Prensa Obrera N° 677

Entrevistamos a Jorge Barberis, flamante secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Puerto San Martín (localidad del cordón) y a otros integrantes de la Directiva, Miguel Paniagua y Carlos Ojeda. Todos ellos, integrantes de la Lista Celeste, Agrupación 8 de Noviembre, que acaba de desplazar a la vieja conducción menemista del sindicato. En el debate se alude al reciente proyecto de la Alianza sobre la "autonomía" de los municipios, que destruye el convenio único de los trabajadores municipales y habilita nuevos impuestos sobre la población y el negocio de pulpos inmobiliarios y bancarios. ¿Cómo fue el proceso que los llevó a ganar la conducción del sindicato y qué diferencias tenían con la otra lista? Ganamos ampliamente por 2 a 1, demostrando que tenemos un respeto de nuestros compañeros. Nuestra lista es de gente nueva, y en la otra había integrantes que pertenecieron a la anterior conducción de Caiguara. Nosotros ganamos con la gente más humilde, con la gente de patio, los que están fuera de la Municipalidad; yo eso lo valoro mucho. ¿Ganaron con los compañeros de menor categoría que realizan los trabajos más pesados? Exactamente, de ahí nació todo esto; nos votaron algunos que tienen otra posición (laboral), pero los que andan en la calle, que tienen las categorías más bajas, nos apoyaron a nosotros. La elección fue fácil, así. ¿Qué opinan del proyecto de ley que han presentado los diputados de la Alianza en la Legislatura provincial? Desde ya, no estoy de acuerdo, porque eso perjudica al obrero municipal; van a perjudicar a la familia. Resulta fácil imaginar que la van a aprobar por los pactos que está armando Reutemann con Usandizaga. La autonomía municipal que quieren es para que el Intendente diga: Bueno, vos no trabajás más. Van a trabajar con gente contratada. Ahora en parte ya están trabajando con gente contratada, que está trabajando todo el día como un empleado estable. ¿Cuántos compañeros trabajan en planta permanente y contratados, en esta Municipalidad? De planta permanente somos 162 compañeros, y contratados cerca de 100. Más de cien, en este momento. Con contratos de seis meses y de un mes, que se renuevan. ¿Qué habría que hacer? Ni que hablar de los efectos destructivos. Nosotros estamos dentro de la Festram (Federación) y respetaremos las desiciones que allí se tomen. Ahora, si acá hay forma de movilizarse, de actuar, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. El Sindicato de Puerto está dispuesto; o a ayudar por lo menos, no nos vamos a quedar ‘en los cajones’. ¿Ustedes conversaron la posibilidad de agruparse con los otros sindicatos municipales del Cordón Industrial? No todavía porque recién asumimos hace dos días (lunes 1/8); no tuvimos el tiempo suficiente. ¿Conocen la declaración y el llamado a una Asamblea General del Sitram San Lorenzo? Sí, la conocemos. Recién comenzamos, estamos conociendo la sede gremial y muchas cosas aquí dentro; pero pienso que vamos a tener que integrarnos todos, tenemos que ser todos uno solo. Si tenemos la invitación, alguien de la Comisión Directiva, estoy seguro que se va a llegar. En eso ya estamos seguros, tenemos que unirnos con todos los compañeros municipales dentro del Departamento San Lorenzo y de toda la provincia. Queremos trabajar con transparencia, cosa que en la otra Comisión no había. No se nos informaba de nada, como este caso del proyecto de ley. Lo tenían archivado hace rato por ahí. La gente no sabía nada, lo que está pasando, nunca hicieron asambleas. ¡Claro! Tenemos intenciones de hacer una Asamblea, inclusive desde mañana queremos dar a conocer a los compañeros el proyecto de ley y todo lo que tenga que ver con esto. Lo que pasa es que obraron de mala manera (por la anterior Comisión Directiva); yo tengo mi sindicato y salvo que llueva, la hacemos en el patio del sindicato, porque no podemos ir a reunirnos en la Municipalidad y que hable el intendente. Para eso tenemos nuestro sindicato. Tenemos que trabajar junto con todos los compañeros municipales del Cordón Industrial. ¿Tienen delegados por cada sector? No, nunca se trató el tema, pero sí, eso ayudaría mucho. Somos solamente dos compañeros con licencia gremial, porque todavía no tenemos la Personería Gremial, si no tendríamos cinco compañeros relevados de trabajar. Bueno, compañeros si no quieren agregar nada más, les agradezco en nombre del Partido Obrero y de los lectores de Prensa Obrera que hayan aceptado este reportaje.

El viernes 11, a última hora, los docentes del Pellegrini y el Buenos Aires resolvieron suspender la huelga que mantenían desde principios de mes. Lo hicieron a cambio de retomar el ‘diálogo’ con el Rectorado de la UBA y la promesa de un pequeño adelanto de la deuda salarial que reclaman, sin que se les descontaran los días de paro. Ofertas del mismo tenor habían sido rechazadas con anterioridad. Para que esta vez la aceptaran no bastó con el envío de telegramas con amenazas de despido; fue necesaria, además, la colaboración de la burocracia de Ctera, que prometió ocupar un lugar en las negociaciones. Los profesores, además, repudiaron al sindicato ‘amarillo’ de la UBA, que actúa como quintacolumna de la patronal (ésta argumenta que la huelga es ilegal porque el gremio no la apoya). El dirigente de los amarillos fue expulsado de la última asamblea de docentes del Pellegrini, quienes en cambio agradecieron a Néstor Correa, secretario general del auténtico sindicato universitario, AGD-UBA, el apoyo a su lucha. Reclaman en un comunicado, además, apoyo práctico y solidaridad efectiva a todos los sindicatos. La AGD ha decidido promover un paro en la UBA en apoyo de esta lucha y del movimiento de los investigadores del Conicet, así como rechazar las medidas de ‘ajuste’ planteadas para el inicio del segundo cuatrimestre (se anuncian despidos en el CBC). La unidad de todas estas movilizaciones es fundamental. Los rectores que ejercen la representación patronal ante los docentes en lucha son los mismos que apoyan el plan Caputo de desmantelamiento del Conicet. Pretenden rapiñar una parte de los fondos ‘ahorrados’ con la liquidación del organismo para financiar a sus propias camarillas. La masa de los docentes quedará en la lona. Por eso aprietan a los docentes secundarios universitarios, como señal para toda la comunidad universitaria de que los salarios están definitivamente condenados y de que el ajuste proseguirá. Ya Machinea anunció nuevos recortes en el presupuesto. Por esto mismo, la huelga de los colegios y la movilización del Conicet en el momento en que comienzan las clases en las Universidades plantea la necesidad de una movilización nacional y de conjunto. El jueves 17 tendrá lugar una nueva marcha de los investigadores del Conicet que la Conadu apoya.

El gobierno lanzará esta semana un Plan de Empleo que constituye un vergonzoso ataque y una burla a los trabajadores en su conjunto. El ‘Plan’ promete elevar los planes ‘de empleo’ de los 107.000 actuales a 200.000, reservados a jefes de familias carenciadas. La cifra es naturalmente insignificante frente a los cuatro millones de desocupados y subocupados, pero las características pérfidas de la iniciativa van mucho más allá de esto. Los planes Trabajar originales fijaban una retribución de 200 pesos por una jornada de seis horas, por un período de seis meses, sin cobertura social alguna. Ahora, el gobierno de la Alianza ha fijado un monto de 160 pesos por una jornada de 6 horas y de 120 pesos por una de cuatro; una rebaja del 20% sobre las cifras de miseria que percibían los desempleados. En el momento actual, todos los trabajadores de los planes están siendo ‘reconvertidos’ a las nuevas condiciones, por lo que un monto considerable de las partidas que se destinan al "plan social más grande de la Alianza" provienen del ‘ahorro’ sobre los montos de iniquidad que percibían hasta ahora los trabajadores de los planes. ¿Pero 200.000 trabajadores recibirán el ‘beneficio’, así como así? Para recibir un plan de empleo se requiere que una unidad regional del Ministerio de Trabajo "apruebe" el proyecto, lo que somete al desempleado a la "dictadura de los punteros" o "de las empresas y organizaciones no gubernamentales (por ejemplo Cáritas)". Pero esto no es todo porque el que presente el proyecto debe "contar de antemano con fondos para comprar materiales; muchas veces nosotros tenemos la plata para los planes Trabajar, pero los municipios no tienen plata para comprar materiales para hacer la obra" (Flamarique, ministro de trabajo, Clarín, 14/8). Es decir, se ofrece mano de obra ‘regalada’ a 1,11 pesos la hora que "será parte", según se anunció, del programa de Infraestructura que tiene el beneplácito de los Roggio y los Techint. El gobierno de la Alianza ha anunciado así su nuevo "salario mínimo", lo que revela la inmensa bancarrota política de la burocracia que le pide "cambiar el rumbo". Lo que corresponde es "ir por lo nuestro", poner en la agenda de nuestra lucha diaria el reclamo de los 600 pesos de salario mínimo, una reivindicación que, combinada con la vigencia de la jornada de ocho horas, significaría para la mitad de los trabajadores una mejora del 50%. Arrancar los 600 pesos y un seguro al desocupado, impedir que los capitalistas hundan nuestro salario basándose en la desesperación del desempleado. Apoyemos la campaña que ha iniciado un conjunto importante de dirigentes y activistas sindicales de la clase obrera a favor de un Congreso de delegados con mandato, para darle una salida "nuestra" a la crisis.

Los obreros de Alpargatas vienen cortando desde hace varios días la ruta 38, realizan y además paros internos por la reincorporación de 500 obreros suspendidos desde hace 11 meses (y que cobran sólo una parte de su salario) y el pago de aguinaldos y salarios atrasados para los 1.400 obreros. Esta lucha conmueve a toda la zona del departamento de Río Chico, cuya cabecera es la ciudad de Aguilares. La lucha se inició desde abajo, desbordando a la dirección gremial, que posteriormente se reubicó para que las cosas no se le escaparan de las manos. La patronal está ausente, pues desde el viernes 11 la empresa cambia de dueños. La incertidumbre sobre lo que va a ocurrir llevó a que en la asamblea se votara una marcha masiva hasta Aguilares. Así, el jueves 10 los 2.000 obreros de Alpargatas se concentraron en la puerta de la fábrica y marcharon. Al ingresar al pueblo, se sumaron numerosos sectores de trabajadores (municipales, desocupados), estudiantes secundarios y de Artes y vecinos, para realizar una concentración en la plaza principal que llegó a reunir a más de 3.000 personas. Durante el acto hablaron diversos oradores: un religioso invocó a San Cayetano; el intendente planteó que iba a condonar las deudas de la empresa con el municipio si no despedía a nadie; Jesús Soria, dirigente de las 62 organizaciones y hoy a cargo de la Secretaría de Trabajo en la zona, planteó que iba a gestionar una entrevista con Miranda, pero el gobernador ya hizo público que no tiene ninguna solución al reclamo de los trabajadores; habló también Parajón, quien criticó a los políticos ausentes, pero no planteó un camino para triunfar, y tampoco denunció la impotencia de la AOT, señalando que seguirán los cortes y los paros internos. En el acto se leyó la declaración del Partido Obrero (que estuvo presente con una delegación y fue el único partido con pancartas y bandera) que planteaba que la lucha debía orientarse a imponer el reparto de las horas de trabajo y el pago de todas las deudas, y que para conseguirlo era necesaria una lucha a fondo, masificando el corte de ruta y organizando la huelga indefinida en todo el departamento de Río Chico (declaración que fue más aplaudida que muchos de los oradores). El Partido Obrero y la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) también se están movilizando en la capital, organizando la solidaridad con la lucha de los obreros de Alpargatas. Para este viernes 18 se realizará en la Facultad de Artes un acto festival, para juntar fondos, víveres y ropas para los obreros del corte, organizado por la Lista de Delegados (UJS) de la Facultad junto al sindicato de docentes (ADIFA) y el PO, y en el que se comprometieron a actuar diversos grupos artísticos.

El intercambio de los periodistas con los dirigentes de la CTA en el epílogo de la Marcha del Trabajo, en Congreso, no tuvo desperdicio. Pregunta a De Gennaro: "¿Qué propone la CTA como continuidad de esta marcha para lograr el seguro de empleo?" Respuesta: "juntar más firmas para lograr la consulta popular y debatir la propuesta con todos los sectores". Pregunta a Maffei: "¿A la luz de los hechos, no estuvo mal levantar la Carpa Docente, dado que usted misma ha planteado que no se cumplió con el Incentivo?" Respuesta: "fue una etapa en la lucha". Estas respuestas retratan la total falta de perspectiva de la Marcha del Trabajo, desde su concepción. Ha servido para llenar el espacio en blanco que quedaba hasta las elecciones en la CTA, en poco más de un mes. Al final de la marcha, De Gennaro declaró incluso viable un eventual entendimiento con De la Rúa, ignorando así la rebaja de los salarios y la reforma laboral. La Marcha del Trabajo concluyó, así, como un operativo de frustración. La Marcha de los Caminantes fue despojada de todo contenido de movilización y las paradas en los pueblos resultaron nada más que actos de aparato en los que hablaban los nominados por la CTA, mientras se negaba la palabra a las organizaciones genuinas de desocupados o de obreros en lucha. Ocurrió en Zárate con la Comisión de Desocupados de esa localidad y Lima; ocurrió en Pacheco con la Coordinadora de Desocupados de San Fernando y con los representantes de Bozzi, una planta ocupada; ocurrió en Moreno con el Movimiento de Desocupados, y hasta en La Matanza, uno de los distritos donde las organizaciones de los sin trabajo tienen raíces más hondas. (El acto de mayor trascendencia en la provincia terminó siendo un festival en una iglesia precedido por tres intervenciones de dirigentes de la CTA). La marcha, con estas características, gozó hasta del apoyo de intendentes y del propio gobierno de la Alianza. Fue declarada de "interés municipal" en Rosario, Moreno y Matanza. Storani, el responsable político de la represión que abatió a los desocupados en Corrientes, pudo decir que "La Marcha nos parece positiva, es por el trabajo, con un proyecto que recolectó adhesiones, vinculado a un mecanismo de contención, un seguro de desempleo", para subrayar a continuación que el gobierno "no está en condiciones" de otorgar subsidio alguno (Página/12, 10/8). ¡"Un mecanismo de contención"! ¡Qué acertada caracterización política! El paro convocado por la CTA para la jornada final de la marcha, casi no existió; no se puso el menor empeño en hacerlo efectivo, ni siquiera de parte de ATE, Suteba o UTE que llevaron columnas raquíticas (excepto el Suteba La Matanza, que aportó una columna de 250 compañeros). El aporte del interior sólo fue significativo en el caso de Mar del Plata, que trajo unos 600 estatales y desocupados, y Neuquén, que aportó unos 150, organizados por ATE. En el cierre de la marcha, Víctor De Gennaro reivindicó las 400.000 firmas, llamó a seguir juntando para la "consulta popular" y le pidió a De la Rúa que "tome en cuenta la propuesta u oferte una mejor, porque de otro modo no estará cumpliendo con el mandato que le otorgó la gente". Todo un planteo ridículo para que la Alianza "corrija el rumbo"; pero no figuró en esa "corrección de rumbo" la exigencia de derogar la reforma laboral o la rebaja del sueldo a los estatales. A dos meses exactos del inmenso paro general del 9 de junio, la única perspectiva que se trazó en el acto del Congreso fue volver a internarse en la "concertación" trucha e inviable con el gobierno fondomonetarista. El fracaso de las firmas En una reunión previa a la Marcha del Trabajo (8 de mayo) la dirección de la CTA informó del fracaso de la campaña por el millón de firmas por la "consulta popular", que hasta ese momento no había llegado a 250.000. La campaña de firmas contó con el apoyo de Izquierda Unida y la Corriente Patria Libre, que pusieron todo su esfuerzo en salvarla del desastre sin mejorar el resultado final. ¿Una nueva fuerza política? Los únicos diputados presentes en el palco de invitados del acto final de la marcha fueron Alicia Castro, Alfredo Bravo y Jorge Rivas, con la ausencia notoria de los diputados de la CTA que votaron la reforma laboral y la rebaja salarial. En un tramo de su discurso, De Gennaro planteó que "no vamos a delegar la construcción de nuestro poder". Para un periodista de Página/12, esta fue una alusión a la deserción de los "diputados obreros". "La incertidumbre que genera en la CTA el papel de los legisladores con los que compartieron tantas protestas abrió un fuerte debate en el seno de la central, que ahora estudia la posibilidad de transformarse en una fuerza política" (ídem). Estos "mensajes" tratan de contener una crisis en desarrollo que el fracaso de la Marcha del Trabajo va a acentuar. La CTA es un rehén de la Alianza en una situación en la que se acentúan las tendencias explosivas. Se alineó con el gobierno al momento de la reforma laboral, dejó desangrar el movimiento de lucha de los estatales contra la rebaja salarial, levantó la Carpa Docente a cambio del ‘incentivo’ que hoy no se cobra, y dejó pasar la crisis de la UOM alineándose con una fracción de la burocracia. La clase obrera merece otra perspectiva y otra dirección. Es por eso que apoyamos la campaña lanzada por un conjunto importante de dirigentes y activistas sindicales y políticos de la clase obrera, por un Congreso de delegados con mandato. Para plantear un programa independiente de salida a la crisis y una lucha hasta arrancarlo.

Los actuales dirigentes de la CTA impulsan la junta de firmas por un seguro de 380 pesos a los jefes de familia desocupados. Estos dirigentes actúan como si la Alianza hubiera asumido ayer, como si no hubiera metido el impuestazo, la reforma laboral y la rebaja de sueldos a los estatales. Es una ‘propuesta’ dirigida a pactar con el gobierno. Por eso piden solamente 380 pesos, cuando la canasta familiar está en 1.500 pesos y el mínimo de subsistencia por lo menos en 600 pesos. Por eso piden el subsidio sólo para los jefes de hogar, y no para todos los desocupados, cuando bajo un mismo techo viven muchas veces varios trabajadores sin empleo. Un hecho muy grave es que para financiar este subsidio, la cúpula de la CTA pretende eliminar asignaciones familiares, planes Trabajar y otros planes de ayuda social. Se acomodan ante la presión del gobierno, que quiere ahorrarse la plata de esos planes como parte del ajuste. Todo el proyecto del degennarismo está adaptado a los reclamos de la Unión Industrial (la organización de los patrones), que pide "un fondo de ingreso mensual para los jefes de familia". Es que los empresarios temen que "la crisis económica devenga en social y ambas lleven a una crisis política" (Página/12, 20/6). Vale decir que los grandes patrones están asustados de las protestas y estallidos populares que se vienen... y los dirigentes de la CTA, también. Las firmas de la conducción de la CTA son un callejón sin salida... que empalma con los planes del poder, de los patrones y del Banco Mundial. Después de los paros, todas las dirigencias se han llamado a una tregua, con la cual permiten de hecho que se consoliden las medidas antipopulares del poder. Mientras tanto nos entretienen con ‘concertaciones’ o ‘juntadas de firmas’ para ‘enfriar’ la lucha. El Plenario verificó la necesidad de continuar la lucha hasta la derogación del ajuste, el logro del salario mínimo para trabajadores, desocupados y jubilados de 600 pesos y el aumento general de los salarios para todos. Este será el verdadero ‘shock redistributivo’ y no el que proponen la Unión Industrial y las CGT de Daer y Moyano, así como la CTA. Extraído del Boletín Intersindical Nº 3, julio del 2000, Río Gallegos.

La detención en Italia del ex mayor y abogado del Ejército Jorge Olivera, el domingo 7, es la tercera a la que el Estado argentino tiene que hacer frente por un reclamo de extradición de un ‘connacional’ acusado de haber cometido actos de lesa humanidad contra ciudadanos extranjeros o de doble nacionalidad. La prensa recordó el caso Suárez Mason, pero lo de Olivera se parece más al de Astiz. Ambos fueron ex ‘comandos de tareas’ acusados de perpetrar los peores crímenes. A diferencia de la "escasa repercusión" (La Nación, 11/8) que acaba de tener en las fuerzas armadas la detención del ex general Riveros, como antes la de otros ‘viejos procesistas’ desahuciados, en el caso Olivera *como ocurrió con Astiz* los cuerpos de oficiales en actividad se han conmovido. Los ex ‘camaradas’ de Olivera *dice Ambito* revisten en su "mayoría" con "mando de tropa" (8/8). A pesar de lo que supone la apariencia de su condición de retirado, ex ‘carapintada’ y ex miembro del Modin, el ex mayor tiene influencia entre los miembros del actual Ejército ‘democrático’. Olivera está acusado por la violación y muerte de una joven de nacionalidad francesa, Mariana Erize, en San Juan, hecho en el que actuó junto a dos oficiales, Eduardo Vic y Eduardo Cardoso, hoy coroneles en actividad a cargo de importantes unidades del Ejército. "La mayor repercusión" *dice nuevamente Ambito* trasciende esto, e incluso que el hombre actuara también como defensor de otros ‘famosos’ como Massera o Erich Priebke. Esa ‘repercusión’ "dentro de su propia fuerza y en el ámbito judicial" (ídem, 8/8) está dada porque Olivera fue quien diseñó la estrategia de los ‘contra-juicios’ de la ‘verdad’, para citar a declarar en los tribunales a ex militantes populares y víctimas de la represión. Olivera-Brinzoni quieren acabar con las investigaciones de los cientos de casos de niños nacidos en cautiverio bajo la dictadura y evitar que sus ‘camaradas’ declaren en los inocuos juicios ‘por la verdad’. El caso Olivera ha unificado en el ‘tema derechos humanos’ las posturas menemistas con que encabezan López Murphy, el canciller Giavarini y el ex banquero De Santibañes, jefe de la Side, que reclaman ponerle corte final a esos juicios. "Para Italia *informa la corresponsal de La Nación en Roma*, aunque nadie (oficialmente) lo dice, el caso del militar argentino arrestado ... es una virtual ‘papa caliente’..." (10/8), es decir que la detención no corresponde a una política de sus cancillerías. De conjunto, la detención de Olivera reabre la crisis militar y obliga a la Alianza a profundizar la política de impunidad para con los criminales. Por todo esto la detención incluso "extrañó" *dice Ambito*, ya que se produjo a pedido de un tribunal de Francia, luego de que Olivera permaneciera "varios días en ese país" (8/8) sin que nadie lo incomodara. No faltaron las versiones que suponen que hubo "una represalia del M.I.5 (servicio de inteligencia exterior británico)" (ídem) porque Olivera había solicitado meses atrás, curiosamente, un pedido de extradición judicial contra la Thatcher y otros funcionarios británicos por el hundimiento del Crucero Gral. Belgrano, que como es de imaginar la Corte Europea denegó. Contra las pavadas que se dicen acerca de la supuesta ‘abstención’ del gobierno frente a esta nueva ‘papa caliente’, lo más probable es que la Alianza supedite la ‘defensa’ de Olivera a un acuerdo para encarrilar el conjunto de su política de ‘derechos humanos’ con el concurso de las FF.AA., el imperialismo y la Iglesia.

El activismo del gremio municipal de Montevideo está realizando una experiencia política única. Bajo el golpe de los ataques flexibilizadores, de la reducción de salarios y de la privatización de servicios que lleva adelante el gobierno municipal, se han visto obligados a enfrentar al gobierno que la inmensa mayoría de los muncipales votó y consideraba como propio: el gobierno del Frente Amplio-Encuentro Popular. Esta experiencia política es completa. Han sufrido en carne propia la represión policial, las amenazas de sanciones y el descuento de los días de paro. Han visto cómo el ‘gobierno popular‘ se aliaba con el gobierno nacional para enfrentarlos y cómo la Mesa Política del Frente Amplio repudiaba sus tan elementales reclamos: impedir la flexibilización que lleva al despido de cientos de compañeros y rechazar la rebaja de un salario municipal que aún antes de la rebaja estaba lejos no ya de la canasta familiar sino de la media canasta familiar. Han visto a la burocracia del PIT-CNT rechazar los reclamos de Adeom y respaldar al gobierno municipal del FA-EP, que se niega a recibir a los representantes del sindicato. Esta experiencia está dando lugar a conclusiones políticas sobre la naturaleza antiobrera de esta ‘izquierda amplia y unitaria’. En la última edición de Prensa Obrera hemos publicado una carta firmada por dos miembros del Comité de Base de Mantenimiento Vial que se preguntaban: "¿Estos son los progresistas? ¿Este es el cambio a la uruguaya?". En esta edición de Prensa Obrera extractamos dos largos reportajes, tomados de Tribuna de los Trabajadores, periódico del Partido de los Trabajadores de Uruguay.

La noticia de que ahora la Corte habría hecho ‘justicia’, impidiendo que la Cámara de Casación Penal obstruyera los llamados juicios ‘por la verdad’ como reclamaban las FF.AA., tiene el carácter de una patraña. Lo mismo vale respecto del rechazo del planteo del Consejo Supremo de las FF.AA. (Cosufa) de que los juicios por el robo de bebés, no amparados en las leyes amnistiadoras de la democracia, fueran pasados a la órbita militar. Por estos juicios ya están en prisión ‘domiciliaria’ 10 ex generales o almirantes. La ‘opinión pública’ está siendo sometida a una pérfida maniobra mediante la cual el gobierno ‘posa’ de prescindente y la Corte hace gala de ‘independencia’, pero tras bambalinas uno y otra, junto a los altos mandos de las FF.AA. y la Iglesia, preparan un nuevo paquete amnistiador. Las FF.AA. quieren establecer una ‘mesa del diálogo’ para terminar por esta vía con las citaciones judiciales, mientras que la Alianza busca una ‘solución’ por vía judicial o legislativa. Mientras esta discusión tiene lugar, habría ya un acuerdo de sancionar ‘moralmente’ a los gerontes popes de la dictadura por el plan de sustracción de los bebés. Más instructiva es la resolución de la Corte que permite proseguir con los juicios ‘por la verdad’, en las que los militares sólo declararían como imputados, sin juramento de decir la verdad y con la posibilidad de negarse a declarar sin consecuencias penales. La Cámara Federal de Bahía Blanca, a diferencia de sus pares de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Santa Fe y Rosario, los sentó como testigos "obligados a comparecer, a declarar y a decir la verdad", y esto "irrita" a los militares (ídem, 5/8). Es falso que la resolución de la Corte vehiculizó siquiera esos ‘juicios’. La norma que dictó la Corte es "confusa", "trata de decir lo menos posible", y "tampoco rechaza lo actuado por Casación, como habían reclamado los camaristas" (Página/12, 4/8). El gobierno está obligado a actuar en un cuadro de agudas tensiones, no sólo en las FF.AA., sino también en el aparato judicial. Pero la Alianza está decidida a ir bien lejos en completar la política amnistiadora de los gobiernos que la precedieron. ¡Abajo toda la política amnistiadora! ¡Fuera las leyes de ‘obediencia debida’ y ‘punto final’ de Alfonsín y el indulto menemista! ¡Juicio y castigo a todos los culpables!

"Esto obedece, no debería sorprendernos, a una mecánica, a una estructura, a un mandato que no viene solamente al Uruguay, y que viene del exterior. En realidad es lo mismo que hace el gobierno central, la única diferencia es que con respecto al gobierno central lo teníamos más claro. En las intendencias, nos fueron comiendo poco a poco los espacios municipales; ahora se sacaron la careta y nos están demostrando que no son diferentes a los partidos tradicionales. Ni siquiera se diferencian aquellos que 15 años atrás levantaban banderas revolucionarias en contra de la privatización y hoy están encabezando los gobiernos privatizadores. "El gobierno que hoy tiene Arana apunta a liquidar los aparatos organizativos del Sindicato (...), a liquidar no sólo los derechos económicos sino también la dignificación del trabajador. Adeom debe actuar con humildad pero siendo conciente de que enfrenta a una estructura política que está dispuesta a reducir personal, a achicar el presupuesto, a atacar al obrero. "El rechazo de la Mesa Política del FA a la movilización y a la protesta que realizaron los trabajadores de los Centros Comunales es totalmente repudiable y antiobrero. La Mesa Política prioriza intereses que no son los que defendemos los trabajadores. "Lo que considerábamos que podía ser una visión de esperanza de un proyecto político hoy se transformó en un monstruo feroz y avasallador que nos quiere devorar a todos los municipales."

El Departamento de Estado yanqui y Gladys Marín, secretaria general del Partido Comunista chileno, han considerado, por igual, como un "hecho histórico" la decisión de la Corte Suprema que terminó con los fueros ‘especiales’ de Pinochet. ¿Quiere decir que finalmente se hará ‘justicia’? No. Erich Shnake, un hombre del propio partido del presidente Lagos, el Partido por la Democracia (PPD), lo dijo así: la decisión de la Corte estuvo "dentro de las condiciones que no se mencionaron en la negociación, la de no tocar a Pinochet" (Ambito Financiero, 7/8). Tras la extraordinaria ola democrática que levantó su detención en Londres, el ‘hecho histórico’ en Chile es este otro: "No se está rompiendo ese acuerdo tácito", declaró Shnake. A Pinochet se lo juzgará por una infinitésima parte de los crímenes de los que está acusado. Octogenario, los juicios prometen durar muchos años, y el hombre todavía posa de ‘gallito’ después de zafar en Europa por supuesta ‘senilidad’ y razones ‘humanitarias’, porque sabe que goza de un pacto de impunidad. Hay que aprovechar el profundo odio popular frente al pinochetismo para golpear al aparato represivo. Abrigar ilusiones en los juicios de la democracia servirá sólo para adormecer la conciencia popular. ¡Hay que llevar el aparato represivo al banquillo de los acusados!

Enrique: "El recorte de ingresos ha afectado a todas las categorías de los Centros Comunales, no sólo a los administrativos. Aquí hay obreros con oficio, de saneamiento, de barrido, de inspección general. Es más, aquí trabajamos con esmero porque estamos trabajando para los vecinos del barrio; pero esto no importó a la hora de ajustar. Como siempre se corta por el lado más débil. Quienes llegaron en otras épocas a hablar de gobierno del proletariado, hacen lo mismo que los anteriores. Les dijeron a los vecinos: "Construyamos Montevideo entre todos". La infinidad de papeles, proyectos y planos de obra que significaron años de reuniones y relevamientos, para justamente resolver problemas de los más carenciados: ahora les van a decir que eso no sirve para nada porque se nos acabó la plata". Gonzalo: "A mí me defraudaron. Yo los apoyé y realmente me siento defraudado". Daniel: "Quisiéramos que los concejales de esta Zona explicaran por qué se opusieron a los reclamos de los trabajadores y se solidarizaron con un gobierno que quita recursos a los barrios".

El gobierno coimeó a los senadores peronistas para que aprobaran la ley de reforma laboral. La iniciativa política de la operación (y la plata, claro) salieron de los ‘fondos reservados’ de la Side, manejada por Fernando de Santibañes, banquero y amigo personal de De la Rúa. El propio De Santibañes y el recordado Coti Nosiglia fueron los encargados de negociar con los senadores el ‘precio’ de cada voto. La denuncia fue ‘sugerida’ nada menos que por Chacho Alvarez, vicepresidente y cabeza del Senado, a raíz de un enfrentamiento con el jefe de la Side por la ‘pinchadura’ de sus teléfonos y la difusión de sus conversaciones privadas. La reprodujo Joaquín Morales Solá en La Nación (1/8), que cita a un "viejo y conocido senador peronista" (que no es otro que Antonio Cafiero) que protesta porque "todo tiene un límite y nosotros también: no podemos vender las leyes". La confirmación del ‘negocio’ vino de los propios senadores peronistas: cuando Cafiero quiso averiguar lo que había pasado, "dos senadores peronistas de provincias del litoral le habrían sugerido, con cara de pocos amigos, que domine su espíritu inquisidor" (Clarín, 6/8). Augusto Alasino, el presidente del bloque peronista en el Senado, es de "una provincia del litoral". Como es sabido, la ley de reforma laboral, que permite a las empresas despedir sin indemnización durante los primeros seis meses de trabajo y que establece que los contratos por empresa pueden fijar condiciones salariales y laborales inferiores a las de los convenios nacionales, era reclamada insistentemente por la burguesía y el FMI, que responsabilizaban al gobierno por las ‘demoras’ en su aprobación. Su sanción fue establecida como uno de los compromisos centrales con el Fondo Monetario. De Santibañes es un banquero y, además, la cabeza del ‘Comité de Supervisión’ establecido por De la Rúa a comienzos de su mandato e integrado por, entre otros grandes capitalistas, un ‘capo’ de la IBM (hablando de coimas...). La bambolla que la Alianza hace alrededor de las citaciones judiciales a María Julia y a Alderete es para ocultar sus propias trapisondas. El gobierno aliancista es la continuidad del menemismo en su política y en sus métodos. Chacho Alvarez dio a publicidad la coima luego de seis largos meses, sólo porque De Santibañes pinchó sus teléfonos y dio a conocer sus conversaciones personales. Flamarique, el ministro de Trabajo, que negoció hasta último momento con los senadores la aprobación de la ley laboral, es un miembro prominente del Frepaso. ¿Tampoco él sabía nada? En el último día de funcionamiento de la antigua Legislatura porteña fueron aprobadas decenas de leyes, entre ellas la de "empleo público", que es la versión "municipal" de la reforma laboral, y la formación de la Corporación del Sur, que habilita un gigantesco negociado inmobiliario en la Capital. El principal impulsor de estas leyes fue Ibarra, otro miembro prominente del Frepaso. En sus inicios como ‘opositor’ al menemismo, Chacho Alvarez se hizo conocer por un libro que denunciaba algunos de los negociados del riojano: ‘La Carpa de Alí Babá’. Hoy la Argentina es "la carpa de De la Rúa, De Santibañes y... el Frepaso".

Con la desregulación de las obras sociales, ¿"habrá más cobertura médica", como tituló Clarín el viernes 11? En la Argentina más de la mitad de la población *20 millones de personas* no tiene cobertura médica y se hacina en los hospitales públicos, que carecen de presupuesto y arancelizan las prestaciones médicas. El resto tiene una obra social o el Pami. En lugar de resolver el problema de los 20 millones de carenciados en salud, el gobierno de la Alianza tomó la decisión de privatizar la atención médica de los que tienen alguna obra social. ¿Razones? El negocio de la salud no está entre los desocupados, entre los que trabajan en negro, o entre los indigentes y los pobres. El negocio está entre los que trabajan, a quienes se les quiere descontar, compulsivamente como siempre, un "aporte" mayor, que agrandará la ‘torta’ para los grandes pulpos de la salud. La resultante será un empeoramiento de la situación de los que no tienen cobertura médica, una menor cobertura para los que hoy tienen una obra social y un encarecimiento de la salud para los que ganan por encima del ingreso medio. Lo que Clarín entiende por "más cobertura médica" no es otra cosa que la redefinición del Programa Médico Obligatorio (PMO), que es la cobertura mínima que deberán brindar las obras sociales y las empresas de medicina privada a partir del 1 de enero de 2001. ¿Por qué en un sistema de Seguridad Social tiene que existir PMO? ¿Por qué se cambia el PMO justo cuando se anuncia el ingreso de la medicina privada en el campo de las obras sociales? El PMO es una propuesta que viene del Banco Mundial y constituye la clave de la privatización de la salud. El PMO reemplaza a la "cobertura integral y universal", esto es, que todo trabajador y su familia, en materia de salud, estén cubiertos de todas las contigencias y patologías médicas y que tengan libre acceso a los médicos y profesionales, los cuales, a su vez, no deben tener ninguna limitación a la hora de encarar un tratamiento médico. El PMO, en cambio, especifica qué cosas están cubiertas y qué cosas no lo están. Por ejemplo, el PMO dice que "todos los afiliados tendrán un médico de cabecera, el que derivará *cuando corresponda* a los especialistas" (Clarín, 11/8). Esto no apunta a mejorar la atención médica familiar sino que actúa como ‘filtro’ del llamado ‘uso médico’. A través del médico de cabecera, que es el único autorizado para derivar al paciente, las empresas de salud pueden controlar la cantidad de veces que una persona recurre al especialista o realiza un análisis de sangre o una placa radiográfica. En el nuevo PMO, "se incorporarán los usos e indicaciones de las prácticas de mayor costo y complejidad incorporadas a la práctica médica en los últimos 10 años. En este caso, se trata de evitar que se pida una resonancia nuclear magnética *que es muy cara* para confirmar una fractura", dijo el superintendente de Salud (ídem). Querer indicarle a los médicos y profesionales ‘los usos’ de las prácticas médicas, en especial de las costosas, apunta claramente a limitar la atención médica. Según el superintendente aliancista, "el objetivo es que no existan prestaciones innecesarias que encarezcan sin razón la atención médica" (ídem). Pero el problema en la Argentina, que se agravará con el ingreso del capital privado a las obras sociales, pasa por la sub-prestación médica y no por la abundancia de las prácticas médicas. En lugar de garantizar que las empresas que van a lucrar con la salud garanticen que ningún médico deje de recetar una práctica médica, como una radiografía compleja o un estudio costoso, el PMO castiga a los médicos que receten ‘inadecuadamente’ con sanciones por parte del colegio médico. ¿Acaso no sabe un médico o profesional que no se necesita una resonancia magnética para detectar una fractura? El PMO apunta a bajar costos y no a mejorar la atención médica, de manera de optimizar los beneficios de las empresas. De esta manera, al estimular la subprestación médica lo que se busca es que el trabajador realice aportes ‘voluntarios’ para acceder a un plan superior. Así, la llamada "libre elección" no es otra cosa que un encarecimiento de la salud del trabajador y un aumento de las ganancias para la medicina privada. En los últimos días, la Superintendencia ha dictado resoluciones que obligan a las empresas privadas que intervengan en el campo de las obras sociales, a tener entre un millón y tres millones de pesos de capital mínimo. La medida fue exigida por los grandes pulpos para monopolizar el sistema. Pablo Giordano, el ‘patrón’ de una de las Cámaras de prepagas, admitió que "con las reglas fijadas se está facilitando que grandes instituciones financieras manejen esta actividad y que queden relegadas las entidades genuinas del ámbito de la salud" (Ambito Financierio, 8/8) El PO plantea: • Derogación de los decretos de privatización de la salud. • Plan de salud único bajo control de los trabajadores, basado en el aporte exclusivo a cargo de las patronales. • Nacionalización bajo control obrero de la medicina privada.

El contenido de la nueva Ley de Empleo Público explica por qué la dirección del sindicato municipal (Sutecba) y el gobierno de Ibarra la ‘consensuaron’ a espaldas de los trabajadores de la Ciudad: • Se establece una "evaluación de desempeño anual", donde los trabajadores serán juzgados por los funcionarios políticos. La evaluación incluye, además del "desempeño personal", el cumplimiento por parte del trabajador de "los objetivos establecidos y la ejecución de los programas", es decir, las orientaciones establecidas por aquellos funcionarios. El papel de las organizaciones gremiales en esta evaluación tiene un carácter consultivo y los representantes sindicales, un papel de veedores. • Con dos evaluaciones negativas, los trabajadores pasarían al llamado "régimen de disponibilidad", que habilita al traslado o a la reubicación. Este régimen abarca también a quienes pertenezcan a organismos "suprimidos o reestructurados". Finalmente, la ley dispone la cesantía de aquellos que no fueran reubicados. De este modo, la ley golpea decisivamente la estabilidad del trabajador de la Ciudad. Mediante el acuerdo entre Ibarra y Datarmini, la Alianza ha impuestos su proyecto de ley mientras que la dirección de Sutecba entregó todos los planteos sindicales. Los médicos y docentes La ley aprobada tiene, sin embargo, un alcance mayor, pues suprime de hecho los estatutos de los médicos y docentes municipales. En su lugar dispone convocar a convenciones colectivas de trabajo a partir de cero. Como lo explica un columnista de Ambito Financiero, "los gremios no podrán aludir a aquellas normas (es decir el estatuto) cuando se sienten a negociar las nuevas condiciones, ya que la ley obliga a discutir todo desde cero" (9/8). El objetivo de esta renegociación es modificar la actual "jornada laboral de médicos municipales, el laxo sistema de licencias (docentes)... y otras antiguallas (sic) de la legislación" (ídem). El ex Imos Todos los medios han coincidido en que la dirección de Sutecba entregó los estatutos y la estabilidad municipal a cambio de otra ley que "recicló" al Imos (Obra Social Municipal) y dispuso un salvataje financiero de más de 80 millones de dólares. La cuestión más importante de la ley, sin embargo, la que establece un "Programa de Reconversión y Saneamiento Financiero", que permite "contraer préstamos con entidades financieras y organismos públicos nacionales o internacionales", así como convenios y asociaciones "con otras obras sociales, entidades aseguradoras, gerenciadoras y prestadoras de servicios". Los 80 millones de dólares aportados por el presupuesto de la Ciudad no están dirigidos a ‘salvar’ a la obra social municipal, sino a habilitar un proceso de desregulación y la entrega del ex Imos a los pulpos privados de la salud, en los términos que vienen siendo dictados nacionalmente. El Partido Obrero plantea: realicemos asambleas en hospitales, escuelas y reparticiones, para discutir el contenido reaccionario de la ley contra el empleo público. Preparemos una gran movilización común por su derogación y por la defensa de todos los estatutos. Por una ley de empleo que asegure la estabilidad, un salario igual a la canasta familiar y las conquistas históricas de todos los gremios de la Ciudad.

El plan de "desarrollo de la zona sur" anunciado por el gobierno de la Ciudad tendrá un debut impensado: el 16 de agosto, la poderosa Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal trasladará a sus 1.400 hombres del centro hacia el vértice sur de la Ciudad, en General Paz y Riachuelo. Rubén Santos, jefe de la Federal, destacó que el propósito del traspaso es reforzar la vigilancia en esa zona "olvidada" y "castigada por el delito". Pero como lo han señalado otros, "el traslado coincide con la aprobación del proyecto de creación de la Corporación Buenos Aires Sur, una sociedad del estado porteño que canalizará fondos de inversión para impulsar el crecimiento de una zona que hoy parece relegada" (La Nación, 7/8). Que la prometida ‘revitalización del Sur’ comience por un reforzamiento de sus cuerpos represivos retrata la naturaleza social de ese ‘desarrollo’. La seguridad para los inversores empieza por la que brinda la policía. La Federal se instala en el sur para custodiar la llegada de los fondos de inversión.

En el local del PO de Once se reunieron 110 compañeros para debatir con Jorge Altamira la iniciativa del proyecto de 600 pesos de mínimo y los planteos de los trabajadores y vecinos de la zona. Estuvieron presentes trabajadores de sanidad, de subterráneos, telefónicos, de la publicidad, estudiantes terciarios y secundarios, cooperadores del Moreno, vecinos de la zona y un nutrido número de activistas del movimiento de discapacitados. Altamira introdujo la caracterización del cuadro político nacional y explicó la iniciativa del proyecto de un sueldo mínimo de 600 pesos por 8 horas de trabajo. En el debate surgieron aspectos interesantes. La función de la lucha por el salario mínimo, no como un mero proyecto ‘parlamentario’, sino como un programa de acción, que recupere la iniciativa política para las masas y coloque a los patrones y a su gobierno a la defensiva. Otro aspecto es hacer del salario, del trabajo y de la explotación temas ‘ciudadanos’, que hoy es lugar reservado para los baches, los semáforos y la basura. Pero no basta con sancionar una ley, que luego es burlada con la reglamentación, el veto del Ejecutivo o la potestad para no aplicarla. Por eso el proyecto pone en manos de los delegados de empresa el control de la aplicación de la ley, esto es, que el movimiento obrero intervenga en el plano político y tome en sus manos funciones estatales. En el debate surgieron importantes denuncias, como la referida a las viviendas de los monobloques del plan Fonavi, que se pagan el doble de lo que valen. Los cooperadores del Moreno y un padre del barrio denunciaron la discriminación en el otorgamiento de vacantes en las escuelas y de becas en los colegios. Pero el mayor peso del debate recayó sobre la situación de los trabajadores discapacitados. Activistas de la Red por los derechos de las personas con discapacidad (Redi), y de la Lotería Solidaria volcaron gravísimas denuncias sobre la discriminación de los discapacitados, que se revela en el incumplimiento de leyes existentes o en la explotación inhumana, por parte de capitalistas inescrupulosos, que hacen trabajar hasta 12 horas a los compañeros discapacitados. Se denunció el incumplimiento de la ley que impone un porcentaje de ingresos de discapacitados en la administración pública; de la que obliga a los bancos a aportar un porcentaje de algunas operaciones; de la legislación que debería facilitar la instalación de pequeños emprendimientos para discapacitados y que actualmente es obstruida por la burocracia gubernamental. También las presiones a los trabajadores que se discapacitan, para que se jubilen, y los salarios discriminatorios que se pagan. En La Solidaria actúa una mafia que despide a voluntad, extorsiona a los trabajadores y reprime los intentos de organización, expulsando a los delegados. Un intercambio interesante se desarrolló sobre las posibles salidas a esta situación ignominiosa. La Redi tiene una propuesta legislativa donde pone énfasis, además de exigir el cumplimiento de las leyes actuales, en un sistema de veedores en las áreas de gobierno, un régimen de penalidades a los funcionarios públicos, mecanismos de control y una comisión específica parlamentaria. Altamira destacó que el PO va a apoyar toda iniciativa que los compañeros consideren válida, pero se inclinó por una ley única de discapacitados que organice un empadronamiento general e imponga la obligación de darles trabajo, no sólo a la administración pública sino también a las empresas privadas. Este planteo lo expresó gráficamente como "la dictadura de los discapacitados", en el sentido de otorgarles el poder necesario para imponer el cumplimiento ineludible de todas las disposiciones necesarias para incorporar a las personas con discapacidad a la sociedad. Otros compañeros abundaron en disposiciones sobre accesibilidad a medios de transporte, tránsito y estacionamiento, creación de talleres protegidos, protección psicológica y educación. Los compañeros militantes de la zona y la banca del Partido Obrero quedaron comprometidos a colocar a consideración de los asistentes, en pocos días, una propuesta para dar forma a los reclamos planteados y llevarlos adelante con iniciativas de organización y movilización de afectados, vecinos y trabajadores en general.

Eso dijeron los padres Ariel y Alejandra al dejar a su hijo en la puerta de una casa en construcción. Demoledora y sistemáticamente, el régimen capitalista los había ido cercando y degradando. Los golpearon en los brazos. El había perdido un miserable trabajo de limpiador de coches por 10 pesos por día. Ella ya era una entre los millones de desocupados de nuestro país. Ese mismo día los habían echado del hotel. La indefensión absoluta los marcaba. No existe ninguna red social que los pudieran contener. No fueron a buscar ningún amparo, a ninguna parte, porque saben perfectamente que no existe. Como madres-padres se nos hiela la sangre. Acá el capitalismo hiede y huele. Acá el capitalismo muestra su lado miserable más carnal. Los desposeyó sistemáticamente, hasta desposeerlos de la creencia más intima de todo padre, que es que la vida vale la pena si uno está en condiciones de amar y cuidar a los hijos. "No tenemos más fuerzas para seguir luchando, ni más plata para seguir alimentando a nuestro hijo". El capitalismo los golpeó más allá de la carne, les golpeó el alma. Los llevó a pensar que "no somos nada", les borró la relación tan intima, tan delicada, tan exquisita, que es la relación de padres-hijos, afectó su psiquismo hasta niveles en que se rompió la relación del bebé con Alejandra. Ella dejó de creer que era todo para el bebé, que ella podría cobijar a su bebé, y entró en una situación de marasmo. Es decir, de ninguna posibilidad de defensa, ni material ni psíquica. El capitalismo está llevando al mundo, conciente y planificadamente, a una situación de marasmo. No sólo atacan en los valores materiales sino que la marca que estos ataques dejan en las mentes es la de negar la condición de personas. "Si no tenemos un techo, ¿qué le podemos dar?", escribieron en la nota. ¿Sollozaron cuando se fueron? ¿Corrieron? "Me sentí muy mal, lo extrañaba, lo quiero recuperar". Lo van a recuperar, pero ahora sí el régimen burocrático gastará dinero burocrático para vigilarlos con visitadores sociales. Un régimen que no sabe dar trabajo ni hogar sabe ser policía. Los van a vigilar. Pero ellos sí saben ser padres, porque lo único que hay que saber para ser padres es amar. En realidad dieron la prueba de amor más acabado, que no es el amor narcisista, el amor a uno mismo, sino que es el amor cediendo. Se cedieron, dieron de sí, se dieron ellos, al dejar su fruto amado, su hijo, para que pudiera vivir. Claro que para hacer esto se desgarraron. "¿De dónde saldrán el yunque y el martillo que rompan esta cadena?", nos dicen los poetas. A veces en las luchas políticas se oscurece que no son más que miles de historias como éstas las que queremos cambiar. Liberar las fuerzas productivas es liberarlas de la codicia y el odio de clase que separaron a Ariel y Alejandra de su hijo.

La descomunal dependencia de la agricultura argentina respecto de los pulpos que dominan la industria química mundial acaba de ser puesta en evidencia por un hecho que, aunque no trascendió a la opinión pública, alcanzó para despertar las protestas de las cámaras patronales rurales: el aumento de precio de los principales herbicidas utilizados para el cultivo de maíz y soja. En el caso del herbicida que se usa para el maíz, los precios respecto del año pasado se incrementaron un 80%; el de la soja, más módico, ‘sólo’ el 20%. Según los cálculos de Clarín (5/8), los monopolios agroquímicos embolsarán un adicional de 55 millones de dólares por esto, lo cual, con precios internacionales de los cereales en baja, llevará a numerosos pequeños productores a la quiebra. La industria agroquímica ha hecho sentir su ‘peso’. Son pocas las empresas que concentran la oferta: Monsanto y Atanor (ésta recién comienza a fabricarlo en Argentina) para el herbicida del maíz; Dow, Novartis y otras grandes compañías para el de la soja. Como estas empresas, con excepción de Atanor, dominan el mercado mundial, no hay ‘escapatoria’. "Hace 30 días que estoy tratando de importar y no consigo que nadie me venda", declara un productor rural (ídem). Monsanto, Novartis y Dow, que dominan el mercado argentino de herbicidas, son también las que monopolizan la oferta de semillas transgénicas. Con la expansión del cultivo transgénico, "en cuatro o cinco años el consumo de fertilizantes se quintuplicó. El de agroquímicos se multiplicó por tres" (ídem). Dominando el mercado de las semillas y el de los herbicidas, estas empresas tienen en sus manos el conjunto del proceso agrícola. Si a esto se le agrega que la comercialización de los granos corre por cuenta de pulpos como Cargill, salta a la vista que la dependencia de las patronales rurales argentinas respecto del capital financiero internacional es total.

El Frepaso y la Alianza intentaron presentarse como los representantes políticos de la clase media. Ahora, esta clase media que los votó mayoritariamente ha podido verificar que las Fernández Meijide, los Chacho Alvarez y los De la Rúa son agentes directos del FMI y el Banco Mundial. Un sector importante dejó de votar por la Alianza en las elecciones de Buenos Aires del 7 de mayo. La situación de las capas medias ha empeorado notablemente. La Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (Came) reconoce *en un estudio publicado por La Nación (22/5)* que en menos de 10 años se ha perdido casi un millón de puestos de trabajo en el sector comercial, y que ha cerrado el 17% de los comercios desde 1984. Los supermercadistas "no han generado los puestos de trabajo prometidos", dice el informe de la Came. Los supermercados imponen la ley de la superexplotación a sus trabajadores (salarios de miseria, jornadas de 12 horas, trabajo 6 días a la semana, incluyendo los sábados y domingos, no respeto a ningún convenio o conquista sindical); y además, reciben una cantidad de prebendas de los gobiernos. Los supermercadistas aprovechan su posición monopólica para imponer condiciones leoninas a la pequeña empresa. Solamente un movimiento popular dirigido por la clase obrera puede dar una salida a la crisis del país. El Partido Obrero defiende políticamente los intereses históricos de la clase obrera. El PO lucha para que los supermercados paguen 600 pesos por un máximo de 8 horas de trabajo. Para que se los obligue a cerrar los sábados a partir de las 12 horas, y los domingos. Para que se aumente el aporte patronal a las cajas de jubilaciones y las obras sociales. Para que se estatice la banca bajo control obrero, para que cese la confiscación sobre el pueblo. El PO lucha por esto no sólo de palabra, como se puede verificar en la campaña que ha lanzado por un salario mínimo de 600 pesos. El PO es partidario de que se eliminen los impuestos al consumo; y de la derogación de todos los impuestos sobre la vivienda familiar. La clase obrera está interesada en formar el más fuerte frente de lucha con otras capas sociales para enfrentar y abatir los monopolios. La clase media debe apoyar esta orientación y la Campaña Financiera del PO, porque ello va a permitir reforzar nuestra organización, los locales, la prensa, la agitación, para desplegar con la mayor envergadura las campañas que la actual situación política exigen.

El martes 8 se realizó la cuarta asamblea general en Clarín-Olé, en la que se hicieron presentes más de 250 compañeros, a pesar de que la patronal llamó a no concurrir. Los trabajadores fueron informados de los aprietes contra la Junta Electoral, y de la existencia de una carta documento que uno de los burócratas rajados habría enviado a la empresa, desconociendo las resoluciones de la primera asamblea, que decidió echarlos a patadas. La empresa, argumentando que estaba en presencia de un conflicto que le era ajeno, planteó que iba a dar intervención al Ministerio de Trabajo para que se expida. Con ese argumento decidió no entregar los padrones, dejando abierta la posibilidad de no permitir la votación en el edificio. La asamblea respaldó lo actuado por la Junta Electoral, rechazando todos los aprietes de la gerencia de personal. Se solicitó al sindicato la entrega de los padrones de la obra social y de afiliados, los que fueron pegados en el sector de ingreso de personal, calculándose, con los agregados, un total de 1.300 trabajadores en condiciones de votar. Se ratificó el 16 de agosto como día de votación. La ‘montaña’ de despidos que algunos suponían iba a llevar a cabo la empresa como respuesta a la movilización, ha dado paso a maniobras legales. El surgimiento de una Comisión Interna combativa es una traba al intento de la empresa de reventar el Convenio y el Estatuto. Es por esto que el movimiento gana confianza, día tras día. En el sector administrativo los compañeros saludaron que de una vez por todas iban a surgir delegados representativos. El martes 15, la Junta Electoral presentará en asamblea a todos los candidatos que se han propuesto como delegados. La Comisión Interna que surgirá el miércoles 16 jugará un papel clave en la recuperación de las conquistas perdidas por los trabajadores del gremio de prensa en los últimos años. ‘Curiosidad’ de la Utpba La Utpba ha dicho públicamente que respalda la decisión de los trabajadores de Clarín de echar a los delegados del edificio de Tacuarí. Camaratta, uno de los cuestionados, es, a su vez, miembro de la actual conducción de la Utpba. ¿Que espera el sindicato para respaldar plenamente la decisión de los compañeros y echarlo también de la dirección del gremio? Hasta el momento, nada ha sido informado al respecto.