Prensa Obrera N° 673

Mientras más de 2.000 compañeros del gremio se concentraban frente al edificio del Congreso, luego de una movilización callejera, que arrancó desde el propio edificio del sindicato, le hicimos un breve reportaje al compañero Sergio Sosto, Secretario de Prensa de Foetra Buenos Aires. Sergio, en ‘caliente’, ¿qué opinás de esta movilización? Bueno, por empezar es la movilización más importante desde la privatización, tanto en concurrencia como en la participación de sectores que las empresas creían ganados y que hicieron abandono de tareas para denunciar la situación de los trabajadores telefónicos en el marco de la desregulación. Es que seguramente van a tratar de usar a los trabajadores como variable de ajuste, en el enfrentamiento entre los grandes grupos económicos, por el control de un negocio multimillonario. Para llegar a esta movilización, ¿hubo un proceso de asambleas, pronunciamientos...? Se desarrollaron asambleas en prácticamente la totalidad de los edificios. Se hizo por primera vez frente a las oficinas de RR.HH. de la empresa una asamblea masiva, donde incluso se acercó personal intermedio que ve peligrar su puesto de trabajo por esta desregulación. Aquí la propuesta de movilización fue aclamada con una ovación. Este es un hecho histórico, porque la última asamblea general en este edificio fue en 1989, en ese edificio de Talleres Ciudadela. ¿Y qué planteaban las asambleas? Las asambleas planteaban que quieren que los trabajadores que ingresen a las nuevas empresas, lo hagan con nuestro convenio, y planteaban con total claridad que no aceptarán un solo despido como consecuencia de esta desregulación. ¿Y cómo sigue esto? En este momento nos vamos a reunir, pero es obvio que si no se contempla la incorporación a nuestro Convenio Colectivo de los que ingresan en las empresas nuevas y se trata de tocar a un solo trabajador, las medidas de fuerza van a estar al orden del día. Esta es nuestra posición y lo que reclamamos; si no hay respuestas, hay que convocar al plan de lucha, que tiene que arrancar con paros y movilizaciones.

Hace apenas pocas semanas, desde un editorial político de Prensa Obrera se hizo un encendido elogio de los piquetes y cortes de ruta. El ‘micrazo’ de los trabajadores de UTA reafirma la validez de aquella posición. Frente a una empresa como La Internacional, que no abonaba los salarios de abril y adeudaba más de dos millones y medio de pesos de los haberes jubilatorios y de la obra social (dinero que, por supuesto, descontaba mes a mes desde hace dos años), y frente a un intento de vaciamiento para no pagar las indemnizaciones, el piquete resultó el único método eficaz para reincorporar a los trabajadores despedidos y lograr el pago de los salarios caídos. El gobierno buscó desesperadamente el arreglo, pues estaba a sólo un día del comienzo de las vacaciones de invierno. Los asesores de De la Rúa advirtieron la posibilidad de una gran crisis política. Entonces dejaron de lado la política de dejar morir los conflictos en el Ministerio de Trabajo y adjudicaron el piso de La Internacional a la empresa Almirante Brown, que se hizo cargo de los salarios caídos y de los despedidos. Almirante Brown también se quedó con Micromar, una de las líneas de la Chevallier (en proceso de quiebra). Por lo tanto, la situación de La Internacional es un aspecto del cuadro que atraviesa un conjunto de empresas tradicionales de larga distancia. "La flexibilización" El conflicto de La Internacional puso de relieve cómo opera verdaderamente el proceso de ‘desregulación’ en el transporte. Los delegados denunciaron que La Internacional compró la empresa Godoy, a la que deliberadamente adjudicaron servicios de La Internacional, para desconocer el convenio en materia de condiciones de trabajo y de salarios e imponer contratos basura, trabajo en negro, trabajos por kilómetro e incluso, en algunos casos, la desaparición del segundo chofer (viejo anhelo de las patronales, que lo quieren reemplazar por un servicio de postas como en Brasil, ahorrándose exactamente la mitad del personal). Por eso, inmediatamente después de declarado el fin del conflicto, la patronal del transporte (Fatap) se declaró en "estado de emergencia". No sería de extrañar que efectuara algún tipo de lock-out frente a lo que llama cuadro de "inseguridad jurídica". Las patronales del transporte "nos oponemos a cualquier norma que permita la caducidad de las empresas del transporte" (Crónica, 14/7). Este mecanismo de caducidad frena, en última instancia, la posibilidad de ir a fondo en el despido masivo y la destrucción de los convenios, si existe una resistencia férrea de los trabajadores. Así lo había demostrado el gran conflicto de hace algunos años en Transporte del Oeste, que terminó con un gran triunfo de los trabajadores. A pesar de las penurias sufridas por miles de pasajeros en Retiro, y a pesar de un intenso ‘trabajo’ de los ‘servicios’ en el lugar, nunca se logró enfrentar a los choferes con los pasajeros. Todos saben que sin cobrar no se puede vivir, a pesar de que un sector del periodismo alentó la clásica muletilla de la ‘libertad’. Primó un criterio de solidaridad de clase, reflejada en el abrazo final de choferes y usuarios cuando se levantó el conflicto. La política de la dirección de la UTA es permisiva con las patronales, que han ido muy lejos en la formación de estas ‘nuevas empresas’. El conflicto de La Internacional colocó al rojo vivo la imperiosa necesidad de convocar a una Asamblea General del gremio, por la defensa de las ocho horas, por la eliminación de los trabajos en negro, y por la aplicación estricta de las normas laborales de seguridad establecidas en el viejo convenio del ‘75. Los choferes necesitan una paritaria elegida en asamblea que discuta condiciones de trabajo y un nuevo piso salarial.

El lunes 3, en Rosario y en todo Santa Fe, las patronales del transporte aprovechando la situación de tregua de las direcciones sindicales, pagaron el aguinaldo fraccionado. De esta manera los empresarios buscaban licuar su crisis con los salarios de los trabajadores (en los dos últimos años la venta de boletos cayo un 40%). Para presionar, las patronales amenazaban con "bajar las persianas" . Frente a esta situación, los delegados del transporte Belgrano no dejaron pasar y con dos asambleas se votó el paro "hasta que aparezca la guita y toda junta". Frente a las amenazas respondieron: "si quieren bajar las persianas que las bajen, nosotros queremos lo nuestro". Se votó el paro a partir de las 4 de la mañana y por tiempo indeterminado, pero no eran siquiera las 13:30 hs cuando la patronal llevo la plata. El triunfo fue total. Al día siguiente, viernes 7, la patronal de Las Delicias, ante los rumores de este triunfo, dejó a un lado sus planes y pagó el aguinaldo en término. A esa hora el triunfo de los compañeros de la Belgrano era doble. Esto muestra que es posible, con un plan de lucha de todo el gremio, pararles la mano a las patronales negreras como las del empresario Bermúdez, donde las condiciones de trabajo y explotación son terribles (70% de contratados).

El miércoles 12 los trabajadores del gremio de camioneros conmovieron el distrito con la ocupación de la Plaza Central del municipio durante todo el día y, más tarde, con una movilización hacia la Panamericana, donde realizaron un corte de ruta durante varias horas. El conflicto se produjo por el despido, por el intendente Luis Patti, de 75 trabajadores del barrido de calles. Argumentó que tenía que reducir los gastos y que por lo tanto debía rescindir el contrato con la empresa Transportes Olivos, que realiza la recolección de residuos. Está claro que Patti pretende descargar sobre los trabajadores camioneros la mala administración de los fondos públicos, que lo obligó a contraer una deuda de 4 millones de pesos con Transporte Olivos, refinanciada en 44 cuotas a una tasa más alta de lo normal. La respuesta de los trabajadores, con el corte de la Panamericana, obligó a la Secretaría de Trabajo de la provincia a aplicar la conciliación obligatoria. Esto significó que los despedidos volvieran a trabajar. Así fue informado en la asamblea realizada a última hora, en el corte de Panamericana, entre festejos y cantos. A pesar de la lluvia y el frío, la movilización fue una victoria.

Entre las 9 y las 19 horas del 8 de julio se realizó el 1º Congreso Regional de Desocupados en la ciudad de Cipolletti, con la presencia de casi 200 compañeros provenientes de distintos barrios de Cipolletti, Ferri, Allen, Cinco Saltos y Neuquén. El diario Río Negro (9/7) reflejó la importancia del Congreso en un artículo de más de media página cuyo título dice: "Desocupados quieren un subsidio de 500 pesos". Me tocó abrir el Congreso con un resumen de la situación nacional y provincial. También hablaron el presidente y vice de la Federación Universitaria del Comahue (FUC), Jorge Peralta y Pablo Calarota, respectivamente. Posteriormente se dirigió a los desocupados Ulises González, padre de dos de las chicas asesinadas en el conocido "triple crimen". González relacionó la falta de justicia frente a ese crimen con la injusticia que viven los desempleados. Reafirmó que las familias de las víctimas de ese crimen y todos aquellos que los quieran acompañar, seguirán luchando "para que esta Justicia lleve a la cárcel a los asesinos, pero también a los encubridores, que son muchos más que las dos personas que ahora están por ir a juicio". Luego de los oradores hubo un cuarto intermedio para almorzar y posteriormente se pasó al trabajo y debate en las dos comisiones, "Trabajo" y "Salud y Educación". Cuando ya llegaba la noche, en un gran clima de camaradería, fueron votadas las resoluciones a mano alzada, por unanimidad. Resoluciones del Congreso 1) Trabajo genuino o un subsidio a todos los desocupados mínimo de 500 pesos, a partir de los 16 años, sin discriminación. 2) Reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin reducción de salarios. Anulación de las leyes de ‘reforma laboral’. 3) Plan de obras públicas por administración directa, sin intermediarios, para que también se resuelva el problema de vivienda para los trabajadores. 4) Pase a planta de todos aquellos que mediante distintos ‘planes’ realizan actividades de carácter permanente en el Estado o en la actividad privada. 5) Reconocimiento en todos los ‘planes’ de las cargas familiares, seguro por accidentes, licencia por enfermedad, obra social, jubilación, ropa y herramientas de trabajo. 6) Empadronamiento de todos los desocupados, incluyendo en las planillas la cantidad de hijos y, por otra parte, la cantidad de menores de 6 años. 7) Repudio al asistencialismo de los punteros y políticos que utilizan la necesidad de los desocupados. 8) Adhesión a la marcha del 9 de agosto convocada por la CTA con el programa y resoluciones de este Congreso. 9) Participar con una delegación en el Congreso Provincial de Delegados a realizarse el 4 de agosto en Neuquén. 10) Movilización de los desocupados el día 25 de julio a las 11 hs, para entregar las resoluciones en el municipio de Cipolletti. 11) Repudiamos la agresión y el patoterismo recibido por el Movimiento 23 de Julio de Allen, el pasado 15 de junio, persiguiendo el amedrentamiento de los desocupados. Denunciamos a Cristina Gneyurronat por su insensibilidad ante los reclamos de los desocupados. 12) Anulación de la Ley Federal de Educación y el Polimodal. 13) Por mayor presupuesto para educación, salud, becas, mantenimiento, etc. 14) Nos solidarizamos y exigimos la inmediata renuncia de la señora Graciela Chrestía por ser responsable de la muerte de la docente de Neuquén, Silvia Roggetti. 15) Funcionamiento de las Salitas de Primeros Auxilios, las 24 horas del día. 16) Entrega de anticonceptivos en los hospitales y salitas, en forma gratuita. Horacio Pastor, acusado penalmente Nuestro compañero Horacio Pastor ha sido incriminado, por el Juzgado Federal de la ciudad de General Roca, a cargo de la Doctora María del Carmen García, por el corte de la ruta nacional Nº 22, en oportunidad del paro nacional del 9 de junio pasado. Es una nueva muestra de la persecución lanzada por el gobierno aliancista contra los trabajadores. Reclamemos el cese de los juicios penales contra Horacio Pastor y todos los luchadores del movimiento obrero.

Para recuperar el Sindicato Obrero del Pescado El Sindicato Obrero del Pescado (Soip) agrupa a los obreros de tierra que procesan el pescado. Como consecuencia de la ‘tercerización’, al lado de los 2.000 trabajadores para los que rige un convenio, otros 4.000 están ‘tercerizados’ en cooperativas armadas por las mismas patronales, donde el trabajo es a destajo, no hay obra social, ni garantía horaria (un mínimo salarial para las épocas de baja producción); es decir, carecen de sindicato. La movilización de los ‘cooperativizados’ acentuada con la veda pesquera, culminó recientemente con la ocupación del sindicato, la expulsión física de la burocracia, y la elección en asamblea de una Comisión Provisoria. La burocracia se encontraba con un mandato autoprorrogado desde que la justicia y el Ministerio de Trabajo cancelaran, hace dos años, un proceso electoral. La Comisión Provisoria presentó de inmediato un pliego reivindicativo y exigió su reconocimiento a las patronales. En el proceso que llevó a la ocupación del sindicato pesó la huelga marítima, que lleva noventa días, y que está siendo carnereada por la burocracia del Somu. Desalojo y ‘doble poder’ en el Soip La Comisión Provisoria del Soip fue desalojada horas después de su elección, luego de recibir la tercera orden judicial. Una asamblea posterior, con más de 500 trabajadores efectivos y transitorios, resolvió una campaña de movilización por un aumento salarial del 100% en los básicos, la efectivización de los trabajadores en negro y el reconocimiento de la Comisión Provisoria. Los trabajadores denunciaron el estado de acefalía estatutaria del gremio, cuyo artículo 16 prevé la convocatoria a "asamblea general extraordinaria a los fines de que surja de la misma una Comisión Provisoria, la que tendrá como misión convocar en un plazo no mayor de noventa días a elecciones de nuevas autoridades". ¿En qué punto ha quedado la recuperación del Soip luego del desalojo judicial? La ocupación de la sede gremial y la elección de la Comisión Provisoria ejerció un fuerte impacto en los trabajadores permanentes, incluyendo algunos delegados; mientras tanto, el juez resolvió primero la clausura del sindicato y luego devolvió sus instalaciones a la burocracia. Las patronales se niegan a recibir el pliego de reivindicaciones votado por los trabajadores, y el gobierno le ha dado un tratamiento privilegiado a la burocracia en la distribución de las tarjetas alimentarias (bonos de 40 pesos para compra de alimentos a trabajadores afectados por la crisis). Toda esta contraofensiva no ha podido, sin embargo, revertir las cosas. Una política para recuperar el Soip La autoridad ganada por la Comisión Provisoria se manifiesta en que un tercio del personal permanente se ha sumado al movimiento. Para conseguir más será necesario profundizar la lucha por las reivindicaciones, reforzar el método de asambleas y proceder a elegir delegados, ya que sobre 60 que debería haber, sólo hay 10. Una victoria de la huelga marítima podría impulsar enormemente la lucha del Soip. La red de delegados por manzana, que comenzó a constituirse durante la huelga, deberá serlo por lugares de trabajo. El viernes 14, junto a una movilización de trescientos trabajadores, el Soip Comisión Provisoria presentó su pliego reivindicativo a las patronales procesadoras con el aval de más de mil firmas de trabajadores efectivos y transitorios. Esto a pesar de la lluvia y de la ausencia obligada de un sector de trabajadores concentrados por la entrega de las tarjetas de alimentos. Fue el debut de esta nueva etapa, en la que la Comisión Provisoria afronta la batalla decisiva para unir al trabajador efectivo y al ‘cooperativizado’.

El 21 de julio se cierra el plazo de presentación de listas para las elecciones en la UOM. El sindicato llega a esta instancia en una crisis sin precedentes. Ante todo, está inmovilizado frente a la ola de suspensiones y despidos en toda la industria. En la gran movilización del 31 de mayo contra el FMI, la UOM estuvo sencillamente ausente. El patrimonio del gremio está en riesgo por la quiebra de la Obra Social. Lideradas por las siderúrgicas, 24 seccionales se han ‘abierto’ de Lorenzo Miguel. La escisión ha puesto fin al régimen de "lista única". En un sinnúmero de seccionales hay reuniones febriles para armar listas; en unos casos contra el oficialismo miguelista, en otros a la inversa, como reacción del golpeado aparato oficial. En el congreso de la UOM, Miguel fracasó en su intento de expulsar a la seccional Villa Constitución, que fue defendida por las llamadas seccionales rebeldes. Estas se han bautizado "Ignacio Rucci" y están capitaneadas por Brunelli. Enarbolan la bandera del convenio por empresa, tan caro a las patronales siderúrgicas, y apoyan a Daer contra Moyano. Los polos de la crisis pertenecen a la burocracia, pero la crisis es inmensa. Así lo demuestra la iniciativa del cuerpo de delegados de Emfer, que se ha pronunciado por una tercera lista antiburocrática en la seccional San Martín, donde se disputan la conducción Lobato, del miguelismo, y Saracho, por la Rucci. El PO, en su folleto "Qué hacer frente a la crisis de la UOM", propuso también "la formación de terceras listas para reconstruir la UOM". Llamamos a todo el activismo y a todos los delegados honestos y jóvenes, que se reclaman de lucha, a apoyar la iniciativa de Emfer. Por si hacía falta alguna prueba sobre los límites de los viejos miguelistas convertidos en opositores, Monteverde, de la Capital, llegó a un acuerdo con el miguelismo garantizando la lista única y ahorrándole una derrota directa al ‘líder’. La lista Blanca de Capital (CTA), ante esta unidad se quedó sin libreto, demostrando no haber sabido reagrupar al activismo de lucha alrededor de un programa independiente de la burocracia. El ejemplo de Emfer puede ser una referencia importante en Campana, a favor de una lista del cuerpo de delegados de Siderca. En esa perspectiva trabaja nuestro partido.

La crisis de la Unión Obrera Metalúrgica ha entrado en la fase final. En el congreso nacional que tuvo lugar del 26 al 28 de abril en Mar del Plata, se presentó oficialmente una oposición, José Ignacio Rucci, encabezada por las burocracias de San Nicolás, La Matanza y Campana. La característica fundamental de esta corriente es su acuerdo para reemplazar el régimen de convenio nacional por industria por los convenios por zona y, eventualmente, por empresa. Representa al sector de la burocracia que se adapta al régimen de la reforma laboral y a la presión del imperialismo para atomizar los sindicatos. No es casual que las principales seccionales que adhieren a ella sean las que involucran a firmas como Acindar y Techint, o sea la gran industria y las empresas que más han reclamado la "descentralización de los convenios". En el marco de esta crisis, se destacó la circunstancia de que un bloque de delegados luchadores logró obtener la minoría de los delegados al congreso en la seccional San Martín. El cuerpo de delegados de Emprendimientos Ferroviarios jugó un papel activo en esta situación. Antes del congreso seccional dio a publicidad una declaración político-sindical y un programa de reivindicaciones que debe convocar el interés de los trabajadores y ser objeto de una discusión en serio entre los activistas.

Cuando un activista sindical que se reivindica de la ‘izquierda’ (y encima de ‘la que se une’), se preocupa más por botonear que en impulsar a su gremio a la lucha, está claro que la organización a la que pertenece (en este caso el Mst) ha comenzado a pasarse al campo del enemigo. Angélica Laguna es la principal dirigente de la agrupación Docentes en Marcha en Neuquén. Y se ha tomado el ‘trabajo’ de averiguar que en un paro de fines de mayo yo figuraba, en mi carácter de delegada, con "licencia gremial" para evitar el descuento de días. Pero la información es falsa y su intento de provocación en el plenario de delegados le salió por la culata. En su apuro o de quien le ofició de alcahuete (otra integrante de Docentes en Marcha) no se percató que mi licencia correspondía al muy estatutario goce de "licencia por perfeccionamiento", puesto que asistía al Seminario Internacional realizado a fines de mayo en Buenos Aires desde el comienzo de esa semana. Pero la alcahueta no defiende los paros (lo cual, aunque impugnaría su método de ‘averiguación’, no afectaría su finalidad). Esta ‘izquierda que se une’ viene sosteniendo desde hace largo tiempo que "las bases no dan", y por eso se ha opuesto sistemáticamente a que las Asambleas o los Plenarios voten medidas de fuerza (ver PO Nº 661). Es más. En el plenario de Aten donde lanzó su provocación contra mi persona y Tribuna Docente, afirmó que "los trabajadores no quieren paros porque están en su sano juicio", e incluso, en una actitud contra sí misma, afirmó una vez más que "un dirigente de partido no puede decir lo que tenemos que hacer". ¿Laguna renegó de su militancia en el Mst cada vez que habló en asambleas y plenarios para "decir lo que tenemos que hacer"? Todo este asunto no tiene otra lógica que el de ser una provocación contra el activismo que busca superar la política paralizante y desorganizadora de la directiva de nuestro gremio, haciendo el trabajo sucio a nombre de la actual conducción de Aten. ¿Creerá que así tendrá un lugar en el "Cielo"? O no sabe lo que ya debería: los forros, una vez usados, se tiran. De cualquier manera, mis compañeras de escuela, a quienes indignó también este comportamiento, se han pronunciado por escrito rechazando estas actitudes (ver anexo). El conjunto de los trabajadores docentes lo hará a su debido tiempo respecto de quienes, ante el ataque al Estatuto, al salario, a la estabilidad y a las conquistas laborales, se dedican a atacar a los que luchamos e impulsamos los métodos de la clase obrera.

El paro del 9 de junio confirmó una nueva etapa en el movimiento obrero. Su masividad aplastante, así como las marchas y el paro anterior, forman parte de un ascenso de la lucha de los trabajadores. Hemos golpeado al gobierno, abrimos una brecha en la situación política, se avisora la posibilidad de ganar. ¿Cómo continuar? La Reforma Laboral, el impuestazo y el ajuste van adelante; está planteada entonces una continuidad en nuestra movilización. Pero, ¿puede ser continuidad una concertación sobre la base de la ‘legitimidad’ de los decretos que plantea el gobierno? ¿Cómo aceptar ahora una concertación sobre la base de que no se discute lo que nos llevó a la lucha? El clero busca detener la lucha con la concertación. ‘Consensos’ de este tipo llevaron a la privatización de las jubilaciones o a la anterior reforma laboral bajo Menem, y más aún, la CGT oficial concertó la actual reforma. Otros buscan sitios en esa mesa, pero tenemos que desnudarlos, no encubrirlos. Si al decir de Moyano el PJ "rompió con los trabajadores" al votar la Reforma Laboral, hoy los disidentes de la Alianza rompen con los trabajadores al votar a favor del ajuste aunque quieran maquillarlo. A los ‘progresistas’ del gobierno los retrató el Chacho Alvarez firmando de puño y letra el criminal decreto de privatización de la salud obrera. El camino de la clase trabajadora pasa por otro lado. Los estatales de Neuquén han reclamado, en asambleas intergremios multitudinarias, el lanzamiento de la huelga general. De hecho, se suceden los paros y movilizaciones entre miles y miles y miles de estatales de todo el país; hay una clara tendencia a la huelga general contra la rebaja salarial, contra el cierre de organismos, contra los despidos. Otros sectores irán saliendo obligados a una lucha de este tipo, urgidos por reivindicaciones que no pueden esperar, como hoy ocurre con miles de compañeros de Aerolíneas, confirmando que la Reforma Laboral apunta a la reducción generalizada de salarios, tal cual lo denunció la CGT disidente. La huelga general está inscripta en la situación política, organicémosla conscientemente. Necesitamos desplazar hacia la masa de los huelguistas el centro del debate político y reivindicativo. Un Congreso de Delegados electos con mandato de base sería el ámbito adecuado para encarar el programa de los trabajadores frente a la crisis. Nuestro reclamo a la CGT-Moyano, como a la CTA, en el sentido de que convoquen un congreso de este tipo, se basa en el papel de sus organizaciones en los recientes paros y movilizaciones, pero debería abarcar a todas las organizaciones obreras y de desocupados, de estudiantes, de jubilados y del conjunto de explotados en lucha. Proponemos partir de un programa consecuente de reivindicaciones (ver aparte). Los abajo firmantes llamamos a las Comisiones Directivas, Comisiones Internas, Delegados y activismo a mocionar y votar en Asambleas de sus sindicatos esta propuesta. Impulsamos el Congreso de Delegados de Base para organizar esa lucha y fijar su programa y su estrategia. PROGRAMA 1) Derogación del ajuste, el impuestazo y la Reforma Laboral. 2) Por 600 pesos de salario mínimo. Inmediata convocatoria a paritarias con anteproyectos resueltos en asamblea. Jubilación mínima de 500 pesos, restitución de los aportes patronales, estatización de las AFJPs bajo control de los trabajadores. 3) Por 500 pesos de subsidio para todos los desocupados. Repudio a la maniobra de canjear el fondo de desempleo y los planes Trabajar y otros programas por un seguro de miseria sólo para jefes de familia. 4) Jornada de 8 horas. Prohibición de todo despido. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario en toda empresa que suspenda o despida. 5) Derogación de todos los decretos de privatización de la salud. Por un plan único de salud basado en la defensa del hospital público y de las Obras Sociales, la restitución generalizada del aporte patronal en sus niveles anteriores, y la cárcel al evasor y al empleador en negro. Control obrero de las Obras Sociales. Edgardo Quiroga (Secretario General de la CGT San Lorenzo) - Miguel del Plá, Mónica Galván, Ricardo Mercado (Adosac-Docentes Provincia de Santa Cruz - Coordinadora de Desocupados de Caleta Olivia) - Comisión Interna Inti-Upcn - José Barraza (Comisión de Desocupados-Tartagal) - Claudio del Plá (Docentes autoconvocados de Salta) - N. Pitrola, R. Cardozo, M. Bravetti, H. Fernández, R. Padin, R. Vargas (Congresales Naranjas-Federación Gráfica Bonaerense) - Comisiones Internas Gráficas de Quebecor, Interpack I y Talleres Unión - Sergio Sosto (Secretario de Prensa-Foetra Buenos Aires) - Néstor Correa, Eduardo Sartelli, Daniel Ríos, Pablo Cámera (Asociación Gremial Docente-UBA) - M. Verón, P. Comparada, M. de Mattei, L. Verón (Comisión Directiva Provisoria del Soip-Pescado Mar del Plata) - Alejandro Martínez (Coordinadora de Desocupados-Bo Grande-Mar del Plata) - Carlos Giménez (Comisión Interna metalúrgica M. Royos) - R. Abraham, J. Fragueiro, C. Farfan, C. Pérez (Delegados de Metrovías) - R. Triper (delegado Sanatorio Wilde-Sanidad) - C. Chaves, J. López, V. Galván, S. Bosco, S. Guzmán, G. Ayala (delegados del Hospital Ramos Mejía, Sutecba) - Carlos Pacheco (Secretario General de Transportes del Oeste) - Romina del Plá (Comisión Directiva de Suteba La Matanza) - Roberto Gellert (Congresal de Suteba-Florencio Varela) - Claudia Consiglio (Comisión Directiva de Suteba Escobar) - Delegados y Activistas de APTA (Técnicos Aeronáuticos) - Rubén Giménez (Comisión Interna de Shell-Petroleros privados) - (Comisión Interna de Editorial Perfil-Utpba) - Quico Vignoles, Luciano Chimento, Ricardo Fioravanti (Comisión Interna de Crónica-Utpba) - José Zárate (delegado de Trolicor-UTA Córdoba) - José S. Adamo (delegado de Luz y Fuerza-Córdoba) - delegados Rama Postal-Camioneros Extractos del llamamiento de un conjunto de organizaciones de lucha de los trabajadores en el marco de una campaña nacional por un Congreso de Delegados de Base de todo el movimiento obrero.

El decretazo ‘desregulador’ de De la Rúa le puso plazo fijo a la Ospg. El 1º de enero próximo entran en el ‘negocio’ todas las prepagas. Ese mismo día, los sectores de mejores ingresos emigrarán de la Ospg en busca de mejor salud (Clarín ya tiene a Medicus; La Nación, a Docthos). Quedarán en la Ospg los más necesitados, cuyos aportes son menores. Las prepagas lo tienen previsto. Giordano, de la cámara de prepagas, dijo: "Hay que reformar el Plan Médico Obligatorio para determinar qué medicina se dará por el mínimo de 20 pesos por afiliado, si no nadie entrará en el negocio". Nos darán servicios por una ‘canasta’ de patologías; las que no entren van al hospital público. Pero, además, 20 pesos por cada miembro de una familia tipo son 80 pesos por mes por familia tipo. Ese aporte corresponde a un bruto de 1.000 pesos (3% del obrero y 5% del patrón). ¿Quién gana eso en el gremio? Hasta ahora ‘zafamos’ pagando más y más aranceles a pesar del crédito del Banco Mundial, o tal vez por él. Pero, ahora, ¿tendremos que pagar la diferencia? ¿Cómo afrontarla en diferencia cuando el promedio salarial del convenio es 343 pesos y la Reforma Laboral estableció ese límite como único piso a la caída vertical de los salarios? La dirección de la Ospg tiene la palabra. Queremos conocer los libros y formularnos una política y un plan de lucha en defensa de la Ospg con el conjunto del movimiento obrero. Reclamamos una inmediata Asamblea General para tratar el punto.

El Grupo Productivo de la UIA y las Confederaciones Rurales Argentinas habían anunciado un gran cambio de frente. De puntas de lanza de la ofensiva privatizadora del menemismo, prometían convertirse ahora en la vanguardia de un frente contra el ajuste que no vacilaba en enfrentar en serio a los pulpos de los servicios y a algunos monopolios. Para eso convocaban a un frente común a las burocracias del movimiento obrero, en especial a la estrella ascendente de la CGT de Moyano. Inspirado nada menos que por Techint, este frente nacional planteó establecer un impuesto especial a los servicios privatizados para financiar un seguro a los jefes de familia desocupados, de unos 350 pesos. Lo justificaba como un medio para reactivar el mercado interno e incluso romper el círculo depresivo de la caída sistemática de la demanda. Proponía también un aumento de los aranceles de importación del Mercosur, para terminar con lo que llamaba ingreso de baratijas del exterior. No solamente sus voceros oficiales, sino incluso funcionarios del gobierno, como Brodherson, reclamaron en la misma sintonía que el dinero acumulado en las AFJP, arriba de los 20.000 millones de dólares, financiara un plan de infraestructura que promoviera el pleno empleo en la industria de la construcción. Por último, aunque había más, desde Ruckauf y Juan Aleman se apoyaba igualmente una reducción de las reservas que están obligados a mantener los bancos sobre el total de sus depósitos, para ampliar la oferta de crédito y hacer caer la tasa de interés. Un plan de estas características no habría dejado de suscitar la adhesión de todo un espectro de fuerzas, como por ejemplo la CTA, la ‘izquierda que se une’ o la Corriente del ‘Perro’ Santillán, que propugnan un frente anti-ajuste o anti-delarruista (es decir con el ala política del gobierno contra el ala económica), para, por sobre todas las cosas, reactivar el mercado interno. De las tumbas donde se encontraban merecidamente enterrados, resucitaban el desarrollismo y el frente democrático como panacea contra el ‘modelo neo-liberal’. Bien mirado, todo este planteo no era más que una cortina de humo. A nadie se le puede escapar que estas medidas, aunque completamente insuficientes para superar la crisis, afectarían sí la continuidad de la convertibilidad y la paridad unitaria con el dólar. Por eso se dejó trascender que el objetivo de todo este movimiento era la devaluación del peso y la armonización de la política monetaria con Brasil. Un golpe decisivo contra la hegemonía que habían tenido hasta ahora los grandes bancos, iba a ser, en compañía de la devaluación, la conversión a pesos de los depósitos y créditos bancarios establecidos en dólares, como había hecho México en la crisis de 1982. Dicho de otro modo, se trataba de un plan contra el FMI confeccionado a la medida de los grupos capitalistas nacionales e internacionales afectados por la fuerte recesión económica argentina. Fiasco De acuerdo con las últimas noticias, todo esto ha terminado en fiasco; la CGT de Moyano sigue conservando la amistad política de los pulpos de la industria y de una parte de los latifundistas, pero ahora se ha quedado sin inspiración y sin política. Del impuesto a las privatizadas ya no se habla; sí del aumento del gas en invierno, de la prórroga de las concesiones (como ha ocurrido con Repsol) y del ingreso de los norteamericanos en las telecomunicaciones. En lugar del seguro al desocupado, ni los reducidos planes Trabajar se pagan en fecha. En lugar del aumento del arancel del Mercosur, se está negociando su reducción, para acercarlo a los niveles que tiene Chile y para acercar también al Mercosur a un acuerdo, de Alaska a Tierra del Fuego, comandado por Estados Unidos. Para evitar malas impresiones no se habla ya de dolarización sino de acuerdo monetario con los Estados Unidos, como acaba de proponer el electo presidente de México. El que ha quedado peor parado es el Plan de Infraestructura, para el cual no hay dinero en efectivo, no hay préstamos internacionales, no hay financiación de las AFJP, y ni siquiera un plan concreto, pues el que se fabula sólo se haría efectivo dentro de un año. Es que mientras la patronal de la construcción quiere que el Estado cargue con la financiación y las garantías del plan, el gobierno sólo le ofrece la posibilidad de gestionar créditos que no superen el doble de la tasa internacional!! Sin duda, la UIA y las CRA le vendieron a la CGT Moyano un tranvía con una trompa enorme. Explosión hay seguro El fiasco ‘nacional y popular’ ha bloqueado un canal de desvío para la desesperación popular. Es decir que ha acentuado las tendencias explosivas. La desocupación se ha ido al 15%, o sea unos 2.200.000 trabajadores, que totalizan cuatro millones y medio con los subocupados –en el marco de una recesión que "es la más larga y profunda de la historia argentina" (Broda). Las características especiales de la recesión argentina obedecen, ciertamente, al régimen de convertibilidad, que depende de grandes ingresos de capitales para promover un ciclo de expansión. En condiciones de retracción internacional de capitales la recesión se amplifica porque el gobierno está inhibido para tomar medidas que activen la demanda interna. Es por esto que cualquier crisis política, sea provocada por la lucha popular o por el descontento de algunos sectores capitalistas; o cualquier cimbronazo financiero internacional, que acentúe la tendencia a la quiebra de los capitales endeudados; es decir cualquier acontecimiento más o menos serio, pondrá inevitablemente en juego el conjunto del régimen económico instaurado en 1991. Lo cual no quiere decir que el abandono de la convertibilidad sea una salida, como se está demostrando en Japón, donde la deflación lleva más de una década a pesar de que su régimen monetario le ha permitido inyectar en la economía más de un billón de dólares en forma directa y unas cinco veces más por medio del endeudamiento del Estado. Incapaz ya de dar una salida preventiva a la crisis, el frente nacional de los llamados "sectores productivos" aparece como un recurso último para contener las manifestaciones independientes y revolucionarias de la crisis una vez que haya explotado. Pero incluso para efectuar esta sucia tarea no alcanza la inspiración, o lo que sea, de la UIA; es necesario que la burguesía tenga una dirección política. Lo único que la patronal tiene hoy a mano es un remedo de frente justicialo-aliancista, es decir de los partidos fracasados del ajuste, que además se encuentran en acelerada fragmentación. La clase obrera merece otra cosa y necesita por supuesto algo diferente. Por eso apoyamos la campaña que ha iniciado un conjunto importante de dirigentes y activistas sindicales y políticos de la clase obrera en favor de un Congreso de delegados con mandato del movimiento obrero, que ofrezca un programa independiente de salida a la crisis y que lance la huelga general.

El pasado 27 de junio los docentes de la provincia de Buenos Aires elegimos la dirección provincial y seccional del Suteba. Cuando la conducción Celeste conoció los primeros resultados, favorables al frente opositor (Lista Violeta) en La Matanza, donde se concentra el 20% de los afiliados, suspendió el escrutinio provisorio e interviene el Ministerio de Trabajo. La complicidad de la conducción Celeste, manifestada en el levantamiento de la Carpa con el nuevo gobierno, recibía el repudio de una importante cantidad de docentes. El oficialismo perdió en el corazón del gremio. En Merlo, la oposición da una gran sorpresa, llevándose el 38,1% de los votos (escrutinio provisorio), imponiéndose en 40 establecimientos, empatando en 10 y perdiendo en 20 sólo por pocos votos. Pero no termina allí. Tribuna Docente, Lista Rosa, que participó en el Frente Azul y Blanca-Rosa, avanzó en el reagrupamiento de docentes que no sólo "votaron a la oposición", sino que tomaron conciencia de que el 27 de junio era un paso más en la lucha contra la política de Llach-Bordón-Yaski de privatizar la educación. Así una cantidad de compañeros comprendió que el gobierno y sus cómplices quieren municipalizar las escuelas, anular las desfavorabilidades, imponer la doble jornada con el 75% del salario y el salario por mérito. • Por un básico de 700 pesos por cargo. • Titularizaciones masivas. • Defensa integral del estatuto del docente. • Por la separación de la obra social del sindicato, con una conducción aparte de la gremial. • Por el aumento del presupuesto educativo. • Llamar a asambleas en cada colegio y distrito en la perspectiva de organizar un Congreso de bases para discutir un plan de lucha para lograr nuestros reclamos.

Sobran las pruebas de que el aumento de los accidentes de trabajo es una tendencia propia del capitalismo, y no se debe a circunstancias especiales o a características locales. Esto significa que sólo puede ser contrarrestada por una sólida política anticapitalista y no por la confianza en las posibilidades reguladoras del Estado. Mientras en la Argentina se ensalza la prevención y seguridad laboral, en España, el madrileño El País (9/7) informa que "la cifra de accidentes laborales es alarmante. No ha dejado de crecer en los últimos años y en 1999 superó el millón y medio, 1.500 de ellos mortales". En Italia, hay "más de 3 muertos por día. Más preciso, 1.309 por año. El total de accidentes supera el millón, con un aumento del 4,5%", informa el diario Corriere della Sera (14/7). ¿Las causas de estos accidentes? Al igual que en la Argentina, obedecen, según señala José María Zafiaur Narvaiza, miembro del Comité Económico Social de la Unión Europea, a "la extensión del horario de trabajo (el 73% de los trabajadores españoles trabajan, efectivamente, más de 40 horas semanales); a la presión sobre los ritmos de trabajo, que se está incrementando en forma constante; a las formas de trabajo a destajo y por incentivos individuales en actividades peligrosas. Y sobre todo se debe a la precariedad y la rotación en el empleo: el 60% de los accidentes laborales afecta a trabajadores jóvenes (la temporalidad supera el 70% entre los jóvenes menores de 25 años). La velocidad en la rotación del empleo ha crecido espectacularmente desde la reforma laboral de 1994. El riesgo de accidente laboral es varias veces superior entre los trabajadores precarios que entre los fijos" (ídem). Al igual que lo que ocurre en Argentina, "la insensibilidad ante el dramático problema de los accidentes en el trabajo es un mal extendido en España. En las empresas porque impera el axioma de que lo más importante es la producción, la seguridad es secundaria"; además, "la actitud pasiva de la Administración encuentra su origen en una mezcla de causas en la que se combinan la escasa dotación de los servicios de Inspección del Trabajo junto a una cierta tendencia desde hace bastantes años a mirar para otro lado para no gravar la competitividad de las empresas" (El País, 9/7). En Argentina esto se agrava porque la mitad de los trabajadores está ‘en negro’, las jornadas de trabajo superan las 50 horas semanales, la precarización es casi absoluta, los ritmos de trabajo son del siglo pasado (incentivados por los premios al presentismo), y porque el sistema está privatizado –en manos de las ART–, lo que significa que el que debe velar por la prevención y la seguridad laborales está metido a fondo en el negocio, junto a las patronales. Por eso, la clave de la lucha contra los accidentes laborales pasa por bajar los ritmos de producción, reducir la jornada de trabajo, incorporar al salario los premios de producción o por presentismo, eliminar el trabajo en negro y contar con comités obreros de control. Los proyectos que la Alianza y el PJ presentaron en el Congreso para modificar la Ley de Riesgos del Trabajo con el apoyo de la burocracia de la Uocra no tienen en cuenta nada de todo esto. Admiten algunas mejoras a las miserables indemnizaciones actuales para quitarle a los trabajadores el incentivo de un juicio contra las patronales. Básicamente, fijan una indemnización al contado de entre 30.000 y 50.000 pesos para los accidentes graves o mortales y una pensión de 150 a 200 pesos mensuales, en promedio. El proyecto más pérfido es el de Gerardo Martínez, porque plantea que el trabajador damnificado o la familia deban elegir entre cobrar la indemnización que determina la ley de riesgos laborales o lo que surja del juicio. Como los juicios demoran, la burocracia de Gerardo Martínez especula con que el apremio económico llevará a los trabajadores o a sus familiares a desistir de los juicios. Por eso el PO plantea: • Que renuncien Gerardo Martínez y toda su pandilla. Elección de una comisión obrera que asuma la conducción de la Uocra. • Derogación de la Ley de Riesgos del Trabajo. • Por una Caja estatal de asignaciones por accidentes sobre la base del resarcimiento económico integral, financiada con aportes patronales, bajo control obrero. • Comités de control obrero de la producción, los ritmos de trabajo y las normas de seguridad. Derecho a enjuiciar a las patronales por los accidentes que se produzcan.

En Bolivia, dos meses y medio después de la "guerra del agua" de Cochabamba, la crisis política y la perspectiva de una nueva y más profunda insurrección popular no dejan de crecer. Para el conservador La Razón, "el gobierno dictó el estado de sitio y fue desobedecido. El foco de tensión de Cochabamba se extendió rápidamente a casi todo el país. Llegó a Lahuachaca y Achacachi, con batallas campesinas que devolvían las balas con piedras y eran la expresión de odios feroces y de estados de desesperación que podían haberse transformado en un caos sangriento y definitivo para el país. El estado de sitio nació muerto y puso en duda la propia autoridad del Estado. La anarquía llegó inclusive a la policía y pudo llegar al ejército, pilar del orden y la seguridad". Desde entonces, el gobierno de Banzer (ADN) no para de recular. El estado de sitio, previsto durante noventa días, fue levantado a poco más de una semana. El contrato de privatización del abastecimiento de agua en Cochabamba (ciudad que se encuentra en el centro del "eje estratégico" de la economía boliviana: Santa Cruz-Cochabamba-La Paz) con la multinacional Aguas del Tunari, fue roto. No sólo fue sustituida la mayoría del gabinete, sino también las directorías de Comibol (minas) y de los ferrocarriles. Las tentativas de establecer un "pacto de gobernabilidad" con el MNR a través del "Diálogo Nacional" fracasaron. La ADN de Banzer, está en proceso de descomponsición abierta (algunos dirigentes de la ADN serían partidarios de la renuncia del presidente). El MNR, a su vez, critica al oficialista MIR (Paz Zamora), que posa como si fuese oposición a Banzer, aunque participa de su gobierno con ocho ministros (La Razón pide que el dirigente histórico del MIR, Oscar Eid, envuelto en un caso notorio de corrupción, renuncie a la vida pública). Y, en el movimiento obrero y popular, ya no se trata sólo de la "Coordinadora de agua" de Cochabamba: hay una "Coordinadora de luz" en Villazón (punto de la frontera con Argentina); el 20 de junio venció el ultimátum de los ‘cocaleros’ del Chapare para que el gobierno paralice la erradicación de las 5 mil hectáreas de coca remanentes; en la policía, "un sindicato clandestino y un comité de vigilancia de esposas y familiares" controlan el pago del aumento salarial concedido en abril (La Prensa, 2/5); el gobierno admitió el pago de indemnizaciones a los familiares de los muertos, a los heridos y a los presos del levantamiento de abril; Pulso (19/6) critica "el evidente fracaso del Plan de Reactivación Económica lanzado por el gobierno en abril". El objetivo de una lucha nacional por "Fuera Banzer y todo su gobierno (ADN, MIR, UCS, NFR)" fue bloqueado por las direcciones de las masas, en especial de la COB, que en abril demoró seis días para decretar una paralización nacional de 24 horas, cuando la lucha en Cochabamba ya contaba cinco muertos y se había extendido nacionalmente. El APA ("Acuerdo Político Anti-neoliberal") montado a las apuradas por la burocracia sindical, la izquierda democratizante (PCB, PS, ASP, etc.), el prefecto de La Paz, Juan Del Granado (del ex oficialista MSM, los ‘sin miedo’) y sectores del MNR, no es sólo una versión empeorada de la UDP de la década del ‘80: es un bombero directo de las luchas en curso, que pretende actuar en nombre de un proyecto de ‘modelo anti-neoliberal’. La presión por una ‘transición pacífica’ del régimen de Banzer es comandada directamente por el imperialismo, que interviene directa y cotidianamente a través del chantaje financiero (acaba de anunciar un préstamo de 120 millones de dólares para "combatir las drogas") y de las ‘soluciones’ para los problemas de agua y energía vía ONGs. Aliados directos de esas maniobras son los "autogestionarios" que ocupan un lugar dirigente en la Coordinadora de Cochabamba (con Oscar Oliveira), opuestos a cualquier lucha política nacional en nombre de la "muerte de los antiguos sindicalistas obreros" y del elogio de un nuevo "lenguaje capaz de llegar a las clases medias y altas de la sociedad": "La propuesta de la Coordinadora de una empresa autogestionaria demolió la falsa dualidad entre el privatismo y el estatismo que había guiado las propuestas políticas contemporáneas" (Gutiérrez y García Linera, La Razón, 23/4). Toda esta bestialidad oculta que a tal ‘empresa autogestionaria’ se la viabiliza con créditos internacionales (que Oliveira fue a buscar a los EE.UU.). Pero "la cara de izquierda de una dirección de derecha ", como los califica la Oposición Trotskista (OT, en Trinchera, Nº 4, mayo de 2000), son la cobertura ‘democrática pura’ de las maniobras imperialistas. En los sindicatos combativos, en importantes centros obreros departamentales, en los sectores más radicalizados del movimiento campesino, existe una fuerte oposición a la burocracia de la COB y a la política conciliacionista del APA (algunos sectores rompieron con éste, después de haber adherido inicialmente). Dar un carácter prográmatico y conciente a esta oposición clasista, estructurándola en dirección (partido) obrera alternativa, para que sea capaz de aglutinar a todos los oprimidos en lucha contra el imperialismo (que exige la inmediata flexibilización trabajadora, la privatización de la jubilación y la destrucción de la resistencia campesina) y sus cómplices nativos. Esa es la tarea de la vanguardia revolucionaria. Esa tarea es parte integrante de la lucha contra el imperialismo a escala continental, por la unidad socialista de América Latina, y la reconstrucción de la Internacional Obrera (refundación de la IV Internacional). La OT consolidó un firme núcleo militante, una publicación regular clara y explícitamente identificada con esos objetivos (Trinchera), y participó activamente del levantamiento de abril en Cochabamba y La Paz: debe ahora elaborar un plan de acción (agitación, propaganda, organización) para situarse a la cabeza de la lucha por un partido revolucionario del proletariado del altiplano.

La desregulación de las Obras Sociales es una conquista para los capitalistas y se enmarca en los lineamientos del FMI y el Banco Mundial. La desregulación producirá una transferencia de recursos de los trabajadores al capital de 4.600 millones de dólares anuales. Las patronales van a acrecentar la precarización, tercerización y flexibilización del trabajo profesional. Las organizaciones patronales, la Asociación de Empresas de Medicina Prepaga (ADEMP) y la Cámara de Empresas de Medicina Privada (CAEMPRI), en cambio, manejan ‘a piacere’ el mercado de salud. Los profesionales carecen de organización, cuerpo de delegados, gremial o sindicato. Las Obras Sociales que pretendan evitar el quiebre y desaparición progresiva deberán "fusionarse" o formar "consorcios" con empresas de medicina privada, es decir que las Obras Sociales se deben ‘privatizar’, aunque pocas alcanzarán este ‘beneficio’. Esto dependerá de sus activos, número de afiliados y nivel de ingreso medio. El traspaso no guarda, por lo tanto, ninguna relación con sus necesidades o una mejora de las prestaciones de salud, sino con el negocio de las empresas. Según datos oficiales, en Argentina hay 266 Obras Sociales, de las cuales sólo 27 tienen más de 100.000 afiliados, una cifra que según la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS) es adecuada para aprovechar las economías de escala... El gobierno, a través de las "fusiones", espera que queden en pie sólo 50 ó 60 obras sociales... (Clarín, 7/7). El régimen laboral en las empresas de medicina privada está absolutamente precarizado, no existe cobertura social, seguros de mala praxis, licencias por enfermedad, normas de bioseguridad, feriados, aguinaldo ni vacaciones. Los profesionales, como prestadores de servicios, están en ‘negro’ y cobran por diversas modalidades, sea bonos, cápita, prestaciones, régimen horario, mensual o día de guardia, y los pagos son con demoras (30, 60 ó más días) y muchas veces en cómodas cuotas. Sólo algunas prepagas son excepción a esta regla. La mayoría de los servicios están tercerizados (UCO, Neo, UTI, Imágenes, ORL, OyT, Onco, etc.), es decir subcontratados con prestadores, subempresas dentro de la misma prepaga, que determinan sus propios regímenes laborales. Las Obras Sociales tampoco escapan a esta situación de precarización y tercerización del trabajo médico en el mercado capitalista de la salud. Con la desregulación, por un lado, y las prebendas laborales establecidas, por otro, las empresas ahora se lanzan a imponer la flexibilización, la reducción de personal y la rebaja de salarios. Independientemente de como se configure el sueldo del profesional, buscan reducir el valor de bonos, cápitas, prestaciones, hora de consultorio, sueldo mensual o por guardia y el número de profesionales (de consultorios y planta). Utilizan la enorme presión generada a partir del número creciente de profesionales desocupados, la falta de puestos de trabajo y de estabilidad laboral, y la carencia de una organización propia, que represente a los profesionales de la salud. Comprender esta situación y encarar las tareas necesarias para superarla está a la orden del día. Elegir delegados en cada clínica y sanatorio y en cada empresa de medicina prepaga y Obra Social. Elaborar pronunciamientos en contra del decreto desregulador y del proyecto de privatización global de la salud. Convocar a un plenario de delegados y activistas para discutir la estrategia a seguir.

En la madrugada del 2 julio, 150 familias de trabajadores sin tierra ocuparon un latifundio improductivo en la Estrada Vargem Grande, en el municipio de San José de los Campos. La hacienda Santa Clara, de aproximadamente 600 hectáreas, está abandonada, con galpones sin techado, paredes derruidas y ninguna actividad agrícola. Durante el día, la ocupación fue sitiada por más de 200 hombres de la Policía Militar, los que fueron utilizados para forzar la desocupación. Fueron detenidas dieciocho personas, entre ellas un sacerdote y un coordinador de la Comisión Pastoral de la Tierra, dos religiosos, un periodista, dos estudiantes, dos militantes del PT de Riberao Pires y Mauá y diversos trabajadores y trabajadoras sin tierra. En el presidio de máxima seguridad de Putim, en San Jose de los Campos, están encarcelados nueve compañeros, y dos trabajadoras rurales están detenidas en la cárcel pública de Cacapava. Todos los compañeros y compañeras están acusados de despojar propiedades, de formar piquetes, de daños a la propiedad, portación de armas (hoces) y coacción ilegal. En defensa de la democracia: Libertad para los presos políticos Precisamos desarrollar una campaña inmediata por la libertad de estos luchadores. En San Pablo ya son 17 los presos. 11 en San José y 6 en Boituva (desde el 10/11/99). Lea y divulgue este mensaje en todos los espacios. Enviar faxes exigiendo la inmediata libertad de los trabajadores. Por la libertad de los 11 presos de San José de los Campos, enviarlos a: MM Juíz de Direito da 1ª Vara Criminal do Fórum de Sao José dos Campos FAX: (12) 321-5266

4 de agosto: Plenario Provincial de delegados Conocido el acuerdo que Sobisch firmó con Repsol en Madrid, un amplio frente de la oposición se pronunció en contra. La Alianza (UCR y Frepaso), el PJ y un ala del oficialista MPN fueron de la partida. La senadora del MPN Silvia Sapag, caracterizó el acuerdo como "un cogobierno de la petrolera con el Ejecutivo provincial". Pero... El radical Pechi-Indalo Quiroga, actual intendente de la Capital, que apoyó abiertamente el pacto entreguista, recibió adelantos del Tesoro Nacional por 50 millones de dólares. Ahora le tocó el turno al presidente de la UCR, el diputado nacional de la Alianza, Victor Peláez, para quien "fue un error político el oponernos abiertamente sin saber el contenido de la letra chica del convenio que Sobisch firmaría en España". Similares posiciones están arrimando los integrantes del Frepaso (Massei, etc.), funcionarios nacionales de De la Rúa. Es sobre la base de estas volteretas que Sobisch cree que se va a obtener un voto favorable al presupuesto provincial en la legislatura. La subordinación del movimiento obrero a la burguesía ‘opositora’ sólo puede significar una gran frustración a la lucha de los trabajadores. Se trata de lanzar con energía el trabajo para el Congreso Provincial de Delegados, convocado para el viernes 4 de agosto, en el Club Pacífico. Todos al Congreso del 4 de agosto: a votar un plan de lucha hacia la huelga general hasta imponer el programa que levantan los trabajadores contra las maniobras de una burguesía cada vez más decadente y cada vez más antiobrera.

Cuando faltaban minutos para el inicio del ‘receso invernal’, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Neuquén (con la firma de 4 integrantes sobre 5) dio a conocer un fallo por el cual se rechaza el reclamo de devolución del 20% de zona a una docente. Esa rebaja la impuso Sapag vía decretazo a partir del 1º de enero del ‘96, y después por vía de modificar la ley de remuneraciones en el ‘98, con el voto a favor de la bancada radical. Estos mismos jueces habían fallado, en su momento, que los decretos de diciembre de 1995 eran inconstitucionales (esto obligó a modificar la ley en el ‘98, para darle ‘legalidad’ a la rebaja). Luego fallaron a favor de un reclamo de restitución del 20% de zona realizado por un jubilado. Más de 10.000 estatales y docentes tienen causas en proceso judicial con similar reclamo. Por eso este nuevo fallo del Superior Tribunal es un balde de agua fría. El fallo del STJ no sólo contradice los fallos anteriores, sino que pretende sentar jurisprudencia afirmando que fue aprobado en el presupuesto del año ‘97 en la Legislatura (en octubre de ese año). Pero hay más... pasen y vean Cuando a principios de 2000 el gobierno de Sobisch presentó su proyecto de ley de ‘emergencia’, con el objetivo de rebajar salarios y despedir estatales, lanzó a la par una campaña por la reforma constitucional. Entre otras cosas se proyectaba "que las remuneraciones de los jueces estén sujetas a las disminuciones que se disponga por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los poderes del Estado" (Río Negro, 4/5). Ante el rumor, el STJ declaró que ni siquiera la reforma de la Constitución Provincial podía rebajar los salarios de los jueces. Los jueces neuquinos acaban de ganar un juicio recurriendo a esa ‘intangibilidad’, que le significó a cada uno el cobro de sumas de entre 300.000 y 500.000 pesos. "El Estado neuquino ya pagó una suma millonaria por el reclamo que en la década del ‘80 y por la inflación inició un grupo de magistrados" (ídem). Lo que lleva al paroxismo esto de la ‘intangibilidad’ es que sobre esas sumas el Estado neuquino tuvo que reclamar aportes por conceptos que los jueces ¡cobraron ‘en negro’! (ídem). El vocero de los magistrados dijo en esa oportunidad: "A ningún trabajador se le puede bajar el sueldo..." (textual). Con salarios que según la antigüedad rondan los 10.000 pesos por mes, jueces y magistrados viven en el ‘paraíso... fiscal’. Y no es una metáfora. Hace poco una investigación de la delegación local de la AFIP determinó que los countries, donde viven varios jueces, figuran y tributan al fisco como... zonas baldías. Hay más, hay más Otra investigación, esta vez periodística, encontró que las zonas ribereñas de los más hermosos lagos cordilleranos de la provincia de Neuquén están ocupadas y cercadas por suntuosas casas de fin de semana. Muchas de ellas pertenecen a magistrados locales (y a comerciantes, funcionarios, etcétera). Eso sí, todos ellos han pagado por la adquisición de esos terrenos fiscales (no es para menos). Y la investigación agrega que, dado el "vacío legal" existente, esos terrenos de propiedad pública en los lugares mas bellos del planeta, pasaron a manos privadas a razón de... ¡4 pesos por metro cuadrado! Sí, está bien escrito. El equivalente a dos atados de puchos por metro cuadrado. Eso sí, cuando centenares de parejas jóvenes hacinadas en las barriadas obreras con sus padres deciden tomar terrenos en las zonas más inhóspitas de las bardas (sin luz, agua o gas), estos mismo jueces, con una celeridad digna de mejor causa, dictan las órdenes de desalojo so pretexto del ‘bien común’ y el ‘orden público’. O como ocurrió ahora con los compañeros de la Toma Altos del Neuquén, "por invadir espacios verdes públicos". Disparen contra el Superior Tribunal y contra la Legislatura antiobrera también Ante la noticia del fallo del STJ, un plenario de urgencia convocado por ATE decidió movilizar el viernes 28. Pero la movilización no debe circunscribirse al Superior Tribunal. La Legislatura (compuesta por las mismas fracciones que aprobaron el presupuesto del ‘97 y la modificación a la ley de remuneraciones en el ‘98) también debe sentir el rigor de los trabajadores movilizados. Además, esa misma Legislatura, en unidad de criterio entre oficialismo y ‘oposición’, se apresta a abrir un proceso de 2.000 ‘jubilaciones anticipadas’ forzadas y compulsivas, cuando ya existen centenares de estatales en situación de ‘disponibilidad’, a los que se les niega la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de tarea. Esas ‘jubilaciones’, además, bajo el cuento de la desfinanciación de la Caja, van acompañadas de un aumento del aporte de los trabajadores activos a la jubilación, es decir, una forma de rebaja salarial que no es inferior al 4%. En el mismo momento que aumenta la electricidad un 27% y cae estrepitosamente el nivel de consumo de la población. Entre el STJ, la Legislatura y los trabajadores hay una frontera de clase que no se cierra con ninguna ‘concertación’ o ‘consenso’. Es ellos o nosotros. Esto realza aún más la oportunidad y necesidad del Congreso de Delegados del próximo 4 de agosto y del funcionamiento de los Comités de Huelga en cada localidad.

Ni en el esclarecimiento del atentado a la Amia puede el gobierno aliancista superar al menemismo. Que incluso sigue la misma ruta lo prueba la sanción de la ley del arrepentido, que ha sido una exigencia constante de los yanquis. Esa ley permite institucionalizar las ‘confesiones’ de los espías políticos infiltrados por los servicios como instrumento de prueba ante la justicia. La CIA y el FBI no dan puntada sin hilo, pues se valen de su propia política de encubrimiento de un grave delito político, para reforzar el arsenal policial del Estado. En la conmemoración del atentado, hace dos años, se cristalizó una importante consigna política cuando se afirmó desde la tribuna de Memoria Activa que "la conexión local es el Estado argentino". Es necesario advertir ahora los límites de ese planteo, toda vez que el Estado argentino, incluso menos que cualquier otro, no está suspendido en el aire. Sólo es posible que Argentina encubra una ‘conexión local’ si sus amos del exterior quieren que ello ocurra. La conexión internacional del encubrimiento está sustentada por el imperialismo yanqui y su aliado sionista. Como lo dijimos desde el comienzo, en 1994, se trata de sostener a toda costa el acuerdo de paz firmado en Oslo, porque éste liquida ‘democráticamente’ la cuestión nacional palestina. Este gran objetivo sionista vale otro silenciamiento más de un crimen antisemita. Esto explica la política que en forma consistente llevan adelante las conducciones de la Daia y la Amia, las dos instituciones principales de la comunidad judía. Aun luego de la desaparición de la escena del banquero menemista Beraja, sigue en pie la línea de defender lo investigado por Galeano y el pasaje al juicio oral, e incluso la ley del arrepentido. El caso sería cerrado con la condena de los ‘perejiles’ y la indemnización a los familiares de las víctimas. La ‘democracia’ se otorgaría de este modo su propio ‘punto final’ y un nuevo derecho al espionaje político. Es necesario denunciar la ‘conexión internacional’, o sea al imperialismo mundial, y por lo tanto convocar al movimiento obrero y antiimperialista internacional a que tome la reivindicación del esclarecimiento del atentado como una parte de la lucha contra la política que el imperialismo impulsa mundialmente, y en especial contra la nueva contrainsurgencia en América Latina y el pisoteo definitivo a los derechos nacionales en Palestina.

Luego de casi cincuenta días de huelga de hambre, con gravísimo riesgo para su salud, los compañeros que tomaron por asalto el cuartel de La Tablada tuvieron que ceder ante la fuerza superior de la hipocresía de los organismos internacionales, la Alianza y hasta la izquierda. Se les ha prometido, incluso sin la posibilidad de asegurar que se hará efectivo, la modificación de la ley de Defensa de la Democracia para permitir la realización de un juicio de apelación que por sus disposiciones les estaba vedado. El cambio, sin embargo, dejará explícito que no aplicará el 2 por 1 a que tienen derecho aquellos que no hubieran recibido una sentencia pasado un determinado perído de detención. Es decir, que los presos de La Tablada seguirían de todos modos presos. Esta promesa no alcanza a Gorriarán Merlo y a Ana María Sívori, que fueron juzgados de acuerdo a otra ley. En este caso no se le ha adjudicado ninguna relevancia a que fueran secuestrados en el exterior, es decir a que se violó el derecho internacional. El proyecto prometido deberá naturalmente pasar por el Senado, donde el peronismo, que es mayoría, ya ha dicho que lo rechazaría. El PJ sostiene que la responsabilidad por el proyecto debe asumirla De la Rúa. De modo que la promesa, inocua de por sí, no tiene vías establecidas de cumplimiento. Los presos levantaron la huelga de hambre porque la política de confianza en estas posibilidades del sistema, se hundió a ojos vista. De acuerdo a una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, los presos debían quedar en libertad por las irregularidades de los juicios a que fueron sometidos. Esta posición finalmente la OEA la trastocó por un reclamo de que se otorgue el derecho a un segundo juicio por apelación, lo cual es una grosera violación del planteo de que se los liberara. Es claro que ha habido una transa con el gobierno de la Alianza, cuya apreciación dentro de la OEA creció mucho desde que apoyara los reclamos de Clinton contra Fujimori con motivo de las disputas electorales y entre los clanes que controlan la televisión, en Perú. La mayor parte de los organismos de derechos humanos y la ‘izquierda que se une’ apoyaron la revisada posición de la OEA, es decir que colaboraron con este lamentable final de la difícil huelga de hambre de los detenidos. Los presos de Tablada deben quedar en libertad porque su enjuiciamiento fue irregular, no ya en la forma sino especialmente en el contenido, ya que no permitió sustanciar la acusación de que existía una conspiración entre el menemismo y los carapintadas; investigar la represión ilegal al copamiento del cuartel, donde la jefatura de Alfonsín fue sobrepasada por la intervención de carapintadas; y, en definitiva, establecer la conexión entre el asalto al cuartel y los levantamientos previos de carapintadas, que fueron resueltos mediante pactos con el poder político y una completa permisividad judicial. En el caso de Gorriarán y Sívori, por tratarse de una operación de secuestro internacional.

Extorsion El gobierno provincial, en acuerdo con el municipio, comenzó a entregar una tarjeta a los trabajadores afectados por la crisis de la pesca. La tarjeta habilita la compra de mercadería por un valor de 40 pesos, y se otorga por cada jefe de familia, "por única vez" (en los meses subsiguientes sería de 20 pesos). La tarjeta es entregada por los funcionarios junto a los miembros de la directiva desplazada. La Provisoria denunció "las maniobras y el accionar cómplice de los funcionarios del gobierno con la ex comisión directiva del Soip (que) pretenden destruir nuestra organización". Corresponde que una comisión elegida en asamblea general sea responsable de la verificación de los padrones y la entrega de las tarjetas.