Prensa Obrera N° 654

En la semana del 23 al 29 de enero la Unión de Juventudes por el Socialismo realizó, en Miramar, el campamento de verano con la participación de compañeros de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Por la cantidad de jóvenes que participaron, por la concurrencia destacada de nuevos sectores, por la calidad de los cursos y por la actividad colectiva realizada, el campamento se convirtió en el más importante que ha realizado la actual generación que milita y le da vida a la UJS. Hubo una presencia de contingentes numerosos del Gran Buenos Aires, sobre todo de Villa Jardín, Glew, Lomas de Zamora, Moreno y Morón. También fue importante la presencia de compañeros del interior de la provincia, como Mar del Plata, Bahía Blanca y Olavarría. En total, más de 220 jóvenes de diferentes colegios, facultades y barrios. No se puede soslayar la movilización política previa de la UJS para asegurar materialmente el viaje de todos los compañeros. Se realizaron fiestas, festivales, se vendieron rifas y se pidieron aportes para permitir que pudieran concurrir los jóvenes que estaban verdaderamente interesados en el campamento. Debido a la movilización de la UJS se pudo superar, hasta cierto punto, la diferenciación social en la juventud, que es el resultado de la explotación capitalista. Debate político Reforzar la formación política de la juventud combativa es una tarea que consideramos estratégica. Para realizar este objetivo se dictaron dos cursos, uno de nivel inicial sobre el análisis marxista (científico) del Estado, y el segundo dedicado al estudio del proceso revolucionario que tuvo inicio en 1917. En el curso que analizó el Estado como un resultado de las contradicciones que dividen a la sociedad en clases explotadoras y explotadas se destacó, en la última clase, las diferentes estrategias que existen dentro de la izquierda, debido a que una, democratizante, se integra cada vez más al Estado burgués, mientras que la izquierda revolucionaria le opone la estrategia de la dictadura del proletariado. En el curso sobre el proceso revolucionario iniciado por los bolcheviques se analizó las luchas políticas que se libraron en Rusia en el último siglo. Una clase se dedicó integralmente a estudiar los acontecimientos de la Revolución Rusa desde febrero hasta octubre de 1917. Se destacó el papel que jugó la Oposición de Izquierda encabezada por Trotsky en la lucha contra la burocratización del Estado obrero y la política contrarrevolucionaria del stalinismo tanto en el campo nacional como internacional. Se señaló el papel de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. El curso también describió el ascenso obrero luego de la guerra y las posiciones de la IV Internacional. La última clase, que no se pudo realizar por un fuerte temporal, estaba dedicada al proceso que llevó a la caída del Muro de Berlín y sus consecuencias posteriores. En los dos cursos debe destacarse el seguimiento y el estudio realizado por los compañeros y el debate realizado en las comisiones, en las cuales se profundizaron los temas y se discutieron controversias. En el balance final todos coincidieron en que estos cursos son indispensables para darle a la lucha un carácter realmente consciente. Balance El último día se realizó un balance general del campamento en el que todos los responsables de comisión comentaron las conclusiones debatidas entre todos los compañeros. De conjunto debe resaltarse que prácticamente la totalidad de los compañeros que no formaban parte de la UJS decidió incorporarse. De esta manera, el campamento se transformó de una herramienta para la formación política de la juventud en un impulso para la lucha socialista revolucionaria.

El viernes 14 de enero, se realizó en el local del PO del Bajo Flores una charla debate sobre el "Plan de Urbanización" del gobierno aliancista. Concurrieron más de veinte vecinos, en su mayoría de la Villa 1 11 14. Allí se plantearon un conjunto de inquietudes sobre el ‘plan oficial’, que desnudaron su verdadero propósito: expulsar de la ciudad a una porción fundamental de la población de villas e inquilinatos, para dar paso a la acción de las topadoras municipales que abren "nuevas trazas" de calles. Aunque se han prometido viviendas para los vecinos afectados, "si no contás con 800 pesos de ingreso comprobable, no es posible acceder a los planes de vivienda de la Comisión Municipal", señaló una de las compañeras. La alternativa que ofrecen los funcionarios, en ese caso, es el ‘traslado’ a la provincia de Buenos Aires, bien lejos de los lugares de trabajo o estudio. En la reunión se expuso también la situación de los extranjeros sin condición legal para acceder a prestámos, y de los inquilinos, quienes ni siquiera son censados por los funcionarios. Un dato resume el plan oficial: sobre cinco mil familias de la Villa, el "programa de urbanización" contempla la construcción o remodelación de solamente... 700 viviendas En la reunión se aprobó un programa para debatir con los delegados de la Villa y el conjunto de sus vecinos: ningún desalojo, vivienda para todos, facilidades para ocupados, desocupados, inquilinos e inmigrantes, con préstamos que no excedan el 10% del ingreso del jefe de familia. Plan de obras públicas y vivienda sobre los terrenos no ocupados de la zona, asegurando vivienda para todos.

Prohibir los despidos Repartir las horas de trabajo sin disminuir los salarios Jornada de 8 hs Salario mínimo de $ 600 Re-entrenamiento laboral a cargo de los patrones Control obrero de las condiciones de trabajo Convenciones colectivas por industrias y paritarios elegidos en asamblea No a las pasantías

lguna vez tendremos que hacer las cuentas sobre la cantidad de gente del conurbano que se atiende en los hospitales del distrito". La frase podría pertenecer a Aldo Rico, en su recordado incidente en el hospital de San Miguel. Pero no: son declaraciones del mismísimo Ibarra, recogidas por la TV a la salida del hospital Pirovano. ‘El presupuesto de Capital, para la población de Capital’, es uno de los principales slogans de campaña de Ibarra, Beliz y Cavallo. Un planteo ‘localista’ de claro contenido antiobrero, ya que es la población trabajadora del conurbano la que concurre a las escuelas y hospitales públicos porteños. Pero no es simplemente la campaña electoral la que ha instalado el debate sobre el presupuesto de la ciudad: las cifras recientemente difundidas de déficits provinciales muestran a la ‘rica’ Capital encabezando el ránking de las deudas provinciales. Beliz ha reclamado "una rediscusión a fondo con la Nación sobre... los índices de coparticipación" (Clarín, 19/1), mientras Ibarra le echa la culpa a los bonaerenses. Pero toda esta demagogia prepara, en realidad, un golpe sobre los trabajadores de la ciudad. Beliz propone "una reingeniería de todo el gasto público" (ídem), un término empleado universalmente para anunciar despidos masivos, en este caso de trabajadores municipales. Pero los partidarios de dejar los recursos de Capital en Capital son, naturalmente, también partidarios de una descentralización al interior de la ciudad: "si bien la ciudad es una unidad -señala la frepasista Liliana Chiernajowsky- no son iguales las necesidades de barrios como Mataderos o Villa Soldati, o de zonas de Núñez o Palermo" (Clarín, 4/2). En las comunas propuestas por la Chiernajowsky, los vecinos debatirían "las prioridades presupuestarias". Es decir que se apunta a una autarquía financiera que reservará la base impositiva de la gran propiedad para ‘sus’ comunas, mientras se desfinancia la infraestructura de salud y educación de la población trabajadora de la ciudad.

Las siete u ocho mil personas que concurrieron a Ferro convocadas por el MTA dan una pauta del aparato de algunos gremios del movimiento obrero, pero no de una voluntad de su dirección de defender los derechos de los explotados. El acto en sí duró 40 minutos, con lectura de documento incluida, y la intervención más larga no fue la de Palacios o Moyano sino la de Farinello, con "bendición de manos trabajadoras" incluida, y la cristiana aclaración de "que no estamos en contra de ningún gobierno sino por la vida". Esta "conmemoración del sexto aniversario de lucha" del MTA sirvió al anuncio de la designación de Moyano como secretario general de la CGT, a partir del 15 de marzo. La designación surgió de un acuerdo entre los Cavalieri, West Ocampo, Lescano y José Rodríguez, o sea de un pacto con la mafia menemista. En este cuadro hay que colocar el llamado de Moyano a "organizar las delegaciones regionales y subdelegaciones regionales" provincia por provincia para "volver a la CGT federal". Corrientes, Salta, Tierra del Fuego, Neuquén y todas las provincias del país son un polvorín frente al plan de despidos masivos de De la Rúa, pero de esto Moyano no dijo una palabra. El ataque verbal de Moyano a la reforma laboral, "para que los trabajadores no paguen los errores de los políticos", no pudo disimular que no habrá paro "contra una ley de la democracia". Moyano y Palacios debutan, entonces, completando la entregada de la reforma anterior y respondiendo a un movimiento de conjunto de la burocracia de integración al gobierno. Moyano no dijo una palabra del período de prueba de hasta un año ni atacó los convenios por empresa. Caracterizó que tratan de "aprovecharse de las necesidades de algunos delegados y comisiones internas", delatando que el objetivo del MTA es ser parte firmante de los convenios por empresa. El documento leído, como la intervención de Palacios (apenas escuchada debido a una gresca entre los propios camioneros), tuvieron un eje excluyente: la devaluación monetaria, que Moyano en el discurso esmeriló como ‘consensuada’ y ‘ordenada’. Para Palacios, los "precios relativos no tienen nada que ver con la reforma laboral" y el documento denuncia que "flexibilizan para no flexibilizar la paridad fija". Esta burocracia quiere la doble flexibilización. Palacios y Moyano son mosqueteros del ‘grupo productivo’ de la UIA y Confederaciones Rurales, que además de la reforma laboral piden ‘políticas activas’ (o sea subsidios) para compensar el derrumbe del Mercosur. La ‘sorpresa’ que manifestó Moyano por el giro fondomonetarista de esa ‘izquierda ilustrada’ y ‘progresista’ cuyos "diputados alentaban nuestras marchas", en referencia a la Alianza y el Frepaso, es una impostura que habla de la catástrofe política de este MTA, porque éste fue artífice de la Alianza y hoy le deja pasar todo el paquetazo de ataque a las masas que constituyen la reforma laboral, los tarifazos e impuestazos, los cierres de fábrica, los despidos masivos en la administración pública y la flexibilidad docente.

Faplac es una de las fábricas plásticas más negreras del país. Hace aproximadamente ocho años surgió una comisión interna combativa, encabezada por el compañero Omar Aybar, que puso límites a la voracidad patronal. La patronal pretendió sacarse de encima a la comisión interna. Armó una causa trucha contra Omar y le inició un juicio de desafuero. Con el compañero en la calle, dio luz verde al sindicato para que convocara a elecciones de interna. El compañero se presentó, desde afuera, y arrasó con más del 70 por ciento de los votos, contra la lista de la burocracia. La patronal desconoció a la nueva comisión interna electa y montó una campaña de terror contra los trabajadores y contra los delegados. Hace aproximadamente un año y medio, en ocasión de nuevas elecciones de interna, armó un fraude descarado en directa relación con la burocracia del sindicato plástico. Después de años, la patronal de Faplac sintió que ‘respiraba’. Echó a ambos delegados, a los principales activistas, impuso condiciones de flexibilidad brutales y trasladó la empresa casi por completo a Zárate. A fines del año pasado, se realizaron elecciones generales, de seccionales y nacionales en el gremio plástico. La burocracia las pudo realizar sin mayores dificultades en todas las plantas del Gran Buenos Aires, menos en una... Faplac. Cuando pretendió ingresar a planta para realizar las elecciones, una vez más, fraudulentas, los obreros los echaron literalmente a patadas de la fábrica, les impidieron hacer las elecciones y los obligaron a irse con el rabo entre las piernas, con sus oídos llenos de insultos, como verdaderos traidores que son. Más tarde o más temprano, los trabajadores de Faplac también ajustarán cuentas con la patronal negrera. ¡Bravo, compañeros de Faplac!

La Asociación de Abogados Laboralistas se ha pronunciado críticamente en contra del Proyecto de Reforma laboral enviado por el PEN al Congreso Nacional, porque mediante una nueva disminución de los derechos de los trabajadores, de dudosa constitucionalidad, se acentúa la distribución regresiva del ingreso de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Cuestionamos que, con el repetido e inexacto pretexto de disminuir el desempleo y el trabajo informal, se amplíe el período de prueba, que rige desde 1995. De aprobarse esta ampliación sólo se fomentará la precariedad laboral y las prácticas fraudulentas, en desmedro del trabajo estable. El proyecto también manifiesta un claro objetivo de privar a los trabajadores de los derechos adquiridos establecidos en los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes y fomenta la disponibilidad convencional de los derechos tutelados en la Ley de Contrato de Trabajo, imponiendo una negociación desventajosa para el sector trabajo, agravada por el alto desempleo estructural. Se fomenta la prevalencia del Convenio Colectivo de ámbito menor, que es donde se acentúa la debilidad negocial del sector obrero, sin proponer el fortalecimiento de la democracia sindical, al no preverse la realización de asambleas obligatorias para aprobar los Convenios. Absurdamente, se permite que el CCT de actividad pueda determinar el desenganche de una empresa sobre dicho CCT con la mera excusa de "cuando lo requiera la situación económica de la empresa", lo que no favorece la transparencia del mercado y promueve acuerdos espurios. Se violenta la autonomía negocial al imponer arbitrajes obligatorios y privados, sin la intervención de la Justicia. Las reformas peyorativas profundizan la legislación desprotectora dictada en la "década menemista", legislación flexibilizadora que no impidió el aumento del desempleo y acentuó la precariedad, la inseguridad laboral y la reducción de ingresos, por lo que no cabe insistir con esta filosofía que ha quedado deslegitimada por la realidad. No consideramos auspicioso el rumbo iniciado por el nuevo gobierno en materia laboral.

La campaña tratando de crear incertidumbre sobre la situación de AA -que se cierra, que está en quiebra, que se van los americanos, que vuelven los españoles, que se hace cargo el Estado- ha mostrado su verdadero propósito. Iberia ha colocado la rebaja salarial como la medida fundamental para el rescate de una empresa que españoles y americanos se han encargado de endeudar. Esto ha despertado una importante conciencia en los trabajadores, incentivada porque los dirigentes sindicales de los cuatro gremios han mostrado su vocación de traición ante cada conflicto: dejaron pasar la privatización, la modificación de las condiciones laborales, muertes de compañeros, accidentes aéreos provocados por la "disminución de costos". Se produjeron enfrentamientos dentro de las propias conducciones gremiales (mecánicos) y maniobras para deshacerse de los dirigentes díscolos, disminuyendo la cantidad de delegados de base y promoviendo elecciones truchas. Los trabajadores, por su parte, han iniciado acciones de denuncia de estas maniobras ante el Ministerio de Trabajo y de defensa de los contratados, y crearon un verdadero tejido de solidaridad entre los mecánicos y los delegados más combativos. Se abren las condiciones para un agrupamiento que supere a los dirigentes sindicales burocráticos y encare la organización y lucha contra la rebaja salarial y por la defensa de las conquistas laborales.

La burocracia sindical está negociando a diestra y siniestra la reforma laboral para que sea aprobada con todas sus claúsulas antiobreras a cambio de limar los artículos que podrían limitar el poder de la burocracia en la firma de los convenios colectivos. El nombramiento de Hugo Moyano al frente de la CGT responde por entero a esta estrategia, y bajo ningún modo significa un cambio de postura de la burocracia a favor de un enfrentamiento con el gobierno. Sólo si esa negociación fracasara, Moyano se haría el ‘duro’, pero siempre para negociar el restablecimiento de las prebendas para la burocracia. "Si sale por medio de una ley no vamos a hacer paros. Otra cosa es si se aprueba por decreto", dijo Moyano (Clarín, 5/2). Con esto, el burócrata del MTA adelantó que acepta los cambios que la Alianza y el PJ acuerden en el Congreso. La prueba de que están negociando sobre la base de un proyecto furiosamente antiobrero es que las distintas burocracias le presentaron modificaciones. Ninguna exigió que el proyecto fuese retirado del Congreso por su condición de superexplotador y enemigo de los derechos obreros más elementales. ¿Qué es lo que quiere consensuar la burocracia? ¿Que no se aumente el período de prueba? No. Ya están de acuerdo en subirlo de 30 días a 3 meses. La diputada Alicia Castro, del MTA, presentó reformas al proyecto oficial que plantean que "el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entiende celebrado a prueba durante los primeros tres meses". Pero en la ley de 1998, de Erman González, el período de prueba se había reducido de tres meses a un mes. Alicia Castro propone ahora que vuelva a ser de tres meses, pero no plantea anular la rebaja de las indemnizaciones que se otorgó a las patronales a cambio de aquella reducción. ¿Plantean acaso anular la disposición que dice que en las pequeñas empresas deben celebrarse convenios nacionales o locales con "condiciones de trabajo y empleo" especiales distintos del de la rama o actividad? No. Tanto el proyecto de Alicia Castro como el del burócrata Alfredo Atanasoff y el de la CTA defienden ese artículo del proyecto de De la Rúa que consagra la legislación menemista de imponerle a los trabajadores de las pequeñas empresas horarios de trabajo y ritmos de producción más explotadores. Ni la CGT, ni el MTA, ni la CTA plantean en sus proyectos la derogación del capítulo laboral de la ley Pyme que permite fraccionar las vacaciones o pagar en tres veces el aguinaldo. ¿Plantean acaso que no haya convenios de empresas, con claúsulas inferiores a los convenios de actividad? No. Tanto la CGT como el MTA y la CTA están de acuerdo En lugar de penalizar a los bancos que les prestan a las pequeñas empresas a tasas usurarias, se suman al coro capitalista para que la superexplotación de los trabajadores de las Pymes permita que la pequeña patronal pueda cumplir con el pago de esas tasas usurarias. Lo que separa a la burocracia del proyecto que tiene el respaldo del FMI y de la gran patronal es prácticamente un solo artículo. Es el referido a quién negocia y firma los convenios. El proyecto oficial dice que lo firma el sindicato con personería gremial reconocida en el ámbito de negociación. Esto significa que si se firma un convenio regional, lo firmaría el sindicato de esa región, sin necesidad de la intervención de la Federación. Por ese motivo, a través de Atanasoff, la burocracia presentó una modificación sumamente reveladora que dice: "vigente un convenio de ámbito mayor, un ulterior convenio de ámbito menor prevalece sobre aquél, a condición de que en su concertación participe la representación signataria del convenio de ámbito mayor". Como se ve, la burocracia está de acuerdo con que un convenio de empresa o regional pueda pactar condiciones laborales, salariales y de cualquier tipo inferiores al convenio de rama o actividad, algo que ha hecho hasta el cansancio en los centenares de convenios por empresas que firmó durante el gobierno de Menem. Ahora lo que reclama es seguir haciéndolo y no quedar marginada de las prebendas que van de la mano de estas fabulosas entregadas. Toda la ‘pelea’ de la burocracia en torno a la reforma laboral pasa por este punto: que haya una "articulación" entre los firmantes de los distintos convenios (o sea para ella misma) y no una articulación de lo que se puede firmar. El PO llama a los trabajadores, a los delegados y a los sindicatos a ponerse ya mismo en marcha. Impulsemos en todos lados una marcha y el paro general contra esta reforma patronal fondomonetarista. El PO plantea: Anulación del período de prueba. Derogación de toda la legislación antiobrera menemista. Convenios únicos por industria. Que ningún convenio regional o por empresa pueda ser inferior al de la actividad o a las leyes laborales. Por convenios firmados por paritarios elegidos en asambleas, sobre la base de proyectos elaborados por los trabajadores. El Partido Obrero plantea Anulación del período de prueba. Derogación de toda la legislación antiobrera menemista. Convenios únicos por industria. Que ningún convenio regional o por empresa pueda ser inferior al de la actividad o a las leyes laborales. Por convenios firmados por paritarios elegidos en asambleas, sobre la base de proyectos elaborados por los trabajadores.

Las dos importantes luchas de los trabajadores de TBA contra el atraso de los pagos, en especial la del 24 de diciembre, la mayor desde que está la concesión, nos sirven para sacar algunas conclusiones: Las luchas y los cortes de vías salieron de ‘abajo’. El proceso de reorganización de los ferroviarios de TBA (ex Ferrocarril Mitre) es un hecho, a partir de la existencia de varias agrupaciones que a nivel de base y sin un programa claro le disputan la dirección a los actuales burócratas (Unión Ferroviaria, Fraternidad, Señaleros). Los ferroviarios, unidos por la base, podemos torcerle el brazo a la empresa. No podemos confiar en ningún momento en Pedraza, Maturano y Epelbaum, ya que traicionaron a los ferroviarios por sus acuerdos con la empresa. La crisis por la que atraviesa TBA como producto de sus inversiones en Brasil (subte), de la compra de colectivos con el subsidio del Estado, de los sobreprecios pagados a los contratistas, etc., plantea a los trabajadores la tarea de elaborar un programa claro que unifique a las distintas agrupaciones. Las trampas de los burócratas y TBA engañan cada vez menos a los trabajadores. 1) Que la empresa vuelva al Estado, controlada por una comisión de ferroviarios democráticamente elegida en asamblea. 2) Coordinación entre ferroviarios y usuarios (consejos vecinales, defensa del usuario, comisiones de discapacitados) para controlar la frecuencia del servicio, comodidad, rebaja del boleto, seguridad. 3) ¡Basta de polivalencia y flexibilización! Por la vuelta a los convenios anteriores a TBA. 4) Por la unión de las agrupaciones de base de los distintos gremios. 5) Fuera los burócratas divisionistas, fuera TBA.

La deuda provincial está fuera de control. Ahora es llevada a 2.000 millones de pesos, con la emisión de bonos (Cecacor), por un monto de 400 millones. Mestre ha pagado con estos bonos el 30% de los salarios adeudados, proporción que subirá al 50% en el próximo pago. Los supermercados ya han comenzado a pagar a sus trabajadores en la misma forma. Corrientes va a una inundación de bonos, que no servirán para el pago de bienes y servicios externos a la provincia, lo que lleva a prever una desvalorización, con la consiguiente caída salarial. El arco político provincial -también la Iglesia- está metiendo los pies en el plato y Mestre hace todos los esfuerzos por integrarlo, nombrando a los intendentes municipales como sus "comisionados" en cada una de las comunas intervenidas y disolviendo los consejos deliberantes. Esto último, sumado a la crisis que se produce por la destitución de los jueces, no deja de producir cimbronazos. Los despidos continúan en la municipalidad y la provincia, y ya se anticipó la intención de despedir y rebajar los sueldos en varios sectores; los despedidos siguen esperando los planes Trabajar que fueron anunciados por Fernández Meijide. Esta situación llevó a la ruptura de la comisión mixta que se había establecido entre el sindicato municipal y la intervención. Despidos y ocupación del Ioscor La ocupación por los trabajadores del Instituto de Obra Social de Corrientes en respuesta a los 198 despidos (ver reportaje) está expresando que el cuadro político provincial sigue dominado por la irrupción de los trabajadores iniciada en mayo, y que hay enormes reservas entre los explotados correntinos; en cada lucha surgen nuevos activistas. La preocupación política central de los explotadores y la intervención es cómo quebrar el movimiento para tener las manos libres para un ataque en gran escala. Han resuelto priorizar el pago de salarios a los docentes y adelantar el comienzo de clases al 14 de febrero, retrasando el pago a otros sectores, como los jubilados. Pretenden con esto apaciguar a los maestros, corazón del movimiento de lucha, para desarticularlo. Por un Congreso de Trabajadores, por una salida obrera a la crisis La intervención y los partidos capitalistas procuran acordar una estrategia para que el pueblo pague el estropicio que ellos generaron. En cambio, los trabajadores carecen de una estrategia propia frente a la crisis, y de una dirección centralizada. Este es el talón de Aquiles de una clase obrera que ha demostrado de sobra su potencial de lucha y su peso en la sociedad. Para superar este escollo, hay que terminar con la dispersión de las luchas y sobre todo establecer un programa de los explotados frente a la crisis provincial; hay que impulsar un Congreso de bases en la provincia, reclamando a los sindicatos, a la CGT y a la CTA que rompan con la intervención y se sumen a la organización del mismo. Las organizaciones autoconvocadas deben pronunciarse y ser factores activos de la iniciativa, ganando a los cuerpos de delegados y a los trabajadores de los organismos y empresas al planteo. Esto ayuda a desenmascarar las vacilaciones o entregadas de la burocracia, a forjar agrupaciones combativas donde no las haya y a fortalecer a las existentes.

El lunes 24 de enero murió el compañero Luis Ferreyra (25 años), producto de un criminal ‘accidente’, tras una seguidilla de éstos (365 entre junio del ‘96 a junio del ‘98 con pérdidas de dedos y manos). Los ‘accidentes’ se acrecentaron cuando la fábrica producía a ‘full’ y en su mayoría afectó a compañeros contratados ("contratos basura", de tres meses). Los supervisores ordenaron a Ferreyra cambiar las chapas del techo del galpón de 12 metros de altura, sin ningún tipo de elemento de seguridad, ni arnés, ni soga donde sujetarse, ni siquiera un tablón donde pisar. Las chapas de fibrocemento deterioradas por el tiempo cedieron y provocaron la violenta caída del compañero. La indignación de los compañeros es total. Se suspendieron las tareas el mismo lunes y el día martes se dedicó a discusiones y asambleas. Se obligó a la patronal a cumplir con algunos reclamos: Adoptar medidas de seguridad en forma preventiva. Emplear un enfermero en tiempo completo. Constituir un comité de seguridad, con la participación de los trabajadores. Estos reclamos obtenidos son el puntapié inicial de toda una gran tarea en la cual los trabajadores tenemos que meter mano hasta el fondo y revertir esta situación brutal de inseguridad, donde la vida de los trabajadores no representa nada para las patronales.

PO: ¿Cuál es la situación en el Ioscor? GR: Hoy la realidad en Corrientes es caótica, porque una vez más el empleado público, el correntino, siente la bofetada del gobierno de turno; hoy por hoy la gente del gobierno radical, en su momento la gente del PANU. Se está realizando un ajuste salvaje y despidos a mansalva de todo el personal. En una provincia donde no hay salida laboral, donde no hay fábricas, no hay productividad, se dejan cesanteados a 20 mil ó 18 mil correntinos, lo que representa, multiplicados por la carga familiar, dejar a 100 mil personas totalmente descubiertas. El poder ejecutivo les está dando 200 pesos mensuales sin obra social, con un hospital que ahora está desmantelado; se ha echado del hospital pediátrico al 70% de la gente, y acá se ha echado al 50%. Estamos presionando y aparentemente tenemos promesas de que hasta el 31 de marzo tenemos estabilidad laboral. Nosotros queremos que la estabilidad sea permanente, y que si se tiene que echar a alguien que sea con los debidos sumarios e investigaciones pertinentes. Porque el correntino o el empleado público no es responsable del desfalco de la obra social y de la provincia. Con el agravante de que hoy por hoy (no se cuáles serán los motivos, no los dijo el interventor) no se hicieron los aportes; se pagó noviembre, se pagó diciembre, un aguinaldo atrasado del año ‘98, se pagó el aguinaldo de diciembre del ‘99 y se pagaron los sueldos atrasados de los docentes para que empiecen las clases, pero los aportes todavía no llegaron. PO: ¿Cuáles son los pasos a seguir? GR: Nosotros hicimos un paro total de actividades llegada una promesa del interventor (que la realizó después por escrito), de que teníamos tres meses de estabilidad, y no la aceptamos. Se tomó la metodología de retención de trabajo, tres horas de paro por jornada, o sea tres horas por la mañana y tres horas por la tarde, hasta el martes, cuando se emplaza a que se nos dé una solución definitiva. A partir del martes se empezaría a aumentar una hora por turno hasta llegar al día lunes con un paro total de actividades y marcha y movilizaciones. Estamos en este momento en asamblea permanente, y tenemos gracias a dios los avales y el apoyo de Amet y de otros gremios, como ATE, Upcn y la CTA. Y estamos en pie de lucha: como estuvimos en su momento el año pasado, volveremos este año otra vez. PO: ¿Cómo ves la posibilidad de que haya un Congreso de todos los trabajadores de Corrientes para que discutan una salida para la provincia? GR: Me parece perfecto, y llamo a la unión completa de todos los estamentos laborales, de todas las reparticiones, porque no sólo los empleados públicos sufren las consecuencias, yo como médico también, y el comerciante, porque se paraliza y se corta una cadena importante de pagos. La provincia está fundida y la deuda que van a dejar estas personas sin duda va a ser mayor, con el agravante de todos los juicios por los malos despidos que se están haciendo.

Mientras las direcciones de Upcn y ATE siguen de vacaciones, en apenas 60 días el gobierno de De la Rúa armó una ofensiva sobre los empleados públicos de igual o mayor calibre que la de Menem. • Rodolfo Terragno reglamentó el sistema de retiros voluntarios, una medida que golpea a 90.000 compañeros. El sistema comenzará a regir a mediados de año, lapso para que los jefes y directores presionen a los empleados ‘indeseables’ a anotarse. • Los que estén próximos a jubilarse no podrán anotarse porque se los jubilará forzosamente. • El proyecto de Emergencia Fiscal permite dar de baja a los empleados públicos permanentes o contratados durante 1999 y "autoriza al Gobierno a reubicar al personal público". • Ese mismo proyecto ordena al Estado a que en las negociaciones con los sindicatos del sector público revise "las condiciones laborales en sus aspectos jurídicos, operativos y salariales de cada uno de los regímenes de empleo pertinentes". También ordena que no se admitan ‘enganches’ salariales o aumentos automáticos de sueldos, que se actualicen las modalidades y las jornadas de trabajo y se compatibilicen los regímenes de licencia y ausentismo, "con parámetros de productividad razonable" (Clarín, 13/1). "Esto significa -agrega Clarín- que se podrían disponer rebajas salariales, alargar o cambiar la jornada de trabajo, reducir los días de licencias o congelar los escalafones". • En todas las provincias se pusieron en marcha ajustes que prevén el despido de empleados públicos. El gobierno nacional ya dijo que sólo refinanciará las deudas provinciales si se efectúan achiques en las administraciones. • En Corrientes ya despidieron a miles de empleados públicos. En Mendoza, "con el voto coincidente de legisladores aliancistas y peronistas, la Legislatura aprobó un paquete de leyes de emergencia que... contempla la movilidad del personal público" (La Nación, 15/1). ¿Hace falta algo más para que Upcn y ATE convoquen a una asamblea general? ¿Hace falta algo más para elaborar un plan de movilización?

PO: ¿Cuál es la situación de los municipales a partir de la intervención? A: La situación cambió mucho. Tuvimos una audiencia forzada (que no fue con el interventor); la comisión directiva se reunió con esta gente y prácticamente nos habían dicho que los contratados (que ahora están reincorporados) quedaban afuera, que no tenían pensado pagar nada, que no tenían sueldo de noviembre, ya que los contaban como 4.500 obreros desocupados. El sindicato, por supuesto, hace la parte que le corresponde, le reclama. Ellos pensaban que teniendo el dinero para pagar a planta permanente nosotros íbamos a quedarnos quietos, y no fue así. Nosotros les rogamos, porque esas fueron las palabras del nuestro secretario general, que por lo menos hagan un ‘adelanto’ , que no es adelanto porque es sueldo atrasado, es una parte del sueldo atrasado. Nos contestan que no tenían forma. Por supuesto, tenés que ir al dueño del circo, porque hasta ahora parece que es un circo. Vamos a hablar con Mestre, que vino a hacer lo que le mandaron; a él no le importa Corrientes ni los correntinos, es así. Ellos a los municipales no los toman como empleados públicos, siendo que la municipalidad está intervenida por la provincia y que, lógicamente, si vienen a asistir económicamente a la provincia tienen que asistir económicamente a la municipalidad. Entonces dicen que tienen 200 mil pesos de coparticipación y que eso lo van a pasar para nuestros compañeros. Eso se traduce en cien pesos correspondientes a noviembre, y hace poquito pagaron la parte que faltaba. Después, todo esto se tradujo en la marcha del otro día, aunque por ineptitud de la CTA se hicieron dos marchas separadas. Fijate vos que hay cierta maduración en la gente que participa, porque somos 65 mil los afectados pero no había 65 mil personas en la marcha. Esto le da pie a la intervención a meter mano, pero si nosotros permitimos que ellos sigan accionando y nos borramos de la lucha, eso es un pie para que sigan. PO: ¿Y la situación de los contratados? A: Vuelven a estar contratados. Los contratos de tránsito fueron todos recontratados y el sindicato va a pelear por que se les reconozca la antigüedad. Otros fueron pasados a programa.

Todavía no se habían apagado los ecos mediáticos relacionados con el levantamiento de la Carpa ni las exclamaciones de júbilo de Maffei sosteniendo que este gobierno era ‘diferente’, cuando éste anunció una andanada de medidas: 1) Un nuevo régimen de evaluación, por medio del cual los docentes comenzarán a cobrar discriminadamente en función de su supuesto rendimiento. 2) Los estudiantes de carreras terciarias y universitarias serán evaluados antes de recibirse: un filtro limitacionista largamente acariciado en gestiones anteriores. 3) Una ley de ‘solidaridad intergeneracional’ para que los graduados de la Universidad ‘devuelvan’ los recursos que ésta dice que invirtió en ellos, los que se destinarían a becas para alumnos de menores recursos (es decir, una suerte de arancelamiento cuyo pago se difiere en el tiempo). Estas medidas están en sintonía con las ‘recomendaciones’ llevadas al gabinete por el Banco Mundial. Para colmo, el gobierno acaba de anunciar que el incentivo se pagará en cuotas. Ni hablar de lo que pasará en el futuro con este incentivo, cuando el gobierno se desgarra las vestiduras sobre la magnitud del déficit fiscal (aunque sigue pagando puntualmente los compromisos de la deuda externa) y cuando, a ojos vista, las grandes empresas se niegan a pagar el impuesto. El fracaso de la política de Ctera no podría ser mayor. No hizo falta más que un suspiro para comprobar que el levantamiento de la Carpa ha sido un crimen contra la docencia. Luego de esta experiencia, no puede caber duda de que Llach no es un cuerpo extraño dentro del gabinete aliancista, ni un ministro ‘contra natura’, encaramado accidentalmente por esos juegos e ironías de la historia, que iría a contramano de los planteamientos y programa que enarbola la centroizquierda. El propio Chacho Alvarez ha hecho punta en la cruzada para liquidar el Estatuto del Docente y reemplazarlo por el salario por mérito, que no es más que una forma elegante de consagrar el salario a destajo y la precarización. La política de aliancistas y frepasistas coincide estratégicamente con Llach. En este contexto, cobra aun más importancia el pronunciamiento emitido por el Plenario de Delegados de La Matanza a fines del año pasado, que plantea una tajante denuncia de la política del gobierno aliancista, impugna el levantamiento de la Carpa y llama a profundizar la lucha por el salario y en defensa del Estatuto. Este pronunciamiento constituye una base de principios en torno a la cual debería impulsarse la exigencia de un plan de lucha y la convocatoria de un Congreso de bases, con delegados elegidos y mandatados en asamblea para organizarlo.

La policía correntina tiene en su prontuario una importante nomina de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores provinciales. A esta nómina se le ha sumado la desaparición del joven Juan Carlos Sánchez. Sánchez fue detenido y alojado en la División Delitos y Leyes especiales, y desde entonces no se lo vio más. Todas las sospechas recaen sobre los nueve policías que intervinieron en el operativo, que han sido exonerados y, algunos, detenidos. Se supone que el joven fue muerto a trompadas y se ocultó su cuerpo; nadie espera encontrarlo ya con vida. Ahora la intervención realiza una depuración que no es más que un lavado de cara a una de las policías más ‘bravas’ e involucrada en atropellos y asesinatos de la juventud y los trabajadores. Todavía no se esclarece ninguno de los quince asesinatos en que se sabe intervinieron miembros de la fuerza. No se esclarece el asesinato de Gustavo Gómez, cuyo caso dio lugar a las marchas de todos los martes. No se manda a la cárcel a los responsables de la represión y las muertes en la toma del puente. El Partido Obrero plantea: Investigación de los asesinatos por comisiones elegidas por la población. Juicio, cárcel y perpetua a los asesinos de la juventud y los trabajadores.

El ministro de Educación, Juan Llach, quiere que "las pasantías pasen a formar parte del plan de estudios" y que se extiendan "al polimodal" (BAE, 7/1). "Si estas prácticas no se incorporan a los planes de estudio, las pasantías seguirán siendo un tema de decisión individual", dijo el secretario de Educación Superior, Juan Carlos Gottifredi. Es decir que la pasantía se convierte en obligatoria (formará parte del plan de estudios) y nutrirá de mano de obra cautiva y gratuita a los grandes capitalistas. Haciendo eco a las críticas de los grandes patrones, Llach plantea modificar la última ley de pasantías universitarias, que redujo su duración a un año y hasta 4 horas diarias. Posiblemente se mantengan algunas de estas restricciones, pero adaptadas a las necesidades patronales. Por ejemplo, las pasantías podrían ser de 8 ó 9 horas diarias, con semanas rotativas para cada pasante. Para aprobar las materias será necesario haber hecho una pasantía. Las grandes patronales podrían ir rotando de pasantes, en jornadas de trabajo normales, asegurándose una oferta ilimitada de estudiantes polimodales y de universitarios que trabajarían obligatoriamente a cambio del pago de algunos viáticos. El Partido Obrero plantea: Impuesto al capital para financiar las pasantías. Pasantías formativas con el pago de un salario similar al del trabajador de esa actividad y demás beneficios sociales (jubilación, salario familiar) a cargo de la empresa y del Fondo de pasantías.

Con nueve meses de atraso en los salarios municipales, con cifras récord de desocupación en un departamento que otrora fuera un nudo ferroviario con dos mil trabajadores, localización de la cementera Minetti y del quebrado Ingenio San Isidro, Güemes fue el escenario de un nuevo corte de ruta. Los municipales, los despedidos del ingenio y la Comisión de Desocupados encabezaron el corte, al que se fueron sumando espontáneamente grupos de jóvenes de los barrios, que ya en el segundo día sumaban varios centenares. La intendencia de Cabanna (denunciada reiteradamente por toda clase de desfalcos contra el municipio) adoptó una política de ajuste ante la crisis fiscal y prepara el despido de la mitad de los trabajadores. En otros municipios, como el de Quebrachal, los trabajadores están en olla popular por falta de pago, situación que es similar en unos 25 municipios del interior. Está latente la crisis en Tartagal, en donde se ha prorrogado apenas por un mes la vigencia de los 2.000 planes que debe pagar la provincia. Represión y detenciones En la madrugada del miércoles 26, cuando se iban a cumplir 48 horas del corte de la ruta 34, centenares de policías desalojaron la ruta golpeando duramente a los compañeros. Persiguieron y detuvieron a gente lejos de la ruta, incautaron los autos de los sindicatos y hasta detuvieron en su domicilio, sin orden de allanamiento, al periodista Bajarano, de una FM local que informaba ampliamente acerca de lo que ocurría. En total, 48 compañeros fueron detenidos, incluyendo mujeres, niños y hasta un discapacitado. El pueblo de Güemes respondió con dos marchas multitudinarias de repudio, y los detenidos fueron liberados en la noche del jueves. Se los ha procesado en la Justicia Federal por interrumpir el tránsito en una ruta nacional. En la capital salteña, el Partido Obrero realizó piquetes para exigir la libertad de los compañeros e informar a la población sobre lo que ocurría en Güemes (hechos completamente ignorados por el único diario local, de propiedad de Romero). Por una lucha de conjunto La declaración distribuida por el PO planteó la exigencia a las organizaciones sindicales de la convocatoria a un paro provincial contra la represión y, además, el llamado a un Congreso de Trabajadores que permita a las organizaciones y luchadores que en distintos puntos de la provincia enfrentan al gobierno, discutir un plan de lucha común y un programa de los trabajadores contra el ajuste de Romero.

La explotación y el negrerismo no tienen límite para el PJ y la Alianza. ¡De qué forma manipulan las necesidades del pueblo trabajador! Plan "Proyecto Joven". Depende de los Ministerios de Trabajo y Educación y es llevado a cabo por concejales de la Alianza-UCR y funcionarios municipales. Ejemplo: curso de cocina que se desarrollará en la escuela Media 1 "Lisandro de la Torre", Los Polvorines, Malvinas Argentinas. Será de dos meses de teoría en la escuela y dos meses en alguna empresa (pasantía). Pero reciben cuatro pesos por día para el viaje durante los cuatro meses. Esta ‘salida laboral’, como la llaman, es un desangre para el trabajador/a, donde claramente es explotado y entregado a las empresas como mano de obra ‘gratis’. Según sus propios ejecutores, para ingresar al plan hay que tener menos de 35 años de edad y ser muy pobre, o sea tener carnet de tal y vivir en condiciones miserables. Por supuesto, a estos partidos patronales y a los capitalistas no les interesa el estado de explotación en que se encuentran los trabajadores. Ellos usan las armas que siempre usaron, la desocupación, la discriminación y la miseria total a la que día a día somos expuestos. Por eso, compañeros, los trabajadores tenemos que organizarnos para presentar batalla. Formemos comisiones de desocupados ya. Tenemos la urgencia de un programa reivindicativo, que se ponga en marcha con el control de los propios trabajadores y que consista en obras públicas, como asfaltos, agua potable, cloacas y entubamiento de arroyos, planes de viviendas construidas por desocupados para uso de los propios trabajadores. Comencemos en todos los distritos, formando movimientos de desocupados y dándole una perspectiva independiente y de clase a la lucha del pueblo trabajador.

PO: ¿Cómo se llega a esta situación? RD: Por falta de respuestas del gobierno, y también de los dirigentes gremiales en el caso del ferrocarril. Hubo muchos engaños, el parque industrial nunca se hizo, el ferrocarril prácticamente desapareció, hace años Minetti mudó su fábrica, el ingenio San Isidro quebró... La población crece pero desaparecen casi todas las fuentes de trabajo. Los chicos salen de la escuela técnica y sólo pueden ir a trabajar de remiseros o en la municipalidad, no hay otro horizonte. PO: ¿Cómo ves la actuación del gobierno provincial? RD: En este municipio roba todo el mundo... Desde hace años venimos denunciando al intendente y a los funcionarios. El gobernador nos abandonó totalmente. Los funcionarios viven como ricos y nadie interviene. PO: ¿Qué pasa con el conflicto de ahora en más, luego de la represión del martes? RD: La lucha va a seguir porque no hay respuesta a nuestros reclamos; nosotros queremos 5.000 planes Trabajar como salida de emergencia. Un punto clave es reclamar la intervención del municipio, porque la poca plata que llega se la roban. PO: Se están dando grandes luchas en la provincia: en Tartagal, ahora en Güemes y en otros municipios. ¿Cómo ves la propuesta de organizar un Congreso de Trabajadores en Salta para discutir un plan de lucha común? RD: Lo veo muy positivo para aunar criterios y aumentar la fuerza; ya que está claro que el gobierno del PJ no tiene nada que ver con la Justicia Social, tenemos que discutir nuestra salida. Además, creo que hay que organizar mejor a los desocupados, incluso sacando personería, para que cuando lleguen subsidios o propuestas de trabajo los manejemos nosotros y no los políticos. Queremos que la obra pública tome mano de obra local

Bajo el peso del derrumbe económico y el odio popular, el gobierno de Mahuad se caía solo apenas 17 meses después de haber asumido. En un intento desesperado por obtener el respaldo de la burguesía ecuatoriana y, sobre todo, del imperialismo norteamericano, Mahuad anunció la ‘dolarización’ de la economía y un plan de privatizaciones y reforma laboral. Esto desató un levantamiento popular, con huelgas, ocupaciones, manifestaciones, cortes de ruta y choques con la policía y el ejército. Y aunque "los mercados lo apoyaron" y "desde el principio los empresarios de Quito y Guayaquil se alinearon a favor del esquema monetario, no estuvieron presentes a la hora de defender a Mahuad" (Clarín, 23/1). El papel fundamental en el levantamiento contra Mahuad lo jugaron las organizaciones indígenas. Paralizaron todo el país con movilizaciones y cortes de ruta a pesar de la represión y de los "llamados de dirigentes empresarios a exterminar a los indígenas" (Pulsar, Ecuador, 19/1). Decenas de miles marchaban hacia Quito "sorprendiendo por su fuerza y táctica" (ídem). Un resumen de una radio ecuatoriana informa: "Miles de policías y militares apostados en todas las entradas de Quito están desconcertados por la llegada de 10.000 campesinos en protesta a esta ciudad. ‘Los indígenas bajaron de las montañas y han tomado Quito de manera sorprendente’. Lo que ocurre es que los indígenas y campesinos distrajeron la represión de los uniformados mientras el grueso de sus compañeros se internaba en caminos de montaña hasta ingresar a Quito" (ídem). La movilización indígena empalmó con manifestaciones y huelgas docentes y estudiantiles, y con una gran huelga petrolera. La llegada de los indígenas a Quito precipitó la crisis política. Bastaron dos días de movilizaciones populares en la capital para que el gobierno cayera como una fruta madura. Un sector de la oficialidad, afirmando apoyar al movimiento campesino, en realidad se valió de él para promoverse al poder. Así nació la ‘Junta de Salvación Nacional’, encabezada por el coronel Lucio Gutiérrez e integrada por Antonio Vargas, el líder de la Conaie, y un ex juez de la Corte Suprema. En su primera intervención como miembro de la Junta, Vargas dijo que "queremos invitar a los empresarios de buena fe, a los honrados, a los banqueros honrados para que participen de este gobierno. Lo único que queremos es que de hoy en adelante no se le robe al país. Basta de robos. Queremos un Ecuador sin ladrones" (Pulsar, 21/1). Esta ‘Junta’ tuvo una vida efímera. Rápidamente, entre amenazas de sanciones y "un aislamiento peor que el de Cuba" (Clarín, 24/1), el Departamento de Estado norteamericano armó un frente entre el alto mando y todas las fracciones del gran capital ecuatoriano para deshacerse de los indígenas y su ‘Junta’. Los norteamericanos, y el coro de gobiernos latinoamericanos que les son adictos, calificaron este segundo cuartelazo como ‘un triunfo de la legalidad’. Los indígenas, derrotados, se retiraron a sus pueblos y el movimiento huelguístico refluyó. Una salida transitoria y precaria El gobierno de Noboa es un rehén de los militares y del imperialismo norteamericano. La ‘dolarización’ es una imposición del FMI y del Banco Mundial, primero a Mahuad y luego a Noboa. Su primera consecuencia, al restringir severamente el dinero en circulación, será agravar la recesión y el desempleo, que hoy alcanzan récords históricos. "Noboa tendrá que comenzar un programa de privatizaciones enérgicas" (The Wall Street Journal, 24/1). "Desde la electricidad a los bancos", se relame el argentino Guillermo Calvo, asesor del FMI (Página/12, 20/1). Y para imponer todo este paquetazo, agrega el mismo Calvo, "hay que hacer la reforma laboral". El gobierno de Noboa está en mejores condiciones que sus antecesores para llevar adelante este programa. ¿Pero, por cuánto tiempo? La burguesía ecuatoriana está profundamente dividida, lo mismo que el ejército, y el movimiento popular no ha sido derrotado a fondo. Por todo esto, la prensa califica al nuevo gobierno como "precario" (Clarín, 27/1). El imperialismo y los explotadores ecuatorianos han obtenido una victoria, importante pero transitoria. La cuestión de la independencia de clase Los sucesos de Ecuador han reiterado la vigencia y la explosividad de la cuestión agraria latinoamericana. Pero también han puesto en evidencia las limitaciones y debilidades del movimiento campesino. Su dirección buscó, desde el vamos, un acuerdo con los militares y sectores de la burguesía. Su planteo fue la formación de un cogobierno con el ejército y la Iglesia (Página 12, 22/1). Al no conseguir que ésta nombrara a uno de sus hombres en la ‘Junta’, incluyeron a un ex miembro de la Corte Suprema. Toda una declaración de principios de respeto al Estado y a la legalidad burguesa. Las direcciones oficiales del movimiento obrero y de la izquierda -centroizquierdistas, frentepopulistas, maoístas- respaldaron esta política. En el mismo momento en que los militares posaban como ‘amigos del pueblo’ y ‘protectores de los indígenas’, "unos 300 militares ingresaron a la refinería petrolera de Esmeralda para exigir que los trabajadores reiniciaran sus labores. La toma militar de la refinería provocó la reacción de los trabajadores que amenazaron con abandonar la planta si los militares continúan en su interior" (Pulsar, 20/1). La principal conclusión de los sucesos de Ecuador es que la ‘unidad de los opositores’, la confianza en los militares y empresarios ‘patrióticos’ y en la Iglesia, es decir, la ausencia de independencia política de los explotados, es el camino de la derrota. Aun para movimientos de masas tan profundos y combativos como el que se ha desarrollado en Ecuador.

De no haber mediado la ‘dura’ sentencia del tribunal, el juicio por el asesinato de Cabezas probablemente habría terminado en un escándalo nacional. Acusadores y acusados se ciñeron a un libreto que dejaba de lado los ‘puntos oscuros’ de la investigación de la ‘bonaerense’ y de la instrucción. Esto buscaba evitar la ‘politización’ del caso, como habría ocurrido si se citaba a declarar a sus grandes protagonistas: Menem, Duhalde, Cavallo, Kohan, Corach y la mayoría de los directivos del grupo Exxel, reciclados del yabranismo. Por esto se impuso un giro a la hora de fallar, con la finalidad de garantizar lo fundamental: evitar que se investigue a los ejércitos ‘privados’ de los grandes capitalistas y a la poderosa maquinaria de la ‘bonaerense’, y -no menos importante- evitar una mayor devaluación de la vapuleada institución ‘judicial’. Un democratizante como el ex-ministro Arslanian, con vasta experiencia en estas lides, lo dijo sin medias tintas: se trata de un "punto final" al caso (La Nación, 3/2). Es decir, se ha salvado a las verdaderas mafias, a cambio de la prisión de unos ‘pinches’, desahuciados por sus mandantes.

En la madrugada del último domingo, un malón de 2.500 policías tomó por asalto las instalaciones de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), la mayor de América Latina. La UNAM estaba ocupada por sus estudiantes y en huelga desde hace casi diez meses en defensa de la educación pública y contra su privatización. La irrupción policial fue ordenada por el presidente Zedillo y respaldada por la jefatura del Distrito Federal, en manos del opositor y centroizquierdista PRD de Cuahutemoc Cárdenas. Hay mil estudiantes detenidos. La huelga comenzó en abril de 1999, votada por 100.000 estudiantes reunidos en asambleas, para luchar contra el aumento de los aranceles universitarios de 20 centavos de dólar a 120 dólares, dispuesto por el gobierno. Como producto de la movilización, los aranceles fueron ‘reducidos’ a 65 dólares, una cifra todavía impagable para un hijo de la clase trabajadora. Por eso la huelga siguió. Se sostuvo durante estos nueve meses en asambleas masivas y en un Comité General de Huelga (CGH), formado por delegados de facultad elegidos en asamblea, revocables y rotativos. En diciembre fue designado un nuevo rector de la UNAM. Organizó un plebiscito trucho y regimentado para demostrar el ‘aislamiento’ de los huelguistas. Según la revista mexicana Proceso, este plebiscito fue ideado y controlado por el Ministerio del Interior, en otra violación oficial de la autonomía universitaria. El nuevo rector, además, organizó bandas de rompehuelgas -militantes del oficialista PRI y del opositor y centroizquierdista PRD- para ‘quebrar desde abajo’ la huelga. También movilizó a un sector de la docencia y a la intelectualidad universitaria de centroizquierda contra los estudiantes. Todo esto fracasó. Más todavía, a fines de enero la CGH organizó una marcha de más de 25.000 estudiantes. Los estudiantes derrotaban las maniobras políticas. Por eso vino la represión. La violencia policial desató una vasta ola de repudio popular al gobierno. En la misma noche del domingo, más de 20.000 personas marcharon por las calles de la capital para reclamar la inmediata liberación de los estudiantes detenidos. La lucha por la liberación de los detenidos es una bandera del movimiento estudiantil y popular de toda América Latina. El combate contra la privatización de la educación tiene una escala continental.

Con motivo del tercer aniversario del asesinato de Cabezas, la comisión interna de la Editorial Perfil convocó a un acto en la puerta de la empresa, el martes 25 de enero. Fue el único acto realizado en la Capital y contó con la presencia de más de 200 trabajadores del gremio de prensa y la adhesión de las comisiones internas de Télam, Página 12, el Popular, El Cronista y Crónica, y también de los delegados gráficos de Quebecor, ex Perfil. Durante los días previos, la comisión interna realizó una intensa actividad de denuncia de la conspiración tramada alrededor del juicio, que tuvo un importante eco en distintos medios, y que se puso en evidencia en el propio acto, que fue cubierto por los principales medios de prensa. En el cierre del acto, Rubén Schofrin, en nombre de la interna, rechazó aceptar verdades a medias. Convocó a sumarse al planteo de la familia Cabezas de reabrir la causa y de luchar por el juicio y el castigo a los autores materiales, intelectuales y políticos del crimen. La Utpba, que decidió hacer un acto simbólico en la cava de Pinamar y sumarse a la misa convocada por la familia de Cabezas en Dolores, saboteó abiertamente la actividad organizada por la interna: en su comunicado público se negó a incluir el acto en Perfil entre las actividades convocadas ese día. Este sabotaje tiene que ver con que para la dirección sindical ‘aliancista’, el juicio ha sido un ‘golpe’ contra la impunidad y la etapa de movilizaciones no debe continuar. Pero la experiencia del caso Carrasco II indica que, sacada la lucha del terreno de la movilización, los casos mueren en el olvido.

A mediados de enero, el ex presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, hizo un pronunciamiento francamente extraordinario, al declararse contrario a la ampliación de la Unión Europea hacia los países de Europa del este y Turquía. Para Delors, una Europa de 27 ó 32 naciones sería sencillamente ingobernable. Como alternativa propuso crear con ellas un "espacio económico" en base a acuerdos específicos y tratados de libre comercio. Al mismo tiempo, planteó una "profundización" de la integración política de los actuales integrantes de la UE en un régimen federal. Europa sin rumbo El diario Le Monde, que recogió las declaraciones de Delors, no demoró en destacar la esencia del planteamiento. En su espacio editorial afirmó que la ampliación de la UE afectaría la capacidad de ésta para transformarse en una potencia política internacional, es decir, para hacer frente a la competencia de Estados Unidos y Japón. Para Delors, como para Le Monde, el planteo federal sirve para conservar la autonomía política del estado francés frente a su poderoso rival alemán. El italiano Romano Prodi, actual presidente de la UE, ya adelantó su oposición a la propuesta de Delors y su preferencia por un sistema de votación especial dentro de la UE, que garantice la primacía política de los estados más poderosos. Los franceses quieren conservar también los subsidios, algo que sería inviable con la incorporación de los países agrícolas del este. "Prodi sabe -dice el italiano La Repubblica- que el alargamiento de Europa hará surgir conflictos internos nuevos y furibundos. La divergencia económica entre nosotros y los países del este es explosiva. Tomemos Polonia, que por motivos históricos es la primera candidata a ingresar. Integrar a Varsovia manteniendo el mecanismo de la política agrícola comunitaria produciría efectos devastadores: el campesino polaco pasaría a ganar un 30% más que el ingreso medio de sus conciudadanos. Y Polonia tiene muchos más agricultores que Alemania...". El pronunciamiento de Delors, cuando la incorporación de varios países de Europa central y del Báltico se encuentra a la orden del día, constituye un marco apropiado para ubicar la crisis política desatada por el ingreso al gobierno de Austria del partido neo-fascista de Haider. Porque, en definitiva, a los gobiernos imperialistas que se han pronunciado contra Haider les importa un rábano el fascismo, y menos aun cuando el programa del nuevo gobierno austríaco prevé una ola de privatizaciones, una fuerte reducción de gastos sociales y una acentuada flexibilización laboral. Lo que les preocupa es el síntoma de desintegración de la UE del cambio político en Austria. Al final, el neofascista Haider y el cristiano-socialista Delors coinciden en oponerse a la ampliación de la UE. El Vaticano El "barullo" ocasionado por las condenas a Haider ha ocultado el respaldo que ha recibido el nuevo gobierno de Austria por parte de partidos tan importantes como el social-cristiano de Baviera, que está integrado a la democracia alemana de Kohl; o por el RPF, una escisión mayoritaria del partido del presidente Chirac. Edmund Stolber, el presidente del partido bávaro, ha sido reiteradamente señalado como el artífice de la decisión de los conservadores austríacos de formar una coalición con Haider. También se ha disimulado la posición ‘neutralista’ de la prensa financiera británica y la de la propia democracia cristiana de Alemania, o la simpatía apenas velada del Polo italiano de Berlusconi. "Si los austríacos lo quieren en el gobierno, dice The Economist (5/2), los de afuera no deben oponerse". Tampoco ha quedado registrada la falta de pronunciamiento de los republicanos norteamericanos, en especial cuando, en plena etapa electoral, aprovechan cualquier hecho para atacar al gobierno demócrata. A la luz de esto es claro que la crisis austríaca responde en sus lineamientos generales a una crisis europea e incluso internacional. Lo más significativo es, con todo, el silencio del Vaticano, lo que equivale a un sostenimiento de la nueva coalición austríaca. El hecho es tanto o más significativo cuanto que el Vaticano, junto con Alemania y Austria, promovieron hace casi diez años el desmembramiento de Yugoslavia, con la finalidad de poner bajo su zona de influencia a Eslovenia y a Croacia. La perspectiva que plantea un gobierno conservador-fascista en Austria es precisamente ésta: la de promover, como alternativa a la crisis de la UE (o incluso en el seno de ésta) un bloque europeo bajo la dirección del capital alemán, que abarcaría a una parte de los Balcanes, al Báltico, a Ucrania y a Hungría. Existe una tendencia política fuerte entre los restauracionistas de estos países a favorecer un bloque de la "Mittel-europa" bajo la dirección de Alemania; por eso tampoco en estos países hubo pronunciamientos desfavorables a Haider. Este designio es suficiente para explicar la oposición del gobierno de Clinton al nuevo gobierno austríaco, como en su momento se opuso, inicialmente, a la división de la república yugoslava. Al mismo tiempo, estos acontecimientos han puesto al desnudo la ambivalencia del gobierno restauracionista ruso, que no se ha pronunciado contra el neofascismo austríaco, porque no vería con malos ojos una crisis europea que le permitiera discutir una alianza especial con Alemania. El centroizquierda todavía es útil Los acontecimientos austríacos demuestran por qué la mayoría del imperialismo mundial sigue prefiriendo a los gobiernos centroizquierdistas. Lo que parece una presión del imperialismo contra Haider, es una presión sobre el Partido Socialista austríaco para que se avenga a una coalición con los conservadores (e incluso con Haider) sobre la base del programa de ajuste que acaba de acordar la coalición derechista. En Austria, la socialdemocracia y los conservadores ya habían logrado un acuerdo programático neo-liberal que habría fracasado por la oposición de los sindicatos. Los que se oponen al gobierno con Haider no repugnarían, en estas condiciones, ver de nuevo en el gobierno a la coalición ‘rojo-negra’ aplicando un programa anti-obrero. El propio Haider se declaró hace algunos meses dispuesto a integrar una triple coalición, o sea ¡también con los socialistas! La crisis austríaca ha puesto al desnudo el mito de la unidad europea, que tanto dan como irreversible los izquierdistas de Europa, incluídos muchos trotskistas que abogan por una "Europa democrática", o sea burguesa y por lo tanto imperialista. Tambien ha dejado a la intemperie la especie de la fortaleza del capitalismo mundial y de sus proyectos hegemónicos. La sociedad capitalista marcha hacia una gran confrontación interimperialista por la dominación mundial, o sea por la sobrevivencia. Lo que importa es que la clase obrera no sea alinee detrás de los slogans nacionalistas de sus respectivas burguesías sino que desarrolle su unidad política internacional para acabar con la barbarie capitalista.

El 25 de enero la UJS realizó en Miramar un gran acto, al cumplirse 3 años del asesinato de Cabezas en Pinamar. La UJS ya había realizado hace 3 años, en el mismo lugar, un acto a pocos días del asesinato de Cabezas, y ya habíamos señalado que el régimen social actual era incapaz de investigar el caso hasta el final, porque no podía investigarse a sí mismo. El acto reunió a varios centenares de personas. Hablaron los compañeros Maracho, de la UJS de Hurlingham, Gabriel Solano y Eduardo Salas. Los compañeros denunciaron que el juicio que se estaba realizando en Dolores era trucho ya que se había indultado al poder político de toda responsabilidad en el asesinato de Cabezas y en su posterior encubrimiento. La Alianza quería terminar rápido con el juicio, como lo hizo con la Carpa Blanca, para evitar que una verdadera investigación profundice una crisis política. Al terminar el acto, en el cual se vendieron previamente, en la agitación, 250 ejemplares de La Caldera, se realizó una movilización por la peatonal que despertó la simpatía de los presentes y fundamentalmente de los trabajadores de los comercios, que salían a aplaudir y a corear nuestras consignas.

La Conferencia Socialista Balcánica Anti-Otan, que se ha realizado exitosamente en Atenas, Grecia, entre el 22 y el 23 de enero del 2000 y que concluyó con un gran acto público en la Universidad Politécnica el 24 de enero, constituye un importante paso adelante para el internacionalismo proletario y para un frente clasista contra el imperialismo y la agresión de la Otan. La realización de esta Conferencia fue una iniciativa del Partido Revolucionario de los Trabajadores (EEK) de Grecia y de la Liga Marxista de Trabajadores de Turquía. Participaron delegados de 19 organizaciones obreras y de izquierda de ocho países diferentes: De Turquía, la Liga Marxista de Trabajadores; De Yugoslavia, un miembro de la Unión Yugoslava de Periodistas; De Rumania, Resistencia Comunista, la Asociación Antifascista Rumana y el Partido Socialista del Trabajo (PSM. uno de los tres partidos comunistas de Rumania); De Albania, la Unión de Trabajadores Albaneses; De Grecia, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (EEK), la Corriente Nueva Izquierda (NAR), la Juventud Comunista de Liberación, el Reagrupamiento de Izquierda (Aristeri Anasyntaxi), el Grupo de Izquierda Social, la Organización Comunista Autónoma (AOK) de la ciudad de Serres (todos estos grupos son escisiones del Partido Comunista); Ergatiki Pali (Organización de Comunistas Internacionalistas de Grecia / Lucha Obrera, un grupo de simpatizantes del Secretariado Unificado), Ergatiki Exousia (Poder Obrero, un grupo pro-LIT); De Rusia, el Partido Ruso de los Comunistas, la Organización Regional de Leningrado, la Unión de Internacionlistas de Izquierda, la Asociación Internacional de estudiantes en por la Democracia y el Socialismo; De Kurdistán, el Partido de Liberación del Kurdistán (Rizgari); De la Argentina, el Partido Obrero. Además de estas organizaciones y partidos, la Conferencia Balcánica recibió mensajes de apoyo y saludos: de la Asociación Marxista Revolucionaria ‘Proposta’ (Italia), del Partido de los Trabajadores (Uruguay), de Osvaldo Coggiola, presidente del Sindicato de Profesores de la Universidad de San Pablo, Brasil y miembro del Comité Nacional del Partido Obrero de Argentina, del representante de los trabajadores inmigrantes búlgaros en Grecia, de la Unión para la Emancipación de los Trabajadores de Rumania, del Secretario General del Partido Ruso de los Comunistas, organización regional de Leningrado, E. A. Kolzov. Hubo un muy rico e intenso debate de dos días de duración, donde los delegados de la mayoría de las organizaciones presentes tomaron la palabra y contribuyeron a la profundización de la comprensión común de las tareas históricas que enfrenta la clase obrera en los Balcanes e internacionalmente. Finalmente, se tomó por abrumadora mayoría la resolución de establecer un Comité Internacional de Trabajadores contra la Otan para conducir y coordinar campañas internacionales contra las intervenciones imperialistas, así como también la de fundar el Centro Socialista Balcánico "Christian Rakovsky", para promover actividades internacionalistas comunes en la región, conferencias, seminarios, actos, producir publicaciones, un web site con novedades y análisis de los desarrollos regionales e internacionales, un boletín especial, etc. Nadie votó contra estas propuestas, sólo algunos grupos dijeron que primero debían consultar a sus respectivas organizaciones para dar una respuesta definitiva. El Consejo del Centro Christian Rakovsky ya ha sido formado. La Conferencia tomó resoluciones condenando la proyectada liberación del carnicero Pinochet, así como también en defensa de la lucha de liberación kurda por el derecho a su autodeterminación y por la liberación de Ocalan. Se decidió que la Segunda Conferencia Socialista Balcánica se realizará a fines de año o a comienzos del próximo, para balancear el trabajo realizado y desarrollarlo. Todos los participantes fueron invitados a la Conferencia Internacional que tendrá lugar en Buenos Aires a fines de la primavera (boreal) del 2000, para discutir la necesidad de una Internacional Revolucionaria de los Trabajadores, promovida por la iniciativa internacional por la inmediata refundación de la IV Internacional. El 24 de enero, un vigoroso acto con la participación de 250 personas se realizó en la Universidad Politécnica para presentar los resultados de la conferencia, en el aniversario de la muerte de Lenin, la fecha para la realización de las celebraciones "Lenin,Luxemburg,Liebknecht" en el primer período revolucionario de la Internacional Comunista. Fue una real celebración para el internacionalismo donde albaneses junto con serbios, griegos con turcos, turcos con kurdos, internacionalistas que vinieron de todos lados, desde Leningrado a Buenos Aires, en una tremenda atmósfera de solidaridad y hermandad revolucionarias, hablaron de la lucha común contra el imperialismo, para derrocar al capitalismo mundial y establecer una sociedad sin clases, totalmente libre, el comunismo.

El martes 25 de enero, a las 3 de la mañana, intentaron prender fuego el local del Partido Obrero en La Paternal; y aunque nada confirme una relación con el aniversario del asesinato de Cabezas, es indudable que la tiene. El PO viene denunciando en el barrio, desde hace más de 2 años, los ataques a los trabajadores, la policía de gatillo fácil, la represión y su ajuste, los negociados inmobiliarios y la expulsión de los trabajadores de la Capital, los ataques a la educación... En definitiva, la impunidad de un régimen totalmente en decadencia. A la rotura de nuestra vidriera durante la campaña del ‘99 se agrega este intento de incendio, que no pudo consumarse por la pronta intervención de los vecinos. Nuestra presencia en el barrio está completamente basada en la organización de los trabajadores, la juventud, la mujer y los desocupados, independientemente de los explotados que, en su cobardía histórica, han avalado crímenes y genocidios.