Prensa Obrera N° 655

El viernes 18 más de 20 compañeros estuvimos en la puerta de la fábrica Ford de Pacheco a las 5 de la mañana. Con un megá­fono llamamos a movilizar­se el 24 a Plaza de Mayo, contra la reforma laboral de la Alianza, el PJ y las patronales. Se vendieron varios pe­riódicos y se repartieron cientos de volantes que lla­man a no dejar pasar la re­forma antiobrera. La agitación fue muy bien recibida por los traba­jadores que comenzaban una suspensión de una se­mana aplicada por la pa­tronal. Esta actitud es muy importante para preparar la lucha contra la reforma y los nuevos despidos, que seguirán cuando la patro­nal termine con el período de suspensiones como mé­todo de desmoralización de los trabajadores.

"La pregunta ya no es si Augusto Pinochet regresará a Chile, sino cuando lo hará, poniendo punto final a 15 meses de entuer­tos diplomáticos y batallas legales”, decía el 1/2 la corresponsal de La Nación en Gran Bretaña, “El retorno de Pinochet a Chile pa­rece ineludible”, anunció antes Le Monde (19/1). “Se lo ve partir”, se regodeaba el Fi­nancial Times (1/2). Es claro que el gobierno centroizquierdista inglés, detrás de los yankis y el Vaticano, hace rato que está empe­ñado en torcer el brazo del reclamo democrá­tico que permitió la detención del genocida. Si los nacionalistas latinoamericanos es­grimieron a favor del chacal la defensa de la ‘soberanía, los ingleses no fueron menos cí­nicos; él “también tiene derechos humanos”, declaró el ministro Straw, tras dar por váli­dos exámenes que dictaminaron la súbita “demencia senil” de Pinochet. Hubo denun­cias, sin embargo, de la comunidad médica inglesa repudiando la falta de publicidad de ese informe y un ‘contra informe’ que delata­ba sus irregularidades, al tiempo que se di­vulgaba “que Pinochet fingió (la enferme­dad)” con “tres o cuatro píldoras para dormir ingeridas camino al hospital” (ídem, 20/1). Antes Inglaterra había desmontado los reclamos de extradición desde Bélgica/ Francia y Suiza, e incluso España se había “negado a respaldar una eventual apelación” (ídem, 21/1); todos estos países se vie­ron obligados a reclamar la entrega'’ del in­forme médico ante los reclamos populares. Fue entonces, “ante la hipótesis de que la justicia (inglesa) ordenase (su) entrega” -lo que finalmente ocurrió-,' que “los gobiernos de España y de Chile” prepararon un “golpe” {El País, 18/2). Bajo la presión del Vaticano, que exigió que se “acabe pronto ‘la odisea de Pinochet” (ídem), se montó una deliberada “filtración” (ídem) dando a conocer el infor­me ‘confidencial” no fue una operación im­provisada” (ídem). Ambos gobiernos conta­ban hace tiempo con el informe (ídem). Aun­que el pinochetismo se coloca ahora como ‘víctima, el objetivo de la filtración ha sido acelerar el retorno del chacal. Hace tiempo ya que el “ejército y la derecha (chilenas) aceptan la ‘humillación de que el veterano y orgulloso general sea liberado por compa­sión” (La Nación, 10/10/99), Las expectativas en las instituciones ‘de­mocráticas’ del imperialismo no se han con­firmado. En Chile, lamentablemente, se ha llevado a los familiares de las víctimas de la dictadura a una “Mesa de Reparación Histó­rica” junto a las FF.AA. Para el imperialismo inglés, campeón del belicismo y la barbarie durante la guerra- de Yugoslavia, el' ‘caso Pinochet' fue funcio­nal a sus fechorías y las de la Otan en los Balcanes. En otra, lo mismo vale pa­ra el ‘demócrata’ Garzón, un cruzado del combate contra el nacionalismo vasco y la ETA, en España y el mundo entero.

El viernes 11, el local de La Paloma, en Tigre, reunió a trabajadores de diversos gremios para discutir la reforma laboral. Los compañeros presentes siguieron con gran aten­ción el análisis y la denun­cia del Partido Obrero so­bre el engendro antiobrero que el gobierno aliancista pretende imponer a los trabajadores, y señalaron su explícito repudio a este ataque patronal. Coinci­dieron en la crítica a la burocracia sindical de to­dos los colores que deja pasar la reforma y se pronunciaron a favor de ex­tender las conclusiones a sus compañeros de trabajo y a movilizarse para ente­rrar este ataque del go­bierno ‘progre’ del clerical De la Rúa. Pero, además, en el curso del debate los asis­tentes presentaron las de­nuncias sobre las condi­ciones de trabajo y de ex­plotación en sus empre­sas, y sobre la actitud de la burocracia sindical que, en todos los casos, fue des­cripta como cómplice de todos los avances flexibilizadores de las patronales. Compañeras del gre­mio de la alimentación, docentes, trabajadores metalúrgicos y compañe­ros del gremio del trans­porte dieron un panorama exacto de hasta dónde la burocracia sindical ha si­do cómplice de la imposi­ción de la flexibilidad la­boral, como en el caso de una línea de colectivos de la zona. Allí, tras su vacia­miento, la patronal tomó a los trabajadores bajo el ré­gimen de trabajo por por­centaje, sin la más míni­ma reacción de los delega­dos ni del gremio. Del debate surgió un amplio campo de interven­ción para el Partido Obre­ro de la zona y el compromiso de los compañeros de movilizarse el 24 a la Pla­za de Mayo.

Hambriento de justicia vaga el pueblo entre el futuro y el pasado si hoy es una ola encrespada. Un salivazo amargo entre los dientes, cabalga cargado de impotencia. Y es una sombra de sangre que golpea el luto de la ciudad callada. Su andar triste y vagabundo es un cross que quiere liberarse de un apretado puño enardecido por corruptos gobernantes, ministros y otros asesinos perversos de garras y pezuñas, yo los acuso: Por matar a estudiantes y niños y por transformar estos tiempos en tiempos de mentiras, de sombras y cenizas...

Saludos a Prensa Obrera, Soy María Eugenia Parra; intenté co­municarme hacía tiempo con ustedes, pe­ro se perdió la comunicación y hoy creo que es necesario volverla a establecer. Vivo en el Ecuador, donde no sé si se escuchó, pero el viernes pasado los indí­genas tomaron el Congreso Nacional, ya que estaban en contra del proceso dolarizador al que nos quieren someter. Ellos protestaban porque son la clase social históricamente más oprimida, y es a ellos a quienes más perjudica este proceso. Todo se vio fraguado de antemano, se obtuvo el apoyo de pocos militares pro­gresistas, el coronel Lucio Gutiérrez principalmente, y a diferencia de la mo­vilización que derrocó a Bucaram, esta movilización fue libre de políticos y elites interesadas; al principio se proponía un cambio radical del sistema mediante la postura de un triunvirato, y la posterior erradicación del Congreso, pero conforme pasaron las horas la situación se fue en­tibiando y el objetivo final fue el presi­dente Jamil Mahuad, el cual acaba de ce­sar en sus funciones. Tuvimos el orgullo de ser los primeros en Latinoamérica, que ven a los indíge­nas en el Poder, sin embargo, toda esta confabulación provocó que se formara una contrarrevolución apoyada por sec­tores de derecha, que se ganaron gran parte de la prensa mundial; el presiden­te Mahuad quedó como héroe, los milita­res progresistas serán llevados a juicios de guerra, el Congreso se restableció an­te el anuncio internacional de que una salida no constitucional nos costaría en términos de comercio exterior. Actualmente, el ex vicepresidente Gustavo Noboa es el actual mandatario; el proceso de dolarización va, con el aplauso internacional de medios de pren­sa que no informaron como es debido; los indígenas tuvieron que retirarse, ya que la presión internacional logró obtener presión dentro del país, y de esa forma destruir todos los ideales. Sólo quería escribirles, porque creo que es necesario que una prensa justa describa con justicia los hechos, y consta­te ante la prensa internacional que los despectivamente tratados indios, tenían razón. Agradeciendo su atención me despido esperando respuesta. Atentamente

Hasta el cierre de esta edición las direcciones sindicales de la CGT estaban reunidas deshojando la margarita sobre si paraban o no el jueves 24 contra la reforma laboral que la Alianza y el PJ han acordado aprobar en el Congreso. Si finalmente paran no será con la pretensión de derogar la reforma antiobrera. Moyano ya dijo que si la reforma sale por ley él esta dispuesto a acatarla. Lo que las direcciones sindicales burocráticas están negociando es cómo hacer para compatibilizar la ley antiobrera con sus apetitos. La CGT está dispuesta a aceptar que se amplíe de uno a tres o seis meses el período de prueba, durante el cual las patronales son autorizadas a echar a los trabajadores sin pagar indemnización; acepta que se aprueben convenios diferenciados –con menores salarios y conquistas– para los trabajadores de las Pymes (pequeñas y medianas empresas). Negocia ahora que se permita la descentralización de los convenios, con ‘acuerdos’ por empresa, a cambio de su ‘participación’. La CTA, por su parte, tiene un acuerdo estratégico para promover los convenios por empresa, que consagra la atomización de la clase obrera. La reforma laboral es parte de toda una estrategia política del imperialismo. Para el FMI, el gobierno y la burguesía se trata de ir a fondo en la destrucción de los convenios por industria para imponer en una primera fase los convenios por fábrica a gusto de las patronales, para terminar imponiendo en realidad, el ‘contrato individual’ que ya se aplica en Nueva Zelanda y Australia, donde el obrero acepta lo que le tiren o no le dan trabajo. Las direcciones sindicales burocráticas que se entregan de esta manera evidencian la caducidad y el hundimiento de una dirección colaboracionista. La ilusión de que la burocracia va a resistir la ofensiva del Estado y los capitalistas contra los trabajadores lleva a un callejón sin salida y a la desmoralización de la vanguardia obrera. Lo que hace falta es construir una nueva dirección clasista para el movimiento obrero. Poner en pie un POLO CLASISTA que reagrupe a los sectores combativos y clasistas para recuperar y poner en pie los sindicatos que la clase obrera necesita, para recuperar las conquistas arrebatadas por el menemismo primero y el aliancismo ahora. Esto sólo podrá hacerse con un planteo de independencia de la clase obrera frente al Estado y los partidos patronales. ¡Y se hará!

La muerte de 42 personas en un acci­dente en Brasil, en su mayoría trabaja­dores, jubilados, jóvenes y niños, se tra­taría de una “tragedia”, inevitable e im­prevista, para los medios gubernamenta­les. La única verdad de la “tragedia de Brasil” es que se trata de un asesinato de trabajadores causado por el lucro capita­lista. Veamos. “Considerar que la niebla produce un accidente es tener una visión bastante reducida de la cuestión (...) Ha­bría que ver hacía cuantas horas que (el conductor) venía manejando. Tampoco se debe mangar en forma continua por más, de dos horas”. Esto lo dice Jorge Rosich, secretario general del Comité Federal de prevención de accidentes (La Gaceta, 13/1). “Hay un tema sobre el que vale la pe­na advertir y es el de los riesgos que trae la sobreventa de lugares en cualquier plaza turística”. “Tienen que arbitrar al­gún mecanismo para que no se sature esa ruta. Si las cifras de la primera se­mana de enero ya hablaban de un millón doscientos mil turistas argentinos en Brasil, imaginemos lo que serán esas ru­tas... Habría que reglamentar para tra­tar de evitar estas tragedias”. Esto lo di­ce un empresario de la Unión de Hotele­ros y Gastronómicos de Tucumán (La Ga­ceta, 13/1). “No hay que caer en el fatalismo de pensar que lo de Brasil sucedió porque sí”. Los conductores “tienen que estar bien descansados y satisfechos salarial­mente para poder cumplir con eficiencia tan enorme responsabilidad (...) (Las em­presas de viajes) por ahorrar dinero y tiempo planifican tours que son maratónicos... para poder cumplirlos a rajata­bla... se aprieta hasta el fondo el acelera­dor, se fuerza hasta el límite a las unida­des y se recorren largas distancias aun­que las condiciones climáticas —lluvias, neblinas, etc. — no sean las adecuadas para viajar...” (La Gaceta, Editorial 13/1). Conclusiones Los 39 tucumanos, víctimas mortales, no son los únicos expuestos a este tipo de “tragedias”. Todos los trabajadores en la sociedad capitalista, en forma cotidiana, somos víctimas de la imprevisión y “fata­lidades” capitalistas, como la falta de em­pleo, del alimento cotidiano y la seguri­dad física. Los propios funcionarios, un diario patronal y los capitalistas reconocen la naturaleza social de este ‘accidenté. El lucro capitalista o la competitividad son incompatibles genéticamente con cual­quier tipo de previsión o planificación que pueda evitar poner en riesgo la vida humana. A confesión de partes, relevo de pruebas. Los gobiernos, nacional y provincial, demostraron, una vez más, su complici­dad criminal con los capitalistas. “Se analiza (si) el ómnibus tenía los controles adecuados, tanto en su construcción como en su mantenimiento. Pero las auto­ridades tucumanas no participan de ese análisis, porque nunca se preocuparon por intervenir en las verificaciones técni­cas... A pesar de que desde cualquier pla­za de la capital parten contingentes con turistas tucumanos...” (Roberto Delgado, La Gaceta, 15/1). Cárcel a los responsables y cómplices de este crimen. Confiscación por el Estado de todas las empresas de viaje y turismo, bajo con­trol de los trabajadores. Nuestra solidaridad con los familia­res de las víctimas.

El senado de la provincia de Buenos Aires acaba de aprobar, con el voto unánime del PJ y la Alianza, una ley de seguridad que coloca el "Estado de derecho" en manos de la Bonaerense. La reforma al Código de Procedimiento Penal de la provincia, de eso se trata, ha sido pactada en todos sus puntos por Ruckauf y De la Rúa. Por un lado, dispone que los jueces no pueden otorgar la excarcelación a los imputados por robo, no ya sólo con armas de fuego sino también con "palos, jeringas, cuchillos y navajas", o a quienes hayan ocasionado "lesiones graves en accidentes de tránsito". Como hace un año otra ley había dispuesto impedir la excarcelación a delincuentes con causas anteriores y procesados que cometieran cualquier delito, por leve que fuera, la "excarcelación" ha dejado de existir en la provincia. "Llegaron al punto de retrotraerse a lo que sancionó por decreto ley la dictadura en 1978, una norma tan terrible que en el ‘82 el gobierno dictatorial la sustituyó, considerándola demasiado dura" (camarista Schiffrin, Página 12,12/2). El otro gran componente de la reforma es el poder dado a "la Bonaerense". Esta podrá consumar operativos de "prevención" y secuestrar elementos que considere de delito, todo esto sin autorización de juez o fiscal alguno. Es decir, la vuelta a los ‘cerrojos’ propios de la dictadura. En lo que constituye uno de los centros de la reforma, la ‘maldita policía’ recupera la facultad de interrogar al detenido, facultad que había sido dada a los fiscales con la ‘reforma’ de Duhalde. Este era un reclamo estratégico del conjunto de ‘porongas’ (comisarías que controlan la Bonaerense), pues ofrece la posibilidad de ‘truchar’ testimonios en base al apriete, ‘fabricar’ procedimientos o encubrir asesinatos y robos. Una facultad que la Bonaerense tuvo vedada, en los hechos, por muy poco tiempo, pues "a los dos meses de iniciada la reforma (de Duhalde), la instrucción, que tenía que ser de los fiscales, quedó nuevamente en manos de la policía". Esto llevó, a su vez, a "declarar nulas (las causas) porque aparecieron las denuncias por apremios ilegales, como suele ocurrir cuando interviene la policía" (juez Maroto, Página 12, 13/2). Los representantes de la Alianza se han desgarrado las vestiduras planteando que no hay ‘vuelta atrás’, porque la posibilidad del interrogatorio policial debe limitarse al momento de la detención y no podrá incorporarse a los expedientes. ¿Por qué entonces la Bonaerense se ha declarado conforme? Porque lo que antes se presentaba como respuesta formal al interrogatorio policial ahora se lo puede presentar como declaración ‘espontánea’ del reo, y si éste no la confirma ante el juez, es devuelto al penal y molido a golpes hasta ‘convencerse’ sobre el modo de actuar. ¿Qué quedó del "Estado garantista"? Este inmenso ataque a las garantías ciudadanas, hay que repetirlo, ha contado con el voto de los representantes de la UCR y el Frepaso. La liquidación de las excarcelaciones caracteriza por sí sola a un régimen fundado en la arbitrariedad y el despotismo. El juez disponía hasta ahora de un margen relativamente amplio para disponer la libertad de un imputado bajo proceso, teniendo en cuenta el carácter del delito, la participación del acusado y sus antecedentes (no es lo mismo, en principio, un reincidente que alguien que jamás cometió un delito o un adolescente que un mayor). Ahora la acusación original es prácticamente inamovible, no existe un margen para actuar en función de los atenuantes del caso y el juez queda limitado casi a la función de un títere. Por la misma razón, la diferencia entre un imputado y un condenado prácticamente desaparece, porque aquél ya no tiene el beneficio de la excarcelación y es derivado al horror de las cárceles como cualquier otro. ¿Pero, a su vez, quién arma la acusación? la Bonaerense, el aparato responsable de las muertes del estudiante Bru, el obrero Nuñez y el periodista Cabezas y del atentado a la Amia. Un aparato cuya plana mayor en el último tiempo fue puesta en acuerdo con "los grandes y pequeños caudillos de la Bonaerense" (Página 12, 17/8/99). Y cuyo último censo, difundido por el frepasista Binner, reveló que 5.000 policías sobre 45.000 registrados "no se sabe donde cumplen funciones" y tendrían armas en su poder (Clarín, 8/4/98). Tenemos así un círculo perfecto. Los hombres de la Bonaerense pueden torturar, ‘plantar’ un arma o droga, y aun matar, para luego declarar la ‘historia oficial’ y recabar la firma de los jueces, todo "sujeto a derecho". La ‘maldita policía’ se ha convertido de este modo en la clave de la seguridad del Estado, y ha sido puesta en esta función por quienes se presentaron como adalides de las libertades públicas. La UCR y el Frepaso le han dado ‘su’ ley al aparato terrorista que está detrás de Ruckauf. Sin ninguna exageración, a la pregunta clásica del Derecho: "¿quién, en la república, custodia a los custodios?", la respuesta es simple: la Bonaerense. Pacto Ruckauf–De la Rúa: no sólo por los robos Los ataques a las libertades públicas han sido planteados de modo deliberadamente ambiguo, porque de este modo corren para el movimiento de lucha de las masas y sus impulsores. La negativa a excarcelar corre también para aquellos que han ejercido "violencia sobre las personas", las detenciones e interrogatorios, ídem. Es por eso coherente que Carlos Ruckauf haya declarado: "No importa si el costo político lo pagan De la Rúa, este gobernador o el intendente: no hay que permitir más cortes de ruta" (La Capital, Mar del Plata, 6/1). Pacto Ruckauf–De la Rúa: no sólo seguridad La provincia de Buenos Aires se ha integrado después de mucho tiempo al Consejo Federal de Seguridad, una decisión que La Nación considera estratégica. Por esta vía se canaliza la penetración norteamericana interesada en dominar el negocio de la droga y la acción de las fuerzas armadas sobre el narcotráfico y los movimientos de lucha latinoamericanos. El pacto entre el gobernador y el presidente revela un régimen de colaboración entre el gobierno centroizquierdista de la Alianza, rabiosamente capitalista y semicolonial y el gobierno derechista, clerical y de los ‘servicios’ que actúa en la provincia. Un pacto que actúa como un reaseguro de la burguesía y el imperialismo ante un eventual fracaso de la Alianza, y que por esa misma razón excede los términos de un acuerdo en materia de seguridad. El pacto ha reemplazado el "juego normal de las instituciones", por un acuerdo de cúpulas en el que Ruckauf marca la orientación, como quedó reflejado en la ley de seguridad y quedará plasmado en la reforma laboral. Por esta razón Ruckauf ahora ‘va por más’: "en marzo pedirá a los legisladores una nueva ley de seguridad para reincorporar la figura del jefe de policía" (ídem, 17/2) El pacto ha disuelto de este modo, en los hechos, el dominio de la Alianza sobre las cámaras de diputados en la nación y en la provincia. Los votos populares para meter un hombre de la ‘izquierda progresista’ en el Congreso o la Legislatura han servido para lo que se ve: votar la entrega de la Justicia a manos de la Bonaerense. En función de este acuerdo, se han acallado temporariamente las voces que reclamaban, desde el Banco Central, el desmantelamiento del holding armado en torno al Banco Provincia y la privatización del propio Banco. Este tema provocó, bajo Duhalde, el desplazamiento del cavallista Sánchez (condescendiente con la privatización) y su reemplazo por Frigeri. Pero como lo revela el caso del Banco Nación (sociedad anónima en poco tiempo) o la privatización del Banco Córdoba, Ruckauf no podrá eludir este horizonte por mucho tiempo, porque así lo quiere la banca internacional. Este solo hecho permite pronosticar que el pacto de hoy entre el gobernador y el presidente no tiene futuro y que sobrevendrá, a plazo fijo, la peor de las guerras. La batalla planteada El fracaso de la ‘política progresista’ encarnada en el Frepaso ha quedado demostrado hasta el asco. Resignó formalmente la lucha por la anulación de las leyes indultadoras de la ‘democracia’ y acaba de cooptar a la Bonaerense, todo en nombre de la defensa del régimen ‘democrático’ que debutó en 1983. El brutal ataque a las garantías ciudadanas plantea una batalla en regla, que debe convocar a la movilización de todas las organizaciones obreras, de derechos humanos y de la juventud. Por el cese de la persecución policial y judicial a los luchadores; por la libertad de todos los presos políticos y gremiales del campo popular; juicio y castigo a los asesinos de Bulacio, Bru, Nuñez, Carrasco y demás caídos bajo la ‘democracia’; desmantelamiento de la Bonaerense; piquetes de vecinos y jóvenes en las barriadas para defender la vida y la propiedad de los trabajadores.

Compañero Calducci, mi intención es continuar con el debate abierto a partir de las agresiones sufridas por nuestros compañeros por parte de militantes del Mst-IU v CPL-FR. Compañero, usted señala que yo ten­go dos errores conceptuales. El primero, debido a mi edad, 21 años, y a pesar de haberme quemado las pestañas leyendo, no sé si es tan así, pero prometo seguir leyendo para saber si usted está en la verdad. Pero en el segundo punto, me veo obli­gado a contestarle. Usted dice que el par­tido no renuncia a los métodos de autode­fensa pero en ningún momento dice cuáles serán los métodos, y encima dice que el frente no se hace “esencial y exclusiva­mente contra su cría”; si Patria Libre es la cría del fascismo de la Triple A, entonces más que nunca hay que combatirla desde la clase obrera y no desde la justicia bur­guesa, que la promoverá para que crezca y ataque con más fuerza a los revoluciona­rios. Compañeros, yo planteo el frente úni­co contra el patoterismo como parte de la lucha por llevar hasta el último centíme­tro la independencia de clase y no la me­dida más fácil, que es: “los denunciamos ante sus directos o indirectos mandantes”.

El comunista abogado laboralista se envalentona postmodernamente. "No podemos tener más temas tabú ... se trata de romper algunos tabúes que históricamente teníamos en la izquierda en materia de unidad y democracia sindical, en materia de convención colectiva", declara. Y utiliza los mismos argumentos que las patronales, el gobierno y las burocracias antiobreras: "¿Por qué razón voy a estar en contra de un convenio de empresa que es más beneficioso que un convenio general de la actividad? (¿para quién?, nota del redactor) Esto hay que replantearlo. No pretendo tener la verdad revelada sobre esta cuestión, pero no me puedo aferrar a ideas cristalizadas que ya no me sirven". Pero el abogado comunista se ‘equivoca’ de cabo a rabo: el ataque a los convenios colectivos es el corazón de la reforma laboral. El gobierno pretende destruir la ultraactividad que mantiene vigente un convenio hasta que sea acordado otro, para mejor imponer la atomización en la negociación colectiva y en la organización sindical. Quienes propugnan hoy los convenios por empresa son el FMI, el Banco Mundial, la Unión Industrial, la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos y la Cámara de Comercio. Es decir, los grandes monopolios. ¿Y por qué lo hacen? ¿Para beneficiar al trabajador? Por supuesto que no. Quieren imponer los convenios por empresa, no para mejorar el nivel salarial y las conquistas de los trabajadores, sino para atomizar su organización y resistencia y poder descargar mejor la flexibilización laboral, la superexplotación y el retroceso del salario. Esto lo dicen claramente los ‘papers’ que envió el FMI al gobierno de De la Rúa. El convenio por industria ha sido históricamente una bandera de lucha y una conquista del movimiento sindical para contraponer a los intereses patronales la unidad de la clase obrera, eliminando divisiones entre fábricas y ramas, entre regiones diferentes, entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Desde siempre las patronales y los gobiernos capitalistas quisieron quebrar esta conquista. Con el peso de su lucha y su unidad, el movimiento obrero ha impuesto a las patronales pequeñas y grandes un mínimo salarial similar para todos los trabajadores de la industria. "A igual trabajo, igual salario" es una de las consignas históricas del movimiento obrero, que ahora el PC quiere abandonar. El PC rompe con los preceptos más elementales del comunismo y del sindicalismo. La clase negocia como clase, planteaban las resoluciones de la Internacional Sindical Roja surgida de la revolución rusa de 1917. El sindicalismo clasista es una escuela de comunismo, pero el PC tira todo esto al tacho de basura, de la mano de los proyectos del FMI, la Alianza y la burocracia sindical. Contra las "grandes huelgas" Lógicamente, este apoyo a la atomización sindical viene de la mano del abandono de la acción directa en la lucha de clases. Así, en el reportaje de marras se afirma: "Las grandes huelgas de los últimos años, como la ferroviaria o la de telefónicos, fueron grandes derrotas, y hay que sacar conclusiones. Y fueron derrotas con miles de personas en la calle. Se trata de encontrar nuevas formas de lucha". El PC se suma a la cantinela de las burocracias centroizquierdistas que plantean el abandono de los ‘viejos métodos de lucha’, de las huelgas y ocupaciones, y la adopción de ‘nuevos métodos’ como el de la carpa docente o los congresos conjuntos con las cámaras empresarias. Las grandes huelgas –sólo posibles por la existencia de sindicatos y convenios por industria, que elevan la masividad y profundidad de la lucha de clases– fueron derrotadas no por la ineficiencia de las organizaciones obreras, sino por la traición de las direcciones sindicales burocráticas enfeudadas al Estado. Con la propuesta del PC ya no se plantearán más luchas de conjunto del movimiento obrero, sino la atomización del mismo, el ‘sálvese quien pueda’ a gusto de la depredación patronal. No es casual que para el abogado comunista "la idea básica de la negociación colectiva es la de canalizar y controlar los conflictos". Esa es la idea del Estado, de las patronales y de los partidarios de la colaboración de clases. Para los clasistas, la negociación colectiva permite unificar la voluntad de lucha de la clase obrera para imponer sus reivindicaciones ante el Estado y la clase patronal, para generar una movilización de conjunto de la clase que partiendo de su lucha reivindicativa ponga en crisis al Estado y se plantee como objetivo la toma del poder político para la clase obrera. Avalado por el Comité Central Pero ésta no es una posición de un afiliado comunista, que un distraído redactor comunista colocó en la página central del periódico comunista. En el número anterior (Propuesta 3/2) se publica una "Declaración del Comité Ejecutivo del Partido Comunista". Allí se critica el proyecto de reforma laboral de De la Rúa porque "pretende adjudicar carácter progresista a la intención de habilitar la negociación por empresa con el cuento de que debilitaría a la burocracia sindical, lo que es mentira ya que el proyecto mantiene la primacía de las organizaciones con personería gremial sobre las simplemente inscriptas (el caso de las que adhieren a la CTA) para garantizar el monopolio de la CGT en la negociación". El Comité Ejecutivo del PC no se opone a los convenios por empresa, sino que reclama la participación en los mismos de los sectores "que adhieren a la CTA". Pero los convenios de empresa ya vienen siendo firmados desde hace un tiempo por las burocracias sindicales cegetistas y ceteístas. De lo que se trata es de rechazar la atomización sindical y plantear la lucha por convenciones colectivas por industria y paritarios elegidos en Asamblea, cosa que el PC no hace. Atomización y paralelismo sindical Esta no es una posición nueva en el PC. Ya hemos criticado (ver revista En Defensa del Marxismo 3/99) que en su periódico (Propuesta 6/8/98) desarrollara una tesis en favor del "paralelismo" en el movimiento sindical. Dice que, en 1945, el peronismo "desde arriba, paralelizó a muchos sindicatos", y que ahora se trata de promover una "paralelización desde abajo". De la mano del FMI y de la Alianza ¿También devaluacionistas? En el reportaje ya citado, el abogado laboralista –azuzado por el reportero del periódico comunista, que le pregunta sobre "las distorsiones generadas por la convertibilidad"– contesta que "no cabe ninguna duda de que el tema de la convertibilidad hay que discutirlo. Aquí todo el mundo patea para adelante este tema con un tipo de cambio que produce distorsiones...". En otro reportaje publicado en el mismo número de Propuesta, José Rigane, dirigente de la CTA, también se queja de que "el tema es que no existen políticas de reactivación que favorezcan la apertura de fuentes de trabajo y, obviamente, que lo que hoy está planteado termina siendo, aunque no se lo desee, una continuidad de lo que fue el menemismo". Se publicitan así posiciones de devaluación monetaria claramente antiobreras. La Izquierda Unida, una alianza estratégica del PC y el MST, se coloca en el campo de los que propugnan la atomización sindical y de los que actúan como lobbistas (grupos de presión) en favor de las patronales Pymes.

La opinión pública no sabe que de­trás de la pantalla existe una explota­ción inhumana por parte de las agen­cias ilegales para las que muchas em­presas. Ignorando tal condición, contra­tan a los trabajadores extras a los cua­les esclavizan, reduciendo los salarios a cifras vergonzosas, con jornadas labora­les de la época de la esclavitud. Mirta Salvare es una de esas perso­nas inescrupulosas que con su afán de ganar dinero regalan el trabajo ajeno, violan las leyes laborales y evaden im­puestos. Marta Roso es socia en la destruc­ción de nuestras conquistas. Les preguntamos a las empresas que se sirven de estos servicios si saben de las irregularidades que están cometiendo. Le pedimos a la DGI que inspeccione dichas agencias, a las empresas que las contratan, y al Ministerio de Trabajo que combata el trabajo en negro.

Entre el 22 y 24 de enero se realizó, en Atenas, la Conferencia Socialista Balcánica Anti-Otan con la presencia de 19 delegaciones de 7 países de la región. El Partido Obrero participó con una delegación. Su realización fue un triunfo internacionalista sobre el chauvinismo que promueven el imperialismo, las burguesías y las burocracias restauracionistas. La Conferencia culminó con un importante acto en la Universidad Politécnica de Atenas. Los abrazos de los delegados griegos y turcos, por un lado, y de las delegaciones de Albania y Yugoslavia y de Turquía y el Kurdistán, por el otro, fueron saludados con un estruendoso aplauso. Un símbolo de confraternización revolucionaria internacionalista. ¿Qué es el Centro Socialista Balcánico "Christian Rakovsky"? El Centro Socialista Balcánico "Christian Rakovsky" fue fundado en la Primera Conferencia Socialista Balcánica Anti-Otan, que tuvo lugar en Atenas, Grecia, entre el 22 y el 24 de enero del 2000. La Conferencia fue una iniciativa tomada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (EEK) de Grecia y la Liga Marxista de Trabajadores (MIB) de Turquía, como consecuencia de la guerra de la Otan en Kosovo. Participaron diecinueve organizaciones de izquierda y obreras de ocho países (Grecia, Turquía, Rumania, Yugoslavia, Albania, Rusia, Kurdistán y Argentina). Al finalizar la Conferencia fueron fundados un Comité Internacional Anti-Otan de Trabajadores y el Centro Socialista Balcánico "Christian Rakovsky". El Centro Socialista balcánico "Christian Rakovsky" está dedicado al objetivo histórico del establecimiento de una Federación Socialista de los Balcanes, la única solución progresiva a la llamada "cuestión balcánica": la unión voluntaria de los pueblos y nacionalidades libres e iguales de los Balcanes sobre una base socialista, contra todas las formas de agresión y sujección imperialistas, así como también contra todas las divisiones nacionalistas y los odios étnicos y religiosos que condenan a los pueblos a la mutua exterminación. La base política del Centro Socialista Balcánico "Christian Rakovsky" está incluida en los puntos programáticos de la Resolución Política de la Primera Conferencia Socialista Balcánica Anti-Otan: es la lucha contra el imperialismo en todas sus formas e instituciones, contra el capitalismo en general y contra la restauración capitalista en la región en particular; contra el nacionalismo, la xenofobia, el antisemitismo y el racismo, por el poder obrero sin privilegios burocráticos ni nomenklaturas stalinistas, por la Federación Socialista Balcánica, por el socialismo mundial y por una sociedad comunista sin clases. El Centro promueve, organiza y coordina actividades políticas internacionalistas y culturales en la región; desarrolla campañas políticas; convoca conferencias, seminarios, etc. sobre cuestiones balcánicas e internacionales; tiene sus propias publicaciones políticas y culturales y un web site, un boletín especial con noticias y análisis sobre los desarrollos de la región e internacionalmente. Por qué se le dio el nombre de Christian Rakovsky al Centro La vida y la lucha del gran internacionalista búlgaro y revolucionario marxista Christian Rakovsky corporiza todos los principios y la visión histórica que nuestro Centro quiere desenvolver. Krastyu (Christian) Georgievitch Rakovsky nació el 1º de agosto de 1873 en Gradts, cerca de Kotel, una pequeña aldea en las montañas de Bulgaria Central. Muy joven se unió al movimiento revolucionario marxista búlgaro, pero muy tempranamente desarrolló una actividad revolucionaria internacional e internacionalista en Europa, los Balcanes y Rusia. Se unió a los Tesniaki ("estrechos"), ala izquierda del Partido Socialista Búlgaro (antecedente del Partido Comunista Búlgaro); fundó el periódico semanal marxista "Romania Muncitoare" (Rumania Obrera) que jugó un papel dirigente en el movimiento de trabajadores de Rumania, y le dio instrucción política a la rebelada tripulación del acorazado Potenkim durante su estadía en Constanza. Ayudó a la formación de partidos socialistas en todos los países balcánicos, luchando por la perspectiva de una Federación Socialista Balcánica. Organizó en 1914, en Bucarest, una Conferencia donde se formó la "Federación Obrera Socialdemócrata Revolucionaria Balcánica", que comprendía a los partidos rumano, búlgaro, serbio y griego. Rakovsky fue el organizador de la famosa Conferencia de Zimmerwald de 1916 contra la bancarrota social-chovinista de la Segunda Internacional. De regreso en Rumania, fue encarcelado para ser liberado por los soldados revolucionarios rusos. Se unió a la Revolución de Octubre y fue miembro del Comité Central del Partido Bolchevique desde 1919. Se convirtió en presidente del Gobierno Provisional de Obreros y Campesinos de Ucrania y, después de la liberación de Kharkov, secretario del Congreso del Soviet de la República Soviética de Ucrania. Fue un gran teórico marxista sobre la cuestión nacional y chocó con Stalin en un temprano período acerca de este tema. Se convirtió en el más conocido diplomático soviético en la década del ‘20. Estrecho amigo político y personal de Trotsky, estuvo junto a él en la dirección de la Oposición de Izquierda contra la ascendente burocracia y el stalinismo. Perseguido por el stalinismo, abandonó la lucha en 1934 pero fue llevado a los infames Procesos de Moscú, acusado con monstruosas mentiras junto con otros dirigentes bolcheviques de la Revolución. Fue enviado a prisión y el 22 de junio de 1941, al día siguiente de la invasión de Hitler a la Unión Soviética, fue ejecutado por orden de Stalin. Su incomparable contribución a la revolución socialista balcánica y mundial sigue siendo una fuente de inspiración para todos los revolucionarios internacionalistas. El nombre de Chritian Rakovsky es la bandera roja de nuestro Centro Socialista Balcánico.

Considero a la evolución que vaya ad­quiriendo la conciencia de las masas co­mo un factor esencial para superar el blo­queo que por hoy lleva a luchar sin encon­trar una salida de conjunto, y que lleve la lucha a sobrepasar los límites de la pro­testa y a plantearse su independencia po­lítica y su organización propia. Sin perder de vista que parte de ese bloqueo, el más importante a mí entender, corresponde a las mal llamadas organizaciones obreras y de izquierda, que han contribuido junto a la burguesía para frenar ese avance. En un período, que comparto, de característi­cas excepcionales (hoy ante la reivindica­ción más elemental, el derecho a ser ex­plotado por un salario, se plantea más que nunca la cuestión del poder). En la campaña electoral levantamos la consigna de reparto de las horas de trabajo, como un activo (también com­parto). Pero no fue vista por la clase la manera de implementarla, sin fuerza sindical por un lado y con la falta de im­plantación del partido por el otro. Ante la reforma laboral nuestras con­signas deben ser claras, hacia adentro y hacia afuera del partido. El solo planteo de “Abajo la Reforma laboral, que la CGT-CTA-MTA llamen a la huelga”, no delimita, no es vista como realizable. La mayoría de los trabajadores repudian a los dirigentes sindicales no se sienten representados por ellos Que esta consigna sea el eje no impli­ca, a mi entender, que no vaya acompaña­da por ¡Fuera la burocracia cómplice! ¡Congreso de Trabajadores y de bases! ¡Por una nueva dirección! Esta es la dis­cusión que se abrió en nuestro círculo. De­fiendo la consigna de expulsar a la buro­cracia aun pretendiendo creer que la gen­te está esperanzada en algunas de ellas, pues si fuese así, no estaríamos quebran­do ningún intento de movilización, ya que cada sector se arroga la representatividad del movimiento obrero pretendiendo mos­trarse diferente, una de otras. Por otra parte, el partido quedaría co­mo un referente para la clase trabajado­ra, al saber que estas burocracias debe­rán ir cada vez más lejos en la integra­ción política imperialista con el régimen y que el gobierno de la Alianza, al volver sobre los pasos del menemismo, se expo­ne a un enfrentamiento con los trabaja­dores y la pequeña burguesía. La delimitación política del carácter de clase de este gobierno y sus aliados po­drá restar la ilusión de los sectores pro­gresistas, que creen en la Unidad Nacio­nal, sin percibir los intereses de clase irreconciliables que la componen, y trazar una perspectiva clasista revolucionaria. Además de intervenir en los frentes, el Partido Obrero, ante esta ley, debe tomar la iniciativa de la movilización frente al Congreso; no importa que seamos mino­ría, nuestra posición política siempre gol­pea. Además estaríamos siendo conse­cuentes con nuestro propio planteo. Para que el fruto no caiga en el regazo de otros.

Recientes revelaciones so­bre el accionar de la policía de Los Angeles han provocado una conmoción política en los Estados Unidos y echa luz so­bre el carácter re-podrido de la reforma represiva de Ruckauf- De la Rúa-Rico-Alvarez. Es que se ha podido establecer que “oficiales deshonestos armaron acusaciones a por lo menos 99 personas en los últimos tres años en un vecindario, luego de ‘plantarles drogas o armas, y han llegado a deleitarse dispa­rándole a sospechosos desar­mados”. Este sería, de todos modos, un caso entre miles, pues la investigación sobre la ‘fabricación’ de sospechosos in­volucra a una lista ‘creciente’ de oficiales y recién comienza. “Creemos que, cuando el humo se disipe, pueden estar impli­cados muchos más de 99”, ha declarado la vocera del aboga­do del distrito. Si la policía fa­brica el delito, ¿qué garantía tienen los acusados por ellos, si no es el derecho a la excarcela­ción? Un caso es el de Javier Francisco Ovands, a quien, se­gún confesó un oficial de poli­cía, “él y un compañero le dis­pararon, le plantaron un arma y luego testificaron que Ovands los había amenazado en un asalto armado”. Ovands podría haber quedado postrado en una silla de ruedas de por vida y fue sentenciado a 23 años de prisión sobre la base del testimonio falso por los policías (fue liberado una semana antes de que el escándalo irrumpiera). El mismo testimonio permitió sa­ber de otro ca­so en el que “varios oficia­les le dispara­ron a un jo­ven de 21 años, miem­bro de una banda a quien habían estado persi­guiendo a través de un edificio de departamentos; demoraron la llegada de la ambulancia mien­tras le ‘plantaban’ un arma y armaron la escena para que el tiroteo apareciera justificado”. El hombre, Juan Saldaña, mu­rió horas más tarde. Es el caso emblemático de un procedi­miento en el que la policía jugó todos los roles para los que ha sido dotada en función de una justicia “rápida y expeditiva”: actuó con absoluta impunidad, fabricó las pruebas y los acusa­dos, mató al infeliz que cayó en su mira y entregó ‘caso cerrado’ ante el juez. La policía de Los Angeles está facultada para interrogar a los detenidos, ser parte de la investigación y presentar la acusación respectiva. Se ha constituido como un aparato terrorista que es un Estado ‘le­gal’ dentro del propio Estado. ¿Estamos hablando de la policía de Los Angeles o de la Bonaerense de Ruckauf, Rico y la Alianza? (Las citas son del International Herald Tribune, 14/2)

VOLANTA Mar del Plata PO: ¿Cómo se llegó a esta entrevista? Mamerto: Con la primer veda a fines de 1999, en diciembre, perdimos todo el sala­rio del mes y ya estábamos perdiendo parte del de enero, entonces presentamos un petitorio, en el que exigíamos un sub­sidio de 500 pesos y todo tipo de asisten­cia social. Debido a que se reunía la Mul­tisectorial (patronal fresquera, intenden­cia, centrales sindicales) con el ministro, pedimos intervenir para expresar nues­tra posición. La Multisectorial se opuso a que nos atendieran juntos y eso motivó una reunión por separado. María: Nosotros hace muchos años que venimos peleando contra el trabajo en ne­gro, que en el Puerto de Mar del Plata comprende al 90% de los trabajadores. El sistema de cooperativa de trabajo no es tal, encubre una relación laboral en ne­gro. Ahora, ante el agotamiento del recur­so merluza, que es la materia prima que le da trabajo al 90% del sector, reclama­mos un subsidio hasta que se revierta es­ta situación. Desde diciembre pasado, he­mos confeccionado un padrón de 3.500 trabajadores afectados. Hemos hecho mu­chas movilizaciones e infinidad de reunio­nes; si el Ministerio nos invita a partici­par de esta reunión es porque somos los dirigentes, en cierta forma, de los traba­jadores en negro del sector de la pesca. PO: ¿Qué avances se han dado en la orga­nización de los trabajadores en negro? Mamerto: Estamos luchando para poder organizar a los 3.500 empadronados por cooperativas, que por lo menos tengan un representante o un coordinador. Los acti­vistas pasan constantemente a informar­se, a conseguir materiales para repartir, para convocar a los compañeros; ese es el grado de organización al que hemos llega­do hasta hoy. Una cosa quería marcar: hay una diferencia entre la Multisectorial y nosotros. Ellos piden que se levante la veda, o que sea escalonada o parcial; por ejemplo, plantean que la mitad de los barcos deben pescar 15 días y la otra mi­tad los otros 15. Nosotros estamos en con­tra porque eso significaría que si hoy, que trabajamos en negro y no tenemos la ga­rantía horaria, venimos trabajando unos 7 u 8 días por quincena, con la mitad de eso trabajaríamos 4 días por quincena; es decir que nos matarían de a poco. PO: ¿Qué política tienen el sindicato del pescado, el sindicato marítimo y las cen­trales del movimiento obrero? María: Los gremios marítimos como el Soip y el Somu están a muerte con la po­lítica de la Multisectorial, están en contra de cualquier tipo de subsidio para los tra­bajadores y están respaldando que se si­ga pescando. Gato Nohero, que es el diri­gente del Somu, está diciendo que hay merluza de sobra; está mintiendo porque todos los estudios dicen que esto está prácticamente colapsado o en riesgo de colapso; entonces, para defender a un sec­tor de la patronal, en este caso al sector fresquero, salen a mentir sobre el recurso. A esta gente no le interesa el recurso, no le interesan los trabajadores, solamen­te están apoyando y ayudando a las pa­tronales a que nos sigan explotando y a que terminen de reventar el recurso. La CGT es parte de la Multisectorial y por lo tanto apoya esta política. La CTA no ha dicho esta boca es mía, no se juega contra el gobierno de la Alianza. Una cosa que yo quería agregar es que en el tema organizativo se están afiliando los compañeros masivamente a la Unidad Obrera del Pescado; ya en este caso tene­mos entre 150 y 200 afiliados a la agrupa­ción.

Las excarcelaciones plantea una cri­sis inminente en las cárceles. En la provincia de Buenos Aires hay unos 3.500 reclusos por encima de la capacidad carcelaria y otros 3.500 alojados en comisarías. Con la anulación de las posibili­dades de liberar a los procesados se marcha a una situación de ha­cinamiento feroz en cárceles y lu­gares de detención. En la Argen­tina, la gran mayoría de los en­causados no tiene condena (55%) y una franja significativa de ellos, que podían ser excarcela­dos, engrosará el número de de­tenidos creando una situación de colapso en un lapso de no más de seis meses. Ya antes de la san­ción de esta ley, la situación era de rebelión latente por la super­población y las condiciones de vi­da en los penales. Según un estu­dio, considerando los últimos ca­torce años, 1999 tuvo la “mayor cantidad de motines, disturbios y huelgas de hambre en las cárce­les”. Además, “la superpoblación va del 25 al 40 por ciento, según distintos cálculos” y es más signi­ficativa en la provincia de Bue­nos Aires, donde se concentró la mayor cantidad de rebeliones (Página 12, 17/2). El pacto Ruckauf-De la Rúa somete a los ciudadanos a la Bo­naerense, al encarcelamiento indiscriminado y a la represión aún más feroz en los penales. Lleva a la práctica lo que un año atrás Duhalde definió como el ideal en materia de seguridad pública: “tolerancia cero” y “capacidad económica para encarcelar al 1% de la población” (Clarín, 7/1/99).

La autopartista Fate fue una de las pioneras en meter la flexibilidad y la precarización laborales. Lo hizo con la colaboración de la burocracia aliancista del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático y Afines (Sutna), que dejó caer convenios y condiciones de trabajo, y pasar suspensiones y despidos a gra­nel. El año que pasó, más de 80 compa­ñeros fueron despedidos de Fate, más de 60 en una sola tanda. Junto a los despidos, pasaron más medidas de flexi­bilidad, también aceptadas por el Sut­na. Hoy, a pesar de las desmentidas pa­tronales de que la empresa no emigra­ría a Brasil, Fate importa neumáticos como nunca desde ese país, y decenas de técnicos brasileños trabajan cotidiana­mente en su planta de San Femando. En cualquier momento la patronal le­vantaría vuelo y dejaría un tendal de gente sin trabajo. En Brasil o en la Argentina, a la pa­tronal de Fate nada le alcanzó ni le al­canzará para cerrar su derrumbe, atada Como está a la crisis de la producción automotriz. Pero durante décadas, y to­davía hoy, la patronal embolsó y embol­sa ganancias exorbitantes. Sólo en 1998, Fate facturó 250 millones de dóla­res {Clarín, 18/8/99), una cifra práctica­mente ya alcanzada a agosto de 1999, en medio de la ‘crisis’. Cuando el año pasado amenazó con fugarse a Brasil, la patronal dijo que un obrero argentino le “costaba” 22.000 dó­lares anuales (una cantidad de dinero que jamás vieron los trabajadores de Fate). En todo caso, esto significaría que los alrededor de 1.000 trabajadores de Fate le ‘cuestan’ a la empresa poco más de 22 millones anuales, ¡contra... 250 millones de facturación! Que la ‘crisis’ la pague la patronal de su bolsillo. Basta de despidos y suspensiones. Ocupación de planta en defensa de la fuente laboral. Jornada de ocho horas. Salario igual a la canasta familiar.

Hace poco más de quince días, la Asamblea Nacional Francesa, en medio de un deba­te público sobre las garantías ciudadanas, “votó permitir la apelación de las decisiones del jurado en procesos criminales y fortalecer la presunción de que los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad”. Al mismo tiempo, fueron “agu­damente limitados los poderes de los jueces a cargo de las in­vestigaciones para encarce­lar sospechosos”. Como corolario de la re­percusión provocada por el conocimiento de las condi­ciones horrendas de hacina­miento en la cárcel de La Sante, de París, donde están detenidos muchos acusados con proceso pendiente, la Asamblea también “resolvió que quienes están en custodia pendientes de un juicio, senten­cia o apelación deben ser hospe­dados en celdas individuales. La resolución le da tres años al go­bierno para construir los espa­cios necesarios en la prisión”. En la provincia de Buenos Aires, la ley de seguridad acaba de liquidar el régimen de excarcelaciones de los imputados bajo proceso, somete a éstos a las condiciones de los condenados y coloca la investigación bajo la tutela de la Bonaerense. París y La Plata, sin embargo, no están tan distantes. El debate en Francia tiene uno de sus centros en la “sospecha pública de que los fiscales son menos duros con las personalidades políticas que con los ciudadanos corrientes” y “(se vive) un tiempo de ansiedad pública generalizada por los re­petidos casos de corrupción en los mayores niveles que quedan impunes”. En la ley peronista- aliancista que acaba de aprobar­se en La Plata la dureza tiene una excepción. Entre los delitos no excarcelables no figuran los casos de corrupción cometidos por civiles (sean políticos o no) en perjuicio del Estado, bajo cualquiera de sus formas (la ley sólo incluye a “funcionarios in­volucrados en hechos de corrup­ción contra la administración pública”). (Las citas son del International Herald Tribuno, 14/2).

Cuarenta y dos días de toma de la avícola por los trabajadores dieron sus frutos. El método de permanecer en la calle, ya sea con comunicados de prensa o en colectas en las colas de co­bro, o presentándose en las moviliza­ciones locales con propaganda del conflicto, rompió la trama de aisla­miento y cansancio que intentaron imponer la patronal, la Municipali­dad de San Lorenzo y la burocracia sindical del gremio. Finalmente, se impuso mediante un acta acuerdo, al­gunas condiciones básicas: La empresa y su principal acreedor se responsabilizan de reemplazar en forma inmediata cualquier máquina o elemento embargado, pagando los jor­nales completos de los trabajadores durante el tiempo que demore su lle­gada e instalación. (Cabe aclarar que según el convenio avícola los trabaja­dores sólo cobran las horas trabaja­das en la faena, cuando ésta existe). La empresa “se compromete a extre­mar los recaudos pertinentes para evitar cualquier roce” por los agravios que venían recibiendo los delegados y los trabajadores. Se reinstalarán “los cofres en los vestuarios en un plazo no mayor de diez días”. A voluntad de los trabajadores, la empresa podrá pagar con mercadería hasta un veinte por ciento del salario, a precios mayoristas. La empresa se compromete a abo­nar vacaciones y segunda cuota del aguinaldo "99 (reconociendo las deu­das) y las “condiciones del medio am­biente y de trabajo” (reconociendo los déficits en seguridad laboral e indu­mentarias), y además “convienen que a partir de mediados de marzo del 2000 promoverán discusiones ten­dientes a establecer un mecanismo de garantía horaria”. También cabe destacar la conti­nuidad laboral de todos los compañe­ros; y lo más importante es que gra­cias a la madurez de los delegados electos y naturales y al sentido de or­ganización y solidaridad de todos los compañeros formados al calor de la lucha, torcieron el brazo de la patro­nal y sus socios, logrando la continui­dad laboral y la discusión sobre temas (garantía horaria) que superan el in­fame convenio suscripto por los buró­cratas sindicales. La victoria de los obreros de la avícola Lumbrera-Prarizzi oxigena al Cordón Industrial de San Lorenzo y nos abre una perspectiva al resto de los trabajadores. Con una política y con la lucha decidida, organizada y consecuente, con la metodología pro­pia de los obreros, se le puede torcer el brazo a cualquier patrón privado o estatal.

El 12 de febrero se reunió el Plenario de Trabajadoras de Capital y Gran Buenos Aires, en el sindicato de Molineros, para organizar el acto por el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Con la presencia de compañeras desocupa­das de La Matanza, San Fernando, La Boca, etc., docentes, trabajadoras de la salud, esta­tales, y compañeras de otras organizaciones, se concluyó que la reforma laboral representa un plan de guerra contra los trabajadores. El gobierno de la Alianza, con su pose progresis­ta, pretende llegar adonde Menem no pudo. Para las mujeres es, especialmente, una ley criminal, ya que significa la abolición de los derechos laborales de la mujer. Legaliza, para todas, los recortes que se vienen imponiendo en algunos gremios a las licencias por maternidad, lactancia, familiar enfermo, día femenino, etc. Extiende el perío­do de prueba, permitiendo a los empresarios despedir a una trabajadora embarazada, sin indemnización; o sea que la ley promueve el aborto clandestino... El corte de las vacaciones y la posibilidad de que sean fuera del período estival, junto con el trabajo de los fines de semana y la liquidación de las guarderías, contrapone la nece­sidad de sostener el vínculo con nuestros hijos a la elemental necesidad de supervivencia físi­ca de la familia. Los convenios por empresa, con peores con­diciones que los de todo el gremio, serán mucho peores para los lugares de trabajo donde la ma­yoría de la mano de obra es femenina. Y ni ha­blar de las compañeras que trabajan en Pymes: ellas serán incluso más castigadas. Ya se ha extendido la edad jubilatoria de la mujer en algunos gremios -como en Upen, a 64 años. Y como no está garantizado el trabajo hasta esa edad, por l inmensa desocupación, más mujeres, no cobraremos nunca los haberes jubilatorios. Y como no está garantizado el traba­jo hasta esa edad, por la inmensa desocupa­ción, más mujeres, no cobraremos nunca los haberes jubilatorios. Frente a esto, los dirigentes sindicales que han desalentado la organización y la lucha de los trabajadores contra los derechos usurpa­dos, hoy han tenido que ‘tocar el tema’: inclu­yeron en los afiches sobre la reforma laboral que va contra los derechos de la maternidad. Claro que su alharaca es únicamente para mantener sus intereses: ya nos han ofrendado a cambio de mantener su poder de ‘negocia­ción’. La organización en marcha Las compañeras de Laferrére se han movi­lizado a la Municipalidad y marcharán nueva­mente por el hospital público, contra la auto­gestión; las de San Miguel y Grand Bourg, que han decidido militar en el movimiento de mu­jeres, lograron un programa radial para difun­dir y debatir nuestra problemática, expresan­do que con su autoconvocatoria quieren rever­tir la realidad tan violenta hacia las mujeres. En el último Encuentro de Mujeres, en Bariloche, debatíamos con otras organizaciones que para oponemos a la política oficial debía­mos desarrollar nuestra independencia y or­ganización propia, ya que las alternativas pa­tronales, como la Alianza, tratarían de llevar más a fondo los ataques menemistas, la políti­ca del FMI. Con la represión en Corrientes y la reforma laboral, esto quedó rápidamente demostrado. Para lograr nuestros derechos, es necesaria una sociedad que coloque los intere­ses del trabajo por encima de todo, y no los del lucro. Por los derechos laborales y maternales de la mujer: No a la reforma laboral Convocamos el 8 de marzo al acto de pro­testa y lucha por el Día Internacional de la Mujer, a las 18 horas, en la plaza frente al Congreso. Las mujeres reclamamos por los derechos laborales y maternales: No al período de prueba. Estabilidad total para la mujer embarazada. Plena vigencia de las licencias por materni­dad, lactancia, familiar enfermo y día femeni­no. Jomada máxima de 8 horas. Huelga general, plan de lucha ya. No a la reforma laboral. Asambleas y parita­rias para debatir, con todo el movimiento obre­ro, nuestra situación y la del conjunto de los trabajadores. Por anticoncepción gratuita y la legalización del derecho aborto. Cada una de nosotras será el vínculo con muchas mujeres más, iremos a los sindicatos para que nos pongan micros para marchar contra la reforma laboral el jueves 24 y espe­cialmente para el 8 de marzo.

El escándalo desatado por el descubri­miento de que la democracia cristiana ale­mana (CDU) se ha financiado ilegalmente en los últimos veinte años mediante un es­quema de contribuciones secretas, evasión impositiva, cuentas negras, reciclaje de fon­dos y una extendida corruptela en sus ca­pas dirigentes, ha abierto una crisis políti­ca de fondo en Alemania. Como consecuencia de las denuncias y ‘confesiones’, la CDU -el partido fundador de la República Federal- está en demoli­ción, Han debido renunciar al partido el ex canciller Helmuth Kohl, el ‘padre de la uni­ficación, y su sucesor en la presidencia del partido, Wolfgang Schaeuble. La fuga de votantes y militantes es masiva. Peor toda­vía, el presidente del Parlamento le ha im­puesto al partido una multa de 20 millones de dólares (por evasión impositiva) que amenaza su existencia material. En Alemania, la CDU había encamado el ‘partido del Estadoquizás como ningún otro partido en toda Europa. La CDU era el ‘partido del orden’, creando una verdadera simbiosis entre la burguesía, la burocracia estatal y la dirección política del partido. Es­to explica, digamos de paso, que aun a ries­go de ir a la cárcel Kohl se niegue obstinada­mente a dar los nombres de los donantes se­cretos de fondos a la CDU. Pero lo que constituye la verdadera sal de la crisis política es que, en el momento en que la socialdemocracia debe pasar a ju­gar un papel principal, ella misma se en­cuentra en una crisis apenas disimulada por el derrumbe de la CDU. Esta crisis se manifestó, no hace mucho, en la forzada re­nuncia del ministro de Finanzas, Oskar Lafontaine, en su derrota en las elecciones europeas y en una seguidilla de cinco derrotas en elecciones regionales y provinciales en la propia Alemania. Tan pronunciada era la crisis del gobierno de Schroeder que la di­rección socialdemócrata ya andaba a la bús­queda de un reemplazante “más sólido” {El País, 17/2). Lo que preocupa a la burguesía alema­na -y al imperialismo en su conjunto- es que su régimen político se descompone en el preciso momento en que es más necesario que nunca un ‘gobierno fuerte. La burgue­sía necesita atacar a fondo al movimiento obrero para liquidar la seguridad social e imponerle una severa flexibilización y re­ducción salarial; de esta manera pretende cubrir el agujero dejado por la unificación en las finanzas públicas y, además, finan­ciar el salvataje de los pulpos golpeados por la crisis. Cuando en todo el mundo se creía que la cuestión de la unificación era un episodio cerrado, sus derivaciones emergen para asestarle golpes demoledores al régimen político. La crisis pone en evidencia el acier­to de la caracterización fundamental del PO sobre Alemania: las limitaciones insalva­bles del proceso unificador llevado adelante por la burguesía. En condiciones de declina­ción histórica del capitalismo y de sobrepro­ducción de mercancías y capitales, esa uni­ficación sólo podía tener lugar como una anexión parasitaria y destructora de fuer­zas productivas y de conquistas sociales de las masas. La burguesía alemana ha sido incapaz de llevar este proceso a término porque, además, no ha podido imponerle a los trabajadores del Oeste condiciones de miseria, desocupación y explotación simila­res a las del Este.

El sábado 15 de enero se realizó una mul­titudinaria manifestación de mujeres en Pa­rís. Más de 12.000 compañeras (y también compañeros) ganaron las calles para reclamar la ampliación de los derechos al aborto y otros reclamos. Ese día se cumplía un aniversario de la ley Veuil que -hace cinco años- introdu­jo el derecho al aborto. Pero esta conquista au­toriza a una “interrupción voluntaria del em­barazo” hasta las 10 semanas de gestación. Las manifestantes reclamaban la extensión del plazo. En Francia siguen los abortos clan­destinos después de las 10 semanas con su se­cuela de desgracias para las mujeres. Más de 5.000 mujeres por año viajan a Londres para abortar. A esto se suman otras limitaciones: en las ciudades del interior donde hay pocos mé­dicos, estos pueden negarse a realizar un aborto por “cuestión de conciencia”, con lo cual las jóvenes deben viajar a otras ciudades. La marcha –que revitalizo el movimiento de la mujer en Francia- también incorporo el reclamo de la no discriminación de la mujer inmigrante (para que inmediatamente se les entregue sus papeles de regularización), con­tra la flexibilidad laboral que impone las 35 horas semanales votadas por el gobierno centroizquierdista de Jospin (reducción en el pa­go de horas extras, etc.), por educación sexual en las escuelas, etc. La marcha contó con la participación acti­va de los partidos de izquierda y de organiza­ciones sindicales. Un ejemplo a imitar el próximo 8 de mar­zo -día internacional de movilización de la mujer trabajadora— en la Argentina.

En lo que fue unánimemente califica­do como “el mayor ataque de la historia de Internet” {Financial Times, 12/2), va­rios grupos de ‘piratas informáticos’ {‘hackers’) pusieron fuera de funciona­miento, mediante una acción coordinada, a los más importantes ‘portales’ (ingre­sos) a la red. Las víctimas fueron Yahoo!, e-Bay, Buy.com, Amazon y la CNN, los grandes monopolios que dominan la red y el comercio electrónico. Conclusión: “si algunos de los mayores, más seguros y sofisti­cados ‘sitios’ pueden ser pues­tos fuera de funcionamiento por los ‘hackers’, entonces no existe ningún ‘sitio’ invulne­rable” (ídem). Pero además del ataque a los ‘portales’ -verdaderos ‘su­permercados electrónicos’— los ‘piratas’ robaron los nú­meros de 15.000 tarjetas de crédito. Se afirma que los responsa­bles del ataque serían “román­ticos” o “anarquistas” que repu­dian la monopolización de la red por un puñado de grandes compañías “que han convertido a los usuarios en consumidores” {The New York Times, 12/2). Esto, sin embargo, es poco probable ya que, como explica un especialista en seguridad informática, “son necesarios grupos de individuos o una organización con recursos significativos para montar la clase de ataques vistos en los últimos días” {Financial Times, 10/2). Lo ocurrido con la EuroMTS, el ma­yor sistema electrónico europeo de com­pra-venta de títulos de deuda pública, po­dría ser una pista, pues allí dos bancos asociados ‘bombardearon’ el sistema con propuestas de compras a precios falsos en lo que fue unánimemente califica­do como “el mayor ataque de la historia de Internet” {Financial Times, 12/2), va­rios grupos de ‘piratas informáticos’ {‘hackers’) pusieron fuera de funciona­miento, mediante una acción coordinada, a los más importantes ‘portales’ (ingre­sos) a la red. Las víctimas fueron Yahoo!, e-Bay, Buy.com, Amazon y la CNN, los grandes monopolios que dominan la red y el comercio electrónico. Conclusión: “si algunos de los mayores, más seguros y sofisti­cados ‘sitios’ pueden ser pues­tos fuera de funcionamiento por los ‘hackers’, entonces no existe ningún ‘sitio’ invulne­rable” (ídem). Pero además del ataque a los ‘portales’ -verdaderos ‘su­permercados electrónicos’— los ‘piratas’ robaron los nú­meros de 15.000 tarjetas de crédito. Se afirma que los responsa­bles del ataque serían “román­ticos” o “anarquistas” que repu­dian la monopolización de la red por un puñado de grandes compañías “que han convertido a los usuarios en consumidores” {The New York Times, 12/2). Esto, sin embargo, es poco probable ya que, como explica un especialista en seguridad informática, “son necesarios grupos de individuos o una organización con recursos significativos para montar la clase de ataques vistos en los últimos días” {Financial Times, 10/2). Lo ocurrido con la EuroMTS, el ma­yor sistema electrónico europeo de com­pra-venta de títulos de deuda pública, po­dría ser una pista, pues allí dos bancos asociados ‘bombardearon’ el sistema con propuestas de compras a precios falsos en un aparente intento de poner a la red fue­ra de funcionamiento. “Estos bancos, dice un diario financiero, se comportaron co­mo ‘piratas’..” (ídem, 12/2). Recientemen­te, “el puñado de compañías que dominan los mayores mercados financieros del mundo y que nunca habían soñado cola­borar unas con otras (Merrill Lynch, JP Morgan, etc.) forma­ron un consorcio para protegerse de sus rivales online” (ídem, 16/2). ¿La lucha brutal por merca­dos de billones de dólares no es motivo suficiente para que los bancos “se com­porten como hackers”? Otra hipótesis es que el ataque haya sido obra de los propios pulpos del comer­cio electrónico. Estos grupos reclaman mayores restricciones en el manejo de la red, con lo que estarían en condiciones de imponer una mayor monopolización. Pre­cisamente, la conmoción por el ataque “podría crear el ambiente político en el cual podrían ser impuestas nuevas regu­laciones en nombre de la seguridad infor­mática” (ídem, 12/2). Ya sea un caso u otro, el incidente re­vela la mortal competencia por la mono­polización del comercio electrónico. Tanto o más importante son las con­secuencias, efectivas y potenciales, del ataque. “Alarma de Clinton, terror en Wall Street”, tituló un diario italiano (Corriere della Sera, 10/2). La ‘alarma’ del gobierno norteame­ricano dio lugar a la asignación de “240 millones de dólares para expandir las posibilidades gubernamentales a inter­venir las comunicaciones electrónicas” (The Guardian, reproducido por Página 12, 16/2). Comentando esta informa­ción, el mismo periodista señala que “... habrá algo parecido al complejo militar- industrial. Sólo que esta vez será co­mercio electrónico y gobierno. Es sufi­ciente para que cualquiera se vuelva paranoico” (ídem). El Estado norteame­ricano se valió del incidente para forta­lecer su capacidad de espionaje y para limitar todavía más los dere­chos democráticos. El “pánico” de Wall Street, por su parte, está justificado. “Hay un riesgo aterrador: si el comercio de Inter­net resulta ser vulne­rable a cualquier ván­dalo, los inversores sacarán su dinero y lo pondrán en un lugar más seguro” (ídem). Con esto, terminaría la ‘fiebre’ que ha lle­vado las acciones de Internet a valores es­tratosféricos. Lo que aterra a Wall Street es, justa­mente, que se termine esa ‘fiebre’: la ‘bur­buja Internet’ ha sostenido el ciclo alcista de la Bolsa de Nueva York en los últimos años. Si cae la Bolsa, caen también los bancos, cuyos ingresos provienen crecien­temente de la especulación bursátil (mientras sus negocios bancarios propia­mente dichos retroceden). Con el ataque, los especuladores vieron el borde del abismo. Lucha intermonopólica, fragilidad fi­nanciera, regimentación y represión esta­tal: lo ocurrido alrededor del ataque a los ‘portales’ es una ‘pintura’ de la crisis capi­talista.

El gobierno de la Alianza firmó una Carta de Intención con el FMI, comprome­tiéndose a subir la edad jubi­latoria de la mujer. Se la lle­vará, progresivamente, a los 64 años, en el 2011. Calculan que se lograría un aumento en la recaudación de 750 millo­nes de pesos, aunque la Anses sostiene que a lo sumo alcanzará a 270 millones, de­bido a que en promedio las mujeres se jubilan a los 64 años. Al día siguiente del anun­cio, los diarios publicaron que, por esta medida, se había pro­ducido la primera pelea ‘inter­na’ oficial. Flamarique, Mel­chor Posse, la legisladora del Frepaso María A. González se opusieron, al igual que algu­nos legisladores peronistas. La crisis en el sistema ju bilatorio se debe a las rebajas de los aportes patronales y el empleo en negro. Con respecto al trabajo de la mujer: desde los años ‘60, la fuerza laboral femenina se tri­plicó, mientras que la de los hombres sólo se duplicó. Se­gún los datos de la Secretaría de la Mujer, la jomada laboral de la mujer llega a 80 horas semanales, porque al trabajo se le suma las tareas del ho­gar. Esto pasa en el 60% de los 5,2 millones de mujeres que forman la fuerza laboral (el 40%) de la Argentina. Pero cuando se contabiliza el em­pleo en blanco, de 4,5 millones de trabajadores sólo 1 millón son mujeres. Esto quiere decir que la mayoría de las mujeres que trabaja está en negro. La esclavitud del trabajo doméstico aumenta la explo­tación de las trabajadoras. Por supuesto que se debe reducir la edad jubilatoria, aumentar el período de educa­ción de los jóvenes y anular los regímenes de explotación como las pasantías. Repartir las horas de trabajo y llevar el salario al monto de la canasta familiar, que incluya el costo de las tareas domésticas. Anu­lar el sistema de jubilación privada y llevar las jubilacio­nes al mínimo de 600 pesos y al 82% móvil. La jubilación es un dere­cho de todos los trabajadores, ocupados y desocupados. En este 8 de marzo, Día Interna­cional de la Mujer, nos pro­nunciamos y luchamos por es­te derecho; esa es nuestra Carta de Intención y Acción.

Huelga general, asambleas y piquetes: los braceros inmi­grantes marroquíes de la re­gión de Almería, en el sur de España, dieron una respuesta contundente a las persecucio­nes desatadas por bandas fas­cistas en los últimos días. Y después de tres días de lucha, obtuvieron una victoria total, que hará historia en la enorme masa de trabajadores inmi­grantes de toda Europa. En esa región, 25.000 bra­ceros inmigrantes trabajan en la cosecha de la sandía, el me­lón y el ají. Las condiciones de trabajo son brutales (para ace­lerar la maduración de las plantas, se las cubre con va­rias capas de telas de plástico, con lo cual la temperatura a la cual trabajan los braceros su­pera los 70°). Los salarios son miserables y los despidos frecuentes y arbitrarios. La ma­yoría son ‘ilegales’ que viven en ‘cortijos’, habitaciones mi­serables dentro de las propias explotaciones, donde la única fuente de agua “proviene de los acuíferos que riegan las plantas, repletos de plaguici­das y cada vez más saliniza- dos” {El País, 12/2). En los primeros días de fe­brero, bandas fascistas toma­ron como excusa el asesinato de una joven española para descargar su furia contra los braceros marroquíes. Tres de ellos fueron asesinados, y cien­tos de viviendas y algunas mez­quinas fueron quemadas. Los instigadores de este verdadero ‘progrorrí fueron los propios pa­trones de la fruta. “Los propie­tarios de los invernaderos lo di­cen abiertamente: ‘Habrá un cambio de trabajadores, se traerán de Sudamérica, de Eu­ropa o de donde sea, pero con los moros no hay más que problemas’…” (El Pais, 12/2). El ‘problema’ es, nada más ni nada menos, que el sindicato ATIME (Asociación de Trabajadores Marroquíes en España). Para reemplazarlos, ya traje­ron varios miles de albaneses y emigrantes de la ex Yugoslavia. Con la huelga y los pique­tes, los braceros no sólo reven­taron la persecución de los fas­cistas sino que también para­ron la provocación patronal. No sólo impusieron que el Es­tado se haga cargo de alojar a aquellos inmigrantes que han sufrido daños en sus viviendas e indemnizarlos, la regularización inmediata de los inmigrantes documentados s y la puesta en marcha de progra­mas de viviendas (para los que viven en España) y de alber­gues (para los que van a la co­secha). También impusieron el respeto del convenio del campo para los trabajadores inmi­grantes (sólo regía para los tra­bajadores rurales españoles). El sector más explotado y reprimido de la clase obrera europea ha obtenido una victo­ria enorme contra el racismo y la explotación.

El gobierno del PJ ha lanzado un plan de guerra contra los trabajadores cordo­beses. La ley del “Nuevo Estado”, enviada por De la Sota a la Legislatura provin­cial, asegura al gobierno poderes dictato­riales sobre los empleados públicos. Per­mite reubicarlos “en el ámbito donde re­sulten necesarios”, forzarlos al retiro o la jubilación anticipada o transferirlos a la actividad privada (el Estado se hace car­go del 45% del sueldo). La ley condiciona el pago de los salarios a los agentes pú­blicos a la existencia de fondos presu­puestarios, ya que plantea el “déficit 0”, prohibiendo al gobierno endeudarse para pagar salarios o gastos corrientes. La ley es enteramente privatista. Consagra la privatización de la empresa de energía (Epec), del Banco de la Pro­vincia, de la Lotería provincial y de las rutas provinciales, todas las cuales se harían de acuerdo a las exigencias de los pulpos capitalistas con la entrega del 87% del paquete accionario. El ataque se completa con la privati­zación encubierta del IPAM (la obra so­cial de los empleados provinciales) y el traspaso de la caja de jubilaciones a la Nación, previa eliminación del 82% mó­vil y el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres. Con esta ley, el Estado afirma su pa­pel de subsidiar al capital privado, al que garantiza su introducción en negocios rentables. Pero además la ley plantea un subsidio a la educación y a la salud pri­vadas, golpeadas por la miseria reinante (cayó la matrícula en las escuelas priva­das y aumentó la afluencia a los hospita­les públicos). Presentándolo como un de­recho, el Estado asegura que pagará las matrículas y cuotas en escuelas privadas a los estudiantes que no cuenten con va­cantes en las estatales, así como transfe­rirá pacientes a las clínicas privadas cuando no puedan ser atendidos en los hospitales públicos, renunciando al au­mento de los presupuestos de esas áreas. Córdoba se hunde La ley deja claro que los fondos obte­nidos por las privatizaciones serán desti­nados a hacer frente al endeudamiento provincial con los bancos privados. El go­bierno ya ha planteado que tomará crédi­tos a cuenta de las privatizaciones, lo que le resultará imperioso en el segundo se­mestre, ya que ha concentrado el cobro del impuesto inmobiliario en el primero, quedando prácticamente sin recursos pa­ra después. La concentración de la recau­dación tiene que ver con su caída, como resultado del parate productivo, de la de­saparición de industrias (sobre todo las metalmecánicas) y del empobrecimiento generalizado de la población. La recaudación sólo se sostiene todavía por la recaudación de la moratoria lanzada a fines de 1999. Córdoba depende casi en un 50% de los préstamos de la banca, tie­ne la mitad de la industria paralizada y uno de cada tres trabajadores sin trabajo. De la Sota lo acaba de reconocer am­pliamente en un reportaje al diario Co­mercio y Justicia, defendiendo la privati­zación del juego y la instalación de casi­nos y máquinas tragamonedas para im­pulsar el negocio turístico: la provincia -dijo- debe “cambiar su perfil productivo ante los problemas en la industria”. Esta masacre social y entreguismo sin límites no solucionarán la crisis pro­vincial, más aun, la profundizarán. El único beneficio es para los pulpos que se apoderarán de las empresas que se privatizan por orden de los bancos que ya han hipotecado la provincia. Con esta ley, De la Sota confiesa su impotencia y fra­caso para resolver una crisis de carácter histórico. Crisis política El envío de la ley a la Legislatura abrió una crisis política de gran magni­tud. El gobierno pretendía introducir una serie de normas que le daban mane­jos prácticamente dictatoriales y el con­trol a gusto y piacere de las privatizacio­nes y de los activos provinciales, es decir, la suma del poder público; además, pre­tendía tramitarla en forma urgente, aprovechando su mayoría en diputados y un casi empate (un voto de diferencia) en senadores. Estos puntos motivan la opo­sición de la Alianza a la ley, que pretende un tratamiento “normal”, la discusión del porcentaje a privatizar y el papel de la Legislatura en las privatizaciones. La Alianza adelantó que “lo que no se nego­cia son las normas constitucionales”, lo que desnuda que están dispuestos a ne­gociar el resto, es decir, la masacre de los empleados públicos y el remate de los ac­tivos. La Iglesia se ha manifestado en el mismo sentido, y la representante del Banco Mundial desvalorizó la ley y gol­peó al gobierno al desmentir que ese or­ganismo hubiera realizado la auditoría de la deuda provincial heredada por el PJ. Con el argumento de 3.300 millones de dólares de deuda, De la Sota quería justificar el remate. Lo que la banca im­perialista pretende es un acuerdo políti­co ante la conciencia de la debilidad del gobierno provincial para imponer el pa­quete. Esta pretensión enfrenta a la divi­sión de la Alianza y, particularmente, del radicalismo, que no tiene una ‘cabeza’ pa­ra negociar; Mestre yAngeloz han reapa­recido liderando a las distintas camari­llas. El Frepaso, por su parte, por indica­ción del Chacho Alvarez, es el más procli­ve a un acuerdo. Las organizaciones obreras furgón de cola A pesar de la magnitud de la crisis y la constatación de los objetivos de la Alianza, las direcciones sindicales han fi­jado como estrategia “que la Legislatura” cambie la ley basura de De la Sota. Para ello constituyeron el Foro Opositor con los legisladores de la Alianza y las orga­nizaciones patronales, exigiendo el des­glose del tratamiento de la ley y la elimi­nación del trámite de urgencia. Luz y Fuerza impulsó una campaña de firmas para que se realice una consulta popular para determinar el futuro de Epec, de­jando en manos de los partidos patrona­les lo que los trabajadores no deben dejar más que en las propias. El Partido Obrero lanzó una campa­ña reclamando el retiro de la ley de la Le­gislatura, llamando a los trabajadores, a los delegados y a los sindicatos a recla­mar y convocar a asambleas y plenarios abiertos de delegados y activistas para votar un inmediato paro y movilización y un plan de lucha contra el “nuevo Esta­do” de los banqueros y comisionistas

El miércoles 16 se realizó una mo­vilización desde la Facultad de Cien­cias Sociales a la embajada de Méxi­co, por la libertad de los activistas en­carcelados el día del asalto a la Uni­versidad Nacional de México por las fuerzas represivas mexicanas. Dos de los activistas son estudiantes, su­mando a un tercero, Cristian Castillo, docente de la Facultad y dirigente del PTS. A esta movilización concurrieron alrededor de 300 personas, estando presentes todos los partidos y agrupa­ciones estudiantiles universitarias. Al llegar a la embajada se hizo un acto donde hablaron varios dirigentes estudiantiles; acto seguido se escuchó una grabación donde hablaba uno de los detenidos y se leyó una carta en­viada desde la cárcel por uno de los es­tudiantes, denunciando la violencia ejercida por la policía de Zedillo. Al finalizar este acto se hizo un lla­mado a la solidaridad de todos los sec­tores combativos para arrancar de las cárceles de Zedillo a los compañeros detenidos.

La Unidad Popular definió en su plenario de fin de año que su política frente a las privatizaciones sería el re­clamo de un plebiscito, y comenzó una campaña con ese fin, declarando que su objetivo es la presión sobre los legis­ladores y no impulsar las medidas de acción directa. Conforme con esta polí­tica, fue temprana impulsora del Foro Opositor con los diputados de la Alian­za. Bazán les hizo jurar (sic) que esta vez no habría traición, y Mengarelli, de ATE, fijó como objetivo garantizar que todos los senadores de la Alianza estu­vieran presentes al momento de votar la ley, para aprovechar la supremacía de un legislador sobre el PJ. Con semejante derrotero, la UP se convirtió en el socio izquierdista de la Alianza y ésta dejó en sus manos el im­pulso de la “movilización social” para que se desglose el tratamiento de la ley. Es decir, les asignó el papel de fo­rros. Consecuentes con el acuerdo logra­do, la UP y particularmente su porta­voz, Bazán, abandonaron toda referen­cia a la reforma laboral del gobierno nacional y al impulso del paro del 24, con el objetivo seguramente de no es­pantar a sus socios. Cuando el Partido Obrero planteó que las organizaciones obreras debían romper con los partidos patronales y fi­jar una política independiente, no se refería exclusivamente a los sindica­tos, sino también a los partidos que se reclaman de la clase obrera. Hoy este planteo sigue teniendo total vigencia: que la UP rompa con la Alianza.

El miércoles 16 se realizó una enér­gica movilización de repudio a la re­presión y detención de los compañeros de la Universidad Nacional de México. Unas 300 personas nos movilizamos por las calles de Neuquén. La movili­zación fue convocada por el gremio do­cente, Aten, y por familiares de los compañeros presos argentinos oriun­dos de la región (Cecilia Rossi y Lean­dro R. Lupo, estudiantes de sociología de la UBA). Fue también continuación de la campaña de pintadas, de denun­cias en los medios y la realización de una radio abierta en pleno centro neuquino el viernes 11, que fue un punto de reunión de organizaciones como la Coordinadora de Estudiantes Secun­darios, el Centro de Estudiantes de Be­llas Artes, el Centro de Ciencias de la Educación, la Comisión Interna de Zanon, Aten, CTA, familiares de los com­pañeros detenidos y partidos de iz­quierda.

No a la reforma laboral Frente al proyecto de re­forma laboral impulsado por el gobierno, la comisión interna se pronuncia en contra porque: Extiende el período de prueba, lo que precariza aún más las condiciones de trabajo, y elimina la indem­nización, lo que facilita el despido. Aumenta la jomada labo­ral, sin contemplar el pago de horas extras. Permite el pago en cuo­tas del aguinaldo y el frac­cionamiento de las vaca­ciones. Plantea eliminar la pró­rroga automática de los convenios y coloca al Minis­terio de Trabajo como árbi­tro en caso de no haber acuerdo entre los trabajado­res y las patronales al mo­mento de discutir los nue­vos convenios. Habilita los convenios por empresa, que buscan dividir y debilitar a los tra­bajadores frente a cualquier negociación con las patronales. Pretende derogar estatu­tos especiales, como el del periodista. Este proyecto de ley pro­fundiza la flexibilización y no es una salida a la desocu­pación. Por eso, la comisión interna llama a los trabajadores de la editorial a parar y movilizarse junto con el resto del gremio a Plaza de Mayo el jueves 24 de febre­ro, día de su tratamiento en el Congreso, en defensa de nuestro Estatuto.

En las recientes presidenciales chilenas la derecha puso en vilo a la Concertación, la ‘Alianza centroizquierdista que gobierna en América Latina hace más tiempo. En no­viembre, la Concertación apenas había su­perado a la derecha por 30 mil votos; en el ballotage de enero, Lagos triunfó por 190 mil votos (una diferencia menor al 2%), con una afluencia electoral de sólo 100 mil elec­tores más. No es que el ‘retorno’ de un ‘socialista’ al gobierno, 30 años después de Allende, tra­jera a la burguesía chilena el ‘fantasma’ del desmadre de la Unidad Popular. Ahora —di­jo el escritor Jorge Edwards— “los habitan­tes de los barrios burgueses hacen las vali­jas para... huir a las playas, no para irse del país (como en los ‘70)” (La Nación, 23/1). Ni bien abiertas las urnas, el candidato derechista, Lavín, “se confundió con él (La­gos) en un inesperado abrazo” (ídem, 22/1), mientras la multitud que ‘festejaba’ y recla­maba “Juicio a Pinochet” atacaba a Lagos “con chiflidos, nones y pocos aplausos” por sus evasivas (Veintidós, 20/1). El ascenso derechista tiene su explicación en, el desplazamiento, de los votos democristianos hacia Lavín, del Opus Dei, ante el hecho de que la candidatura de la Concertación le tocó a un masón. Es decir, que este frente sólo ha servido a la derecha y se desintegra ahora a ojos vista. Desde un punto de vista general, el desplome del pre­cio del cobre y otros productos de exporta­ción agrava la miseria de las masas, bajo el gobierno cristiano-socialista: “Chile se hun­de como el Titanic”, dijo Felipe Lamarca, presidente de la Sociedad de Fomento Fa­bril, la ‘UIA trasandina, seis meses atrás. “Próspera hasta hace dos años y modelo ineludible del ajuste exitoso” —señalaba La Nación-, “el ‘país modelo’ (no sólo) está en crisis... está trastabillando y al borde del precipicio” (20/6/99). Incluso sus sectores más ‘pujantes’, co­mo los conglomerados energéticos, cuprífe­ros y forestales, fueron jaqueados, y hasta el famoso sistema de las AFJP, nacido en Chile, estuvo al borde de la quiebra. El salvataje de todos ellos se está haciendo ahora a costa de un endeudamiento sin preceden­tes con el capital extranjero. La Democracia Cristiana había encabe­zado la ‘transición’ post-dietatorial y la Concertación, pero en las ‘internas’ de ésta para designar el candidato presidencial, a fines de mayo pasado, no alcanzó ni el 30% de los votos. Su dirección se quebró virtual­mente y el sector del senador Zaldivar, que dirigía el partido y ahora está en minoría, cuestiona la alianza con el socialismo. El “arresto (de Pinochet en Londres) be­nefició a Lavín”, declaró cínicamente Euge­nio Tiroli, “responsable de imagen” de La­gos (Clfirín, 13/1). La derecha hizo: suya, la demagogia socialista de llevar a Pinochet a los ‘tribunales nacionales. Escondió su marca de origen ¡sin que la Concertación lo denunciara! Lavín, oriundo del pinochetismo, se presentó como un ‘Fujimori’ o ‘apar­tidarlo’. Esta derecha ‘ex pinochetista’ está explotando ahora las crisis de la DC, y apuesta en las elecciones municipales de fi­nes de año a “hacer desaparecer a la DC y quedarse con el centro político” (Clarín, 12/2). Lagos y Lavín coinciden en modificar la constitución pinochetista, o sea desmante­lar el sistema de senadores ‘vitalicios’. Pe­ro, ‘de paso’, se daría lugar a un viejo anhe­lo imperialista: quebrar a la gigantesca Co- delco, el monopolio estatal de la principal industria chilena, la minería del cobre. Por esta vía, se matarían dos pájaros de un ti­ro: se procedería a una mayor colonización económica de Chile y se debilitaría final­mente a la casta militar pinochetista -que nutre su presupuesto, por ley, de los benefi­cios de Codelco. A la luz de la experiencia internacional, no hay que descartar ahora que el PC chi­leno prepare un viraje ‘a la española’ para salvar al centroizquierdismo. Finalmente, junto a la “católica Soledad”, ex ministra de Frei y esposa del actual secretario general de la DC, “la otra salvadora de Lagos -dijo la enviada especial del Corriere della Sera- es Gladys Martin, secretaria y ‘pasionaria’ del Partido Comunista”, que “orgullosa- mente proclama: ‘Lagos me debe la victo­ria’...” (19/1).