Prensa Obrera N° 660

"No se trata de ver qué recursos tenemos y según eso a quién atiende un hospital, sino al revés, a quiénes deben atender los hospitales. Y es evidente que la prioridad está colocada en la población sin cobertura, los desocupados, el 50% de trabajadores en negro y los indigentes. De lo contrario, se introduce el principio mercantil de que la calidad de atención depende de lo que se pague". Con esta postura, Pablo Rieznik enfrentó las posiciones privatistas, demagógicamente llamadas "autogestionarias", del director del Clínicas, Mazzei, de Granillo Ocampo y, especialmente, de Cavallo, quien propuso un sistema de libre elección tanto para pre-pagas como para beneficiarios de obras sociales y un seguro de salud para la población de la ciudad sin cobertura. Proyecto mercantilista -aclaró Rieznik- porque, con una asignación fija, el desocupado tendrá que competir con una población de mayores ingresos en la "compra" de servicios hospitalarios, quedando naturalmente excluido de cualquier posibilidad de atención acorde con las necesidades, obviamente mayores, de la población más explotada. Y porque esta estratificación social de planes de salud prepara la privatización total de la medicina. Cavallo excluye a la población del Gran Buenos Aires que se atiende en la Capital. La propuesta de una inexistente coordinación de la atención y financiamiento en el área metropolitana (e improbable en las condiciones actuales), oculta un fuerte segregacionismo, que compartieron la mayoría de los expositores. La mesa fue convocada por las autoridades del Clínicas para impulsar el planteo de que el hospital debe resolver su déficit con más "autogestión" y con recursos de la ciudad de Buenos Aires. "Esto quiere ocultar -planteó Pablo Rieznik- el brutal ahogo presupuestario de la Universidad, que se manifiesta no sólo en el colapso del Clínicas, sino en los sueldos miserables de los docentes y la ausencia de todo tipo de recursos elementales para el funcionamiento de la enseñanza". Y abogó por la eliminación de la "autogestión", que ya fracasó en el Clínicas, y por la triplicación del presupuesto universitario a todos los fines y para el funcionamiento excelente de los hospitales universitarios. Pero el aspecto más destacado de la intervención del candidato del PO fue sobre la necesidad de que sean los interesados y afectados, trabajadores, médicos, técnicos y usuarios, quienes tengan a su cargo la conducción de los hospitales y de la política de salud. Los únicos que pueden evitar que la salud pública y la seguridad social se conviertan en un campo de rapiña del beneficio capitalista. La Alianza faltó a la cita.

"No funciona", editorializa The Washington Post (10/3). "Kosovo se ha convertido en un pantano. Nadie tiene la solución", agrega Time (6/3). "Abundan los testimonios de la desastrosa situación en Kosovo", completa El País (14/3). "Hay una ausencia de autoridad", redondea La Reppublica (18/3) citando a la canciller norteamericana Allbright. Pero algo reconfortante, al menos para el Financial Times (16/3): la "mejora de las relaciones" entre la Otan y Rusia. Desde la entrada de la Otan se ha producido una salvaje "limpieza étnica" que ha obligado a huir a 200.000 serbios, gitanos y bosnios. Funciona, en los hechos, una partición del territorio. La línea divisoria pasa por la ciudad de Mitrovica, donde se han producido violentos enfrentamientos. Se teme el estallido de violencia en Montenegro (que permanece dentro de Yugoslavia, junto con Serbia) y el Pentágono teme enfrentamientos entre las tropas de la Otan y los paramilitares kosovares. La "espiral de violencia" ha llevado a Allbrigth a reclamarle a sus 'socios' más hombres y más dinero. Los europeos no se han comprometido a nada. Pero los propios Estados Unidos están pensando en retirar sus hombres. El alto mando norteamericano está dividido: el Pentágono le ha prohibido al general norteamericano que dirige la Otan que movilice soldados yanquis a las 'zonas calientes' sin su previa autorización... dejando en claro que no está dispuesto a darla en ninguna circunstancia. En el Congreso, un sector creciente reclama el retiro de las tropas a menos que los europeos pongan más hombres y fondos. La ocupación ha expuesto las divisiones de los vencedores. Ha dejado en claro, también, la fragilidad de sus 'salidas políticas'. Temen que una independencia de Kosovo derive en la formación de una Gran Albania con Albania y separando a las regiones albanesas de Macedonia. Es decir, una perspectiva inevitable de nuevas guerras. Pero la alternativa es una ocupación de largo plazo y un limbo político para Kosovo y el conjunto de los Balcanes. A mediados de abril debe hacerse cargo de las fuerzas de ocupación (KFOR) un estado mayor europeo. Este 'Eurocuerpo' sería "una fuerza de reacción rápida" encargada de lidiar con las crisis planteadas al Este de Europa. Los norteamericanos apoyan este 'Eurocuerpo' en la medida en que actúe como delegación de la Otan y de su "comandante supremo", los Estados Unidos. Este hecho pone de manifiesto los límites insalvables del imperialismo norteamericano para actuar de protector internacional de los Estados capitalistas y pro-capitalistas. La creación de un banco alemán en Kosovo (cuyo socio mayoritario es el Commerzbank y tiene como accionistas al Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y fondos públicos de Alemania y Holanda), que actúa como regulador monetario de la región, demuestra que el imperialismo germano sigue su juego de multiplicar las divisiones político-estatales en los Balcanes, en función de su absorción por el capital germano y austríaco. La ocupación imperialista está demostrando que carece de los medios políticos, financieros y militares para darle una salida a la crisis de los Balcanes. El imperialismo debería producir, antes, un reordenamiento general de las relaciones políticas (y militares) entre las grandes potencias y, muy particularmente, con las masas de sus propios países (por ejemplo, para acabar con el 'síndrome Vietnam', es decir con el temor del imperialismo a la reacción de las masas norteamericanas frente a sus intervenciones externas).

El gobierno de la "izquierda plural" francesa enfrenta una gruesa crisis política. Una seguidilla de huelgas, conflictos y manifestaciones de masas lo han puesto a la defensiva. La prensa habla de un recambio de los ministros más golpeados por las manifestaciones populares. La lista la encabeza el de Educación, Claude Allegre, cuya "reforma educativa" de cierre de cursos y despido de maestros y profesores, desató masivas movilizaciones estudiantiles y docentes en todo el territorio francés (ver Prensa Obrera, N° 659, del 23/03). También espera el despido del ministro de Economía, Christian Sautter, "obligado a capitular ante los empleados del Tesoro y retirar el proyecto de reforma del Ministerio de Economía" (La Reppublica, 22/3). Otro que sería reemplazado es Emile Zucarelli, ministro de la Función Pública: fueron precisamente los empleados estatales, de los docentes a la salud, pasando por los empleados del Estado y los del transporte, los que protagonizaron las mayores movilizaciones. El propio Jospin debió renunciar públicamente a su publicitado proyecto de reforma previsional: elevación de 37,5 a 40 años de aportes para jubilarese en el sector estatal, elevación de la edad jubilatoria (hoy en 60 años) y creación de un régimen de fondos de pensión. La amenaza de una rebelión generalizada lo obligó a 'congelarlo': Jospin no olvida que, en diciembre de 1995, un proyecto similar del derechista Alain Juppé, provocó la mayor oleada huelguística y de manifestaciones de los últimos treinta años en Francia. Al mismo tiempo, "las reivindicaciones salariales ganan amplitud en las empresas privadas" (Le Monde, 18/11). Pero el gobierno de la "izquierda plural" no sólo está acosado por las movilizaciones populares. Las patronales francesas "han pasado a la ofensiva" (Financial Times, 20/1). Reclaman "más libertad para competir" y "una revisión fundamental de sus relaciones con los sindicatos y el Estado", es decir mayor flexibilidad, menores salarios y la liquidación de la seguridad social. Las exigencias de la patronal francesa se explican: el capital europeo ha entrado en una etapa de aceleradas reestructuraciones, lo que está dando lugar a un ciclo especulativo que exige, para prosperar, un fuerte ataque al movimiento obrero y a sus conquistas. Otra presión para Jospin es el reagrupamiento de la socialdemocracia europea sobre el eje crecientemente derechista que plantean el británico Blair, el italiano D'Alema y el alemán Schroeder. Este curso derechista se manifiesta en la ley antihuelgas que acaban de imponer en Italia y en la carta conjunta de Blair y D'Alema a los gobiernos europeos llamando a terminar con el subsidio a los desocupados (La Reppublica, 19/3). Explícitamente, en esa carta el tándem Blair-D'Alema critica al "modelo francés". El gobierno francés está sometido, entonces, a un doble cerco: el de las movilizaciones populares y el del capital europeo y sus 'socios' socialdemócratas. Es el preludio de la verdadera crisis que estallará cuando Jospin y la "izquierda plural", bajo la presión del gran capital y los gobiernos europeos, lancen contra el movimiento obrero y popular el ataque al que hoy no se atreven.

El gobierno centroizquierdista italiano, encabezado por el ex 'comunista' D'Alema, e integrado también por el partido de los Comunistas Italianos, acaba de imponer en el Parlamento una ley contra las huelgas en el sector estatal, desde el transporte a la salud, pasando por los docentes, los empleados del Estado y un muy largo etcétera. El eje de la ley es un curioso artículo, denominado "rarefazione oggetiva", según el cual debe haber un intervalo de diez días entre una huelga y otra en un mismo sector. Esta cláusula ilegaliza los planes de lucha escalonados y las huelgas de más de 24 horas; pero eso no es todo. El "sector" afectado, a su vez, no es el sindicato que se encuentre en conflicto sino todos los involucrados en la atención de los mismos "usuarios". Si, por ejemplo, hubiera un paro de conductores ferroviarios, deberían transcurrir diez días para que cualquier otro sector del ferrocarril pudiera salir al paro. La ley italiana es un buen ejemplo de cómo los centroizquierdistas se valen de la excusa de proteger a la "sociedad civil" para atacar al movimiento obrero. La ley también establece que antes de ir a la huelga, los gremios deberán acatar una serie de "tentativas de reconciliación". En este arbitraje, el Estado es juez y parte. La ley fue aprobada en el preciso momento en que en Italia tiene lugar un ascenso de huelgas estatales: docentes, ferroviarios, conductores de transportes urbanos, empleados del correo. Precisamente, "la nueva ley pretende poner un correctivo (...) penalizando, sobre todo, a los sindicatos autónomos que han proliferado como hongos en los últimos tiempos" (El País, 17/2). La ley establece multas millonarias contra los sindicatos. La pena puede recaer tanto sobre los sindicatos como sobre sus dirigentes y afiliados. La centroizquierda muestra, sin rubor, su estrategia de neutralizar por medio del Estado al movimiento obrero.

Los 19.000 ingenieros y técnicos de la Boeing acaban de obtener una resonante victoria sobre el mayor pulpo aeronaútico del mundo. La patronal había querido imponer, en la discusión de los convenios colectivos, un recorte de los beneficios sociales (en particular el seguro médico) y un salario mínimo insatisfactorio. Tras cinco semanas de lucha, con piquetes, "los huelguistas han conseguido todos sus objetivos salariales y no verán recortados sus beneficios sociales" (El País, 18/3). Inicialmente, los obreros de Boeing no habían mostrado un apoyo decidido a la huelga de los ingenieros y técnicos. Pero en el curso de la lucha comenzaron a aparecer significativas muestras de solidaridad: los obreros lucieron sobre su ropa de trabajo y en sus cajas de herramientas 'botones' y adhesivos de apoyo a la huelga. Los activistas y los afiliados de su sindicato (IAM), fuera de sus horarios de trabajo, se sumaron a los piquetes de huelga y organizaron colectas de solidaridad dentro de las plantas. Incluso, aunque los obreros de Boeing afiliados al IAM tienen prohibido, por convenio, ir a la huelga en solidaridad con cualquier otro grupo de trabajadores de la empresa, se organizó una demostración de solidaridad de cinco minutos por turno. Todo esto, decía una publicación norteamericana cuando promediaba la huelga, "está poniendo creciente presión sobre los dirigentes del IAM para ayudar activamente a la lucha" (The Militant, 6/3). El conflicto también se extendió más allá de la Boeing. Los piquetes fueron visitados por otros sectores de trabajadores en lucha y se convirtieron en un centro de agitación regional. Los camioneros del pulpo de la distribución, UPS, se negaron a atravesar los piquetes para entregar provisiones a la Boeing, y los trabajadores sindicalizados de las empresas de componentes eléctricos se negaron a trabajar para la Boeing mientras duró el conflicto. La central sindical norteamericana, la AFL-CIO, apoyó financieramente la huelga. Comentando el desenlace de la huelga, un corresponsal dice de la patronal de la Boeing que "su firmeza rayana en la insolencia al principio, es ahora todo humildad" (ídem).

Dos millones de desocupados y dos millones de subocupados. Cinco millones de niños pobres y un 33% de los habitantes del Gran Buenos Aires por debajo de la línea de la pobreza, son cifras que asustan al gobierno de la pequeña burguesía intelectual, que definen esos números como ‘secuelas’ del menemismo, ‘costo’ de la convertibilidad que ‘logramos’, consecuencia directa de aquel ‘modelo’. Esta barbarie tiende a agravarse debido a las cada vez más acotadas posibilidades del capitalismo de desviar la crisis apelando a sus exponentes ‘progresistas’. La Alianza hoy es gobierno atacando a la clase obrera de conjunto, precarizando aún más la vida de las barriadas, apostando a la policía de gatillo fácil y el ‘cerrojo’, creando cárceles que recluten a la masa de desocupados que los programas no pueden absorber. El menemismo estuvo caracterizado por los programas ocupacionales (plan Trabajar, Sercom, etc.) que sólo lograron disfrazar en un 1% el índice de desocupación. Planes alimentarios denigrantes que no alcanzaban a la canasta mínima de alimentos y un seguro al desocupado que sólo cubría al 2,5% de la masa de desocupados (Anuario Clarín). En conjunción con estos planes, comenzaron a multiplicarse las ONGs (organizaciones de la gran burguesía y el clero) que se dedican a la “asistencia y promoción comunitaria” con el conocido discurso de la solidaridad, de la responsabilidad social y la preocupación por los ‘excluidos’. La fraseología sociológica, que combinada con la ‘mano dura’, caracteriza al actual cogobierno de De la Rúa-Ruckauf. Graciela debe demostrarse preocupada, no por mantener una imagen progresista (ya la perdió hace tiempo) sino porque el propio FMI y el Banco Mundial le recomiendan bellos programas focalizados y descentralizados que no logran mejorar las cifras. La aprietan para que achique el margen de pobreza debido a su carácter de desestabilizador social. Entre los emprendimientos de la luchadora por los derechos humanos se encuentra la creación de un sistema de estímulos para ONGs que intervenga en la “sociedad civil”. Cabe aclarar que en el país existen 5.000 de estas organizaciones, con un presupuesto de 300 mil pesos anuales (Cenoc, Presidencia de la Nación). Cuentan con un plantel reducido de trabajadores (entre 5 y 15), con una formación acorde al área pero hiperflexibilizados -debido al crédito moral que brinda esta profesión-, cobrando sueldos que rondan la mitad de la canasta familiar, manteniendo así, con su trabajo, estos proyectos impecables a los ojos de cualquier burgués que quiera calmar su conciencia aportando a la organización. Graciela piensa subsidiar a la Iglesia y a la burguesía, como salida para el hambre de nuestras familias, y sus técnicos se rompen la cabeza evaluando cómo hacer efectivo el gasto social, aprovechando las redes que ya existen por fuera del Estado. Ella ya declaró: “Sacar a la gente de la pobreza no es mi tarea” (Clarín, 27/2). Debemos exigir el reparto de las horas de trabajo sin modificaciones de salarios. Subsidios de 500 pesos a toda persona mayor de 16 años desocupada. Salarios mínimos y jubilación de 600 pesos. Seguridad Social única para todos. Legalización del derecho al aborto. Pastillas anticonceptivas para todas las mujeres. Educación estatal única controlada por los trabajadores. Fuera el clero y la burguesía de las barriadas. Por una organización independiente de la clase trabajadora y la juventud oprimida. Esa es la salida.

En San Lorenzo acaba de constituirse una Coordinadora de Desocupados. En un llamamiento público llaman a construir una organización para lograr que “las autoridades locales, provinciales y nacionales den trabajo efectivo”. “Como hasta ahora los sucesivos gobiernos han sido incapaces de dar trabajo, para encarar por ejemplo las obras y servicios que necesitan nuestros barrios, hospitales y escuelas”, reclaman un seguro al desocupado de 400 pesos para toda persona mayor de 16 años. Además, la exención en el pago de impuestos, tasas y cualquier gravamen a todo desempleado. La Coordinadora ha comenzado a empadronar a todos los compañeros desocupados o subocupados. Está formando una Bolsa de Trabajo, “donde el padrón servirá para clasificar por especialidad u oficio y ofrecer nuestro trabajo al resto de la población, pero con un control colectivo para repartir las horas de trabajo y que funcione como una verdadera cooperativa solidaria, donde todo se resuelva y controle por la asamblea de nuestra organización”. Los compañeros se reúnen todos los viernes a las 21 horas en la calle Brasil 190, en San Lorenzo.

Cerca de 1.000 compañeros se congregaron en los tribunales de Lomas de Zamora para reclamar la libertad de Raúl Castells, detenido hace más de 400 días por el 'delito’ de pedir alimentos junto a jubilados y desocupados. El acto se hizo el lunes 20, día en que por primera vez llevaban a declarar al compañero; pese a ser día laborable y realizarse por la mañana, hubo delegaciones importantes de partidos políticos (PO, IU, Frente de la Resistencia, PTS), de sindicatos (Lista Naranja Gráfica, Suteba-Esteban Echeverría, ATE-Lomas de Zamora, etc.), de organizaciones de desocupados de La Matanza, Várela, etc., y de decenas de organizaciones de jubilados, derechos humanos, abogados, etc. La oradora del Partido Obrero, María del Carmen Martínez (candidata a Legisladora por la Capital) puso de manifiesto que ningún diputado o senador del PJ o de la Alianza se alzó para pedir la libertad de Castells, y que ese va a ser su primer planteo si resulta electa. Reclamó a las organizaciones del movimiento obrero, a la CGT, a la CGT-Moyano, a la CTA, que levanten como primera reivindicación el reclamo de la libertad del compañero, porque es un caso testigo y porque hay que defender a los 2.500 luchadores procesados en el país. Se decidió permanecer con carpas hasta el día 24, en que el juez daría una respuesta. A Castells se lo acusa de extorsión, cuando en realidad ésta es ejercida por el imperialismo, que condiciona los salarios y el nivel de vida a los dictados del FML Redoblemos los esfuerzos para que Castells salga en libertad. No debe haber ninguna organización de vecinos, desocupados, jóvenes y trabajadores en lucha que no se solidarice. Por el desprocesamiento de los 2.500 luchadores.

Los eternos compradores de espejitos verán en la expulsión de Rico no solamente una derrota de la derecha sino una victoria de la opinión democrática. Que es una derrota de la derecha, no hay duda, pero no solamente de la derecha. Desde el mismo 10 de diciembre De la Rúa se empeñó por defender un acuerdo político con Ruckauf, mientras éste y su carapintada metían nuevas leyes represivas, hacían una campaña pública de amenazas a la población y, por sobre todo, ponían de nuevo sobre rieles a la Bonaerense. En retribución a De la Rúa, Ruckauf apoyaba la reforma laboral, el impuestazo y el acuerdo con el FMI. La salida de Rico desnuda la inmoralidad del pacto De la Rúa-Ruckauf. Pero Ruckauf no echó al carapintada porque se haya convertido en un progresista sino porque Rico se había convertido en una piedrita molesta en el zapato del pacto entre el presidente y el gobernador. Apenas una horas antes de que Rico cometiera la 'gaffe' que lo privaría del puesto, "De la Rúa -titulaba Clarín- le ofreció un acuerdo al peronismo", subrayando su carácter estratégico al decir que se trataba de "un compromiso federal". A cambio del voto en el Parlamento a las exigencias del FMI, como la mencionada reforma laboral o la próxima ley de emergencia que prevé despidos en masa y el pago de la deuda a los jubilados con bonos a plazos infinitos; a cambio de esto, De la Rúa prometía su apoyo a toda la política reaccionaria de los gobernadores peronistas. Es en este marco que De la Sota consiguió sacar la privatización de la energía en Córdoba y su propia versión de una ley de emergencia, para lo cual sobornó a un legislador de la Alianza-Frepaso y molió a palos a los trabajadores estatales y de Luz y Fuerza. Eliminan, por lo tanto, a Rico para seguir con el pacto que encarna toda la política riquista, más aquella de conjunto que es la del FMI.

El 8 de enero de 1999 Maximiliano Eliseo González (“Maxi”), de veinte años, fiie asesinado por alguien que por cobrar su sueldo miserable, vestir uniforme y portar un arma, se creyó valiente. Los ex talleres Alianza del Ferrocarril San Martín (hoy Metropolitano), de Santos Lugares, fueron el escenario de la tragedia. Maxi, como muchos otros jóvenes, concurría al lugar en sus ratos libres para pasear sus dos perras, leer o andar en bicicleta. No sabía que a partir de la privatización del ferrocarril había una orden de “limpiar” la zona. Lo encontró su propia madre el día siguiente del crimen. El 6 de junio “Sugus” Ramón Antonio Santillán fue asesinado en la estación de William Morris por personal de seguridad del Ferrocarril Metropolitano. Tenía 21 años y una vida por delante. A los que lo asesinaron sólo les interesa ganar dinero sin importar cómo. Para estas personas, “si se les puede llamar personas”, Sugus, ustedes o nosotros no somos gente, somos números que les traemos ganancias o pérdidas, según el criterio de estas “personas”. Hoy el “asesino” está preso. Pero el personal de seguridad es el mismo (SUAT) y las amenazas a quienes nos movilizamos son constantes. Deseamos justicia y deseamos transportes dignos. Soñamos un país con una sociedad más humana, honesta y equitativa, una sociedad donde nuestros hijos tengan un lugar donde estudiar, trabajar, viajar y puedan expresar sus pasiones y alegrías sin correr el riesgo de perder la vida. Estas son las razones por las que hemos formado AVISE, Asociación de Víctimas de la Impunidad sin esclarecer. Cuando a una madre le matan un hijo, ¡se muere o lucha!

La Ley de Emergencia Económica y el recorte de los salarios fueron la gota que rebalsó el vaso de una política que en 100 días sólo significó atropellos y más atropellos contra la educación y la salud pública, contra los trabajadores y los desocupados. El 6 de marzo, convocado por una coordinadora de más de 30 gremios, se cumplió un paro masivo y se realizó una concentración que reunió a varios miles de trabajadores, llegados de todos los pueblos. El cuadro de rebelión obligó al gobierno a diversas maniobras (declaración de la conciliación obligatoria en el conflicto docente, amenazas represivas, promesas parciales de puestos de trabajo en el Foro de Desocupados), sin lograr frenar el empuje combativo de los trabajadores. Los paros, las manifestaciones y las ocupaciones de diversos lugares de trabajo y de estudio son diarios. Los trabajadores de Obras Sanitarias apedrearon la Casa de Gobierno para repudiar la entrega de la empresa. Esta rebelión ha puesto al gobierno a la defensiva: han comenzado a renunciar algunos funcionarios del gabinete, impotentes para dar alguna solución o frenar los reclamos. Están dadas las condiciones para ganar la lucha. Sin embargo, la inmensa mayoría de la dirigencia que convocó el paro del 6, tanto la que se agrupa en la CGT como la de la CTA o Ateca (el gremio docente), está jugada a una estrategia de desgaste y, en última instancia, de derrota. En lugar de profundizar la enorme voluntad combativa demostrada por los trabajadores mediante un plan de lucha, han decidido reeditar las "marchas del silencio", es decir, una rutinaria marcha semanal. Algunos dirigentes le quieren agregar la instalación de una carpa. Existe una clara negativa a ir a una lucha a fondo, que es lo único que podría obligar al gobierno a dar marcha atrás con la Emergencia Económica y las rebajas salariales. El Partido Obrero ha planteado, por medio de su agitación, que es necesario un plan de lucha votado en un plenario provincial de delegados mandatados de todas las organizaciones de trabajadores, públicos y privados, ocupados y desocupados. Un plan de lucha de todos los trabajadores debe contar con un claro programa de reivindicaciones: contra el recorte salarial; por un salario mínimo de 600 pesos; por la derogación de todas las leyes de ajuste contra los trabajadores; por la estabilidad de todos los trabajadores contratados y temporarios; por el reparto de las horas de trabajo; por la jornada de 8 horas; fuera la reforma laboral flexibilizadora; por el cese de todas las causas judiciales contra los luchadores; disolución de todos los organismos de represión y de persecusión política y gremial; suspensión de la Ley Federal de Educación; no al hospital de autogestión, por el hospital público gratuito; no a la privatización del servicio del agua; apertura de las cuentas públicas y de las grandes empresas; aumento de las regalías mineras. Un plan de lucha de todos los trabajadores debe dar lugar a la conformación de un Comité de Huelga provincial formado en base a delegados mandatados y revocables; o sea, una dirección bajo control de los propios trabajadores en lucha. Esas son las condiciones para ir a una lucha victoriosa. Llamamos a todos los organismos sindicales, a los dirigentes combativos y a los luchadores a impulsar una campaña para abrir paso a un verdadero plan de lucha, en el que no estaremos solos. En Córdoba, en Corrientes, en Jujuy y en Salta los trabajadores también están saliendo a la lucha a enfrentar los planes de hambre y desocupación de los gobiernos y las patronales.

En febrero, el Partido cometió, a mí entender, dos errores muy importantes: a) no realizó una campaña política y sindical con vistas al paro del 24; b) se lanzó un afiche (de cómo Haider, un nazi confeso, aplica en Austria una reforma laboral similar a la del 4demócrata De la Rúa), sin tener en cuenta que los trabsyadores no conocen aquí (no así en Europa) quién es Haider, y los que sí, lo asocian con el racismo y el nazismo, y no con sus planes privatizadores; por lo tanto, en vez de ser pedagógico, terminó siendo provocativo. Por experiencia, sabemos que la burocracia de la CGT lanza paros con 20 o más días de anticipación para luego levantarlos sobre la hora con el pretexto de haber conseguido algo. Esta vez no fue la excepción, Rupturas truchas como la actual ya ocurrieron en el pasado. Nuestra dirección (sabiendo esto) tendría que haber lanzado una profunda campaña a nivel nacional (no sólo en Buenos Aires), para propagandizarlo, para impulsarlo con nuestras consignas enunciadas en PO N° 654, “Nuestra reforma laboral”, a través de volantes y afiches, y alertando sobre las intenciones de la burocracia. Sin embargo, ningún periódico de febrero menciona el paro, y el que salió el mismo 24 no llama a concurrir a Plaza de Mayo para estructurar una “Nueva Dirección”, como dice su portada. Lo único que llegó a Córdoba fue el afiche antes mencionado que, fechado el 10 de febrero y a solo 14 días de su realización, no menciona una sola palabra sobre el paro (por lo tanto, fue inoportuno y careció de valor político a pesar de su intención pedagógica). Ante el boicot descarado de la mayor parte de la izquierda democratizante que aquí no sacó ni un afiche, ni un volante, nada, tuvimos la oportunidad de ser los únicos en empapelar la ciudad llamando en concreto a impulsarlo, y lo desaprovechamos. Esto no fue un error táctico sino estratégico (felizmente corregido luego de que 25.000 trabajadores nos obligaron a decir que “Si la seguimos ganamos”), tal vez influenciado por la apocalíptica caracterización del viraje a la derecha de la conciencia de las masas que en su momento nos hizo perder votos. Yo pregunto, ¿cuántos votos ya perdieron De la Rúa y De la Sota en apenas 100 días? No nos engañemos compañeros; en gran parte, nuestra pobre inserción se debe a errores propios.

El gobierno aliancista acaba de propinarle un golpe demoledor, otro más, a cientos de miles de jubilados. La Ley de Emergencia Económica, que acaba de aprobarse en Diputados, establece que las deudas previsionales con sentencia judicial que reconocen deudas por haberes impagos anteriores a 1991 van a ser canceladas con un bono a diez años de plazo. En esta situación se encuentran, según las propias fuentes oficiales, unos 130.000 jubilados con una deuda que supera los 3.000 millones de dólares. El bono en cuestión no pagará intereses durante sus primeros seis años de vigencia, lo que significa que comenzará a ser saldado desde el 2007 al 2011; es decir, ¡con 20 años de atraso! Mientras tanto, el mismo gobierno le ha dado -en efectivo, no en bonos- 300 millones a la 'patria constructora', 400 millones a los exportadores y cuatro millones a la Curia. El nuevo golpe aliancista contra los jubilados muestra la pasmosa continuidad política y social del gobierno actual con el de Menem y Cavallo. Bajo Cavallo, los haberes fueron congelados en 1992, no se pagaron las más de 100.000 sentencias que reconocen deudas anteriores a 1991 y no se extendieron las mejoras reconocidas por la Justicia a todos los jubilados, sin necesidad de que cada uno tuviera que iniciarle un juicio al Estado. Para llevar adelante esta confiscación, Menem-Cavallo eliminaron la autonomía del sistema previsional, lo diluyeron dentro del presupuesto nacional, eliminaron toda movilidad y actualización automática de los haberes, redujeron sus recursos y fijaron partidas extremadamente limitadas para el pago de las sentencias. Ahora, los "éticos" aliancistas vienen a coronar esta faena pateando el pago de las deudas para el 2010. Eso sí, para el pago de la deuda externa, usuraria y fraudulenta, no hay un minuto de atraso.

1. El 10 de febrero, fecha de publicación del afiche “Haider y De la Rúa”, no existía ninguna convocatoria a la Plaza de Mayo para el 24 de febrero ni para ninguna otra fecha. El párrafo final del afiche llama a movilizarse cuando nadie (repetimos, nadie) lo hacía (en el mismo momento en que salía el afiche, Moyano afirmaba que “si la reforma sale por ley, no hay paro”). El PO fue el primero en convocar públicamente a una movilización contra la “reforma laboral”. El afiche empalma, entonces, con la convocatoria que posteriormente hizo la CGT. 2. No es la conciencia de las masas lo que viró a la derecha sino la situación política objetiva que se esperaba después de las elecciones. Esto porque la centroizquierda sólo ganó en la Capital Federal mientras se registraron triunfos derechistas importantes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. 3. Lo distintivo de Haider es su derechismo y, de ninguna manera, las privatizaciones o la reforma laboral. En este último aspecto concuerda no sólo con De la Rúa sino también con los centroizquierdistas que gobiernan Europa (y hasta con los comunistas aggiornados que integran estos gobiernos, como el de Italia). Hemos reproducido en Prensa Obrera cómo la prensa británica ha encontrado “paralelos” entre Haider y Blair.

A la caza desesperada del voto, Ibarra y Cavallo han salido a hacer demagogia con la promesa de rebajar impuestos. Después del impuestazo nacional que sustrajo más de 4 mil millones de dólares a los asalariados, el planteo revela la fuerte dosis de cinismo de los candidatos patronales. Es oportuno recordar que ese impuestazo fue apoyado por la totalidad de los grandes capitalistas, porque su destino es pagar la deuda externa y especialmente las supuestas deudas del Estado con los monopolios de la exportación y con las grandes contratistas. Los primeros recibieron 400 millones de dólares en concepto de una deuda por IVA y a los segundos se les dio 300 millones de dólares a cambio de una rebaja insustancial de los peajes. Los Roggio y los Techint saludaron, entonces, el impuestazo e incluso lo acaban de hacer los banqueros desde New Orleans, durante la reunión internacional del BID. En especial el Citibank (ver Clarín, 28/3). Pero, ¿es verdad que pretenden bajar impuestos? Segundo: ¿En beneficio de quiénes? La Alianza, por boca de Enrique Olivera, anunció no una rebaja de impuestos sino exenciones impositivas (lo cual es otra cosa) exclusivamente para quienes inviertan en la zona sur de la capital. No se trata entonces de un beneficio para los asalariados, que seguirán pagando más de un 25% de sus ingresos por impuestos a los productos que consumen, ni tampoco beneficiará a los comerciantes que deben pagar alquileres, impuestos inmobiliarios y tasas francamente confiscatorios. La finalidad de las exenciones de la Alianza es harto transparente: es permitir que los bancos y las constructoras aprovechen el retraso del desarrollo urbano de la zona sur, para construir sobre terrenos que ya han comprado a precio basura emporios edilicios que les reportarán beneficios enormes (¡con subsidios impositivos que pagará el conjunto de sus habitantes!). Esto significa que un mayor número de trabajadores será expulsado de esas barriadas, ya que (hablando con un lenguaje de mercado), si pagan impuestos enormes y si están obligados a pagar tasas usurarias por créditos para construcción o refacción de viviendas, no podrán competir con los pulpos que estarán exentos de todo tipo de gravamen y que cuentan, además, con una financiación privilegiada. Todo esto tiene más vigencia todavía en lo que atañe a las villas, porque la Alianza limita el derecho de sus habitantes a un plan de urbanización, a aquellos que ganen entre 600 y 800 pesos por mes como mínimo, cuando una mayoría de ellos se encuentran desocupada. El anuncio de la Alianza confirma la veracidad de la denuncia que está contenida en el programa del Partido Obrero, de que la política oficial para la zona sur pasa por la expulsión de sus trabajadores y por la vía libre para la especulación bancaria-inmobiliaria. Cavallo, por su lado, habrá de hacer un anuncio más o menos similar al momento de salida de esta edición de PO. Son astillas del mismo palo. El Partido Obrero rechaza esta confiscación económica de los trabajadores y residentes de la zona sur y plantea un plan de desarrollo zonal financiado por el Estado, bajo el control de los propios trabajadores. Lo mismo planteamos para las villas, además de que se reconozca la propiedad del terreno a sus habitantes. La prioridad de este plan debe apuntar a la construcción y refacción de viviendas; al otorgamiento de créditos con tasa de interés real nula; y al desarrollo de grandes centros culturales, en lugar de shoppings, así como de centros de formación educacional y de creación industrial. Cavallo-Beliz A la promesa de negociados para los especuladores bancario-inmobiliarios, la dupla que apoyan Rico y Ruckauf pretende agregar una rebaja del impuesto a los ingresos brutos, el cual grava el giro comercial. ¿A quién beneficia esto sino a los supermercados y a los shoppings centers, que monopolizan el comercio de la Capital Federal? La reducción o eliminación de ingresos brutos no mejora ni una pulgada la capacidad del pequeño comercio para hacer frente a la competencia ruinosa de esos monopolios. Es decir que "la ciudad para todos" del cavallismo significa exactamente lo contrario. El programa del Partido Obrero clarifica definitivamente este problema cuando plantea un aumento general de los salarios para los trabajadores de los supermercados y comercios grandes y pequeños, a partir de un mínimo de 600 pesos para ocho horas de trabajo, y cuando plantea un impuesto inmobiliario progresivo, que grave más a los capitales mayores, a partir de un impuesto cero para la vivienda única del trabajador así como del comercio que no supere un mínimo de giro comercial. Dentro de los varios grupos de oposición electoral a Ibarra y a Cavallo no existe ninguno que tenga la capacidad política para esclarecer, como lo hace el programa del PO, los verdaderos objetivos confiscadores de esta dupla igualmente servicial de los grandes capitalistas y manipulada por el FMI. Es que simplemente no tienen un análisis clasista de la sociedad ni de las tendencias del capitalismo. Los programas de Ibarra y de Cavallo tienen en común el objetivo de culminar la tendencia privatizadora expulsando a los trabajadores que quedan en la ciudad de Buenos Aires.

A las 21 horas del sábado 25 de marzo fue encontrado el cuerpo sin vida de Diego Omar Aguirre, estudiante de la Escuela Técnica N° 2, de la localidad de Hurlingham. Diego había sido visto por úl­tima vez el 22 a la noche, a la salida del colegio. Diego halló la muerte por una bala de calibre 22 dispa­rada en su boca. Como era un joven fornido, sólo pudo ser reducido y asesinado por un grupo agresor en el trayecto desde su escuela, en Hurling­ham, a su casa, en Villa de Mayo. Presumiblemente fue sacado del tren General Ur­quiza, que va de Chacarita a San Miguel, en una estación dentro del trayecto Rubén Darío-General Lemos. Diego era militante de la Unión de Juventudes por el Socialismo y miembro del Partido Obrero. -Exigimos el esclarecimien­to y el juicio y castigo a los asesinos y cómplices de su asesinato. -Llamamos a formar una co­misión por el esclarecimiento de éste y otros crímenes im­punes, y a movilizamos por estos objetivos. -Llamamos a marchar junto a los familiares de las vícti­mas, el viernes 31, a las 18 horas, desde la Técnica N° 2, Ocampo y vías del Ferroca­rril San Martín, en Hurling­ham.

Con el anuncio, por parte de Menem, de que el PJ apoyará a Cavallo en la segunda vuelta electoral, se completa el masivo apoyo de la cúpula peronista al principal enemigo de los trabajadores de la última década. Los Duhalde, Ruckauf y Reutemann ya habían resuelto antes apoyarlo de entrada, sin más vueltas. Pero existen incluso indicios de que el propio Menem decidiría en poco tiempo más el apoyo a Cavallo en el primer turno. La mayoría de los comentaristas reduce la explicación de este apoyo a una maniobra política, que tendría por objetivo disimular la crisis del peronismo de la Capital y su seguro desastre electoral. Pero es mucho más que esto; se trata de un reconocimiento extremo de la completa extinción de la vigencia del peronismo como movimiento nacional. Los trabajadores que no acepten votar a este verdugo harán más que adoptar una correcta decisión electoral: estarán reconociendo la necesidad de poner en pie un movimiento popular que supere al peronismo, o sea la necesidad de una dirección política de la clase obrera. A partir de 1989, el peronismo justificó la política de entrega del menemismo como un recurso extremo, es decir temporario, para evitar la disolución nacional que, decía, amenazaba con provocar la hiperinflación alfonsinista. Detrás de Menem se alineó toda la burguesía nacional, que también justificó como un recurso extremo y temporario para su propia salvación, aceptar la extranjerización de los principales resortes económicos. Una gran parte de las masas fue arrastrada por este condicionamiento, como consecuencia de la capacidad del menemismo para articular su salida. Diez años más tarde, sin embargo, el peronismo no retorna a su llamado programa histórico. Al igual que la propia burguesía nacional, está más sometido que nunca a la política entreguista. Nada lo demuestra mejor que Duhalde, que en menos de un año pasó de proponer el no pago de la deuda externa a defender fanáticamente el apoyo a Cavallo. Pero oscilaciones políticas como las de Duhalde expresan además la crisis en que se encuentra toda la política capitalista después de diez años de menemismo. Para suplementar el apoyo del peronismo, Cavallo recurre a la demagogia social, como cuando habla de bajar los impuestos, hacer desarrollismo económico y establecer un gobierno fuerte que asegure la seguridad policial. Entre el apoyo de los punteros peronistas, el auxilio del clero que está con Beliz y la demagogia descarada, Cavallo busca lograr atraer una gran parte del voto tradicional al peronismo. Lo ayuda en esto la marcada ineptitud del binomio aliancista y la política anti-popular de De la Rúa. El Partido Obrero se ha dado como un eje la denuncia del cavallo-peronismo y la tarea de desbaratar cada uno de sus planteos demagógicos. La denuncia de Cavallo como enemigo de los trabajadores apunta a mucho más que a la conquista del voto obrero; apunta a luchar por ese voto en términos clasistas. Sólo la conciencia de que existe un abismo infranqueable entre las reivindicaciones de las masas y la política de los candidatos capitalistas puede abrir un camino de organización y de lucha, que es el único verdadero cimiento de la victoria.

En lugar de una polémica franca, Izquierda Unida y Schiller han mandado al frente a un tercero que manifiestamente ha perdido sus cabales. En lo que atañe específicamente al señor Socolosky (ver su solicitada en Página 12, del domingo 26) su inconducta va mucho más allá de los calificativos que utiliza, porque él es uno de los más notorios testigos, en la lucha por el juicio y condena al asesino de su madre, de la falta de solidaridad de los principales partidos de IU en la movilización contra el antisemitismo. En esa ocasión, el Partido Obrero fue el único partido que se movilizó sistemáticamente frente a la Side y los Tribunales para reclamar la condena al asesino. A pedido expreso del señor Socolosky los militantes del Partido Obrero ocuparon buena parte del recinto del juicio contra el asesino de su madre, ante el temor que nos manifestó de que agentes de los servicios concurrieran a intimidar al tribunal. Es solamente por esta movilización del Partido Obrero que Socolosky firmó el año pasado su adhesión a nuestras candidaturas, algo que, él al menos, no podía hacer con los candidatos de IU. En el lapso de apenas unos meses Socolosky (y Schiller) olvida(n) lo ocurrido y hasta se cambia(n) de camiseta. Pero la abstención de IU en la movilización por la condena del asesino de la Side, es sólo un episodio más. Lo mismo había ocurrido en ocasión del atentado a la Amia, cuando, como Schiller lo denunció en su momento, los partidos que hoy forman IU se abstuvieron de movilizarse como tales al llamado de la colectividad judía al acto de Congreso. La presencia del PO en el acto nos valió la acusación de "sionista" de parte del Mst. Aunque Schiller escribió por aquel entonces que el PO "concurrió al acto de Plaza Congreso con su cartel identificatorio y... resulta meritorio (en medio de la chatura y mentiras convencionales) el sincero dolor que trasuntan notas de su publicación con respecto al atentado...", hoy él va como candidato con los que no fueron, ni trasuntaron dolor o lo que fuera por el crimen de "la conexión local, el Estado argentino". Es cierto que tiempo después los partidos de IU tomaron el hábito de repudiar el atentado a la Amia, como también ocurrió con La Tablada, cuando primero sacaron una solicitada contra los que eran masacrados en el cuartel por los carapintadas, y tiempo después empezaron a reclamar por la libertad de sus detenidos. El PO, en cambio, repudió el crimen de La Tablada, mientras el crimen se estaba cometiendo, como también lo hizo Schiller (otra coincidencia nuestra con él en el pasado). Es Schiller (y Socolosky), no el PO, el que ha cambiado de bando y urdido un bloque sin principios con IU. El otro aspecto de todo esto es que el PO denuncia el acuerdo político y programático de un sector de la izquierda con un representante del sionismo, como lo es Schiller. Para la izquierda es incompatible un frente político general con cualquier ala de lo que es un movimiento de opresión nacional. Socolosky finge una indignación casi irracional por lo que él presenta como una calumnia personal contra Schiller, pero él mismo reivindica el llamado "entendimiento pacífico entre palestinos y judíos", sin mencionar si a los primeros les tocaría la mitad de los territorios ocupados y el 3% del agua de la región, además de sufrir la super-explotación económica y el tutelaje político-militar del Estado de Israel. El sionismo y el llamado entendimiento pacífico han fracasado miserablemente como factor de paz y libertad en Medio Oriente. Incluso Clinton y Barak coinciden con este "entendimiento pacífico". La posición histórica de la izquierda no es esa, sino una república única, laica y democrática de todos los que habitan en Palestina, y el resarcimiento social de la confiscación sufrida por el pueblo palestino. El acuerdo IU-Schiller es la versión local de los acuerdos de Oslo. Esto no traerá la paz al Medio Oriente. Los insultos de Socolosky confirman el sionismo de él y de Schiller y encubren la defensa política de la opresión nacional. Ninguna clase de intimidación verbal o la que sea frenará nuestra acción de clarificación política. Es sobre la base de la clarificación que luchamos por construir un partido revolucionario. El PO no admite lecciones sobre la unidad del campo popular, como lo demuestra su política frente al crimen de la mamá de Socolosky, al atentado a la Amia, a La Tablada, a la reciente movilización del 24 de febrero y a todo el movimiento reivindicativo. Socolosky se atreve a acusarnos de oponernos a que "un sector de la izquierda argentina tenga presencia sólida en la Argentina", pero simplemente olvida que los reformistas y los stalinistas perdieron la presencia "sólida" que ya alguna vez tuvieron cuando se convirtieron en agentes del imperialismo o embellecedores de la dictadura de Videla. La memoria es necesaria para todo, en especial para la política. 26 de marzo

Cuando se produjo la masacre de La Tablada, en enero de 1989, Izquierda Unida (IU), integrada por el PC y el Mas, repudió con una solicitada al Movimiento Todos por la Patria (MTP), mientras los carapintadas procedían a masacrarlos. La solicitada estaba firmada por Vallarino (PC) y Guidobono (Mas). Luis Zamora (entonces el principal candidato del Mas) fue invitado por Bernardo Neustadt a su programa televisivo, Tiempo Nuevo. Allí dijo: "Lo primero, aunque sea repetitivo, es el repudio de estos hechos. Categórico, rotundo. Un repudio a una metodología criminal que ha costado la vida de policías, de conscriptos, de militares..." (reproducido en Solidaridad Socialista, 7/2/89). En dicho programa, Zamora, en nombre del Mas y de IU, fue más lejos todavía: "se lo dije al Almirante Zaratieghi...: Almirante, el día que acá haya un militar que diga yo torturé a un chiquito delante de su madre, porque quería saber adónde estaba el padre, que yo lo acusaba de ser montonero. El día que los militares digan eso, se abre un debate en el país. Si estuvo bien o estuvo mal torturar un chiquito delante de su madre para combatir la guerrilla..." (ídem). Fue IU la que inventó a los 'arrepentidos' como Balza. La dirección del Mas (hoy Mst) llegó muy lejos en su repudio a los "fascinerosos" (textual) del MTP. "Yo pensé que era normal, no un criminal y un traidor a la democracia", declaró Zamora para la revista Gente (enero '89) cuando se lo interrogó sobre su relación, como abogado, con el asesinado Baños, del MTP. IU no se movilizó por una salida pacífica a la ocupación del cuartel, sino que hizo un frente único de hecho con los represores. Incluso 60 días después, cuando las Madres de Plaza de Mayo convocaron a una manifestación para el 24 de marzo de 1989, en oportunidad de un nuevo aniversario del golpe militar, tanto el candidato a presidente de IU, Néstor Vicente, aliado del PC, como Luis Zamora, del Mas-Mst, anunciaron públicamente que boicotearían dicha marcha porque estaba convocada bajo las banderas del repudio a la masacre de La Tablada. Zamora dejó en claro que el boicot a la marcha del 24 de marzo fue porque en la convocatoria de las Madres "no se repudian los hechos de La Tablada". Cuando Claudia Korol, de la dirección del PC (Propuesta, 16/3) se 'autocritica' del apoyo dado a la dictadura militar del '76 ("el PC a partir del 16 Congreso ha analizado la desviación política que nos condujo a una posición oportunista de derecha, que alcanzó una profunda y lamentable degradación en la propuesta de 'convergencia cívica militar' realizada en plena orgía de terror contra nuestro pueblo") se queda muy atrás, porque incluso 4 años después de esa autocrítica, seguía apoyando la "convergencia cívico-militar" con los carapintadas en La Tablada. Korol se olvida, convenientemente, de que IU saboteó la marcha del 24 de marzo de 1989, cuando se trataba de repudiar la masacre 'carapintada'-alfonsinista y el armado de nuevas leyes represivas. Hebe de Bonafini elaboró, entonces, una consigna -que fue coreada masivamente- para estos 'olvidadizos' y 'ausentes': "La Plaza es de las Madres y no de los cobardes".

El sábado 25, un grupo de compañeros, junto a los candidatos Pablo Rieznik y Sergio Villamil, realizamos una recorrida de la Villa 1-11-14 durante toda la mañana. Realizamos varios miniactos y volanteamos masivamente, casa por casa, el programa del Partido Obrero. Se vendieron más de 25 periódicos. Durante la actividad se denunció a fondo el problema de la vivienda y la persecución a la que son sometidos la mayoría de los trabajadores inmigrantes, tachados de "ilegales", sin derechos políticos ni laborales. Aníbal Ibarra viene promocionando su proyecto de "transformar las villas en barrios". Para 'estimular' la inversión privada en la ciudad de Buenos Aires viajó ahora a Nueva York. El proyecto en cuestión encubre la política opuesta a la que proclama, ya que persigue la erradicación de los trabajadores más pobres y los desocupados de los barrios humildes y villas de la Capital, que se concentran en el cordón sur y que son un terreno en disputa para grandes negociados en marcha. El plan de 'urbanización' impulsado desde la CMV (Comisión Municipal de la Vivienda) no contempla a los desocupados ni a los trabajadores y familias cuyos ingresos sean inferiores a los 800 y 600 pesos mensuales, o sea al 80% de las villas. Las empresas contratistas de las propias obras de la CMV en la zona emplean trabajadores en negro y con salarios inferiores a los 500 pesos. También despiden y renuevan a los trabajadores sistemáticamente. Esto dio lugar, semanas atrás, a un paro en una de las obras. El plan de la CMV cuenta con la limitación insalvable de responder a los intereses de los banqueros que lucran con la vivienda y las necesidades populares. El frente de Beliz y Cavallo también apoya el armado de toda esta inversión especuladora y la expulsión de los trabajadores. Plantea que accedan a las nuevas viviendas en construcción sólo aquellas familias que vivan hace más de 5 años en la villa. Ibarra y Beliz son, entonces, las dos caras de la misma moneda. El Partido Obrero, en cambio, plantea la urbanización en función de los intereses de los trabajadores, con control de las obras y trazado de los planes que aseguren la vivienda para todos y dando trabajo a todos los desocupados en las obras con un salario mínimo de 600 pesos. En definitiva, una ciudad para los trabajadores y no para los explotadores y especuladores.