Prensa Obrera N° 676

A más de un mes de la maniobra de la concertación para contener y hacer retroceder a los trabajadores que venían de la pueblada de Tartagal y de la rebelión de los docentes autoconvocados, las luchas se han replanteado. En el marco de la concertación, Romero presentó un paquete de subsidios y algunas obras públicas que, más allá de su carácter de negociados a favor de sus socios, no alcanza en modo alguno a compensar el parate en la construcción, que mantiene al 85% de los albañiles desocupados. Por otra parte, el propio Ministro de Educación reconoció el parate, alegando falta de financiamiento, de toda la obra de infraestructura escolar. Con bombos y platillos, Romero presenta la construcción del estadio de Salta como una salida, cuando en la obra apenas trabajan 400 compañeros sobre 30.000 desocupados, solamente en la capital. Se ha anunciado también una nueva licitación de áreas petroleras que habían quedado sin oferentes, ahora con el incentivo de precios más altos y la exención del IVA. En Tartagal-Mosconi pasa lo mismo: se iniciaron un par de obras con dos o tres centenares de obreros sobre 8.000 anotados. El Partido Obrero denunció de antemano el carácter antiobrero de la "concertación" romerista e hizo un llamado a retomar una iniciativa de lucha y de organización del movimiento obrero (todo el arco sindical se sumó a la "concertación" de Romero). Esto explica que sus militantes estén a la cabeza de este reanimamiento de las luchas. Llamamos a una gran asamblea de todas las organizaciones de desocupados para luchar por: Trabajo o subsidio de 400 pesos, derogación del ticket canasta, salario básico de 600 pesos para activos y jubilados, aumento gradual hasta ganar el costo de la canasta familiar en base al aumento de las regalías petroleras y los impuestos a las grandes ganancias.

Carta de los delegados de Mantenimiento Vial, publicada en El Municipal, órgano de prensa del sindicato municipal de Montevideo Prensa Obrera ha venido siguiendo sistemáticamente la lucha que desarrolla el gremio municipal de Montevideo (Adeom) contra los ataques flexibilizadores, privatizadores y de reducción salarial de la Intendencia frenteamplista. Esta lucha, que se ha venido desarrollando con huelgas, piquetes, ocupaciones de planta y manifestaciones, es una experiencia para el conjunto del movimiento obrero uruguayo y continental porque desnuda la naturaleza capitalista y antiobrera de la "izquierda que se une". No se trata, por cierto, de una novedad. En toda América Latina (en Brasil, en Bolivia, en Chile) los integrantes del Foro de San Pablo han gobernado y gobiernan como representantes del Estado capitalista contra los trabajadores, sus organizaciones, sus reivindicaciones y sus luchas. La carta que publicamos a continuación, redactada por dos delegados de base de Adeom y publicada en la revista del sindicato, muestra cómo los trabajadores procesan esta experiencia política fundamental. Compañeros/as municipales, familias, vecinos: Quienes escribimos esta nota somos empleados municipales desde hace muchos años... que al principio de la democracia tuvimos que luchar mucho y muy duro para lograr reivindicaciones y espacios perdidos... Desde ahí en más, la Administración fue un caos total, para los vecinos y para nosotros los trabajadores... Y los cambios se dan, mediante una gloriosa huelga que logró "voltear" uno de los bastiones más tradicionales y retrógrados de los coloradosñblancos, gloriosa huelga... en el año 1989... con el aporte de todos nosotros y nuestras familias, vecinos, etc. fue que cambiamos y cruzamos "el charco"; el último domingo de 1989 ganó un partido distinto de izquierda y progresista... Un partido convertido en gobierno, que supo estar en nuestras Campañas, "peleando" codo a codo por los cambios, y hoy muchos de ellos ocupan cargos importantes en el Gabinete Municipal, Direcciones de Departamento, Direcciones de Divisiones, Direcciones de Servicio, Cargos de confianza, etcétera... Esos que alguna vez compartieron mateadas en marchas, etc., hoy son los que le dan la espalda a los trabajadores y los destratan a todo nivel, y por estar sentados en cómodos sillones actúan y digitan a su antojo, y son ellos a los que poco les importa que desde hace cinco años realizamos tareas sin ropa, sin herramientas y sin el mínimo de seguridad... ¿son esos mismos que cuando un grupo de compañeros del Comité de Base plantean sus problemas reivindicativos del Sector, te dicen sí con la mano izquierda y te lo borran con la derecha...? ¿Son esos mismos que con el Intendente de turno diagraman y ejecutan a los funcionarios, son esos que con el cuento de reducir gastos aceptan que se pierda el Sexto Día Laboral, conquista lograda con lucha y sudor, son esos mismos que en muchos sectores redujeron las horas extras extraordinarias, hasta en un 100%...? Son esos que con el arquitecto Mariano Arana, que contó con amplia mayoría electoral, nos están exterminando poco a poco, y transando mano de obra barata, mediante convenios con organizaciones (Movimiento Tacuru, etc.). ¿Son esos que junto al doctor Tabaré Vázquez formaron un Comité de crisis interna, para que no haya más levantamientos como el de los compañeros de Recolección de Residuos, son ellos que creen que de "cuello duro" y sentados en cómodos sillones, van a solucionar los problemas nuestros...? Son éstos los mismos que gobernarán 5 años más, es el mismo arquitecto Mariano Arana que no da cuenta a los vecinos de Montevideo y a los trabajadores municipales de cuál fue el arreglo que hizo con el Presidente Jorge Batlle (Partido Colorado). Nuestras preguntas son: ¿Este es el Partido o el Gobierno que quiere regir los destinos de todos los uruguayos...? ¿Estos son los progresistas...? ¿Este es el cambio a la uruguaya? Compañeros, tenemos 5 años más, de lucha nueva, pensar y tratar de fortalecer nuestro alicaído gremio Adeom, renovándolo mediante el voto popular de todos nosotros y además hacer pensar a nuestras familias, que son las que van a sufrir las consecuencias de este desmedido recorte... y de una economía de "guerra"...

Carola Pessino (una de las funcionarias más reaccionarias del elenco menemista) es ahora la "administradora de los Planes Sociales" del gobierno de la Alianza (Clarín, 29/7). Que ocupe ese lugar define por sí mismo al gobierno centroizquierdista. Pessino fue puesta en esa tarea para reducir los planes sociales y para detectar que ningún desocupado o indigente esté recibiendo más de una ayuda social. Para esa tarea dilapida generosos fondos que provienen de préstamos (deuda) del Banco Mundial. Pessino está en esa tarea hace dos años por expresas directivas de su jefe, Roque Fernández. Con el cambio de gobierno, Pessino pasó a trabajar a las órdenes de Terragno, en un caso de continuismo sin precedentes. Cuando la Pessino concluyó su tarea, Terragno anunció a los cuatro vientos "el programa de consolidación de los planes sociales, cuya implementación atenderá las necesidades de dos millones de personas a cargo del Estado" (El Cronista, 26/7). Según el "progresista" Terragno, el Estado gasta 3.600 millones por año en programas sociales. ¿En qué consiste esta consolidación de los "planes sociales"? Pessino armó una red de espionaje, cruzando datos de los beneficiarios, lo cual le habría permitido, como informó el diario La Nación, detectar "la existencia de personas que cobraban una jubilación y una pensión graciable, o de beneficiarios de programas asistenciales que no llenaban los requisitos exigidos para percibir tales prestaciones" (27/7). Rápida, en un editorial, La Nación extrajo la conclusión de que "el problema de los programas sociales en la Argentina quizá no pase tanto por el hecho de que se gaste poco, sino de que se gasta mal". La jubilación media en la Argentina es de 300 pesos, pero la mayoría gana menos de 200 pesos por mes y las pensiones graciables son de 100 pesos mensuales. Que algunas personas estén cobrando esas dos cosas no es más que el resultado de la miseria jubilatoria. No es una irregularidad del jubilado sino una manifiesta irregularidad del Estado capitalista. Para su red de espionaje, la Pessino gasta fortunas, lo que para Terragno no es ninguna irregularidad. Además, el ahorrativo Terragno anunció que "se dispuso de partidas de entre 500.000 y un millón de pesos, provenientes del Banco Mundial, destinados a realizar un proyecto definitivo para reasignar las partidas a cada uno de los programas y reducir la burocracia" (El Cronista, 26/7). Mientras, se otorgan generosamente todo tipo de subsidios a los capitalistas, se pagan 12.000 millones de dólares en intereses de la deuda, y los bancos cobran generosas comisiones por colocar la deuda pública. Todo el plan social de la Alianza se reduce a pesquizar para que en ninguna familia de desocupados el marido y la mujer o un hijo estén cobrando, simultáneamente, un plan Trabajar o Servicios Comunitarios de 160 pesos por mes. La tarea "social" de la Pessino, como señala La Nación, es "cruzar los datos de organismos como el Pami, la Afip y el Registro Nacional de las Personas" (26/7). La Alianza sigue en esto las directivas del Banco Mundial, que a cambio de "financiar los proyectos sociales del gobierno", cobra suculentos intereses y comisiones. ¿Pero gasta el gobierno 3.600 millones de pesos por año en programas sociales que atienden a dos millones de personas? Bajo el nombre de "Programas Sociales" el gobierno incluye cualquier cosa. Figura la reforma de la salud y la reconversión de las obras sociales, que apuntan a la privatización de la salud; programas de apoyo a los capitalistas, como los agropecuarios; o el financiamiento a municipios. Incluye además el seguro de desempleo, que no es parte de ningún plan social porque es un beneficio directo del trabajador despedido, financiado con aportes patronales. También está el presupuesto del Fonavi Ð900 millonesÐ que construye vivienda precarias que los trabajadores deben abonar en cuotas, lo que tampoco forma parte de ningún plan social. Ante este vergonzoso ataque a los trabajadores, a los jubilados, a los pobres e indigentes, para terminar con la miseria y con la miseria de los "planes sociales", el PO plantea: Contra la desocupación, reparto de las horas de trabajo. Salario mínimo de 600 pesos. Subsidio para todos los desocupados de 500 pesos. Jubilación mínima de 500 pesos.

La abultada victoria de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de Venezuela (59% de los votos) pierde mucho de su brillo si se consideran otros datos salidos de las urnas. En primer lugar, la abstención alcanzó un récord histórico del 44%, lo que significa que a Chávez lo respaldó menos del 35% de los venezolanos. En segundo lugar, Chávez no logró el objetivo de obtener los dos tercios de los diputados de la Asamblea Nacional, lo que le habría permitido hacer pasar sin sobresaltos ni negociaciones leyes fundamentales y la designación de funcionarios que requieren el acuerdo parlamentario. Finalmente, aunque el candidato opositor Francisco Arias, un militar compañero de Chávez en el levantamiento de 1992, sólo obtuvo el 35% de los votos, ha logrado establecer una base opositora en el Ejército, el principal respaldo político de Chávez. Otros datos relevantes de estas elecciones son el derrumbe de los partidos de izquierda que respaldaron a Chávez (el Mas, el mayor de ellos, cayó a menos del 4%) y la "resurrección" de la Acción Democrática, el repudiado partido democratizante de Carlos Andrés Pérez. AD obtuvo el 20% de los votos y se convirtió en la segunda fuerza parlamentaria. ¿Cómo pudo Chávez conquistar el voto popular cuando el desempleo se duplicó bajo su mandato, cuando despidió a 8.000 trabajadores petroleros (e impidió que fueran a la huelga interviniendo su sindicato), cuando la miseria popular es pavorosa e incluso se ha agravado en los últimos dieciocho meses de "revolución pacífica" a pesar de los precios récord del petróleo, la principal exportación venezolana? La razón es que los opositores eran los "candidatos de la oligarquía"; Chávez, además, utilizó los ingresos excepcionales generados por el aumento del precio del petróleo para financiar enormes planes asistencialistas en los meses previos a las elecciones. Ahora Chávez deberá hacer frente a la crisis; recesión, desempleo, la quiebra de miles de comercios y el retiro de grandes empresas como Honda y Fiat, además de una acelerada fuga de capitales, la cual "se estima que este año alcanzará los 7.200 millones de dólares, una cifra equivalente al 80% del incremento previsto en el valor de las exportaciones por el aumento del precio del petróleo, o al 30% del total de los ingresos por exportación" (Financial Times, 14/7). Peor aún, la caída voluntaria de la producción petrolera ha agudizado notoriamente la recesión y el desempleo. ¿Cómo enfrentará ahora Chávez la crisis? El capital financiero le "recomienda", claro, que "retome el decaído proceso de privatizaciones y atraiga la inversión externa" (Financial Times, 28/7). Una indicación de que Chávez no desoye este "consejo" es lo sucedido con Electricidad de Caracas, una empresa que fue adquirida en la Bolsa por el grupo norteamericanos AES. "El tratamiento de alfombra roja (sic) que Chávez dio a la empresa norteamericana fue interpretado por las compañías locales como una poco velada advertencia de que no deben esperar favores proteccionistas del nuevo gobierno" (Financial Times, 21/7). Se esperan nuevas "adquisiciones" de empresas venezolanas por los pulpos extranjeros en los próximos dos o tres meses; entre las candidatas figura la principal empresa siderúrgica, una fábrica de pinturas y empresas de bienes raíces. En dos años en el poder, el régimen chavista ha sido incapaz de llevar adelante la más elemental transformación social de Venezuela. En Venezuela se terminó el tiempo de las maniobras.

Izquierda Unida y el PSA se retiraron de la sesión de la Legislatura que debía recibir el juramento de Ibarra, para protestar por la sanción de 150 leyes por parte de la Legislatura saliente. Sin embargo, hasta ese momento habían hecho oídos sordos a la propuesta pública de Altamira de hacer un acto frente a la Legislatura para enfrentar la intención de sancionar esas leyes. El Partido Obrero, en cambio, realizó dos importantes movilizaciones, una frente a la Legislatura por la mañana y otra frente al Teatro Colón por la noche, para protestar contra la jornada de fiesta establecida por el nuevo Gobierno de la Ciudad (en medio de la miseria popular y de la reducción de salarios) y contra la política que anuncia. El PSA e IU están en su pleno derecho de apelar al boicot del Parlamento para protestar contra cualquier atropello del gobierno, y en este aspecto los defendemos frente a cualquier crítica que les dirijan los partidos patronales. Otra cosa es aceptar que se encuentren reunidas las condiciones para una política de boicot, cuando una inmensa mayoría de los trabajadores sigue atrapada entre alternativas políticas patronales. La tarea de un partido revolucionario en el Parlamento debe consistir en desenmascarar el carácter antiobrero de los proyectos políticos y legislativos del gobierno y de los partidos patronales, para suscitar y desarrollar una movilización popular de características políticas. No se pueden superar las ilusiones de las masas en las instituciones democráticas, o el empantanamiento de esas masas frente a las maquinaciones de esas instituciones, sin una intervención política clara en el seno de esas instituciones, desenmascarando a los partidos que las dominan y convirtiendo a todos y cada uno de los problemas populares y del país, en un problema político, o sea en un problema que tenga que ver con la clase que dirige el país. Por eso, la política del boicot no lleva a nada; una parte del electorado trabajador votó precisamente el 7 de mayo a la izquierda, con la finalidad de que nos valgamos de las nuevas posiciones políticas para reforzar nuestra lucha por la satisfacción de las reivindicaciones populares y para atraer a los sectores que siguen a los partidos capitalistas, hacia el campo del socialismo. El boicotismo puede deslumbrar para los flashes televisivos, pero no es una política. El problema de la hora es, en realidad, que los trabajadores entiendan la política revolucionaria.

Anaí Caproni es miembro del Comité Central del Partido de la Causa Operaria de Brasil. Los compañeros del PCO no sólo llegaron a Buenos Aires con una nutrida delegación partidaria; también estuvieron presentes varios compañeros de la dirección de la Alianza de Juventudes Revolucionarias (AJR), la juventud del PCO. La reunión internacional votó una resolución específica acerca de la política contrarrevolucionaria desarrollada por la Democracia Socialista, sección brasileña del Secretariado Unificado, en el gobierno municipal de Porto Alegre y en el gobierno del Estado de Rio Grande do Sul. ¿Por qué no nos explicás la idea central de esta resolución? La resolución es muy clara en el sentido de caracterizar que el SU, particularmente Democracia Socialista de Brasil, es un instrumento de represión y de opresión de la clase trabajadora por el Estado, un instrumento del Estado capitalista contra la clase obrera. Consideramos que esto es una expresión de la más pura realidad porque nosotros, los brasileños, hemos seguido con mucha atención la acción del gobierno de Rio Grande do Sul contra la huelga de los docentes realizada recientemente. DS actuó como un instrumento para quebrar la huelga, para reprimir a los profesores, para derrotar una huelga que tenía reivindicaciones elementales, como el aumento de los salarios o, mejor dicho, la recuperación de la pérdida salarial desde el comienzo del "Plan Real". La DS actuó como un instrumento del Estado para que esta huelga no obtuviera ninguna reivindicación. Consideramos que la resolución es muy importante, porque abre una vía para estructurar una posición alternativa, de lucha, que represente los intereses de la clase obrera en Porto Alegre. ¿Qué opinás de las resoluciones y las campañas votadas? Consideramos que el frente popular, o sea la colaboración de la izquierda y las burocracias sindicales con la burguesía, que en Brasil engloba a la izquierda de conjunto, con la única excepción de nuestro partido, es un enorme freno para las luchas populares. Se observa la acción del frente popular cuando comparamos la situación de Brasil con lo que ocurre en Argentina, donde hemos podido ver que en las universidades, en el movimiento en general, hay una mayor libertad en términos de posiciones políticas y de críticas en relación a lo que sucede en Brasil, a pesar de que en nuestro país hay una tendencia a una movilización de la clase obrera más expresiva que en la Argentina. Entendemos que la contradicción entre la tendencia a la movilización y el cierre a cualquier espacio para el debate de ideas se debe a la acción del frente popular, que necesita limitar, e incluso impedir, cualquier perspectiva de discusión política, para mantener una situación de control sobre la clase obrera. Nuestro partido es consecuente con la única alternativa de crear un movimiento de oposición a esta situación, para esclarecer y construir una alternativa revolucionaria, de izquierda y trotskista. Un aspecto central de esta política es nuestra oposición al frente popular.

El reglamento de la Legislatura de la Ciudad sancionado cuatro años atrás dispone que las sesiones plenarias no pueden prolongarse más allá de las nueve de la noche, esto para evitar las "prácticas" del "viejo" Concejo Deliberante, que aprobaba sus corruptelas de madrugada. Pero fue éste precisamente el "método" utilizado por la Legislatura con mayoría aliancista para sancionar el nuevo Código Urbano, la Corporación del Sur y, finalmente, la Ley de Empleo Público. En setiembre del año pasado, la bancada porteña de la Alianza dio a conocer su proyecto de Ley de Empleo Público, que condiciona la estabilidad laboral a un "régimen de evaluaciones anuales de desempeño a ser realizadas por la autoridad competente", es decir por los funcionarios políticos de turno. Para los empleados calificados negativamente, se dispone un "régimen de disponibilidad"; es decir, el camino a la cesantía. También se instituye un período de prueba de doce meses y un régimen de movilidad funcional (es decir de flexibilidad laboral) y de escalas salariales sujetas a "productividad". Aunque la dirección de Sutecba (sindicato municipal) venía oponiéndose a este proyecto, a último momento "consensuó" con Ibarra, sin molestarse en informar a sus afiliados. La contrapartida de este acuerdo es otra ley, que dispone el "saneamiento financiero" de la Obra Social municipal y asegura a Sutecba una participación decisiva en su futura conducción. Mientras tanto, Enrique Rodríguez, el ex secretario de Trabajo menemista y actual legislador de Beliz, anunciaba su voto afirmativo a la ley Ibarra-Datarmini. En la tarde del viernes 28 de julio, el Partido Obrero de la Capital se movilizó sobre la Legislatura, denunciando en un volante el contubernio legislativo contra los trabajadores de la Ciudad.

En la reunión internacional por la refundación de la IV Internacional estuvo presente una delegación del Partido Regional de los Comunistas de Leningrado, representado por el compañero Iossif Abramson. A continuación, nos explica cómo nació esa organización y la lucha que desarrolla. ¿Cómo y por qué el Partido Regional de los Comunistas de Leningrado rompe con el Partido Comunista? Nuestro partido, el Partido de los Comunistas de Rusia, fue fundado en diciembre de 1991, sobre la base de una plataforma marxista. A partir de la desaparición del Partido Comunista de la URSS se desarrollaron, desde su interior y en lucha, distintas plataformas: la tradicional plataforma stalinista, una democrática y una marxista. Nosotros estamos en la plataforma marxista. Cuando Yeltsin derrotó al PCUS, nosotros fundamos nuestro partido. Nuestra plataforma parte del análisis de cómo nuestra revolución fue quebrada por la degeneración burocrática del partido y de los soviets. Los análisis de Trotsky de 1936 en La Revolución Traicionada, forman parte integral de nuestra plataforma. En los últimos años, la dirección de nuestro partido, el compañero Kriskov, gradualmente se convirtió en una dirección autoritaria, sin democracia interna en el partido; gradualmente se convirtió en un nuevo stalinismo. Entonces publicamos dos cartas en 1998 en nuestro periódico de Leningrado, en defensa de la tradición y el nombre de Trotsky. Le tuvieron mucho miedo a esos artículos. Nuestra organización de Leningrado se prepara entonces para romper con el Partido de los Comunistas de Rusia, lo que ocurre en 1999. ¿Cuál es su apreciación de la actual situación del movimiento obrero ruso y qué actividad desarrolla su partido entre los trabajadores? Nuestro movimiento obrero está muy cansado de la política, de la demagogia de todos los partidos. En los últimos años, los sindicatos y comités de huelga radicales encabezaron luchas importantes contra la privatización, y esto es muy importante porque muestra una conciencia obrera. Dirigen el proceso de la producción. Está comenzando una alianza por un "partido obrero comunista", un nuevo partido stalinista. Pero, en la práctica, los comunistas de este partido trabajan con nosotros. Y esto nos da un terreno para nuestra propaganda entre sus miembros. En este sentido, la actividad de nuestro partido es cada vez mayor; sobre todo en Leningrado y en la región noroeste, donde nuestro partido es fuerte. ¿Tienen un periódico? Tenemos un boletín trimestral de análisis de la situación. Y tenemos también un boletín del movimiento para la construcción de un partido obrero marxista en toda Rusia. Nuestro compañero Kosslov es miembro del Comité Ejecutivo de ese movimiento. Tenemos un compañero en la Duma que es muy joven, tiene 28 años, Oleg Shein. Es muy marxista, muy fuerte, que ha ganado su puesto legislativo en Astrakan, al sur de Rusia, contra el candidato del Partido Comunista y contra el candidato de la administración provincial. Construyó un sindicato independiente cuyo nombre es "Defensa". Ese sindicato es muy fuerte entre los trabajadores, no sólo en Astrakan sino también en los Urales, en Siberia. Y este puesto en la Duma, como el de Altamira en la Legislatura, nos abre nuevas posibilidades.

En su último acto, la Legislatura saliente de la Ciudad aprobó la formación de la Corporación Buenos Aires Sud, una sociedad estatal facultada para vender, alquilar o concesionar bienes de la comuna en los barrios de La Boca, Pompeya, Patricios, Villa Lugano y Soldati. Aunque "aún no queda claro cuáles son los bienes de dominio privado que posee la ciudad" (Clarín, 4/8), se estima que ascenderían a unos 2.200 predios o terrenos. De modo que a pesar de que la Constitución de la Ciudad establece que (con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros) es la Legislatura la que "aprueba transacciones, dispone la desafectación del dominio público y los bienes inmuebles de la Ciudad" (Art. 810), la Legislatura saliente ha creado un ente que dispone de un cheque en blanco para ejecutar una entrega sin precedentes del suelo urbano, que no podrá ser sometida a la consideración de la nueva Legislatura. La corporación representa así a una verdadera dictadura civil que decidirá sin trabas institucionales las decisivas concesiones urbanísticas en la zona sur de la ciudad. La Corporación y el Código Urbano La formación de la Corporación del Sur es inseparable del nuevo Código de Planeamiento Urbano sancionado antes por esa misma Legislatura, el cual clasifica a vastas porciones de la zona sur de la ciudad como zonas de "urbanización futura", que serán entregadas a los pulpos inmobiliarios y bancarios. Algunos anuncios privados dan cuenta de lo que se prepara: el grupo Irsa (Soros) planea "la construcción de un gran barrio cerrado frente al río" (Ambito Financiero, 2/8) en lo que fue la Ciudad Deportiva de La Boca. Además de las ventas o concesiones de predios, la ley habilita a la Corporación a autofinanciarse por medio de los "convenios urbanísticos que cierre con empresas privadas" (Clarín, 4/8). De este modo, el objetivo anunciado de utilizar sus recursos para "mejorar la infraestructura y el equipamiento urbano de la zona sur" quedará condicionado a las obras que potencien los emprendimientos inmobiliarios. La perspectiva de que los amplios terrenos inocupados de la ciudad puedan ser aprovechados para la erección de viviendas accesibles no se encuentra establecida en ningún punto del Código. El "desarrollo del sur postergado", prometido por los frepasistas, es, en definitiva, un operativo inmobiliario que acentuará aún más la polarización social en la ciudad. Por un programa de los vecinos trabajadores Pero el boom de obras privadas y empleos que se promete va a chocar con límites insalvables. Es que ya existen, en la Ciudad de Buenos Aires, 60.000 viviendas y locales comerciales que no se pueden vender, mientras que "el número de locales cerrados en shoppings se incrementó en mayo un 18% respecto del mismo mes de 1999" (Ambito Financiero, 31/7). El plan de especulación inmobiliaria para el sur choca con estas tendencias a la sobreacumulación y a la quiebra económica incluso en el rubro de los "servicios". El movimiento popular y vecinal debe debatir la perspectiva de desastre que conlleva la privatización de la ciudad, y oponerle un programa propio. Reclamemos los terrenos de urbanización futura para la construcción de viviendas modernas accesibles para todas las familias sin techo, con espacios verdes y obras públicas que garanticen el equilibrio urbano y social de la ciudad. Abajo el "plan" urbano de Soros y los privatizadores: por un plan bajo control de las organizaciones obreras y vecinales de la Ciudad de Buenos Aires.

La Legislatura saliente acaba de aprobar una ley de salud mental que ha sido presentada como el último grito del progresismo. "Una Capital ya sin manicomios" y "Una alternativa a los manicomios", titularon en forma concordante Ambito Financiero y Página/12, para caracterizar un planteo de desmanicomialización o desinstitucionalización de los enfermos mentales; el reemplazo de los actuales neurosiquiátricos (Moyano, Borda), de tan mala prensa, por otras alternativas; la prevención y los tratamientos ambulatorios; las internaciones breves en hospitales generales de agudos, y la rehabilitación y reinserción social, familiar y laboral. Todo ello apelando a la comunidad, las ONG, las familias alternativas, las casas de medio camino, los hostales y las granjas colectivas. Ahora bien, nada de eso está disponible hoy, fuera del medio privado. Pero si hay algo claro es que el mayor factor patogénico en cuanto a salud mental son las condiciones sociales de miseria, desocupación, desamparo y frustración social que aquejan a la inmensa mayoría de nuestra población. La ley, en este punto, se limita a plantear que "la prevención tendrá como objetivo accionar sobre problemas específicos de salud y sobre la población en situación de riesgo" (Art. 10, punto b). La "población de riesgo" empieza por los 4 millones de familias de desocupados o subocupados. Y cualquier política de prevención de salud mental que no parta de esta realidad "diagnóstica", es un verso. Lo mismo sucede con el tratamiento y la rehabilitación. Es evidente que los neuropsiquiátricos, que por suerte existen para la atención de miles de pacientes desamparados, son en gran parte depósitos de pacientes, de discapacitados y de indigentes, producto de la indiferencia y el abandono de los gobiernos capitalistas y sus políticas cavernícolas de salud. Y especialmente en salud mental, que siempre fue un resumidero de las mayores lacras de una sociedad basada en la explotación y la opresión. Pero la supresión de los neuropsiquiátricos, con la hipótesis de que es la comunidad la que se hace cargo de los enfermos mentales, significa que no se hace cargo nadie. La ley propone la atención domiciliaria y familiar de los enfermos, en una situación en que la familia común no puede alimentar a sus hijos y no hay trabajo para sus miembros sanos; la atención en hospitales públicos de agudos y por medio de redes de hospitales, centros de salud etc., cuando éstos están desabastecidos, desfinanciados y no dan abasto con la demanda actual; la rehabilitación y reinserción comunitaria y laboral (Á!), cuando el "tejido social" está lacerado por la miseria y la desocupación supera el 15%. En los neuropsiquiátricos hay una cantidad de pacientes internados por causas sociales. No están "locos". O lo estuvieron, pero ahora están allí porque no tienen adónde ir. Deberían ser atendidos en otros establecimientos o en albergues adecuados. La ley plantea: "Las personas que en el momento de la externación no cuenten con un grupo familiar continente, serán albergadas en establecimientos que para tal efecto dispondrá el área de Promoción Social" (Art. 15). Pero, ¿le preguntaron al Servicio Social, estos legisladores que estudiaron dos años el tema, cuántas vacantes tienen en hogares para ancianos y carenciados, para la demanda fabulosamente creciente de casos sociales? ¿O cuánto se prolongan las estadías de pacientes en todos los hospitales por razones exclusivamente sociales? El sistema público carece totalmente de vacantes geriátricas y sociales, cuadro que se agravará con la política oficial de privatización de las obras sociales y la salud pública. Nunca mejor aplicada esa frase popular de sentido común: ¿En qué país viven? Estos progresistas que proponen en los papeles la integración social, comunitaria, educativa y laboral de los enfermos mentales, primero van a tener que inventar la sociedad capaz de contenerlos, porque lo que es ésta, los genera, los expulsa, los reprime y los excluye. Por eso la ley se cura en salud cuando establece que, aunque el Estado es "garante y responsable del derecho a la salud mental", coordinará un sistema mixto de atención de la seguridad social, estatal y privado (Art. 8). Aparece claramente la veta privatista, meollo del asunto. La opinión del Partido Obrero es que lo primero es el aumento del presupuesto de salud mental para mejorar los hospitales y centros de salud existentes, para pagar bien a médicos y enfermeras, psicólogos y asistentes sociales, en los horarios necesarios; en segundo lugar, para crear los centros necesarios de atención y rehabilitación (y formación profesional). Implantar un subsidio para las familias con enfermos mentales, que financie su manutención y tratamientos. Y que el sistema de atención de salud mental sea estatal, bajo la dirección de los trabajadores de la salud y asociaciones profesionales, familiares de enfermos y organizaciones obreras. En cambio, la ley aprobada plantea otra cosa: Seamos progres, cerremos los "manicomios" y que de los enfermos mentales se encarguen las ONG, la Iglesia, las familias y la policía. Da la casualidad también que la Ciudad haya determinado como "zonas vacantes" y pasibles de emprendimientos inmobiliarios los terrenos que ocupan el Borda, el Moyano, el Infanto Juvenil y otros establecimientos de salud pública de la zona.

Llama la atención que el justicialismo, el cavallismo y la Alianza coincidan en que la nueva Ley de Salud Mental para la Ciudad de Buenos Aires es un paso progresista. Incluso la mayoría de los profesionales de la salud mental opina lo mismo. De hecho, la ley "consensúa" 14 anteproyectos presentados por diferentes asociaciones e instituciones profesionales. El eje del planteo votado es la prioridad que se pretende dar a los tratamientos ambulatorios y la crítica al sistema de internación y aislamiento. Son viejos reclamos de las corrientes antipsiquiátricas, cuyo principal antecedente es el movimiento impulsado en Italia por Basaglia y la reestructuración que en ese país se hizo de todo el sistema de salud mental. Reformas similares ya se han intentado en Argentina (en Río Negro y San Luis). Pero los efectos no han sido los mismos en uno u otro país, pues hablar de tratamiento ambulatorio sin tener en cuenta las condiciones sociales (laborales, habitacionales, educacionales, de salud, etc.) de la población, es una completa abstracción. La crítica a los sistemas de internación omite considerar que la inmensa mayoría de los pacientes psiquiátricos proviene de las clases más pobres y que su "cronificación" en los hospitales psiquiátricos es el resultado, principalmente, de la "crónica" situación de miseria de la población de la que provienen. De hecho, los pacientes de mayores recursos no han tenido que esperar ninguna "ley" para encontrar variadas alternativas terapéuticas por fuera del aislamiento y la internación. Lo esencial de esta ley pasa por el desmantelamiento de los hospitales psiquiátricos y centros de salud mental, aunque, como lo señala Página/12 (28/7) "nadie se atreve a anunciarlo, por la fuerte resistencia que un proyecto de esta naturaleza genera en los sectores gremiales que agrupan a los trabajadores de esos hospitales". Este desmantelamiento ya es mucho más coherente con las reducciones presupuestarias que, en el camino del desmantelamiento general del sistema de salud, desarrollan estos partidos patronales que han votado por unanimidad esta ley. Las ilusiones que la misma genera entre los profesionales de la salud mental responden a la influencia de ciertas corrientes filosóficas (Derrida, Badiou, etc.), cuyos esquemas de análisis siempre pasan por la "micropolítica". Al respecto convendría citar a uno de los fundadores de estas prácticas, Foucault, que dijo: "Si nos limitamos a realizar investigaciones siempre parciales o locales, ¿no corremos el riesgo de dejarnos nosotros mismos ser determinados por estructuras más generales de las cuales no podemos tomar conciencia y sobre las que podemos no tener control?". Las cuestiones terapéuticas son fundamentales al nivel de lo micro (es decir, de cada paciente en sí). Pero a nivel político, es decir general, la cuestión pasa, principalmente, por lo económico. Las principales medidas que tendría que incluir una ley de salud mental son: Seguro de 600 pesos para todos los enfermos psiquiátricos (y sus familias) incapacitados de trabajar. Salario mínimo de 600 pesos como piso para todo el escalafón salarial de los trabajadores de la salud mental. Presupuesto asegurado para el sistema de salud mental, en función de las necesidades materiales que requieran las variadas modalidades de asistencia terapéutica. Libertad de elección para los pacientes (o sus familiares) entre las diferentes modalidades terapéuticas. En síntesis, la solución de la "cronificación" de los pacientes psiquiátricos sigue pasando, principalmente, por la solución de la "crónica" situación de explotación y miseria a la que nos condena este régimen de explotación del hombre por el hombre.

La Legislatura porteña sancionó el jueves 27 de julio la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. Que los hospitales psiquiátricos constituyen un lugar de depósito de pacientes crónicos con demandas sociales más que terapéuticas, está fuera de toda discusión. Esto no es casual; es el rol que el régimen asigna a instituciones como manicomios y cárceles, lugares de aislamiento y reclusión de los "indeseables". La norma, dicen los legisladores, apunta a la prevención de las enfermedades mentales y la resocialización de los pacientes, a privilegiar los tratamientos ambulatorios y a la creación de dispositivos alternativos a la internación (casas de medio camino, talleres protegidos, hogares y familias sustitutas, granjas terapéuticas y sistemas de atención domiciliaria). También que la internación (que no podrá superar los 30 días) sólo se podrá llevar a cabo cuando no sean posibles otros abordajes. Actualmente, el Borda y el Moyano tienen 2.800 internados y el gasto anual en salud mental en el área de la Capital es de 60 millones de pesos. La ley plantea la desaparición de estos centros de salud y el despido de profesionales y no profesionales; desplaza el eje y la función de la institución hospitalaria a la "comunidad"; se encuadra en el proyecto de reestructuración del Estado y en el abandono por parte de éste de su responsabilidad sobre la salud de la población. Da piedra libre a la iniciativa "comunitaria privada" y no dice una palabra respecto al destino de los fondos destinados por año al subsector de la salud mental.

Cuenta el escritor Eduardo Galeano que, advertido de la situación de quiebra de la Fundación de René Favaloro, le preguntó a éste, no hace mucho tiempo, por qué no recurría a los "ricos muy ricos", que podrían deducir lo que aportaran de sus impuestos. "Sería una buena idea (le contestó Favaloro) si en este país los ricos muy ricos pagaran impuestos". Con absoluta crudeza, el creador del by pass (puente de arterias que reemplaza partes dañadas cercanas al corazón) retrató la descomposición social que lo llevaría a pegarse un tiro. Dice una información que la crisis de la Fundación Favaloro comenzó cuando el Pami transformó facturas por 2.800.000 pesos a favor de la Fundación en bonos a cobrar "quién sabe cuándo"; aunque éste fue, en todo caso, sólo el detonante de una cadena de cesación de pagos que involucra al Estado y a prestadores privados. El suicidio de Favaloro expresa una situación sin salida de la clase social que gobierna el país. Favaloro era, después de todo, un hombre del "establishment". Partidario de la privatización de la salud y la universidad, su Fundación debía beneficiarse con la "desregulación" de las obras sociales y el desarrollo del negocio de la salud. Por eso no cuestionó la política de demolición de las obras sociales y se puso a la cabeza del (frustrado) "seguro de salud" de la provincia de Buenos Aires, un sistema de medicina prepaga que corría con la ventaja de tener asegurado el mercado del Ioma. Impulsor de la desregulación, fue su víctima a la hora de competir en el "mercado" de la salud, en el que tuvo que actuar en el último tramo, sin poder contar con un prometido subsidio estatal de 8 millones de pesos, que fue eliminado del Presupuesto a iniciativa de la Alianza. ¿Con cuánto se "salvaba" a la Fundación Favaloro? ¿Por qué ni el Estado ni los privados le tendieron una mano y dejaron caer una "institución de excelencia"? Las preguntas inundan todos los medios, pero el tiempo demostrará que la razón por la cual se dejó hundir a la Fundación tiene que ver con una política de entregarla a capitales internacionales en lugar de mantenerla en pie por medio de una clientela cautiva del Estado. A horas de su muerte, la Fundación comenzó a despedir trabajadores y habría prohibido toda prestación no paga. El carácter social emblemático de esta muerte, no ha sido reconocido por nadie. Algunos dirigentes sindicales han convertido al cardiocirujano en el paladín de un régimen solidario y de bienestar social. "Favaloro quiso para su país Ðdeclaró Alicia Castro, del MTAÐ una sociedad mejor y un sistema de salud para todos. Apostó a un modelo solidario y perdió, en un contexto que privilegia el lucro y la especulación financiera y desalienta el trabajo, la innovación tecnológica y la producción nacional" (Página/12, 3/8). La izquierda, si se quiere, ha ido más lejos, convirtiendo al médico en un héroe del pueblo. "El tiro que dio en el corazón de Favaloro materializó el violento golpe que, como muchos, y como el país mismo, sufría este médico de parte de estas políticas y estos gobiernos, preocupados en servir a los poderosos de adentro y afuera y no a las necesidades del pueblo y la Nación" (Hoy, Pcr/Ptp, 2/8). La muerte del cardiocirujano ha colocado al rojo vivo el debate sobre la salud y ha planteado una polarización aguda y violenta sobre su futuro. Los grandes grupos y el gobierno de la Alianza están decididos a imponer la privatización total del sistema, para que "el Estado no pueda condenar a otros Favaloro". El suicidio de René Favaloro representa un acto de impotencia de una clase social, la que dirige este país.

El próximo 9 de septiembre, en la ciudad del Cordobazo, se realizará el Congreso fundacional de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, convocado por más de una decena de centros de estudiantes, cuerpos de delegados y activistas del movimiento estudiantil cordobés. El Congreso tendrá como ejes principales la discusión del carácter de la Coordinadora como central estudiantil de lucha, la elaboración de un programa y su constitución como sindicato de los secundarios. En este sentido existen tendencias que intentan desvirtuar el espíritu de la Coordinadora. La UJS, en este sentido, ha lanzado una gran campaña, principalmente agitando y organizando varios colegios, incluso en el interior provincial. Se están repartiendo miles de volantes y pegando cientos de afiches. La Unión de Juventudes por el Socialismo, fracción dirigente de este proceso, viene librando una encarnizada batalla por que la CES luche por el aumento del presupuesto educativo, por becas para los hijos de desocupados y trabajadores de bajos recursos, por terminar con la violencia en las escuelas y la represión de directivos y gobierno, por garantizar la educación a las madres estudiantes, por una educación libre, laica, estatal y gratuita, por una poderosa federación nacional de estudiantes secundarios para derogar la Ley Federal de Educación y para que junto a los trabajadores terminemos con estos gobiernos hambreadores y cipayos del imperialismo yanqui. La UJS de Córdoba está ante uno de sus desafíos más importantes de los últimos años. El triunfo de un programa de lucha y clasista sólo depende de la capacidad de la UJS de colocarse, ante los ojos de las masas estudiantiles, como una organización capaz de dirigir los procesos de lucha que se avecinan y encarar una lucha directa contra los privatistas de la educación y responsables de la actual crisis educativa.

Un conjunto de organizaciones obreras, delegados y activistas han publicado un afiche y editaron una declaración a favor de la huelga general por la derogación del ajuste y la reforma laboral, por un congreso nacional de delegados con mandato del movimiento obrero para organizarla y fijar un programa de salida obrera a la crisis. En la semana, delegaciones obreras firmantes de la "carta" llevaron su posición a la Asamblea Abierta de Télam, a la Asamblea de Trabajadores de San Martín, a los trabajadores de prensa en lucha de Clarín, al acto de los gráficos de Unión e intervinieron en la Asamblea Abierta del Conicet. Además, fueron enormemente aplaudidos en el corte de calle de los empleados legislativos y participan con columnas de desocupados y delegaciones obreras en la marcha de la CTA desde Rosario hasta La Matanza, con la bandera por los 500 pesos de subsidio al desocupado y los demás planteos reivindicativos y políticos del movimiento. Planteos frente a los cuales no se cree en su viabilidad parlamentaria sino en nuestra capacidad de imponerlos en la lucha con los métodos de la huelga general. La interna de los choferes de la Internacional se sumó a la movida. Publicamos a continuación nuevas adhesiones al llamamiento original de delegados y activistas, a quienes convocamos ya a una masiva campaña de apoyo al proyecto por 600 pesos de mínimo que presentará como primera medida el legislador del Partido Obrero en la Legislatura porteña, proyecto que constituye una bandera para todo el movimiento obrero de la Capital y de todo el país. Siguen firmas. Luis Omar Jiménez (Secretario General de la Comisión Interna Télam) e Ismael Abregú (Delegado Comisión Interna Télam) ñ Comisión Interna Choferes de La Internacional (UTA) ñ Osvaldo Cisneros (Delegado represaliado de Cables Lear (Smata) ñ Marcelo Kadener (Junta Interna SegemarñATE) ñ Norberto Arevalo (Comisión Interna Hospital Cordero de San FernandoñATE) ñ Daniel Sierra y Fabián Rodríguez (Congresales Suteba, General Sarmiento) ñ Trabajadores de TBA ñ Trabajadores de Ferrovías (zona norte) ñ Ana Galeani (Agrupación 8 de marzo, Hospital Castex) ñ Comisión de Desocupados de San Fernando ñ Marcelo Saravia (Comisión de Desocupados del Estadio, Salta) ñ Eusebio Liendro (Comisión Barrial de Desocupados, Salta) ñ Carlos Aguirre, Sergio Orellano y Miguel Angel Paez (Delegados Transporte General Manuel BelgranoñUTA, Rosario) ñ Cristian Tonarelli, Ana Vargas y Claudia El Masri (Comisión de Desocupados Zona Oeste) ñ Carlos Blanco y Mirta Oyola (Delegados Hospital Eva Perón, Rosario) ñ María Elena Molina y Muni Finkelstein (Delegados Amsafe, Rosario) ñ Enrique Giandomenico (Delegado Banco Bisel). Firman también 8 delegados de la UOM, Seccional San Martín.

La movilización generada por los trabajadores de Clarín-Olé, en respuesta a 20 despidos, ha derivado en una lucha generalizada en contra del alargamiento de la jornada laboral, el maltrato y el desconocimiento del convenio colectivo. El martes 1, se realizó una multitudinaria asamblea, la más numerosa de todas, a la que se sumaron los trabajadores de Olé y Mística, con sus propios reclamos. Estuvo precedida de una serie de asambleas por sección que fueron eligiendo a sus delegados para integrar la junta electoral, así como elaborando un pliego de reivindicaciones. A lo largo de más de dos horas, se fue denunciando a la empresa y la inacción del sindicato, que avaló el año pasado el surgimiento de la comisión interna repudiada. La asamblea ratificó la expulsión de los dos delegados propatronales del edificio de Tacuarí, convocando para el 16 de agosto a la elección de delegados. Asimismo, se repudió el intento de la patronal de ampliar la jornada laboral en el diario a 9 horas, considerándola la antesala a nuevos despidos. En este punto se produjo un hecho fantástico, porque los trabajadores pudieron tomar nota, en la primera asamblea conjunta, de la diferenciación salarial y laboral en los distintos medios editados por el monopolio. Los compañeros de Olé denunciaron que se los hace trabajar hasta 14 horas por 400 pesos. En un hecho sin precedentes, se resolvió elegir una Junta Electoral de 37 miembros 21 titulares y 16 suplentes que en los hechos actúa como un cuerpo de delegados. La Junta ha sido oficializada por el sindicato, y si bien hasta el momento la empresa no ha entregado el padrón de empleados, se calcula que se elegirán 9 delegados a la comisión interna. La patronal ha lanzado una política de desgaste y amenazas. Ha arrancado el aviso de la convocatoria a elecciones, pegado en las paredes del edificio, argumentando la prohibición de colocar carteles gremiales fuera de la cartelera sindical, cuya llave está en poder de los delegados expulsados. Al mismo tiempo, amenaza con despidos contra los compañeros que han cumplido un papel organizador en estos días. Pero existe una división a nivel gerencial entre el sector financiero y el periodístico, que se ha expresado en la participación en asamblea de numerosos editores, que son contrarios al alargamiento de la jornada laboral. La patronal no ha logrado alinear a su tropa. Pero nada debe ser descartado. Una decisión clara debe salir de la asamblea convocada para el martes 8, en el sentido de exigir que se termine con los aprietes y amenazas. Al mismo tiempo, la cuestión de tener un numeroso grupo de compañeros para la nueva comisión interna, que impida cualquier maniobra por parte de los ex delegados y la empresa, es un punto clave para que la lucha emprendida por los trabajadores de ClarínñOlé no sea confiscada. Eligen delegados en Olé! El diario Olé pertenece al Grupo Clarín y funciona en el mismo edificio que el periódico madre de los Noble. Sin embargo, los trabajadores del deportivo estaban totalmente marginados de la organización gremial, porque el sindicato (Utpba) los había excluido de las elecciones de delegados. Las condiciones de trabajo en Olé son, en algunos aspectos, peores aun que en Clarín. Hay decenas de "pasantes" que trabajan como cualquier otro compañero y cobran 400 pesos por mes por jornadas superiores a las 10 horas. Además, el trabajo se ha incrementado sistemáticamente porque no se cubren las vacantes de los compañeros que se retiraron o fueron despedidos (más de 15, en lo que va del año, sobre una redacción total de un centenar). Cuando se realizó la primera asamblea de Clarín por los despidos, algunos pocos compañeros de Olé dieron el salto y se incorporaron a la reunión donde se decidió echar a los delegados y llamar a nuevas elecciones. Al regreso de la asamblea, en Olé comenzó a discutirse la necesidad de tener delegados y, dos días después, en una asamblea general de la que participaron todos los compañeros del diario, y al calor del proceso de deliberaciones multitudinarias que se desarrolla en Clarín, se tomó la decisión de elegir a cuatro compañeros para enviar a una Junta Electoral única y se promueve a otros como eventuales candidatos a delegados. La Razón entra en calor En el diario de los Spadone las condiciones de trabajo son terribles. No sólo se pisotea diariamente el convenio; además, los compañeros han debido trabajar en jornadas de bajas temperaturas sin calefacción, operando las computadoras con guantes y abrigo. Los sueldos están entre los más bajos del gremio. La empresa ha prohibido la organización sindical. Si algo faltaba, la suspensión del matutino gratuito que se iba a sacar y las versiones de la venta de la empresa, al monopolio Clarín, han agregado una cuota de intranquilidad y temor. Bajo este clima, los trabajadores de prensa organizaron una asamblea, la primera en más de un año, donde se denunciaron los atropellos patronales, se solicitó a la empresa que informe sobre las versiones de venta, y se planteó la necesidad de tener una organización gremial que organice a los compañeros. Se dispuso convocar a una nueva asamblea para elegir Junta Electoral, y marchar a la elección de comisión interna. ¡Adelante compañeros!

Con casi 400 compañeros, sesionando en pleno horario de trabajo, la Asamblea General del viernes 11 fue la mayor del gremio de Técnicos Aeronáuticos desde que hace una década, en una instancia parecida, separaron a la conducción comprometida con la privatización de Aerolíneas. Después de 6 horas de debate contra las posiciones de la conducción, que había preparado un informe de tres carillas con los presuntos números de la crisis de la Obra Social, se rechazó el pago de un enorme adicional por afiliado, por 113 votos a 7 más otros 7 de la comisión directiva. En el debate se puso en evidencia que la directiva ya había firmado un convenio con Amsa, incluyendo el pago del adicional, que ahora habrá que deshacer. Los delegados combativos llevaron material de todo tipo probando el carácter trucho de los números de la comisión directiva. Se votó una Comisión Obrera de control de libros con un delegado de Aeroparque, un compañero contador de Ezeiza, ambos de Aerolíneas, y un trabajador de Austral, lo cual constituye un avance político colosal en el camino de que la clase obrera tome en sus manos el destino de los sindicatos y de las obras sociales. La victoria es un golpe ejemplar contra toda la política de negociados de la burocracia sindical con los pulpos privados de la salud. Habla también de una dirección acabada, colocando este debate a 40 días del 15 de setiembre, cuando se decidirá la suerte de Aerolíneas. Al mismo tiempo demuestra con claridad que los delegados y activistas que elaboraron conciente y organizadamente este triunfo están maduros como dirección alternativa para la lucha que se avecina, por la continuidad de Aerolíneas y contra los despidos, la rebaja salarial y la flexibilidad laboral. No casualmente ellos reclaman la inmediata Asamblea General de todos los gremios de Aerolíneas.

El martes 2 los investigadores, técnicos y personal del Conicet (Consejo Nacional de Ciencia y Técnica) tomaron la sede del organismo en la Capital Federal, lo que fue acompañado con ocupaciones en el interior del país. Reclaman que se les restituyan los 19 millones de dólares recortados al presupuesto 2000; la anulación de la baja del 12% en los salarios; la derogación del plan de "reestructuración" del Consejo, y la renuncia de Caputo (Secretario de Ciencia y Técnica) y Carrasco (Presidente del Conicet). Estas reivindicaciones fueron apoyadas por más de 2.000 firmas, el 30% de la totalidad de la planta dependiente del Consejo, en todas sus categorías. El Plan Caputo... La "reestructuración" anunciada del Conicet prevé que la mayoría de los 3.000 investigadores pase a las universidades y que la carrera de investigador quede anulada. Los 2.000 técnicos y 800 funcionarios quedarán a la intemperie, al igual que los centenares de becarios que integran actualmente el Consejo. El Conicet quedaría convertido en un "organismo residual". Se propone un aumento del 10% de los cargos "full time" de las universidades, lo que no cubre el 50% del plantel actual de los que dependen del Consejo. Este "pasaje", sin embargo, responde a una política del Banco Mundial, el cual condicionó sus créditos a "la necesidad de privatizar las unidades ejecutoras de ciencia como el Conicet, lo que redundaría en la abolición de 5.589 cargos, y las actividades de investigación deberían ser realizadas en universidades públicas o privadas" (del documento "Argentina: from insolvency to growth"). ...y sus contradicciones El plan original preveía el frente común de las camarillas universitarias y de investigadores ligadas a la Alianza. La quiebra de este frente ha potenciado la movilización actual y explica las renuncias de Mario Albornoz, un estrecho colaborador de Caputo, y de Pablo Jacovkis, que presidía el Conicet. Jacovkis y Albornoz son opositores al "shuberoffismo" (camarilla de la UBA), vinculados a sectores liberales y de la izquierda académica. Claro que la bancarrota económica agregó lo suyo, debido al recorte presupuestario y a la reducción de los sueldos estatales. La movilización adquirió, entonces, un carácter más radicalizado. Se votaron medidas de acción directa y la formación de un Cuerpo de Delegados, propuestas por investigadores de izquierda y combativos. La línea del gobierno será, ahora, tratar de recomponer relaciones con las trenzas postergadas, con vistas a "corregir" el plan Caputo. Para continuar la movilización actual habrá que desarrollar a fondo el Cuerpo de Delegados del Conicet en defensa de los reclamos planteados. Es necesario un frente común con los organismos de Ciencia y Técnica (Inti, Inta, Conea, etc.), las gremiales universitarias y el movimiento estudiantil.

Desde el martes 1, los docentes del Carlos Pellegrini y del Nacional Buenos Aires entraron en una huelga por tiempo indeterminado. El reclamo de los docentes es el pago de la deuda del Fondo de Incentivo Docente. Además, les están descontando los días de paro, pero no les dan recibo de sueldo; por lo tanto, no saben qué les están descontando. Los estudiantes de los colegios apoyan activamente el paro, realizando incluso clases públicas en la puerta de los mismos. Aquí reproducimos un reportaje a tres docentes de la Asociación de Profesores del Nacional Buenos Aires, dirigentes y protagonistas activos de la lucha más masiva e importante de los últimos tiempos en el Colegio. ¿Cómo fue que tomaron la decisión de realizar un paro por tiempo indeterminado? Virginia González Gass: El problema es que nos habían cortado las negociaciones y no se cumplió con lo acordado de pagar el incentivo respecto al año 1999, sólo nos dieron una parte. Entonces el martes 1 convocamos a una asamblea y votamos comenzar con el paro. Los docentes del Carlos Pellegrini ya habían comenzado el lunes por la mañana. Osvaldo Kornblitt: Nosotros dimos dos luchas. La primera fue para que la Ley de Incentivo Docente incorpore en el aumento también a los docentes preuniversitarios, y la ganamos porque el Congreso lo aprobó. Ahora la lucha es para que efectivamente nos paguen. En ocasiones anteriores ustedes habían realizado paros de 24, 48 ó 72 horas. ¿Por qué ahora decidieron realizarlo por tiempo indeterminado? Virginia González Gass: Con los paros de 24 y 48 horas no conseguimos respuesta, ahora el paro es hasta que nos den una solución. Ahora bien, ¿a quién le están reclamando una solución? Virginia González Gass: Nuestro reclamo es hacia las autoridades de la Universidad de Buenos Aires y del Ministerio de Educación. Silvia Nogueira: Además, ahora nos dicen que el incentivo de 1999 no nos corresponde, cuando ellos mismos nos pagaron una parte del incentivo de ese año (cien pesos). Incluso hay actas firmadas de la UBA que nos lo reconocen. ¿Qué respuestas obtuvieron hasta el momento? Virginia González Gass: Nos reunimos con el Ministerio de Trabajo. En el acta que salió de esa reunión nos querían hacer firmar que la discusión pasaba por dos ejes, primero, que se entreguen los recibos de sueldo, y segundo, resolver los posibles descuentos, cuando nos habían dicho que iban a devolver y compensar los días de paro. Silvia Nogueira: Además, tampoco figuraban en el acta otras cuestiones como las recategorizaciones (cambio de área de personal, que ahora trabaja más y cobra 40% menos). Es parte del ajustazo al presupuesto. Tampoco el problema de los docentes a los que les dieron más horas y no las están cobrando. Nosotros decidimos retirarnos de la reunión y no firmar nada; eso sí tanto los "representantes" de la UBA como los de Aduba firmaron el acta. Después de eso, ¿los atendió alguna autoridad de la UBA? Virginia González Gass: Nos citó el secretario general de la UBA, Mas Belez. Nos planteó la negativa de la UBA de reconocernos como "parte" del conflicto, porque dice que no tenemos personería jurídica, no somos una "entidad" de la universidad. Nos dijeron que ellos no nos iban a dar ninguna respuesta y que levantemos la lucha. Le dijimos que hasta que no haya una respuesta íbamos a seguir de paro y nos fuimos. ¿Qué balance pueden sacar hasta el momento de la lucha? Osvaldo Kornblitt: El paro está siendo muy masivo... Silvia Nogueira: Acá no hay duda de que los estudiantes son protagonistas; también los padres nos dieron su apoyo. Es muy distinto tenerlos al lado que enfrente. Los medios oficiales nos vinieron a decir que "los chicos quieren aprender": les dijimos que nosotros les estabamos enseñando a defender sus derechos. Osvaldo Kornblitt: Está claro que los estudiantes no están "zafando"; nos apoyan y esta lucha viene junto a un crecimiento de la conciencia estudiantil. Entrevista realizado por Martín Rieznik miembro del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires

Los "progresistas" dejaron de cumplir, a partir del lunes, el rol exclusivo de furgones de cola de la UCR, porque de aquí en más se pondrán al frente en la ejecución de la política oficial en un ámbito tan decisivo como la Ciudad de Buenos Aires. Para ejercer esta nueva función, Ibarra deja de lado las habituales excusas por la "herencia recibida", lo que es natural porque sucede a otro gobierno de la Alianza. Pero el continuismo resulta aún más justificado, porque ha sido precisamente Ibarra el fogonero de las maratónicas sesiones que le permitieron a la Legislatura saliente aprobar unas 150 leyes en menos de lo que canta un gallo. Todo el arsenal de medidas que necesitaban los especuladores inmobiliarios, los tenedores de la deuda pública y los capitalistas comunes y corrientes, está precisamente definido en esa legislación. Al saludar la herencia que recibe de la gestión de De la Rúa-Olivera, Ibarra hace algo más que agradecer a sus "sponsors": los absuelve de la responsabilidad política por el cuadro social de la ciudad. Ibarra debuta con el otorgamiento de un punto final y la obediencia debida para quienes dejaron en la ciudad más rica del país una desocupación del orden del 12%, que llega al 22% con los subocupados, y un 50% de trabajadores que ganan menos de 500 pesos por mes. De acuerdo al último informe del Indec, estos ingresos cayeron cerca de un 10% en el último año y la brecha entre los más ricos y los más pobres se elevó a casi 25 veces, el doble de la que existía en 1974 (Clarín, 8/8). ¿Se puede comenzar una gestión "progresista" con la reivindicación de este inventario? La satisfacción que declara Ibarra con "la gestión que concluye" condena a la suya al fracaso. Ibarra no enunció siquiera una medida que apunte a enfrentar la situación de bajos salarios, largas jornadas de trabajo y tremenda desocupación. Puso en evidencia las contradicciones insalvables del planteo "progresista" al señalar, por un lado, que la prosperidad capitalista no tiene un efecto de "derrame" en beneficio de los trabajadores, y al abstenerse, por el otro, de impulsar cualquier medida de defensa social. Lejos de eso, se puso a la vanguardia en la defensa de la "competitividad" para las patronales, a la que ha destinado toda la política de inversión pública. "La creación de empleo es uno de los desafíos", dijo Ibarra, y enseguida dio vuelta la hoja. Ibarra dejó en claro que su consigna es la misma que la de De la Rúa y Cavallo, o sea, convertir a Buenos Aires en una "capital financiera" internacional. Por eso su eje es la especulación inmobiliaria, a la que los bancos quieren destinar el grueso de los capitales que recogen. La reforma del Código de Planeamiento Urbano apunta en esa dirección, toda vez que no impone ninguna norma que asegure la vivienda para los trabajadores, pero que sí habilita la construcción de torres y hoteles en zonas hasta ahora vedadas. A esto lo ha llamado "el desarrollo del sur", aunque la principal mira de los monopolios se encuentra en la zona de Retiro, que será habilitada por una legislación posterior. Las obras de infraestructura de las que se jacta el progresismo, como el plan hidríco e incluso la ampliación de los subtes, apunta a "poner en valor", como les gusta decir a los afrancesados frepasistas, nuevas áreas urbanas. Que el Estado invierta el dinero de los contribuyentes para financiar los subtes que explota Metrovías es un claro ejemplo de lo que el "progresismo" entiende por "acción pública". El flamante jefe de Gobierno no quiso privarse de un toque nacionalista en su discurso inaugural, pero se vio obligado a hablar de beneficios para las empresas "locales", porque de lo contrario hubiera debido dejar afuera al 80% del capital, que pertenece a extranjeros. Entre el paquete de leyes sancionado en la nocturnidad, figura la de mobiliario urbano, un gran negociado de instalaciones públicas que está igualmente abierto para empresas tanto extranjeras como nacionales. El "nombre del juego" del gobierno que comienza se llama "La Corporación del Sur", que está encargada de vender los terrenos e inmuebles que han quedado baldíos y deshauciados por la crisis capitalista en la industria. El Gobierno de la Ciudad será, por sobre todo, un síndico de la ejecución de la propiedad pública, renunciando a valerse de ella para promover una auténtica política social. Como ocurre con cualquier liquidación de quiebra, malvenderá terrenos y propiedades en beneficio de la especulación capitalista. A esto Ibarra lo ha llamado "instrumento de gestión", cuando en realidad se trata de la sustracción del control de la Legislatura sobre el destino de la propiedad pública de la ciudad. El progresismo, como su antecesor liberal, se agota en lo formal y no sale del discurso. Pero detrás de las formas constitucionales o legales que postulan una igualdad en abstracto opera una realidad social de concentración capitalista, confiscación económica en beneficio de un puñado de pulpos, superexplotación y empobrecimiento. Lo formal disimula el contenido clasista explotador y se transforma en instrumento de éste. Por eso es que el gobierno frepasista que debuta fracasará en todos sus postulados de progreso y actuará como fiel ejecutor de los dueños reales de Buenos Aires Ðlos bancos, los especuladores inmobiliarios, los pulpos internacionales de servicios y supermercados, y las grandes corporaciones del puerto.

El levantamiento del paro portuario no ha calmado las aguas en Mar del Plata. Sigue pendiente el pago de salarios caídos que reclama un sector de Conductores Navales, Patrones y Capitanes. El miércoles 2 el Ministerio de Trabajo local tuvo que dictar la conciliación obligatoria. Para las lanchas "amarillas" tuvo que desconocer la reducción salarial del 30% que establecía un acuerdo entre la burocracia del Somu nacional y la patronal. Además, el Ministerio intimó a los patrones a abonar los salarios caídos desde el 18 de julio a los trabajadores de la pesca. En el sector de tierra existe un reflujo generado por la expectativa de volver a trabajar después de casi cuatro meses de estar parados. Profundización Este conjunto de conflictos parciales es solo una expresión de una situación de fondo, pues el gobierno continúa con la política de "ordenar" un caladero agotado y al borde del colapso (este es el origen esencial de la crisis). Los trabajadores portuarios perciben este empantanamiento e irrumpen con sus reclamos, resistiéndose a seguir pagando las consecuencias de la crisis. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca firmó un acuerdo con la Facultad de Derecho local para revisar todos los permisos de pesca con el objetivo de reducir la flota (y su capacidad de captura) en un porcentaje no inferior al 30% (y tendrá un correlato de despidos y suspensiones en mar y tierra). Esta situación de conjunto, agravada por la cuota máxima para pescar de acá a fin de año, ha motivado al empresariado a profundizar su ataque contra el sector de tierra, con diferentes maniobras. Muchas "cooperativas" no volverían a trabajar; en otros casos se chantajea a sus presidentes para que "efectivicen" al personal (a través de la firma de contratos a término), bajo la amenaza de no entregarles más pescado; otras cierran directamente. El Soip Es en este cuadro que la Comisión Directiva Provisoria del Soip, electa y ratificada en multitudinarias asambleas, se va abriendo paso, empeñada en reorganizar un gremio cuyas conquistas esenciales fueron arrasadas en los últimos años. En la conferencia de prensa convocada "para repudiar el cobarde atentado del que fuéramos objeto y para informar de la real situación institucional de nuestro gremio" (ver aparte), Patricia Comparada informó que "desde 1998 no hay elecciones en nuestro gremio. Nosotros reclamamos movilizados e intimamos por carta documento la convocatoria a asamblea extraordinaria y nunca hubo respuesta. Lo que pasa es que no hay quien nos responda. Entonces, los trabajadores nos reunimos en asamblea y votamos una Comisión Provisoria que tiene el mandato de normalizar el gremio, afiliar a los compañeros que no están afiliados hasta este momento, pedir una amnistía para los que tienen desactualizada su cuota sindical y, en un plazo de 90 días, lanzar un proceso electoral. Seguimos todos los pasos que corresponden al área del Ministerio de Trabajo para que blanquee la situación y se permita la normalización de nuestro sindicato" (La Capital, 3/8). Ante una numerosa concurrencia, llamó a construir desde ya el cuerpo de delegados en las plantas que están comenzando a trabajar y a redoblar los esfuerzos para seguir recolectando la adhesión al petitorio que contiene el pliego de reivindicaciones votado en asamblea: aumento salarial y de la garantía horaria; 0,18 peso el kg de filet y 3 pesos la hora para peones y envasadoras; blanqueo de todos los trabajadores en negro. Un objetivo central lo constituye el sector efectivo del gremio y su cuerpo de delegados, que está comenzando a manifestar su rechazo hacia la ex comisión directiva (sobre todo al ver que una vez concluido el conflicto portuario varios gremios consiguieron arrancar aumentos de la patronal, mientras que los trabajadores de tierra continúan postergados). Es necesario movilizar a los compañeros efectivos para unir a todos los obreros de tierra (resolver un plan de lucha de conjunto e imponer sus reivindicaciones) para impedir la aventura impulsada por elementos ajenos a los intereses de los trabajadores del pescado, como es el caso de Ronner Ðlista GranateÐ, quien se juega a conseguir la intervención del gremio y llegar a la dirección del sindicato de la mano del PJ.