Prensa Obrera N° 662

Veinte mil enfurecidos trabajadores de la mina de molibdeno de Huludao (en el noreste de China) y varios miles de familiares apedrearon edificios públicos, cortaron rutas y calles y quemaron autos oficiales en repudio al cierre de la mina ordenado por el gobierno. La movilización, que comenzó a mediados de febrero y se extendió a varias ciudades cercanas, recién pudo ser contenida por la policía, a duras penas, a fin de mes. Huludao y varias ciudades cercanas han estado ocupadas por la policía hasta fines de marzo. Varios de los dirigentes de la pueblada han sido detenidos. La rebelión obrera fue mantenida en secreto por la burocracia y sólo a principios de este mes se supo de ella fuera de China. La pueblada de Huludao, que ha sido calificada como "la mayor explosión de descontento obrero de los últimos años" (Financial Times, 3/4), comenzó con el anuncio del cierre de la mina y el pago de una indemnización miserable. Después del pago de la indemnización, los trabajadores no recibirían asistencia social de ningún tipo. Todo esto significaba la muerte de la ciudad, cuya única fuente de trabajo es la mina. El cierre de la mina de Huludao es la consecuencia del acuerdo semicolonial firmado por China con Estados Unidos a fines del año pasado con vistas a su ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este acuerdo estableció la rebaja de los aranceles de ingreso de exportaciones norteamericanas a China, lo que ya está provocando el cierre de las empresas estatales "ineficientes", como la mina de Huludao. Pero en la misma situación están "miles de fábricas de acero, metalúrgicas, cementeras y textiles, que serán cerradas en el curso de este año" (ídem). Un informe del Banco Mundial calcula que un tercio de los 140 millones de trabajadores de las empresas estatales podrían ser prescindibles. Pero en la misma medida en que la burocracia china acelera los despidos y los cierres de empresas estatales, los "incidentes de descontento laboral han venido aumentando en los últimos años" (ídem): huelgas, manifestaciones y cortes de rutas y grandes avenidas se repiten "regularmente" (ídem) en todo el noreste de China. Con 18 millones de desempleados en las ciudades (que no cuentan con ninguna protección social) y 100 millones de campesinos que padecen desempleo estacional, el despido de varios millones de trabajadores estatales plantea la perspectiva de un agravamiento sin precedentes de la lucha de clases en China.

Sin eufemismos, De la Sota ha declarado su voluntad de aplicar el Código de Faltas (votado durante el gobierno de Angeloz) con el objetivó de impedir las movilizaciones callejeras. Según el Código, la obstaculización del tránsito sería punible con multas y cárceles. El Código también prohíbe las bombas de estruendo, habituales en las protestas callejeras de los gremios, la quema de goma de caucho, las pintadas, etc. Para completar él Código impone hasta 20 días de arresto para quienes “profirieran gritos, hicieran ruidos y utilizaren medios capaces de causar escándalo o molestias a terceros" (artículo 52). De la Sota busca una población perfectamente amordazada. De la Sota se suma así al pacto De la Rúa-Ruckauf y a los acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional de Seguridad. Pero, a diferencia de De la Rúa y Ruckauf, De la Sota dice directamente que su objetivo de represión son las movilizaciones callejeras. La amenaza de aplicar el Código de Faltas se completa con el pedido de desafuero de toda la comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza por propiciar e instigar la violencia y haber realizado un escrache frente a la casa del senador Bodega, del Frepaso, quien fue coimeado para que su voto asegurara la aprobación de la ley privatista en el Senado provincial. El Partido Obrero y la UJS han lanzado una campaña llamando a “prohibir a De la Sota”, Prohibirle los despidos, las privatizaciones y el intento de prohibir la movilización popular.

El 24 de marzo las comisiones internas de Einfer (talleres ferroviarios), Inti, el Frente por la Recuperación Sindical de ATE de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y delegados de ATE de Segemar pertenecientes a la lista Violeta, realizaron un acto en la puerta del Parque Tecnológico Migueletes (PTM) del Inti. Los compañeros de Emfer destacaron la importancia del acto y recordaron a los compañeros caídos por la dictadura. El delegado de Segemar leyó una declaración de la lista Violeta (participante del Frente por la Recuperación Sindical de ATE) llamando a luchar contra la reforma laboral y por la constitución de un polo clasista para la recuperación de los sindicatos. Los compañeros de la CNEA hicieron eje en el significado del golpe de estado del 24 de marzo y en la necesidad de recuperar los sindicatos, uniendo a los luchadores. El acto lo cerró la comisión interna del Inti, que denunció que la misma clase social que financió el golpe del ‘76 hoy intenta imponer, a través de sus legisladores, la reforma laboral, y llamó a la lucha contra su implementación por lo que implica contra los trabajadores y la mujer. La gran importancia de este acto reside en que ha sido un avance en el reagrupamiento de comisiones internas y en que ha sido el primero que se realiza en San Martín, un 24 de marzo, con un eje de lucha: contra la reforma laboral en vísperas del intento de sanción de estas leyes, y por la recuperación de los sindicatos.

En la recorrida por hospitales municipales, que realizamos con otros candidatos, como Víctor Galván y Jorge López, delegados del Hospital Ramos Mejía, y Mabel Sosa, vecinalista de Ciudad Oculta, se debatió con médicos y enfermeras lo que significa realmente la política de ‘autogestión’ vigente, defendida tanto por Ibarra como por Cavallo. El arancelamiento de los servidos y la venta de prestaciones a las obras sociales y al Pami, tienen como único objetivo reducir el presupuesto estatal de salud y reemplazarlo por el pago que deberán efectuar los parientes de esas instituciones y por pagos individuales (“bono contribución”, cobro de materiales y operadores). La competencia entre estos pacientes, de un lado, con pacientes sin cobertura, por desocupación o trabajo en negro, de otro, tiende a excluir a estos últimos de toda prestación de salud. Tanto el Santojanni (Mataderos), como el Piñero (Bajo Flores), son hospitales del cordón sur de la dudad. Pero en el primero, altamente arancelado (es director el menemista Eurnekian), no vimos los consultorios atestados por sectores pobres de la población y trabajadores inmigrantes, como sí ocurre en el Piñero. En este hospital, sumamente pobre, los trabajadores denunciaron que un equipo de rayos, por ejemplo, está inutilizado desde hace 4 años porque no se cambia el tubo, que cuesta 25.000 pesos. En otro sector, debatíamos con trabajadores técnicos acerca de que no se trataba de que los extranjeros estuvieran1copando' los hospitales, sino de que hay una política concreta de achicamiento. No corresponde que el Pami y otras obras sociales ocupen la capacidad instalada de los hospitales publicar el presupuesto de salud debe multiplicarse sobre la base de que impuestos a las grandes fortunas y deben eliminar los aranceles y contrae para que la población trabajadora tenga un amplio acceso a buenos servicios de salud. El plan Pressal de gerenciamiento empresarial del Banco Mundial de hospitales, que la Alianza impulsa desde hace 4 años en la Capital, o la cobertera por Voucher’ (seguro básico para población sin cobertura) de Cavallo, tienen |¡mismo fin: crear un mercado de servid!, médicos a partir de la liquidación de las obras sociales y la salud pública, y excluir a la población pobre, en primer lugar los inmigrantes y los trabajadores del Gran Buenos Aires, que buscan en la Capital una salida a la virtual catástrofe sanitaria de la provincia. Galván y López mostraron que la privatización de los servicios de cocina y lavadero es una carga onerosa que el hospital podría ahorrarse.

Los miembros del Consejo de Administración del Hospital son designados por acuerdo entre el gobierno nacional (Alianza) y por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (mayoría de la Alianza). Es decir que en el reparto de estos cargos ‘mordieron’ tanto la UCR como el Frepaso. A escasos meses de haber sido designados, los nuevos directores se dieron cuenta que con 6.000 pesos mensuales no les alcanzaba para vivir, con lo cual decidieron llevar sus salarios a 8.000 pesos. En el Ínterin habían rechazado los pedidos de aumento del personal, con el argumento de que el presupuesto para este año ya estaba cerrado. Y no sólo eso, deslizaron que, como los fondos que se ‘generan’ por cobros a las obras so-dales y otras ya no resultan suficientes, probablemente dispondrían la rebaja del plus que los trabajadores recibimos, proveniente de aquellos fondos. Cuando el tema se conoció, la indignación recorrió el hospital. La Asociación de Profesionales convocó a una Asamblea el 14 de marzo en el aula Magna, que se vio desbordada por la concurrencia de los trabajadores, tanto profesionales como no profesionales. Allí se denunció el aumento de los directores, que contrasta con una realidad salarial que para la mayoría de los compañeros no supera los 700 pesos. También se denunció la rebtya del presupuesto del hospital y la realización de contrataciones directas por este directorio. Casi por unanimidad se resolvió pedir su renuncia, rechazar su auto-aumento, denunciar las actitudes ante los diversos comités de ética del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Oficina anticorrupción, crear una comisión revisora de cuentas de gestión del Consejo y reclamar el aumento de presupuesto. Dada la masividad y el clima combativo de la Asamblea, el Consejo ya reculó en su intención de podar los salarios. Se nota en el carácter de la mayoría de las resoluciones que la tónica de la Asamblea estuvo dada, en principio, por el sector profesional, en su mayoría votantes de la Alianza, que “sangran por la herida” de las promesas incumplidas y limitan su horizonte al nebuloso plano de la ‘ética’. Sin embargo esto no fue todo, porque la mayoría del personal no médico presente y también algunos médicos, plantearon ir más allá: reclamar un aumento general de salarios para todo el personal y la realización no sólo de denuncias sino de medidas de acción concretas. La Comisión Interna de ATE convocó a una nueva Asamblea, donde además de reafirmar lo votado por la asamblea anterior, se aprobó reclamar el aumento salarial y realizar una nueva asamblea, cortar la calle y realizar una movilización ante el Consejo, el miércoles 22/3 a las 13:30 hs. La gremial de ATE tiene la responsabilidad de realizar mía verdadera campaña entre todo el personal para garantizar la masividad y efectivización de las medidas. La agrupación Naranja se va a empeñar para que esto se cumpla.

Mientras un numeroso grupo de trabajadores (700) realizaba una movilización para denunciar los despidos de Femesa, el jueves 30 de marzo, La Fraternidad confirmaba 1.300 despidos. La movilización de protesta y rabia de los trabajadores se inició en Once. Luego no marchó al Congreso y al Ministerio de Economía, para terminar en el Ministerio de Trabajo. Esta es la gran reforma del Estado: despidos y rebajas de salario. Los despedidos cobran entre 6001 800 pesos, mientras que los contratados cobran otras “muy superiores". Nosotros sabíamos que esto iba a pasar, veníamos realizando reuniones por abajo, realizando gestiones con algunos diputados, que se habían comprometido a tratar el tema, pero nada de eso ocurrió. Terminando la marcha nos enteramos de que el Ministerio de Trabajo dictaba la conciliación obligatoria entre los tres gremios ferroviarios. De esta manera le paramos los 1.800 despidos al ente estatal, los 1.000 de Apedefa, 500 de La Fraternidad y 300 de la Unión Ferroviaria. En ese momento un dirigente de Apedefa exigía el acta firmada por las partes en el conflicto, lo que hizo estallar de júbilo a los compañeros en la marcha, los abrazos y las lágrimas. La cartera laboral dispuso la medida después de casi 6 horas de negociaciones entre los representantes de los gremios. La medida implica la suspensión de todos los despidos por 15 días hábiles, prorrogable por otros 15 días. Basta de despidos. Ante el primer intento de despido, paro general ferroviario. Por una nueva dirección obrera y clasista. Asamblea de base para decidir un plan de lucha.

La información de que el Partido Obrero cuenta con una intención de voto para legisladores del 5,2% para toda la Capital y del 9.6% para la zona sur, es lo que los trabajadores estaban necesitando escuchar y saber para decidirse a votar al Partido Obrero. Ya no se trata de un voto ‘perdido’ o testimonial. Es el voto para conquistar efectivamente una bancada obrera y socialista en la Legislatura, que será utilizada para difundir, impulsar y organizar la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones, y para desenmascarar las mentiras constantes y sin límites de los tramposos y corrompidos políticos patronales. Esos políticos patronales, sin embargo, no aceptarán sin lucha que una franja tan grande de obreros, estudiantes, asalariados –hombres y mujeres– voten por el Partido Obrero. Hasta ahora han recurrido al escamoteo de la información. De aquí en más se valdrán de las promesas más demagógicas y mentirosas y hasta de la pretensión de comprar los votos con subsidios de un día y extorsiones de distinto tipo. Para derrotar estos intentos miserables, te proponemos –compañera, compañero– que te sumes a la lucha por imponer una gran bancada obrera en la Legislatura. Una bancada al servicio de nuestras reivindicaciones. Una bancada capaz de desenmascarar, de frente a todo el país, a los políticos del FMI, de Macri, del Citibank, de Roggio o de Techint. Una bancada que se valga de una institución del Estado como tribuna del pueblo. Por primera vez en toda la historia argentina tenemos la oportunidad de tener una bancada parlamentaria, junto a Jorge Altamira, de delegados de base, o sea de empresa, oficina y taller, no de patrones ni de burócratas sindicales. De una congresal opositora del Sindicato Gráfico, como María del Carmen Martínez. De un delegado de taller de Metrovías, como Carlos Pérez. De una candidata a secretaria general por la oposición antiburócratica en docentes, como Andrea Vázquez. De un directivo antiburocrático de Foetra (telefónicos), como Sergio Sosto. De un delegado de base de trabajadores de Prensa, como Rubén Schofrin.

La semana pasada, en una sucursal de los supermercados Coto de la Capital fue suspendido un trabajador por pegar un volante del Partido Obrero en una pared del establecimiento que denunciaba las condiciones humillantes en que allí se trabaja. Dos días después, en otro supermercado, varios trabajadores sufrieron una intoxicación por un almuerzo elaborado con productos para devolución. Uno de los afectados exigió al jefe de personal que el hecho fuera denunciado a los gerentes. Como respuesta recibió una amenaza: “Si se enteran, echan al personal de cocina”. A todo esto, el delegado no aparecía desde hacía varios días, Como dice el volante: Terminemos con estas condiciones humillantes.

La aparición de una encuesta de Equipos de Investigación Social (Equis), que dirige el sociólogo Artemio López, ha servido para poner al desnudo la enorme manipulación electoral de la opinión pública en la que está empeñado el conjunto de las encuestadoras tradicionales. Para difundir la versión interesada de una polarización en las elecciones de la Capital, estas encuestadoras evitan dar a conocer las intenciones de voto del electorado en lo que hace a los legisladores de la ciudad. Con este procedimiento pretenden encerrar al electorado en una camisa de fuerza de opciones políticas, que en verdad resultan opuestas a las reales tendencias políticas del electorado. Despolarización Las intenciones de voto para la Legislatura, relevados por Equis, muestran un panorama completamente diferente al de una polarización electoral. Entre la lista que encabeza Olivera, de la Alianza, con el 34.2%, y la de Oyhanarte, que corresponde a Cavallo, con el 14.6%, apenas suman el 48.8% de las intenciones de voto; esto contra la suma del 72.3% que alcanzan entre las dos en la elección de jefe de gobierno. Es decir que aliancistas y cavallistas sufren un verdadero derrumbe de 25 puntos porcentuales para legisladores, lo que equivale a una emigración de más de medio millón de votos. Se deduce de aquí que, aún con un 13% de indecisos, alrededor de la mitad del electorado repudia simultáneamente las listas de la Alianza y Cavallo. No hace falta decir que la tendencia a la despolarización sería más acentuada aun si la ciudadanía tuviera una información adecuada de lo que está ocurriendo. El silencio informativo, llamativamente concertado, obedece claramente al temor que inspira la difusión de una fuerte tendencia a la quiebra del monopolio político de los partidos tradicionales. Esta quiebra responde a un proceso más general de derrumbe político de estos partidos, pues la UCR no habría llegado al gobierno sin el auxilio del Frepaso, ni Cavallo (que a su vez tuvo que recurrir a Beliz) ni el peronismo estarían hoy disputando el segundo puesto sin la alianza que han venido tejiendo entre los dos desde el apoyo de Cavallo a Ruckauf en la elección pasada. Subraya claramente esta crisis el hecho de que la Alianza estará muy lejos, en caso de ganar la elección ejecutiva, de tener una mayoría parlamentaria, en tanto que Cavallo, en caso de perder, desaparecerá al mismo tiempo del panorama político, dado el raquitismo del número de sus legisladores que saldrá de las urnas. Los lectores de Prensa Obrera recordarán que en varias oportunidades caracterizamos, desde estas páginas, la inconsistencia de la polarización electoral que se pretendía armar en la Capital. La elección legislativa, y no la ejecutiva, es la que refleja más adecuadamente los desplazamientos y las tendencias políticas del electorado. La elección ejecutiva tiene características plebiscitarias, es decir que fuerza al electorado a una opción entre alternativas que podrían resultarle ajenas. En una elección parlamentaria, rigurosamente proporcional, ocurre lo contrario, pues cada elector puede expresar su propia tendencia sin ningún riesgo de ‘perder’ el voto. Las tendencias de la elección ejecutiva están adulteradas; las de la elección legislativa son mucho más genuinas. Crisis del peronismo Una expresión de la crisis del peronismo en las elecciones porteñas, lo representa la intención de voto por Irma Roy, que con el 6.2% supera a Granillo Ocampo en la elección para jefe de gobierno, y con el 16.7% se ubica en el segundo lugar para legisladores. La lista de Irma Roy cuenta con el apoyo del MTA, pero en los últimas días se registró también el de Gerardo Martínez de la Uocra y hasta el de Felipe Solá, acérrimo cavallista, para la Legislatura. La intención de voto legislativa para Irma Roy llega al 23.3% en la zona sur de la ciudad, donde supera incluso a la Alianza y a Cavallo-Beliz. Estos datos describen una situación catastrófica para las llamadas opciones ‘mayoritarias’ en los distritos más golpeados por la crisis y entre los trabajadores más explotados. La alternativa neo-liberal, clerical y videlista de Cavallo-Beliz tiene un campo orégano en la ‘ilustrada’ zona norte; en el sur pobre y ‘sin educación’ su penetración es nula. El baluarte de la democracia se encuentra en las barriadas populares. Pero este derrumbe del peronismo, cuyos gobernadores apoyan a Cavallo en tanto que Menem y su clan lo hacen por Granillo Ocampo, expresa también la crisis de la Alianza, que no habría ganado el pasado 24 de octubre sin el aporte de centenas de miles de votos peronistas. Con respecto a las últimas elecciones, la encuesta revela, por lo tanto, una masiva emigración de votos del peronismo y de la Alianza. Pero la crisis del peronismo no es institucional o de aparato, no es una mera crisis de clanes, sino que es la manifestación de una larga y ultramadurada crisis histórica. La candidatura de Irma Roy puede servir de consuelo, de protesta o de escape para muchos votantes, pero no es una salida; no es casual que no tenga programa. Pero es precisamente con relación a la cuestión de la salida que las tendencias electorales en la ciudad de Buenos Aires revelan síntomas extraordinarios. El Partido Obrero agrupa El dato más importante de la encuesta es, por lejos, la intención de voto para legisladores al Partido Obrero. De acuerdo con el relevamiento de Equis, el PO tendría una intención promedio de voto del 5.2%, que equivale a unos 110.000 sufragios, pero que en la zona sur como un todo llega al 9.6%. El valor supremo, si se puede decir así, de estos datos es que cualquiera sea el resultado final, en más o en menos, pone en números una tendencia efectivamente existente, que tiene que ver con la necesidad histórica de la clase obrera de superar al peronismo, el cual ha pasado de haber sido un movimiento de concesiones sociales a un movimiento de genocidio de las conquistas obreras. Más del 90% de estos votos vienen del electorado obrero del peronismo, como lo destaca su distribución geográfica (en la zona norte el PO sólo llega al 2%). La encuesta revela un cordón umbilical entre el voto obrero al peronismo y al PO; donde el primero sube, bajamos; donde aquél baja, subimos. Hasta ahora el peronismo perdía votos en favor de otro partido tradicional y viceversa. La encuesta también revela que si bien un respetable 1.8% de los electores que ganan menos de 500 pesos vota al PO, la cifra sube al 6.9% entre quienes ganan de 500 a 1.000 pesos y al 6.7%, entre los que van de 1000 a 2.000, y más allá de esta franja de ingresos vuelve a descender. Es decir que se trata de un voto de la zona sur de quienes ganan entre 500 y 1.500 pesos, o sea de la clase obrera y de los asalariados políticamente interesados o activos. Por su geografía y nivel de ingresos se trata de un voto marcadamente clasista. También según la encuesta, el voto al PO se concentra entre los varones de 18 a 30 años y llega a ser mínimo luego de los 60 años. La información es un arma de lucha La encuesta de Equis tuvo lugar entre el 1 y 3 de abril. Pero ya el 5 de abril, Ambito Financiero informaba que Beliz fue encargado de la tarea de recuperar al peronismo de la zona sur para su lista con Cavallo, de recomponer la red de punteros peronistas y hasta de reabrir (grandes sumas de dinero mediante) unidades básicas que habían sido cerradas por la deserción de los militantes justicialistas. Granillo Ocampo se largó a una campaña similar. Es decir que se ha abierto una campaña para torcer la manifestación electoral de esta tendencia revolucionaria que anida en una parte de los trabajadores. Al mismo tiempo, sin embargo, la divulgación de que el Partido Obrero podría entrar a la Legislatura, y no con uno sino con varios legisladores, desató un movimiento adicional a votar al PO por parte de quienes empezaron a ver que hacerlo no es perder un voto sino ganar una bancada. Difundir todos estos datos se ha transformado en algo tan importante como la propia propaganda del programa del PO, o más aún incluso, porque esos datos hacen conciente una situación política real, que necesita todavía consolidarse y profundizarse, y que para eso reclama una mayor actividad política, incluida el arma de la información. Es lo que resume nuestro nuevo slogan de campaña: Venite compañero, que el Partido Obrero está sumando.

El sindicato aceitero (SOEA) del Departamento San Lorenzo, ha lanzado un petitorio que redama la discusión de un convenio colectivo zonal con todas las patronales. Desenganchados hace tiempo de la Federación, regenteada per la burocracia de Casabella, lograron luego un aumento del 17% por sobre la miserable escala salarial de convenio. Pero, lógicamente, esto no alcanza para cobrar salarios de bolsillo que permitan al obrero aceitero una vida mínimamente digna. Durante los últimos años se fueron celebrando acuerdos con las patronales por separado, lo que llevó a un enorme desfasaje en los sueldos que pagan las distintas patronales (entre las mejores pagas, como La Plata Cereal, y la peor, Vicentín, la diferencia llega casi al 300%). La actual conducción del SOEA proyecta a través de este convenio colectivo zonal equiparar el sueldo mínimo conformado, unificándolo para todas las fábricas; la idea es obtener unos 650 pesos para la categoría mínima. Si bien el aumento para los obreros más postergados se reflejaría en aumentos de bonificaciones, de lograrse este redamo se terminaría en parte con la injusta diferencia salarial y con un paso práctico de enorme relevancia para el resto de los gremio del Cardón Industrial de San Lorenzo, al establecer una barrera cierta al avance de la flexibilización Laboral y la reforma de la Alianza-PJ. Paralelamente, los partidos gobernantes, en contubernio con la burocracia de la Federación, intentan dividir al SOEA instalando desde hace un mes atrás un sindicato fantasma paralelo disfrazado de Obra Social, que cobra solamente 5 pesos fijos por afiliado para las mismas prestaciones que implican un descuento del 3,5% en los afiliados al SOEA. Recordemos que también las patronales, en muchas plantas (las mejores pagas), presionan en forma directa encubierta para que los obreros no se afilien al SOEA, amén de pasarlos por unos pesos de más a mensualizados con la expresa condición de mantenerlos al margen de la organización sindical, a lo que se agrega la contratación de empresas privadas tercerizando los trabajos y puestos fijos de las tareas más riesgosas o insalubres. Frente a la actual cosecha y la necesidad empresaria de producir a pleno, por ahora demorada por di paro patronal de las cámaras del transporte, este es el momento oportuno de lograr una mínima restitución de las fabulosas ganancias acumuladas por estas patronales en los últimos diez años. En estas paritarias se puede y se debe ganar en un mínimo paso adelante para el bolsillo de los obreros aceiteros, pero que implicara un gran paso para el conjunto de los trabajadores. 650 pesos de básico mínimo y efectivización de los contratados: éstas son las consignas.

El acuerdo automotriz firmado por los gobiernos de la Argentina y Brasil fue escrito por las grandes multinacionales terminales de autos. Los cancilleres y diplomáticos de ambos países se limitaron a ponerle la firma al texto redactado por la Ford, la General Motors y la Fiat, entre otras. El acuerdo prorroga en 6 años el régimen especial que beneficia a las empresas de autos radicadas en el Mercosur. Se trata del establecido a comienzos de los años ‘90, con enormes incentivos a las empresas. Un estudio realizado el año pasado por el ahora ministro de Educación, Juan Llach, muestra que los subsidios del Estado recibidos por las terminales ronda los 6.000 millones de pesos, equivalentes a todo lo que supuestamente las multinacionales dicen haber invertido en la Argentina. Algo similar pasó en Brasil. Como este régimen vencía en diciembre de 1999 y a partir del 2000 las terminales debían arreglárselas por sí mismas, éstas empezaron, ya desde 1998, a presionar por una prórroga. En la Argentina decían que sin esa prórroga las fábricas radicadas aquí se irían a Brasil, y en Brasil dijeron que la industria desaparecería por la invasión de autos coreanos. Plantearon, además, que se aumentaran los aranceles a la importación de autos del exterior (un subsidio implícito). Así, ese arancel subió del 30 al 35%, que "es lo máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio. Con ese poderoso airbag, las fábricas radicadas pueden tener bastante oxígeno para moverse por el Mercosur" (Clarín, 24/3). Oxígeno significa aquí que disponen de un margen del 35% para fijar el precio final de los autos. En cambio, a las autopartes se les fijó un arancel más bajo, que sube hasta el 18% en el 2006, mientras los componentes no fabricados en la región ingresarán con un arancel del 2%. Con estas diferencias de aranceles de autopartes con relación a los de los autos, las terminales se aseguran importar a bajos precios sus insumos y a cobrar a precio extraordinario su producto. La cláusula de que el 60% del valor del auto debe tener piezas del Mercosur, de las cuales la mitad deben ser nacionales, no desmiente este margen de superbeneficio. Ocurre que en el valor final de un auto hay gastos administrativos, de publicidad, ganancias, por lo cual el 60% del valor final equivale, en componentes y autopiezas, a menos del 40%, y para las autopiezas de autopartistas de la Argentina representa la mitad de eso. Aun así, una terminal puede importar autopiezas en exceso desde Brasil, si compensa con exportación de autos ese exceso, lo que "determinará un trasvasamiento de autopartes hacia Argentina y de vehículos hacia Brasil, manteniendo de esa forma el rojo en la balanza comercial de componentes" (El Cronista, 29/3). Desde Prensa Obrera, cuando el año pasado parecía inminente el derrumbe del Mercosur, dijimos que "para los yanquis, el Mercosur es una plataforma de importantes negocios" y que " los yanquis le habían dado la orden a Menem de no romper el Mercosur ni de profundizar su crisis", planteo que " fue respaldado por la Alianza" (PO Nº 636, 5/8/99). Y agregamos: "Que el imperialismo mundial sostenga el Mercosur no significa que pueda evitar una mayor desintegración de las economías sudamericanas o las rivalidades intercapitalistas que se amplían al compás de la crisis internacional". Todo esto sigue siendo válido. Primero, porque la industria automotriz del Mercosur sigue en crisis por la recesión y por los choques entre las propias terminales. Segundo, porque este acuerdo favorece a las terminales en contra de sus proveedores, entre las que se encuentra el poderoso Grupo Techint. Tercero, porque tanto Brasil como la Argentina siguen en crisis, con fuertes presiones devaluatorias en uno y otro lado.

La patronal de la Panificadora San Roque, afectada por la crisis del mercado y un intento de inserción en el Mercosur, ha entrado en convocatoria de acreedores por deudas impagas y los intereses leoninos que le cobran los bancos por girar en descubierto. Frente a la decisión judicial de dar curso al pedido de embargo del Banco Bisel (acreedor-prendario privilegiado), solamente pudieron llevarse dos vehículos porque los obreros (45 en total) reaccionaron tomando la fábrica e impidiendo que se consumara la incautación del resto de vehículos y de las máquinas. La intervención de la CGT San Lorenzo fue decisiva para organizar la lucha. Esa misma noche, con la fábrica ocupada, se armó rápidamente para la mañana siguiente (jueves 6) una marcha por la ruta 11, desde el Barrio Bouchard hada el juzgado interviniente de la doctora Pasquínelli. Luego marchamos hasta la sede del Banco Bisel, al que ‘decoramos’ con varias docenas de huevos. La jueza (comentaron oficiosamente), presa de un ataque de pánico, no quiso recibir a la CGT y delegados panaderos, pero la Secretaría de la Producción Municipal hizo de intermediario intentando demostrar vanamente que ellos habían conseguido 90 días hábiles de prorroga al embargo, procediendo la jueza a devolver los dos vehículos. De aquí en más queda por delante un camino difícil pero posible: resguardar la fuente de trabajo para las familias de los obreros, de control obrero de la producción y las de la empresa, que está siendo presa de la vorágine capitalista, y en última instancia su municipalización.

El suicidio del juvenil volante de San Lorenzo, Mirko Saric, ha desnudado un aspecto brutal de la comercialización del fútbol. Una de las fuentes inagotables de riqueza de ‘sponsors’, dirigentes de clubes y empresarios, son las nuevas promesas fútbolísticas. Los dueños del fútbol necesitan que los jóvenes en cuestión triunfen rápidamente, porque han costado poco y se pueden vender por mucho. Mirko Saric era parte de esos jóvenes de trayectoria ascendente y no soportó la exigencia de ser, sí o sí, un ‘triunfador’ en un equipo que, como en muchos otros del fútbol argentino, rinde culto a los ‘ganadores’. Mirko sufría intensamente las llamadas ‘presiones del fútbol’, sufría depresiones por las críticas de la hinchada si algo salía mal, lo afectó terriblemente la lesión de ligamentos cruzados, lesión temida por todos los deportistas y que lo dejó marginado durante largo tiempo de las canchas. A raiz de la lesión, quedo relegado en medio de un momento de gran participación de su equipo en dos campeonatos. Mirko entró en un severo cuadro depresivo que debió afrontar solo, pues desde su club no obtuvo contención alguna. Sus propios familiares señalan que "en el club sabían que Mirko estaba mal…". El necesitaba un psiquiatra pero no quería tomar ningún remedio porque eso iba a ‘saltar’ en el doping (Crónica, 6/4). Algunos técnicos de las divisionales inferiores han alertado tibiamente sobre esta situación. El ex juez de fútbol Ricardo Calabria dijo que "hay que replantearse qué estamos haciendo con los jóvenes" (ídem). "Esto es una muestra de lo desprotegido que está el jugador, alrededor del cual justamente gira todo el sistema. El fútbolista sirve cuando genera plata, pero cuando es una persona, no le interesa a nadie. Sólo interesa cuando vende y desde el punto de vista profesional sale en la tapa de las revistas" (Teglia, director técnico de las inferiores de Central, en La Capital de Rosario, 6/4). Miles de jóvenes que son traídos del interior están en pensiones de los clubes de primera división; alejados de sus familias; sin orientación para seguir sus estudios pues en general se contraponen con las prácticas; sin protección psicológica alguna. Los clubes desprecian estos problemas y sólo se interesan por los ejercicios a realizar y por las orientaciones de los nutricionistas, para favorecer la buena practica del fútbol, estableciendo con los jóvenes una suerte de ‘criadero de pollos’ donde ‘maduran’ a la fuerza para la competencia. En el camino quedan centenares de jóvenes cargados de frustraciones, que abandonaron sus estudios y regresan a sus pueblos como perdedores, por la picadora de carne que es la explotación capitalista del fútbol. Han sido estas mismas presiones las que Mirko no pudo soportar ni aun en el marco de su familia. El show sigue, sólo ha muerto un joven. La AFA ni siquiera hizo algo por suspender el partido de San Lorenzo con Cerro Porteño. Por su parte, la Confederación Sudamericana de Fútbol dijo que "no (había) causas suficientes" para parar el encuentro. El capitalismo es una lacra que pudre todo lo que toca. El fútbol, no hay que olvidarlo nunca, es también un negocio capitalista.

El número de la lista del PO para las próximas elecciones del 7 de mayo no figuró en el cartel grande del palco del acto del 2 de abril en Parque Lezama. Tampoco figura en los programas. ¿Porqué? ¿Quién es el responsable? El número de la lista es 278. Que se sepa.

El próximo 19 de abril, como sucede año a año, el movimiento estudiantil secundario y de la juventud estará nuevamente en la calle al cumplirse el aniversario del asesinato de Walter Bulacio. Walter fue muerto por los golpes que le dieron integrantes de la Federal, que lo detuvo durante un recital de los Redondos. La marcha de Bulacio, que se ha convertido ya en una jornada de lucha del movimiento estudiantil, debe servir este año para enfrentar la política represiva consagrada por el pacto Ruckauf-Rico-De la Rúa. Mediante este acuerdo se pretende anular los derechos ciudadanos y, por sobre todo, ilegalizar las luchas de la juventud, los trabajadores y los desocupados. Walter fue asesinado porque la policía tenía la posiblidad de detener arbitrariamente. Ahora, se le ha otorgado además la posiblidad de hacer requisas y de tomar declaración, es decir, dándole piedra libre para el apriete y la tortura. La causa de Walter, entonces, mantiene una absoluta vigencia no sólo para que se encarcele a todos los responsables de su asesinato sino también para impedir que la policía pueda detener, apretar, torturar y asesinar a la juventud. Esta escalada represiva, sin duda, ha sufrido una crisis con la caída de Rico. El gobierno provincial, así como el nacional, sin embargo, han salido a aclarar que la caída del carapintada no cuestiona la política de ‘seguridad’ pactada por ambas partes. Pero esta política no ha logrado bajar los índices de delincuencia, aunque sí ha significado el aumento de las torturas y maltratos que sufren los jóvenes en manos de la Bonaerense. Por una marcha unitaria y combativa La Alianza que ha sellado el pacto represivo y le ha dado un carácter nacional está jugando también a dividir al movimiento secundario. En la marcha del 24 de marzo algunos colegios dirigidos por la Franja o por agrupaciones afines, armaron una columna paralela a la del movimiento estudiantil, justificando esta medida por la negativa de ellos a suscribir un programa que planteaba la anulación de las leyes de impunidad, la derogación de las leyes represivas y la cárcel a los genocidas. En el Nacional Buenos Aires, la agrupación El Puente, que ha sido cooptada por la Alianza, planteó que la anulación de las leyes era jurídicamente inaceptable, es decir que hicieron de abogados de los genocidas. Esta maniobra de la Alianza debe ser denunciada y superada a través de la movilización masiva de los centros y activistas, a la cual también deben sumarse los familiares de los jóvenes víctimas del ‘gatillo fácil’y toda la población democrática. La Unión de Juventudes por el Socialismo convoca a garantizar una masiva movilización el próximo 19 de abril con un programa claro: *Derogación del pacto Ruckauf-Rico-De la Rúa. *Abajo el ‘gatillo fácil’. *Anulación efectiva del Punto Final, la Obediencia Debida y el Indulto. *Cárcel y perpetua a todos los genocidas.

A la Dirección Nacional del PO: Con muy magros recursos y la imaginación y tretas de que se vale una trabajadora para sobrevivir en este inmundo planeta, y con el objetivo y la convicción de que en el 2000 el socialismo vencerá, es que puse en pie un programa radial que ayer cumplió sus diez emisiones. Les dejo copias de los tres últimos programas. ¡Con todo mi amor!

En los monoblocks y los alrededores de Soldati se está desarrollando una intensa actividad de agitación por la campaña electoral del PO. Está prevista una radio abierta y una recorrida con Jorge Altamira para el sábado 15, a partir de las 10 horas. En la radio abierta y en la agitación participarán otros candidatos de la zona (Soldati, Oculta, Flores, etc.) y se invitará a sectores del movimiento obrero, como los delegados de la metalúrgica Roggio, que vienen de una olla popular y un paro contra los despidos y la reforma laboral. También se invitará a trabajadores de la Uocra, activistas barriales y dirigentes juveniles, para transformar la campaña del Partido Obrero en un factor de agrupamiento y organización de los trabajadores. Esta es la oportunidad de dar un paso adelante. A este fin entrevistamos al candidato de Soldati, Rafael Romero. PO: ¿Cómo ves la situación de los trabajadores en Soldati? Rafael: el problema más sentido es la falta de trabajo, el 80% vive de changas en este barrio, todos se atrasan con el pago de impuestos, el agua directamente nadie la puede pagar. Hay una salita donde el cuerpo médico es muy escaso. Para 30.000 personas que viven, dan 20 números por especialidad. La gente se va a atender a otros hospitales porque no dan abasto, acá hay que levantar un hospital. También hay un Registro Civil donde atiende una sola persona, un juez y una secretaria; hay que volver 30 veces para hacer un trámite, o para anotar a un chico hay que perder todo el día de trabajo. No hay una escuela secundaria, sólo 1º en un nocturno para adultos; no hay biblioteca pública, ni lugares para los niños, plazas, etc. PO: ¿Qué salida ves a estos problemas? Rafael: Que se forme una comisión del barrio, con delegados para organizarse por los problemas que tenemos. El gobierno le da 10 millones por mes a Cáritas y acá nunca vinieron a preguntar qué necesitamos. PO: ¿Qué te decidió a ser candidato del PO en Soldati? Rafael: Porque a través de los años vi al PO no como a los otros partidos, sino como a un partido que estaba más allá de las instituciones. Este partido fue marginado el 24/3/76 y a través de su lucha consiguió reivindicaciones políticas, pero no para sentarse en una silla, sino para luchar por lo que estamos exponiendo acá. Y pensándolo bien, si ustedes colaboran con el PO van a tener un futuro, o sino vamos a ser siempre carenciados. Despertémonos de este largo letargo, tenemos que luchar por nuestra vivienda, por nuestro barrio y nuestras familias.

Compañeros de Prensa Obrera: Acabo de leer un artículo aparecido en el diario Clarín firmado por el señor García Espil, secretario de planeamiento urbano del Gobierno de la Ciudad. Faltando poco para las elecciones de la Ciudad, este funcionario aprovecha la oportunidad para hacer campaña, abusando de la ignorancia o de la desprevención del pueblo. Este señor considera como meritorio que el gobierno amplíe la red de subterráneos; incluso, señala qué porcentaje de la obra se realizará con recursos propios (es decir, con el dinero que ya le sacaron a los contribuyentes pequeños y medianos), cuál será el monto de los créditos necesarios para terminar la obra y, por lo tanto, en cuánto se incrementará la deuda pública. Pero: •¿No es que los subterráneos están en manos de capitales privados? •¿Acaso Metrovías (es decir, Benito Roggio y sus secuaces) no es la que explota los subterráneos y se lleva las ganancias? •¿No recuerdan que se aumentó el cospel de subte, con la excusa de las inversiones? •¿No decían que privatizaron porque el Estado no tenía recursos para mejorar la infraestructura y que, por lo tanto, eso se lo dejaban a los capitalistas privados? •¿Son esos los proclamados principios de la economía de libre mercado? •¿Cómo pueden justificar estos hipócritas que el Gobierno de la Ciudad realice inversiones que luego usufructuará una empresa privada? •Por último, compañeros, invito a investigar y a denunciar esta cuestión, porque -probablemente- la empresa contratista que se encargará de la construcción y ampliación de la red no será otra que la constructora... Benito Roggio; es decir que saldrá ganando por partida doble.

Como parte de la campaña electoral del Partido Obrero, una delegación de tres candidatos, encabezada por el compañero Pablo Rieznik, realizamos una visita al Teatro Colón. En la animada reunión que mantuvimos con unos diez compañeros, el tema dominante fue el conflicto en el Teatro. El resumen de este debate y nuestra opinión sobre el tema es el siguiente: El diario La Nación está pidiendo "mano dura" con los trabajadores del Teatro (20/3). El sentido de esta campaña se clarifica en una extensa nota del 30/3, que explica detalladamente que los equipos de campaña de la Alianza y el cavallismo impulsan una "reglamentación del trabajo" para los 1.200 empleados del Teatro (léase disciplinamiento), una ley de "mecenazgo" y la "revolución del management (privatización)". El Teatro Colón se ubica entre los siete primeros complejos líricos del mundo y se comprende entonces el enorme interés de los pulpos capitalistas del espectáculo por apoderarse de esta verdadera mina de oro. De este modo se confirma plenamente la denuncia del Partido Obrero de que "... Lo que se pretende es la privatización del área de cultura, en beneficio de los pulpos capitalistas del espectáculo. El desmantelamiento de compañías teatrales, orquestas y coros, planteles de escenografía y equipos de producción radial, abre el camino al concesionamiento privado de sus instalaciones" (Prensa Obrera, Nº 659, 23/3). Se comprende de este modo la histeria que produjo en el Gobierno de la Ciudad y entre los oligarcas de La Nación, la gran lucha de los trabajadores del Colón por la efectivización de los contratados. Es que esta lucha objetivamente provocó una crisis en estos planes. Ahora que se cerró el conflicto los planes privatizadores salen a la luz. La burocracia del Sutecba Como es conocido, el conflicto se levantó con una solución parcial de los reclamos planteados, esto es, con el compromiso del Ejecutivo de pasar a planta permanente a 200 de los 290 contratados, y a los 90 restantes a planta transitoria. Con la firma de Genta, Amor, Saldaneri y otros miembros del CD, la burocracia de Sutecba publicó un comunicado cuyo punto 3 dice que: "... los concursos cerrados constituyen el punto de inflexión que reafirmará definitivamente el Modelo de Teatro con Producción Propia y para toda la comunidad, desterrando para siempre la alternativa elitista de la ‘sala de alquiler’...". El comunicado no dice que 90 compañeros (mayordomía, administrativos, figurantes) no entran a planta permanente. Lo real es que la burocracia se jugó a fondo por el levantamiento del conflicto aunque 90 de los compañeros quedaran afuera y sin decir, en ningún momento, que los planes del Gobierno (de la Ciudad) o quien lo suceda apuntan a la privatización del Teatro. Hay que decir además que las distintas fracciones de la burocracia se juegan a apoyar electoralmente a los "privatizadores", unos a Ibarra y otros a Cavallo. La efectivización de todos los contratados y el rechazo a cualquier proyecto de "reglamentación del trabajo" son inseparables de la lucha contra la privatización del Teatro. Para ello es una condición la más completa independencia de los partidos patronales y de quienes los apoyan.

Nos pareció muy interesante vuestra página y el trabajo En defensa del Marxismo. Reciban un saludo revolucionario del Movimiento de Liberación Nacional de Venezuela. Desearíamos enviar nuestro periódico Bravo Pueblo a vuestra redacción. Y pronto les anunciaremos nuestra página en Internet ¡El socialismo tendrá vigencia mientras exista la opresión!

Al momento de escribir estas líneas se reunía un plenario de Conadu para resolver las medidas a tomar frente a la intervención del sindicato por el gobierno aliancista, y la continuidad de los paros para que se les pague el ‘incentivo’ a los docentes del nivel preuniversitario dependientes de las universidades nacionales (de los pocos en todo el país que no lo cobran). Los docentes de jardines, escuelas y colegios dependientes de las universidades nacionales cobran en general muy por debajo de los miserables sueldos que se pagan en provincias y municipios. El no pago del incentivo, que implica 780 pesos tomando las dos cuotas que ya cobró el resto de la docencia por el año ‘99, y 60 pesos más por mes de ahí en adelante, fue el detonante de un conflicto más profundo. En algunas provincias, como San Luis, la radicalización del movimiento arrancó el compromiso de pago por parte del rector. Los docentes empezaron con paros en febrero, y amenazaron con un paro por tiempo indeterminado. En la UBA, Shuberoff tuvo que entregar 100 pesos a cuenta del incentivo para aplacar los ánimos. Sin embargo, el último paro de 48 horas de Conadu se cumplió masivamente en el Pellegrini y en el Nacional Buenos Aires a partir del segundo día, a pesar del carnereaje abierto del sindicato amarillo de Shuberoff (Aduba), que no sólo lo boicoteó, sino que salió públicamente a "ilegalizarlo" para que se pudiesen descontar los días de huelga. En La Plata, el paro fue del 100% en los tres colegios secundarios, en la escuela primaria (Anexa) y en el Jardín Maternal. El viernes posterior al paro hubo una Asamblea con 300 docentes en el Colegio Nacional porque hay 100 docentes que no van a cobrar el sueldo de marzo. La Asamblea emplazó al rectorado a pagar antes del viernes 7/4; de lo contrario van al paro por tiempo indeterminado. En Córdoba, cuyo gremio de base dirigido por el Mst no llamó a parar, el acatamiento fue del 65%. El carnereaje del Mst-IU llegó al extremo de firmar una nota dirigida a los docentes del Plenario de Colegios Secundarios, que estaba considerando la continuidad de las medidas, llamándolos a no parar porque "el conflicto está en vías de solución en el parlamento". Los paros en la universidad son una expresión de un fenómeno político más general, que es el de la creciente rebelión frente a la política fondomonetarista del gobierno de la Alianza. La intervención de Flamarique en Conadu se precipitó por este motivo, y tiene por función desorganizar a la docencia que deberá enfrentar –y ya lo está haciendo– la destrucción de la universidad. La Lista Naranja Nacional llama a profundizar las medidas en el nivel pre-universitario, y a generalizar el Plan de Lucha para quebrar la intervención –la primera desde 1983– empezando con un inmediato Paro Nacional de todos los docentes. La Paritaria nacional está paralizada porque el gobierno no quiere poner un peso. Hay que retomar un pliego de reclamos general: 1) Equiparación de los docentes del nivel pre-universitario de las universidades con las jurisdicciones. Pago inmediato de los 780 pesos del incentivo ‘99. Pago de una suma equivalente al incentivo. 2) Salario igual a la media canasta para el cargo testigo y vigencia del nomenclador de cargos y categorías. 3) Gratuidad de los posgrados. 4) Estabilidad para los interinos y pase a planta de los contratados. 5) Fuera la intervención. Para organizar la lucha nacional con este programa la Lista Naranja propone la organización de un Congreso de Delegados con mandatos de asamblea que reunifique al gremio, rechace la intervención y organice las medidas en todo el país.

Una vez más nuestra juventud ha sido golpeada. Como antes muchos jóvenes de William Morris, Hurlingham, de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Como antes ‘Sugus’ en la estación de William Morris, Lirola en la plaza de Hurlingham, Burgos en Morón, Maximiliano en Santos Lugares y como tantos otros jóvenes, el sábado 25 de marzo apareció muerto Diego Ornar Aguirre, un joven de 19 años estudiante de quinto año de la Escuela Técnica N° 2 de Hurlingham, luchador estudiantil y militante de la Unión de Juventudes por el Socialismo y del Partido Obrero de la zona. Las causas de la muerte de Diego están muy lejos de ser medianamente claras. Lo único claro es que Diego fue visto por última vez el miércoles 22 de marzo a la salida de su escuela y luego desapareció hasta ser hallado muerto el sábado 25 con múltiples hematomas y un balazo en la boca, debajo de los puentes de Ruta 8 y camino del Buen Ayre. Lo que sí nosotros tenemos claro es que Diego no es un caso aislado; por el contrario,' Diego es un caso más de los tantos jóvenes que todos los días aparecen, ‘misteriosamente’ muertos o son impunemente detenidos, apaleados y encarcelados por la policía con la complicidad y el silencio de los gobiernos de turno. Familiares de Diego, de ‘Sugus' y otras víctimas; compañeros de estudio y de militancia de Diego, llamamos a la juventud y a todo el pueblo trabajador a organizamos y ganar las calles hasta lograr el total esclarecimiento de las causas de la muerte de Diego y de tantos otros jóvenes cuya muerte aún sigue impune, o son cotidianamente detenidos y procesados con causas truchas y pruebas ‘plantadas’. Llamamos a reunimos en comisión permanente contra la violencia hacia la juventud y el pueblo trabajador y contra la impunidad policial y judicial. Nuestra próxima reunión será el sábado 8 de abril a las 15 horas en Solis 3007 (esquina Galeno), en William Morris. Porque hay que organizar y ganar las calles para terminar con estas muertes interminables, convocamos a realizar una manifestación y un acto en la estación de William Morris, el próximo sábado 15 de abril a las 16.30 horas. Para unificar la lucha, el 19/4 marchemos por Walter Bulacio.

La Paz, 8 de abril "Bolivia hoy amaneció en Estado de Sitio. La Paz está cercada por el ejército. "Enseguida por la mañana, hacia las 6.30, cuando subíamos para El Alto, La Paz estaba verde –de militares con caras pintadas… "Lo más importante ocurre en Cochabamaba, donde detuvieron a varios líderes campesinos, los cuales mantienen bloqueados desde hace quince días todos los caminos del país. Hace muy poco acaba de ser formado, en la clandestinidad, un comité ejecutivo del movimiento campesino, en reemplazo de los líderes presos, para mantener la dirección de los bloqueos. Las transmisiones están cortadas, incluso las radiofónicas, pero pudimos saber que hubo un enfrentamiento con el ejército por la madrugada, en la localidad de Lahvachaca, con dos muertos. En Cochabamba fueron detenidos 17 dirigentes; en La Paz, 20, entre ellos el de los maestros rurales, Fred Nuñez Quispe; también de la Central campesina, que están en el cuartel del ejército en la localidad de San Joaquin, en el departamento de El Beni… "En La Paz, las mujeres de la policía civil están en huelga de hambre; fueron transferidas para la central del grupo especial de seguridad. Desde la madrugada parte de la policía nacional se encuentra amotinada. El presidente del sindicato de periodistas y la gente de los movimientos de derechos humanos se encuentran con las mujeres en huelga de hambre. Los policías amotinados se preparan para enfrentar una invasión del ejército. "Compañeros, si quieren oir la radio Panamericana, háganlo por www.panamericana-bo livia.com Domingo, 9 de abril "Las organizaciones de los maestros rurales y urbanos y de los camioneros y choferes de ómnibus, de todos los departamentos, decidieron en una reunión a comienzos de la tarde sumarse a los bloqueos campesinos y convocan a los padres a no mandar los chicos a la escuela mañana, pues iniciarán una huelga general en todo el país hasta que suelten a todos los detenidos y las reivindicaciones sean atendidas. "En los Pueblos, los campesinos decidieron la suspensión de las clases, obteniendo el apoyo de los maestros. El comando campesino, en la clandestinidad, decidió un bloqueo nacional de alimentos –o sea que no saldrá ningún tipo de producción de los Pueblos hacia la ciudades… La Paz ya comienza a sentir el desabastecimiento en las ferias. "Mañana sale para Cochabamba una delegación compuesta por el vice-presidente, políticos, defensores de derechos humanos y la Iglesia para intentar apaciguar a los amotinados, o sea a todo el mundo. Mientras tanto, el gobierno no suspendió hasta ahora el contrato con el consorcio internacional que controla la empresa de agua de la región. "Como ustedes pueden ver, si bien la huelga de las mujeres y el amotinamiento de policías terminaron hoy en la madrugada, los conflictos entre los campesinos y el ejército se intensificaron. Hay enfrentamientos en Lahvachaca, a dos horas de La Paz, en Achacachi, en Patacamaya. La antena de la empresa telefónica en Achacachi fue derribada. "Todas las rutas al interior se encuentran militarizadas. En Cochabamaba están cortadas las radios y la televisión. El ejército está por desplazar efectivos desde Santa Cruz, Oruro y La Paz. "Los miembros de la Coordinadora de Defensa del Agua de Cochabamba dicen que ‘estamos defendiendo al agua como un servicio público, como patrimonio de la nación, no como un negocio…’ "Les vuelvo a escribir más tarde. Lunes 10 de abril, por la noche Hubo choques entre la policía y los estudiantes en La Paz. Alrededor de 10.000 alumnos secundarios y universitarios habían comenzado una movilización por la tarde. "La situación es cada vez más excepcional, sin embargo; no se oye hablar de una crisis de gobierno. Les escribo más tarde". (Extractos de un documento reciente publicado en Bolivia). "La ‘megacoalición’ de gobierno se ha transformado en un factor de descomposición política del régimen. Ha sido bautizada popularmente como ‘megacorrupción’. Los casos de corrupción de miembros del gobierno y diputados oficialistas son noticia diaria. El alcalde de Santa Cruz se robó 10 millones de dólares gracias a beneficios fiscales para su fábrica de cerveza. Oficiales de la policía y del ejército han denunciado un esquema de sobornos internos organizado por el propio gobierno. Incluso el gobierno norteamericano acaba de declarar que la mafia del narcotráfico está infiltrada en el gobierno, cuando uno de los oficiales encargado de reprimirla fue encontrado con 35 kilos de cocaína. "La lucha de los campesinos cocaleros ha tomado nuevo aliento. La de los maestros y funcionarios de educación va camino de tomar proporciones extraordinarias. En Cochabamba, el aumento del 20% en el agua provocó una insurrección popular y la formación de un Cabildo Abierto. En las elecciones municipales hubo un récord de abstenciones. "Esto contrasta con la suspensión del congreso de la Central Obrera, que estaba patrocinado por Coca-Cola, y con la parálisis del movimiento estudiantil, incluida su vanguardia. Hay una crisis política de enorme magnitud y una crisis de dirección de las masas más grande aun".

Durante mucho tiempo, el sector de los ‘gusanos’ de Miami venía bloqueando, mediante una inusitada presión política, el acercamiento a Cuba que venían reclamando las grandes corporaciones capitalistas norteamericanas e incluso los representantes de los intereses cerealeros que ven en la isla un gran mercado para sus productos. Ahora, con la derrota política tremenda de los anticastristas que estaban reteniendo a Elián, el niño cubano rescatado del mar Caribe, el ‘gusanaje’ de Miami dejará de representar ese obstáculo. Es precisamente lo que guió a Clinton y al conjunto del gobierno norteamericano en la decisión de respaldar la decisión del servicio de inmigraciones de Estados Unidos de devolver a Elián a su padre. La presencia del padre de Elián en Nueva York, coincide la prensa norteamericana, ha apuntado a evitar una solución por la fuerza del conflicto, como habría sido una acción policial para cumplimentar la decisión de la justicia. Esta solución habría abierto una fractura peligrosa entre el gobierno norteamericano y el anticastrismo miamiense, que se hubiera desviado más allá del objetivo de neutralizar a quienes se oponen al acercamiento económico-comercial, y más tarde político, entre Estados Unidos y Cuba, según el modelo ya aplicado con China. Al facilitar el viaje del padre de Elián a los Estados Unidos, el gobierno cubano rescató del fracaso el objetivo fundamental de la diplomacia de Clinton. El influyente diario The New York Times (6/4) dice, en un editorial, que "con González (el padre) fuera de vista en Cuba, los parientes tenían mano libre para distorsionar el caso con argumentos legales falsos y reclamos inconsistentes de que Elián tenía miedo de ver al padre". Saluda la decisión de Juan Miguel González de viajar a Estados Unidos, para "disipar las dudas". El secuestro de Elián por parte de sus parientes de la extrema derecha de Miami y las movilizaciones en Cuba en defensa de sus derechos nacionales no deben disimular el hecho de que todo esto ha servido para encaminar un proceso de otras características, que es la cuestión de la penetración del imperialismo yanqui en Cuba.