Prensa Obrera N° 674

Lunes, 12 hs: Marcelo Saravia hace declaraciones a todos los medios como vocero de la Comisión de Desocupados que se acaba de formar en asamblea. 12:30 hs: Marcelo Saravia es secuestrado por dos móviles policiales a trescientos metros del lugar de la asamblea. Miércoles 19, 12:30 hs: Se desconcentran los desocupados luego de haber sido cercados y provocados por cientos de policías toda la mañana. La policía detiene el colectivo de línea donde viajaba la dirigente del Partido Obrero Cristina Foffani; se lo pretende desviar y llevar a todo el pasaje a la comisaría. Finalmente la hacen bajar del colectivo y Cristina es llevada detenida sin exhibir orden alguna. Simultáneamente son detenidos los compañeros Copa y Lozano. A mediodía y hasta la noche se producen seguimientos y amenazas de policías de civil en los domicilios de cuatro compañeros miembros de la Comisión. En todos los casos la imputación a los detenidos es "instigación a cometer delito", cuando en el lugar de la asamblea lo único que había ocurrido era el desarrollo de una masiva y combativa deliberación obrera. Todo esto se produce al tiempo que más de cien trabajadores están encausados por los cortes de ruta en todo el territorio provincial, en el último período. La respuesta popular a este estado policial ya había sido contundente con la pueblada de Tartagal-Mosconi y ha vuelto a serlo esta semana, ya que ante la primera detención se realizó una concentración frente al juzgado donde estaba detenido Marcelo Saravia y se realizaron numerosas denuncias públicas que ocuparon ampliamente los medios de difusión. Se ha instalado públicamente la exigencia del cierre de las causas abiertas y se prepara una demanda contra los responsables de la represión, tanto policías como funcionarios políticos.

El año pasado la Secretaría de Desarrollo Económico municipal, en respuesta a la desocupación y a los despidos, expresó —palabras más, palabras menos— que "el trabajo, tal como lo hemos conocido hasta ahora, dejará de existir en nuestra ciudad". Es así que implementó, por ejemplo, un curso de "comidas rápidas", cuyos egresados debían cumplir pasantías por tres meses gratis... en el hipermercado Toledo. Ahora viene el "plan Bonus", el "primer empleo joven" destinado a "jóvenes de 18 a 25 años, desempleados y sin experiencia laboral relevante"; una jornada de 8 horas, durante un año, por 100 pesos. El plan "permitirá ... incorporar (y) formar (a los jóvenes) a la medida de sus necesidades (de los empresarios), sin costo alguno", propagandiza la Secretaría de ‘Desarrollo’ Económico, sin sonrojarse (El Popular, 11/7). Esto, sin embargo, no es todo. La titular de la Secretaría, Estela Dufur, explicó que "los jóvenes beneficiarios tendrán una cobertura en el marco de la ley 24.557 (ART), a efectos de cubrir los siniestros que pudieran acaecer con motivo de la práctica. Es decir, el empresario no cargará nuevas obligaciones" (ídem). Como el empresario no tiene ninguna obligación de efectivizar al "becario", el Bonus será una "transición" hacia la nada. Mientras tanto, la Secretaría de Trabajo local informa que "(una vez concluida la obra de Loma Negra en La Pampita) quedarán unos 1.100 trabajadores sin trabajo ... que pasarán a engrosar el ejército de desocupados olivarrienses" (ídem, 11/6). Lo que se precisa no es "una alternativa para la transición hacia el empleo formal", más que incierto; sino trabajo. O sea, repartir las horas de trabajo disponibles y un salario mínimo de 600 pesos. Esto es lo que discutiremos en el primer Congreso del Partido Obrero de Olavarría.

Una semana después de los actos de conmemoración por el atentado de la Amia, es claro que la ‘investigación’ que realiza el Estado argentino con el visto bueno del Estado de Israel y las direcciones políticas de la colectividad judía en la Argentina es un fraude descomunal: muchas pruebas desaparecieron en dependencias de la Policía Federal, otras se tiraron al río; se ‘sembraron’ testigos, se negoció y pagó recompensas a uno de los partícipes necesarios, etcétera. La principal investigación criminal en la historia del país está plagada de irregularidades que terminaron beneficiando a los imputados. El 90% del expediente (la parte que va a juicio) refiere a una banda de policías asociada a un delincuente común. El 10% restante está lleno de declaraciones de los alcahuetes aportados por la CIA (la ‘conexión internacional’) y de líneas de investigación que conducen a elementos vinculados al menemismo y la Side. El mismo juez Galeano reconoció que la continuidad de la investigación "quizá no sea suficiente para obtener o mínimamente intentar obtener el esclarecimiento total del hecho" (Clarín, 16/7). Con razón se dijo, entonces, que la elevación a juicio oral significará el cierre de la causa: el próximo juicio ni siquiera se refiere a la voladura de la Amia sino en su costado marginal, ya que los procesados no están acusados de su planificación y ejecución, sino de facilitar una camioneta usada en la misma. "El Estado argentino es la conexión local" Esta denuncia le valió a Memoria Activa, hace un año el repudio de toda la dirección política del país. Desde el Ministerio del Interior y la Comisión Bicameral se acusó a los familiares de "hacerle el juego a los terroristas". Para no ser menos, el presidente de la Daia los acusó de "antinacionales" cuando ratificaron su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La izquierda sionista (Schiller), por su lado, alimentaba sus esperanzas en el nuevo presidente de la Amia y en unificar a los familiares en la perspectiva de "profundizar la investigación" deliberadamente desastrosa de Galeano. Ninguna organización judía (de derecha o de izquierda) acompañó esta denuncia hecha junto a las Madres, Abuelas y otras organizaciones de derechos humanos. Apenas un año después, la acusación de Memoria Activa ganó su lugar en la conciencia de toda la sociedad, como quedó registrado en el importante número de participantes del acto del 17, y en la dificultad que encontró la Daia/Amia para hacer hablar, en su acto, minoritario, a sus propios dirigentes a pesar de que contó con el aval de todo el gabinete, de todas las instituciones judeo-argentinas y de la embajada de Israel. El Estado argentino (la ‘conexión local’), con el patrocinio de los encubridores internacionales (‘la conexión internacional’), compuso la partitura que ejecuta Galeano. Esta melodía, sin embargo, desafina. Mientras el Congreso de los EE.UU. sostiene que estos seis años estuvieron "marcados por el esfuerzo para minimizar el papel... de las fuerzas de seguridad argentinas con simpatías antisemitas" (La Nación, 19/7), el embajador Aviran opina que "por lógica (sic), fue Irán" (Clarín, 16/7). Storani, por su lado, ratificó el ‘discurso’ menemista de la Alianza: "Hay que sostener al juez Galeano, hay que bajar los decibeles del reclamo, hay que llegar a la instancia del juicio oral como sea y hay que trabajar para que esto no se caiga" (reportaje a Laura Ginsberg, revista CyO, del Icuf, Nº 6). El agujero negro Para De la Rúa y sus ministros de Interior y de Justicia se trata de lograr ‘consenso’ para desarmar ‘democráticamente’ el reclamo de los familiares. El temor a no poder lograrlo justifica el pedido de auxilio a la Iglesia, los rabinos y el mismo PJ (que votó sin fisuras la Ley del Arrepentido para facilitar la gobernabilidad). Para ayudar a desmontar la potencial crisis, la conexión internacional que apuntala el encubrimiento para no afectar los acuerdos de Oslo entre los explotadores árabes y los sionistas, presiona para poner el ‘punto final’ con un juicio que castigue a los ‘perejiles’. Los EE.UU. presionan para que se condene, ante "la proximidad del juicio oral, a los presuntos integrantes de la llamada conexión local". "Queremos que el juicio oral empiece ya", concluyó el presidente de la Daia, mientras los observadores advierten que "si por errores en la investigación la causa se declara nula, el Presidente puede ser el blanco que muchos años tuvo a Menem en el centro" (La Nación, 19/7). Sea como fuere, para Israel "lo de los atentados es una nube dentro de nuestra excelente relación" (Aviran en Clarín, 16/7), lo que denuncia al embajador como pieza del encubrimiento internacional. Cierre y juicio trucho Todo este proceso político está en pleno desarrollo, y para nada cerrado. El Estado no tiene motivo alguno para brindar. A la hora del balance, De la Rúa confiesa que hay que rezar: "Sobre los resultados, es Dios quien nos puede apoyar, y ojalá nos ayude" (Clarín, 21/7). El otro factor en el desarrollo de la crisis es Memoria Activa. Tras acusar al Estado por su papel en la conexión local, durante el último año no tomó resoluciones políticas (ni siquiera en el terreno jurídico) que la ayudaran a organizar, de cara al futuro, la denuncia y resistencia a los planes del gobierno y de sus socios locales Daia/Amia. Su dirección no supo superar el trabajo de pinzas entre el nuevo gobierno aliancista, por una parte, y las instituciones judías y la Embajada, por la otra. La numerosa concurrencia del 17 de julio, que sorprendió incluso a sus organizadores, se fue emocionada pero con las manos vacías. En su discurso, los familiares de Memoria Activa no lograron expresar sus objetivos para la etapa que se abre. Es necesario denunciar los planes del gobierno aliancista para cerrar la causa mediante el fraude jurídico. El reclamo de "Juicio político a Galeano" también ayudará a organizar y desarrollar la movilización. De manera paralela, se hace necesario organizar una Comisión Internacional independiente para esclarecer el atentado y determinar las responsabilidades de los Estados que intervinieron en él. ¡Otro gobierno, la misma impunidad! El gobierno de la Alianza no puede superar al menemista porque se alimenta de los mismos intereses nacionales e internacionales.

Los resultados de las elecciones de principios de julio en México han provocado ‘euforia’ en Wall Street, el centro financiero norteamericano. No es para menos: el ganador, Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional, plantea transformar a la asociación económica con Estados Unidos y Canadá en un equivalente a la Unión Europea, lo que significa que la política monetaria mexicana pasaría a ser decidida por la banca central norteamericana. Esta virtual dolarización de México estará acompañada por la privatización en gran escala de la energía y del petróleo, y por la completa flexibilización del régimen laboral. La expectativa de Fox (que significa zorro en inglés) es que una masiva incorporación de capital norteamericano a México, que debería ser la consecuencia de la armonización del régimen legal y monetario de este país con su tutor norteño, retenga la fuerza de trabajo y limite, como resultado, la inmigración ilegal de mexicanos a Estados Unidos. A esta perspectiva se refiere Fox cuando dice que su propósito es lograr un acuerdo de libre movilidad de las personas entre los países del Acuerdo de Comercio de América del Norte. De cualquier modo, el mayor motivo de regocijo para los grandes pulpos yanquis es que se haya logrado dar una salida de derecha de este alcance a la crisis del PRI, en el marco de las elecciones regulares. Semejante desenlace, después de todo, no era previsible ni sencillo en un país que bate los récords de niveles de pobreza; donde una reciente huelga extraordinaria en la Universidad mostró tendencias profundas de exasperación y de lucha; en el cual sigue latente la crisis de Chiapas; y donde su partido de centroizquierda, el PRD, que gobierna la capital y que ha vuelto a ganarla recientemente, era hasta hace poco el candidato más seguro a quedarse con una sucesión del PRI. Planteado en otros términos: en lugar del camino ‘clásico’ de reconvertir hacia sus intereses a los partidos nacionalistas o centroizquierdistas que capitalizan el descontento popular, como los yanquis han hecho primero con el peronismo y Menem y luego con la Alianza (en especial el Frepaso), en Argentina, o con el PS de Lagos en Chile; en México consiguieron, en lugar de esto, que la derecha se convirtiera en la alternativa política democrática directa. Es lo que han tratado de hacer en Perú recientemente, con el fracasado Toledo, y lo que tratarán de hacer próximamente en Brasil en oposición a una nueva candidatura centroizquierdista de Lula. Este especial éxito político del imperialismo explica que sus voceros caractericen que el desplazamiento del PRI ha sido una consecuencia de la ‘globalización’. Lo que quieren decir con esto es que el proceso democrático puede ser debidamente manipulado, por una combinación de recursos financieros y de recursos políticos. En México, en efecto, los círculos del gran capital yanqui lograron, primero, comprar o alquilar un partido históricamente clerical, es decir anti-liberal, y ponerle al frente a un ejecutivo de su propia tropa, Fox, un ex gerente de Coca-Cola. Pero Fox, un llanero solitario, solamente pudo rivalizar con la enorme maquinaria estatal del PRI gracias a la enorme caja de campaña que le proveyeron esos mismos mentores yanquis y sus asociados mexicanos que operan en el norte del país. Del otro lado, sin embargo, el imperialismo incorporó a su programa toda la demagogia vacía del centroizquierdismo y, en un determinado momento, también a sus principales representantes. Es así que hoy revista como asesor de primer plano de Fox el politicólogo Jorge Castañeda, quien ha sido durante todo este tiempo el nexo oficial del centroizquierdismo latinoamericano del Chacho Alvarez, Lula y Tabaré Vázquez, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esta operación político-electoral del gran capital financiero yanqui en México debería ser suficiente para disipar cualquier especie de que la democracia formal es en sí misma un instrumento de la soberanía popular. El entusiasmo de los yanquis obedece, en definitiva, a que les han dado resultado los métodos que se vienen aplicando históricamente en los Estados Unidos y a que esto les confirma la ilusión de que se podría ‘norteamericanizar’ no solamente la economía sino también la política mundiales. El hábil empalme entre la centroizquierda y la derecha se manifestó en la capital, donde el electorado votó al PRD para la gobernación y al PAN de Fox para la presidencia. Pero es en Chiapas donde se percibe el alcance de toda la trama. En este Estado convulsivo, se ha formado una alianza entre ocho partidos, que incluye al derechista PAN y al centroizquierdista PRD, para participar de las próximas elecciones para gobernador. El candidato, Pablo Salazar, le suma al rejunte su condición de ex dirigente del PRI y su obediencia protestante. Según el corresponsal del Financial Times (19/7), "la inclusión de fuerzas de izquierda en su coalición le ha ganado (a Salazar) el respeto de los partidarios del Frente Zapatista... Ni la sociedad civil ni los zapatistas confían en gente con la trayectoria de Fox. Por eso es importante para Fox contar con Pablo Salazar si desea un eventual diálogo con el FZLN". La coalición PAN-PRD no tendrá ningún inconveniente en tomar como propios los discursos ‘humanistas’ del zapatismo, mientras el resultado final sea el respaldo al régimen político vigente en su versión post-priísta. Está fuera de cualquier duda que el imperialismo yanqui se esforzará por hacer valer los resultados de las elecciones mexicanas en su política latinoamericana, en especial para desarmar a la guerrilla colombiana y revertir de paso, en forma indolora, la experiencia chavista en Venezuela, y consecuentemente reducir los espacios de independencia de Cuba. El nuevo gobierno de México se sumará con fuerza a la coalición de la Unión Europea que ha venido a suplementar a Clinton en propósito de ‘pacificar’ el campo colombiano y superar la descomposición de sus gobiernos. Pero, sea como fuere, la amplitud de las crisis mexicana y latinoamericana supera la capacidad de los regímenes democratizantes, no importa la habilidad o astucias que hayan demostrado sus financistas y políticos. La misma tentativa de dolarizar a México y privatizarlo todavía más, augura crisis aún mayores que las que representó la deuda externa, el levantamiento de Chiapas, los crímenes del narcotráfico y la corrupción, o las huelgas últimas de obreros y estudiantes. Frente a este panorama inmenso, lo único que se le ha ocurrido a la dirección derrotada del PRD es ofrecerse como árbitro parlamentario entre el PRI y Fox, o sea explotar los entresijos del maltrecho parlamentarismo (Cuauhtemoc Cárdenas, en Página/12, 9/7). En oposición a semejante incapacidad política y al agotamiento del zapatismo, en México se plantea con enorme vigor la necesidad de un partido revolucionario. La victoria del gringo Fox

Izquierda Unida se tomó su buen tiempo, seis años, para participar de una movilización contra el atentado a la Amia. Se trata de un hábito y de un estilo, pues lo mismo hizo (es decir, no hizo, no se movilizó) con los 30.000 detenidos-desaparecidos, de quienes se acordó cuando los militares ya no estaban, o con los presos de La Tablada, a los que condenó públicamente el mismo día que los militares y carapintadas, bajo la batuta de Alfonsín, perpetraban toda suerte de crímenes. Si el hábito se mantiene, IU tomará de ahora en más la causa de la Amia como si hubiera peleado por ella toda la vida. Y aun así... porque la causa bastarda de este giro es que ahora tiene a un sionista en su lista. Y aun así... porque IU asistió a la ceremonia oficial pero no al acto de Memoria Activa. Es decir que concurrió a la escenificación oficial, donde estuvieron presentes los funcionarios de la Alianza y el famoso embajador Avirán, pero no a la conmemoración organizada por quienes se movilizan todo el tiempo contra este atentado y denuncian en forma sistemática al Estado argentino y a las autoridades (todas sionistas) de la colectividad judía. De modo que es más correcto decir, no que IU esta vez participó, sino que volvió a boicotear la movilización contra el atentado a la Amia. En esto debe tener que ver también su flamante candidato sionista, que tiene excelentes relaciones con la mayor parte de las instituciones del Estado de Israel. El Mst, de todos modos, no se hizo ni ver, porque aunque discrepe con el atentado defiende la causa antisionista de los estados árabes que supone han estado detrás de esa acción. Lo cual no les impide llevar a un sionista como candidato... De todos modos, es claro que para el Mst los acuerdos de Oslo no existen o son ‘progresivos’, como lo sostuvo cuando fueron firmados. Es que a partir de esos acuerdos, la ‘causa’ de los estados árabes es el reparto ‘pacífico’ del Medio Oriente con el Estado sionista, a expensas de la autodeterminación palestina y la independencia nacional de sus propias naciones. A partir de los acuerdos de Oslo los atentados terroristas que impulsan los estados árabes están al servicio de su más rápido cumplimiento. El interés común que une a los gobernantes árabes, sionistas y yanquis en torno a los acuerdos de Oslo, es la razón que explica que los poderosos servicios secretos de Estados Unidos e Israel no hayan esclarecido aún el atentado a la Amia. Conclusión: Izquierda Unida hizo un frente con De la Rua y Avirán contra Memoria Activa.

La aparición de la nieta del escritor Juan Gelman ha abierto una enorme crisis política en Uruguay. Ocurre que el programa que han elaborado los familiares de los desaparecidos ha provocado un tembladeral en el Frente Amplio-Encuentro Progresista. Los familiares exigen que el Estado asuma la responsabilidad por la represión durante la dictadura; que responda sobre el dónde, el cómo y el porqué de los desaparecidos; y que investigue el paradero de los niños desaparecidos. Uno de los líderes históricos del Frente Amplio, el general Liber Seregni, impulsa desde hace muchos meses el ‘cierre’ del tema de los desaparecidos. Ahora está planteando que hubo violaciones de los "dos lados", en alusión tardía a la teoría de los "dos demonios". Seregni propugna firmemente que no se prosiga con ningún tipo de investigación. Seregni se lamenta "no haberme reprochado la violación de los derechos humanos por parte de los Tupamaros" (Brecha, 2/6). Las declaraciones de Seregni han colocado en crisis a toda la dirección del FA-EP. Es que la tarea sucia que deberán llevar adelante sus principales dirigentes es eludir el genuino reclamo de los familiares, para que, como lo ha reclamado Tabaré Vázquez, "ningún uruguayo vaya preso". Por todo esto, los familiares no creen en ninguna "Comisión por la paz" y la marcha que convocaron contra la impunidad llenó el paraninfo de la Universidad, un gran éxito que se logró sin el apoyo del FA. La ‘verdad’ no saldrá nunca de los Batlle o los Tabaré Vázquez; deberá ser arrancada con la lucha y con un programa claro.

La Marcha de la CTA se ha puesto en movimiento desde Rosario, pero lamentablemente su objetivo es estrecho y sin futuro, pues se propone juntar un millón de firmas para que los ‘honorables’ legisladores se avengan a dar tratamiento a un proyecto de seguro para los desocupados que sean jefes de familia y se habilite un plebiscito para votar esta propuesta. Nada de esto se va a obtener, porque los representantes del pueblo no están para servir a los trabajadores. Albergar semejante ilusión luego de que aprobaran la reforma laboral y la reducción de los salarios, es hacer alarde de una fe a prueba de balas. El movimiento obrero debe encaminar la solución de sus necesidades por medio de la acción directa, pues ésta es la única capaz de doblegar al Estado capitalista. Para eso es necesario reclamar la unidad de sindicatos, regionales y centrales en función de lanzar una huelga general y no promover la publicidad de una central sindical en particular. En lugar de apelar a los legisladores o pequeños empresarios, es necesario convocar a un Congreso de delegados que recojan un mandato de las bases, con la finalidad de que establezca un plan obrero de salida a la crisis y tome la dirección y organización de la huelga general.

La movilización de los municipales de Montevideo contra la política flexibilizadora y antiobrera de la Intendencia frenteamplista tiende a afirmarse y generalizarse. La primera huelga de 11 días de los trabajadores de limpieza urbana impidió los cambios en las dotaciones de trabajadores por camión y recorrido. Ahora se movilizan los trabajadores nucleados en los centros comunales, a quienes se les ha rebajado sus ingresos, mediante el ajustazo ‘progresista’. Se ha ratificado el acierto de la asamblea general de los trabajadores municipales de Montevideo que votó, en mayo de este año, una plataforma que incluye el salario mínimo de 9.000 pesos, la remunicipalización de los trabajadores tercerizados y la eliminación de las privatizaciones, transformándose en un elemento de unidad para enfrentar el ajuste. En Adeom (municipales de Montevideo) prosiguen las asambleas de base y el estado deliberativo es creciente. Se prevé la realización de un plenario de delegados y una asamblea general para los primeros días de agosto de todos los municipales de Montevideo. Esto fortalecería la tendencia a la lucha que se hace presente en diferentes sectores y empalmaría con una movida a nivel nacional, en otras intendencias donde se están produciendo despidos y atrasos en los pagos de los salarios, pero donde también se está poniendo en pie una federación nacional. La repercusión política de esta movilización también es grande en el activismo obrero y en sectores militantes del Frente Amplio, en el que se consolida su carácter antiobrero y procapitalista. También fortalece la tendencia en otros sectores del movimiento obrero a ponerse en pie de lucha para combatir el ajustazo, ahora liberal-progresista. Carla Modernel, integrante del Comité Ejecutivo de Adeom, de la Coordinadora de Comités de Base de los Centros Comunales, nos cuenta los motivos de esta lucha. "Es una rebaja de ingresos" ¿Por qué están en estos momentos movilizados en los Centros Comunales? Nosotros estuvimos movilizados intentando demostrar *porque hasta este momento sólo teníamos una información verbal* nuestro repudio a la rebaja de un 30% de los ingresos de los compañeros de los Centros Comunales, con la suspensión del trabajo del día sábado. La Administración dice que no les toca el sueldo base... Es verdad, pero como se hizo una reestructura del escalafón, se achicó la cantidad de escalafones, se reacomodó a los funcionarios en ese escalafón de 22 niveles y se establecieron los básicos con una consultoría de la OIT y las demás compensaciones quedan fuera del sueldo base, saca el día sábado del sueldo base. Esto es una rebaja de los ingresos, es una compensación de carácter permanente que ya lleva más de 9 años y que se les saca a los trabajadores. Entrevista realizada por J. V. Andrada

No vamos a un acto diversionista que nos debilita Si se da crédito a lo que dicen los diarios, Hugo Moyano está promoviendo una lista peronista para las elecciones del 2001 por fuera del aparato oficial del justicialismo. La intención que le atribuyó el periodista Miguel Bonasso en una nota en Página/12, de que pretendería formar un partido de trabajadores, ha quedado en la nada. Lo que parece haber quedado perdido, aún más en la distancia, es la necesidad de dar continuidad al paro del 9 de junio pasado, que no logró arrancar ninguno de sus objetivos. El afán de Moyano por devolverle alguna credibilidad a la burocracia sindical a través de una CGT disidente, se derrite como la nieve bajo el sol. La alianza con los industriales nacionales que procuró por reclamo del episcopado, está poco menos que enterrada; el Techint Baglietto, de la Cámara de la Construcción, acaba de oponerse a cualquier tentativa de discutir aumentos de salarios en las paritarias que serían convocadas bajo el paraguas de la flamante ley laboral que descentraliza los convenios de trabajo. En el marco de este naufragio, Moyano se ha agarrado de un fallo del juez Ballesteros, que archiva una investigación judicial de la deuda externa promovida por el fallecido Alejandro Olmos, para convocar a un acto frente al Congreso, donde piensa reclamar una disminución de valor incierto de la carga financiera con el exterior. La CGT disidente califica positivamente un fallo que, sin embargo, da por archivado el asunto y le pasa el fardo al Congreso luego de haber dejado que la causa muera por prescripción. La investigación en cuestión se limitó a indagar los tejes y manejes de la dictadura sin identificar responsables, pero dejó de lado los atropellos infinitamente más graves que ocurrieron con posterioridad, a cargo de los gobiernos democráticos apoyados por la burocracia sindical. Desde que el último milico dejó el puesto de presidente, incluida la estatización de la deuda por parte de Cavallo, la deuda externa subió nada menos que un 400%, desde 40.000 a 200.000 millones de dólares. El Estado nacional adeuda, según una investigación del economista Marcelo Lescano, unos 120.000 millones; los estados provinciales, unos 20.000 millones; y los grupos privados, unos 60.000 millones de dólares. En este cálculo no se encuentran incluidos los 55.000 millones depositados en dólares en los bancos. Los delitos y la entrega de la dictadura son, con el paso del tiempo, un poroto al lado de lo que la democracia supo conseguir. Por una parte, hay que recordar que la democracia convirtió a los titulares de los créditos y de las deudas del período de la dictadura, en anónimos poseedores de bonos, borrando de este modo las huellas de los responsables de los desfalcos que se habían cometido. Por otro lado, esta conversión de la deuda de la forma de contratos con bancos en títulos que se cotizan en las Bolsas, facilitó más tarde la privatización de las empresas públicas, donde fue ejecutada la operación de mayor perjuicio al interés nacional en todo el proceso de endeudamiento con el exterior. La titularización de los créditos adeudados en dólares permitió que gran parte de la deuda externa fuera adquirida a bajo precio por los capitalistas argentinos, como los Techint, Acindar, Macri, Fortabat, Escasany, etc., al extremo de que hoy el 30% de la deuda ‘externa’ se encuentra en manos de ‘argentinos’. Esto explica que ‘nuestra’ burguesía ‘patriótica’ sea hostil al repudio de la deuda externa. Pero no es para protestar contra los actuales aprovechadores que se moviliza Moyano, sino contra los que ya han entrado en la tercera edad. Contra los Martínez de Hoz, no contra sus sucesores del ‘Grupo Productivo’, ni contra los parlamentarios que los protegen desde el Congreso. Tampoco es para luchar contra el co-gobierno de la Alianza y los gobernadores y políticos justicialistas, que recientemente han efectuado un canje de bonos de la deuda externa que tiene por resultado un incremento del capital a pagar y un aumento también de la tasa de interés, a cambio de un ingreso en efectivo que se usó en forma fraudulenta para hacer aparecer una baja contable del déficit fiscal. Por todo esto, los trabajadores no nos debemos prestar a la farsa que se quiere montar el miércoles 26, teniendo en cuenta que debilita nuestra capacidad para darle continuidad a la lucha por la cual paramos el 5 de mayo y el 9 de junio pasados.

La Legislatura de la Ciudad Au­tónoma de Buenos Aires sancio­na con fuerza de ley: 1 Queda establecido un salario mínimo de 600 pesos mensuales, 30 pesos la jomada y 3,50 pesos la hora, en todo el ámbito de la Ciudad. El pago de este salario mínimo es obli­gatorio para toda empresa que ejerza sus actividades, se encuentre radica­da o cuente con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. El salario mínimo establecido beneficia a todo trabajador mayor de catorce (14) años que desempeñe sus funciones en la Ciudad de Buenos Ai­res, sea su retribución mensual, jornalizada, por hora o a través de cual­quier modalidad o procedimiento. El salario mínimo regirá para una jornada laboral de 8 horas y se­rá objeto de los aportes y contribu­ciones previstos en la legislación vi­gente. El salario mínimo se ajustará automáticamente en forma mensual según la variación que registre el índice de costo de vida que publica el Indec correspondiente al mes vencido inmediatamente anterior. El ajuste no tendrá lugar cuando la variación del costo de vida sea nega­tiva. Se establece un incremento se­mestral del salario mínimo en un 9 por ciento, con el objeto de llevarlo, en un plazo de cuatro años, a los 1.200 pesos mensuales en valores constantes, que es el costo estimado de la canasta de bienes y servicios básicos en el que incurre una fami­lia tipo en la Ciudad de Buenos Ai­res en la actualidad. Se encarga el cálculo del costo de la canasta de bienes y servicios en función del concepto de necesi­dad social para una familia tipo, con la finalidad de que sirva como refe­rencia para un nuevo cálculo del sa­lario mínimo vital. Se encarga la realización de una encuesta con es­te fin al organismo técnico compe­tente de la Ciudad, conjuntamente con los representantes de las orga­nizaciones de trabajadores que se mencionan en el artículo 7. Para fiscalizar el cumplimien­to de esta ley de salario mínimo, vi­tal y móvil, se ordena completar la elección de delegados y comisiones internas en todos los establecimien­tos de trabajo de la Ciudad. Estas organizaciones de trabajadores se harán responsables de efectuar las denuncias que correspondan al in­cumplimiento de la presente ley. Se designa una comisión com­puesta por un representante de ca­da bloque de la Legislatura y un re­presentante por cada una de las centrales sindicales para supervisar el cumplimiento de la disposición que establece la elección de los dele­gados y las comisiones internas.

Con una asamblea de vecinos en el Bajo Flores comenzó la campaña "La banca del PO va a los barrios". Más de 50 vecinos se reunieron en el local de Miraflores 2205. Delegados y activistas de la Villa 1-11-14; trabajadores de la construcción de las obras de urbanización; vecinos de barrio Rivadavia I y Rivadavia II; jubilados; vecinos de barrios aledaños, y estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía (Caballito). Altamira introdujo el debate explicando que la banca del Partido Obrero estaba al servicio de la lucha por una salida a la situación desesperante de las masas. En esta perspectiva presentó la campaña por una ley de salario mínimo de 600 pesos para una jornada de 8 horas, con ajustes semestrales para llegar en cuatro años a los 1.200 pesos. Altamira señaló que el diputado obrero no es un "gestor" que sustituye la movilización de los trabajadores, sino un factor para la organización de esa movilización. La banca debe servir de portavoz de las reivindicaciones de los explotados, y como impulsora de la organización y de la lucha. A partir de allí, la reunión se convirtió en una verdadera asamblea. Se expusieron reclamos: desde los ruidos molestos, como las provocaciones que parten de un templo evangelista, hasta las inundaciones por la insuficiencia del desagüe pluvial; también el problema de la urbanización de la Villa 1-11-14, donde se construyen viviendas insuficientes para la población existente y con condiciones de acceso imposibles de cumplir para la masa de desocupados, trabajadores en negro, trabajadores de bajos sueldos o extranjeros sin documentación al día; y la situación de los trabajadores de las obras de la Comisión Municipal de la Vivienda, donde acaba de morir un obrero por las condiciones de inseguridad imperantes. Se debatió también acerca de la explotación esclavista (con la complicidad policial) de trabajadores inmigrantes en el barrio y la explotación de la prostitución. Las iniciativas y denuncias de los vecinos están planteadas desde hace años. Los militantes del PO del local asumieron la responsabilidad de sistematizar todas las denuncias y proponer la forma de las acciones que se llevarán a cabo. Esto se volcará nuevamente en el barrio, y la banca del PO quedará al servicio de esta acción. La próximas asambleas, anunciadas en el afiche que se está pegando en toda la Capital, se realizarán en los barrios de Lugano, Almagro y Once.

Una de las bases de la política de su­perexplotación y de empobrecimiento de los trabajadores en la última década ha sido, por un lado, el congelamiento del sa­lario mínimo al nivel que tenía en las vísperas de la hiperinflación alfonsiniana y, por el otro, la violación de la jomada de ocho horas. Al prohibir más tarde la indexación de los salarios y de las jubilaciones en función del costo de vida, la ley de con­vertibilidad permitió a las patronales li­cuarlos en un 50 por ciento. A esto se agregaron la andanada de contratos ba­sura, el trabajo en negro y todas las for­mas de flexibilidad laboral, que sirvieron para alargar la jomada y aumentar los ritmos de trabajo. La lucha por recuperar el salario mí­nimo, vital y móvil, que está relacionado con el costo de la canasta familiar, así co­mo la vigencia de la jornada de ocho ho­ras, se ha transformado en una necesidad crucial. Esta lucha requiere una acción decidida por parte de los sindicatos, y por lo tanto la remoción de la burocracia sin­dical, pero también una decidida acción en el plano de la lucha político-legislativa. Los límites insalvables que tienen una ac­ción y la otra, exigen primero que sean planteadas a fondo. La organización de base de las masas y la acción directa de estas, solo pueden desarrollarse a partir del planeamiento de sus necesidades es­tablecidas en forma concreta. El salario inferior a los 400 pesos que cobra el 49% de los trabajadores de la ciu­dad de Buenos Aires, se emparenta casi peso por peso con lo que podría llegar a ser la changa de un desocupado. Los sala­rios de miseria han quebrado, en una me­dida impresionante, la diferencia social entre unos y otros. La tesis de que existe una ‘fractura social’ entre los 'excluidos’ y los que gozan del beneficio de la ‘inclu­sión’ en el capitalismo, ha sido completa­mente desmentida. El capital necesita te­ner una masa de desocupados no como un fin en sí mismo, sino para lograr mayores niveles de superexplotación de la fuerza de trabajo viva. El efecto de la hiperinflación de 1989 puede verse en los índices calculados por Fide, que, sobre una base 100 para el sa­lario real en junio de 1985, daba 68,2 pa­ra el promedio de 1991, o sea una caída del 32%. El Indec, por su lado, informó, de una caída del 23% en los salarios reales de la industria, entre 1993-98, reflejando las consecuencias del congelamiento esta­blecido por la convertibilidad (Clarín, 5/9/99). Este mismo informe oficial señala que en esos cinco años el empleo indus­trial se redujo en un 11,7%, mientras que el volumen físico de la producción creció casi el 15%. La tasa de explotación por obrero creció, por este solo motivo, en un 30%, lo que añadido a la caída del salario suma un incremento del 80%. El incre­mento de la producción y de la productivi­dad no se ha ‘derramado’, como sostienen los apologistas del sistema, al conjunto de los trabajadores, sino que ha redundado en una mayor tasa de explotación y en una mayor concentración de los ingresos en pocas manos. “Durante la década de los ‘90, mien­tras el PBI creció un 51,4% -dice Artemio López de la encuestadora Equis- la bre­cha entre el 10 por ciento de los percepto­res más pobres y más ricos se amplió un 57 por ciento...” (Clarín, 23/7). En la Ciu­dad de Buenos Aires, esa brecha pasó del 39,2 al 89,2 por ciento, es decir un creci­miento del 127%. La mayor parte del incremento de la tasa de explotación tiene que ver con el alargamiento de la jomada laboral. Aun­que se trata de una tendencia mundial, Argentina encabeza el pelotón con 2.334 horas anuales en 1997, el año previo a la actual recesión. En comparación, Estados Unidos registraba 1.948 horas al año y Francia, 1.883, en el año 1998. Una dife­rencia del 20 y del 40%, respectivamente. El exceso de horas de trabajo de la pobla­ción ocupada, que son diez millones de personas, equivale casi exactamente al tiempo de trabajo que podría ser emplea­do por los trabajadores desocupados y subocupados, que suman unos cuatro mi­llones. No se ha llegado a esta situación como consecuencia de un libre juego de la ofer­ta y la demanda, ni tampoco está relacio­nada con la productividad del trabajo, que es la más alta de la historia. Se han em­pleado para alcanzar estos resultados me­dios extraeconómicos, es decir la coerción política. Entre los medios utilizados figu­ran la hiperinflación promovida desde el Estado; una corrupción estatal sin prece­dentes de la burocracia de ion sindicatos; la represión de las luchas populares, con un récord de procesamientos judiciales; el remate y el desmantelamiento de casi to­do el patrimonio económico del Estado; y por supuesto, la liquidación de toda la le­gislación protectora del trabajo, entre ellas la del salario mínimo. La productividad social del trabajo no mide el valor de la fuerza de trabajo, sino el estadio de desarrollo de la sociedad. El valor de la fuerza de trabajo está determi­nado por el valor del conjunto de las nece­sidades sociales requeridas para el man­tenimiento de la capacidad productiva del trabajador. Pero el precio corriente de la fuerza de trabajo, o sea el salario, se en­cuentra hoy muy por debajo de ese valor, y por lo tanto muy alejado de las exigen­cias y posibilidades que plantea el actual desarrollo de las fuerzas productivas. Argentina es un caso extremo de una tendencia mundial, lo que demuestra que más allá de las particularidades de su po­lítica económica, refleja a un sistema so­cial que es incapaz de garantizar la vida de quienes lo sostienen con su trabajo. Así lo revela la persistente desocupación eu­ropea, que ya tiene un cuarto de siglo y aun hoy supera el 10%; o el caso de Esta­dos Unidos que, a pesar de una coyuntu­ra favorable, aún paga en promedio salarios inferiores a los de la década del ´60. Es que a pesar de este incremento de la explotación, los beneficios de las corporaciones norteamericanas se encuentran por debajo del 9% del total de sus activos, luego de haber tocado un mínimo del 7% a fines de los '70, en contraste con el casi 12*% que era típico en la década del ‘60 (Financial Times). La incapacidad del ca­pital para recuperar su tasa de beneficios a pesar de los recursos políticos y hasta militares que ha empleado para ello, ex­plica por qué el desempleo, los bajos sala­rios, la miseria cotidiana y la pobreza no son fenómenos coyunturales. Es necesa­ria, entonces, una decidida acción política para combatir estas tendencias del capi­talismo a la destrucción de la vida social. Los 600 pesos que el Partido Obrero reclama como salario mínimo apenas co­rresponden a la mitad del gasto promedio mensual de una familia tipo de la ciudad de Buenos Aires calculado por el Indec. Este gasto era, a mediados de la década del ‘90, de 1.600 pesos, lo que refleja el de­terioro social que se ha producido. El es­tablecimiento de ese salario mínimo com­binado con la vigencia de la jornada de ocho horas, significaría para la mitad de los trabajadores una mejora del 50%. La cifra de 600 pesos ha sido tomada sola­mente como un punto de partida en fun­ción de las expectativas mínimas mani­festadas por los trabajadores en las ac­tuales circunstancias. Por eso el Partido Obrero plantea un reajuste periódico que lleve el salario mínimo a 1.200 pesos al cabo de cuatro años. Sería ridículo que una propuesta de salario mínimo de (>00 pesos pudiera ser rechazada cuando el propio gobierno nacional acaba de esta­blecer esa remuneración como la condi­ción mínima para ingresar a un plan de viviendas (Clarín, 21/7). En la situación actual varios millones de argentinos tie­nen oficialmente negado el derecho, no ya a una vivienda propia, sino a un crédito oficial que les permita construirla!! El gasto mensual promedio de una fa­milia tipo no refleja, sin embargo, la satis­facción de las necesidades sociales que tienen que ver con la época histórica ac­tual. En este sentido, un salario de 1.200 pesos aún estaría lejos de cubrir esa nece­sidad social. Es necesario, e incluso fun­damental, que las organizaciones obreras se aboquen a determinar la composición y el costo de una canasta familiar que real­mente conserve la capacidad productiva de los trabajadores y sus posibilidades de desarrollo humano. Los principios de un nuevo desarrollo social, que permita que el libre desarrollo de cada uno sea la me­dida del desarrollo de todos, deben mani­festarse en forma concreta en la lucha contra el deshumanado régimen actual. La legislación laboral es incapaz, aun en las mejores de las circunstancias, de proveer a la protección de la fuerza de trabajo. Una burocracia de Estado se encarga de permitir que sus disposiciones sean incumplidas. Los más relevantes órganos del Estado se inclinan fácilmente a la complicidad con el capital, como lo demuestra la tolerancia de sus tres poderes con la desactualización de la ley nacional de salario mínimo durante ya más de una década. Las características democráticas del régimen político actual tienden a asumir cada vez más un carácter formal y verborragico, en tanto las decisiones se concentran cada vez más en un círculo restringido del poder vinculado a los grandes intereses capitalistas. Por todo esto proponemos que el cumplimiento de la presente ley quede en manos de las organizaciones obreras interesadas, los delegados y comisiones internas, y que la propia ley imponga su vigencia y reconocimiento en todos los lugares de trabajo. Se destaca aquí el empeño en que la legislación no tenga un carácter puramente declamatorio, como seria si se dejara su implementación a la jefatura de gobierno. Es necesario que la ley sea directamente ejecutiva para evitar su desconocimiento o distorsión por la burocracia de turno. La sanción de una leu de salario mínimo para la Ciudad de Buenos Aires servirá como referencia movilizadora para todo el país. Deberá ser completada con una ley de reparto de horas de trabajo que ponga fin a la desocupación El proyecto referido al ámbito de la cuidad pone de manifiesto un federalismo revolucionario porque contribuye a modificar la evolución retrograda sufrida por la nación. El “puerto” dejara de ser acusado de estar de espaldas al país y volverá a ser, como en algunas contadas ocasiones, su vanguardia

En un editorial, La Nación saludó la reunión entre Beliz-Cavallo e Ibarra-Felgueras, "como un valioso gesto de conciliación". Dice que, debido a que "la Alianza no tendrá mayoría en la Legislatura local", Ibarra no podrá ejecutar la tarea que le corresponde de "esculpir los detalles finos" del régimen de gobierno autónomo de la ciudad sin "una armoniosa relación" con la oposición, es decir con el bloque de Cavallo y Beliz. Estas bellas palabras disimulan apenas el interés del diario fondomonetarista de ver al Encuentro de la Ciudad co-gobernando con la Alianza, o sea que monten una conspiración política para que la Legislatura no deje de ser un dócil instrumento de los pulpos que lucran con la especulación del suelo urbano. No en vano De la Rúa acaba de insistir, en la Bolsa de Comercio, en una idea original de Cavallo, de "hacer de Buenos Aires un gran centro financiero internacional" (Clarín, 11/7). Para tal fin prometió nada menos que los recursos de las AFJP... El radical, como se puede ver, no le va a la zaga a su predecesor riojano. El ‘valioso gesto de colaboración’ significa que los dos grupos "se pusieron de acuerdo en integrar una comisión que elabore la agenda legislativa 2000". Y no solamente esto; también discutieron el reparto de la Ciudad. "Cavallo reclamó la presidencia de la Auditoría, el Consejo de la Magistratura y el Ente Regulador de Servicios Públicos", insiste Clarín; es decir el manejo de las instituciones claves de los negocios del próximo período. Aunque Ibarra habría dicho que semejante reparto es atribución de la Legislatura, también aseguró que aceptaría "otorgar esos resortes de control a la principal fuerza opositora" (ídem). El manejo que se pretende de ‘la agenda legislativa’ significa que se regimentarán las comisiones de la Legislatura para que nada ni nadie pueda salirse del guión que se ha fijado. El resto de la oposición será simplemente silenciado y la Legislatura se reducirá a una cámara que le ponga el sello a lo decidido a sus espaldas. El ‘valioso gesto de colaboración’ pasa a tener las trazas de una conspiración política. Pero el contubernio todavía no está cerrado, porque si por un lado ninguno de los bloques patronales quiere que la Legislatura se salga de madre, los negocios podrían comprometer esa ‘valiosa colaboración’. Es así que el acuerdo que pretendieron urdir hace un mes para "sancionar leyes consideradas prioritarias para la fórmula que asumirá el 6 de agosto (a cambio) del reconocimiento de espacios en el Parlamento local para la coalición de centroderecha", murió en menos de lo que canta un gallo. En efecto, la Alianza consiguió reclutar a siete legisladores peronistas que concluyen su mandato el 5 de agosto, para que le aprueben las leyes de licitación del mobiliario urbano y las playas de estacionamiento de la ciudad, prescindiendo de los votos del bloque de Beliz, que eligió la abstención. Al mismo procedimiento ‘transparente’ piensa recurrir la Alianza para hacer aprobar, en una maratónica sesión que tendrá lugar el 4/5 de agosto próximo, los códigos de Planeamiento Urbano y el Ambiental, que establecerán de aquí en más los espacios de especulación inmobiliaria, entre ellos la zona de Retiro-Facultad de Derecho, que tiene un valor potencial muy superior al de Puerto Madero. El grupo de justicialistas que respalda con su voto las maniobras del gobierno de la Alianza no ha sido denunciado, sin embargo, ni por el PJ ni por el Encuentro de Cavallo-Beliz. Aunque el bloque de Beliz amenaza con recurrir a la justicia por lo que alega es una violación de los plazos que se deben cumplir para aprobar la licitación del mobiliario de publicidad, kioscos, etc., de la ciudad, y hasta protesta contra la sesión maratónica, todo indica que simplemente está negociando su ‘colaboración’ presente y futura a cambio de las posiciones que reclama, incluidos los nombramientos en el Banco Ciudad. La falta de sencillez de la información que brindan los diarios sobre estos manejos y la ausencia casi completa de una cobertura de ellos por parte de la radio y de la televisión, impiden que lo que está ocurriendo pueda servir como una enseñanza política a los trabajadores. Pero los hechos señalados demuestran que las características democráticas de las instituciones parlamentarias del régimen capitalista se arrugan como un bandoneón cuando los partidos del sistema dejan de tener un control absoluto de ellas, debido a la aparición de partidos opositores de izquierda. La Alianza no ha renunciado, por supuesto, a domesticar también a ciertos partidos de izquierda de cuño democratizante, ya que conseguirlo le reduciría en mucho los costos políticos de su política de regimentación parlamentaria. Existen vínculos de todo tipo entre el ala democratizante de izquierda de la Legislatura y la pata frepasista de la Alianza, por ejemplo. Pero incluso en este punto las maniobras de domesticamiento parten de hechos despóticos previamente consumados, es decir una mayor regimentación. Denunciamos estos manejos como una conspiración política que pretende, por un lado, birlar al conocimiento de la opinión pública los chanchullos de los funcionarios democráticos, y del otro, permitir que se ‘licite’ la ciudad en beneficio de los pulpos inmobiliarios y de todos aquellos que luego querrán lucrar con los fondos que esas privatizaciones provean al Tesoro público. Reclamamos que las comisiones de la Legislatura funcionen invariablemente con la voz y el voto de todos los partidos representados, y que del mismo modo se forme una comisión encargada de asegurar que llegue a la opinión pública la totalidad de la información parlamentaria en forma accesible y con el protagonismo de los propios diputados y diputadas. El Partido Obrero convertirá en tema de agitación política y de deliberación popular los asuntos que más afecten a los trabajadores y permitan desnudar el carácter de clase y el despotismo de la democracia capitalista.

El tema de la violencia juvenil ha cobrado mucho vuelo en las últimas semanas. "En cada barrio de Córdoba hay una organización juvenil de naturaleza violenta", señaló inusitadamente un periodista (La Voz del Interior, 13/7), para agregar que "los habitantes de Los Naranjos relataron que hay patotas de jóvenes que se han adueñado del barrio". La intención detrás de estos comentarios no es, sin embargo, otra que cebar la represión policial. El jefe del Precinto 36, por ejemplo, advirtió que "estamos trabajando para solucionar estos problemas. Ahora tendremos móviles nuevos para incrementar el patrullaje", y que "la vigilancia es permanente, a partir de las 8 horas". Los resultados finales han sido la acentuación de las rivalidades entre las bandas y la represión contra cualquier grupo de jóvenes en los barrios y villas. El otro aspecto es la violencia en las escuelas secundarias. Además de "una joven agredida con una trincheta por varias compañeras del IPEM 2", "en este período lectivo, otras dos chicas sufrieron agresiones de similares características" (La Voz del Interior, 16/5). En un congreso nacional sobre Violencia Escolar, que tuvo lugar en Córdoba y fue presidido por el ministro Llach, se admitió que "el Ministerio de Educación no cuenta con gabinetes psicopedagógicos suficientes para frenar la escalada de violencia, e incluso ni siquiera para realizar convenientes tareas de prevención" (ídem). Como la prioridad es el pago de la deuda externa, la falta de fondos se remediará con "un control (policial) a la salida de las escuelas" (La Voz del Interior, 13/7). La presencia policial es ya una realidad en muchos colegios, con su secuela de discriminación y autoritarismo. Es decir, que el gobierno profundiza la violencia juvenil en las escuelas. El Estado sólo ofrece violencia para combatir la violencia juvenil, lo cual desnuda una contradicción insuperable. La miseria abrumadora en los barrios obreros y villas constituye una verdadera fuente de degradación. La violencia sólo encontrará solución bajo un nuevo orden social que garantice el libre crecimiento moral, material, físico e intelectual de la juventud. Se trata de que los jóvenes luchemos junto a la clase obrera para acabar con el capitalismo mediante un gobierno de los trabajadores, para desarrollar el socialismo.

Como bien denunciamos en el PO Nº 672, la lucha de los estudiantes de la Universidad de La Matanza puso al desnudo la política de expulsión de los trabajadores de la universidad. El martes 11 se realizó una impresionante movilización que conmovió a toda la comunidad. Alrededor de 200 personas se hicieron presentes reclamando el no cierre de Trabajo Social y la defensa de la educación pública. Como resultado se consiguió la ‘garantía’ de la apertura del curso de admisión en la segunda instancia, pero con la carrera "reestructurada". Lo importante a resaltar es que se fortaleció la organización de los estudiantes y se consiguió el apoyo de un núcleo de docentes, la declaración de compromiso a permanecer en asamblea permanente y la garantía de exigir que en la reestructuración de la carrera participen los tres claustros. El claustro de alumnos tendría que conformarse sobre la base de la asamblea permanente que tomó el departamento de Sociales. La asamblea que funcionó el jueves 13 decidió resolver el levantamiento de la toma al día siguiente, en una gran asamblea. Un día de furia El viernes 14 a las 17:30 hs, una patota del Centro de Estudiantes (Liga Federal-PJ) encabezada por el hermano del rector, Daniel Martínez, irrumpió en el departamento de humanidades donde había siete compañeras y tres compañeros, a quienes se agredió brutalmente con palos y sillas. Incluso intentaron ahorcar a una compañera que estaba filmando y golpearon a una embarazada, que tuvo que ser hospitalizada. La frutilla del postre: cuando los agredidos convocaron a otros compañeros, medios de prensa y a la Lista Violeta del Suteba - La Matanza, el rector ordenó cerrar los portones dejándolos junto a otros estudiantes encerrados en la universidad. Los compañeros quedaron contra el portón mientras la patota bloqueaba la única salida habilitada, con el amparo del rector. Los compañeros que quedamos del lado de afuera cortamos la calle y originamos tal presión que obligó a hacerse presentes a un par de diputados y un concejal, que demostraron su inutilidad. El juez (el único autorizado para abrir el portón) llegó recién a las tres de la mañana. El cadáver insepulto del PJ apestó La Matanza El Centro de Estudiantes sufrió una fractura terminal. Tenemos que plantear la renuncia inmediata de su dirección y convocar a nuevas elecciones. Mientras tanto, la Asamblea Permanente debe hacerse cargo de la conducción del Centro y empezar a trabajar en la defensa real de los estudiantes. Queda planteada la unión de los estudiantes de Trabajo Social con los de las demás carreras. Ya se ha formado una comisión de Educación Física con ese objetivo. Ya está convocada la asamblea que decidirá las acciones a tomar de aquí en más.

Es necesario acelerar la Campaña Financiera Nacional si queremos cumplir con los objetivos. Y es importante que los alcancemos, porque son la base material para desarrollar las campañas políticas. El jueves 20, en el Bajo Flores, dio inicio la gira por las barriadas de la Capital, con la presencia de Jorge Altamira, ante una numerosa concurrencia. En las próximas semanas estas reuniones se ampliarán a Lugano, Almagro, Once, Paternal, Patricios y a todos los barrios. La "Carta Abierta al Movimiento Obrero" publicada en el número anterior de Prensa Obrera sigue recogiendo adhesiones. Sus firmantes están preparando un acto público por un Congreso de Bases del movimiento obrero y la preparación de la huelga general. El PO apoya esta campaña porque le da un cauce consecuente a las luchas y tendencias clasistas que se desarrollan en el movimiento sindical (choferes de La Internacional, desocupados de Salta, estatales, etcétera). Luego del campamento de invierno, la Unión de Juventudes por el Socialismo preparará un Plenario Nacional Universitario para fines de agosto, con el objetivo de reagrupar las fuerzas que quieren enfrentar el desmantelamiento y privatización de la universidad. En oportunidad del 60º aniversario del asesinato de León Trotsky tendrá lugar una gran actividad político-programática vinculada a la refundación de la IV Internacional. Para todo esto es necesario que aportemos y nos sumemos a esta campaña financiera nacional. El sábado 5 y domingo 6 de agosto nos vamos a volcar en masa a las jornadas de movilización nacional por la Campaña Financiera, organizando colectas en las barriadas y en los domicilios de los simpatizantes y amigos a fin de dar un fuerte impulso a su éxito.

Ningún índice de desocupación podrá describir la realidad de la falta de trabajo entre más de un tercio de los trabajadores argentinos. Tampoco las encuestas lograrán dar una idea de la situación del 50% de los trabajadores que ganan un salario inferior a los 400 pesos. Los obreros sufrimos de los dos males principales del capitalismo: de la exclusión y de la inclusión. Si estamos afuera, no nos queda más que la changa o la mendicidad. Si nos meten adentro, tenemos que soportar jornadas de hasta 12 y 14 horas por salarios que cubren la cuarta parte del costo de una canasta familiar. Por todo esto, en los hogares falta de todo, en especial para los más chicos. Solamente una lucha enérgica, a fondo, hasta sus últimas consecuencias, podrá superar esta situación. La necesidad de hacer frente a lo más elemental tenemos entonces que integrarla dentro del programa de lucha general. Esto significa que los trabajadores nos organicemos también en forma autónoma para conseguir los elementos básicos para la sobrevivencia individual, de los hogares y de los barrios. No permitamos que nos sumen el agravio al daño, como es convertirnos en sujetos pasivos de los punteros que manipulan políticamente la llamada asistencia social, ni la de los sacerdotes que hacen lo mismo con la caridad. Organicémonos en una campaña para reunir abrigos, en este invierno, y para cubrir toda otra suerte de necesidades, del mismo modo que lo hacemos en muchos lugares donde ya estamos organizados, en comisiones vecinales, de fomento o de desocupados, para reclamar a los municipios y gobernaciones la atención de nuestras reivindicaciones. El Partido Obrero quiere incorporarse a esta organización o contribuir a sus objetivos, para lo cual impulsamos una campaña para que todos aquellos que tienen ropas y abrigos que ya no les sirvan o les sobren, los acerquen para distribuirlos a las familias que los necesitan, pero haciéndolo por medio de nuestra propia organización y movilización, y para inculcar entre todos los que sufren esas carencias la necesidad de movilizarse y organizarse.

Mister Clinton, al presentar el descubrimiento de la secuencia del genoma humano, pontificó: "Ahora conocemos cómo Dios escribió el libro de la vida". De haberlo descubierto antes, lo hubiera podido presentar ante la justicia y las iglesias como prueba de exculpación por su affaire con Mónica Lewinsky. Lo cierto, sin embargo, es que el descubrimiento quiebra una vez más la idea de que el hombre es una "creación" única y particular del ‘Señor’. Como lo planteó un Premio Nobel de medicina (ver PO Nº 672) nuestros genes se parecen demasiado a los de los gusanos o ratones como para pensar que no responden a la evolución de las especies, la tesis descubierta por Charles Darwin. Pero tampoco son los genes el "libro de la vida". Lo esencial del fenómeno viviente *desde los microorganismos más elementales hasta las más complejas formas animales* es su determinación por el intercambio de materia entre el individuo y el medio, que se conforma y autorregula en un vínculo indisoluble y permanente. La vida no se reduce a los mecanismos físicos y químicos, que son su base fundamental; no es apenas el despliegue de una suerte de "código" comprimido que estaría depositado en cada gen, sino un mecanismo de autoconstrucción. En esta interacción de factores internos y externos, lo "interno ni siquiera significa lo mismo que lo genético, porque el desarrollo celular está relacionado con variaciones que se producen al azar durante el desarrollo (lo que se llama ruido genético o del desarrollo). Esto es lo que hace, por ejemplo, que incluso los gemelos tengan distintas huellas digitales" (Leonardo Moledo y Joaquín Mirkin, en Radar, julio 2000). La especie humana corresponde, además, a un animal muy especial, "social" según una muy antigua definición de Aristóteles, es decir, que es un resultado de la evolución de su propia sociedad y de sus potencias colectivas. Somos, hoy, el resultado de una larga historia y no ya de la naturaleza. El individuo de nuestra época puede acceder, por ejemplo, a un conocimiento como el de la biología molecular y genética. Lo que no puede el individuo contemporáneo es poner ese conocimiento al servicio del mejoramiento universal de la calidad de la vida humana. La razón es precisamente social y no será descubierta en ningún gen particular, sino en la estructura de clases explotadora del régimen social capitalista. La ciencia y sus productos, así como el pan y los alimentos, estarán a disposición del Hombre cuando un régimen social basado en la apropiación y producción colectiva elimine las condiciones de explotación de millones de seres humanos por un puñado de corporaciones del monopolio privado del gran capital. El gen de la revolución social tampoco existe; es algo que depende de una autoconstrucción y que, como la vida misma, no está predeterminado en un código que nos trazaría un destino inmutable.

Comienza con la imagen de fábricas funcionando. El que las ve es Frank, un estudiante de administración de empresas que regresa a su pueblo a hacer una pasantía en el departamento de Recursos Humanos en la misma fábrica donde su papá es obrero desde hace treinta años. Frank cree que con sus propuestas puede desbloquear las negociaciones sobre la reducción de la jornada laboral (a 35 horas) que enfrenta a la dirección (patrones) con los sindicatos. Pero tan pronto consigue la aprobación de los gerentes para realizar una consulta entre el personal, advierte que está siendo utilizado para un plan de reestructuración que implica el despido de varios empleados, entre ellos su padre. Esta conciencia lleva a Frank a luchar contra los despidos. El padre prefiere que no se oponga a la patronal, que se alíe a ella para alcanzar otro destino social; para esto es que, dice, la familia habría hecho sacrificios. En defensa de esta idea hasta carnerea la huelga de la que participa su hijo. Los huelguistas toman la fábrica. Este será el momento en que el hijo apaga la máquina del padre y le grita: "Tengo vergüenza de ser el hijo de un obrero, vergüenza de ser tu hijo, vergüenza de tener vergüenza; y vos me generaste esa vergüenza, sos vos el que no ama a su clase. Y ahora hasta tengo vergüenza de estar preparado, de saber hablar para defender a la patronal". Este enfrentamiento despertará al padre, que pasa a participar activamente en la toma de fábrica. Hay otro personaje fundamental, un obrero, joven, compañero de máquina del padre y compinche de Frank. En la lucha, una madrugada, trago de por medio, denuncia el diario trabajo embrutecedor frente a la máquina; reflexiona sobre la condición obrera en su totalidad, no únicamente sobre la pelea por el salario. La razón de esta película, según su director, sería "que en Francia la gente ha retomado su interés por el movimiento social, que reapareció en el ‘95, en una importante huelga del transporte. La gente que fue víctima de esta huelga decidió apoyar a los huelguistas, en lugar de enojarse con ellos, así comenzaron a surgir instituciones de lucha contra el desempleo, los sin techo, la discriminación de extranjeros. Y el cine ha sido tal vez el reflejo de ello" (La Nación, 13/6). "Recursos Humanos" ha recibido premios y la prensa (burguesa) la ha calificado como excelente, porque, dice, "no cae jamás en la bajada de línea". "Afloran *comenta La Nación (15/6)* los sentimientos, los dilemas, las disyuntivas, se ponen en juego cuestiones como la solidaridad o el beneficio individual, la prescindibilidad de la mano de obra no calificada (especialmente entre los trabajadores más veteranos) en tiempos de la automatización". Para el director el foco es el "drama familiar", y el Drama como género de obra presenta al mundo "tal cual es", es decir, el mundo capitalista. La clase obrera francesa que muestra la película no tiene un programa independiente del Estado. Actores, personajes y derechos laborales Un tema que excede esta nota es que la película fue filmada con un solo actor profesional; el resto de los personajes son interpretados por obreros, sindicalistas y patrones reales, lo que obliga al director a reconocer que le "interesa trabajar con actores amateurs", porque "me evitan fabricar el nivel social"; es decir que el personaje no es tal, sino que el actor ‘es’ el personaje, perdiendo así la persona su condición de tal y reduciéndose a materia prima para un film. Más allá del sentido ideológico del asunto, habría que averiguar cómo incide esta contratación de mano de obra no calificada para un film, en las condiciones de trabajo de los actores franceses.

Luego de 100 días de paro, en asamblea multitudinaria, los marineros votaron por unanimidad salir a navegar. En la consideración general de los obreros marítimos pesó la obtención de un aumento salarial del básico y del garantizado (de 338 a 468 pesos), al margen del precio que cobran por kilo (que no se modificó). De este modo se reduce la proporción a destajo del conformado salarial. El franco ha sido llevado de 12 a 30 pesos. Esta fue la conquista más importante de la huelga, ya que debido a la modalidad convencional los marineros gozan de 9 francos mensuales, que generalmente se acumulan como salarios compensatorios. En la práctica esto permitirá (luego de muchos años) que cada tres meses puedan desembarcar durante 27 días percibiendo 702 pesos de bolsillo. Esto no sólo cumple un papel dignificante, sino que dará lugar a que otros compañeros se incorporen a las tripulaciones. Es decir que se ha impuesto una suerte de reducción de la jornada laboral y la instauración de otro turno. "El conflicto más largo y violento" Este es el título con que el diario La Capital (19/7) reseñó las alternativas de una de las convulsiones sociales más agudas protagonizadas por el movimiento obrero marítimo. El artículo destaca como hitos de esta lucha la multitudinaria movilización a Capital Federal, que se transformó en la asamblea que comenzó a resolver la huelga obrera; la jornada del paro activo y la ocupación y desalojo de la burocracia del Sindicato Obrero del Pescado; para luego sentenciar: "Los barcos regresan al mar sin que la mayoría de los conflictos entre empresarios y gremios fueran resueltos". En el propio ámbito del Somu, el blanqueo de un sector de los obreros pertenencientes al 10% de la flota (la costera o ‘amarilla’) ha quedado pendiente. La cámara empresarial había firmado un convenio salarial en el ámbito nacional que rebaja los salarios un 30%. La asamblea del Somu local repudió esta entregada votando la continuidad de la huelga, que abarcó estos últimos veinte días. Por esto se produjo la intervención del sindicato local por el Somu central (que sigue vigente). Lejos de ser en una ‘interna sindical’, esto fue una tentativa de aplastamiento físico de la huelga por el Estado. Lo cual evidenció mediante el copamiento de la zona portuaria por efectivos de Infantería, la constante detención de activistas (liberados por movilizaciones) y el envío de una patota armada de 250 barrabravas de Chacarita. Esto tenía como objetivo no sólo garantizar la posesión del local sindical por la burocracia sindical, sino hacer cumplir el convenio ‘a la baja’; es decir, romper la huelga a sangre y fuego. Sólo un multitudinario piquete de seguridad que rodeó la sede del Somu durante una semana disipó esta alternativa y provocó que el Ministerio de Trabajo provincial dictara una medida de no innovar para descomprimir la situación. Los maquinistas y capitanes lograron aumentar las dotaciones por buque, un leve aumento en los francos y saldrán a navegar como producto del acatamiento a una conciliación obligatoria. Esta fue rechazada en asamblea, con el mandato expreso de retomar la huelga si no prosperan las demandas de aumento salarial. Conclusiones de una huelga histórica A pesar del autoaislamiento de la dirección del Somu, que no reclamó el paro regional (coreado masivamente en las asambleas) y se negó a darle un carácter activo a la huelga, colocando al conflicto por momentos al borde del desastre y la derrota, se ha logrado ya un triunfo. Este triunfo parcial, pero muy significativo a la luz de la falta de condiciones de su dirección, abre un cuadro de iniciativa de la clase obrera portuaria. Los obreros de la industria del pescado no salieron de este tramo de la lucha con las manos vacías. Mucho más importante que la distribución de un bono alimentario otorgado por la provincia de 40 pesos para descomprimir, es el proceso de recuperación del Sindicato Obrero más importante de Mar del Plata.

En la provincia de Neuquén hay sólo dos emprendimientos fabriles de importancia, de 400 operarios cada uno. Uno es Cerámica Zanón. El fallecimiento por un ataque cardíaco de un obrero de Zanón, minutos antes de iniciarse el turno del último fin de semana, sacó a luz la falta de condiciones de seguridad. La Comisión Interna denunció que el compañero "murió sin contar con un miserable tubo de oxígeno que lo auxiliara en los diez minutos que tardaron en llegar los paramédicos". Esta muerte se agrega a otras cuatro en los últimos años en la misma fábrica, y cae como llovido sobre mojado ante un movimiento obrero regional que acaba de sufrir la muerte de una docente, por la misma conducta patronal de violar todas las normas de seguridad. Sobisch manda un ‘Caballo’ Los obreros de Zanón fueron al paro y elaboraron un petitorio de quince puntos que presentaron al gobierno y a la Secretaría de Trabajo. Al frente de ésta se encuentra el secretario general del sindicato de petroleros privados y ex diputado del MPN, Guillermo ‘Caballo’ Pereyra. Este funcionario-sindicalista fue promotor de una campaña de la CGT local contra los trabajadores estatales y apoya el acuerdo con Repsol. Su contrapropuesta a los obreros de Zanón dejaba en pie la rebaja salarial y las suspensiones semanales y no daba solución a la inseguridad en planta. Los trabajadores en asamblea rechazaron el planteo y el paro ya cumplió una semana firme y masivo. Movilización al centro Los obreros de Zanón han instalado un campamento de permanencia frente a la fábrica, han cortado por espacio de algunas horas la ruta que une Neuquén con Centenario y se movilizaron junto a sus esposas (las que han constituido una Comisión de Mujeres) hacia el centro de Neuquén. Recibieron el apoyo y solidaridad de gremios de la CTA y organismos de derechos humanos. Las ‘inversiones’ de Zanón La patronal ha declarado un "estado preventivo de crisis" para obtener un préstamo de 20 millones de pesos y tercerizar, flexibilizar y despedir. Sobisch (en su gestión anterior le había dado a la empresa un crédito subsidiado de 5 millones, del que a la fecha sólo devolvió apenas la mitad). El Epen (Ente Provincial de Energía de Neuquén) está estudiando "condonar la deuda de la empresa" y "aumentar el subsidio de la electricidad". Por eso, un triunfo de los trabajadores de Zanón sería un factor decisivo para todo el movimiento obrero zonal. Hay que crear un gran movimiento no sólo de solidaridad, sino de lucha: apoyando los cortes, nuevas movilizaciones, fondo de huelga, etc. Preparar a todo el movimiento para ir también a la huelga, que es lo que está reclamando la lucha de Zanón. Los obreros de Zanón estarán en el Congreso de Delegados del 4 de agosto, y tendrán mucho que aportar con la victoria de su (nuestra) lucha.