Prensa Obrera N° 678

Como lo denunciara la Comisión Directiva Provisoria del Sindicato del Pescado (Soip), aprovechando la actual desorganización de nuestro gremio (generada por tantos años de entrega) la patronal ha salido a atacar nuevamente a los trabajadores del pescado. La planta "Puerto Argentino" (cooperativa que procesa para "El Marisco") no volvió a abrir sus puertas después del parate generado desde el paro biológico del mes de abril, dejando a 45 obreros en la calle. Cuando la Provisoria y los trabajadores no consiguieron que les reintegraran la cuota del pescado para volver a trabajar, resolvieron en asamblea ocupar las instalaciones de la planta. La solidaridad de los trabajadores de otras empresas se manifestó a través de la presencia de algunos compañeros. A partir de la ocupación los obreros de Puerto Argentino han arrancado de la patronal el compromiso de que les sea reintegrada la cuota y hoy se encuentran trabajando. Ahora se ve la diferencia entre la directiva integrada por trabajadores y la anterior de la burocracia. Los compañeros de Puerto Argentino ya están promoviendo la elección de un par de delegados de planta, para integrarlos a la construcción de un cuerpo de delegados de todo el gremio, tarea a la que se encuentran abocados los miembros de la Provisoria en varias plantas del puerto marplatense. "Este es el momento de arrancar una garantía horaria actualizada, que nos asegure nuestra supervivencia ante cualquier parate de la industria", dicen los compañeros en su boletín. Para ello, conseguir el blanqueo de todos los trabajadores en negro y una actualización salarial es una condición. Llaman además a "unirnos detrás del programa de reivindicaciones que encabeza la Comisión Directiva Provisoria, para organizar al gremio y pararle la mano a la patronal". "Armando reuniones y asambleas, votando delegados en las plantas que no los tienen... (llamando) a todos los delegados honestos (efectivos) a sumarse a esta perspectiva". Ante la ofensiva patronal hay que multiplicar la campaña de recolección de firmas adhiriendo al pliego votado en asamblea (3 pesos la hora, 0,18 pesos el kilo de filet). Para que los trabajadores del pescado no paguen las consecuencias de la crisis: * Prohibición de los despidos. * Ningún compañero a la calle. Ninguna suspensión, ni un despido puede pasar. Contra los cierres de empresa truchos. * Ocupación de toda planta que cierre o despida. * Por el reparto de la horas de trabajo y la materia prima.

En el número anterior de Prensa Obrera anunciábamos que los docentes de los colegios Nacional de Buenos Aires y Carlos Pellegrini habían suspendido el paro por tiempo indeterminado que cumplieron durante casi dos semanas, a cambio de "retomar" el diálogo con el Rectorado de la UBA. Para llegar a esto, el Rectorado envió 1.200 telegramas con amenazas de despido (firmados por los rectores de los respectivos colegios), les cerró las puertas de ambos colegios y contó con toda la colaboración del sindicato ‘amarillo’ de la UBA, que no reconocía ni apoyaba el paro. La asamblea que ‘anticipó’ el triunfo Pero el jueves 17, los docentes de ambos colegios realizaron una asamblea conjunta en el Nacional Buenos Aires, donde también participó el Centro de Estudiantes del colegio. La asamblea fue un éxito, y no sólo numéricamente. A pesar de las intimidaciones, amenazas y llamadas anónimas, los docentes se abocaron a discutir cómo retomar el plan de lucha debido a la falta de respuestas del Rectorado. "El que no arriesga no gana", dijo una de las docentes, y fue la intervención más aplaudida, retratando el clima de la asamblea. Como para tranquilizar los ánimos se hizo presente el rector del Carlos Pellegrini, quien intervino planteando que el conflicto ya estaba "casi" solucionado y que había que ser "optimista". Le salió el tiro por la culata: tuvo que irse porque los docentes desmintieron que hubiera alguna propuesta, repudiaron los telegramas de despido enviados por él, y lo acusaron de ir de "informante" del Rectorado. Finalmente se decidió que de no haber una propuesta del Rectorado, se comenzaría nuevamente con las medidas de lucha. Los compañeros de la UJS del Buenos Aires participamos de la asamblea y planteamos la necesidad de unificar las medidas entre docentes y estudiantes, por lo que se decidió convocar a una asamblea conjunta ese mismo día a las 18 hs. Ya estaba todo preparado para retomar el plan de lucha con una movilización al día siguiente al Rectorado e incluso se habló de la posibilidad de tomar el colegio. El Rectorado dio un paso atrás Finalmente la asamblea de las 18 hs sólo sirvió para festejar. El Rectorado, viendo el nuevo impulso que tomaba la lucha, retrocedió, y ofreció el pago inmediato de 150 pesos del incentivo ‘99, la apertura de paritarias para el pago del monto restante y el pago de los días de paro. Los docentes dieron un gran ejemplo de lucha, demostrando que accionando de conjunto se le puede torcer el brazo al gobierno. Demostraron que en los colegios quien manda no es la "autoridad", si no los docentes y estudiantes organizados. Este triunfo es un triunfo también de los profesionales del Conicet que luchan contra el desmantelamiento del instituto. Es una victoria del conjunto del movimiento docente, no docente y estudiantil que lucha contra el proceso de destrucción y vaciamiento de la educación pública. En el balance que dimos los estudiantes en la asamblea final, plantemos la necesidad de ir por más. El triunfo nos mostró cuáles son los métodos para ganar: la unidad en la lucha, la superación de las burocracias sindicales y sus cómplices estudiantiles *es decir la Franja Morada y compañía*, el no tener ninguna confianza en el gobierno ni en el Rectorado y ni siquiera en las autoridades de los colegios sino en nosotros mismos. Es ésta la dirección y es éste accionar con los que tenemos que seguir para conquistar nuestras reivindicaciones.

Signado por la crisis económica y la rebeldía popular, el municipio de Mercedes atraviesa una de las etapas más ricas respecto a la organización de los explotados y la lucha política por una nueva dirección. La Coordinadora de Desocupados mantuvo por más de un mes una carpa frente al municipio, convirtiéndose en el centro de la situación política de la ciudad y actuando como animadora de los procesos de lucha: los cortes de calle de los trabajadores de la DGI, las asambleas de docentes y no docentes de Gendarmería enfrentando el intento de cierre de la escuela de la ciudad, la ocupación del Consejo Deliberante por los mismos desocupados reclamando la ampliación de los planes Trabajar. Este proceso permitió arrancar algunas victorias: oficializar un registro municipal de desocupados, ampliar el cupo de planes Trabajar, evitar cesantías en la DGI, parar los despidos del personal civil de Gendarmería. A otra escala, Tribuna Docente logró imponer la realización de las elecciones en la proscripta seccional local del Suteba, y se asiste a un proceso de reorganización en fábricas y supermercados. En este escenario se ha conformado la Mesa Sindical Mercedina por la constitución de la CGT regional, que agrupa a 23 organizaciones. Se ha trazado un programa reivindicativo (600 pesos de minimo, seguro al parado, reparto de la horas de trabajo), ha actuado en algunos procesos de lucha y tiene planteado un debate sobre su organización. El intento de reconstruir una central regional, diez años después de la disolución de la CGT zonal, marca un período político en el que se unen la crisis y falta de autoridad del PJ, la descomposición de la burocracia, la fragilidad de la "concertación" y también, porque no, la acción de nuestro partido, que planteó hace tiempo la necesidad de una central obrera de lucha independiente. Es este escenario de conjunto el que explica que el tenaz llamado del PO a la refundación de una central obrera regional haya encontrado eco en decenas de direcciones sindicales de la ciudad y la zona. Para llenar ese vacío existente entre la política de inmovilismo de la Intendencia (PJ, Alianza) y la aspiración y el reclamo de los trabajadores por sus reivindicaciones. Ahora se plantea un desafío mayor e inevitable: la lucha por una organización obrera independiente, que enarbole un programa de salida a la crisis con el sello de nuestra clase social, con el método del congreso de delegados, mandatados para poner en pie una CGT genuina.

El gobierno anunció la fusión de Canal 7, Radio Nacional y Télam en un multimedios informativo. La creación de la nueva empresa bajo la forma de una sociedad anónima con mayoría estatal apunta a incorporar a los principales monopolios informativos en su directorio, los que a su turno absorverán una porción mayor del negocio. La anunciada ‘mayoría’ estatal del 51% de las acciones es un simple taparrabos. No es casual que Lopérfido, secretario de Medios, brindara la primicia a los monopolios Clarín y La Nación, directos competidores de las empresas informativas estatales y, seguramente, principales beneficiarios del multimedios ‘estatal’. La creación del nuevo ente se produce en medio de una feroz pelea entre los principales pulpos económicos. Uno a uno los principales diarios, canales y radios del país van siendo comprados por los grupos que responden a Clarín-La Nación, Telefónica, Vila, Cisneros y Avila, en un gigantesco proceso de concentración monopólica. En la misma dirección, el encarecimiento del servicio llevará al ahogo de los pequeños medios del interior. Este proyecto se complementa con el proyecto de ley de radiodifusión, que autoriza a los canales y radios privados a transmitir su programación a todo el país, sin ningún tipo de intermediación. Los grandes monopolios se verán favorecidos, así, con una pauta publicitaria a escala nacional. Tampoco es casual que Lopérfido no se haya referido a qué pasará con la publicidad del Estado, que hoy pasa obligatoriamente por Télam y que es una de las ‘joyas de la abuela’ codiciada por todos los pulpos informativos. Está en pie el intento de ‘privatizar’ el manejo publicitario de la agencia nacional de noticias. Una de las claves en la conformación de la nueva empresa es la feroz confiscación económica de los trabajadores de los tres medios. Desde enero, la masa salarial se ha reducido de 9 a 5,4 millones, mediante la rebaja de sueldos y más de 400 despidos encubiertos. En el reportaje publicado en Clarín, Lopérfido puso al desnudo la política de flexibilización. Ante la pregunta de cómo imaginaría el funcionamiento del nuevo multimedios, dijo: "Si hay un incendio, y hay un periodista de lo que hoy es Télam cubriéndolo, ese periodista puede salir al aire en ese momento, por TV y radio, además de hacer su despacho informativo". En el mismo sentido apunta la creación de una única gerencia de noticias, de personal y de administración. Una brutal flexibilización laboral dejará una nueva masa sobrante de trabajadores. Nada fue dicho sobre cómo será el traspaso de los trabajadores de las tres empresas al multimedios. La creación de un ente residual crea el peligro de una digitación que deje afuera al activismo. Tampoco se ha informado en qué condiciones y bajo qué convenio se hará. Durante años las agencias informativas del Estado fueron sometidas al pillaje y al sostenimiento de las distintas camarillas. Han sido fuente de prebendas, de pago de ‘servicios’. Este proceso sigiloso y conspirativo fue denunciado en reiteradas oportunidades por los trabajadores. El menemista Haddad fue acusado de haber recibido más de 3 millones de dólares durante el año pasado. El ascenso de la Alianza no ha cambiado un ápice la situación: más bien, como era de esperar, la ha potenciado. Su principal publicista, Agulla, figura en la grilla por el reparto del botín de la publicidad de Télam. La creencia de que un ‘control parlamentario’ de los entes informáticos estatales le daría ‘transparencia’ a su funcionamiento, y que, más aun, sería un freno al proceso de privatización, es un sin sentido que traduce expectativas en quienes son los responsables del vaciamiento de las empresas informativas y esquilmaron el presupuesto estatal en beneficio de sus aparatos partidarios. Por eso decimos: * Ningún despido. No a los retiros ‘voluntarios’. * Por la incorporación de todo el personal al nuevo multimedios. * Derogación del decreto 430. * Respeto del Estatuto del Periodista y del trabajador de prensa y defensa de los convenios. * Por una escala salarial única, sobre la base de los mejores salarios. * Por una agencia nacional de noticias bajo el control de los trabajadores.

Con la denuncia de los sobornos en la Cámara de Senadores para la aprobación de le ley de reforma laboral, el régimen encabezado por los ‘éticos’ y ‘transparentes’ aliancistas ha entrado en una crisis irreversible. Ha quedado en claro que radicales y frepasistas no se diferencian un ápice de los menemistas, y que sin la corrupción no pueden gobernar. El propio funcionamiento del Estado está cuestionado, y objetivamente paralizado, desde el momento en que las denuncias alcanzan, además del Congreso, a ministros y al jefe del Servicio de Inteligencia, todos ellos miembros del Poder Ejecutivo, y al propio De la Rúa. Los sobornos que se ventilan tuvieron un objetivo muy específico: que pasara una ley de reforma laboral abiertamente repudiada por los trabajadores argentinos en dos masivos paros generales. Los patrones y los funcionarios pretendieron chantajear a los trabajadores diciendo que no se podía hacer paros ‘contra las leyes y las instituciones de la democracia’. Pero esa ley no es ‘hija de la democracia’ sino de la coima y del soborno. La reforma laboral antiobrera es, por lo tanto, una incuestionable nulidad jurídica que debe ser derogada de inmediato. Con el Congreso paralizado por las denuncias, el régimen de los coimeros pretenderá gobernar mediante decretos de ‘necesidad y urgencia’, en el más puro estilo menemista. El régimen del decretazo es el de la confiscación económica de la población trabajadora en benficio del FMI, de los usureros externos y los explotadores nativos. El escándalo del Senado es la expresión manifiesta del fracaso de la restauración constitucional de 1983. Antes de llegar a un grado tan elevado de putrefacción, el régimen constitucional y sus partidos pasaron por el reconocimiento y blanqueo de la deuda externa contraida bajo la dictadura y su acrecentamiento; por la impunidad de los genocidas de la dictadura; por el ‘gatillo fácil’ y los ‘crímenes de Estado’ (Amia, Cabezas, María Soledad); por la entrega de las riquezas nacionales y la liquidación de las condiciones de vida y de trabajo de las más amplias capas de la población trabajadora y explotada. Ha quedado demostrado que la opresión imperialista y la explotación capitalista son incompatibles con la efectiva democracia. La envergadura de la crisis exige, objetivamente, una Asamblea Constituyente electa que reorganice política, nacional y socialmente al país. Que tome a su cargo el gobierno de la Nación; que reestructure integralmente su sistema político, haciéndolo directamente responsable ante los electores; que permitan que la Nación tome en sus manos el manejo de los recursos estratégicos, previsionales y financieros fundamentales; que pare en seco el saqueo de los usureros internacionales; que derogue toda la legislación antiobrera de las últimas décadas y eleve sustancialmente las condiciones de vida y de trabajo de los explotados. De cara a los trabajadores, el Partido Obrero ofrece un programa y una salida.

El miércoles 16, en Tacuarí al 1900, se produjo un hecho fuera de lo común. Desde las 10 de la mañana hasta bien entrada la noche, decenas y decenas de trabajadores de prensa de los diarios Clarín y Olé hicieron cola frente a una Traffic estacionada delante de la empresa para poder emitir su voto a Comisión Interna. En ese ‘cuarto oscuro’, desafiando a los burócratas, a la empresa, a su aparato de seguridad, a la justicia y a todos los que intentaron ponerse enfrente, más de 550 compañeros decidieron respaldar la formación de una organización gremial para poner freno a los contínuos atropellos patronales. Un resultado contundente. En las horas previas a la elección, el monopolio, dueño de cuantiosos recursos, decidió utilizarlos masivamente para impedirla. Primero recurrió a los servicios de dos burócratas echados por su conducta patronal, que enviaron cartas documento desconociendo la validez de la asamblea que votó su destitución. Luego dieron intervención al Ministerio de Trabajo, acusando a los trabajadores en estado de asamblea de abandono de los puestos de trabajo. Al mismo tiempo, y en tiempo récord, una jueza convocaba a suspender la elección frente a un amparo presentado por esos dos mismos burócratas. Por último, la empresa, que había impugnado a la Junta Electoral y a 8 de los 10 delegados que se presentaban, anunció que no iba a permitir el ingreso de las urnas y que prohibía a los trabajadores de prensa salir a votar. Pero una asamblea realizada en la tarde del martes, con la presencia de más de 250 compañeros, rechazó, una vez más, todas las amenazas y resolvió realizar la elección en la puerta de la empresa y rechazar ante la justicia y el ministerio los argumentos de los burócratas y la patronal. A pesar de que el grueso del personal trabaja de tarde, a las 12 del mediodía más de 150 compañeros habían emitido ya su voto, ante la azorada mirada de la gerencia de personal. La policía, que había montado un discreto operativo, no se atrevió a intervenir. En las puertas del edificio fueron pegados carteles llamando a votar. Los compañeros que votaban y entraban, pegaban en sus computadoras y escritorios carteles que decían: "Yo voté, ¿y vos?". Por la tarde fue incesante el desfile de compañeros en el cuarto oscuro. Hasta dos parturientas enviaron desde el sanatorio su voto, lo cual no tiene sólo el carácter de una anécdota: en las distintas asambleas fue denunciado que la empresa quería desconocer el derecho de lactancia de las mamás, obligándolas a trabajar 9 horas, cuando el convenio marca la mitad, durante los 6 primeros meses del bebé. Al cabo de esta enorme lucha de los trabajadores de Clarín-Olé contra los despidos, el alargamiento de la jornada laboral y la flexibilización, se ha puesto en pie una gran Comisión Interna. Esta ha logrado una primera victoria, el reconocimiento abrumador de los compañeros de los dos diarios.

Jorge Altamira, diputado por la Ciudad de Buenos Aires, presentó el siguiente Proyecto de Declaración para su discusión en la Legislatura porteña Proyecto de declaración La envergadura de la crisis política desatada en el Senado de la Nación plantea la necesidad de convocar en forma inmediata a una Asamblea Constituyente La denuncia de sobornos en el Senado de la Nación ha dejado planteada una irreversible crisis política e institucional. El funcionamiento del Estado nacional se encuentra objetivamente cuestionado y de hecho paralizado. Cualquier intento, de los muchos que ya se están esbozando, para esquivar las responsabilidades o darle largas a las impugnaciones efectuadas, sólo conducirá al agravamiento de la crisis en el tiempo. Las denuncias involucran tanto a una rama del Poder Legislativo como a ministros y funcionarios de Inteligencia que responden al Poder Ejecutivo. Están igualmente afectados por las versiones políticas y periodísticas senadores del Partido Justicialista y del bloque de la Alianza. Los sobornos que se discuten públicamente constituyen una doble afrenta a la soberanía popular, porque estuvieron dirigidos a lograr la sanción de una ley, la de Reforma Laboral, que es repudiada por la inmensa mayoría de los trabajadores y que dio lugar a dos extraordinarios paros generales. En estas condiciones, esa reforma anti-laboral añade ahora a su carácter anti-obrero una incuestionable nulidad jurídica. De aquí en más, la mentada reforma laboral quedará inscripta en la conciencia nacional de la misma manera que lo fueron las concesiones a los pulpos de la electricidad, en 1938, obtenidas por medio de la coima al Concejo Deliberante de la Capital Federal de esa época. El repudio a este cohecho de carácter entreguista pasó a figurar de manera prominente en los movimientos de reparación nacional que tuvieron su culminación el 17 de octubre de 1945. El congelamiento político del Senado, determinado por las denuncias de soborno a varios de sus integrantes, así como su inevitable parálisis legislativa, amenaza con derivar en un régimen político de excepción, expresamente condenado por quienes pusieron en pie el sistema constitucional argentino y conocido como la "suma del poder público". La prensa diaria ya está señalando que el Poder Ejecutivo Nacional pretende recurrir, con el pretexto de la inhabilitación objetiva del Senado para deliberar, a los decretos de necesidad y urgencia para sancionar una emergencia económica que dispone, entre otras cosas, medidas expropiatorias parciales contra los trabajadores del Estado, los jubilados e incluso los proveedores. Adoptado por el menemismo como sistema, en violación a todas las normas constitucionales, el régimen político del decretazo ya ha vuelto por sus fueros de una manera igualmente inconstitucional, para seguir aplicando las políticas antinacionales que exigen el Fondo Monetario Internacional y los grandes grupos capitalistas locales, tanto nacionales como extranjeros. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no puede dejar de ver estos desarrollos políticos sino como un atentado a los principios más elementales de la democracia política e incluso del estado de derecho. La impasse que se ha creado en el Poder Legislativo se encuentra reforzada, precisamente, por las maniobras políticas que, cabalgando sobre ese empantanamiento, procuran establecer el régimen del decretazo y, por su intermedio, un nuevo "shock" económico que sería sinónimo de otra gigantesca confiscación social, en especial, contra los jubilados, las provincias y los derechos adquiridos de los trabajadores que aún se mantienen precariamente, como el sistema de obras sociales. La protección de los cohechos y las maniobras políticas inspiradas por los intereses capitalistas dominantes se combinan para inviabilizar una salida "normal" a la presente crisis, como podrían serlo los recursos de juicio político tanto a los funcionarios designados como a los representantes electos. Es por este motivo que la Legislatura se pronuncia por el impulso a un movimiento de opinión nacional y a una movilización popular colectiva para reclamar la convocatoria de una Asamblea Constituyente electa que tome a su cargo el gobierno de la Nación; proceda a una reestructuración integral del sistema político que lo haga responsable en forma directa ante los electores y el pueblo y tome medidas urgentes que hagan cesar el saqueo del país por parte de los usureros internacionales; permitan que la Nación tome a su cargo el manejo de los recursos estratégicos, previsionales y financieros fundamentales; y proceda a restablecer los derechos sociales y laborales de los trabajadores y el enérgico mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo. El reclamo de que se convoque a una Asamblea Constituyente electa integralmente soberana tiene en cuenta que los sucesos del Senado constituyen una suerte de fase final en el proceso de descomposición del régimen constitucional que se pretendió restaurar en 1983. En las filas activas de esta descomposición militan desde hace largo tiempo el Poder Judicial, denunciado por innumerables encubrimientos y complicidades con el delito; las Fuerzas Armadas, cuyos mandos continúan protegiendo a los genocidas de la dictadura y realizan una implacable acción contra las tentativas de esclarecer los crímenes cometidos entre 1974 y 1983; la policía del gatillo fácil, la Bonaerense, la vinculada al atentado a la Amia y la denunciada en múltiples oportunidades por las llamadas cámaras ocultas en su complicidad con el delito e incluso en su organización; y finalmente la propia burocracia del Estado, como se ha visto reflejado en el proceso de las privatizaciones, en el Pami, en el ‘affaire’ IBM-Banco Nación, en los decretos que autorizaban la exportación de un oro que Argentina no producía, en los canjes de títulos de la deuda pública que aumentan el endeudamiento nacional y mejoran las cotizaciones de los bonos en beneficio exclusivo de la banca que los tienen especulativamente en su cartera (como ocurriera recientemente con el canje de los Brady); la lista es enorme y hasta podría ser infinita. Pero los sucesos del Senado constituyen, por sobre todo, una manifestación última del fracaso de la restauración constitucional que comenzó en 1983. Una restauración que partió de reconocer la continuidad jurídica con la dictadura militar, incluido su Poder Judicial, así como de sus compromisos financieros internacionales. Una llamada democracia que no solamente se negó a investigar la formación de la deuda externa y su estatización, sino que por medio de la emisión de pagarés, títulos y bonos, inició en 1985 el proceso de borrar las trazas de la gestación de la deuda hasta convertirla en una masa anónima de bonos con derecho a 150.000 millones de dólares del patrimonio nacional y, más importante aun, con derecho a fijar la política económica de la Nación. Un régimen político que tiene su política económica determinada en el extranjero, está vaciado de cualquier contenido y debe obligadamente transformarse en un cascarón de prebendas, como hoy lo testimonia el Senado. Para llegar al presente estado de putrefacción, las instituciones del Estado y sus partidos debieron antes abdicar de todas sus responsabilidades democráticas y actuar como correas de transmisión de los intereses de los pulpos capitalistas. Es este régimen el que abdicó de la justicia con la sanción de la Obediencia Debida, el Punto Final y el Indulto, y el que, en supremo acto de hipocresía, decretó luego la nulidad de la Obediencia Debida de cara al futuro, otorgándole con ello una legitimidad histórica que hasta entonces nunca había tenido. La experiencia de los últimos veinte años vuelve a confirmar que la entreguista burguesía nacional y el régimen capitalista como tal, son incapaces de viabilizar un régimen efectivamente democrático. Esta envergadura de la crisis exige, objetivamente, una Asamblea Constituyente electa que reorganice política, nacional y socialmente al país. No es casual que la crisis político-institucional coincida con el punto más alto de la descomposición económica, siendo ella misma reflejo del fracaso de todos los planes neo-liberales y privatizadores que han impulsado en diferente grado los dos gobiernos anteriores y el actual. La recesión económica es la más prolongada de la historia nacional; la tasa de desocupación, sub-ocupación, pobreza y desnutrición es la más alta y la de mayor duración que se conozca; el índice de hipotecamiento del país es el más elevado. La presente declaración no tiene, naturalmente, efectos o alcances jurídicos, ni es ése su propósito. Pero traza una perspectiva y, en oposición al oportunismo en boga, y a las maniobras y trenzas de corto alcance, ofrece un programa y una salida. Es una responsabilidad que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de asumir, por una parte, frente al pueblo de la Ciudad, y por la otra como parte integrante del Estado federal.

Despues de 57 días de paro y 22 días de huelga de hambre de la docencia, el gobierno justicialista de Manfredotti decretó la conciliación obligatoria. Pero en este espacio de ‘diálogo’ el gobierno profundizó la crisis de la educación fueguina. En la Escuela Agrotécnica Salesiana, en la única privada donde se llevó a cabo el paro por tiempo indeterminado, fueron despedidos 17 docentes por reclamar la parte del salario que les quitaron (30% del sueldo). En el año ‘99, docentes, alumnos, padres y la comunidad en general evitaron el cierre de esta histórica escuela. Este movimiento social (el más grande hasta entonces en la provincia) fue apoyado por los directivos de la escuela y la Iglesia fueguina. Los mismos directivos y la misma Iglesia, ahora cambiaron el discurso y la práctica. De aquel espacio laboral y pedagógico crítico, hoy los docentes sobrevivientes deben optar por acatar las deciciones de la dirección y callar. La política inquisidora y autoritaria de la Iglesia también llegó a este establecimiento educativo. Por otro lado, el Ministerio de Educación bajó a las escuelas públicas una circular (019/00) exigiendo a los directivos que instruyan a los docentes de no criticar o hablar mal del gobierno en el aula. Este accionar se acompaña de amenazas de despidos y por la compra de camiones hidrantes, cuatriciclos y armamento antimotín. Pero si creen que los trabajadores de la educación fueguina vamos a perder nuestro futuro y permitir la destrucción del futuro de nuestros hijos y alumnos, están equivocados. La educación fueguina hoy se encuentra en pie de guerra. A pesar de las diferencias de fuerza, nosotros tenemos el apoyo de la comunidad, del aula y la coherencia para luchar contra estos modelos neoliberales, que sólo son un instrumento del sistema explotador en el que vivimos: el capitalismo.

Según Clarín (7/7), la British Petroleum está negociando *desde hace tiempo* la compra de Repsol, de la mano de su asociada yanqui, Amoco. El propio Tony Blair, primer ministro inglés, se comunicó telelefónicamente con Aznar, para negociar este operativo. Los fondos de inversión de EE.UU. tienen un 16% del capital de Repsol y los fondos europeos (sin participación de España) tienen otro 20%. Esta negociación explicaría dos cosas. Primero, que la última asamblea de accionistas de Repsol haya resuelto elevar del "50 al 75% el voto favorable mínimo de sus accionistas para fusionarse con otra compañía" (ídem). Segundo, que el reciente preacuerdo entre Sobisch-De la Rúa y Repsol, por el cual se extiende en 10 años la concesión para la explotación de los yacimientos neuquinos de petróleo y gas (denunciado en los números anteriores de Prensa Obrera), tiene como principal objetivo valorizar las acciones de Repsol como antesala de su venta. Un lector de La Nación (5/7) ha denunciado que "el 66% (del petróleo de Repsol) fue extraído de suelo argentino en yacimientos que fueron de YPF", lo mismo que el 80% del gas. Lo que lleva a la conclusión "que nuestra YPF, antes de su venta, como productora de hidrocarburos era mucho más importante que Repsol". Está claro, entonces, que no estamos ante un "segunda conquista española", esto porque Repsol (y también Telefónica) actúa como intermediaria de los fondos de inversión anglo-yanquis y como cabeza de sus monopolios petroleros. British Petroleum-Amoco compraron, en 1997, la petrolera Bridas a la ‘familia’ Bulgheroni. "La estrategia de British Petroleum-Amoco habría sido dejar entrar a Repsol ‘para después comerse las dos empresas juntas’..." (Clarín, 7/7). Sobreprecios El lector de La Nación llega a una conclusión elemental: "Si por lo menos una mayoría accionaria de YPF hubiera seguido en poder del Estado, el gobierno nacional tendría en sus manos una eficaz herramienta para regular el precio interno de los combustibles". El ex ministro del Interior menemista Corach, reconoce "el incumplimiento de la alineación del precio de las naftas y gasoil con los valores de exportación (4.500 millones de pesos de sobreprecio pagados por los consumidores argentinos)" (Ambito Financiero, 10/6). Mientras el precio de venta del barril de petróleo en el mercado mundial está por encima de los 30 dólares, los costos de producción "estan bien por debajo de los 10 dólares" (La Nación, 5/7). La diferencia es una super ganancia para los monopolios, que pagan los consumidores. Esa super ganancia, si fuera retenida por el Estado nacional y las provincias, podría ser invertida en un plan de industrialización de los hidrocarburos. En el mentado caso del Polo Petroquímico de Bahía Blanca, un economista señaló que estas inversiones "actúan como un enclave" (Río Negro, 9/7), o sea que los beneficios económicos se van al exterior. Repsol participa en forma dominante en todas las empresas del Polo, adonde transfiere el diferencial entre el costo y el precio del petróleo, la materia prima. Se plantea la expropiación de Repsol y de todos los monopolios petroleros y su puesta en funcionamiento bajo control y dirección de los trabajadores. La super renta que deja este negocio debe servir para llevar adelante un plan de industrialización al servicio de los trabajadores.

El gobierno avanza sin pausa en el plan del monopolio postal. En el Parlamento espera una ley ‘regulatoria’ que establece "un canon de dos millones de dólares, una red de 100 sucursales y flota de 300 vehículos" para operar (Clarín, 12/8). Aunque la ley también prevé otros requerimientos menores, las patronales Pymes del sector denuncian que desaparecerán 278 empresas que abarcan a 22.000 trabajadores. Sólo quedarían dos gigantes: Correo Argentino, de Macri, y OCA, otrora de Yabrán y hoy del Exxel Group; y quizás Andreani. Exxel es un fondo de inversiones extranjero que compra empresas para negociarlas, lo que indicaría que se prepara un ‘regalito’ para entregar el correo con moñito a la Federal Express, la vieja aspiración de Cavallo. Ni un solo trabajador está a cubierto de la masacre de despidos que se preparan. Correo Argentino presentó un recurso de crisis que Flamarique prestamente habilitó, justificando el despido de 3.300 trabajadores, el 23,3% del total. Macri argumenta "la necesidad de reducir costos laborales" aun cuando la Comisión de Defensa de la Competencia habilite el pedido de fusión de Correo con OCA. Dice que lo afectan "convenios laborales muy superiores a los de la competencia" (Página/12, 17/8). Apoyado en estos planteos pide al Estado un "resarcimiento" de 200 millones de dólares. Al mismo tiempo, no paga el canon de 101 millones de dólares anuales fijados en la concesión. Los empleados de OCA tampoco la llevarían de arriba: se rumorea que habría hasta 2.500 despidos de concretarse la fusión, la cual tendría características calcadas a las de las fusiones bancarias, con los consecuentes cierres de sucursales superpuestas. Ahora bien, los despidos no son sólo una amenaza. Correo "tomó la concesión en 1997 con 20.000 agentes" (ídem) y hoy tiene 14.000, el resto se fueron vía retiros voluntarios o despidos directamente. A las llamadas Pymes no les va mejor. Los "delegados autoconvocados" de la rama postal de Camioneros que los agrupa, denuncian que entre febrero y agosto cerraron 27 empresas que despidieron a más de 800 compañeros. Señalan que otras están en convocatoria y que algunas, como Unir, del pulpo gráfico Rioplatense (propiedad de Clarín), cerraron antes de llegar a inscribirse en la rama (eran empleados de comercio). Denuncian además que se agravan día a día los incumplimientos de su modesto convenio, con atrasos en los pagos, alargamientos de jornada, incrementos de ritmos, etc. Los empresarios Pymes, mientras cacarean por los medios, preparan fusiones y desplazamientos mediante una feroz ofensiva antiobrera. ¿Cómo semejante cuadro no ha colocado a miles y miles de compañeros en la primera plana de la lucha? Sólo la enorme componenda de los sindicatos del sector lo explica. En primer lugar Baldassini, el eterno colaboracionista de Foecyt, apoya el nuevo marco "porque debe contener normas para una competencia razonable en un mercado prostituido donde el Correo debe competir con pseudoempresas sin solvencia patrimonial, ni operativa, ni fiscal". Por su lado, Moyano, que agrupa a OCA y a todas las Pymes, no abrió la boca. Es un récord si tenemos en cuenta que 25.000 trabajadores de su gremio se ven amenazados en forma terminal, sin contar los 3.300 de correos que, como jefe de la CGT, merecerían igual atención de su parte. Los "delegados autoconvocados" explicaron, a la banca del PO en la Legislatura, sus reclamos en los plenarios de los 100 delegados postales para que el sindicato camionero se ponga a la cabeza, e impulsan una movilización para el día de la audiencia pública como comienzo de un plan de lucha. Su programa es: ni un despido más, unidad con OCA y Correo, abajo el marco regulatorio monopolizador, defensa del convenio con la huelga general, paritarias ya por 600 pesos de mínimo y 8 horas de trabajo. Las agudas reivindicaciones de los compañeros a medida que se desenvuelva la lucha van a abrir un debate político más profundo de absoluto interés popular, porque el monopolio privatizado de la actividad postal será el expediente de los tarifazos a los que estamos acostumbrados. Se impone la apertura de los libros y el control obrero de todas las empresas de la actividad. Sobre esta base impulsamos la prohibición de todo despido ante la Legislatura, contribuyendo a instalar esta reivindicación ante todo el poder político. En función de organizar y debatir el plan hemos propuesto a los delegados autoconvocados impulsar la asamblea general de la rama camionera, con abandono de tareas, en un estadio. Una enorme agitación se manifiesta también en asambleas de base del Correo en la zona sur, en desacuerdo con el quietismo de Foecyt ante la amenaza de miles de despidos. La lucha pugna por abrirse paso a pesar de la burocracia sindical. Adelante compañeros.

En una reciente nota en La Razón(26/7), Juan Alemann concluyó que los planes para el Pami de Alderete y de la Alianza son esencialmente iguales. Una tercerización de prestaciones, con la única diferencia de que Felgueras las repartió entre más gerenciadoras. Pero el sistema que beneficia a empresas intermediarias que cobran por subcontratar servicios de salud (una función parásita) es el mismo. De la Rúa-Felgueras mantuvieron los acuerdos con el Banco Mundial, que Alderete había firmado en el ‘98, los cuales obligan a esta contratación indirecta. Es así que una tajada importante de los recursos de los jubilados y los trabajadores activos, que financian el Pami, se va innecesariamente a los bolsillos de estas gerenciadoras truchas, constituidas por los propios prestadores privados, funcionarios del Pami, burócratas sindicales y políticos de los gobiernos de turno. Es de público conocimiento la participación de Barrionuevo en estos negocios. En la Capital, las nuevas contrataciones se han hecho exactamente con los mismos prestadores, hospitales y sanatorios que bajo la administración de Alderete. Sólo que la calidad de la atención será por cierto peor, luego que se ha rebajado la cápita (pago mensual por afiliado) en más de un 8%. "Como consecuencia de la amplia tercerización de servicios *dice Alemann* al Pami le sobrarán muchos de sus 10.500 agentes", porque "se ocupará ahora de supervisar a las prestadoras, lo que requiere una estructura más chica". El interventor superviviente de la primitiva troika, el peronista Rodríguez Larreta, es un experto en despidos masivos del grupo ‘Sofía’. Ya sacó un nuevo ‘retiro voluntario’ y está en preparación un concurso abierto para todos los cargos técnicos. En la realidad cotidiana, mientras tanto, la situación del Pami es caótica. Se han suspendido los servicios de anteojos, de odontología, de enfermería y auxiliares domiciliarias, se suprimieron subsidios a los más necesitados y una cantidad de sanatorios de Capital y Provincia han cortado directamente la atención. La rapiña entre prestadores médicos, farmacéuticos y funcionarios por los nuevos contratos es sin cuartel. El Partido Obrero plantea: • Restitución de todos los fondos y prestaciones eliminados. • Ruptura de los acuerdos con el Banco Mundial. • Fuera la intervención. • Dirección del Pami por los jubilados y trabajadores.

Estuvimos con los compañeros de la 20 de Julio, agrupación de oposición en la Uocra, y entrevistamos a dos de sus integrantes, Juan Muñoz y Juan Batallanos. ¿Cómo surgió la 20 de Julio? JB: Surgió porque los actuales representantes de la Uocra no les dan ninguna repuesta a los obreros desocupados. Debido a esto nosotros nos separamos y formamos esta agrupación, y seguimos luchando por las necesidades de los desocupados. El objetivo es conseguir fuentes de trabajo, y al no haber trabajo solicitamos al gobierno que nos subsidie. Estuvimos luchando, cortando calles, y conseguimos el compromiso del gobierno de pagar un subsidio de 150 pesos para 170 compañeros; esto sería una primera tanda que cobraría mañana 18 de agosto. Además se comprometieron con bonos de gas y tickets canasta. Si no conseguimos los subsidios vamos de nuevo a las medidas de fuerza, y esto va creciendo cada vez más, ya tenemos 1.300 obreros anotados y cada vez los desocupados somos más y se siguen anotando. Y vamos a seguir peleando porque nuestro objetivo también es recuperar nuestro sindicato, y por eso vamos a formar una Lista. JM: Nosotros diferimos totalmente de la actual conducción de la Uocra. Nunca sacaron la gente a la calle para pelear por fuentes de trabajo. Esta conducción ya lleva 8 años y nunca ha hecho nada contra el gobierno. Esta agrupación ya sacó la gente a la calle a pelear por fuentes de trabajo, sabiendo que los obreros de la construcción somos los que hemos hecho las grandes ciudades, las grandes represas y estamos ganando los salarios más bajos del país; también vamos a pelear por un salario digno. De esta manera vamos a seguir luchando y por eso queremos convocar a todos los obreros de la provincia y del país a que se pongan en pie de lucha por todas las reivindicaciones que tenemos merecidas. La "20 de Julio" participó del Congreso del 4 de agosto de la CTA. ¿Van a ir a la Asamblea General convocada desde ese Congreso? JB: Desde ya, estamos firmes en la lucha junto con todos los gremios. Porque nosotros, al igual que ellos, no queremos conformarnos con la miseria que da el gobierno; con 150 pesos no hacés nada. Nosotros queremos un trabajo digno con cobertura social, seguro de vida y un salario como corresponde. ¿Qué piensan de la propuesta de realizar un congreso de delegados de base que lanzaron un conjunto de organizaciones? JB y JM: Nosotros tenemos entendido que muchos sectores, al igual que nosotros, vienen luchando por lo suyo y también quieren recuperar sus sindicatos. Es interesante que todos los delegados tomemos conciencia de la situación que estamos viviendo y nos pongamos en pie de lucha. Nosotros vemos la propuesta muy bien.

La solicitada publicada por el Consejo Directivo del Sutecba (Clarín y Crónica, 15/8) es una maniobra "mediática" para hacer pasar como progresiva una ley hecha a la medida de las "recomendaciones" del Banco Mundial y el FMI. Por ejemplo, se dice que "se consagró el principio de estabilidad en el empleo", en el artículo 36, cuando en realidad otras disposiciones de la propia ley, efectivamente lo anulan. Esto es así con el "régimen de disponibilidad" (art. 57) que comprende: 1) a los trabajadores cuyos cargos, funciones u organismos donde presten servicios sean suprimidos por razones de reestructuración; 2) a los trabajadores que sean calificados negativamente en la evaluación anual de desempeño, de acuerdo con lo establecido en el art. 33; 3) a los trabajadores que sean suspendidos preventivamente o cuyo traslado se disponga por considerarse presuntivamente incurso en falta disciplinaria, de conformidad a lo dispuesto en el art. 52. El art. 58 de la ley establece que los trabajadores en disponibilidad no reubicados quedarán cesantes. El art. 36 plantea que "la estabilidad no es extensible a las funciones", es decir que tendremos un régimen de "movilidad funcional". El régimen disciplinario que establece esta ley plantea un listado prácticamente infinito de causales de sanciones en los artículos 46, 47, 48 , 49 y 50, con el agravante de que las suspensiones menores a 10 días no están amparadas por el derecho a defensa en sumario. La solicitada plantea que se eliminan los contratos basura como forma de empleo permanente, pero la ley establece que los ingresos serán a prueba por un año sin derecho a la estabilidad mientras dure la "prueba". O sea, pura basura. En cuanto al salario, se reivindica "la intangibilidad del mayor salario alcanzado", pero no se dice que a partir de ahora se incorpora el concepto de "la productividad alcanzada en el cumplimiento del trabajo". Quedarán eliminados los estatutos especiales (médicos, docentes) a partir de las Convenciones Colectivas que estatuye la ley, y de sus contenidos centrales. Lo mismo vale para todos los escalafones que se discutan a partir de ahora. En resumen, lo que la solicitada del Sutecba no dice, es que ahora el Ejecutivo cuenta con una ley que incorpora los aspectos centrales de la Reforma Laboral, para utilizarla contra los trabajadores municipales. Esto es lo central; esta ley sólo sirve como instrumento de una racionalización a fondo del gremio (disponibilidad, despidos) y para la flexibilización de las condiciones salariales (productividad) y de trabajo (ingresos a prueba, evaluaciones, movilidad funcional, régimen de sanciones). En la solicitada, el Consejo Directivo del Sutecba asume la defensa de la ley, cuando lo que corresponde es plantear su derogación y organizar al gremio para conseguirlo. Sobre la liquidación del Imos Debería llamar la atención que en la solicitada no se hable sobre la Ley 472, también ‘consensuada’ por el Sutecba, que establece la liquidación del Imos y su reemplazo por la Osba (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires). Al respecto, lo primero que hay que decir es que esta ley ataca los intereses de los trabajadores municipales tanto o más que la de Empleo (471). Hasta ahora se nos venía diciendo que las deficientes prestaciones del Imos obedecían a una millonaria deuda del Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad con el Instituto. Con la nueva ley esta grave situación habría quedado blanqueada sin que a los afiliados del Imos se nos informara nada. En una síntesis apretada tenemos que denunciar que: a) La Osba tendrá un plazo hasta el 2003 para ingresar en el régimen de Desregulación de las Obras Sociales, es decir que marcha a la privatización. b) Por "disposiciones transitorias" de la ley, durante 240 días quedará conformado un Directorio con mayoría absoluta del Ejecutivo. Durante este período, contando con mayoría simple en las votaciones, este directorio podrá hacer y deshacer. c) Las primeras víctimas de esta gravísima situación son los propios trabajadores del ex Imos, que deberán "acogerse" a un régimen de retiros voluntarios o pasar a disponibilidad. d) La financiación de la Osba surgirá de nuestros propios bolsillos, con un incremento progresivo de nuestros aportes, hasta llegar al 6% de nuestro salario, comenzando ahora con un 1%. Esta breve descripción, que no agota el análisis de esta ley, sirve sin embargo para mostrar su carácter nefasto. También en este caso está planteada la tarea de reclamar su derogación. El Partido Obrero llama a los trabajadores municipales a organizarse para impedir que estas leyes se apliquen y reclamar su derogación. Es necesario poner al gremio de pie con asambleas en todas las reparticiones y marchar a una asamblea general del Sutecba. Más que nunca es necesaria una acción unitaria de todas las corrientes y activistas del gremio dispuestos a llevar esta tarea adelante. Solidaridad con los compañeros del Imos. Ni un paso atrás en nuestras conquistas. No a la desregulación-privatización de nuestra obra social. Control de la misma por sus trabajadores y afiliados. Rechazo al aumento en los aportes; financiación a cargo del Gobierno de la Ciudad.

Con la presencia de 330 delegados inscriptos y un total de más de 500 compañeros, sesionó el viernes 4 el 1º Congreso Provincial de Delegados de Neuquén. Había sido convocado por una Asamblea General de Trabajadores para preparar la huelga general por tiempo indeterminado contra las amenazas de despidos y descuentos salariales que había anunciado el gobernador Sobisch. Los ejes Los planteos de los delegados marcaron tres grandes ejes: el rechazo a la entrega de la riqueza petrolera provincial a Repsol hasta el 2027; la necesidad de enfrentar el 17,7% de desocupación provincial y la amenaza de una nueva ola de despidos y reducción de salarios. Sobisch está negociando con la Alianza y el PJ una jubilación anticipada de estatales, que puede dejar en la calle a casi 2.000 compañeros y aumentaría el aporte de los trabajadores a la caja jubilatoria provincial (del 6 al 11%). La huelga general Una delegada docente del Mst volvió a criticar el planteo de la huelga general por tiempo indeterminado votado por la Asamblea de Trabajadores y reivindicó la necesidad de juntar firmas para la campaña nacional de la CTA por el seguro de empleo. Planteó la eventualidad de un paro de 48 horas si el gobierno efectivizaba sus amenazas. Norberto Calducci, estatal (PO), retrucó que el planteo de huelga indefinida había frenado al gobierno en sus inminentes ataques contra los trabajadores. En el cierre, Julio Fuentes, secretario general de la CTA, manifestó que la votación por la huelga general tuvo el valor de que fue declarada por una asamblea de 2.000 compañeros, y que mostró la decisión de lucha de los trabajadores. Si el gobierno hubiera avanzado en sus planes, si no pagaba, se habría parado la provincia. "Y el gobierno leyó bien el mensaje". Para Fuentes, el mandato de la Asamblea seguía vigente: si el gobierno reanudara sus ataques, se declararía el paro general. Resoluciones El Congreso votó apoyar la jornada de movilización de los docentes del lunes 7 contra la reforma educativa menemista en la provincia. Declaró un paro general en Neuquén para el miércoles 9 en apoyo a la lucha de los desocupados y contra los intentos de aumentar el aporte a la caja previsional, así como votó enviar delegaciones a la "marcha grande". También se votó otra Asamblea General para "no más de 30 o 40 días" en uno de los principales estadios de la Ciudad, y llevar a allí 5.000 trabajadores. Para garantizar la masividad se declarará un paro general y se organizarán caravanas desde todos los pueblos. Avanzar en la elección de delegados También se planteó constituir Comités de Lucha en cada pueblo y realizar asambleas en cada una de las 23 localidades para seguir eligiendo delegados mandatados. A instancias de Patricia Jure, delegada docente (Tribuna Docente) se ratificó la necesidad de una Comisión de Lucha central, que se reunirá todos los martes a las 18 horas en la sede del CTA. El papel de la izquierda El Mst tuvo una presencia muy reducida y sus posiciones contra la huelga general fueron las más derechistas. El Pts, al igual que su fracción Democracia Obrera, no participó. Se llenan la boca hablando de Congresos de Trabajadores y no saben reconocer uno cuando lo tienen delante. Critican a la burocracia pero no se animan a dar batallas políticas concretas. Llamó la atención de los asistentes la ausencia de los ceramistas de Zanón, que se habían comprometido a concurrir. El Ptp también hizo mutis por el foro. ¿Sólo van a reuniones ‘multisectoriales’? El PO llevó una delegación importante, con la presencia de delegados, y también se hizo presente con sus volantes, periódicos y afiches. Según informan los compañeros encargados, se vendieron 32 periódicos entre los asistentes. El PO está a prueba, debería trabajar resueltamente por la próxima Asamblea de Trabajadores, en especial para sumar a los trabajadores de la construcción y del transporte, y a los de la fruta de la vecina Cipolletti y otras localidades rionegrinas.

Primero declaró que la seguridad era uno de los ejes de su futuro gobierno, luego anunció un encuentro inminente con Ruckauf. Es así como Ibarra ha encarado la creación de una "zona metropolitana común para combatir el delito, que involucre provincia y Capital Federal alrededor de la General Paz" (La Nación, 8/8). La idea "había sido propuesta desde la gobernación de la provincia meses atrás" (ídem) y ahora es asumida como propia por Ibarra, que, adicionalmente, quiere una "autoridad metropolitana", compuesta por representantes de la Federal y de su par bonaerense" (Clarín, 6/8). Este comando común actuaría sin reconocer fronteras entre los dos distritos: "No puede ser *enfatizó Ibarra* que (la Bonaerense y la Federal) tengan que pasarse la posta por el hecho de que se pase... de un distrito a otro" (ídem). Este corredor policial único permitirá que la Bonaerense ingrese al territorio de la Ciudad. Ibarra pretende alcanzar este acuerdo con el gobierno que acaba de reformar su código procesal para ampliar las facultades de la policía en los interrogatorios y limitar la excarcelación de detenidos. La creación de un área de seguridad común serviría de base para promover luego una "equiparación jurídica" represiva entre los distritos, en los términos dictados por la Ley Ruckauf. La Federal no se toca Es en este cuadro que los frepasistas de la ciudad han postergado sin fecha la pretensión de una policía propia, o el traspaso de parte de los efectivos de la Federal a una fuerza que actuaría "bajo control del Gobierno de la Ciudad". Los editorialistas han reaccionado contra la posibilidad de una policía capitalina, destacando que "una eventual transferencia de servicios significa la fractura de la estructura orgánica de la fuerza" (La Nación, 7/8). Acoplándose a este reclamo, Suárez Lastra, nuevo secretario de Seguridad porteño, anunció que, por ahora, "apuntamos a tener la posibilidad de actuar en la dirección de la Policía Federal" (La Razón, 8/8). La ‘colaboración’ vecinal El plan de acción común entre la Federal y la Bonaerense pretende ser apuntalado con un sistema de ‘colaboración vecinal’. El llamado Plan Alerta ya se está experimentando en distritos del Gran Buenos Aires y de la Ciudad. Según una fuente policial, el Plan Alerta no pretende sustituir la acción policial, "sino rescatar lo positivamente probado de un sistema" (La Nación, 8/8). ¿A qué se refiere? A "las viejas comisarias, que sirvieron desde siempre como infalibles servicios de información, debido al contacto con los vecinos y entidades intermedias". Se trata, entonces, de reforzar la "capacidad informativa" de las comisarías bravas en base a un sistema de delación y sospechas mutuas entre los propios vecinos. El instructivo repartido en una de las experiencias pilotos de este plan *en el barrio porteño de Saavedra* sugiere que "no conviene realizar patrullajes especiales, sino disimular la vigilancia (...). Los vecinos no deben actuar como policías de comisarías, sino de investigaciones" (Brecha, 28/7), o sea de vulgares espías. Uno de los promotores de este plan sugiere posibles lugares de vigilancia: "Una escuela en la que hay docentes y alumnos que han esbozado actos de violencia, un lugar de reunión para el consumo de drogas, son todas situaciones que admiten la vigilancia preventiva". Ibarra se apresta a imponer en la Ciudad la ‘seguridad’ de las policías bravas de Ruckauf, de la delación y extorsión permanentes. Es decir, la ley de la inseguridad permanente. Extorsión y causas fraudulentas. La Federal de cuerpo entero En materia de atropellos y extorsión, la ‘Federal’ no le va en zaga a la temida ‘Bonaerense’. Una reciente investigación de la Procuración General de la Nación reveló que "la Policía Federal inventó al menos 31 causas contra inocentes que estuvieron en prisión sin haber cometido ningún delito" (La Nación, 10/8). Según uno de los investigadores, las causas fraudulentas, que involucran a más de cien efectivos, se deberían a "que fabricaban hechos para mejorar sus estadísticas", un objetivo que no es propio de policías aislados, sino de la "institución" policial y sus autoridades. Los continuos operativos de prensa que periódicamente anuncian "una mayor eficiencia contra el delito" son, por lo tanto, la pantalla de una conspiración contra la población de las barriadas. "En todos los casos *señala La Nación* las víctimas elegidas eran desocupados, drogadictos, analfabetos o inmigrantes marginados". Esta es la ‘fuerza’ que comandará, junto a la Bonarense, el área metropolitana de seguridad que Ibarra y Ruckauf pretenden crear.

Es absolutamente evidente que la resolución de la Corte Suprema chilena levantando los fueros especiales de Pinochet no tiene nada que ver con un acto de justicia. "Pinochet no irá preso *declaró el ‘socialista’ José Miguel Insulza, ministro del Interior de Lagos y ex canciller bajo Frei* y no habrá un cuartelazo" (Página/12, 11/8). El propósito del desafuero de Pinochet es "reforzar las instituciones democráticas *declara a Le Monde Marta Lagos, socióloga del instituto de sondeos Mori, de Santiago*, y principalmente la legitimidad y credibilidad de la justicia" (10/8). Es decir, el régimen proimperialista y antipopular de la Concertación chilena. Más allá del recule del ejército pinochetista, la oficialidad trasandina está más intacta que nunca. Chile es donde más lejos llegó una dictadura en retroceso en el armado de la ‘arquitectura’ de la ‘transición’ que debían seguir los ‘demócratas’. La tarea de modificarla ahora parcialmente se impone como una necesidad en función de los propios intereses imperialistas de cerrar cualquier brecha que afecte a las democracias entreguistas. Los demócratas necesitan recostarse *como siempre ha ocurrido* en los brazos de sus cuerpos armados, para enfrentar la resistencia de las masas a sus políticas de ‘ajuste’.

"He leído el proyecto de 600 pesos de salario mínimo, vital y móvil. Creo que es una buena iniciativa y está correctamente formulado. Sólo una observación: ‘como el salario mínimo vital se expresará en montos mensuales, diarios u horarios’ (artículo 118 de la Ley de Contrato de Trabajo), los 600 pesos deben plantearse también como retribución por la cantidad de horas que comprende la jornada de trabajo en el mes, para no dejar ninguna ambigüedad que pueda perjudicar al trabajador. "Fuera de esto, sería oportuno que la bancada del PO tomara la iniciativa en el sentido de proponer, no como forma de crear empleo, sino de redistribuir con más justicia y equidad el empleo existente, la reducción de la jornada semanal de trabajo sin merma de los salarios".

Aunque todavía es posible esperar cualquier cosa, porque el recuento de votos se ha suspendido imprevistamente, el opositor Julio César Franco, del Partido Liberal, aparece como vencedor en las elecciones a la vicepresidencia paraguaya celebradas el pasado domingo. Su derrotado es Félix Argaña, hijo del asesinado vicepresidente paraguayo y cabeza del clan que domina al gobierno y al partido colorado. La victoria de Franco hubiera sido imposible sin los votos de los partidarios de Oviedo, que desde su celda brasileña llamó a votar por la oposición. El general vetado por los norteamericanos y los socios paraguayos del Mercosur es el "árbitro" de la política paraguaya. La derrota electoral del clan de Argaña hará estallar todas las fracturas del partido colorado. El gobierno de González Macchi ha duplicado la desocupación en poco más de un año, no ha resuelto ninguno de los reclamos de los campesinos sin tierra y ha lanzado una vasta ofensiva de privatización de las empresas estatales. Las primeras declaraciones del ganador de las elecciones, sin embargo, apuntan a acelerar este proceso de ‘reforma del Estado’. El partido liberal formó parte del gobierno de González Macchi hasta febrero de este año. Las elecciones han recreado un cuadro político que ya ha fracasado. Macchi tiene un respaldo de sólo el 11%. El resultado electoral ha dejado planteada una nueva crisis política.

Como parte de la campaña "La banca del PO va a los barrios", el miercoles 16 se realizó una charla con Jorge Altamira en Villa Soldati. Con la presencia de unos 20 compañeros se discutió la grave situación que afecta a la zona sur de la Capital y, en particular, a los trabajadores y a la alta masa de desocupados. La charla comenzó de lleno con los problemas, porque en ese mismo momento todo el barrio estaba afectado por un corte de agua. El sistema de extracción y bombeo del agua es completamente caduco y se encuentra en mal estado. La empresa encargada del servicio, relacionada con Aguas Argentinas pero sin domicilio legal, efectúa reparaciones y limpiezas de los caños, pero no busca una solución definitiva al problema. Como denunció una compañera, Soldati es considerada una zona ‘roja’ por parte de las empresas de servicios; no invierten un peso por el alto indice de desocupación y subocupación. También el Estado, en este caso el gobierno aliancista de la Ciudad, ha optado por el abandono de la zona. El Centro de Gestión y Participación ha sido cerrado. La única sala de primeros auxilios, que depende del Hospital Piñero, es absolutamente deficiente, sin medicamentos básicos, con una atención limitada y con horarios reducidos. De la reunión también participaron los Bomberos Voluntarios de Villa Soldati, que son trabajadores muy jóvenes. Quedó el compromiso de redactar un proyecto propio que contemple los reclamos del servicio que prestan. Rafael Romero, ex candidato del PO de Soldati, agregó otros problemas, como el abandono del Parque Roca, el cobro de un bono ‘contribución’ para ingresar, la falta de mantenimiento de los edificios (escaleras, ascensores, etc.) y la falta de semáforos en avenidas como Roca. La reunión finalizó con un plan de trabajo propuesto por Jorge Altamira para organizar el barrio y avanzar en la solución de estos problemas. En primer lugar, elaborar un pedido de informe y reclamos para ser presentados en la Legislatura y en la Comisión de la Vivienda, de la cual Altamira forma parte. En segundo lugar, realizar una nueva reunión para discutir con más trabajadores y pedir una entrevista urgente con el presidente de la Comisión de la Vivienda para reclamar, en primer lugar, la solución al problema del agua y presentar todos los reclamos.

El gobierno frenteamplista de Montevideo, con el respaldo del Frente Amplio y de la burocracia sindical del PIT-CNT, ha lanzado una amplia ofensiva para privatizar el servivio de recolección de residuos y descabezar al sindicato de los trabajadores municipales, Adeom. La dirección de Adeom ha denunciado las privatizaciones frenteamplistas y ha salido a la huelga contra los intentos de la Intendencia de reducir las dotaciones de los camiones recolectores y eliminar el pago de las horas extras. El ataque flexibilizador de la Intendencia contra los recolectores, por ahora frustrado, apunta a preparar la privatización, creando condiciones laborales más ‘atractivas’ para los grupos capitalistas que, como Roggio, ya han acaparado una parte de la recolección de residuos de Montevideo. Adeom se ha movilizado, además, en rechazo a la reducción salarial que el gobierno del FA-EP les ha impuesto a los trabajadores de los Centros Zonales. Ahora se encuentra en marcha otra ofensiva, esta vez para imponer una dirección sindical afín a la Intendencia que deje pasar, en nombre del apoyo a un ‘gobierno popular’, la rebaja de salarios, la flexibilización, los despidos y las privatizaciones. El FA elogia la superexplotación obrera En los últimos días, los funcionarios municipales frenteamplistas han ido cotidianamente a la prensa a denunciar la "ineficiencia" de los recolectores municipales de residuos. Sin mucho esfuerzo se adivina el objetivo: propagandizar las ‘bondades’ de la privatización y, al mismo tiempo, enfrentar al pueblo con los trabajadores municipales y su sindicato. Fernando Nopiscth, actual director de la División de Limpieza de la Intendencia, señaló que "un peón de la IMM recoge 1.600 kilos de basura por día, mientras que uno de Sur (privatizada) supera los 6.000 kilos (...). Para la comuna, el costo de la recolección de residuos domiciliarios tiene un costo de 110 dólares (mientras que) en la mayoría de los países del mundo dicho costo se ubica entre los 35 y 45 dólares" (Búsqueda, 10/8). Los ‘números’ de la Intendencia frenteamplista son truchos: según Adeom, los recolectores municipales recogen más de 2.300 kilos diarios; es que bajo el gobierno frenteamplista se incrementó notoriamente la ‘productividad’ de los recolectores debido a que la dotación de trabajadores cayó en un 50%. También son truchos los costos que muestra la IMM, ya que los ‘privados’ no pagan el costoso funcionamiento de la Usina donde son volcados y procesados los residuos. Ni qué decir que los salarios que pagan los ‘privados’ son un tercio de los de los trabajadores municipales y que las condiciones de superexplotación son sencillamente brutales: el FA reivindica como un ‘ejemplo’ que los recolectores de los privatizados recogen 6.000 kilos diarios ¡cuando la OIT recomienda que los recolectores no superen los 1.700 kilos diarios! Pero en la mentira frenteamplista se esconde un grano de verdad; revela cuál es el ‘ideal’ de la ‘izquierda que se une’ uruguaya: un servicio privatizado, con una patronal subsidiada y con trabajadores superexplotados que cobran salarios de miseria. El FA contra el sindicato municipal La mayoría de la dirección de Adeom está compuesta por una coalición de la Corriente de Izquierda (integrante del FA) y el Partido de los Trabajadores. La Intendencia, con la colaboración de la burocracia sindical del PIT-CNT y los integrantes de la directiva de Adeom que responden al PC y al PS, se ha largado ahora a voltearla porque es un escollo para los planes patronales de reducción de dotaciones, eliminación de horas extras y reducción de salarios, y para la privatización de la recolección de residuos. La hipocresía de esta campaña no tiene límites. El ex director de Limpieza de la IMM, Inmer Prada, declaró que "si no se modifican los códigos de relacionamiento laboral, el servicio municipal de recolección de residuos no es viable" (ídem). El FA chantajea a los recolectores: ‘con esta dirección, les dice, la privatización es inevitable’... cuando es precisamente el FA el que impulsa la privatización (y de hecho ya ha privatizado el 30% del servicio de recolección de residuos). La negativa del intendente Arana a recibir a los dirigentes de Adeom y la negativa de la dirección del PIT-CNT a respaldar los reclamos de los municipales fueron preparando el terreno para el ataque en marcha. Una extensa nota aparecida en el diario frenteamplista La República (13/8) *en la que se habla de la "muerte anunciada" del actual Ejecutivo de Adeom* revela los detalles del operativo. Sus principales protagonistas son los miembros de la minoría que responden al PC y al PS, que han sacado una amplia agitación llamando, no a enfrentar las amenazas privatizadoras del gobierno frenteamplista, sino a derrocar a la actual dirección. Sus argumentos son, palabra por palabra, los mismos de la Intendencia: la necesidad de un "relacionamiento adecuado" entre el sindicato y el gobierno municipal (sin mencionar que fue el gobierno el que quebró ese ‘relacionamiento’ al querer imponer, de prepo, la reducción de las dotaciones y la rebaja de salarios) y de "un gremio respetuoso del PIT-CNT" (ocultando que la burocracia de la central sindical boicotéo la lucha de los municipales, al igual que todas las luchas de la última década, en especial la gran huelga de la construcción de 1993). La prensa frenteamplista le ha dado un amplio destaque a las acusaciones de la minoría sin mencionar, claro, que estas posiciones fueron ampliamente derrotadas en las dos grandes asambleas obreras que realizó recientemente Adeom. Los partidos del FA pretenden que se vote la destitución de la actual dirección en la próxima asamblea general del gremio, que se realizará el 23 de agosto, y se convoque a nuevas elecciones. Para ello están impulsando la masiva participación del funcionariado municipal, ajeno a la vida del gremio. El activismo del gremio está confiado en derrotar, por tercera vez, a los representantes del gobierno en el sindicato. Pero será necesario ir más lejos aun si se quiere evitar una permanente guerra de desgaste de los agentes patronales en la directiva. Una derrota del intento del gobierno frenteamplista y de la burocracia sindical de derrocar a la directiva de Adeom indicaría un salto cualitativo en la comprensión del activismo sindical sobre la naturaleza contrarrevolucionaria del Frente Amplio. Para el FA, la quiebra de la dirección de Adeom tiene un carácter estratégico. No se trata sólo de viabilizar la privatización de la recolección de residuos y de afirmar, contra los trabajadores, la ‘gobernabilidad’ de la Intendencia de Montevideo. Se trata, además, de quebrar a una dirección sindical que puede convertirse en un eje de reagrupamiento clasista para el movimiento obrero uruguayo. No es una mera coincidencia que un documento interno del Partido Socialista, al que pertenecen Tabaré Vázquez y parte de la minoría de la directiva de Adeom, plantee que uno de los objetivos centrales del FA es "ponerle un límite a la ultraizquierda" (La República, 18/8). Cualquiera sea el resultado de esta batalla política, la lucha de los municipales de Montevideo está demostrando palmariamente el carácter concientemente antiobrero y antisindical de la ‘izquierda que se une’ uruguaya.

La detención en Italia del torturador y violador Olivera, y el reclamo del juez de la causa de interrogar a 140 represores de la dictadura, ha reabierto la crisis en la política de ‘derechos humanos’ que ejecuta la Alianza, expresada en el nuevo punto final que representan los "juicios de la verdad". El discurso que acaba de pronunciar el contraalmirante retirado Alfredo Fernández, titular del Círculo de Oficiales de las FF.AA., ante 400 militares en actividad y retirados, y la reacción de los familiares de Olivera, amparados en un amplio apoyo institucional y económico del Ejército, son una expresión de esta crisis. Los exabruptos de los retirados y de los familiares, sin embargo, no les movieron un pelo a los ‘demócratas’. Tampoco la denuncia de un senador justicialista de San Juan, torturado por Olivera. Mariano Grondona y La Nación se han pronunciado abiertamente contra el juzgamiento en el exterior. Por todo esto, la lucha por el ‘juicio y castigo a los culpables’ exige que los 140 represores citados por la justicia francesa, sean llevados al banquillo de los acusados.

El ex contraalmirante Alfredo Fernández, jefe del Círculo de Oficiales de las FF.AA., acaba de decir que "bajo la toga se tolera la mentira aviesa y maliciosa sobre un supuesto plan sistemático comprobadamente inexistente" (La Nación, 19/8). Se refería así a la investigación del juez Bagnasco sobre la sustracción de bebés bajo la dictadura y a los ‘juicios de la verdad’ incoados a cambio de una impunidad definitiva. Las declaraciones del ex contraalmirante contra la justicia son realmente sorprendentes, cuando se las coteja con una sesión de los ‘juicios de la verdad’ en Córdoba, donde Dora Caffieri, una ex detenida política entre 1975 y 1978, tuvo que hacer frente a una jueza, Cristina Garzón de Lascano, que resultó ser la secretaria del juzgado que denegó sistemáticamente las denuncias que realizara en 1976 por torturas recibidas, y más tarde por el asesinato de su marido, Raul Augusto Baducco. La ex secretaria, ahora ascendida, suscribió todos los documentos que dieron por válida la muerte de Baducco en un supuesto ‘intento de fuga’, contra los alegatos en contrario de su esposa. Baducco es una de las 30 víctimas de la UPI *una unidad carcelaria cordobesa* cuya investigación se busca en este ‘juicio’ , sin ninguna consecuencia para los asesinos. Lo cierto es que de esos 30, 28 fueron fusilados de la misma forma que Baducco. En abril pasado, un ex cabo de la Policía cordobesa, Miguel Angel Pérez, confesó ante la misma Cristina Garzón que había matado a Baducco de un tiro en la cabeza el 5 de julio de 1976, tras una sesión de tortura. "Esta declaración desarticuló la versión que había dado el ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez". La orden al ex cabo se "la habría dado el entonces subteniente Enrique Pedro Mones Ruiz" (ídem). Desde 1978 Dora Caffieri vive en Venezuela junto a su hijo, nacido en cautiverio en marzo de 1976. Interrogada Dora Caffieri si recordaba a la jueza, a ésta no se le movió ni un pelo. Cuando la ex detenida observó (sic) que la jueza ahora lo tenía teñido, ésta simplemente respondió: "Desde los 15 años me tiño el pelo" (Clarín, 16/8). En esta sesión, Dora Caffieri recordó la audiencia del 3 de febrero de 1976 en los tribunales cordobeses, cuando denunció que había sido torturada en la D-2, la dependencia de informaciones de la policía, entonces dirigida por Raúl Telleldín (el padre del de la Traffic de la Amia). Allí estaban, entonces, además del jefe de Cristina Garzón *hoy ya fallecido* y ésta, "el defensor oficial, hoy titular de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y ex camarista federal, Ricardo Haro ... , (y) el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, secretario de ese juzgado y hoy miembro del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba" (ídem). Todos ellos *denunció ahora* le recomendaron "que no hiciera la solicitud (de una nueva audiencia como ella reclamó *y nunca ocurrió*, ni ninguna denuncia)" (ídem). Como se ve, la norma es que los cómplices de los asesinos dirigen el aparato judicial de la democracia.

El 16 de septiembre se cumplirán 24 años desde que los ‘grupos de tareas’ de la dictadura militar secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer a 6 jóvenes estudiantes de La Plata por el ‘delito’ de luchar por sus derechos. Año tras año, al igual que los 24 de marzo, los jóvenes ganamos las calles reclamando el Juicio y Perpetua a los genocidas y el cese de la represión ‘democrática’ del gatillo fácil. El hecho que ésta sea la primera marcha que se realiza bajo un gobierno ‘progresista’ después de diez años de menemismo, no significa nada para la juventud. El gobierno aliancista ya se encargó de votar la reforma laboral, el impuestazo y el ajuste, por lo que desenmascaró enseguida su carácter fondomonetarista. Que la Alianza sigue la misma política hambreadora y represiva que Menem quedó demostrado en Corrientes, cuando a pocos días de asumir el actual gobierno, la feroz represión de la gendarmería sobre el pueblo produjo un saldo de cuatro trabajadores muertos. Quedó demostrado ya hace años, cuando votó en unidad con el PJ la derogación trucha de la Obediencia Debida y el Punto Final, que no fue más que un tercer indulto a los genocidas. Quedó demostrado también el 24 de marzo último, cuando mientras miles de personas se movilizaban de Congreso a Plaza de Mayo, Ruckauf y De la Rúa firmaban un pacto para darle más poderes a la Policía Bonaerense, responsable de cientos de casos de gatillo fácil, de la masacre de Ramallo, del asesinato de José Luis Cabezas y metida hasta las narices en el negocio del narcotráfico. Un pacto que le dio a la Bonaerense la posibilidad de requisar e interrogar, y que niega la excarcelación para delitos menores, dejando a los detenidos a merced de los "abusos" de la Bonaerense en las comisarías. Desde que se aplicó el pacto, las denuncias por maltrato y tortura en las comisarias bonaerenses han crecido 7 veces con respecto al año pasado, los enfrentamientos con muerte en la provincia de Buenos Aires casi se han duplicado *han aumentado en un 80%* y la inseguridad crece... ¡¡Y claro!! El problema es que la mayor fuente de inseguridad es la mismísima Policía, y cualquier joven lo sabe. Para que no queden dudas del carácter represivo de la Alianza, el flamante jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, acaba de anunciar la firma de un pacto con Ruckauf para crear una "fuerza de seguridad" especial que actúe de conjunto, es decir unificar a la Bonaerense con la Federal. El objetivo es claro: extender a la Capital Federal el pacto represivo que en febrero firmaron Ruckauf y De la Rúa y darle a la Federal los ‘beneficios’ a los que se hizo acreedora la Bonaerense. Por eso, en la Unión de Juventudes por el Socialismo creemos que hay que tomar la movilización del 15 de septiembre como una fecha en la que los jóvenes debemos salir a la calle para repudiar la política represiva y hambreadora de este gobierno. Tenemos que plantear el debate en todos los colegios, barrios y facultades y convertir la movilización del 15 en una gran jornada de lucha.

El Centro de Estudiantes de la Universidad de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos, hace un informe de la situación de nuestra universidad, a fin de que se incluya esta temática en el III Plenario de la Asamblea Permanente de Trabajadores, Estudiantes y Desocupados que se realiza en la ciudad de Río Gallegos. Agradecemos, desde ya, el espacio dispensado para expresar nuestros puntos de vista. El sistema educativo en general, y el universitario en particular, no son ajenos a la política de ajuste implementada desde el gobierno nacional, que se presenta como continuidad de los diez años de gobierno menemista. La política de desmantelamiento del Estado tiene su correlato en la educación con la no-derogación de la Ley de Educación Superior. La situación económico-financiera del sistema universitario es de tal gravedad que se cierne sobre muchas universidades la posibilidad de cierre. Al mes de diciembre de 1999 el Estado nacional le adeudaba al sistema en su conjunto la suma de 80 millones de pesos, deuda que se ve incrementada mes a mes, ya que en los montos girado mensualmente se producen recortes que inciden obviamente en la situación universitaria. La Unpa sufre, además, la deuda que el Estado provincial mantiene desde hace más de dos años, debiendo nuestra universidad detinar fondos que en un primer momento estaban dirigidos a otras actividades, a pagar la diferencia salarial de los trabajadores universitarios, según lo establece el convenio de transferencia firmado entre el gobierno nacional y el de nuestra provincia. Todo esto, bajo la complacencia de las autoridades universitarias, que salen a realizar estruendosas declaraciones ante los recortes que lleva adelante el gobierno nacional y se muestran complacientes ante el provincial. En segundo lugar debemos expresar nuestra preocupación ante el arancelamiento de la universidad. La Unpa ha comenzado no solamente a arancelar sus cursos de extensión, actividad que tiene el espíritu de socializar el conocimiento que en ella debiera producirse, sino que además se abren carreras de grados, encubiertas bajo el nombre de planes de reconversión, de manera arancelada. Con el falso discurso de la equidad, se sostiene desvergonzadamente que los que acceden a esas carreras pueden pagar un arancel. Como dato debemos decir que la últimas tres carreras que se han abierto en la Unpa corresponden a esta modalidad, y existen dos más en trámite. Asimismo, no somos ajenos a una situación que ha recrudecido en los últimos años. La situación de deficiencia de la formación de grado universitaria llega al límite de que cada vez es más necesario acceder a los estudios de posgrado. Los cincos posgrados existentes en la Unpa son arancelados, debido a la situación financiera y a que ello está permitido por la Ley de Educación Superior, las autoridades universitarias buscan la salida más fácil para enfrentar la crisis, la cual es arancelar la universidad. La universidad, que ya no es gratuita tampoco es pública. No puede serlo cuando expulsa de sus aulas a una cantidad cada vez mayor de estudiantes. El porcentaje estimativo de deserción en la Unpa es del cincuenta por ciento en los dos primeros años de carrera. Un sistema educativo totalmente desarticulado y desfinanciado sólo puede tener como consecuencia altos niveles de deserción y fracaso. La universidad argentina reproduce internamente las situaciones de desigualdad que se observan en otros ámbitos. A consecuencia del último recorte, que reduce el presupuesto universitario en 40 millones de pesos, las autoridades universitarias reunidas en el Consejo de Rectores decidieron hacer lugar a la propuesta del ministro de Educación de que las universidades públicas destinen parte de su presupuesto para un "fondo solidario", manera sutil de realizar un mayor ajuste, mientras no se recorta ningún centavo de los subsidios que el Estado otorga a la educación privada. Por último, expresamos nuestra preocupación ante las medidas que pueda adoptar la Asamblea Universitaria sobre la suerte de las unidades académicas de San Julián y Río Turbio; existe la probabilidad bastante grande de que estas unidades académicas se conviertan en colegios universitarios, so pretexto de que resultan "económicamente inviables", y la posibilidad de que se implementen aranceles o se restrinja el ingreso. Por todo lo expresado solicitamos a este plenario se incluya en el documento final los siguientes puntos: * Derogación de la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación Superior y la Ley de reforma Laboral. * El pago de la deuda que el Estado nacional y provincial mantienen con la universidad. * Un aumento de presupuesto para educación y salud, es posible con la eliminación de los subsidios a las empresas públicas privatizadas y con el cobro de impuestos a los grandes evasores, quienes se benefician con esta política económica. * No a la mercantilización de la educación y la salud. * No al cierre de las unidades académicas de San Julián y Río Turbio. * Gratuidad de los cursos de extensión, carreras de posgrados y planes de reconversión. * Congreso extraordinario de la Federación Universitaria Argentina, a fin de elegir una conducción que se oponga a este modelo educativo, desplazando a Franja Morada, de neto corte aliancista. * No a la intervención de Conadu. * Unidad del movimiento obrero-estudiantil. * Rechazo a las políticas del FMI y el Banco Mundial. Extraído del Boletín Intersindical Río Gallegos, julio de 2000

Una reunión nacional de Conadu resolvió el paro de los docentes universitarios de todo el país por sus reivindicaciones, contra el ajuste en la Universidad, para el día 29. La Asociación Gremial Docente de la UBA, animadora de este paro en Buenos Aires, apoyó el paro de los docentes de los colegios Nacional de Buenos Aires y Carlos Pellegrini que acaba de triunfar, paro que fue carnereado por el sindicato amarillo, Aduba, brazo del Rectorado. Al mismo tiempo la AGD ha venido coordinando y participando de todas las movilizaciones del Conicet. Los investigadores del Conicet también pararán ese día contra el plan Caputo. En las últimas horas se sumó ATE. Los tres sectores coordinan una movilización común desde el Conicet a Plaza de Mayo que culminará en un acto donde cada uno de estos sectores levantará sus reivindicaciones y programas y una consigna común contra el ajuste y la rebaja salarial. Se denunciará también la preparación del nuevo recorte que el gobierno tiene previsto para el presupuesto del próximo año (1.500 millones), que reproducirá el ya sufrido en éste. Apoyemos con todo y más que nunca esta movilización, por un congreso de bases de todos los estatales que lance la huelga general por la derogación del ajuste y la reforma laboral.