negociar seriamente" Pero, hasta el momento, el principal escollo a las negociaciones ha sido la incapacidad del gobierno, y no de la guerrilla, para garantizar un "cese del fuego". El gobierno de Pastrana está condicionado por los paramilitares, entrelazados con el ejército, los narcos y los latifundistas, y por la sistemática campaña de provocaciones de las Fuerzas Armadas. El 'Plan Colombia' les da nuevas alas a los grupos paramilitares, en manos de los cuales se encuentra gran parte del negocio del narcotráfico. Mientras pretende erradicar la producción de coca y amapola en el sur de Colombia, el 'plan' deja abierta la ventana para su producción en el norte, en las zonas dominadas por los paramilitares. La presión de los pulpos armamentistas, "que proveyeron el mayor empuje (para la aprobación del) paquete" (Clarín, 24/8), es un factor autónomo de agravamiento de la intervención, en particular si, como esperan la mayoría de los observadores, el 'plan' fracasa en obtener rápidamente 'resultados satisfactorios'. Todos estos factores, que empujan a una intervención creciente del imperialismo, chocan con el cuadro de la crisis política latinoamericana (en el mismo momento en que Clinton llegaba a Colombia, los indígenas ecuatorianos convocaban a un nuevo "levantamiento nacional") y con el temor de los explotadores norteamericanos a la reacción de su propia juventud y de su clase obrera (el llamado 'síndrome de Vietnam'). Las enormes contradicciones que debe enfrentar (y que está obligado a agudizar) y las limitaciones políticas del imperialismo explican la andanada de críticas que ha recibido el 'Plan Colombia' en los propios Estados Unidos: "Los expertos son escépticos sobre la ayuda", a la que comparan con el 'paquete' de 2.200 millones donado por Bush hace una década sin ningún resultado a la vista (La Nación, 30/8). "Incluso entre los simpatizantes del paquete de ayuda existe el consenso de que no bastará" (ídem). The New York Times (30/8) califica al 'plan' como "una descarriada expansión del respaldo a las fuerzas de seguridad de Colombia". Los estados imperialistas europeos, por su parte, han criticado el "excesivo énfasis militar" del plan norteamericano. Rehenes políticos La intervención norteamericana ha dejado en el aire a la cumbre de presidentes de América del Sur que comenzó al día siguiente de la partida de Clinton de Cartagena. Ha demostrado que las burguesías nacionales son incapaces de ofrecer una 'salida diplomática latinoamericana' a la crisis colombiana, independiente del imperialismo. El papel de los regímenes latinoamericanos ha quedado reducido al de espectadores de una crisis que se desarrolla a sus propias puertas; se limitan a rogar que la intervención militar norteamericana no llegue hasta sus propias fronteras (y no desestabilice sus débiles estructuras estatales). Nuevamente, las burguesías latinoamericanas han demostrado que son rehenes políticos y financieros del imperialismo.

La asamblea general fue realmente masiva: concurrieron más de 3.000 compañeros, concientes de que había muchas cosas importantes en juego. En los días previos, el FA-Encuentro Progresista había lanzado una campaña en los medios contra la directiva de Adeom y los trabajadores municipales. Sus funcionarios salieron a declarar que la 'productividad' de los municipales era bajísima, que los salarios eran muy altos. Argumentaron que la movilización del gremio era el resultado de un "complot de la ultraizquierda contra el gobierno progresista" (y no, como saben los trabajadores, su legítima defensa frente a la rebaja de ingresos y los intentos de flexibilización laboral de la Intendencia). Yendo a fondo, los burócratas frenteamplistas amenazaron con que el gobierno municipal privatizaría todos los servicios en que hubiera conflictos. Al mismo tiempo, la Lista 3 (del PC y el PS, con el respaldo del MLN-Tupamaros) lanzó, con el apoyo de la burocracia del PIT-CNT y la dirección del FA, una campaña, ampliamente difundida por la prensa, para destituir a la directiva de Adeom, a la que acusaban de "hacerle el juego a la derecha". Planteaban, además, votar una "nueva plataforma" que eliminara algunos de los puntos centrales establecidos en el anteproyecto de convenio aprobado en mayo: el reclamo de un salario mínimo de 9.000 pesos y la recuperación salarial y el reclamo de la re-municipalización de todos los servicios y trabajadores privatizados y tercerizados. El desarrollo de la asamblea Al comienzo de la asamblea se leyeron las adhesiones de varios sindicatos uruguayos y numerosas adhesiones de sindicatos y organizaciones obreras argentinos (fruto de la campaña de solidaridad que viene desarrollando el PO), así como también las de Jorge Altamira por el Partido Obrero y de los diputados de Izquierda Unida. La mayoría de las intervenciones apuntó, no como pretendía el FA, contra la directiva de Adeom, sino contra la política represiva y antiobrera de Arana. Así, cuando se puso a votación el anteproyecto de convenio, más del 80% de la asamblea rechazó la maniobra de los representantes políticos del gobierno y ratificó el proyecto aprobado en mayo. Seguros de que marchaban a una nueva derrota, el PC y el PS no siguieron adelante con su planteo de derrocar a la Directiva. Inmediatamente, la asamblea aprobó los pasos de movilización necesarios para imponer el nuevo convenio. Facultó al Ejecutivo a tomar las medidas que considerara convenientes y reclamó un aumento inmediato de emergencia de 500 pesos (el ajuste de inflación que el gobierno municipal debería haber hecho en agosto) y la anulación de los recortes de ingresos. Se votó la reunión semanal del plenario de delegados para organizar las movilizaciones y las asambleas de base y se mandató al Ejecutivo para que convoque a un paro de 24 horas en caso de la privatización o flexibilización de algún servicio. Al término de la asamblea, más de 500 compañeros marcharon hacia el Palacio Municipal. Las pancartas reclamaban "¡No a la rebaja de ingresos. No a las privatizaciones!" En la explanada del Palacio, los municipales le cantaron al gobierno del FA: "¡A ver, a ver, quién fija los salarios, la clase obrera o el Fondo Monetario!". La masividad y combatividad de la asamblea le impuso un primer recule al gobierno frenteamplista, que finalmente debió acceder a recibir a la directiva de Adeom (a lo que se negaba desde julio). En los próximos días comenzarán las discusiones para la renovación del convenio colectivo y el plan de movilizaciones de Adeom. Una victoria política para la lucha por la independencia de clase El intento del Frente Amplio de quebrar a la vanguardia obrera del gremio municipal ha sido, por ahora, derrotado. El desenlace de la lucha dependerá del grado de preparación del plan de lucha y de la huelga, única vía para hacer retroceder al gobierno frenteamplista y su política antiobrera y privatizadora. El Frente Amplio ha sufrido una derrota política. La votación de la asamblea y el escasísimo respaldo obtenido por los representantes políticos del gobierno muestra que una amplia franja de trabajadores ha tomado conciencia, a través de su experiencia concreta de lucha, del carácter antiobrero y patronal de la coalición "progresista".