Prensa Obrera N° 608

PO: Hoy que se están desarro­llando las elecciones en UTA, ¿cuál es la concurrencia a vo­tar, dado que ustedes llama­ban a no votar en repudio a los estatutos proscriptivos que impedían la presentación de una lista opositora? JZ: En Trolecor, hasta las 16 horas, sobre 200 compañeros en condiciones de votar con­currieron 13, entre ellos los fiscales y el presidente de la mesa, los candidatos que fi- gurag en la lista y algunos compañeros que tienen com­promisos serios a nivel obra social (tienen familiares bas­tante? enfermos y dependen del gremio). PO: ¿Y en el resto de las lí­neas? JZ: No tengo información exacta a estas horas, pero, por los primeros datos, la concu­rrencia es la misma. PO: ¿Qué movilización hizo la agrupación previamente? JZ: En la movilización del miércoles 11, por la mañana, concurrieron entre 50 y 60 compañeros de todas las lí­neas y, por la tarde, entre 30 y 40., No se cumplieron los objetivos que, por lo menos, tenía personalmente. Preten­díamos juntar 200 compañe­ros para marchar al gremio y reclamar elecciones libres. Luchamos contra un aparato absolutamente opresor, con punteros en las empresas y del gremio amenazando con ‘individualizar’ a los com­pañeros que se animaran a participar de la movilización y hacerles perder el trabajo. Lo que revela que empresas y gremio son una misma cosa, contra el reclamo elemental de los compañeros de elegir y ser elegido. Con una sola lista no existe elección, se trata de una acción dictatorial que emana de un estatuto proscriptivo. PO: El PO plantea que los trabajadores no pueden esperar nada de los partidos pa­tronales y que es imperioso construir una alternativa obrera independiente en el ‘99 y que corresponde votar a los candidatos del PO en la elec­ción de Córdoba porque son quienes se comprometen a de­sarrollar esta perspectiva. ¿Qué opinas? JZ: Veo esta propuesta como altamente positiva. Con la agilidad y la gimnasia gre­mial, yo he visto, en estos años, que los partidos que son patronales y dicen estar a fa­vor del pueblo, en realidad no lo están, puesto que han vota­do leyes como la de ART, de quiebras, de flexibilidad labo­ral; son los mismos que están de acuerdo con los traidores de la CGT o los del Moas, o de los supuestos opositores del Mta, que se proclaman de la boca para afuera, pero dejan pasar la flexibilización de he­cho y la destrucción de los convenios y de las leyes labo­rales vigentes. En el caso de nuestro gremio, Palacios, a nivel nacional, y Miguel Díaz acá en Córdoba, que manda a pelear en forma dividida, con planteos que son comunes en todas las empresas, es decir, que estamos gobernados por gente que tiene compromisos con el capital externo. Los que están a la cabeza de los sindi­catos están comprometidos con los candidatos patrona­les, mientras los trabajadores quedan de lado o en tercer plano, y somos los que paga­mos las consecuencias. Por eso veo muy positivo agrupar a los que luchan por sacar una resultante política común. PO: ¿Querés agregar algo más? JZ: Insto a todos los activistas y agrupaciones a ponerse en contacto y que nos organice­mos no tan sólo a nivel provin­cial sino también a nivel na­cional, que es lo que hace falta.

Antes que nada, antes que cualquier connotación analítica, quiero expresar, lo más clara­mente que puedo, por si alguna duda le queda a alguien, nuestra solidaridad incondicional con los trabajadores del Banco Mayo y con los trabajadores médicos y no-médicos del Hospital Israeli­ta. A la inmensa mayoría de los judíos de la Argentina, que sufre como cualquiera las consecuen­cias del perverso modelo so­cioeconómico que nos rige, no le interesa el destino de los capitostes del Banco Mayo, ni de los que especulan en las mesas de dine­ro, ni de ninguno de los círculos áulicos que los rodeaban. A la mayoría de la comunidad judía —a la mayoría de la comu­nidad judía real que está fuera de los códigos de la judaizad institu­cional— no le interesa el destino del Banco Mayo como tal; sí le interesa el destino de los trabaja­dores del Banco Mayo, muchos de los cuales corren el peligro de engrosar en lo inmediato la larga y dramática lista de desocupa­dos. Que el señor Pou o el señor Menem sean dos representantes nefastos del capital internacio­nal no disminuye la culpa de los directivos del Banco Mayo. Por­que estos directivos, igual que buena parte de la burguesía ar­gentina, apostaron al modelo con entusiasmo y euforia, y comba­tieron a todos aquellos que está­bamos en contra de este modelo desde el principio. Un viejo aforismo en idish, el idioma que quiero tanto porque fue durante mucho tiempo el idioma de los trabajadores en tiempos de persecución, dice “azoi vi men bet zij, azai shluftmen”: así como uno se hace la cama, así duerme. No se puede ser cómplice del amo todo el tiempo; y, si el amo te traiciona, pretender que la gente te defienda. La gente repudia al amo y, también, al cómplice. Por eso nos solidarizamos y nos sentimos hermanados única­mente con los trabajadores del Banco Mayo, que son las únicas y verdaderas víctimas de esta cri­sis. Lo mismo pasa con el Hospi­tal Israelita, cuyo combativo per­sonal ha denunciado la participa­ción de no pocos directivos del nosocomio en la debacle, en el vaciamiento. Algunos de esos di­rectivos ya fueron denunciados en su oportunidad como cómpli­ces de personeros de la dictadura militar. Todos los trabajadores y ex­cluidos en lucha, del Banco Mayo, del Hospital Israelita, de Gutral Co, de Jujuy o de donde fuere, son nuestros compañeros. En el caso del Hospital, sin duda que la culpa mayor la tu­nen el Pami y el Ministerio de Economía porque no pagan lo que deben. Pero, tal como lo han denunciado los médicos, también los directivos del Hospital han puesto lo suyo —ineficiencia y algo más— para que esta gran institución, creada por los judíos pobres de la generación inmigra­toria, hoy sufra estas penurias y penda sobre ella la espada de Damocles de la desaparición como instrumento de la salud pública. Los trabajadores del Hospital Israelita en lucha fueron quere­llados por la patronal bajo la tor­pe acusación de injurias y calum­nias. Tengo la necesidad de repe­tir lo que tuve la oportunidad de señalar el otro día en la asamblea de los compañeros del Hospital Israelita: comparto plenamente todo lo que han afirmado los tra­bajadores; y, si los directivos quieren querellarme a mí tam­bién, que lo hagan, porque estoy absolutamente de acuerdo con lo que dicen los trabajadores. En octubre del ‘94, tal como lo denunciamos en su oportunidad, los dirigentes de la colectividad rindieron homenaje público a la policía y, desde entonces, abun­daron las declaraciones de elogio hacia los servicios de inteligen­cia. Servicios de inteligencia que, reiteradamente, hemos denunciado que son cuevas de nazis, antisemitas y delincuentes que nunca investigaron nada sino que permanentemente pusieron obstáculos para desviar o impe­dir la verdadera investigación. En la página 1331, del tomo 4, del diccionario hebreo de Abraham Evén Shoshán, editado en Jerusalén en 1993, se encuentra la palabra “shtadlán”, nada fá­cil de traducir al castellano. ¿Qué quiere decir “shta­dlán”? De acuerdo con ese diccio­nario, es la persona que “se ocu­pa de mantenerse cerca del poder en nombre de la comu­nidad”. ¿Estamos en una situación parecida, hoy, en la comunidad judía argentina, con una estruc­tura bancaria que ha influido decisivamente en el desenvolvi­miento institucional? ¿Sigue te­niendo vigencia el vocablo “shtadlanut”, o sea el seguidismo con el sistema y el poder que nos rige? El 18 de julio de 1997, en el tercer aniversario de la masacre de la Amia, muchos de los judíos presentes en el acto de Tucumán y Pasteur abuchearon a todo lo que oliera a menemismo, inclui­da la propia dirigencia judía. Harta de una estructura anti­democrática y muy poco participativa que suele cocinarse en los pasillos de los bancos, la gente, entonces, votó con la garganta. Ahora quiere votar con las manos. Por eso exigimos “demo­cracia ya”, porque la gente, con su participación activa, va a deci­dir con toda seguridad que no quiere más esta estructura per­versa, elitista, corporativa y bancodependiente que alcanzó hace medio siglo sus picos más altos con el Banco Comercial y el Ban­co Israelita, siguió después con las cooperativas de crédito que distorsionaron los fines de sus fundadores, y terminó con los bancos Patricios y Mayo. La inmensa mayoría de los judíos no tenemos bancos. Esto lo dije antes y lo reitero ahora. En todo caso serán bancos de fami­lias judías o tendrán algo que ver con sectores de la comunidad ju­día organizada institucional­mente. Pero no tiene, nada que ver con los judíos reales. La mayoría de los judíos — estudiantes, obreros, empleados, comerciantes, industriales, pro­fesionales, jubilados, amas de casa, desocupados, periodistas, taxistas o lo que fuere— sufre las consecuencias del plan de ajuste menemista como cualquiera. La interna judía no se va a dirimir más entre bancos, como fue hasta ahora a pesar de nues­tra resistencia. Algunos, desde afuera del judaísmo, obnubilados quizás por viejos estereotipos, se han olvi­dado de que la vieja lucha de clases, aún con su dinámica espe­cífica, también se desarrolla den­tro del campo judío. Hoy vinimos aquí a solidari­zamos con las luchas de los tra­bajadores del Banco Mayo y con la lucha heroica que libran médi­cos y personal no-médico por su pan, por su trabajo y por la conti­nuidad de una institución que pretenden fagocitar en la marea perversa de la globalización. Compañeros del Banco Mayo, compañeros del Hospital Israeli­ta, compañeros de todas las lu­chas (muchos de los cuales, como las Madres de Plaza de Mayo, hoy se encuentran aquí): estamos con ustedes con todo. También hicimos este acto por una profunda democratiza­ción de la comunidad y el cese de la banco de pendencia. En síntesis: estamos junto a los compañeros y estamos por una democracia real. Extractos del Discurso, pronunciado por Herman Schiller en el Acto de Solidaridad con los Trabajadores del Banco Mayo y del Hospital Israelita realizado por “Memoria y Realidad”, en el salón de la Asociación Argentina de Actores.

Cuando falten cinco días para la realización de la interna de la Alianza, los doce sindica­tos docentes de la Capital le van a hacer un paro general a De la Rúa y a la Legislatura porteña de la UCR y del Frepaso, debido a que el presupuesto del distrito para el año 1999 no prevé ningún au­mento salarial y porque la participación del rubro educativo disminuye un 1,20%, equivalente a 38 millones de pesos. ¿No es esto una radiografía definitiva de una Alianza que todos los días se dice comprometida con la educación? Los sindicatos denuncian que el pre­supuesto capitalino ni siquiera contempla el blan­queo de los sueldos, es decir que evade las cargas sociales que debe a los maestros. ¿No constituye esto una estafa política y moral, simplemente? A la revista Siglo XXI, Fernández Meijide señaló a título de preferencia que debería aumentarse el salario docente en 100 pesos, como “signo de buena vo­luntad política” (textual). Es decir que si el Con­greso lo aprueba en el primer año de gobierno aliancista, en el año 2000, el sueldo del maestro se iría a 400 ó 450 pesos. ¿Qué perfidia, no? De la Rúa, por su lado, no se comprometió a nada. Y cómo podrían hacerlo, cualquiera de ‘ellos’, si en la Universidad de Buenos Aires, que ‘ellos’ dirigen, amenazan dejar de pagar los aportes patronales que pertenecen a los trabajadores! ¡Cómo podrían hacerlo, si en Río Negro, el aliancista Verani acaba de rebajar los salarios de todos los estatales en nombre de la misma ‘emergencia’ que ‘ella’ invoca para tirarles un eventual hueso de cien pesos a los maestros! Ciertamente, ante la necesidad desesperante de una salida a la completa descomposición del mene- mismo, bastante gente de clase media puede llegar a decidir que debe participar en la interna aliancis­ta. Pero que no se engañen, porque una reciente encuesta de El Cronista señala que De la Rúa es el candidato preferido de los grandes empresarios, ¡mucho más incluso que Cavallo! (16/11). El desprecio de ‘ellos' por la educación y los docentes no cae del cielo, pues corresponde a una línea internacional del Banco Mundial y del Vatica­no. ‘Ella’ le acaba de decir a Siglo XXI que “privilegiaría (a) los colegios parroquiales porque están reemplazando a la buena escuela públi­ca”. ¿Pero cómo podría reemplazar en forma satis­factoria a una buena escuela pública un régimen educacional que discrimina a las chicas embaraza­das, a la mujer, a los ateos, a las otras creencias, a los homosexuales, es decir, a la ciudadanía, que proscribe el sexo y que es hostil a la filosofía basada en la ciencia? ¿Cómo podría hacerlo una institución que despide a los docentes que no se encuadran ideológicamente en los prejuicios clericales? ¿Qué autoridad moral para educar puede tener una insti­tución que fue cómplice de la dictadura militar? Los dos candidatos aliancistas se declaran enemi­gos del laicismo, pero con ello se convierten en enemi­gos de la organización política que tiene por base a la ciudadanía, es decir de la república democrática. Es significativo el desprecio de los precandidatos de la Alianza por los docentes y la educación, porque simultáneamente la ofrecen como una salida para la desocupación. Para ‘ella’, la única salida que men­ciona para la desocupación, es “que los adoles­centes entren más tarde al mercado laboral, pero con mayor capacitación”. ¿Será que ‘ella’ vive en Marte? ¿Qué van a comer mientras tanto los adolescentes que ingresen ‘tarde’ al trabajo (si alguna vez lo logran)? ¿Cómo van a ayudar a su familia de desocupados? ¿No sabe ‘ella’ que la “capacitación” importa un rábano y que la tasa de desempleo entre los “capacitados” es tan alta como entre quienes no lo son? ‘Ella’ finge ignorar que la desocupación es hija del capitalismo, pero aun así pretende ser presidente. También es pura ficción el cuento de la ‘capacitación’, pues como ya fue dicho la Alianza capitalina, la rionegrina (y la cordobesa) han reducido el presupuesto de educación. Cuando De la Rúa tiene que responder al mismo asunto, dice que va a ayudar a las pymes. Hasta el hambre del pueblo es un buen pretexto (¡el mejor!) para proponer subsidios para sus socios capitalistas. Ninguna interna puede levantar la lápida que significa este programa. Un programa que ‘ellos’, los ‘transparentes’, no ‘transparentad sin embargo en sus actos y apariciones públicas, para evitar que sea cuestionado. Por eso la campaña de ‘ellos’ es más despolitizada que la de la farándula menemista. El lugar de la pizza y el champán lo ocupa el verso. Lo más patético de estos candidatos que se enjua­gan la boca cada mañana con la declaración de los derechos humanos, es cuando le dicen a Siglo XXI que responderán con el Código Penal a la práctica del aborto por parte de la mujer. Nada menos que ‘ella’ escamotea la realidad de los miles y miles de abortos clandestinos que tienen lugar debido a la prohibición de que lo realicen las instituciones pú­blicas y calificadas, para justificar su posición contra el derecho de la mujer a abortar con el argumento de que “golpea su cuerpo y psíquica­mente Pero la mujer trabajadora que recurre a un aborto lo hace debido al hambre, a la desocupación, a los bajos salarios, a la carestía de la salud, a la falta de vivienda, a la ausencia de perspectivas humanas y sociales, y debido a la propaganda reaccionaria del clero contra la prevención del embarazo y contra la relación sexual como tal, es decir, como la forma más enérgica de la relación social en general. Los mismos que defienden el régimen social que imposibilita realizar el derecho a la maternidad, responden con la represión a la víctima de esa aspiración incumplida. No, nada ni nadie podrán levantar la lápida de este programa. Los trabajadores necesitamos un partido propio. Para eso, las organizaciones obreras deben romper con los partidos de ‘ellos’, es decir, de los Menem, de los Duhaldes y de la Alianza.

En el proyecto de presupues­to nacional para 1999 hubo un recorte de 70 millones del presu­puesto universitario. El gobierno nacional, además, adeuda 12 mi­llones de lo pautado para 1998, por lo que la Universidad de Buenos Aires sólo está pagando suel­dos. Para el 25 de noviembre, el Consejo Superior de la UBA rea­lizará una manifestación frente al Congreso ya que allí se debati­rá el presupuesto para el ‘99. Esta situación no tiene nada de novedoso. Desde hace tiempo que los establecimientos universitarios vienen sufriendo las con­secuencias de un ajuste que tanto Shuberoff como el menemismo imponen para implementar la Ley de Educación Superior. El ahogo presupuestario obliga a las universidades a la generación de ‘recursos propios’ y por lo tanto a la consecuente privatiza­ción educativa (posgrados pagos, convenios con empresas con fines de lucro, privatización de áreas de limpieza, comedores, etc.). En el ámbito de la salud, esta política es por demás elocuente: los hospitales han sido vaciados producto del decreto de “Auto­gestión Hospitalaria”, que es la política de que sobreviva el que pueda y como pueda. Sin presu­puesto nacional, los hospitales universitarios se encuentran desabastecidos, hoy ya casi sin po­der atender al público. Para esto Shuberoff tiene una respuesta: en el Clínicas comienzan los despidos, ya sea intimando al que esté en edad de jubilarse a que lo haga o despidiendo direc­tamente al personal contratado con imputación al Financiamiento 12, que son aproximadamente unos 300 compañeros. No hay que descartar que este vacia­miento sea la antesala de la pri­vatización de los sectores de coci­na y ropa del hospital. Este li­breto es conocido, ellos pro­vocan la crisis y los trabaja­dores la pagan ingresando a la larga lista de desocupados. En este marco, Apuba (sindi­cato de los trabajadores no do­centes de la UBA) ofrece como ‘salida’, más de lo mismo. En su “Anteproyecto Asistencial”, propone hacer Ley el decreto de Autogestión Hospitalaria, habla del saqueo de los recursos del hospital por parte de la dirección shuberoffista, pero, no exige la devolución inmediata de estos fondos, defiende el decreto menemista de Autogestión, y se some­te a las cláusulas flexibilizadoras que el gobierno reclama a través de la Reforma Administrativa a cambio de un miserable aumento para los no docentes que queden después de la ‘reestructura­ción’ (que no sería tal si se tiene en cuenta que nuestro sueldo básico seguiría siendo el mismo). El reclamo es uno solo. En tanto Apuba siga siendo rehén de la política de los partidos gobernantes, no podrá llevar adelante una lucha consecuente en defen­sa de nuestros puestos de trabajo y de nuestros salarios. Necesita­mos un cambio, exijamos a los delegados generales que en el próximo plenario de delegados lleven como consigna ¡ni un des­pido o jubilación compulsiva en la UBA! Aumento de presu­puesto inmediato. No a la flexibilización. ¡Aumento de sa­larios ya! Esto requiere de un Plan de Lucha, que ponga en estado de alerta y movilización a todo el gre­mio, que informe al conjunto para lograr la solidaridad de todos los compañeros, que unifique el conflicto con todos los sectores de la comunidad universitaria y que lo abra a toda la comunidad que tam­bién se encuentra afectada por el vaciamiento hospitalario.

Miguel del Plá es el nuevo vocal del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz en representación de los do­centes de escuelas públicas. Las elecciones realizadas el 13 de noviembre le dieron el triunfo a la Lista Rosa por 2.200 votos contra 1.600 del candidato del gobierno y 1.100 de la tercera lista que contaba con el apoyo de sec­tores del radicalismo. La Rosa triunfó en casi todas las localidades de la provincia, con resultados es­pectaculares en Gobernador Gregores, donde ganamos 90 a 7; o en Las Heras, donde se obtuvieron 130 votos contra 40 de la lista oficialista. Por primera vez, la Lista Rosa triunfó también en todos los pueblos de la cuenca del Tur­bio, con una destacadísima votación en 28 de Noviem­bre. En Caleta Olivia, orilla­mos el 50% de los votos y, en Río Gallegos, obtuvimos 776 votos contra 705 de la lista oficial. La campaña estuvo cen­trada en denunciar los atro­pellos del gobierno provin­cial contra los docentes, en el cuadro de la aplicación de la Ley Federal. Denunciamos las graves consecuencias que está trayendo el 7o grado ya en vigencia y reclamamos la no implementación del 8o para 1999. Organizamos al comienzo de la campaña un movimiento provincial en defensa de los preceptores, exigiendo garantías escritas para sus puestos de trabajo. Planteamos la necesidad de luchar contra el presentismo y de defender (y recuperar) las conquistas del Estatuto del Docente. Denunciamos también el intento de hacer pasar por decreto a los ac­tuales alumnos de primer año, lo que ha creado gran inquietud entre los padres y docentes. Denunciamos la Ley Decibe y la trampa del financiamiento educativo. Levantamos la bandera de la derogación de la Ley y de un proyecto educativo al ser­vicio de los intereses de los trabajadores. El nudo de la campaña fue el planteo de una vocalía independiente, ante el intento del gobierno de meter un ‘caballo del comisario El voto de los docentes es un voto contra Kirchner y contra la reforma educativa; es un voto en defensa de la Adosac, ya que todos percibi­mos claramente la presenta­ción del candidato oficialista como un paso sustancial de una ofensiva para quebrar al gremio. El gobierno nos desafió y perdió. Hay que destacar que en esta elec­ción el voto es obligatorio, por tratarse de un cargo en la estructura del Estado pro­vincial, y por lo tanto votan afiliados y no afiliados a Adosac. Sobre un padrón de 5.600 docentes, votaron más de 5.000. En esta pulseada de la militancia gremial contra el poder, los celestes pusieron sus porotos en el poder, cola­borando con sus principales cuadros en el ataque a la Adosac, en medio de la ofen­siva oficial. Esta vergonzosa actitud pinta de cuerpo ente­ro a esta corriente y muestra hasta qué punto los docentes le han dado la espalda. Mu­chos celestes participan hoy de ‘agrupaciones’ docentes manipuladas desde unida­des básicas de Kirchner. Este triunfo es un símbo­lo para el reanimamiento de los docentes y los trabajado­res en general, que ven con­moverse la estructura de po­der en el terreno educativo. El llamado ‘Consejo’ es una mal disimulada versión del Ministerio, ya que el Eje­cutivo tiene mayoría absolu­ta por ley, y no se cumplen ni las formalidades más ele­mentales como el registro de los debates en actas, la vota­ción sobre despachos escri­tos o la publicidad de los ac­tos del Consejo. Se oculta la información relevante a los vocales y el 90% de las deci­siones del gobierno sale por resolución de la presidencia, al estilo del gobierno por de­creto del régimen menemista. Desde nuestra visión, el papel del vocal es el de un militante y un organizador de los reclamos docentes, así como un defensor de los de­rechos educativos del pueblo trabajador. Nuestro triunfo ha tenido tal trascendencia que fue tapa de uno de los matutinos locales y ha puesto al borde del abismo al ingeniero Jai­me, actual presidente del CPE. En lo inmediato, exigire­mos la convocatoria a elec­ciones de las Juntas, que ca­ducan a fin de año, a las que el gobierno pretende prorro­gar los mandatos; seguire­mos reclamando por la no implementación del 8o, por las garantías laborales para los preceptores, así como para que se incorpore el pre­sentismo a nuestro salario básico.

Hace dos domingos que los compañeros de Moreno veni­mos desarrollando una activi­dad de colocación de prensa y de firmas de adhesión por la lega­lidad del partido en el B° Las Catonas con una respuesta muy favorable de los vecinos. El barrio, del que soy vecino, es un complejo habitacional que habitamos más de 12.000 per­sonas con una gran proporción de jóvenes y niños. La situación social, como en casi todo el país, es desesperante: altísima tasa de desempleo, salarios misera­bles, desintegración de la salud y el medio ambiente, degrada­ción social, etc... La juventud no tiene posibilidades de trabajo o estudio. Ni siquiera es posible movilizarse en colectivo a bus­car trabajo por el precio usurario del boleto. La única respuesta del Es­tado son sistemáticas razzias policiales. La coincidencia de muchos vecinos con nuestros planteos políticos es la consecuencia del cuadro mencionado, pero posi­blemente también se deba a: La experiencia de los vecinos con los punteros políticos ‘pro­fesionales’ que con el verso de la “revolución productiva” o “la justicia social” se aco­modan y revientan al pueblo. La relación agotada y sin perspectivas entre los explota­dos y los partidos ‘populares’ tradicionales (PJ, radicalismo, Frepaso), que llevan adelante programas políticos contra los intereses de los trabajadores, completamente subordinados a los grandes capitales. 3) La necesidad de buscar una salida colectiva mediante la construcción de un partido de la clase obrera.

La adhesión al paro nacio­nal de Ctera fue sensiblemen­te menor que en otras oportu­nidades en la mayor parte del país. Este fenómeno se viene repitiendo en las últimas con­vocatorias del gremio, lo cual señala el punto al que ha lle­gado el desgaste de la política promovida por Maffei y sus huestes. La caravana de Cte­ra, como bien lo describió la prensa, dio lástima y se pare­ció más a una marcha fúnebre que a una movilización de tra­bajadores. Es que se han evaporado las escasísimas esperanzas en el financiamiento docente. La conducción de Ctera, que había aceptado entregar el Estatuto del Docente, ya esta­ba dispuesta a un nuevo ‘sa­crificio’ resignando la ‘ga­rantía’ del Estado nacional. Pero ni eso fue suficiente. “El fondo de financiamiento docente recibió ayer lo que se parece a un certifi­cado de defunción, al me­nos para quienes espera­ban contar con un instru­mento antes de fin de año para aumentarles un pro­medio de 100 pesos men­suales a los maestros” (.BAE, 13/11). Decibe recono­ció, incluso, que “el proyecto de financiamiento docen­te podría no salir este año” y sacó de la manga la convoca­toria de una reunión “de to­dos los gobernadores, in­cluido el de la Comuna porteña” con el propósito de “analizar todas las pro­puestas de recaudación y consensuar un proyecto único”. Para Roque Fernán­dez “lo mejor sería que el fondo para aumentarles a los maestros duerma en un cajón del Congreso hasta marzo de 1999” (ídem). Por lo pronto, lo que sí prevé el presupuesto de este año es una reducción de 100 millo­nes en las partidas educati­vas. Este ‘cierre’ del año es un final anunciado y no hace más que indicar el agotamiento y bancarrota de una política de seguidismo y sometimiento a los partidos patronales. Roque Fernández acaba de autorizar al Central a girar al Citi, en compensación por la absorción del Banco Mayo, una suma si­milar al financiamiento que Ctera infructuosamente viene reclamando los últimos dos años. Esto pone de manifiesto que son los intereses de clase los que ‘fuerzan’ una u otra salida. Por lo tanto, sólo una movilización a fondo, conse­cuente, de la clase obrera pue­de doblegar al gobierno. Lo que corresponde es emplazar al go­bierno y marchar hacia la huelga general educativa. En lugar de la unidad con los polí­ticos patronales, hay que for­jar la unidad de docentes, es­tudiantes y la población traba­jadora para acabar con la re­forma educativa, defender el estatuto e imponer el aumento salarial.

La UJS de Periodismo (La Plata) realizó, en la semana de la campaña electoral de la Fa­cultad, una excepcional coloca­ción de Prensa Obrera. Se ven­dieron 70 periódicos y 20 Cal­deras. La semana posterior a esas elecciones, se vendieron en una hora y media 17 periódicos en Humanidades. Este éxito es una verifica­ción de la tendencia hacia un giro a la izquierda entre los es­tudiantes universitarios platenses, y del interés cada vez más manifiesto por las ideas socialistas y revolucionarias. La UJS de Periodismo realizó una buena elección (4%) y hay un retroceso general de la Fran­ja Morada y la Alianza. La tapa que denunciaba que la Alianza defendía a Pinochet tuvo una excelente recepción y abrió muchos debates con mili­tantes de la Alianza. El éxito de esta actividad es también un termómetro del creciente inte­rés en las cuestiones de política nacional. Se impone ahora una cam­paña especial de suscripciones sobre todos los compañeros in­teresados en seguir recibiendo la prensa, sobre los asistentes al curso de Historia del Movi­miento Obrero Argentino y la continuidad del pasaje de la prensa entre el movimiento es­tudiantil platense. a. Entonces hay una inten­cionalidad en todo esto, que sólo puede vincularse a la ne­cesidad del gobierno aliancista de Buenos Aires de desacti­var el movimiento estudiantil secundario, especialmente en los colegios que encabezaron las tomas y movilizaciones contra los decretos de aplica­ción de la ‘reforma educati­va’ de De la Rúa. Reforma que liquida prácticamente el cole­gio secundario y con la que, está claro, el gobierno aliancista volverá a la carga el año próximo. Y quiere el camino lo más expedito posible. Pero las cosas no les es­tán saliendo del todo bien, el Centro ‘saliente’ del Mo­reno ha lanzado una vigoro­sa campaña contra el golpe de mano que interrumpió el proceso electoral y a favor de elecciones democráticas, sin injerencias de autorida­des. También en el Buenos Aires, los estudiantes de­nunciaron la maniobra de Sanguinetti y realizaban las elecciones del centro el lunes 16, en su defensa. En el Otto Krause, se impuso con amplitud en las eleccio­nes una lista orientada por la Unión de Juventudes por el Socialismo. Lo mismo en el Normal 3, el Emet 5 y la importante escuela técnica Raggio. Por lo que el cuadro de fuerzas, augura una gran batalla del movimiento es­tudiantil secundario contra la reforma de De la Rúa el año próximo.

En más de dos semanas de huelga general, los médicos y enfermeros del Castex protago­nizaron una de las grandes lu­chas del momento y de la historia de los trabajadores de la salud. Ganaron la calle arrastrando delegaciones de innumerables hospitales, unieron todas las es­pecialidades del hospital, llega­ron a la progresiva evacuación de pacientes y, al mismo tiempo, obtuvieron 5.500 firmas solidarias de los propios pacientes, conquis­taron un lugar en todos los medios de comunicación y pusieron en evidencia al gobierno de Duhalde y sus políticas de precarización de la salud y vaciamiento del hospital público y, finalmen­te, en las últimas horas, lograron pronunciamientos públicos y del soberbio ministro Mussi de que haría lugar al paso a planta per­manente de los contratados. Lo descripto, sucintamente, habla de una primera victoria de este combativo personal que pre­paró largamente esta lucha con movilizaciones previas que ago­taron las ‘vías normales de diálogo’ en las que la política de ATE tiene empantanado al con­junto del hospital bonaerense con más de 8.000 contratados y becarios y otras modalidades de precarización como “reempla­zos guardias”, con atrasos de sueldos, salarios de hambre de 400 pesos, y virtualmente en ne­gro, por las condiciones de con­tratación. El detonante en el Castex fue el cese de un convenio llamado CERes, cuyos fondos provienen de las Obras Sociales, que dejaba en la calle un número de trabaja­dores. Se trata de un inmenso problema de conjunto en los más de 200 hospitales de la provincia de Buenos Aires que desnuda el ‘modelo social’ del candidato a ‘presidente de los trabajado­res’. Lo cual está en sintonía con el desguace del hospital público en todo el país mediante arancelamientos, tercerizaciones, autogestión, etcétera. Conscientes de esto, los huel­guistas tomaron con pinzas las promesas verbales de la Goberna­ción y una desbordante y combati­va asamblea de alrededor de 300 compañeros rechazó el pedido de levantamiento del paro para “no negociar con el cuchillo en la panza” del Ministerio. Allí se reafirmó la huelga general y se exi­gió la firma de un acta con garantías para todas las reivindicaciones, exigiendo además la presen­cia de la Comisión Interna del Hospital al lado de ATE y la CICOP. La dirección del Hospital y el gobierno mostraron sus verdade­ras intenciones porque manda­ron a la Secretaría de Trabajo de la Provincia a intimar y presio­nar con una inmediata concilia­ción obligatoria, algo que no ten­dría sentido si están dispuestos a otorgar los reclamos. Por su par­te, los sindicatos plantearon sus temores a perder la personería si los trabajadores desconocen la conciliación. Todo el conservadurismo del sindicalismo del CTA apareció retratado en estos incidentes. En lugar de organizar asambleas en cada hospital de la provincia, de decretar Un paro provincial, de organizar al conjunto de la salud para llevar al Castex a la victo­ria, se transforman en un instrumento indirecto de la presión del aparato del Estado contra la huelga. Es que una victoria del Cas­tex constituye un golpe a la flexi­bilidad laboral de Duhalde y, al mismo tiempo, al derrotismo de ATE. Por eso, aunque la solución está al alcance de la mano, habrá que sortear maniobras y desgas­tes de todo orden. La clave del triunfo está en llevar hasta el final los métodos de clase de esta huelga basada en la asamblea general de los trabajadores. Si las promesas no van al papel en las próximas horas, la clave es la extensión del movimiento a todos los hospitales que siguen con cre­ciente expectativa el desenlace de esta gran lucha de la salud bonaerense.

Porque fuimos al Encuentro de Mujeres del Chaco para dar un paso más en nuestra organización, para extenderla y fortalecerla. Para arrancar las reivindicaciones urgentes que necesitamos nosotras y nuestras familias. Él triunfo obtenido fue el acuer­do de miles de mujeres por el inicio del plan de lucha, con un acto el 25 de noviembre, el Día Internacio­nal contra la Violencia Política, Social y Sexual, sobre la Mujer. En nuestra zona (Norte del Gran Buenos Aires) sufrimos la violencia de las patronales fabriles, como en Alcoyana, de Vicente Ló­pez, que va por una segunda tanda de compañeras despedidas (ya son alrededor de 200). En Algodonera Vinca, en el Bajo Boulogne, se deja en la calle a más de 250 trabajado­res, la mayoría mujeres. La multi­nacional Nabisco ha iniciado tam­bién los despidos, con el de la acti­vista Analía Orqueida, que organi­zó la movilización de sus compañe­ras al Chaco. Empresarios nacionales y ex­tranjeros nos descargan violenta­mente su crisis por igual. El gobier­no protege y ‘milita’ defendiendo el ‘derecho a despedir9 a favor de las patronales. Y no sólo eso, en el caso del gobierno ‘alianeista’ de San Isi­dro, Posse dirige una carta a los trabajadores de Algodonera Vinca para rogar a Dios que el que adquiera el inmueble de la planta que se remata, mantenga el destino ac­tual, prometiendo que se abrirán calles y comercios, ¡pero no shop­pings(/El manejo de un municipio, de un aparato estatal y sus recur­sos, le permite intervenir siempre y sólo a favor de poderosos intere­ses económicos y de los barrios re­sidenciales y de los countries. Para resolverlos problemas de las fami­lias obreras están los rezos y los buenos deseos, que no impiden la desocupación. Es la Alianza ata­cando a la mujer obrera, a los trabajadores, comprometida comple­tamente con intereses mafiosos. Queremos romper la cadena de violencia iniciada con esta política y continuada en nuestros hogares. Por eso decimos basta de golpes hacia nosotras y hacia los niños. Por eso las manzaneras combati­vas se organizan y luchan. Como las despedidas de Alcoyana, las mujeres de los barrios, las docen­tes. Queremos defender nuestro de­recho a la maternidad, con toda la protección social necesaria y la atención gratuita del aborto, para los casos de embarazos no desea­dos, que no se pudieron impedir. Hay que parar las muertes de casi 500 mujeres al año, por la atroci­dad del aborto clandestino. En el camino de la unión de nuestras luchas, decimos basta de violencia contra la mujer. Esta necesidad nos lleva a organizamos conjuntamente para intervenir en cada ataque, a organizamos para lograr las medidas que nos liberen de los golpes y de toda forma de violencia: El miércoles 25 a las 18hs., en Plaza Houssay. En Zona Norte, el sábado 21, Plenario Zonal, para organizar el 25, en el CBC, Córdoba 1957, Martínez.

La quiebra del Banco Mayo ha tomado las propor­ciones de una crisis política debido a la cantidad de intereses que quedarán perjudicados por la absorción del Citibank. Como existen impedimentos legales, el acuerdo de transferencia amañado por el Banco Cen­tral no contempla el pago de las obligaciones negocia­bles del Mayo, ni de las operaciones realizadas a partir de su sede en las islas Caimán. Los afectados por esta situación ¿amenazan iniciar juicios en el exterior por el no pago de las deudas externas corres­pondientes. Este litigio cobra mayor virulencia en función de la crisis financiera internacional. Esta situación explica en parte la intervención de Menem en el conflicto pocas horas antes de su partida al Vaticano. El Citi ha dejado en claro que despedirá a mucho más de mil trabajadores, es decir que redu­cirá el plantel a la mitad. Esto ocurriría cuando los índices de despidos crecen en todo el país, elevando la tasa de desocupación a su récord histórico. Lo que la prensa llama el rescate del Mayo por el Citi es en realidad una operación financiada con fondos públicos: del fondo fiduciario, del seguro de depósitos y de los redescuentos del Banco Central. Se trata de una nacionalización de las pérdidas del Mayo en beneficio privado del Citibank. Mucho más barato sería nacionalizar el Mayo en forma directa, compen­sando las pérdidas con la confiscación de propiedades y capitales de los accionistas del Mayo. Es decir que hay una salida que permitiría mantener en sus pues­tos a todos los trabajadores del Mayo. Una huelga general por este objetivo cuenta hoy con la simpatía y apoyo de toda la población, que ve el copamiento del Citibank como parte de un plan que agrava la crisis económica y agudiza la desesperación de los trabajadores. Hay una salida para todos los compañeros.

El viernes 13 se realizó el Plenario de Mujeres Trabajadoras Autoconvo­cadas, que continuó con un Festival en la calle, con artistas solidarios y baile. Cerca de 50 compañeras asistie­ron al Plenario, muchas de ellas en delegación de otros plenarios zonales previos, como las compañeras de Budge y Matanza, y en representa­ción de fábricas y gremios en lucha: Aguila, bancarias, Hospital de Clíni­cas, cooperativas de colegios, y agru­paciones sindicales, barriales y de la vivienda. Autoconvocadas de Budge y Matanza trajeron sus propuestas por escrito y mía carta de la compañe­ra Norma, de los Planes Trabajar de Budge. Llevaron su solidaridad varios di­rigentes obreros, entre ellos, un dele­gado de Metrovías, encarcelado du­rante 6 horas por la patronal, y un delegado del Hospital Israelita, des­pedido por estar al frente de las lu­chas contra la flexibilización y los despidos. Plenario Los ejes del debate fueron las con­clusiones del Encuentro —la necesi­dad de constituir un movimiento per­manente de la Mujer por todas nues­tras reivindicaciones, que elabore un plan de lucha de conjunto y la inde­pendencia de los partidos patronales para lograrlas — y la movilización del 25, Jomada Internacional contra la Violencia sobre la Mujer. La violencia más generalizada sobre la mujer es hoy, la desocupa­ción. Las compañeras denunciaron la naturaleza social de esta violen­cia: la falta de autoestima, la violen­cia en el hogar; hacerse cargo de maridos e hijos adolescentes des­ocupados, ser jefas de familia solas a cargo de niños pequeños, los des­pidos masivos, así como la proble­mática del aborto, Se plantearon también reclamos urgentes como la fumigación de arroyos y alcantarillas contra el den­gue y el hantavirus; la discrimina­ción a las compañeras extranjeras y opositoras en la distribución de los bolsones de comida por los punteros, la brutalidad y la finalización de los planes ‘Trabajar’; la necesidad de que las autoconvocadas tomen los problemas de la violencia hogareña. Otro punto en debate fue la convo­catoria de distintas agrupaciones fe­ministas y de partidos políticos que votaron por mayoría la realización de un festival en Plaza Houssay el 25 de noviembre. En la reunión preparato­ria, nosotras propusimos un acto con oradoras de todas las organizaciones convocantes que fuera una tribuna para las luchadoras de los conflictos actuales, y de los casos de avasalla­miento de nuestros derechos. Nues­tra propuesta quedó en minoría con los mismos argumentos del Encuen­tro del Chaco: Que las oradoras ‘divi­den', ‘ampliar´ Ia convocatoria para defender el ‘espacio pluralista’. Por eso se le da la característica des­politizada y despolitizante de festival y no de tribuna de las luchas. Nora Biaggio cerró el debate ex­plicando que todas nuestras penu­rias son la consecuencia de la políti­ca capitalista y el cogobiemo de los partidos patronales, por su subordi­nación al clero y al imperialismo, enemigos mortales de toda libertad, y la necesidad de una política de independencia de clase para alum­brar una salida en favor de trabaja­doras y trabajadores de conjunto. Por eso, enfatizó la necesidad de movilizamos el 25 de noviembre a Plaza Houssay y el 5 de diciembre a Argentinos Juniors.

El miércoles 11, los diputa­dos del PJ dieron una lección práctica de cómo funciona el pacto Menem-Duhalde para que no se vote ningún cambio en la ley de riesgos del trabajo. Con la esperanza de que duhaldistas y menemistas res­petarían una votación anterior que había fijado para ese día la discusión de los proyectos de modificación de esa ley en el recinto de Diputados, Gerardo Martínez de la Uocra llamó a una movilización frente al Congreso para apoyar su tratamiento. Pero nada melló el férreo pacto del duhaldismo con Erman Gon­zález. Duhaldistas y menemis­tas pasaron por alto todos los compromisos anteriores y el or­den del día, y postergaron sin fecha la discusión del tema acci­dentes de trabajo. Como ya ter­minan las sesiones ordinarias, el pacto Duhalde-Menem enterró toda posibilidad de que cambie la ley. La Alianza tampoco se quedó atrás y si bien planteó que se tratara el punto, lo cierto es que hizo esa moción porque sabía que no salía. La Alianza había ade­lantado que si no se discutían los despachos, utilizaría esta pos­tergación para introducir algu­nos cambios en su proyecto. Este pacto Menem-Duhalde, bendecido por la Alianza, fue gestado por los duhaldistas. El ‘duhaldista’ Banco de la Pro­vincia de Buenos Aires es el ma­yor defensor del actual sistema de riesgos del trabajo. Provincia tiene la principal ART y fue la que mayor presión hizo para mandar los proyectos al muere. Por eso el artífice del Pacto fue el ‘duhaldista’ Atanasof —presi­dente de la Comisión de Trabajo de Diputados— y el hombre en­lace con el Ministerio de Trabajo. Gerardo Martínez, sin em­bargo, no sacó esta conclusión elemental. En la movilización del miércoles 11 no denunció ese pacto, no dijo nada sobre continuar la movilización y no llamó a encarar un plan de lu­cha de todo el movimiento obre­ro porque el sistema de las ART es un ataque a toda la clase trabajadora. Lo que sucede es que la bu­rocracia de la CGT, de la que Gerardo Martínez es uno de sus líderes, decidió concurrir a las reuniones convocadas por el Ministerio de Trabajo para con­sensuar con la Unión Indus­trial algunos retoques a la ley de riesgos del trabajo sobre la base de la defensa del sistema de las ART. Con este acuerdo, duhaldistas y menemistas en el Congreso decidieron frenar todo cambio, hasta tanto se ex­pida esa comisión tripartita. La comisión Erman, UIA y CGT considera que el sistema de riesgos del trabajo debe ser ‘cerrado’, lo que significa que el trabajador no tiene que tener la posibilidad de recurrir a la Justicia, inclusive si el acciden­te se produjo porque la empresa no cumple con las normas de seguridad laboral. Todo esto sucede, además, cuando el Superintendente de Riesgos del Trabajo reconoce que el 70% de las empresas no realizó los planes de mejora­miento de las condiciones de seguridad, a pesar de que tuvie­ron dos años para hacerlo, lapso en el que fueron eximidas del pago de multas (La Nación, 5/ 11). Ahora, las patronales pi­den una prórroga. El Partido Obrero denuncia el pacto Duhalde-Menem. Lla­ma a la Uocra a proseguir con las movilizaciones y a exigir que la CGT se retire del Comité propatronal y convoque a una movilización y paro nacional. El PO plantea la formación de comités obreros que controlen la seguridad con facultades de parar toda obra o fábrica que no respete las normas de seguridad. El PO plantea el control de los horarios y ritmos de produc­ción que todos los expertos reco­nocen que son las causas por las que se producen tantos acciden­tes laborales. El PO exige la vía judicial sumarísima de manera que, en pocas semanas, se resuelva el juicio penal y de resarcimiento económico, cuya base debe ser un salario igual a la canasta familiar.

Al cumplirse un año de impunidad en el caso del triple crimen de Cipolletti, la deno­minada “megamarcha” puso de mani­fiesto el estado de ánimo adverso al gobier­no del menemo-aliancista Verani. En primer lugar, por su masividad: más de 30.000 personas, la mayor movilización de toda la historia de Río Negro. En segundo lugar, porque por primera vez, los trabajadores se suman con sus banderas gremiales y reivindicativas (hos­pitales, docentes, etc.). Había delegaciones muy numerosas de varias localidades del Alto Valle y de la vecina Neuquén. Los que no pudieron viajar se movilizaron en sus ciudades, por ejemplo en Bariloche, Jacobacci, Viedma, etcétera. En tercer lugar, por la presencia impo­nente de la juventud. Colegios enteros, muchos de ellos de Neuquén, tras sus car­teles identificatorios y una columna de casi una cuadra de la “Coordinadora de Es­tudiantes Secundarios de la región” {Río Negro, 12/11). Por último, porque luego de tanta litur­gia y concelebraciones religiosas, el discurso de la compañera estudiante de Ciencias de la Educación (al estilo del “yo acuso” por la Amia) “fustigó a la policía, al juez de la causa y al poder político y a los que piden que marchemos en silencio” (La Mañana del Sur, 12/11) arrancando el aplauso de la muchedumbre. Todo esto, más el millar de manifestan­tes que hicieron el escrache frente a la comisaría cuarta, marcando a fuego a quie­nes están metidos hasta el cuello en el triple crimen, muestra de sobra que la población no está dispuesta a tolerar un nuevo caso María Soledad o un nuevo Río Colorado, es decir, la continuidad de la impunidad por muchos años. Verani sigue reprimiendo La respuesta del gobierno, histérico ante el repudio popular y consciente de que “se supo ayer con claridad que el es­clarecimiento o no de los asesinatos de Cipolletti incidirá directamente en otras cuestiones de principal interés político, como por ejemplo las eleccio­nes del año próximo” (ídem), una vez más reprimió a los manifestantes a balazos y gases, lanzando una cacería contra los transeúntes, al finalizar la marcha. Hubo 12 detenidos ai azar, todos jóvenes y todos ellos brutalmente golpeados durante la de­tención y luego dentro de la comisaría. Todos fueron liberados por la moviliza­ción popular que se concentró a las puertas de la comisaría cuando se conoció la noticia. Esto obligó al juez Norry a hacerse presente, impidiendo que se llevara a los detenidos a General Roca, sede del Juzgado, y a liberar­los, para que “no hablaran con la pren­sa”. Por supuesto esto potenció aún más las denuncias por los golpes de la policía. La “megamarcha” deja una clara deli­mitación.

Fernández Meijide, junto a América González, ha presen­tado un proyecto en la Cámara de Diputados de aumento a los jubilados que lleva los haberes mínimos a 300 pesos. En primer lugar, las organi­zaciones de jubilados hace 7 años que piden un mínimo de 450 pesos. Desde entonces, el valor de los 450 pesos ha perdi­do más del 70% del poder adqui­sitivo. Correspondería, así, au­mentar el pedido y no rebajarlo. Llama la atención que la Mesa Coordinadora aplauda el pedi­do, en vez de criticarlo. Esto coloca a la Mesa como pata de la Alianza. Por lo tanto, este proyecto de la Meijide será uno más de los archivados hasta nuevo avi­so. Pronto termina el año de sesiones de la Cámara y el año que viene está la campaña elec­toral. Hoy la canasta familiar es de 1.200 pesos, el 82% de ello es 980 pesos. Esto es lo que corres­pondería por la Ley de Jubila­ciones hasta que Cavallo la bo­rró imponiendo la Ley de Soli­daridad Previsional que dispo­ne que las jubilaciones no ten­gan relación ni con lo que gana­ba estando en actividad, ni con el costo de la vida. Por ello es imperiosa la lu­cha por la derogación de la ley de Cavallo, la lucha por el mí­nimo de 450 pesos y un aumen­to proporcional igual a todos los haberes de menos de 300 pesos. Hay que centrar la lucha para que las centrales obreras lo pongan entre sus consignas reivindicativas y que sea uno de los primeros puntos en los paros generales, tan necesarios hoy.

En una repartición de la ad­ministración pública provincial donde se agitó profusamente la declaración “Hay una salida”, un compañero del partido fue interrogado a boca de jarro: “¿por qué no nos explica en qué consiste el reparto de las horas de trabajo?”. En la provincia (y en el país) todos los problemas políticos y sociales pueden resumirse en uno solo: el de los ingresos de los trabajadores y su jornada de trabajo. En Córdoba, existen personas en condi­ciones de trabajar, lo que se llama la “fuerza laboral acti­va”. De esta masa, los que tra­bajan producen por valor de millones de dólares anualmente, el producto bruto de la provincia según datos de 1997. Pero en la actualidad, bajo el régimen social capitalis­ta sólo una porción menor de esta producción beneficia a la clase trabajadora, que consti­tuye la gran mayoría de la po­blación. El grueso va a parar a la clase capitalista la cual, con todos sus defensores y parási­tos, sólo constituye una décima parte de la población total. En Córdoba, del total de tra­bajadores en condiciones de pro­ducir, un 27% revista en la con­dición de desocupado o subempleado, unos 324.000 personas sometidas a una condición cada vez más penosa e intolerable. De los 900.000 que tienen trabajo, según datos del Minis­terio de Trabajo para todo el país, el sueldo promedio ponde­rado de los trabajadores en blanco (que cobran 683 pesos promedio) y “en negro” (380 pesos) es de 565 pesos mensua­les, o sea 2,80 pesos la hora (Clarín, 8/11). Los ingresos sa­lariales de estos 900.000 traba­jadores sumarían, en el año, 6.585 millones de pesos, lo que equivale al 25,8% del Producto Bruto Interno, una proporción que revela que sólo la cuarta parte de una enorme produc­ción beneficia a quienes la crean (proporción que, de todas maneras, está inflada porque considera el promedio de ingre­sos salariales de todo el país y no de Córdoba, donde es más bajo). Reparto de horas Si se toman todas las horas trabajadas actualmente en la provincia y se las reparte entre todos los que pueden trabajar sin afectar el salario, se puede asegu­rar a todas las familias obreras un nivel de ingresos tolerable, digno de seres humanos raciona­les, con una jomada de trabajo más corta. ¿Aceptarán esta sali­da las patronales, a pesar de los inmensos beneficios amasados, a costa del sacrificio obrero y del subsidio del Estado, en la última década? Ni pensarlo. Exige la mo­vilización política sobre el Estado para imponer “nuestra” salida: prohibir los despidos y suspensio­nes, decidir el reparto de las ho­ras de trabajo y, entre tanto, re­solver un seguro al parado de 500 pesos sobre la base de un impues­to al gran capital. “Hay una sa­lida” que exige que las organiza­ciones obreras y populares rom­pan con las patronales, que se construya una alternativa obrera independiente, que gobiernen los trabajadores.

Según los trascendidos perio­dísticos, el Poder Ejecutivo ha en­viado a Diputados un proyecto de Ley del Empleo Público que intro­duce la flexibilización y el ajuste total en el ámbito del Estado. El texto del proyecto elimina la estabilidad del empleado pú­blico. En primer lugar, porque establece un período de prueba para los ingresantes de 12 meses, durante el cual puede ser cesanteado si no pasó determinadas pruebas de ‘formación profesional´ En segundo lugar, porque es­tablece la movilidad y posibilidad de traslado a cualquier lugar del país. Si no lo acepta, quedará “en disponibilidad” hasta un año, durante el cual, cobrará, en cuo­tas mensuales su indemnización, para luego quedar cesante. Es la famosa ‘reconversión laboral’, pero ahora bajo forma de ley y aplicable a todo el mun­do. Además el Estado podrá ha­cer contrataciones “por tiempo determinado”, lo que significa contratos basura, que lógica­mente tenderán a reemplazar al personal efectivo. También se podrán aplicar suspensiones de hasta 10 días sin sumario. Este proyecto antiobrero, consensuado por la Comisión de Legislación del Trabajo de Dipu­tados, fue firmado —según Cla­rín (6/11)— por los dirigentes Juan José Tangari de UPCN y Aníbal Díaz de ATE. El proyecto de flexibilidad, que afecta a 85.000 trabajadores, tiene antecedentes. El año pasa­do, los gremios estatales, inclui­do ATE, firmaron un convenio flexibilidad en el Alises. Y hay otro elemento que da muy, pero muy mala espina: el proyecto autoriza al gobierno a constituir un “fondo de capa­citación laboral” cuya admi­nistración será determinada, en su momento. En otros gremios exactamente, el ‘fondo de capa­citación’ ha sido la mordida de la burocracia como precio por vender a sus compañeros. Según distintos compañeros de ATE Capital, y también de provincia, la noticia ha caído como una bomba y en numerosos sectores se reclaman asambleas. Todo esto debe ser aclarado por las direcciones gremiales: ¿firmaron o no firmaron? Si no firmaron, ¿qué esperan para llamar a un paro y movi­lización para que el proyecto sea retirado del Congreso? Y sí firmaron deben ser expul­sados del gremio.

La industria automotriz, de autorpartes y material de trans­porte en general ocupa hoy prácticamente la misma can­tidad de trabajadores que en 1990 (en 1997, a producción plena, ocupaba apenas un 3% más que en aquel año). En 1990, se produjeron 27.270 automóviles en la provincia y, en 1997, 200.000. Es decir que, prácticamente con el mismo perso­nal y una incidencia marginal de los cambios tecnológi­cos, la producción se multiplicó más de siete veces. En ocho años, las patronales automotrices se embolsaron íntegramente el pavoroso crecimiento de la productividad del trabajador por hora trabajada, que creció dos veces y media respecto de 1990 (Balance de la Economía Argentina 1997, Bolsa de Comercio). En ocho años, esas mismas patronales han recibido en exenciones, subsidios, construcción de infraestructura y pago de contratados, una cifra que se acerca a la inversión declara­da en las nuevas plantas. ¿Existen o no recursos para financiar el reparto de las horas de trabajo?

“La UBA desafió al Gobierno al suspender los aportes patronales” (La Nación, 12/11). Así co­mienza el resumen del nue­vo capítulo de la telenovela que protagonizan Shuberoff y Roque Fernández. No se trata de “Gasoleros” ni de “Verdad-Consecuencia” sino de una mala copia de las viejas producciones de Alberto Migré, donde los amantes se odian porque se aman y se separan para po­der terminar juntos... Se­gún explica el diario men­cionado, la UBA habría de­cidido dejar de pagar al Es­tado las cargas sociales del personal universitario co­rrespondientes a los últi­mos tres meses del año. El mismo Consejo Superior acordó “por unanimidad” iniciar una campaña de “sensibilización de la opinión pública” decla­rando abierta una “sema­na de defensa de la uni­versidad” entre el 18 y el 25 de este mes. La “sema­na” será testigo de mesas en la ciudad, dirigidas por Shuberoff y los 13 decanos y de una solicitada en los dia­rios. Esta decisión sigue a una recomendación en tal sentido del CIN (Consejo Interuniversitario Nacio­nal) y contó con la anuencia de “legisladores nacio­nales”. Entre las activida­des a desarrollar, se en­cuentra una concentración frente al Congreso el 25, re­clamando el aumento del 20% anual del presupuesto educativo que establece la Ley Federal de Educación y el reclamo de la deuda de 12 millones que el Ministerio de Economía tiene con la UBA. La deuda con la UBA es sólo la décima parte de la que el Ministerio tiene con el resto de las universida­des (140 millones, aproxi­madamente) y es el 4% de los recortes de presupuesto, que redujeron los recursos universitarios en 307 millo­nes en los últimos tres años. Si se suman los 70 millones que van a evaporarse del presupuesto 1999, tenemos casi 400 millones menos para la educación superior, lo que demuestra que el he­cho puntual que hace esta­llarla crisis es el emergente final de un problema de magnitudes descomunales. En un “angustioso dis­curso”, Shuberoff habría acusado al gobierno de “in­sensibilidad” mientras declaraba que “nosotros ya no sabemos de dónde sacar el dinero”. Y aquí está una de las claves del problema: el ajuste autoasumido. Esta es la política que han seguido oficialismo y ‘oposición’ de la UBA: mientras el gobierno nacional destruye con saña y en forma sistemática la base material del sistema uni­versitario y de investiga­ción, las autoridades uni­versitarias apostaron al desguace por mano propia y a la generación de recursos propios, revelando una completa capitulación polí­tica y una asombrosa cegue­ra voluntaria: la magnitud y complejidad de los proble­mas del sistema universita­rio no puede resolverse por la vía de rebajas salariales y acuerdos con empresas o servicios “a la comuni­dad”. En principio, porque el salario docente no existe (la masa de los docentes que cobra recibe entre 80 y 100 pesos por mes). Pero también porque la explota­ción intermediada de los investigadores y docentes por empresas privadas (donde la universidad apa­rece interponiendo una es­pecie de ‘renta’) no rinde lo suficiente ni podría hacerlo. Estamos hablando de miles de millones de dólares, no del vuelto del colectivo. En lugar de exigir que el Esta­do habilite el presupuesto adecuado a una educación decente y a un sistema de investigación moderno y efi­ciente, oficialismo y oposi­ción, hoy confundidos en la Alianza, se dedicaron a aceptar sumisamente la función de recaudadores pa­ralelos y ajustadores clan­destinos. Mientras decla­ran su oposición al mene- mismo ‘insensible’, al re­clamar el 20% de aumento en el presupuesto estableci­do por la Ley Federal, el rector de la UBA, su partido y su ‘Franja’, y todos los representados en el Consejo Directivo, aceptan una ley que fue creada para llegar a este resultado crítico. Y a esto pretenden hacerlo apa­recer como grito de batalla. La otra clave del proble­ma está íntimamente ligada a la anterior: la esperanza en los partidos patronales es plaga en el gremio docente. Tanto CONADU como Ctera tienen su suerte jugada a la creencia en que un futuro go­bierno de la Alianza va a colo­car las cosas en su sitio. Lo que no ven (o no quieren ver) es que para la Alianza las cosas ya están en su sitio. Por eso se han empantanado en todas las maniobras habidas y por haber en el Congreso y han comprado la política del ajuste autoasumido (de la cual el ‘acta’ firmada por CONADU con el CIN es un testimonio histórico irrefuta­ble). Y por eso mismo van a caer en manos de esta manio­bra del radicalismo universi­tario construida de cara a la inminente interna de la Alianza. No por casualidad, entre los legisladores invita­dos que ‘faltaron’ a la sesión de la que hablamos más arri­ba, se encuentran los ‘pesos pesados’ del Frepaso mien­tras por la UCR se hicieron presentes Rodolfo Terragno y Leopoldo Moreau. Shuberoff aparecerá ante la opi­nión pública como ‘desa­fiando’ al gobierno, en una jugada que recuerda a la que hiciera famoso a Massaccessi y le valiera su candidatura a presidente por el radicalis­mo. El planteo no sólo es mez­quino por su finalidad políti­ca inmediata sino porque pretende encolumnar a toda la universidad en una defen­sa encubierta de la Ley Fede­ral de Educación. Los recla­mos históricos de los docen­tes, de los cuales el ‘angus­tioso’ discurso del rector no da noticia alguna, brillan por su ausencia. Los docentes te­nemos que dejar de ir a la cola de los patrones y sus parti­dos. La crisis los ha obligado a crear un cuadro de agita­ción política que debemos aprovechar para desarrollar un programa independiente, con métodos propios de los trabajadores. No nos deje­mos arrastrar, a otra ‘carpa’ pasiva e impotente. Aprove­chemos la ‘semana’ para or­ganizar la huelga general educativa: paralización de las actividades, asambleas en todas las unidades acadé­micas y organización de una Mesa Coordinadora de todos los sectores en lucha (docen­tes de todos los niveles, estu­diantes y no docentes). Lle­nemos la concentración del 25 con un programa y una organización autónoma y combativa, por la duplica­ción del presupuesto educati­vo y aumentos salariales de emergencia.

Mientras los pueblos cen­troamericanos continúan llo­rando a las víctimas del hura­cán Mitch y tratan de recons­truir sus vidas destrozadas, el gran capital conspira para con­vertir la tragedia del pueblo centroamericano en una nueva fuente de superbeneficios. Francia y España se apre­suraron a ‘perdonar* las deu­das externas de los países afec­tados. Gran Bretaña anunció una ‘moratoria’ y Alemania prometió “la más amplia re­ducción posible”. Gerhard Schröder, el nuevo canciller socialdemócrata alemán, ade­más, se comprometió a “pre­sentar planes para mayores iniciativas de reducción de la deuda en la reunión del año próximo del grupo de las siete potencias indus­trializadas” (Financial Ti­mes, 11/11). Se trata de un tiro por elevación a los Estados Uni­dos, el principal acreedor lati­noamericano, que hasta el pre­sente no han planteado ningu­na reducción o ‘perdón’ de la deuda centroamericana. En estos ‘perdones’, sin embargo, no hay nada de ‘hu­manidad’. Para las grandes potencias, de lo que se trata es de ‘perdonar’ una deuda que, de cualquier manera, los des­truidos países centroamerica­nos no podrían pagar, con el objeto de poner a sus pulpos en la mejor posición para monopo­lizar la ‘reconstrucción’ que se avecina y que dejará a Centroamérica con una deuda ex­terna todavía mayor que la que se acaba de ‘condonar’. En este sentido, son ilustrativas las declaraciones del ministro de Finanzas francés: “la ayu­da francesa —dijo— irá más allá de la crisis y se exten­derá a la reconstrucción de largo plazo y a la asistencia para el desarrollo”. Más di­recta es esta noticia que llega de España: “Hoy, el Consejo de Ministros aprobará otorgar a Honduras, Nica­ragua, El Salvador y Guate­mala créditos por 132 millo­nes de dólares. Estos prés­tamos serán sin intereses y a 30 años, pero sólo podrán utilizarse para adquirir bienes y servicios de em­presas españolas” (Agencia Informativa Pulsar, 13/11). Por cierto, esta gente no da puntada sin hilo... La naturaleza social de esta ‘reconstrucción’ fue muy claramente explicada por la ministra hondureña de Fi­nanzas. La necesidad urgente de fondos, dijo, “acelerará las privatizaciones” (Financial Times, 11/11). La ‘venta rápi­da’ de los puertos y aeropuer­tos y de las compañías naciona­les de electricidad y comunica­ciones, agrega el diario londi­nense, se hará, incluso “pa­sando por encima de las reglas que estableció el Congreso Nacional para re­visar los detalles del proce­so”. Esta ‘privatización sal­vaje’ de la destruida infraes­tructura hondureña “es parte de un futuro acuerdo con el FMI para reestructurar la economía hondureña” (ídem). En las condiciones terribles en que quedó después del hura­cán, está claro que Honduras será obligada a malvender sus empresas: los capitalistas aprovecharán la angustiante necesidad financiera del país para obtenerlas a precios de regalo. Todo esto con el agra­vante de que la privatización de las empresas estatales hará todavía más difícil pagar su ‘nueva’ deuda externa. Esto porque, como lo ha demostrado el caso argentino, las privati­zaciones implican, a mediano y largo plazo, una fuga de divi­sas y una descapitalización del país —los pulpos repatrían a sus países de origen los benefi­cios que obtiene. El gran capi­tal no va a Honduras a ‘cola­borar con la reconstruc­ción’ sino a rapiñarla. No es éste, claro, el único ejemplo de cómo la catástrofe del pueblo centroamericano es una ‘milagrosa’ fuente de be­neficios para los grandes capi­talistas. La destrucción de los cultivos por el huracán ha re­ducido drásticamente la pro­ducción mundial de bananas. En consecuencia, su precio en los mercados mundiales se ha ido a las nubes, en beneficio de las grandes cadenas distribui­doras internacionales como las norteamericanas Chiquita Brand y Dole. Ocurre que estos grandes pulpos monopolizan la producción no sólo en los países destruidos por el hura­cán sino también en el Caribe (Haití y Santo Domingo, que han quedado al margen de la catástrofe) y también en Asia y el Pacífico; además, como aco­pladores, tienen enormes stoc­ks de fruta en los frigoríficos. Estos mismos grandes pulpos, con el argumento de que ‘se han perdido las cosechas’, despidieron a todo su personal en Honduras, lanzándolo a la miseria más absoluta. En una sociedad dividida entre explotados y explotado­res y en un mundo dividido entre países opresores y países oprimidos, el huracán Mitch vuelve a demostrar que nada afecta por igual a unos y a otros. Muerte, hambre, des­ocupación, plagas y pérdida de hogares para los explotados; superbeneficios y nuevos nego­cios para los explotadores.

El sábado 14 en el Aula Magna de Filosofía y Letras de la UBA, se realizó el III° Congreso de la Unión de Ju­ventudes por el Socialismo — el segundo en cinco meses. El Congreso contó con la presencia de más de 350jóve­nes, en su gran mayoría de la Capital y el Gran Buenos Ai­res. También estuvieron pre­sentes representantes de la UJS del interior del país, como Neuquén, Río Negro, Tucumán, Córdoba y Santa Fe. La mayoría de los presen­tes eran protagonistas dé los distintos movimientos de lu­cha que, fundamentalmente en los secundarios, estuvie­ron a la cabeza del combate contra la ‘reforma educati­va’ de Menem, Duhalde y De la Rúa. Balance El balance que realizó el Congreso es más que positi­vo. En el movimiento secun­dario, en la Capital, en la semana previa al propio Congreso, la UJS ganó las elecciones del Normal 3, del Enem 5, del Otto Krause y del Raggio. Ahora quedan por delante nuevas eleccio­nes, siendo las más destaca­das las del Nacional Buenos Aires, que estuvo presente en el Congreso con una im­portante delegación. En el Gran Buenos Aires también se puso de relieve como ba­lance la creación de Coordi­nadoras secundarias en la Zona Sur, en San Isidro-Vicente López y en Garín-Benavídez, en la Zona Norte. En las elecciones univer­sitarias, el Congreso consta­tó un importante crecimiento de nuestras listas, tanto en la UBA, donde obtuvimos secretarías en cinco faculta­des y duplicamos nuestros votos, como en Tucumán — donde no sólo conseguimos la dirección del Centro de Artes sino que además creci­mos en otras facultades en forma importante; en Córdo­ba y La Plata, donde tam­bién nuestras listas tuvie­ron un importante desarrollo. Un balance negativo fue' la no edición de una revista teórico-política para el movi­miento estudiantil universi­tario, tal como había sido fi­jado en el Congreso anterior. Esta tarea se cumplirá el año que viene. Perspectiva El Congreso también estableció una perspectiva para nuestro desarrollo. Luego de debatir la situa­ción política, se reafirmó la estrategia de lucha por “una alternativa obrera”. Para esto, el Congreso resolvió lanzar una campaña de festi­vales y organización en las barriadas de todo el país. Además, el Congreso llama a todas las organizaciones o agrupaciones del movimien­to juvenil para que rompan con los partidos patronales y luchen por la independencia obrera. La consigna “Hay una salida” es para la UJS un llamado a pelear por las rei­vindicaciones; la lucha por la Huelga General Educati­va contra la ‘reforma edu­cativa’; y una campaña por el reparto de las horas de trabajo entre trabajadores ocupados y desocupados, para enfrentar la brutal desocupación y los despidos ma­sivos. El Congreso debatió las próximas elecciones de Cór­doba. La UJS de la provin­cia resolvió, por lo tanto, in­tervenir en la campaña electoral llamando a la ju­ventud a luchar por la rup­tura de sus organizaciones y las del movimiento obrero con los partidos patronales. Para eso llama a votar a la lista del Partido Obrero, que impulsa esta estrategia política. El Congreso hizo un llamado a que todos los círculos de la UJS discutan la posibilidad de movilizar­se a Córdoba para partici­par activamente en la cam­paña electoral. Por último, el Congreso significó un paso adelante en la estructuración de la UJS como organización inde­pendiente de la juventud. El Congreso abordó en el de­bate en comisiones el proble­ma de las finanzas y de la prensa (La Caldera) y resol­vió medidas que permitirán realizar todas las activida­des que el Congreso se propu­so. La Caldera debe jugar un papel fundamental en las campañas que aprobó el III° Congreso. Por último, se resolvió convocar al IV° Congreso de la UJS para mayo del año que viene.

Un reciente y documentado informe de Amnistía Interna­cional sobre las violaciones de los derechos humanos en los Estados Unidos puso al descu­bierto la envergadura y la im­punidad del aparato represivo norteamericano. Por su crude­za, este informe conmovió a la propia prensa norteamericana. Según el documento, las tor­turas, las detenciones arbitra­rias, el uso desmedido de fuerza contra civiles desarmados (al punto de provocar la muerte de los ‘sospechosos’) son la “nor­ma” del comportamiento poli­cial. “Los inmigrantes son tratados como delincuen­tes”. En las cárceles, es regular la tortura de los prisioneros mediante electroshocks. “Uno de los hechos más dramáti­cos -informa William Schulz, secretario ejecutivo de la rama norteamericana de Amnistía Internacional- es el trata­miento de las presas, el aco­so sistemático a que some­ten a las mujeres en algunas cárceles, lo que incluye su venta a guardias o presos varones como esclavas sexuales. En ocho estados, por lo menos, el contacto sexual entre guardia cárceles y presas no se considera un delito. Por otra parte, la costumbre de encadenar a las internas parturientas es más común de lo que supone la mayoría” (The Washington Post, 13/10). El carácter racista de este régimen político es evi­dente. “La raza del sospecho­so parece ser, muchas veces, el primer indicador de peligrosidad” (Folha de Sao Pau­lo, 6/10). El encarcelamiento de po­bres, negros y latinos es masi­vo. En los últimos años, la po­blación carcelaria norteameri­cana pasó de 750.000 a 1.700.000 personas, la inmen­sa mayoría por ‘pequeños crí­menes’ contra la propiedad. Estados Unidos encarcela seis veces más ciudadanos que los países europeos. Según un dia­rio británico, los pobres norte­americanos “enfrentan la disyuntiva de encontrar un empleo o pasar a engrosar la mayor población carcela­ria del mundo” (Financial Times, 28/11/97). Aunque los negros representan el 12% del total de la población norteame­ricana, la mitad de los presos son negros. El ritmo de encarcelamiento viene creciendo sistemática­mente, junto con la polarización social. “En 1997, la tasa na­cional de encarcelamiento — 645 por cada 100.000 personas-fue más del doble que la de 1985 y el número de pre­sos creció en 9,4%, casi el doble que el promedio anual de crecimiento desde 1990” (The Economist, 3/10). Paralelamente, creció el número de condenados a muerte y el número de críme­nes sujetos a la pena capital. Aquí también, “la raza del acusado y de la víctima pa­recen ser los factores esen­ciales para decidir una condena a muerte... la pro­babilidad de que un negro sea condenado a muerte es cuatro veces mayor que la de un blanco” (Folha de Sao Paulo, 6/10). En Pennsilvanya, por ejemplo, de los actua­les 120 condenados a muerte, sólo 13 no son negros (TheNew York Times, 16/10). Otro de los ‘blancos’ prefe­ridos de la brutalidad policíaco- judicial es la juventud, contra la que rige el Hoque de queda’ en las principales ciudades. Esta­dos Unidos es el único país que no ha ratificado la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y que ratificó con re­servas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU: en ambos casos, por­que “objeta que se proscriba la aplicación de la pena de muerte a delincuentes juve­niles” (The Washington Post, 13/10). “Los derechos humanos en los Estados Unidos, dice Amnistía, nos hablan de dos naciones (diferentes): ricos y pobres; blancos y negros; hombres y mujeres” (The Guardian Weekly, 11/10). La integración de policías y jueces en este sistema represivo clasista y racista es perfecta, porque “rara vez los policías son procesados y, menos to­davía, castigados”. Peor aún, “los programas de reformas de los principales departa­mentos de policía y la legis­lación disponible no evitan la impunidad de los policías inculpados en abusos” (Fol­ha de Sao Paulo, 6/10). Los jue­ces, por su parte, son ‘intoca­bles’. A la cabeza de todo este aparato represivo se encuentra la Corte Suprema. En esta represión estatal, se apoya una vasta represión ile­gal, a cargo de bandas derechis­tas con vastos lazos con las poli­cías, que -como ha ocurrido en las últimas semanas- asesinan homosexuales, inmigrantes y médicos abortistas. Rara vez los responsables de estos asesi­natos van a la cárcel. El gigantesco aparato repre­sivo norteamericano que apun­ta a la masa de los desposeídos ilustra mejor que nada, por eso, la naturaleza concreta del régi­men político.

Julia, activista de 1° año del Mariano Moreno En el Moreno hubo un com­plot de las autoridades y gente de la Franja y el Frepaso que armaron una lista oficialista. El viernes 6, cuando se esta­ban desarrollando las eleccio­nes, simpatizantes de esa lis­ta (ADEMM) vinieron a patoteamos, patearon las urnas y golpearon al candidato a pre­sidente por el Frente de Lu­cha Estudiantil (FLE). Tras el incidente, se suspendieron las elecciones. El rector, con los precepto­res y algunos profesores, a es­paldas de los estudiantes, con­vocaron a elecciones para el día martes 10, desconociendo a la junta electoral votada por el cuerpo de delegados y ar­mando una nueva junta con integrantes del ADEMM, pre­ceptores y profesores. Las elecciones fueron tan truchas que se terminó votando en preceptoría y con la presenta­ ción de una sola agrupación. El Frente de Lucha Estudian­til inició una campaña para desconocer las elecciones tru­chas y el fraude, exigiendo que se convoque a elecciones de­mocráticas. La cooperadora, algunos profesores y distintos centros de estudiantes se pro­nunciaron a nuestro favor. Hemos sacado varios volantes y boletines, reuniones de FLE, cartas-documentos a la muni­cipalidad y un petitorio para que lo firme todo el colegio. Esto no es casual, ni un hecho aislado. En otros cole­gios, como el Nacional Buenos Aires, se da el mismo ataque contra el movimiento estu­diantil que encabeza la lucha contra la Reforma Educativa. Gastón Méndez, Carlos Pellegrini, 5° 2° En el colegio, Con las san­ciones por la vuelta olímpica pretenden sentar un prece­dente. No sólo fuimos sancio­nados nosotros, ya que por juntar firmas y discutir con profesores, otros compañeros sufrieron el, mismo ataque. Hubo dos chicos que presenta­ron un recurso de amparo y ya se reincorporaron. El lunes queremos que esto se extienda a los 12 suspendidos. El congreso de la UJS re­fleja que la gente está buscan­do otra salida, y eso se ve en las masivas votaciones obte­nidas, como en Económicas o el Otto Krause. De estar sólo en tres colegios, la UJS se ha extendido a una decena de co­legios de la Capital. Creo que hemos tenido muchos acier­tos, pero necesitamos organi­zamos mejor para resolver los problemas de finanzas. Lucía (vicepresidenta), Julián (presidente) y Romina CEPEN 46 (Neuquén) Lucía: Al principio de año, la Coordinadora y todos los estu­diantes nos levantamos contra la Reforma, reclamando elec­ciones en el Centro, que dirigía el PTP y no querían hacer. Romina: tuvimos que con­vocar a elecciones llamando a asambleas entre todos los estudiantes. Se reunieron las comisiones, donde vota­ron 411 estudiantes sobre 560. Los estudiantes refle­jan el acierto de nuestro pro­grama ya que nuestra lista obtuvo 267 votos contra 106 en blanco y 41 impugnados. Julián: Tras ganar nos reuni­mos para impulsar la tercera revista, Radio Recital, y un video-debate. Como CES de Neuquén, impulsamos el boi­cot al examen de egreso. Lucía: Ahora en este congreso —como alguien dijo— cumpli­mos con nuestros objetivos del Segundo Congreso. Pero no debemos conformamos, sino seguir formando centros. Javier, Secretario de Asuntos Estudiantiles, EEM N° 5 Este año se llamó por pri­mera vez a elecciones en el colegio y se presentaron dos listas, una independiente y la otra peronista. Nuestra lista ganó con 209 votos (65%). La campaña la realizamos con un programa que reivindicaba la lucha contra la Ley Federal, llamando a un Congreso de Es­tudiantes Secundarios y con­tra las sanciones disciplina­rias. El Congreso de la UJS me pareció importante, porque es­tablece un modo superior de organización de la juventud a nivel nacional, decidiendo la política que como organización debemos llevar adelante. Se tomaron además resoluciones importantes en cuanto a inde­pendencia de la organización y la política. Nahuel, Colegio Raggio, presidente del Centro El centro estaba inactivo y a las reuniones asistían sólo los delegados. Al calor de la lucha, empezamos a organizar para sumamos a las ocupaciones de los colegios en defensa de la Es­cuela pública, laica y gratuita. A partir de esto, iniciamos una campaña para que se realicen elecciones donde voten todos los alumnos. Nuestra lista ganó con unos 600 votos.

No hace muchos años, la idea de un partido de trabaja­dores era poco más que un slo­gan. En 1996, un puñado de sindicatos junto con 1.350 de­legados se jugaron y fundaron el Labor Party. Hoy, cinco grandes sindicatos nacionales, varios organismos sindicales regionales, numerosos sindi­catos locales y miles de miem­bros individuales pertenecen al Labor Party. Esta joven or­ganización política dará su se­gundo paso en su Primera Convención ordinaria, que se realizará entre el 13 y el 15 de noviembre en Pittsburgh. Nadie podría decir que el Labor Party es un verdadero partido político, mucho menos que es un contendiente en la política norteamericana. Pero Tony Mazzocchi, el principal promotor de este partido, dijo que “establecimos una enti­dad que va hacia delante y una cierta institucionalización con los sindicatos afiliados”. Establecido Chris Townsed, director político del United Electrical Workers (UE) expresó un pen­samiento similar: “Nuestro éxito es que el período de instalarnos ha terminado. El apoyo de los sindicatos era crítico”. Cada sindicato afiliado paga 10.000 dólares al año. En los últimos meses, tanto la SEIU (sindicato de los emplea­dos estatales) como la UE con­tribuyeron con montos equiva­lentes a la cotización de afilia­ción aunque han declinado convertirse en promotores for­males. El SEIU incluso envió convocatorias de la Conven­ción del Labor Party a todos sus sindicatos locales. Sean Sweeney, de la regio­nal de la ciudad de Nueva York, menciona a un sindicato local que contribuyó con 20.000 dólares a los esfuerzos de organización en esa ciudad. Townsed hace notar que los primeros intentos de un parti­do de trabajadores en 1920 y 1940 pusieron sus esperanzas en las elecciones nacionales, sólo para desaparecer des­pués. El Labor Party de los años ‘90, en su primera con­vención, específicamente re­chazó presentar candidatos. En la convención de noviem­bre, sin embargo, la Comisión Electoral del partido propon­drá un abordaje del tema elec­ciones. Es probable que sea uno de los debates más dispu­tados, como en 1996. Ed Bruno, organizador del partido en Nueva Inglaterra, puntualiza que esta vez la principal discusión no será tanto si presentar candidatos, sino acerca de “cuán estric­tos serán los requerimien­tos organizacionales en la participación electoral”. La propuesta incluye: Los candidatos deberán ren­dir cuentas ante el Labor Party antes y después de las eleccio­nes. Los candidatos elegidos que no defiendan el programa del Labor Party no serán res­paldados para la reelección. El Labor Party no respaldará candidatos de otros partidos, ni los candidatos del Labor Party se presentarán simultá­neamente en las listas de otro partido. En otras palabras, el Labor Party rechaza la táctica de ‘fusión’ utilizada por el Partido Nuevo, por la cual sus candidatos también se presen­tan en las listas demócratas. Las campañas locales del La­bor Party deben tener la apro­bación de su Consejo Nacional. Las campañas deberán ser “creíbles” en vez de pura­mente educativas: un Labor Party reconocido debería exis­tir a nivel local. Los sindicatos que lo respalden deberían representar una porción signifi­cativa de los afiliados sindica­les en el área, “suficiente para asegurar que el candi­dato del Labor Party sea visto como el candidato de los sindicatos”. La campaña debería tener respaldo de las organizaciones comunitarias y dinero. El distrito debe incluir un ' número significativo de miembros del Labor Party. Las estructuras locales del partido deben notificar a las nacionales, al menos con un año de anticipación,. cuando proyecten una campaña. Sin embargo, la propuesta incluye muchas palabras abiertas a interpretación — “significativo”, “suficien­te”— y les da a los dirigentes nacionales cierta flexibilidad. Una campaña local propuesta puede no reunir todos los re­quisitos, pero aun así contar con el visto bueno. Muchos activistas locales creen que los requerimientos impiden cualquier campaña en el corto plazo. El hecho tris­te es que probablemente no existe una sola ciudad en el país en la cual el movimiento sindical sea suficientemente fuerte y esté dispuesto a mon­tar una campaña creíble del Labor Party. Los redactores de la propuesta han dicho que quieren impedir campañas que tengan pocas posibilida­des de hacer una fuerte demos­tración. Otros están preocupados de que la propuesta permita a la dirección nacional tener la palabra final acerca de si pue­de haber una campaña local. Por otro lado, este requeri­miento es visto por otros como Una salvaguarda contra la po­sibilidad de que ciertas regio­nales presenten candidatos antes de que puedan hacerlo efectivamente. Varios candidatos proba­blemente presentarán en­miendas para hacer más facti­ble presentar candidatos en lo inmediato, por ejemplo, redu­ciendo el número de miembros requeridos para reconocer a una regional (actualmente mil). Crecimiento reciente Muchos activistas del Labor Party han expresado la frustra­ción con el crecimiento relati­vamente lento de la organiza­ción. Sin embargo, el partido ha experimentado un crecimiento de distintas maneras. Como puntualiza Sweeney, de la regional neoyorkina, hay 43 regionales, algunas de las cuales han crecido significati­vamente. La regional de Nueva York tiene 630 miembros aun­que, como en la mayoría, el nú­mero de activistas es pequeño. Diez locales de la United Mine Workers (sindicato mi­nero) se han afiliado. Tres de los grandes sindicatos nacio­nales afiliados —UE, OCAW (sindicato de la industria pe­trolera, atómica y química) y la Hermandad de los Empleados de Mantenimiento de Vías (BMWE, ferroviarios)— han llevado adelante campañas in­ternas de organización. Empe­zaron yendo local por local para poner en pie comités o, en el caso de la UE, ‘círculos de empresa’ y reclutando miem­bros individuales. La UE se precia de tener 45 locales que se han afiliado al Labor Party, y 500 miembros individuales. El Labor Party enfrenta el dilema de que todavía no es suficientemente fuerte para hacer lo que los partidos políti­cos normalmente hacen —y lo que define a un partido ante la opinión pública—, esto es, pre­sentar candidatos. Necesita hacerse mucho más grande y presente en los sindicatos — pero, sin campañas electorales, no ha encontrado una vía para crecer cualitativamente. El mayor problema que enfrenta el Labor Party no es interno sino un mundo exterior inhós­pito en el cual la mayoría de los dirigentes sindicales son hosti­les al proyecto. “Tenemos que reclutar cara a cara”, dice Ed Bruno. Pero también señala que el partido necesita “dos o tres buenas campañas” sobre cuestiones específicas. Mu­chos miembros han sido escépticos acerca de la única campa­ña oficial que el partido ha he­cho hasta ahora —una en­mienda constitucional que ga­rantice trabajos con un salario vital para todos. Muchas re­gionales llevaron petitorios puerta a puerta, pero encon­traron que este llamado más bien abstracto no ayudaba al reclutamiento. La convención discutirá propuestas para otras posibles campañas. La salud pública estatal es la más prominente; otras propuestas son defender la seguridad social, agitar con­tra los acuerdos ‘comercia­les’ como el AMI y promover la reforma de la ley sindical. Townsed, de la UE, coinci­de con el enfoque de menor a mayor. “¿Cómo construye usted un partido de traba­jadores en un movimiento sindical donde la mayoría de los sindicatos están dominados por el sindicalis­mo empresarial?”, pregun­ta. “Estamos comenzando con los activistas accesi­bles a nivel de empresa y de sindicatos locales: los dele­gados de empresa, los dele­gados sindicales y los diri­gentes locales”. La Convención fundacional de 1996 fue un acontecimiento vivaz y polémico. Pocos espe­ran que la primera Conven­ción ordinaria vaya a ser insul­sa. Sweeney señala que “la at­mósfera interna del parti­do ha mejorado mucho en los últimos dos años”. Con al menos tres sindica­tos (UE, OCAW y BMWE) apo­yando la propuesta de la Comi­sión Electoral, la división en­tre regionales y sindicatos tan evidente en 1996 será menos pronunciada esta vez. En la convención de 1996, los dele­gados de los sindicatos se sen­taron en el frente del salón y los delegados de las regionales al fondo. Esta vez, los asientos de los delegados estarán mezclados en todo el salón. Más allá de lo que ocurre entre las distintas fracciones y el debate vivo en las sesiones plenarias, lo que puede ser mucho más importante es la visión de los trabajadores proyectando su propio camino político. (Extraído de Labor Nortes, septiembre)

En el Colegio Nacional Moreno, una lista ‘oficialis­ta’ con el apoyo abierto de autoridades del colegio, armó un atentado contra el acto eleccionario, a trompada lim­pia, pateada de urnas e incendio de elementos. Luego armó una seudo elección, en la preceptoría, con una sola lista, sin fiscales ni junta electoral. En el Buenos Aires, el rec­tor Sanguinetti, ex-Secreta- rio de Educación del gobierno de De la Rúa, prohibió reali­zar las elecciones de Concejo juntamente con las del Cen­tro de Estudiantes y las postergó, autoritariamente, para el año próximo. Esto para favorecer a la agrupa­ción radical Franja Morada, que pierde en las elecciones de Centro contra la izquier­da. Entonces las boicotea y se ‘reserva’ para las de Con­sejo, contando con que, sien­do estas obligatorias, se pue­de diluir más la influencia del activismo y aprovechar la inexperiencia de los prime­ros años, recién ingresados. Pero no es todo. Simultá­neamente, tanto Sanguinet­ti como el rector del Pellegri­ni, también radical, han dis­puesto sanciones masivas para alumnos del último año que festejaron la culminación del secundario con una “vuelta olímpica”. Todos coinciden en que han sido de las más pacíficas y menos tumultuosas en mucho tiem­po. Pero los rectores han op­tado por el “castigo ejem­plar”. Una vuelta de tuerca represiva. Entonces hay una inten­cionalidad en todo esto, que sólo puede vincularse a la ne­cesidad del gobierno aliancista de Buenos Aires de desacti­var el movimiento estudiantil secundario, especialmente en los colegios que encabezaron las tomas y movilizaciones contra los decretos de aplica­ción de la ‘reforma educati­va’ de De la Rúa. Reforma que liquida prácticamente el cole­gio secundario y con la que, está claro, el gobierno aliancista volverá a la carga el año próximo. Y quiere el camino lo más expedito posible. Pero las cosas no les es­tán saliendo del todo bien, el Centro ‘saliente’ del Mo­reno ha lanzado una vigoro­sa campaña contra el golpe de mano que interrumpió el proceso electoral y a favor de elecciones democráticas, sin injerencias de autorida­des. También en el Buenos Aires, los estudiantes de­nunciaron la maniobra de Sanguinetti y realizaban las elecciones del centro el lunes 16, en su defensa. En el Otto Krause, se impuso con amplitud en las eleccio­nes una lista orientada por la Unión de Juventudes por el Socialismo. Lo mismo en el Normal 3, el Emet 5 y la importante escuela técnica Raggio. Por lo que el cuadro de fuerzas, augura una gran batalla del movimiento es­tudiantil secundario contra la reforma de De la Rúa el año próximo.

Finalizó en Buenos Aires la Cuarta Conferen­cia sobre el Cambio Climático (COP4) que reunió a representantes de más de 160 países, con el objetivo de poner en práctica las resoluciones adoptadas el año pasado en la anterior cumbre en Kyoto, Japón. Los informes elaborados hace un par de años por el Panel Intergubemamental sobre Cambio Climático (IPCC) que agrupa a más de 2.000 científicos de todo el mundo fueron categóricos. La temperatura terrestre se viene elevando y esto es resultado de la actividad humana. La quema de combustibles fósiles, especialmente petróleo, gas y carbón, genera dióxido de carbono (C02) que se va acumulando en la atmósfera, reteniendo los rayos solares y provocando lo que se llama el “efecto invernadero” El fenómeno se agrava con la masiva tala de bosques y selvas, ya que las plantas actúan absorbiendo el dióxido de carbono. Este año es el más caluroso desde que se llevan registros, como ya lo había sido antes 1997. Desde 1980 se dieron 13 de los 14 años más calurosos. Grandes masas de hielo, de centenares de kilóme­tros cuadrados se han desprendido del casquete antártico y la elevación de la temperatura de los océanos genera un agravamiento de los huraca­nes y desastres naturales en las zonas tropicales; por esto, el año pasado, el fenómeno cíclico de ‘El Niño’ adoptó características extremadamente vi­rulentas. Las pérdidas ocasionadas por los desastres climáticos (huracanes, tifones, inundaciones) al­canzan cada año nuevos records. “En los prime­ros siete meses de 1997 se los estima en 72 mil millones de dólares, superando el anterior record de 60 mil millones para los 12 meses de 1996” (International Herald Tribune, 2/11). Este año, huracán “Mitch” incluido, las cifras serán muy superiores. Patrick Obasi, secretario general de la Organización Meteorológica Mun­dial, declaró que “los trastornos severos del clima serán cada vez más graves. En la larga lista de catástrofes crecientes, incluye los incendios de bosques en Panamá, Guatema­la y México y las inundaciones en Somalia” {Clarín, 14/11). Naturalmente, los desastres climáticos no afectan a todos por igual. Las redes de protección meteorológicas permitieron que “el paso del huracán ‘Georges’ no provocara muertes en Estados Unidos, mientras que en los peque­ños países del Caribe, donde no hay infraes­tructura meteorológica, hubo unas 300 víc­timas”, agregó Obasi (Clarín, ídem). El “Mitch”, por su parte, devastó países enteros de América Central. “El cambio climático también tendrá efectos sobre nuestra salud”, escribió el direc­tor de Vida Silvestre (La Nación, 6/11). “Un estudio realizado por especialistas de la Universidad de Harvard demuestra, por ejemplo, el avance de diversas enfermeda­des infecto-contagiosas con el aumento glo­bal de la temperatura. La Argentina, con su reciente brote de dengue (enfermedad viral transmitida por mosquitos que avanzan hacia el sur y que ya están en un& de cada cuatro casas en Buenos Aires) no está exenta de estos ries­gos”. También en este caso, son los países atra­sados los que más sentirán los efectos de estas nuevas plagas. “Las enfermedades transmitidas por los mosquitos (malaria) y la conta­minación del agua (cólera) afectarán priori­tariamente a los países del Sur donde po­drán alcanzar, según los expertos, las 6,9 millones de víctimas” (Le Monde, 5/12/97). Negocios La cumbre de Kyoto había aprobado objetivos extremadamente mezquinos de reducción de las emisiones de gases. Los países más desarrollados se habían comprometido a reducirlas en un pro­medio de 5,2% en relación con las de 1990, pero recién para el 2012. Aún estos modestos compro­misos eran resistidos por el poderoso lobby norte­americano (Global Climate Coalition) que agrupa a los gigantes petroleros y automotrices entre otros, y que cuenta con el apoyo de sus similares europeos. Hasta la apertura de la COP4 muy pocos países habían firmado el tratado y casi ninguno lo había ratificado (por sus parlamen­tos), sin lo cual no entra en vigencia. Ya en Kyoto, el gobierno yanqui había manifes­tado su resistencia a firmar el tratado si no había un compromiso de parte de los países atrasados en reducir también sus emisiones, en especial China, India, Brasil, Corea e Indonesia, países que las han incrementado espectacularmente en los últimos años. Como parte de su política frente a toda la crisis mundial, lo prioritario para Estados Unidos es eliminar o debilitar a sus competidores. En la cumbre de Kyoto, a último momento, la delegación americana había logrado imponer el “comercio de emisiones”, fórmula ambigua que comenzó a des­envolverse en Buenos Aires. Los compromisos de los países atrasados y el comercio de emisiones están ligados ya que en Kyoto sólo se había autorizado el ‘comercio’ en­tre los países que debían reducir sus emisiones, mientras que los EE.UU. pretenden que ese co­mercio se generalice a todo el mundo. María Julia y Menem, en sus discursos, siguieron fielmente el libreto norteamericano, proponiendo metas ‘vo­luntarias’ de reducción para todos los países. Que esta posición era parte de un ‘libreto’ ajeno quedó claramente en evidencia ya que, pocos días antes, Menem vetó una ley que promovía la utili­zación de la energía eólica (de los vientos), muy abundante en la Patagonia. Naturalmente, la posición argentina fue duramente criticada por los representantes de los países atrasados. El ‘comercio de emisiones’ y el llamado “Me­canismo de Desarrollo Limpio” (MDL) fueron las vedettes de la COP4. El “flamante mercado del aire” (Clarín, 15/11) interesa a los principa­les monopolios energéticos que encuentran, de ese modo, nuevas vetas rentables para financiar su reconversión. Esta perspectiva ya había sido anticipada por los cambios en la orientación de los pulpos estadounidenses, que trabajan a dos pun­tas: sin abandonar el lobby antitrátado, comien­zan a explorar las perspectivas que les abre el ‘comercio de emisiones’. “Si el tratado que limita la emisión de gases es ratificado, el ‘comercio de emisiones’ va a ser muy impor­tante para muchos miembros del GCC, seña­ló Connie Helmes, dirigente del GCC, el lo­bby antitratado” (Wall Street Journal, 30/10). Tanto la British Petroleum, como la Royal Butch Shell, abandonaron la GCC por su oposición al tratado y están buscando participar activamente del futuro comercio de emisiones (idem). El Con­sejo Económico Mundial para el Desarrollo Sustentable y el Consejo Empresario argentino para el Desarrollo Sustentable (CEDS, dirigido por Pérez Companc y la Shell y apoyado por María Julia) fueron de los más activos en la promoción del comercio durante la COP4. Rusia y los restan­tes países de la ex Unión Soviética, que tenían industrias altamente contaminantes y cuyo co­lapso industrial las ha dejado con altos porcenta­jes de reducción de sus emisiones, son grandes candidatos para ese comercio. Por eso no sorpren­dió que el único país que apoyara la propuesta argentina fuera Kazajstán. Platos rotos Los costos de cualquier ‘esfuerzo’ por dismi­nuir la emisión de gases se lo harán pagar a las masas trabajadoras-consumidoras mediante ma­yores impuestos al uso de la energía. La población se verá forzada a pagar más altos costos de energía con el argumento de que así ayudan a ‘salvar el planeta’. En Europa la llaman la Ecotax y “hará rechinar los dientes. Francia no se opondrá más a la puesta en marcha de una directiva europea de fijar impuestos sobre los productos energéticos” (Le Monde, 27/11/ 97). Un pronóstico similar para Estados Unidos formula coincidentemente toda la prensa norte­americana. Bajo el paraguas ‘ambientalista’, los mono­polios y los países imperialistas pretenden man­tener el control sobre las fuentes de energía y las nuevas tecnologías que, en esa cuestión vital, se desarrollen en el futuro. En Kioto, la asociación E7 que agrupa a 8 grandes compañías de electri­cidad de Europa, Japón, Estados Unidos y Cana­dá fue a defender “el desarrollo de energías renovables (entre ellas la) nuclear” (Le Monde, 24J12fdl). Francia y Japón son los países con menor emisión de gases per cápita pero son los que mayor proporción de centrales nucleares tie­nen. “Los empresarios del CEDS, Zorraquín y Oscar Vicente (de Pérez Companc), se reunie­ron con sus pares de Brasil y México, para buscar el apoyo de sus gobiernos para dismi­nuir la emisión de gases... Esto es para mejo­rar el nivel de vida, comentó Vicente” (Cla­rín, 12/11). Los grandes contaminadores buscan créditos y subsidios para seguir lucrando ahora con la onda ecológica. “El negocio forestal tiene un futuro pro­misorio” señalaba La Nación (30/9). La política de incentivos fiscales, desgravaciones impositi­vas, condiciones laborales especiales y subsidios que cubrirán hasta el ciento por ciento para fores­tar resultan en un ‘‘balance que supera am­pliamente a la mejor caja de ahorro, con la salvedad de que, luego del primer corte, habrá dos más sin costo adicional significa­tivo” (La Nación, 31/10). Shell y Pérez Companc son, naturalmente, los primeros anotados en es­tas ‘inversiones ecológicas’ que serán parte del ‘comercio de emisiones’ que se seguirá nego­ciando en los próximos meses de acuerdo con lo resuelto en la reciente COP4. El parasitismo capitalista se exacerba en épo­cas de crisis. Los grandes capitalistas no se creen eso de la oposición entre el ‘neoliberalismo’ y la ‘tercera vía’ y buscan chupar todo lo que pueden del Estado mientras aprovechan la desregula­ción ‘neoliberal’ y la ofensiva de flexibilización laboral.

Compañeros: Cuando Pueblo Unido irrum­pió en el escenario político pro­vincial como un partido que im­pulsaba la organización combati­va del pueblo, el Partido Obrero fue el único partido que colaboró estrechamente en la organiza­ción de importantes acciones de movilización popular como el acto de lanzamiento de PU, reali­zado en noviembre de 1996 en el Club Caja Popular, o el acto del 21 marzo de 1997, en la Plaza Independencia, donde se procla­mó la candidatura de Parajón a diputado nacional. Junto a Pue­blo Unido, el PO organizó, el 8 de marzo de 1997, un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer y se concurrió en común al Encuentro Nacional de Mujeres realizado en San Juan; posteriormente concretamos la formación de la Coordinadora de Trabajadores Combativos que convocó a un acto Intemaciona­lista el 1° de Mayo en el club Al! Boys. Se intervino, además, en numerosas acciones reivindicativas de los trabajadores. Todo este proceso de organización y lucha tuvo su coronación en la realización de la Asamblea de Trabajadores realizada el 17 de agosto en el Club Belgrano donde se votó una plataforma que ofre­cía una salida a los principales reclamos obreros y populares. En todo este proceso, Pueblo Unido, especialmente Parajón, a través de declaraciones escritas o en las tribunas públicas, re­marcó una y otra vez que la sali­da a las reivindicaciones de las masas explotadas pasaba por ex­propiar a la oligarquía, anular las privatizaciones, imponer im­puestos a las grandes fortunas y a los beneficios de los barones del citrus, desconocer la deuda pú­blica. En definitiva, lo que se pro­ponía es que a la crisis la pagaran sus responsables y beneficiarios, los grandes monopolios. Se de­nunció una y otra vez que la Alianza y sus principales diri­gentes nacionales representa­ban la variante prolija del mode­lo neoliberal, o sea que eran, jun­to al menemismo y al bussismo, una variante de la dominación de los monopolios en el país y en la provincia. ¿Cuál es el panorama en la actualidad? Lo que observamos es que Pueblo Unido ha dado un viraje de 180°. Ya en su oportunidad, el Partido Obrero denunció públi­camente que la digitación de los candidatos a diputados naciona­les que integraron la lista junto a Parajón en las elecciones de octu­bre del ’97 significaba un retroce­so, porque reproducía la metodo­logía manipuladora de los parti­dos patronales y una de las características fundamentales de esta sociedad capitalista explo­tadora y opresora, que impone que el obrero tiene que ir siempre de furgón de cola, detrás del bur­gués o el pequeño burgués. Seña­lamos que esta digitación de can­didaturas era contradictoria con la realización de la Asamblea de Trabajadores que se había reali­zado 10 días antes donde los tra­bajadores habían demostrado su capacidad para deliberar y votar un programa que representaba sus intereses. En Pueblo Unido, se fue imponiendo un régimen de organización en el que las deci­siones democráticas de las bases y el programa han sido sustitui­dos por el personalismo y el cau­dillismo. Ese retroceso ha tenido su co­rrelato, luego, con el completo abandono de las posiciones polí­ticas que se defendieron el año pasado. Se ha abandonado el planteo de expropiar a los oligar­cas responsables directos de la crisis provincial y del vaciamien­to del Banco Provincial. Se ha abandonado el planteo de anular las privatizaciones y el descono­cimiento de la deuda pública fraudulenta. Se plantea la priva­tización del gasto social. Se ha abandonado el planteo de desmantelar el aparato represivo proponiendo cursos de derechos humanos para los cadetes de la - Escuela de policías. Se ha aban­donado el planteo de repartir las horas de trabajo y de imponer un seguro al desocupado de 500 pe­sos para dar salida a los 100.000 trabajadores tucumanos que están condenados a una situación de desocupación crónica, o el sa­lario básico de 1.200 pesos para dar salida a la miseria y congela­miento salarial que sufren los que tienen trabajo. Todo el pro­grama de Pueblo Unido se ha reducido a proponer diversas medidas de fomento a los explo­tadores, grandes o pequeños, por medio de los fondos públicos, o sea a reproducir y perpetuar a los grandes oligarcas, sean éstos azucareros, citrícolas o bancarios, que han postergado en el atraso a la provincia y han hun­dido en la más grande miseria a las mayorías populares. Las posiciones políticas de Pueblo Unido han virado hasta el punto que hoy no tienen ninguna diferencia sustancial con las que defienden los partidos de la Alian­za. Eso es lo que explica que Fernández Meijide haya sido recibi­da en la sede central de Pueblo Unido, cuando antes se la desen­mascaraba en los actos públicos como una defensora del modelo, o que se haya promovido acciones antibussistas con la Alianza, cuando ésta un mes antes había impulsado un juicio político tru­cho junto al PJ, frustrando la mo­vilización popular, permitiendo el regreso impune de Bussi a la go­bernación. Es significativo que, hasta el día de hoy, Pueblo Unido no haya fijado posición ante las elecciones presidenciales, sin de­limitarse claramente de la Alian­za, cuando ésta aparece cada día más menemizada, comprometida en la defensa de los intereses de los grandes pulpos internaciona­les que han saqueado las riquezas del país y hambreado a los traba­jadores y en la impunidad de los genocidas argentinos y de Pinochet. Si Pueblo Unido fue hasta el año pasado un canal popular y combativo por medio del cual se expresó en Tucumán la ruptura de miles de trabajadores con los partidos patronales tradiciona­les y la búsqueda de un rumbo político para luchar contra el FMI, el bussismo y la oligarquía, su evolución posterior ha conver­tido a Pueblo Unido en un calle­jón sin salida para los explota­dos. Tucumán vive una crisis so­cial y política sin precedentes que exige una organización enér­gica de los luchadores obreros y populares, para poner fin a la dominación de la oligarquía capi­talista y arrancarle el poder en beneficio de los trabajadores. En función de todo esto, el Par­tido Obrero llama a Pueblo Unido a que rectifique el rumbo, y en primer lugar a que sea una asam­blea de trabajadores la que deter­mine su programa, elija sus direc­ciones y seleccione a sus candida­tos. Llama a volver a levantar la reivindicación de la expropiación de la oligarquía y por el juicio y castigo a todos los que asesinaron a militantes populares y a ciuda­danos de toda condición. Llama a Pueblo Unido a romper cualquier tratativa con la Alianza y a impul­sar una alternativa política inde­pendiente de los trabajadores a nivel nacional. Ni Duhalde ni la Alianza. Hay una salida: el frente de los traba­jadores.

Las patronales autopartistas han anun­ciado 400 suspensiones desde la próxima semana, luego de despedir a treinta compa­ñeros en lo que va de noviembre. Están corriendo las suspensiones por sector en Fiat, que preceden al plan de suspensión total desde mediados de diciembre y a las vacaciones adelantadas hasta el mes de fe­brero. Fiat ha abierto el registro de ‘retiros voluntarios’, pero, ante el hecho de que nadie se anotó, ha empezado con las amena­zas con el objetivo de 500 despidos. En Ren­ault, cerca de 200 trabajadores se han acogi­do al ‘retiro voluntario’ y la patronal ha anunciado que suspenderá masivamente a fines de noviembre, adelantará las vacacio­nes y necesita prescindir de 630 trabajado­res. Las terminales están aprovechando la crisis para tratar de imponer un ver­dadero plan de guerra contra los traba­jadores. La patronal francesa ha descarga­do un virtual ultimátum sobre los trabajado­res de Mantenimiento para hacerlos ingre­sar a la tercerizada’ Polynomt. La Fiat se ha apresurado a vaciar la planta para que­brar toda deliberación obrera frente al venci­miento del convenio firmado hace tres años, que consagró el régimen más completo de flexibilidad laboral, disminuyó el salario (un 40%), modificó la jomada laboral, implantó la polifuncionalidad y eliminó las categorías vigentes. ‘Sugestivamente, ni uno solo de los candidatos de los partidos ‘oficiales’ dedi­ca dos palabras a la catástrofe social que se está abatiendo sobre los trabajadores cordo­beses. El ‘debate’ entre De la Sota, John­son (del partido de Cavallo) y Volando no toca este punto, ni la reforma labo­ral, ni la deuda externa provincial de más de 1.300 millones que hipoteca fondos por coparticipación, ni el casti­go y la ejecución de las deudas de la mafia de empresarios y políticos que vaciaron los fondos públicos; es decir, el ‘debate’ no existe. El supuesto enfren­tamiento entre Mestre con De la Sota alre­dedor de la privatización de Epec y del Banco Provincia es trucho, ya que el ‘estatista’ Mestre prepara la privatización de Epec vía la tercerización, la entrega del 29% de las acciones y el gerenciamiento privado. Lo mismo ocurre con el Banco Provincia (donde Mestre plantea la aplicación de la ‘ley Angeloz’, con 49% de las acciones y el gerenciamiento para los privados) y los hos­pitales públicos. La burocracia sindical, en cualquiera de sus variantes, está acompañando este pacto de silencio con el inmovilismo total de los sindicatos. Esto frente a la situación social desesperante y a una lucha en defensa de los hospitales públicos y de los reclamos de médicos y enfermeras que lleva seis meses sin siquiera un paro ‘solidario’. El Partido Obrero ha colocado en el centro de su campaña electoral el reclamo de que las organizaciones obreras y populares rompan con los partidos patronales y organicen una alternativa obrera independiente para arrancar ‘nuestra’ salida: el reparto de las horas de trabajo, un salario de 1.200 pesos por una jornada de ocho horas, la apertura de los libros de los bancos públicos y el castigo y la ejecución de todos los vaciadores.