Prensa Obrera N° 675

El viernes 28 pasado, una delegación del PO, compuesta por Altamira, Sergio Villamil y Marcelo Ramal, se entrevistó con Aníbal Ibarra con motivo de la invitación oficial a un diálogo político. Los compañeros hicieron entrega a Ibarra y a la prensa de un comunicado, cuyos principales conceptos se extractan a continuación. Buenos Aires, 27 de julio de 2000 Al concurrir a la invitación al diálogo político que usted, en su carácter de Jefe de Gobierno electo, nos ha formulado, creemos oportuno manifestarle nuestro punto de vista respecto de las siguientes cuestiones: I. ... Señalamos nuestra oposición a la decisión de la Alianza de sancionar, en los contados días y horas de vigencia de la Legislatura saliente, un conjunto de leyes que impactarán decisiva y, a nuestro juicio, negativamente sobre la población trabajadora y los vecinos de la Ciudad. Tal es el caso, entre otras, de la reformas del Código de Planeamiento y de las modificaciones a la ley de impacto ambiental. ... La Defensoría del Pueblo de la Ciudad ha caracterizado a esta reforma como "una máscara que oculta los intereses de los grandes operadores de los negocios inmobiliarios, y no expresa las inquietudes de los vecinos"... 2. Señalamos nuestra preocupación frente a ... un "pacto de agenda legislativa" entre la coalición gobernante y la primera oposición (que) transformaría a la Legislatura entrante en una mera convalidadora de proyectos ya resueltos fuera de su ámbito. (Esto cuando) el Poder Ejecutivo Nacional acaba de reiterar la idea de hacer de la Ciudad "un gran centro financiero internacional" –con la secuela de superexplotación, carestía de vivienda y expulsión de trabajadores de la Ciudad... 3. ... Rechazamos toda restricción a la participación plena de los bloques de representación menor en las Comisiones de la Legislatura entrante. ... En definitiva... una política de diálogo no es coherente con una política de hechos consumados y de ‘agendas legislativas’ pactadas con la derecha. Marcelo Ramal , apoderado Sergio Villamil, por el Comité Capital del P.O. Jorge Altamira , diputado electo por el P.O. a la Legislatura de la Ciudad

Cuando el imperialismo norteamericano y su marioneta, la OEA, acompañados activamente por los gobiernos continentales de centroizquierda y de centroderecha, se encuentran empeñados en encarrilar la crisis peruana hacia una salida satisfactoria para sus intereses, reclamar que el gobierno argentino rompa relaciones con Perú, como lo reclaman el Mst y Vilma Ripoll (Página/12, 29/7), significa ponerse a la cola del imperialismo y hasta saltarse a la primera fila. Cuando las masas peruanas necesitan superar su dirección neoliberal, como es la del ex candidato Toledo, promover la intervención de los estados latinoamericanos que ejecutan las órdenes de Washington significa condicionar el proceso político peruano a las alternativas que maneja el imperialismo. En lugar de pedir la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de De la Rúa, habría que denunciar al imperialismo yanqui y a la OEA, que buscan una salida democratizante y neoliberal sosteniendo simultáneamente a Fujimori, por un lado, y los reclamos de democratización de Toledo y del frente de partidos que lo respalda, por el otro. "Internacionalizar la crisis peruana" es una consigna reaccionaria. Así lo demuestra lo que ocurre en Colombia, donde el empeño de las Farc por meter en el ‘proceso de paz’ primero a la Bolsa de Nueva York y recientemente a la Unión Europea, concluyó hace tres semanas con el pleno respaldo de la Bolsa y de la UE a la política norteamericana de mandar helicópteros fuertemente equipados para intervenir en la llamada lucha contra el narcotráfico. El envío de veedores electorales, sea de parte de la ONU, de los Estados Unidos o de James Carter, con el alegado motivo de verificar la pureza de los procesos democráticos, se ha institucionalizado como un derecho de vigilancia y hasta de veto que el imperialismo ha ido estableciendo, con argumentos democráticos, en toda América Latina. En todos los países donde esto se ha consentido, el resultado ha sido la emergencia de gobiernos digitados (democráticamente) por el imperialismo. Se trata de un procedimiento que los yanquis gustarían de ver aplicado en Cuba, lo cual es suficiente para caracterizar toda esta política. La política democratizante que pretende ahorrarse el camino de la revolución social por la disputa al interior del Estado capitalista, concluye siempre sirviendo al imperialismo.

En la noche del viernes 28 de julio, la Legislatura saliente de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la reforma al Código de Planeamiento Urbano, es decir, del conjunto de normas de edificación que rigen en todo el territorio porteño. Su eje es la zona sur, a la que se califica como "área de desarrollo prioritario". ¿Significa esto que se abre un plan de obras y viviendas para la población trabajadora de esta zona de la ciudad? Según Rubén Campos, presidente de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura saliente, "la nueva ley promoverá la formación de centros de relevancia en los barrios porteños". De acuerdo al nuevo Código, en el sur "se podrán encarar, de ahora en más, emprendimientos comerciales mediante convenios urbanísticos mixtos entre el Gobierno de la Ciudad y empresas privadas para construir áreas de recreación, cines y teatros" (Página/12, 28/7). Se trata, en definitiva, de impulsar una onda inversora en shoppings y otros emprendimientos comerciales e inmobiliarios de alto lucro capitalista. Con ese propósito, se autorizan edificaciones de mayor altura en un conjunto de avenidas de la ciudad. La habilitación de convenios especiales entre el Gobierno de la Ciudad y grupos capitalistas delata la intención de promover la especulación urbana y la ausencia de cualquier política de vivienda popular. Estos convenios podrán adquirir la condición "del denominado ‘Convenio Especial’, que sólo necesitará de la decisión del Ejecutivo" (La Nación, 28/7). A su turno, y como parte de la sesión omnibus, la Legislatura habilitó, sin estudios ambientales ni audiencias públicas previas, los llamados emprendimientos de mediano impacto. Entre ellos, "la construcción de edificios, las ferias, centros deportivos y salas de juego" (La Nación, 27/7). El nuevo ordenamiento urbano, sancionado en forma conspirativa, será ejecutado sumariamente por el Ejecutivo de la Ciudad, al margen de cualquier consideración legislativa o popular ulterior. Las áreas de Retiro El nuevo Código identifica a más de 165 hectareas de terrenos de uso ferroviario –las más importantes son las de Retiro– como zona de "urbanización futura" sujeta a "desarrollos urbanos integrales" que "deberán preservarse en un 65% para espacios verdes". Pero resulta que "casi la mitad de ese 65% corresponde a veredas y calles, y además el Ente de Administración de Bienes Ferroviarios se reserva extensas zonas comercializables en todas las ex playas ferroviarias" (Osvaldo Echevarría, de la Asociación de Amigos del Lago, en Clarín, 10/7). Queda sellado, de este modo, el destino de "la única reserva de espacios verdes que queda en la ciudad, y la única susceptible a ser destinada a aumentar las areas verdes de uso público, que la ciudad necesita con urgencia" (Javier García Elorrio, presidente de la Fundación Ciudad, La Nación, 10/5). La resolución sobre Retiro coloca a más del 70% de esta vital superficie de la ciudad a disposición de los pulpos bancarios e inmobiliarios. Una ciudad para banqueros y especuladores El nuevo Código impulsa una oleada especulativa que conducirá naturalmente al encarecimiento del suelo para edificación, a la elevación de los impuestos inmobiliarios y, por lo tanto, a la expulsión de los trabajadores. Como el Banco de la Ciudad actuará como uno de los ejes financieros de este operativo especulativo, los ‘progresistas’ del Frepaso discuten la posibilidad de que lo presidan los agentes de fondos de inversión internacionales, como Redrado o González Fraga. El Partido Obrero denuncia este nuevo engendro y llama al pueblo de la ciudad, y a sus organizaciones barriales y vecinales a luchar contra la privatización del suelo urbano por medio de una movilización política integral.

La derrota electoral sumió al centroizquierdista PRD de México en una crisis aguda. En unos pocos días, renunciaron su secretario general y cinco miembros de su Comité Ejecutivo. Hasta el propio liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, está cuestionado: "Pocas veces se han escuchado tantos insultos y acusaciones como los vertidos en el IV Consejo Nacional del PRD (realizado después de las elecciones)" (El País, 24/7). ¿Cómo piensa el PRD remontar la crisis? Ofreciéndose como aliado parlamentario del derechista Fox, ganador de las elecciones. Después de haberlo calificado como "fascista", Cárdenas declaró que "no apostamos al fracaso del gobierno", para plantear "una negociación madura" con Fox. Comentando la noticia del ‘ablandamiento’ de la posición del PRD frente al nuevo gobierno mexicano, el Financial Times dice que "esta rama de olivo que le ofrece el partido centroizquierdista a Fox, ofreciéndole negociar reformas políticas vitales (...) será una considerable ayuda para Fox", el cual no ha logrado obtener una mayoría parlamentaria (25/7). Las "reformas vitales" de Fox son, recordémoslo, la privatización del petróleo y la unidad monetaria con los Estados Unidos, es decir la virtual dolarización de México. La información confirma lo señalado en la última edición de Prensa Obrera acerca del "empalme entre el centroizquierda y la derecha" y el particular lugar que juega Chiapas y la rebelión indígena en esta combinación. "El Estado de Chiapas –informa el mismo diario– también puede ser un punto de convergencia". Allí, para las próximas elecciones estaduales, se ha constituido un frente que integra tanto al PRD como al PAN de Fox, que lleva como candidato a un ‘disidente’ del PRI. Todo esto retrata el destino derechista del centroizquierdismo.

En la asamblea barrial del Bajo Flores los vecinos que habitan la Villa 1-11-14 denunciaron que la urbanización que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad y la Comisión Municipal de la Vivienda no contempla viviendas para todos los moradores actuales del barrio. Se construyen soló 600 viviendas y la población es de 6.000 familias, de las cuales 1.200 serán inmediatamente afectadas por el trazado de nuevas calles. Los vecinos han preguntado, sin encontrar respuesta, por qué no se han asignado nuevas tierras, fiscales o de otro tipo, para la construcción de más viviendas. Esto a pesar de los reclamos para que se asignen terrenos desocupados de las inmediaciones o instalaciones del municipio (DAOM), casi completamente vacías. También plantearon si es cierto que no se pueden construir edificios de más altura, para más gente, porque los terrenos son zonas bajas y pantanosas que fueron rellenadas. El otro gran problema es que los requisitos para acceder a las viviendas son inalcanzables para la gran mayoría de los actuales pobladores. Son créditos hipotecarios, por lo tanto ejecutables, que requieren un sueldo mínimo verificable y documentado de 400 pesos, para un sólo ambiente chico, y de allí para arriba. Setecientos de sueldo y cuotas de 142 pesos mensuales a 20 años, para un departamento de 3 ambientes. Tampoco se reconoce el valor de las mejoras y las viviendas hechas por los vecinos, en muchos casos desde hace decenas de años. No se los considera habitantes, como lo son realmente, ni como propietarios, sino como ocupantes. En este plan, no hay ninguna posibilidad de que los desocupados y los que trabajan en negro o con empleos transitorios sean considerados. Con lo cual la gran mayoría del barrio queda afuera. Y lo que hay aquí no es ninguna urbanización sino una erradicación encubierta. ¿A nadie se le ocurrió encarar conjuntamente con el plan de vivienda un plan de trabajo para los desocupados, inclusive en las obras de urbanización del propio barrio? ¿Y un seguro al desocupado para el que no consigue trabajo, para que todos tengan la ‘igualdad de oportunidades’ que permanentemente se pregona para acceder a un techo? Lo que en realidad se busca es que esta ‘urbanización’ cree las condiciones para un encarecimiento de la vivienda y el pago de impuestos, servicios, etc., que obligue a los actuales habitantes a emigrar y, en poco tiempo, se abra el negocio a los especuladores inmobiliarios. El Partido Obrero, que apoya incondicionalmente la lucha y las movilizaciones de la Villa por el pleno acceso a la vivienda, plantea: vivienda para todos los actuales habitantes; utilización de terrenos fiscales o expropiación de tierras para construir las viviendas necesarias; cesión de los terrenos y escrituración inmediata; construcción de viviendas mediante cuotas no superiores al 10% del sueldo del jefe de familia; moratoria del pago para desocupados; puestos de trabajo y seguro al desocupado de 600 pesos de mínimo. Explotación y muerte en las obras de la Villa Las obras de urbanización de la Comisión Municipal de la Vivienda están a cargo de contratistas que pagan salarios de 1,25 pesos la hora, muy por debajo de los mínimos salariales que se requieren para acceder a las propias viviendas del plan (ver artículo). Por lo tanto, los obreros que construyen el nuevo barrio, muchos de ellos actuales habitantes de la Villa, no van a tener acceso a esas viviendas. Estas empresas y sus subcontratistas tampoco cumplen las mínimas medidas de seguridad laboral, lo que provoca accidentes y, en los últimos días, incluso la muerte de un obrero al caer desde gran altura en el obrador Bonorino. Esa obra fue paralizada pero se desconocen qué medidas tomaron las autoridades y bajo qué condiciones continuarán los trabajos. Otra denuncia es que estos trabajadores son despedidos permanentemente y reemplazados por otros traídos del interior, con menores sueldos, estableciéndose una rotación para evitar un personal estable y organizado, que cuestione las miserables condiciones de trabajo. El Partido Obrero plantea: fuera las contratistas; control por delegados y trabajadores de las condiciones de seguridad en las obras; reincorporación de los despedidos; salario mínimo de 600 pesos por 8 horas de trabajo; que se incorpore a las obras a los desocupados de la Villa.

Dos campesinos ‘sin tierra’ –uno en Recife, el otro en Ceará– fueron asesinados en los últimos días. Los asesinatos se produjeron como represalia a una gran jornada nacional de protesta del MST, que movilizó decenas de miles de campesinos en 19 de los 27 estados brasileños. El compañero asesinado en Recife estaba en una movilización frente a las oficinas del Banco de Brasil, en Pernambuco, capital del Estado, cuando fue tiroteado por policías vestidos de civil. El otro compañero fue asesinado por pistoleros contratados por los hacendados de la región, que irrumpieron a los tiros en un campamento del MST. Otros nueve compañeros fueron heridos. Ninguno de los asesinos fue detenido. Los que sí están detenidos son los militantes del MST: en San Pablo ya son 17 los presos; 11 en San José dos Campos, y 6 en Boituva (estos últimos desde noviembre de 1999). Los campesinos que luchan por la tierra, están presos o son asesinados; sus asesinos, policías y hacendados, están en libertad para seguir matando.

Que la pobreza también está globalizada lo sabemos, pero a veces no nos alcanza con el conocimiento teórico; muchas veces sentimos el golpe de la realidad en vivo y es como si se nos refrescara en la mente y en la carne que es verdad, que existe. Una película tiene también ese mérito, cuando muestra una realidad política, social, y sirve además para denunciarla. "Todo comienza hoy" es el logro de Bertrand Tavernier, de mostrarnos, con una dinámica propia del director, que Francia no está exenta de la crisis mundial del capitalismo, de la debacle de toda propuesta socialdemócrata, y que por ello se parece más de lo que creíamos a cualquier barrio de nuestro Gran Buenos Aires, o de cualquier rincón de la Argentina, como una escuelita en Tilcara, quizás. Todo comienza en un jardín de infantes, donde vemos pasar infinidad de conflictos. Falta de recursos, salitas superpobladas; los maestros peticionan 25 chicos por sala y tienen como 35, y lógicamente, con una sola maestra. Pero la miseria entra al colegio de la mano de los chicos. Los padres desocupados, desmoralizados, no los hacen concurrir regularmente. Hay pibes que no compran el ticket para el comedor, y el director tiene que pelearse con el distrito escolar para que priorice la alimentación de la infancia y no el ticket. También llega un chico golpeado, con marcas en el cuerpo por la violencia familiar. También está la familia sin trabajo de hace meses, con una madre alcohólica, que no ve ninguna salida. Les cortan la luz, porque no pagan; le van a sacar la casa, porque deben el alquiler. La familia que toma café con leche con vainillas como comida diaria. Y la famosa Asistencia Social, a la que, dicho sea de paso, le redujeron el personal, y choca constantemente con el sistema de ‘ayuda’, porque reconozcamos que con eso no basta. Chicos ‘mudos’, chicos golpeados, chicos desnutridos, chicos sordos. Padres desocupados, padres alcohólicos, padres desamparados, padres desvalorizdos, padres desesperanzados, padres desesperados. La crisis del capitalismo lleva a la muerte, a la droga, al alcohol; aparecen los problemas de desnutrición, psicológicos, de aprendizaje, de desarrollo de los niños. Trabajadores inmigrantes y franceses, aparecen como son, todos explotados. El sindicato no organiza, una maestra con diez años de sindicalización ya no confía en sus dirigentes y asegura que sólo defienden sus propios privilegios, cuidan su sillón. El alcalde comunista electo no puede hacer más nada. Con el reformismo no alcanza y la ayuda individual finalmente es un callejón sin salida. "Todo comienza hoy" es un espejo en el cual podemos ver nuestra realidad. Buenos Aires, París, La Matanza, y Rouen, LAPA y Air France. "Les Miserables" no está demodé. Sólo si nos organizamos podremos poner en "pie a los esclavos sin pan"; ahí sí todo va a comenzar.

El gobierno frenteamplista de Montevideo anunció que podría anular los aumentos salariales de los empleados municipales previstos para agosto. Se trata de una provocación y de una declaración de guerra. Primero fue el intento de flexibilizar a los recolectores de residuos y de eliminarles las horas extras; la respuesta fue la huelga de once días de los recolectores de residuos. Después fue la reducción del salario de los trabajadores de los Centros Comunales mediante la eliminación del trabajo sabatino; la respuesta fue la movilización de los trabajadores de los Centros el día de la asunción de Arana. A cada ataque del gobierno municipal frenteamplista, una respuesta obrera de movilización y lucha. El ataque contra los municipales responde al intento de la ‘izquierda que se une’ de darle una salida capitalista a la crisis financiera de la Intendencia de Montevideo: "El asunto de fondo es la existencia del déficit de la Intendencia". Quien lo dice es alguien muy autorizado, Hugo Díaz, director de Recursos Financieros del anterior gabinete de Arana (Tiempos del Mundo, 27/7). Díaz destapa la olla ahora, cuando quedó fuera del nuevo reparto de cargos. La crisis fiscal de la Intendencia de Montevideo no se diferencia de las que sufren las intedencias del interior, gobernadas por los blancos y colorados, porque todas han seguido la misma política capitalista de subsidios a los patrones, privatizaciones, tercerizaciones y despidos de empleados municipales. Tampoco se diferencian sus ‘soluciones’ antiobreras. Por eso los municipales están en lucha en medio Uruguay: hay paros, manifestaciones y ocupaciones de edificios públicos en Rocha, Artigas y Bella Unión. Esta ‘coincidencia’ explica el bloque político patronal, desde el presidente Batlle hasta la prensa patronal sin excepciones, que sostiene a Arana contra los municipales de Montevideo. Ocurre que el gobierno ‘progresista’ de Montevideo es la vanguardia de esta ofensiva. Ernesto de los Campos, integrante del Comité Central del Partido Socialista y viceintendente del nuevo gobierno de Arana, amenazó a los municipales: " Si se reitera un nuevo conflicto, se tercerizaría el servicio" (Búsqueda, 15/6). La ‘izquierda que se une’ uruguaya ha acuñado su propia versión del famoso "ramal que para, ramal que cierra" menemista. "Algunas medidas (de Arana) sólo se comprenden si existe voluntad privatizadora", dice el desplazado Hugo Díaz. Es decir que Arana quiere privatizar los servicios municipales. También, para abaratar obreros para los privatizadores, anuncia la revisión del aumento ya previsto para agosto. Mientras el gobierno de Montevideo y el Frente Amplio atacan y patotean a los municipales en beneficio de los privatizadores, la Izquierda Unida del PC y el Mst continúan en el más completo de los silencios. Es decir, en la más absoluta complicidad.

Para hacer frente a las numerosas necesidades que existen en las barriadas, el PO está impulsando la autoorganización de los trabajadores y vecinos para conseguir ropas, abrigos u otros artículos y repartirlos conforme a las prioridades. "Lo que sobra, al que le falta" es el slogan de esta campaña que estamos impulsando en el marco de la Campaña Financiera Nacional del PO. En este número damos a conocer la experiencia de los militantes del PO de la Vecinal de Unidad y Lucha de Villa Corina. Nos reunimos con Alicia y la ‘Negra’ Norma, militantes del PO y dirigentes de la Vecinal Unidad y Lucha, de Villa Corina. Desde la Vecinal están implementando un sistema de recolección de ropa y redistribución entre los vecinos. "Nos pasamos la ropa de los niños mayores a los menores", nos dicen. La solidaridad y la autoorganización son los pilares de esta actividad. "Hemos formado una gran red", comentan. Alicia nos cuenta que hace un tiempo existían ‘roperos comunitarios’ sostenidos por algunos vecinos y financiados con ‘planes’ Trabajar. Pero los ‘planes’ fueron retirados, y el Municipio planteó, además, que las ropas fueran entregadas a la Iglesia o a punteros. "Pero nos negamos a entregar el trabajo de los vecinos y tomamos la tarea en manos de la Vecinal y del Partido", afirma. La Vecinal es todo un factor de organización de las 150 familias de la barriada: organiza campeonatos; la comisión de mujeres realiza ‘compras comunitarias’ para abaratar costos de diversos productos; y ahora ha organizado, entre otras, la distribución de ropas para paliar los efectos del invierno. "Mientras luchamos por nuestros derechos, no podemos permitir que nuestros pibes vayan en patas", dice Alicia. "Nosotros mismos tenemos que organizar la asistencia social; es una manera de demostrar que ante la adversidad nos organizamos y resolvemos las cuestiones más perentorias. Es una manera de demostrar que podemos manejar recursos, que podemos actuar como si fuéramos un gobierno de los trabajadores". Desde otros barrios cercanos (Foco Madariaga, Las Vías) se han acercado compañeros para empezar las tareas de organización en sus barriadas. Esta actividad, que empezó en forma casi espontánea, ahora está en plena fase de organización: "Hace falta censar a los vecinos, cuántas familias, cuántos chicos, cuántas necesidades hay. Hace falta integrar más mujeres a la formación de una comisión de distribución". "Pero esto debe hacerse en todos los locales del PO en las barriadas. Los locales deben estar abiertos para recibir la solidaridad obrera y para ayudar a la autoorganización de los vecinos. Al mismo tiempo, reclamamos a los poderes públicos el subsidio de 600 pesos para todo desocupado sin discriminación y el reparto de las horas de trabajo existentes, para superar en lo inmediato el flagelo de la desocupación". Las compañeras nos afirman que el 9 de agosto, Corina también se movilizará en la culminación de la marcha de los desocupados que está impulsando la CTA.

El viernes 28, poco antes de comenzar una asamblea de trabajadores del pescado convocada por la Comisión Provisoria del Soip, una patota de la burocracia, integrada por Aníbal Quivade, Daniel Manes, Miguel Palazzo y Sergio Ledes, agredió e hirió de bala a un estudiante de derecho, miembro de la red de solidaridad con la organización. Los agresores se movilizaron en un coche de uso habitual de la burocracia y huyeron frente a la reacción de los asambleistas. La Comisión Provisoria lanzó una campaña pública de denuncia exigiendo el pronunciamiento de todas las organizaciones. Ha sido presentada una denuncia penal, aportando los datos de los agresores y del móvil en que se desplazaron. Lo que se transcribe a continuación son párrafos del comunicado de prensa emitido inmediatamente después del hecho. La Comisión Directiva Provisoria denuncia ante la opinión pública y los compañeros de la industria del pescado que momentos antes de comenzar la asamblea convocada para posibilitar la distribución de tarjetas alimentarias a todos los compañeros que no la han recibido, se hizo presente en nuestro local un grupo armado con la clara intención de impedir la normal realización de la misma. Con esos fines llegaron al extremo de herir a un compañero, quien se encuentra fuera de peligro. Este grupo, compuesto por elementos ajenos al gremio y de frondoso prontuario, es regularmente reclutado por la ex Comisión Directiva con la finalidad de hacer callar la voz de los trabajadores. La Comisión Directiva Provisoria repudia la agresión perpetrada y comunica que no bajará los brazos en su lucha por recuperar plenamente su organización sindical, para llevar adelante el mandato votado masivamente en asambleas: la defensa de los derechos de los trabajadores del gremio, garantizando el blanqueo de todos los trabajadores del pescado y reclamando el aumento del básico y la garantía horaria. Llamamos a todas las organizaciones a hacer público su repudio frente a estos hechos y a apoyar el esfuerzo de los trabajadores de la industria por recuperar su sindicato, erradicando a la patota de los usurpadores del Soip.

El miércoles 26 de julio, ante el forzado ‘retiro voluntario’ que la patronal aplicó a un compañero de la sección Espectáculos, sus compañeros se reunieron frente a la oficina del jefe en espera de una aclaración. Esto originó que otros compañeros se acercaran al lugar y se fuera generando una asamblea espontánea con paro de los trabajadores de prensa, que recibió con silbidos la llegada de uno de los miembros de la Comisión Interna y acusaciones por el rol patronal que desarrolla. Esto no terminó allí; la asamblea resolvió echar a la Comisión Interna y convocar a la Utpba para que se entreviste con la empresa. En la entrevista no sólo se planteó la situación de este compañero, sino que se agregaron cinco ‘retiros voluntarios’ más y la situación de una compañera de diagramación a la que se le envió el telegrama de despido. La empresa ha ofrecido una mesa de negociación para debatir toda la situación. Camino a seguir La asamblea amplió sus resoluciones votando la elección de representantes de sección, y que en asamblea se vote una junta electoral que llame a la elección de una nueva Comisión Interna. Durante el fin de semana, las secciones se dedicaron a elegir representantes por sector y discutir sus demandas. El lunes, los trabajadores de Olé –hiperflexibilizados, trabajan hasta 12 horas sin cobrar extras– convocaron a una asamblea y decidieron sumarse a la asamblea del martes 1º con sus propios candidatos a delegados. La voluntad de lucha de Clarín generó muchas expectativas en el gremio y expresa la tendencia de todo el gremio a ponerse de pie y organizarse contra los ataques patronales que quieren liquidar el convenio y el estatuto.

Ante el anuncio del cierre de la sección Publicidad, una asamblea de trabajadores resolvió ratificar la decisión de reclamar que la publicidad del gobierno pase por Télam, y la defensa de los puestos de trabajo. El gobierno ha hecho llegar una carta documento a la Comisión Interna destacando "los inconvenientes de las asambleas", porque afectarían el servicio, y advirtiendo que ya están en trámite las acciones para quitarle el fuero gremial. A buen entendedor, pocas palabras. El ejercicio democrático de reunión en asambleas los trabajadores, es un derecho que a la patronal de Télam le causa muchos ‘inconvenientes’. Es que los trabajadores han resuelto en cada una de ellas la organización y la lucha para parar el ataque del gobierno lanzado a cerrar la agencia oficial de noticias. Por eso dice que hay que terminar con las asambleas. Pero el ataque es más profundo, porque para terminar con esta lucha también debe voltear a la Comisión Interna que ha sido la dirección de esta lucha, ratificada en cada asamblea. Los compañeros y la Comisión Interna han resuelto responder a este nuevo ataque de la patronal convocando a una asamblea abierta frente a las puertas de la agencia, llamando a concurrir a todas las comisiones y trabajadores en lucha contra este plan de reajuste que aplica el gobierno de la Alianza. El martes 1º a las 17:30 hay una cita para todos los trabajadores. La lucha de Télam continúa y todos los trabajadores estamos con ella.

Luego de la multitudinaria movilización telefónica del jueves 13, la dirección de Foetra Buenos Aires ha priorizado las discusiones con la comisión bicameral del Congreso que está discutiendo ‘la letra chica’ de la llamada desregulación telefónica. Para profundizar este tema entrevistamos a una delegada del edificio CIBA, de Telefónica. ¿Cómo están las cosas en tu edificio? Mirá, Telefónica comenzó a instrumentar algunos cambios. En función de supuestos criterios de ‘productividad’, ahora están intentando cambiar compulsivamente el horario de compañeras y, como te imaginarás, no sólo hay compañeras que no quieren el cambio, sino que no pueden; han trabajado años de día y de golpe las quieren mandar a la noche, alterando toda su vida familiar y personal. Por ello, los delegados del edificio hemos sacado un comunicado rechazando los cambios de horarios compulsivos y así se lo hemos manifestado a la gerencia. ¿Con la desregulación, las empresas van a atacar más a los trabajadores? Seguramente, ya que van a argumentar que la competencia paga salarios más bajos o tienen otros criterios de ‘productividad’, e intentarán flexibilizarnos más. ¿Qué plantea Foetra ante la desregulación? La obligatoriedad de encuadrar bajo el convenio telefónico a todos los trabajadores que contraten las nuevas empresas es el centro de nuestro reclamo. También se plantea la defensa del acceso de toda la población al servicio telefónico, con línea entrante gratuita para todos y una tarifa plana para comunicaciones locales e Internet. Para esto, el gremio propone la creación de un fondo controlado por los trabajadores, surgido de un porcentaje de la facturación, que garantice este servicio y el empleo de todos los trabajadores. ¿Y el plan de lucha? Lamentablemente está en un impasse. Ayer, justamente, la dirección del gremio llamó a un plenario de delegados de Telefónica para discutir las ‘acciones’. Vos pensarás las acciones de lucha... pero no, fue un plenario para informarnos sobre las ‘ventajas’ de un ofrecimiento de la empresa de venderle acciones a los trabajadores a un 25% de su precio... No entiendo... La dirección del gremio nos convocó para discutir sólo ese tema. Cuando algunos compañeros preguntamos por la lucha frente a la desregulación, nos contestaron que había algunas novedades con las gestiones que se estaban realizando ante la comisión bicameral del Congreso, pero que eso lo íbamos a discutir recién en otro plenario la semana próxima, junto a los delegados de Telecom que no estaban presentes. El plan de lucha, entonces... La dirección del gremio está esperando ‘señales’ del Parlamento. Incluso en la última marcha se le dio la palabra a diputados cavallistas y radicales que decían "bienvenidas las inversiones extranjeras". El centro acá es que Foetra relance el plan de lucha. El convenio lo vamos a defender con los trabajadores movilizados y en la calle. Estas expectativas en la comisión bicameral y la falta de un plan de lucha sostenido debilita a los trabajadores.

La burocracia del Sindicato de la Sanidad (Atsa) de la Capital ha convocado a elecciones... en la página de los avisos clasificados. La directiva burocrática pretende que no se pueda presentar una oposición antiburocrática. La burocracia de Atsa tiene en su haber la declaración muchos activistas opositores, que fueron luego despedidos. West Ocampo, secretario general de la Federación y amigo de Menem, consensuó con De la Rúa la reforma laboral. Está metido en los negociados de las ‘tercerizaciones’ que –como en el Sanatorio Mitre– han dejado decenas de compañeros en la calle. En las últimas elecciones del gremio, el frente de oposición que se constituyó en torno a la Lista Bordó –y del que participó la Agrupación Sindical Independiente de la Sanidad, Asis– ganó la minoría y consagró delegados congresales. Ahora, más que nunca, es necesario presentar una oposición antiburocrática. Las graves exigencias estatutarias, la actitud proscriptiva de la directiva de West Ocampo, plantean la necesidad de un frente antiburocrático para garantizar la presentación de una lista contra la burocracia.

De municipales de Tucumán Pronunciamiento. Queremos enviarles nuestra solidaridad con la lucha que están llevando a cabo en defensa de sus salarios y sus conquistas laborales. Los municipales de San Miguel de Tucumán encabezamos el año pasado una lucha en defensa de nuestros salarios y conquistas laborales bajo el gobierno de Bussi. En aquella oportunidad se nos pretendía imponer un plan de ajuste, que implicaba recorte de salarios, despidos, flexibilización laboral. Ese plan no sólo era impulsado por el genocida Bussi, sino principalmente por los actuales gobernantes, el justicialista Miranda y la Alianza. Aquí se la conoció como la Superley. Para que la aceptáramos, directamente habían dejado de pagarnos los salarios. Con nuestra lucha hicimos retroceder al gobierno. Ahora, ya bajo otro gobierno municipal, es inminente que relancen la ofensiva para recortarnos los salarios y flexibilizarnos las condiciones laborales. Estamos hermanados en una misma lucha y contra las mismas políticas de gobiernos patronales, no importa el color o el discurso que hagan para engañar a los trabajadores. Luis Guillermo García (Luigi), dirigente de base de los trabajadores de Rentas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán Lucho Romero, delegado de base de Obras Públicas, Sindicato Municipal de San Miguel de Tucumán De municipales de Río Gallegos Saludamos a los compañeros y nos solidarizamos con su lucha. La similitud de nuestras realidades demuestra que sin importar ni el lugar, ni la distancia, ni la denominación (sea progresista o centroizquierda), los partidos de la burguesía siempre gobiernan para los patrones y en contra de los derechos de los trabajadores. Ustedes marcan el único camino posible para los trabajadores. Por el triunfo de su lucha. Por la unidad internacional del movimiento obrero. Saludos fraternales. Virginia Sutherland. Agrupación Lista Marrón, Sindicato Municipal (SOEM), Río Gallegos - Santa Cruz

Cuando hace seis semanas los técnicos de Ezeiza pararon durante 3 horas un avión de Iberia en el que viajaba un directivo, comenzaba una nueva etapa de la lucha contra la liquidación de Aerolíneas Argentinas. La medida había surgido de abajo, entre delegados y activistas de los técnicos, y por esta huella se ocupó la base en Ezeiza a fines de junio, durante 8 horas, ante un anuncio de atraso del aguinaldo. Durante esta acción surgió la iniciativa de realizar una movilización conjunta con los trabajadores de Aeroparque y el reclamo de una Asamblea General de todos los gremios de Aerolíneas. Mientras la Directiva de APTA (técnicos) se borraba del corte de la autopista a Ezeiza, 600 trabajadores cortaban la Av. Riccieri y en Aeroparque tenía lugar, al mismo tiempo, otra movilización. Semanas después, todos los gremios se movilizarían a la sede central de la empresa y al Ministerio de Economía para entregar un texto de rechazo al Plan Director. La iniciativa se resolvió en un congreso de delegados de todos los gremios, donde unos 170 representantes colocaron dos grandes temas políticos en debate: el rechazo a entrar en negociaciones acerca del convenio y la convocatoria de una Asamblea General para resolver la estrategia de los trabajadores y un plan de lucha (ver nota aparte). Esto marcó una crisis de dirección en el conflicto. La Asociación de Pilotos no firmó el rechazo al Plan Director de los españoles y la mayoría de las direcciones se opusieron a ponerle fecha a la Asamblea General conjunta. Manotazos Según Clarín (25/7), "los españoles optaron por una tregua de 50 días para convencer a los empleados de aceptar un cambio en las condiciones de trabajo, rebaja salarial de hasta el 20% y retiro de 1.200 trabajadores", refiriéndose al plazo hasta la próxima asamblea de accionistas el 15 de setiembre. Se trata, en realidad, de un planteo cuidadosamente pactado con el gobierno, que al mismo tiempo da curso a la "reestructuración productiva", que autoriza despidos y rebajas de sueldos e incorpora un agregado ilegal de Flamarique que prohíbe cualquier medida de lucha de parte de los trabajadores. Se trata de una conciliación obligatoria preventiva para enchufar el Plan Director. Tres gremios, los Aeronavegantes de Alicia Castro, APA de la CTA y APTA de los técnicos, han rechazado por vía jurídica esta imposición y distribuyeron un "plan alternativo" que independientemente de su mayor o menor viabilidad no podría ser impuesto sin una movilización a fondo que rompa el pacto entre De la Rúa y Aznar. Salta a la vista que la dirección sindical perdió la brújula. Los trabajadores de Aerolíneas y Austral están en tiempo de descuento. Los próximos 40 días tienen que ser una formidable base de lanzamiento de una lucha donde Aerolíneas convoque a todo el movimiento obrero y a todas las organizaciones populares a defender la continuidad de la empresa, la defensa de los convenios por las conquistas de los trabajadores y la seguridad de los pasajeros, y la nulidad de todo despido y de toda rebaja salarial. Una lucha que supone forzar la decisión política de dos Estados no puede ahorrar recursos. Inmediata Asamblea General y plan de lucha de los 7.000 trabajadores y sus familias que, de inmediato, se tiene que articular con Télam, con los estatales y con todo el movimiento obrero. Las centrales obreras deben ser forzadas a tomar esta lucha en primer plano. Gran congreso de delegados de los seis gremios de Aerolíneas El jueves 6 de julio, en un hecho inédito, se reunieron los delegados de base de los seis gremios de la actividad. Se rechazó el Plan Director de SEPI y sus propósitos de "rebaja salarial", de "afectar jornadas, descansos, estructura de categorías, garantías de maternidad y ajustes de dotación", como también los "retiros forzosos" y "jubilaciones anticipadas". El plenario anuló además dos párrafos que establecían una "disposición a negociar con la responsabilidad ... que el texto legal obliga". Luego se decidió la convocatoria a la Asamblea General de todos los gremios aeronáuticos, por unanimidad. Su fecha quedó en manos de las directivas, en contraposición a toda una fracción de delegados y algunos directivos que querían fijarla allí mismo, mostrando las enormes tendencias de la base a tomar las riendas de la lucha en sus propias manos, y también la desconfianza en la dirección. Efectivamente, al día de hoy no hay fecha ni sombra de la Asamblea General.

Con un acto en la Plaza Las Heras de Rosario, que congregó a unos seiscientos trabajadores y jóvenes, comenzó la Marcha del Trabajo convocada por la CTA en reclamo de un seguro de "empleo y formación" de 380 pesos para los jefes de familia desocupados y 60 pesos de asignación por hijo. El Partido Obrero, Tribuna Docente y otros delegados y agrupaciones estuvieron presentes en este debut. Luego del acto, un contingente de trescientos trabajadores inició la caminata que, alternando tramos a pie, se propone llegar al Congreso el 9 de agosto reuniendo un millón de firmas para pedir una ley por este reclamo en base al mecanismo de "iniciativa popular". La reivindicación de la Marcha, de los 380 pesos para el jefe de familia desocupado, expresa el reclamo de centenares de miles de familias. Pero este reclamo exige un plan de lucha y la huelga general, no firmas. Debate No casualmente hubo una fuerte resistencia de organizaciones y activistas que apoyan la Marcha, a sumarse a la campaña de firmas por la "iniciativa popular". En los plenarios preparatorios realizados en Zárate, La Plata o La Matanza hubo un esfuerzo notorio de los dirigentes de la CTA por imponer la campaña de la firma del petitorio, con un resultado la mayoría de las veces adverso. La Marcha no reclama la derogación de la reforma laboral y la rebaja salarial, ni hace un llamado a la CGT disidente y al movimiento obrero a impulsar la huelga general hasta derrotar el ajuste. Valernos de la Marcha del Trabajo El próximo 9 de agosto, cuando la Marcha desemboque en Congreso, esta tregua ya habrá gozado dos meses de vida. En estos dos meses tuvimos una oleada feroz de despidos y suspensiones, varios cierres de plantas, la rebaja salarial, la continuidad en la privatización de la salud obrera, una docena de obreros de la construcción muertos por el criminal régimen de las aseguradoras privadas de riesgos de trabajo, cuarenta y un muertos por el frío por las condiciones inenarrables de miseria... Se viene ahora una nueva ofensiva sobre las provincias y los municipios. El Partido Obrero llama a convertir la Marcha del Trabajo en una marcha combativa de cortes de ruta, asambleas, piquetes y unión entre trabajadores. Llamamos a los sindicatos y organizaciones de desocupados a organizar plenarios para intervenir y resolver cómo hacerlo en función de una política que sirva al movimiento obrero: Por una campaña de pronunciamientos para que la CTA y la CGT disidente impulsen la huelga. Congreso de delegados electos y mandatados por el movimiento obrero (ocupados y desocupados) para fijar una salida propia a la crisis.

¿"Una tregua para evitar la quiebra", como tituló Clarín (27/7)? La asamblea de accionistas que debía tratar la continuidad de Aerolíneas Argentinas adoptó, en contubernio con el gobierno, una única decisión fundamental: someter a los trabajadores a un "procedimiento de reestructuración productiva", para lograr "reducciones significativas de empleo", "nuevos convenios colectivos", "reducciones de salarios" (según la ley y la resolución del Ministerio de Trabajo, que estará a cargo de la ‘mediación’ durante treinta días). El Estado español hizo un falso anunció de que aportaba al rescate de Aerolíneas Argentina 208 millones de dolares, cuando "ese dinero ya fue desembolsado por la (española) Sociedad de Participaciones Industriales, dueña del 68% de la empresa y responsable de su gestión, durante los últimos cinco meses" (Clarín, 25/7). Por su parte, el otro socio ‘privado’ de Aerolíneas Argentinas anunció que "no pondrá un peso en la capitalización propuesta por España" y se retiró de la empresa. ¿Quién rescata a Aerolíneas? La ‘salvación’ de Aerolíneas quedó así en las exclusivas manos de los trabajadores: "Recién habrá dinero fresco si los sindicatos aceptan un plan de ajuste que contempla 1.200 empleos menos sobre una plantilla de 6.700, una baja de hasta 20% en los sueldos y cambios en las condiciones de trabajo" (ídem). El plan del Estado español "apuntará a canjear beneficios laborales por acciones de la compañía aérea. Es decir que los descuentos en los salarios o en otros ingresos sostengan la participación de los empleados en el directorio, que peligra ante la próxima capitalización". Los pilotos ya habrían acordado ese tratamiento. Para otros gremios, con ingresos menores, "la flexibilización de los convenios podría negociarse a cambio de dividendos en las ganancias operativas" (La Nación, 26/7). Machinea declaró, luego del acuerdo, que aunque "nos interesa que se preserven las fuentes de trabajo", "no podemos meternos en una política que define el sector privado" (El Tribuno, 26/7). Lógicamente los despidos tomarán la forma de retiros voluntarios y el trabajador que no se avenga será puesto ‘en disponibilidad’, como ya se ha anunciado. El fin del vaciamiento La propuesta del Estado español, avalada por el gobierno argentino, es un plan final de vaciamiento. Prevé la eliminación de varias rutas que serían resignadas a Iberia (que actúa en alianza con American Airlines, British Airways y Lan Chile). Se prevé apelar al sistema de "códigos compartidos con otras aerolíneas", lo cual convierte a AA en contratista para otros. Aerolíneas se dedicaría sólo a las tareas para las que es ‘más eficiente’, lo que supone un plan masivo de tercerizaciones y contratación de áreas y servicios. Pero, por sobre todo, el Estado español exige que el Estado argentino condone las deudas previsionales e impositivas de Aerolíneas y, además, le rebaje las tasas aeroportuarias, no incremente el vuelo de competidoras de Europa y garantice el monopolio en ciertas rutas de cabotaje. Aun así, ¿se ‘salva’? ‘Privatizada’ sin deudas hace diez años, Aerolíneas debe hoy más de 900 millones de dólares. El grueso de estos compromisos proviene de la operación fraudulenta, de haber comprado la empresa endeudándola. El año ‘99 cerró con una pérdida de 240 millones y el plan de guerra contra los trabajadores podrá significar una reducción de 140 millones al año, en el mejor de los casos. El ‘plan’ para ‘salvar’ a Aerolíneas, por lo tanto, no existe, desde el momento que el Estado español no se hace cargo de ese endeudamiento. "La tregua para evitar la quiebra" no es más que un operativo de extorsión. Como alternativa al rescate de los españoles por parte del Estado y los trabajadores argentinos, esta quiebra plantea su liquidación y la adopción de la política de cielos abiertos que exige Estados Unidos, permitiendo el ingreso de aerolíneas de otros países. Qué salida Para salvar a AA es necesario su reestatización sin pago, transfiriendo la deuda a España, y su funcionamiento bajo control de una comisión elegida por los propios trabajadores. La inmediata investigación del vaciamiento permitiría denunciar a los responsables de la inmensa confiscación producida desde 1990 y llevar a la cárcel a los responsables del vaciamiento. La política de los sindicatos, centrada hasta ahora en la oposición a los "cielos abiertos", o sea en una salida en beneficio del Estado español, ha fracasado.

El propio De la Rúa se puso al frente de la ceremonia en la cual el gobierno anunció el plan de construcción de 100.000 viviendas para "familias de ingresos medios y bajos". La ocasión era propicia para mostrar la ‘preocupación social’ (del gobierno del ajustazo) y las ‘iniciativas de creación de empleo’ (del gobierno de la desocupación). Pero la única ‘preocupación’ del gobierno aliancista es engordar los beneficios de los bancos, que son los verdaderos destinatarios y los principales beneficiarios del plan de viviendas. Los anuncios no son para los ‘sin techo’ (ni en varias décadas el plan lograría resolver el déficit habitacional de 3,4 millones de unidades), sino para los banqueros. El plan establece la creación de dos ‘fondos fiduciarios’ (uno para la financiación de la construcción de las viviendas; el otro para la financiación de su venta) por un total de 2.000 millones de pesos, que serían aportados por el Fonavi (500 millones) y un conjunto de bancos, entre los que ya se han anotado el Nación, el Hipotecario y el Galicia. Los tomadores de esos préstamos (empresas constructoras y compradores) pagarán tasas subsidiadas. Lo que, a primera vista, aparece como un beneficio para los deudores es, en realidad, un enorme subsidio para los bancos. Ocurre que la depresión del mercado debería obligar a los bancos a reducir las tasas de interés para colocar sus créditos hipotecarios ("cada punto de rebaja de la tasa de interés, reconoce un banquero, amplía enormemente la demanda de créditos hipotecarios", La Nación, 21/7). Pero con el subsidio, los bancos podrán colocar esos préstamos sin bajar las tasas, lo que significa que el plan sirve para impedir la reducción de las tasas interés. Se estima que el subsidio rondaría el 2/3% anual, lo que significa que los bancos se embolsarán, gracias al ‘plan social’ de la Alianza, entre 30 y 45 millones de dólares anuales provenientes del Tesoro Nacional. El principal negociado, sin embargo, está en la constitución de los ‘fondos fiduciarios’. ¿Para qué se constituyen esos ‘fondos’ si los bancos cuentan con las propias viviendas que se van a construir como garantía del repago de los créditos que otorguen? La razón es que los ‘fondos fiduciarios’ se encuentran garantizados por los futuros ingresos del Fonavi. Esto significa que, en caso de incumplimiento por parte de los deudores, los bancos tienen la plena seguridad de recuperar sus préstamos sin pasar por el costoso procedimiento de la ejecución de las garantías hipotecarias. En otras palabras, los bancos no arriesgan un solo centavo de su propio capital; será el Fonavi, es decir el Estado nacional y los Estados provinciales, los que carguen con las moras y los incumplimientos de los deudores. Un banquero resume el enorme negociado financiero que está armando la Alianza con su promocionado ‘plan de vivienda’ : "Con el flujo garantizado por los recursos del Fonavi y con una tasa de interés subsidiada por el Estado, el plan se transforma en un negocio redondo para los bancos. Es como prestarle plata al Estado..." (Ambito Financiero, 24/7). Este ‘plan de vivienda’ es el tercero de esta naturaleza que lanza el gobierno en beneficio de los bancos. Los dos primeros –el capítulo de viviendas del llamado ‘plan de infraestructura’ de Gallo, y el plan de subsidio a los créditos hipotecarios– han fracasado; también fracasó un plan de viviendas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No debe extrañar, entonces, que el propio ‘plan’ que acaba de anunciarse haya nacido medio muerto. Ocurre que todo el plan se basa en la financiación del Fonavi, cuyos recursos son manejados por los gobiernos provinciales. La mitad de las provincias, entre ellas Buenos Aires y Córdoba, ya anunciaron que no se sumarán al ‘plan de vivienda’ porque los gobernadores prefieren armar sus propios ‘negocios’ con los bancos y las empresas constructoras. El Partido Obrero plantea: no a los negociados con los bancos y la ‘patria constructora’. Por un plan de viviendas populares realizado bajo control de los trabajadores y con créditos con intereses reales nulos; control obrero de los bancos, renacionalización del Hipotecario.

La lucha de los trabajadores estatales contra el ajuste tuvo una de sus expresiones más elevadas en el Polo Tecnológico Migueletes. Desde el punto de vista del planteamiento, las asambleas del Inti votaron un programa para el movimiento: por la derogación de la reforma laboral y el ajuste, por el pase a planta permanente de todos los becarios y contratados, por un Congreso de delegados de base de todos los gremios estatales que vote la huelga general hasta la derogación de los decretos. También resolvieron ampliar la organización, conformando el cuerpo de delegados de base, e impulsar la coordinación con otros organismos. Desde la acción práctica, se desarrolló una lucha coordinada entre el Inti, la CNEA y el Segemar, que protagonizaron tres combativos cortes de la General Paz y actos conjuntos. Esta coordinación se amplió en distintas marchas donde confluimos en una columna junto al Indec, el Garrahan y la Jefatura de Gabinete, tras las banderas de plan de lucha único de todos los gremios y "Derogación o Huelga General". La posición votada en el Inti fue llevada por la Comisión Interna al plenario del Frente de Gremios Estatales que se realizó en la Federación de Box, donde se distribuyeron centenares de copias, con gran aceptación. En el plenario de secretarios generales de Upcn que resolvió el paro a medias del 14, con asistencia en el lugar de trabajo, Andrés Rodríguez defendió las medidas ‘inteligentes’ y la necesidad de concertar "con el verdadero poder" –los empresarios y la Iglesia–, y se manifestó contrario a los cortes. En ese plenario la secretaria general del Inti señaló la necesidad de ir a medidas de lucha profundas y a la huelga general hasta la derogación de los decretos, y planteó que la concertación significaba dejar pasar la reforma laboral y el ajuste y allanaba el camino a futuros ataques. Semanas después de que los gremios le dieron un cierre a la lucha, podemos sacar un primer balance: las medidas de acción dispersas, la ausencia de un plan de lucha centralizado y de un programa son un camino seguro para seguir perdiendo conquistas. El planteamiento de continuar la lucha, por medio de un Congreso de delegados de base, aparece como la única salida consistente frente al desmoronamiento de la ‘estrategia’ de las direcciones gremiales. Como un paso para retomar la lucha, los trabajadores de los organismos del Polo Tecnológico convocamos a las organizaciones en lucha de la zona a una Asamblea Popular, el jueves 3 de agosto a las 17 hs, en la CNEA, donde debatiremos los pasos a seguir, y un planteamiento para llevar a la marcha del 9.

Este planteo es preliminar de un texto más amplio donde plantearé mi posición sobre el proyecto de salario mínimo, pero creo necesario manifestarles mis primeras impresiones. 1. No debió el proyecto especificar edad de 14 años, sino estar planteado en general, para todos los trabajadores. Si la cosa es meterse con el trabajo de los menores, hay que desarrollar todo un programa de prohibición del trabajo infantil, educación obligatoria hasta los 18 años por lo menos, pasantías remuneradas y limitación de la jornada de trabajo para los menores de 18 años. 2. Del modo que está planteado, los jóvenes de 14 años deberían trabajar 8 horas cuando la legislación de trabajo ya establece reducción de jornadas para los menores. 3. No se debe hablar de los trabajadores de las empresas solamente; deben incluirse los trabajadores del Estado nacional y del Estado autónomo de Buenos Aires. 4. Una ley no puede ordenar la elección de delegados, ni menos entregar a representantes de los bloques el control de cumplimiento de estas elecciones. Esto, aunque los bloques por un azar fueran mayoritariamente de izquierda, es un error. ¿Tantos años hablando de la independencia de los sindicatos respecto del Estado para venir a proponer nosotros la estatización sindical? Distinto sería otorgar derechos de control obrero a las comisiones internas, pero lo que plantea el proyecto es inaceptable. 5. ¿Cómo van a proponer que se apliquen los descuentos que prevé la legislación vigente? Esto es un apoyo a esos descuentos, lo que incluye la rebaja de los aportes patronales, etc., etc. Si lo que se quiere es darle forma a un proyecto y no entrar en aspectos secundarios (como sería el reclamo adicional del aumento de los aportes patronales y la eliminación de los aportes del trabajador), entonces es preferible no colocar nada acerca del tema en el proyecto; plantearlo del modo en que está es un apoyo a la legislación vigente de Cavallo. 6. Algo parecido ocurre con la apelación a los organismos técnicos para determinar el "concepto" del costo de la canasta familiar. Si se plantea esto hay que reivindicar la mayoría obrera en esas comisiones técnicas. Lo contrario es un nuevo apoyo político a la estructura administrativa que incluye los organismos técnicos y que controla la burguesía.

Bajo la acción dispersiva y desgastante de los aparatos sindicales, la lucha contra la rebaja salarial y el ajuste en el Estado está declinando. En los últimos plenarios de delegados de ATE, se rechazó violentamente cualquier iniciativa de profundización de medidas de acción, incluso medidas parciales planteadas por algunos organismos, como una marcha sobre la Corte Suprema de Justicia, para que no avale los descuentos, o un corte de calles que alguien sugirió. La acción de ATE del jueves 13 tomó la forma de una marcha de antorchas de la CTA en memoria de Germán Abdala en el aniversario de su muerte. Upcn, por su lado, convocó un ‘paro’ el viernes 14... de 4 horas (!), en los lugares de trabajo. El plenario de delegados del gremio que trató el tema se convirtió en una filípica de Andrés Rodríguez, contra la comisión interna del Inti, que planteó que había que resolver cómo seguía la lucha por la derogación del decreto de rebaja salarial. ¿Qué existe por delante? ATE coloca la Marcha del Trabajo para fines de julio y principios de agosto, que es por un subsidio a la desocupación y no contra las medidas ya impuestas por el gobierno. Upcn y el Frente estatal, nada. Significa que no hay plan de lucha de ninguna especie y que las direcciones gremiales aceptaron el ajuste y entraron con todo en la concertación con el gobierno y el ‘polo productivo’ patronal. Incluso el reclamo de 380 pesos para el jefe de familia, de la CTA, y la recolección de firmas para dirigirse al Parlamento, están enteramente en el terreno del diálogo con el gobierno y la UIA, que adelantaron posturas similares. Obviamente, todo esto no pasa sin costo para el gobierno y las burocracias, que se han ganado un ‘mal humor’ enorme por parte de los trabajadores. De hecho, en una serie de sectores se echó lastre respecto de la barbaridad de la rebaja de sueldos, mediante ciertos reintegros o reparto de horas extras. No sólo la herida queda abierta, sino que están planteados nuevos golpes. El ajuste sigue. Los ceses de contratos y los ‘retiros voluntarios’ están en plena marcha (DGI, Télam, Congreso); y luego vendrán los pases a disponibilidad. Ante esto, la línea de la burocracia, de expectativa ante la Justicia, el Parlamento y el ‘diálogo’, va al fracaso. Los estatales volverán a salir a la calle. En esta fase no se logró estructurar un centro político alternativo. Hay que afianzar y organizar al activismo y todas las tendencias combativas que se vienen esbozando. Y refutar en todos los planos a la burocracia. Ante la Marcha del Trabajo de la CTA, hay que plantear que las asambleas y los plenarios de delegados deben debatir el contenido de la movilización: organizar la huelga general hasta derogar el ajuste y convocar un Congreso de bases del movimiento obrero que plantee una salida propia de la clase trabajadora.

El movimiento de los desocupados que ha ocupado diariamente las calles del centro de la ciudad durante las últimas dos semanas, dio un ejemplo de cómo se defiende la organización obrera contra la represión policial. La policía tuvo que parar la mano y pasó a ser acusada públicamente por las detenciones y aprietes, lo que obligó a los diputados a simular una interpelación al secretario de Seguridad y al jefe de Policía (por supuesto terminó en una farsa, amparando los diputados el accionar policial). Solidaridad obrera contra la represión a la UTA El miércoles 26 de julio por la mañana, ante la amenaza del despido de la mitad de los choferes, piquetes de colectiveros bloquearon la ciudad, desinflando las gomas de sus vehículos en las principales calles. A media mañana se produjo una represión salvaje, con 15 compañeros detenidos. De inmediato, la asamblea de los desocupados que esperan por trabajo en el estadio votó movilizarse para exigir la libertad de los choferes. De este modo, 300 trabajadores de la obra marcharon sobre UTA y luego a la Legislatura, conquistando la libertad de los compañeros. El Partido Obrero exigió por escrito a la Legislatura la formación de una Comisión Investigadora con participación de las organizaciones obreras y de los afectados directos, para enjuiciar y castigar a los responsables materiales y políticos de la represión, y el cierre inmediato de las causas contra casi cien trabajadores procesados en todo el territorio provincial, por participar de movilizaciones obreras. La Marcha contra el Hambre y la Desocupación, por Trabajo o Subsidio En un paso muy importante para extender y potenciar la lucha, los compañeros de la Comisión de Desocupados de la Avenida Tavella (que esperan la construcción del Estadio) han convocado a esta marcha para el miércoles 2, precedida por asambleas barriales. La lucha de los compañeros del Estadio ha provocado una gran simpatía popular; empadronaron a más de 600 compañeros y la marcha está pensada como parte de la lucha por poner en pie una Coordinadora de desocupados de Salta Capital, e incluso, preparar un congreso que unifique la lucha de todos los desocupados de la provincia, ahora que por primera vez ha cobrado fuerza en la capital. En el Estadio ingresarán en lo inmediato apenas unos cien compañeros. La Comisión ha ratificado su reclamo de trabajo o subsidio y su propuesta de reactivar las obras públicas en los barrios, realizadas directamente por la administración municipal.

El 2 se vota el cuerpo de delegados de fábrica del ARS. Contrariando la voluntad mayoritaria de los compañeros, las directivas nacional, provincial y seccional de ATE han impuesto la elección por lista sábana, en abierta oposición al pedido generalizado del cuerpo de delegados, de que fuera por sección. Esto mismo ya había ocurrido antes, cuando estas direcciones, bajo la batuta del degennarismo, desconocieron a los delegados elegidos por sus secciones, imponiendo un ‘cuerpo de delegados’ fantasma. Pero esta vez la situación es distinta. La base y el activismo del ARS ha hecho una experiencia. En el astillero se ha ‘institucionalizado’ la contratación temporaria con varias modalidades y se torpedeó el reclamo de efectivización de los casi 700 compañeros contratados. Con los ‘delegados’ truchos, la fábrica quedó huérfana de asambleas y de toda iniciativa independiente frente a la empresa, la cual tiene en la mira la modificación del convenio del Astillero, para imponer condiciones de mayor flexibilidad laboral. Para las elecciones del 2, el oficialismo Blanco-Verde, se ha dividido. El ‘Frate’, nombre que adoptó esta coalición entre un sector de la vieja burocracia peronista y el degennarismo, perdió la elección en el Hospital Naval y ahora va separado en el Astillero. La experiencia acumulada abre la posibilidad de que en el ARS se imponga una lista de delegados donde es mayoría el activismo que lucha. La Lista "Secciones Unidas" reivindica el cuerpo de delegados por sector y así conformó su lista, promoviendo asambleas y reuniones en las secciones para elegir a los candidatos. El orden de la lista y la Interna se eligió en una asamblea de trabajadores que apoyan a "Secciones Unidas". En sus filas, sin embargo, se han cobijado elementos pertenecientes a una fracción burocrática en retroceso (la Azul y Blanca), que ha ocupado finalmente un espacio desproporcionado en la lista (sobre 27 candidatos, la Azul y Blanca ‘aportó’ 5; y de éstos, 2 son candidatos a la Interna). Los candidatos azules y blancos fueron palanqueados y votados por el Mst. Otras corrientes de izquierda han quedado al margen de este movimiento. El Ptp, que fracasó en su intento por colarse en la lista ‘Blanca’. El Pts, que rompió después de haber perdido todas las votaciones donde postularon a sus integrantes (fue una ruptura de aparato, sin principios y repudiada por las secciones que los habían votado como candidatos de "Secciones Unidas"). El Partido Obrero integra la Lista "Secciones Unidas" y milita por su triunfo. Dentro de "Secciones Unidas", el activismo deberá separar la paja del trigo.

El 13 de julio, en la Facultad de Filosofía y Letras, se realizó el foro sobre desregulación de las obras sociales promovido por el MTA. Dos sanitaristas, los doctores Dalabrio y Rochid, explicaron los alcances del decreto desregulador y la política global de destrucción del sistema de solidaridad social (AFJP, ART, O.S.) que se inició con el gobierno anterior y continuó con el actual. Denunciaron que el decreto se redactó en Economía como prebenda hacia la misión del FMI que se encontraba en el país, y en respuesta a las exigencias del capital financiero internacional. Como no podía ser de otra manera, divagaron sobre la necesidad de reconstruir el ‘movimiento nacional’ y la defensa de la ‘producción nacional’, y aclararon que iban a dar batalla (textual)... y que estaban preparando un reclamo judicial para modificar los alcances de la ley de ART. El cierre correspondió al adjunto de la CGT disidente, José Rodríguez, que aportó varias perlas a la pobreza general: reconoció que fue uno de los que negociaron la ley 24.610 durante la dictadura de Onganía, que (palabras textuales) "tenemos" la única empresa nacional de fabricación de tractores, y que en la obra social de los mecánicos, "su obra social", los profesionales están de parabienes, le dicen José, si necesitás la plata de nuestros sueldos para otra cosa, usála... Claro, José se olvidó de contar que firmó un acuerdo con el Banco Mundial para montar un sanatorio modelo en la zona de Mataderos, que en ‘su’ obra social se adeudan más de seis meses de salarios a los médicos, que se cerraron los centros periféricos y se despidieron profesionales y trabajadores... Todo siguiendo las expresas directivas de racionalización del organismo internacional. La reunión careció de todo contenido político, programático y de organización, denotando las limitaciones insalvables del ‘frente productivo nacional’ (al que adscribe el MTA). Como no podía ser de otra manera, careció de toda propuesta de lucha.

Los tres días de multitudinarias manifestaciones en repudio a la asunción del tercer mandato de Fujimori, mostraron la voluntad del pueblo peruano por poner fin a un régimen que liquidó las más elementales libertades democráticas; que encarceló y asesinó a miles de obreros, estudiantes y campesinos; que llevó la miseria a niveles intolerables, y que entregó el país al imperialismo. A pesar de las provocaciones y de la represión salvaje (en tres días, la policía lanzó 12 toneladas de bombas de gas lacrimógeno contra los manifestantes desarmados), 200.000 personas ocuparon Lima y pusieron en jaque a las fuerzas represivas. Numerosas delegaciones fueron interceptadas y detenidas en el camino. Otro millón de personas manifestó en las distintas ciudades del país. El fracaso de la salida democratizante del imperialismo Las masas que manifestaron en Lima tan enorme repudio a Fujimori tienen, sin embargo, una dirección política burguesa y hasta proimperialista: la del ex candidato presidencial Alejandro Toledo. Toledo, un ex funcionario del Banco Mundial, pudo competir con el enorme aparato fujimorista gracias a los fondos aportados por los grandes capitalistas norteamericanos, coordinados por Baruch Ivcher, propietario de canales de TV intervenidos por Fujimori, y por Elliot Abrams, secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos en la época de Reagan. Precisamente, uno de los puntos principales del programa de Toledo era "la devolución de los canales a sus legítimos dueños" (Tiempos del Mundo, 13/7). Como Fox en México, Toledo fue la figura elegida por la diplomacia norteamericana para darle una salida democratizante a la crisis del régimen de Fujimori. Esta crisis se manifestaba en las excepcionales movilizaciones populares que debía enfrentar el régimen (y que comenzaron mucho antes de que Toledo apareciera en escena) y por el agotamiento del ciclo privatizador iniciado por Fujimori como consecuencia de la crisis mundial. A los ojos de los voceros del gran capital, como es uno de los representantes del Banco Santander Central Hispano en Lima, "lo ocurrido en los últimos cuatro años (es que) el gobierno no puede continuar a fondo con su programa de reformas de mercado" (The Wall Street Journal, 27/7). Una expresión del agotamiento del ciclo privatista es el retroceso de las inversiones externas, que cayeron abruptamente, de 499 millones de dólares en los primeros tres meses de 1999 a sólo 62 millones en el mismo período de este año (Financial Times, 25/7). El papel que el imperialismo reservaba a Toledo era reabrir este ciclo privatizador y, al mismo tiempo, desarmar la movilización de las masas. Pero esta manipulación política resultaba mucho más dificultosa y peligrosa para el imperialismo en Perú, que en México, porque ahora las masas estaban en la calle. Las grandes movilizaciones populares desatadas contra el fraude obligaron al imperialismo a forzar la realización de una segunda vuelta electoral. Pero este operativo fracasó por la intransigencia de la camarilla fujimorista y por la debilidad política del propio Toledo, que no se presentó a esa segunda vuelta. Según un funcionario del Departamento de Estado norteamericano, "Toledo le entregó la elección a Fujimori. Era muy difícil defender a un candidato que se retira" (Clarín, 28/7). El reconocimiento a Fujimori Aunque en las primeras horas después de la segunda vuelta la diplomacia norteamericana declaró "inválido " el resultado electoral, rápidamente dio marcha atrás y reconoció el triunfo de Fujimori. La Organización de Estados Americanos (OEA) planteó entonces un ‘cronograma de democratización’ que fue aceptado tanto por los oficialistas como por los opositores en Perú. La diplomacia brasileña negoció con el gobierno peruano la aceptación del ‘plan de democratización’ a cambio de anular cualquier tipo de sanción política o económica internacional (Clarín, 30/7). Así, Fujimori asumió su tercer mandato con el reconocimiento pleno del imperialismo norteamericano y del conjunto de los regímenes democratizantes latinoamericanos. El giro de la diplomacia norteamericana hacia el reconocimiento de Fujimori es, también, una evidencia de sus propias divergencias, porque para el Pentágono, la CIA y la DEA, Fujimori debía ser respaldado por su papel en "la guerra contra la subversión y el narcotráfico" (The New York Times, 6/7). Una nueva crisis política El ‘plan de democratización’ de la OEA establece una serie de medidas –como la devolución de los canales de TV, la subordinación de los aparatos de inteligencia al poder político, la restitución de los jueces de la Corte Constitucional destituidos por Fujimori– que tienen por objeto desarmar paulatina y negociadamente el régimen de camarilla armado por Fujimori, encabezado por la eminencia gris, Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos es el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Desde el SIN, Montesinos no sólo dirigió la ‘guerra sucia’ contra Sendero Luminoso y el Mrta, asesinando y encarcelando a miles de peruanos ligados o no a la guerrilla, sino que además montó numerosas provocaciones contra la oposición democratizante, la cual lo sindica como el organizador del fraude en las últimas elecciones. Distintas versiones lo acusan, además, de ser uno de los más fuertes narcotraficantes del Perú, aunque también cuenta con "una fluida relación con la tríada Pentágono-DEA-CIA" (El País, 16/7). Pero Fujimori se niega a entregar la cabeza de Montesinos. Es así que el "incumplimiento de los compromisos acordados", según la gráfica expresión del canciller brasileño (Clarín, 30/7), volvió a abrir una crisis entre el imperialismo y Fujimori. "Fujimori tiene que cumplir con la OEA", declaró un funcionario del Departamento de Estado (ídem). Este programa significa que los norteamericanos están muy lejos de querer echar a Fujimori. Otro motivo de la crisis es la división de la burguesía. Según el Financial Times (27/7), se teme que Fujimori " dé marcha atrás a su política de reformas de mercado" y siga una política "populista". Fujimori hizo aprobar una ley que elimina el derecho de las empresas mineras, la mayoría estadounidenses y canadienses, a repatriar sus utilidades libres de impuestos. A los ojos de los voceros capitalistas, Fujimori parece haber salido ganancioso del enfrentamiento que provocó con las manifestaciones. Refiriéndose a la quema del Banco Nación de Perú, el corresponsal de La Nación (30/7) escribe que "la resistencia permanente anunciada por Toledo podría perder el rumbo que había tomado en los últimos días. Los canales legítimos que abrieron los peruanos para mostrar su rechazo al gobierno pueden quedar abortados por errores en la conducción". Una crisis explosiva La crisis política abierta en Perú combina un conjunto de elementos explosivos: crisis económica, fuga de capitales, un régimen de camarilla acorralado y repudiado por las masas que se movilizan en las calles, impasse de los acuerdos establecidos entre la camarilla y la OEA, agotamiento de la dirección proimperialista de Toledo. El imperialismo está perdiendo el capital que significa que las direcciones políticas y sindicales que movilizan a las masas se subordinen políticamente a Toledo, a través del llamado Frente Democrático Nacional. Frente a las maniobras del imperialismo y de la camarilla de Fujimori, es una necesidad imperiosa para la clase obrera y los explotados peruanos su independencia política, es decir su estructuración en un partido político propio.