Prensa Obrera N° 597

Producto del conflicto, se destapó una olla podrida, que demuestra que el autoproclamado "periodismo independiente" es simplemente una forma de hacer negocios. Se hizo público que la utilización ‘mediática’ de la muerte de nuestro compañero José Luis Cabezas permitió, en estos dos años, un gigantesco crecimiento de la Editorial Perfil y su posicionamiento como la empresa ‘líder’ en el mercado de revistas. La dirección de la Utpba fue y es cómplice de la trama del "periodismo independiente". Aunque un gigantesco mural de los ojos de José Luis decora el hall de entrada del edificio de la editorial, la patronal puso más de 50 guardias privados (¿de alguna empresa de Yabrán?) a custodiar el edificio durante el conflicto. Perfil compró el auto en el cual fue asesinado y quemado nuestro compañero, con el objetivo de lucirlo en el frente de la editorial. Como verdadero homenaje y como señal de duelo, una enorme banda negra, colocada por los trabajadores del diario, tapó los ojos de José Luis durante el conflicto.

En un plenario de delegados y activistas del gremio de Prensa se constituyó el frente Naranja-Gris, que enfrentará a la actual conducción de la UTPBA en las elecciones del próximo 1º de octubre. La lista lleva a la cabeza a Norma Giménez, secretaria general de la interna del Popular; a Pablo Llonto, delegado expulsado por su lucha, por la patronal de Clarín, varias veces reelecto por sus compañeros aún fuera de la empresa; a Jorge Brodsky, delegado de La Prensa perseguido por la patronal de Fortabat; a destacados activistas de la reciente ocupación de Perfil, a compañeros de la Agrupación Independiente de Telam. El frente se propone "Volver a tener un sindicato... recuperar la Utpba para los trabajadores, para convertirla en una herramienta que, con total independencia del Estado y los partidos del presente régimen, enfrente las políticas del Banco Mundial, el FMI y el Consejo Empresario... (de)... flexibilización laboral, privatización de las obras sociales, desguace de la educación y la salud públicas... (y)... de incesante expulsión de mano de obra, que busca llevar a las masas trabajadoras a la desesperación y reducir a polvo nuestras conquistas históricas". El frente denuncia que la actual conducción de la Utpba ha vaciado el sindicato; ha firmado acuerdos con el Banco Mundial para la desregulación de la obra social y se ha integrado a la patronal en empresas como La Maga o la escuela TEA de periodismo; firma acuerdos de pasantías (flexibilización) con monopolios de la comunicación. En el programa del Frente se reclama contra los despidos y la defensa del Estatuto del Periodista; la vigencia de las 6 horas de trabajo y el reparto de las horas de trabajo sin afectación del salario; por una asamblea general del gremio para luchar por estas reivindicaciones. Contra la persecución gremial, penal y los crímenes de compañeros, cese de todos los procesos penales, reincorporación de los delegados despedidos y juicio y castigo a los asesinos de Bonino y Cabezas.

Imposibilitados de obtener el premio Nobel, los economistas argentinos podrían sacar el premio consuelo a la imbecilidad. A pesar de todas las evidencias repiten que estamos bien y vamos mejor, porque para ellos el sistema de convertibilidad es sencillamente invulnerable. Incluso aterrorizan a Duhalde y a la Alianza con la advertencia de que no abandonen el legado menemista so pena de terminar en el infierno. La realidad es que la convertibilidad se ha transformado en un cero a la izquierda. La economía argentina ya ha entrado en la cuarentena, como lo demuestra que no puede colocar deuda en el exterior (incluso no puede hacerlo el pulpo internacional CEI que opera en Argentina), ni aún ofreciendo una tasa de interés tres veces más alta que la internacional; el promedio de los plazos de la deuda privada argentina ha caído de nueve a cinco años; la devaluación del rublo provocó una caída del 5% en la cotización internacional de los bonos públicos en dólares. Esta caída afecta fuertemente a los bancos locales, porque tienen buena parte de los fondos de sus clientes en bonos del gobierno. Algunos pulpos nacionales se encuentran en algo más que terapia intensiva, si se considera que Alpargatas y Comercial del Plata tendrán a corto plazo una convocatoria de acreedores. El estado nacional no ha completado aún la financiación del déficit de pagos de 1998, que es de 20 mil millones de dólares. Los mencionados imbéciles se consuelan con la circunstancia de que los depósitos bancarios han crecido a 75.000 millones de dólares, omitiendo señalar, de un lado, que esto se debe al mercado cautivo de las AFJP que están obligadas por ley a optar por la colocación de los aportes en el plazo fijo y a que el Estado ha subsidiado fuertemente este proceso al forzar la realización de una serie de pagos por la vía del sistema bancario. Pero por el otro lado este crecimiento de los depósitos aumenta la vulnerabilidad de los bancos, que se ven obligados a reunir un capital mayor, y la vulnerabilidad de la convertibilidad, que de este modo cubre una masa menor de la totalidad de los fondos del sistema bancario. Las AFJP ya están sufriendo una desvalorización de sus tenencias, a tal punto el mercado financiero no les ofrece una vía de lucros. La única diferencia entre la situación actual y la del ‘tequila’ habla mal de la ‘salud’ de la economía menemista. Es que, satélite del dólar, en 1995 la situación argentina fue afectada por la suba de las tasas de interés de los Estados Unidos, en tanto la crisis actual fue detonada en Asia. Pero mientras que la Bolsa de Wall Street se encuentra hoy en la cumbre de sus cotizaciones y la tasa nominal de interés de los Estados Unidos ha bajado, la dolarizada economía argentina tiene una Bolsa que ha perdido el 60% de su valor y paga una tasa internacional superior a la del pasado. La moratoria de la deuda rusa y la inminente quiebra de la convertibilidad de Hong Kong, nos muestran una perspectiva de derrumbe de los regímenes político-monetarios vigentes y un fuerte golpe centrífugo a la ‘globalización’ de los especuladores internacionales. Cuando se plantea la necesidad de que la clase obrera reivindique una salida propia al derrumbe del régimen económico menemista, los políticos opositores siguen con el engaño de que defienden la estabilidad.

En el corto lapso transcurrido desde nuestra constitución hasta esta sesión del 8 de agosto, la flexibilidad laboral ha cobrado más y más muertes entre los obreros de la construcción al punto de forzar a la podrida burocracia de Gerardo Martínez que apoyó las ART a convocar una marcha que congregó a miles y miles de trabajadores de la construcción. Los monopolios de la comunicación acabaron con el diario Perfil arrojando 300 trabajadores a la calle que reaccionaron ocupando el diario contra un recurso de crisis tan trucho como el de Atlántida que costará 300 puestos de trabajo en la zona. Otro tanto ocurre con los compañeros de la carne que ocupan el frigorífico Cocarsa. En la textil Alcoyana de Vicente López más de 100 compañeras fueron despedidas, en Patty hay 53 suspendidos y volvieron las suspensiones en Ford. ¿Qué respuesta da el poder político a semejante cuadro? Apurar la sanción de la reforma laboral y el impuestazo. Un gobierno repudiado y dividido hace eje en estos dos nuevos asaltos a las conquistas obreras, en particular contra las indemnizaciones, contra los convenios colectivos y hacia la rebaja de aportes patronales. En las febriles horas previas al fracaso de la re-reelección, Menem y Duhalde pactaron el apoyo de los legisladores duhaldistas a las dos reformas. La presencia de ‘Chiche’ en primera fila de la fracasada sesión del 12 en diputados testimonia el pacto antiobrero. Los unen las exigencias de los pulpos privatizadores y la banca, los divide el queso y la ausencia de toda salida a los reclamos populares. Pero el plenario de trabajadores de la zona norte abordó la contradicción flagrante entre esta realidad insoportable y la tregua de la totalidad de las organizaciones sindicales. Desde el paro electorero del 14 de agosto del año pasado el sindicalismo opositor del CTA y del MTA se llamó a cuarteles de invierno, no lo sacudió el paro activo cordobés ni la lucha docente, al contrario, la levantaron en favor del proyecto oficial que ataca el estatuto docente. Es evidente que si la CGT oficial está atada a Menem y Duhalde, el sindicalismo opositor está atado a la Alianza, a una coalición cuyo futuro ministro de economía, José L. Machinea, reclama "más baja de costo laboral", que distrae con una ‘carta’ mientras nos enchufan los despidos y la ley negrera, que en lugar de convocar a la movilización popular fatiga las funciones patronales dando garantías de continuidad del ‘modelo’. La única oposición política somos los trabajadores, nuestras luchas. Para que tengan una expresión nacional, para quebrar a los capitalistas necesitamos arrancar nuestras organizaciones sindicales de las garras del Estado, tenemos que luchar para que rompan con los polos políticos de los monopolios y los pulpos financieros internacionales, con el PJ y con la Alianza. Basta apreciar que en sus 40 páginas la Carta a los argentinos de la Alianza no dice una palabra de aumentar los salarios, de restituir una sola de las mil conquistas arrebatadas y mucho menos de anular las leyes de impunidad que ellos mismos elaboraron. Es una ‘carta’ plagada de promesas de subsidios a los industriales pero ni un peso para los desocupados. Es una carta a los argentinos explotadores, no para los argentinos explotados. Nosotros concluimos que el destino de nuestras reivindicaciones pasa por nosotros mismos. El plenario de trabajadores denuncia que a la par de la crisis económica, hay una crisis política y que es conjunta del régimen menemista y su oposición y de la burocracia sindical en su conjunto. No ofrecen salida y se desnudan rápidamente ante el embate de la movilización popular. Por ello nuestra convocatoria es a las coordinadoras y comisiones de desocupados, a formarlas donde no las hay, a las mujeres trabajadoras, a las agrupaciones sindicales, a las organizaciones de la juventud. Impulsamos un reagrupamiento político-reivindicativo de los explotados de todo origen. Reclamamos un inmediato paro activo nacional, pero nos agrupamos y movilizamos en la zona para arrancarlo, impulsamos el debate y la organización del activismo, militamos para apoyar y unir las luchas que se van produciendo y vamos fijando colectivamente un programa político para llevarlas en conjunto a la victoria. Minoría Rosa de Suteba - Gral. Sarmiento (Tribuna Docente) - Agrupación Naranja Gráfica - Despedidos de Alcoyana - C. Interna Inti - Plenario de Mujeres Autoconvocadas (Zona Norte) - Delegados plásticos de Faplac - Trabajadores lista Gris-Blanca del vidrio - Junta Interna Hospital San Fernando - Junta Interna Hospital Cetrángolo - Junta Interna Región V (Ate Salud zona Norte) — Junta Interna del Hospital Mercante - Junta Interna del Hospital Eva Perón - Activistas Volkswagen - Delegados Banco Nación San Martín - Secretario Gral. Tintas Lethe - Lista Rosa Suteba Escobar - Deleg. Docentes del E. Mitre y Esc. 48 (Votadas en la sesión del 8/8 en el Hospital San Fernando)

Hace dos semanas, la Alianza dio a conocer una Carta de 40 páginas que no se ocupaba del aumento de los salarios, de los 450 pesos para los jubilados o del subsidio para todos los desocupados, ni una sola vez. Reincidentes, Fernández Meijide y De la Rúa ocuparon el domingo pasado una hora de la televisión para volver a olvidarse de estos asuntos. La Fernández Meijide sí mencionó que era conveniene que la atención de los desocupados quedara a cargo de las parroquias. Duhalde, transformado en justiciero social, declaró enfáticamente en Puerto Madryn, hace dos sábados, que el peronismo no era un partido patronal sino el representante de los trabajadores. A la hora de los bifes, sin embargo, tampoco mentó el salario o las jubilaciones, mucho menos a los desocupados, precisamente ahora cuando se caen los planes ‘trabajar’ en la provincia. En una declaración que hay que reputar como francamente extraordinaria, Fernández Meijide dijo explícitamente, en el‘debate’ con De la Rúa, que si la crisis internacional llegara a afectar a Argentina, la Alianza defendería la gobernabilidad del presidente Menem, es decir, sostendría su política. Quizás debido a su ex condición de profesora de francés y a que se cree a pie juntillas lo que le dicen los economistas del sistema, la frepasista no percibió que la Argentina marcha serena hacia la bancarrota internacional. Pero este panorama antiobrero de la politiquería oficial, no le ha movido un pelo a la burocracia que dirige las organizaciones obreras. La de la Cgt ahora tiene que negociar con Duhalde el voto de la ‘reforma laboral’; el opositor Palacios acaba de decir que pretende "discutir el capítulo socio-económico’’ de la Carta Aliancista (La Razón, 12/8); la Cta quiere conseguir que uno de los suyos sea ombudsman de la Capital, porque alega que esto ayudaría a"construir la ciudadanía" (Página 12, 17/8) La Iglesia se da cuenta mejor que nadie que los políticos oficiales son impotentes para enfrentar la situación. Por eso acaba de anunciar un "convenio con los empresarios, los gremialistas y el gobierno para encaminar ‘el diálogo para el acuerdo y el consenso social’...". Desde ya que el convenio prevé la flexibilización y los contratos temporarios (La Nación, 13/8). Pero la prueba más contundente del callejón sin salida en que se encuentra toda esta política de la burocracia sindical, lo constituye la conducta de Ctera, que levantó un plan de lucha detrás de un financiamiento educativo que es puro espejismo y que contiene disposiciones contra los derechos de los docentes. Como consecuencia de esto, ha suscitado en el gremio una profunda rebelión de las bases. ¿Qué tenemos, entonces? Que cuando la burocracia sindical pretende más que nunca tener atadas a las organizaciones obreras al yugo mortal del Estado y de los partidos patronales, los trabajadores no renuncian a que sus organizaciones respondan a sus anhelos y a construir otras organizaciones que sirvan para su causa y para sus reivindicaciones. Para quienes militan en esas organizaciones y para quienes construyen organizaciones nuevas, la perspectiva es una sola. Que esas organizaciones rompan con las patronales y sus políticos y que confluyan a la creación de una alternativa política de la clase obrera que la candidatee a la lucha por el poder político.

El 17 de julio, a las 14 horas, los telefónicos de Buenos Aires paralizaron sus tareas, salieron de sus edificios y marcharon, en el primer paro del gremio que se realiza contra las patronales monopólicas desde la privatización. Reclamaban la reincorporación de compañeros arbitrariamente despedidos. Aunque masivo y combativo, el paro tuvo cierta disparidad. Fue evidente el sabotaje de la lista Marrón —menemistas— particularmente en el área de Telecom y ciertas falencias con los micros en algunas zonas. En cambio, donde se hicieron Asambleas y se tomaron medidas organizativas, la participación fue muy alta. La firma del Secretario General El Secretario General del Sindicato Telefónico de Buenos Aires, enrolado en el anti-menemismo, sin embargo apareció firmando una solicitada que apoya lo actuado por la Federación Nacional del gremio enrolada en el menemismo y de clara trayectoria antiobrera. Entre otros puntos, apoya la política de la burocracia que quiere seguir usufructuando las acciones del Programa de Propiedad Participada de los trabajadores de Telecom. "Fue un mazazo" en el decir de un activista. Esta firma fue posteriormente rechazada por la Comisión Directiva bonaerense y por el Plenario de Delegados. Defensa del convenio único La Federación (Foesitra) convocó para setiembre a un Congreso Nacional para avanzar en la tercerización de la planta permanente e imponer ‘nuevos convenios’ para los sectores tercerizados con condiciones laborales claramente inferiores a las actualmente existentes en el convenio único. La Asamblea General del 21, que se realizará en la sede de UTA, debe rechazar esta nueva entregada de la burocracia. El sindicato Buenos Aires debe llamar a todos los sectores del interior a una lucha común contra los nuevos convenios antiobreros que se pretende imponer. La anterior Asamblea General votó un programa (reducción de la jornada laboral, planta permanente, defensa del convenio) que hay que impulsar. Las patronales han echado lastre con algunas concesiones. Pero no dan el brazo a torcer con los compañeros arbitrariamente despedidos. La Asamblea General debe votar nuevas medidas de lucha para imponer este reclamo.

No es cierto que el ‘debate’ entre De la Rúa y Meijide haya sido simplemente un plomo porque habría prevalecido un acuerdo previo de no presentar en público ninguna suerte de división entre los dos. La amansadora de una hora a la que sometieron a los que se animaron a seguir el programa, obedeció a la descomunal superficialidad de los protagonistas y, ni qué decirlo, a su completa falta de convicciones. La repetición ritual de los lugares comunes no puede entusiasmar a nadie. Los dos aliancistas coincidieron, por ejemplo, en repetir como imbéciles que "la desocupación afecta la dignidad humana" o que "el futuro depende de la educación". Con semejante libreto, un eventual gobierno de la Alianza no sólo dejará al pueblo sin pan sino que además lo privará del circo. Sólo una prensa que se caracteriza por la mediocridad pudo decir que la Meijide "manejó mejor los tiempos", cuando todos los televidentes pudieron ver que la frepasista no utilizaba el tiempo a su disposición simplemente porque no tenía nada que decir. Lo mismo vale para su adversario, el jefe de los punteros radicales, al que se le atribuye haber guardado un comportamiento "más sólido". Clero para los desocupados Pero incluso para los políticos sin sal también se aplica aquello de que el pez por la boca muere. Al tratar el problema de la desocupación, la frepasista dejó escapar una propuesta de endeudamiento al clero que la Alianza había olvidado mencionar en la Carta a los Argentinos Exportadores y Explotadores. Dijo que un gobierno bajo su dirección despolitizaría la asistencia social mediante la entrega de los fondos para la atención del desempleo a la organización clerical internacional, Caritas. La Fernández Meijide hace este planteo a sabiendas de la puja entre el clero y el menemismo con relación a quién debería manejar los fondos públicos de asistencia social. La ‘progre’ frepasista ha tenido el descaro de traficar el apoyo de la Iglesia a cambio de un traspaso de parte importante del presupuesto nacional. Lo que no se puede entender es en qué consistiría la separación de la Iglesia del Estado si la asistencia social, además de la educación e incluso de la salud, queda en manos del clero. El domingo pasado se pudo entonces asistir al edificante espectáculo de que quiénes aseguran que la desocupación embrutece, propongan que el precio que deban pagar los desocupados por la limosna asistencial que eventualmente se les ofrezca, sea el sometimiento al embrutecimiento clerical. Es así que el embrutecedor debate de la Alianza no fue desaprovechado como una ocasión mayor para implorar el apoyo del episcopado. En la réplica a la intervención de Meijide, el jefe de los punteros radicales, que cuenta con una trayectoria clerical que haría la envidia de la frepasista, añadió que él transferiría esos fondos sociales a las organizaciones no gubernamentales, lo cual quizás refleje la influencia de la masonería y de otras iglesias en el radicalismo. Flexibilización para los docentes Otra radiografía de las intenciones de Meijide se manifestó en oportunidad del debate del tema educativo, en el que en ningún momento defendió un salario básico para los docentes de 700 pesos, ni siquiera el proyecto Decibe-Maffei que se está amañando en el Congreso. Esta omisión quedó en evidencia cuando en la réplica al radical, la frepasista aludió de pasada a un taponamiento de ese proyecto por parte del gobierno. Es claro que la frepasista no va a caer en el desatino de tratar de seducir al clero para despues pelearse con la patronal automotriz que se opone al mencionado proyecto. Con Menem hasta la muerte La Meijide llevó tambien la batuta en otro asunto fundamental, cuando afirmó sin pestañear que si la crisis mundial llegaba a golpear a la economía argentina, ella apoyaría todo lo que decidiera el gobierno menemista. Así evacuó la frepasista su responsabilidad ante lo que se llamó una crisis de la gobernabilidad. Lo que hasta ahora no se le ocurrió a nadie es que la Alianza ya gobierna buena parte del país, incluida la Capital Federal, de modo que al chancho no habría que pedirle pruebas cuando es suficiente verlo caminar. Viva la corrupción Al final, los panelistas lograron la hazaña de tratar el tema de la corrupción sin mencionar los desfalcos de la Alianza, o sea, sin hablar de Angeloz y su banda, de Massaccesi, de Shuberof y Franja Morada, y de los punteros porteños de De la Rúa. Está claro por qué entonces el programa televisivo fue un plomo; simplemente porque estuvo a cargo de dos simuladores sin magia. En este demagógico tema de la corrupción, los dos aliancistas ni siquiera mencionaron un dato conocido, que luego fue publicado por La Nación, de que "las grandes empresas evadieron 400 millones de dólares" (17/8); no sea que la lucha contra la corrupción sea interpretada como una lucha contra la madre de todas las corrupciones —el monopolio de la propiedad capitalista y la ley del lucro privado. Los ‘grandes evasores’ son precisamente los pulpos que financian las campañas de los partidos patronales, en especial de la UCR, el PJ y la Alianza. Fernández Meijide, quizás debido al maquillaje, no llegó a ruborizarse cuando planteó transparentar el financiamiento de los partidos políticos, omitiendo que los capitalistas que lo hacen reciben como contraprestación el encubrimiento oficial de la evasión impositiva. Identikit: impostores Al día siguiente de este tramposo debate, la prensa dedicó sus mejores facultades a rescatar la imagen de dos impostores.

El jueves 13 se realizó una movilización en Buenos Aires, conjuntamente con otros lugares del país. En Capital quinientos compañeros exigieron al Ministerio de Economía la salida del decreto que autoriza al Estado Nacional a recibir el saldo del precio de la venta de las acciones a los empleados y así iniciar el proceso de libre disponibilidad de las acciones que están sindicadas en el Programa de Propiedad Participada de Telecom. Se exigió también la reincorporación de los compañeros José Verón de Corrientes y Jorge Passini de Concepción del Uruguay, que fueron despedidos como represalia por su actividad contra la firma del poder de venta a favor de Telecom que instrumentó la "Comisión Liquidadora del PPP", manejada por la dirigencia menemista de la Federación. Ante la masiva firma de poderes de los telefónicos a favor del Banco Comafi, para que éste proceda al pago de la deuda con el Estado y organice la venta de las acciones, y la poca probabilidad de que las listas de la Federación resultaran ganadoras en elecciones del PPP, la burocracia ‘inventó’ una Comisión Liquidadora, cuyo único propósito es autoperpetuarse. Acto seguido la liquidadora hizo un acuerdo con Telecom para que la empresa organice la venta de las acciones. Para ello pidió un poder de venta en el que se legaliza a la ‘liquidadora’ y se la autoriza a seguir manejando durante un tiempo incierto (y por tanto seguir ‘gastando’ 1.700.000 pesos anuales), el producido de parte del dinero resultante de la venta de las acciones del Fondo de Garantía y Recompra. Como las acciones que están en el Fondo son un condominio de los empleados adherentes, éstos resultan‘expropiados’ de parte de su tenencia. En síntesis, como la dirigencia no puede seguir usufructuando como desde hace 7 años la totalidad del Programa retrocedió, pretendiendo seguir haciéndolo con una parte. Telecom la ayuda. El precio de la ‘ayuda’ se va a pagar en la discusión convencional. Por eso: reincorporación de los despedidos, fin del PPP y libre disponibilidad y no a la firma de convenios a la baja.

Cualquiera que lea con un poco de atención los discursos de Duhalde, comprobará que hay algo que le preocupa más que el agotamiento del ‘modelo’: se trata del agotamiento del peronismo. Después de los cortes de ruta de los desocupados; de las puebladas en distintas provincias y localidades; de la rebelión de las manzaneras; de la derrota electoral de octubre pasado; y en especial ante la evidencia del derrumbe de Menem; después de todo esto, Duhalde teme que los días del peronismo se encuentren contados. Desde 1945 el peronismo jugó a fondo la carta de la burguesía nacional, que sus ideólogos presentaban como la posibilidad de un desarrollo capitalista independiente capaz de impulsar el progreso de todas las clases de la nación. Este planteo se agotó ya en 1955, cuando el peronismo se rindió sin lucha a la ‘libertadora’, que personificaba el cambio de frente de los patrones nativos a favor de una decidida alianza con el imperialismo. Ni el retorno de Perón en 1972-3, ni el más prosaico de la llegada de Menem en el 89, modificó esta situación; al contrario, el menemismo, respaldado por la totalidad del peronismo e incluso de su electorado, llevó al extremo los planteamientos entreguistas y anti-obreros de la burguesía nativa. El mito del 45, sin embargo, reforzado por el inacabado carácter de las experiencias de gobierno del peronismo y por las derrotas obreras (ambas como consecuencia de los golpes militares), sirvió para retrasar una completa superación del peronismo por parte de la clase obrera. Desde 1955 hasta la derrota de la guerrilla montonera en 1976, también la pequeña burguesía se empeñó activamente en mantener el sometimiento político de los trabajadores a la burguesía nacional con el cuento de que el ‘frente nacional’ era la única forma histórica viable de independizar a la nación. La larga experiencia de los trabajadores con el menemismo replantea ahora la posibilidad de la superación del peronismo por parte de la clase obrera. Esta superación significa que deja de ser furgón de cola de los explotadores nativos, grandes y pequeños, para convertirse en líder político de las masas oprimidas en su conjunto. Para esto, la clase obrera debe organizarse en un partido propio, que la candidatee para tomar el poder político. Contra lo que se dice corrientemente por manifiesto interés ideológico, la clase obrera sale reforzada socialmente de la experiencia entreguista del menemismo, porque ella ha servido para concentrar al proletariado en un número menor pero más poderoso de pulpos capitalistas, y en esa medida reducir el peso de la pequeña burguesía. La aparición de una desocupación masiva sirve incluso como ariete para que la clase obrera reconozca las limitaciones de las acciones de presión sindical y comprenda la importancia de la acción política. Los trabajadores desocupados, por su lado, ya han demostrado que también son capaces de convertirse en uno de los factores más poderosos de la lucha popular. A Duhalde le preocupa entonces el agotamiento del peronismo. Por eso llama a reconstituir una izquierda peronista que, al menos simbólicamente, sirva para emparchar el deteriorado mito del 45 y reemprender el desgastado camino del llamado ‘movimiento nacional’. La impostura de este planteo queda demostrada en el hecho de que Duhalde es la cabeza de uno de los pulpos capitalistas más ligados a la banca internacional, el que encabeza el Banco Provincia, que lidera además las AFJP, ART y sistemas de salud, que constituyen la santísima trinidad de la confiscación del bolsillo de los trabajadores. El jefe de la comisión laboral del Congreso, Attanasof, un duhaldista, lidera los esfuerzos para sacar adelante la ‘reforma laboral’ pactada con el FMI. Eduardo Duhalde es muy conciente de esta situación y así lo puso de manifiesto en el discurso que pronunció en Puerto Madryn, el pasado 8 de agosto. Entrando en el corazón de la crisis del peronismo reconoció que en los términos de la actual política no tiene ninguna posibilidad de arrastrar a las masas. "¿De qué les íbamos a hablar (a los jóvenes)? ¿De equilibrio fiscal? ¿Del mercado? ¿De qué les íbamos a hablar que los pudiera entusiasmar en su militancia?" se interrogó Duhalde, pero sorprendentemente sin dar respuesta. Pero sí pronunció esta extraordinaria declaración, nunca antes señalada por un dirigente peronista. "Tenemos un lugar para ellos (los jóvenes), porque el justicialismo no nació para discutir como un partido patronal", pues "somos", dijo, "los legítimos representantes de los trabajadores". Varias cabezas por delante de toda la izquierda argentina, Duhalde se vio obligado a reconocer el agotamiento del peronismo en términos clasistas, es decir, que como partido patronal no tiene futuro. Pero el peronismo es un partido patronal, no de las mismas características de los otros, pero total e irrevocablemente patronal. El lenguaje extraordinario utilizado por Duhalde, convalida todo el análisis político del Partido Obrero. La claridad de Duhalde lo condena, porque el duhaldismo no puede superar la contradicción que sin embargo reconoce. Pero, por otro lado, lo convierte en más audaz, porque admite que tendrá que ir muy lejos para evitar su disolución política.

Marcos Valdéz se contaminó con mercurio en la empresa petrolera que trabajaba. Luego, a través suyo, se contagiaron su esposa e hijos. Valdéz rechazó recibir las "prestaciones de la ART" establecidas en la ley de Riesgos de Trabajo y demandó a la empresa en los Tribunales. El juez de primera instancia, informó Crónica (13/8), aceptó la demanda civil en razón de la manifiesta responsabilidad de la patronal y sentenció el pago de una indemnización de medio millón de pesos. El fallo seguramente será apelado por la patronal. Ya son 15 los casos similares a los de Valdéz, en que han dictaminado que es inconstitucional la prohibición que la Ley de Riesgos de Trabajo ha establecido para que el trabajador pueda acudir a la Justicia por los accidentes o las enfermedades profesionales originadas por el trabajo. Estos fallos han sido apelados por las patronales, por lo cual el tema deberá ser resuelto por la Corte Suprema. Se descuenta que la Corte rechazará las demandas de los trabajadores accidentados o de sus familiares, y que defenderá la constitucionalidad de la ley que prohibe recurrir a la acción civil. Esos fallos, sin embargo, han desnudado algo elemental. Es que si al trabajador se lo considerara un ciudadano común, los daños físicos causados por los accidentes sufridos habrían determinado indemnizaciones por el valor que se le reconoció a Valdéz, o sea de medio millón de pesos. Pero como la ley de Riesgos de Trabajo no lo toma como ciudadano sino que lo exceptúa de sus derechos como tal, la indemnización que le tocaría por la tarifa de esa ley oscila entre los 90 ó 120 pesos por mes. Es con este fin que en 1995 el Gobierno, la gran patronal y la burocracia sindical de la CGT hicieron aprobar en el Congreso la ley de Riesgos del Trabajo, la cual prohibe al trabajador presentarse a la Justicia con los derechos de un ciudadano común cuando es afectado por un daño laboral. La burocracia de la CGT pactó que el trabajador sólo pudiera ir a los tribunales si se comprueba que hubo dolo, es decir, la intención de la patronal de provocar el accidente, casi un crimen simple. El trabajador tiene vedado ir a los tribunales aunque se demuestre que su accidente se debe a que la empresa no cumple con las condiciones de seguridad y prevención. Tampoco puede ir a los tribunales por culpa o negligencia del empleador en tomar las precauciones de seguridad. No lo pueden hacer los familiares de los 6 trabajadores de la construcción de la Torre de Alem y Córdoba, donde se comprobó que el montacargas no estaba habilitado, fue mal instalado "y no tenía el foso de cobertura de protección y el resorte en el hueco que amortigua cualquier caída" (Clarín, 8/8). Lo mismo ocurre con los familiares del obrero del Mercado de Abasto que estaba en negro y era introducido por el patrón en su camioneta, oculto debajo de los materiales. "Estas limitaciones al derecho de los trabajadores a acceder a acciones judiciales que están disponibles para cualquier otro ciudadano, señala Beatriz Fontana en Trabajo y Salud en la legislación argentina, revelaría una situación de discriminación arbitraria basada en condiciones sociales". En efecto, la burguesía adapta el derecho a sus necesidades de explotación y por eso puso en marcha un sistema‘cerrado’ de accidentes; que la exime de toda responsabilidad y le ‘reduce’ los costos, a costa de la salud y de la vida de los trabajadores. El trabajador accidentado que pierde un porcentaje de su capacidad laboral puede, además, ser despedido de la empresa donde trabajaba, lo cual seguramente habrá de ocurrir. El trabajador accidentado queda condenado, de esta manera, a la desocupación crónica. Sólo recibe una pensión si la incapacidad es absoluta. Si, en cambio, ‘sólo’pierde un brazo o una pierna, la ley establece la incapacidad resultante en el 60% para la cual se ha ‘tarifado’ una‘indemnización’ de menos de 100 pesos por mes hasta jubilarse. Despedido y sin un brazo o una pierna, el trabajador está condenado también en la vejez, porque sin trabajo y con un ingreso de menos de 100 pesos tampoco tendrá jubilación. Por todo esto el Partido Obrero plantea: La derogación de la ley de riesgos del trabajo Aumento del salario. Por un básico de 1.000 pesos mensuales. Jornada de 8 horas. Control obrero de la producción y de los ritmos de trabajo. Pensión igual a la canasta familiar para los trabajadores damnificados y sus familias. Plenos derechos para los trabajadores.

"Esta fue la represión más fuerte que jamás hayamos sufrido", afirmó a Página/12 (14/8) uno de los manifestantes apaleados en la Casa de Gobierno. En una provincia donde reprimir manifestaciones obreras es una costumbre, el comentario vale por cien videos. La represión se desató cuando un nutrido grupo de trabajadores estatales y municipales de La Quiaca marchó sobre la Capital en reclamo de los salarios adeudados de varios meses. Sus sueldos arañan los trescientos pesos. Hartos ya de promesas en vano, anunciaron que no se irían sin resolver su reclamo. Ante esta posición, el gobierno deudor mandó a cargar a los policías. El ‘grupo especial’ que utiliza la gobernación no está constituido por policías de la esquina. Son roperos de más de cien kilos (bien alimentados y pagos), que utilizan las consabidas balas de goma y las granadas de gas lacrimógeno. El tipo de lesiones que esto produce lo vivió el grupo represor en carne propia, ya que la prensa informa que a uno de los oficiales le explotó una granada de gas en la mano, amputándole dos dedos (Clarín, 14/8). Pero el fuerte del ‘grupo de tareas’ jujeño no está en estas sofisticadas armas, sino en un invento local, los enormes palos de un metro veinte de quebracho colorado, que los ‘especiales’ descerrajan sobre el cuerpo de los manifestantes con verdadero arte y odio. Esta vez la cosa fue muy lejos, ya que golpearon como nunca, sin distinguir hombres, mujeres y niños. Fue entonces cuando varios compañeros de Ate y de Municipales se interpusieron con sus propios cuerpos para evitar la masacre. Nando Acosta, de Ate-Cta, y Santillán de Municipales y la Ccc, fueron detenidos junto a la totalidad de los dirigentes sindicales de Jujuy por el sólo hecho de haber puesto el cuerpo contra la feroz y sistemática paliza de que eran objeto los trabajadores. El carácter bárbaro de la represión queda también graficado en el hecho de que, según el corresponsal de Clarín, ningún juez penal se quiso hacer cargo de las detenciones y mucho menos responsable de la represión física. El gobierno jujeño debió asumir directamente la suya, caratulando las detenciones como "contravenciones policiales"(Página/12, idem). Producto de la enérgica movilización de los trabajadores, los detenidos fueron puestos en libertad a las pocas horas (Clarín, ídem). Lección histórica Si lo miramos de pasada, el episodio puede parecer uno más de la Argentina ‘menemista’. Bien mirado, sin embargo, refleja la situación política en su conjunto. Jujuy no es más que el eslabón más débil de la impasse capitalista. ¿Pero, dónde están estos argentinos de La Quiaca en la Carta de la Alianza? ¿Dónde está la solución para ellos y millones como ellos en el ‘nuevo modelo’ de Duhalde? En ningún lado. Ni demagógicamente. Y no es casual, porque son los ejecutores de una política que ya ha llegado al punto del no retorno.

Cuatro semanas después de un acuerdo con el FMI y Washington por 22.000 millones de dólares, que debía asegurar la estabilidad de la moneda rusa y el pago regular de su deuda pública, el gobierno de Yeltsin se declaró en bancarrota. Lo que curiosamente se califica como una capitulación del gobierno ruso a la realidad del mercado, constituye en realidad un derrumbe del mercado ante la realidad de la sociedad y del Estado rusos. De la seguidilla de fracasos que han registrado los planes del FMI desde el inicio de la crisis en Asia, el aplicado a Rusia es sin duda el más estruendoso. Lo cual no impedirá que los economistas de mercado y el FMI continúen pontificando como el más sabihondo. Las medidas del gobierno ruso contemplan básicamente un congelamiento de la deuda pública doméstica, es decir que cesa su pago temporariamente, y el congelamiento de la deuda comercial privada con el exterior. El pago de los intereses y la amortización de la deuda externa del Estado (llamada deuda soberana), sigue sin variantes. Está claro que el gobierno ha querido evitar un colapso de la deuda pública doméstica con los bancos rusos principalmente, lo cual los habría barrido del escenario económico; evitar el derrumbe de la deuda de estos bancos con sus acreedores extranjeros, lo que habría llevado a los primeros a la quiebra y provocado fuertes pérdidas en los segundos; y reservar enteramente las divisas del país al pago de la deuda externa oficial. Es decir que el gobierno de Yeltsin ha salido al salvataje de la oligarquía financiera rusa y de la banca acreedora internacional. A algunos observadores les ha llamado la atención que el gobierno hubiera también devaluado el rublo, cuando las medidas anteriores hubieran debido servir precisamente para evitarlo. Lo más probable es que con la devaluación se pretenda, además de satisfacer una reivindicación de los pulpos exportadores de materias primas, combustibles y metales, establecer en un futuro próximo un sistema de convertibilidad sin el temor a una corrida que deje al Banco Central sin divisas. Esta devaluación acompañada de la convertibilidad es lo que propuso el pasado 13 de agosto el financista Soros, en lo que para muchos fue el golpe de gracia que determinó la devaluación. Es necesario entender que, hasta nuevo aviso, Rusia ha entrado en un régimen de economía dirigida. Esto quiere decir que los economistas de mercado han decidido suspender el mercado para salvarlo. No es casual, sino rigurosamente lógico, que esta declaración de estado de emergencia del mercado cuente con el apoyo del FMI. Lo mismo ocurrió en Argentina, en 1990, cuando Cavallo lanzó el plan Bonex, desplumó de sus ahorros a los que tenían depósitos en los bancos y suspendió la oferta y la demanda. Pero una economía dirigida no puede proseguir con las privatizaciones, que es el eje de la política rusa, ya que se desconocen los valores de mercado de los activos que se quieren privatizar. Pero sin el ingreso de dinero en concepto de privatizaciones el gobierno ruso no podría financiar su presupuesto, ya que los impuestos cubren apenas el 55% de los gastos. Si a esto se agrega la expectativa de muchos observadores internacionales de que Rusia se vería obligada a nacionalizar el 80% de su sistema bancario, para evitar que se vaya a la quiebra, resulta claro que los últimos acontecimientos amenazan con desbaratar fuertemente la restauración capitalista en Rusia. Las medidas de congelamiento y devaluación recientemente adoptadas, aunque ponen en riesgo los planes de restauración del capitalismo, han sido en realidad un resultado de la completa impasse en que había entrado esa restauración y su verdadera finalidad es parar el colapso y reanudar con la privatización en gran escala de la economía. Es decir que no estamos ante un simple problema económico y que tampoco es el problema estrictamente económico el que preocupa a los estados mayores del capitalismo mundial. La deuda pública ha sido en Rusia, como en todo el mundo, la palanca fundamental de la que se ha valido el capital para apoderarse de la economía estatal. Las letras del Tesoro rusas (GKO) están garantizadas por los activos empresarios en poder del Estado y es por esta vía que la oligarquía financiera rusa fue apoderándose de parcelas crecientes de la industria manufacturera y extractiva. Para esto la banca rusa se endeudó fuertemente con el exterior, ofreciendo en garantía sus tenencias de GKO y la seguridad del mantenimiento del tipo de cambio. Se creó de este modo un sistema de pirámide, porque con cada nueva adquisición de títulos públicos se incrementaba el endeudamiento con el exterior ofreciendo esos títulos como garantía. El problema terminó siendo al final la incapacidad de los bancos rusos para saldar su deuda con la banca extranjera, más que la incapacidad del gobierno ruso para pagar los intereses con la banca nacional. Los bancos rusos contrataron garantías con el banco central de Rusia, para asegurar su deuda en dólares con el exterior al tipo de cambio que regía en la fecha. Esto descargaba el fardo de una devaluación en el banco central, o sea en el presupuesto del Estado. El derrumbe bancario es, con todo, el eslabón final de la crisis del proceso privatizador, esto porque el conjunto del endeudamiento de las empresas privatizadas, semi-privatizadas y semi-estatales alcanzaba, en setiembre de 1997, al 305,6% del producto bruto del país en ese mes y los acuerdos de trueque al 70% de todas las transacciones de la industria. Por eso, más allá del impacto de la crisis rusa en los mercados mundiales, especialmente en su principal acreedor, Alemania, el significado fundamental de los últimos acontecimientos es que amenaza con obstruir una de las principales salidas para el capitalismo mundial —las ex economías estatizadas. No es por ventura, entonces, que China haya puesto las barbas en remojo.

Con la primera parte de la bajada de esta nota, la revista Tres Puntos acaba de publicar un informe que retrata la estructura mafiosa que reina en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Clavado en su sillón desde hace 12 años y en el comienzo, ahora, de su cuarto mandato, Shuberoff regentea, a partir del rectorado de la UBA, una "red política", conocida como la "mesa negra de la UBA", dedicada a "distribuir cargos" y armar la "malla de contención" de los negocios que tiene como base "la administración sin sobresaltos de un presupuesto de 70 millones de dólares" (5/8). Esta suma equivale al 25% del total de recursos que el Tesoro Nacional otorga a la UBA, "una cifra que supera a todas las facultades con miles de alumnos y que todo el mundo sabe que es una suerte de‘caja negra’ en beneficio de la cúpula vitalicia y su aparato", según denunciamos en Prensa Obrera en marzo pasado. En la "red" que se organiza desde Viamonte y Reconquista, sede del rectorado, hay que incluir, dice Tres Puntos, a Lautaro García Batallán, actual legislador porteño, ex-titular de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la UBA. Batallán es el recientemente ‘renunciado’ titular del bloque de la Ucr en la legislatura de Buenos Aires, a raíz de las coimas que reclamaba su mano derecha, un tal Walter Berardo. Sucede que Berardo "no es un desconocido para el rector de la UBA: llegó a la Secretaría de la sede de la Ciudad Universitaria del CBC por su recomendación" (idem). Otra pieza clave en la "red" es, naturalmente, el funcionario a cargo de la "poderosa secretaría de Hacienda de la UBA", José Luis Giusti, que está denunciado ante el Juzgado Federal Nº 4 por maniobras fraudulentas como director de Asistencia Técnica y Pasantías de la Facultad de Ciencias Económicas. De la misma Facultad provenía el anterior Secretario de Hacienda, Cristian Caram: "desde allí el rector lo catapultó también a la lista de candidatos de la Alianza" (idem) y hoy es...legislador. El decano de Económicas, a su turno, es Rodolfo Pérez, actualmente de licencia, "jaqueado por denuncias como el gasto de 18.000 pesos para redecorar su secretaría privada y de 2000 en concepto de servicio de buffet, el día de su reelección como decano en diciembre último" (idem). Las finanzas del rectorado carecen de auditorías y controles. El rector "declaró como parte de su patrimonio dos empresas constructoras: Empryser AEDES S.A. y Rosal Construcciones", que el informe de Tres Puntos sugiere que son el canal de lavado de fondos irregulares de la Universidad. Como el menemismo amenazó con destapar algunas de estas ollas podridas, el capo de la "red" procedió como corresponde en estos casos y armó una rosca con el delegado del gobierno en la UBA, el ex-rector de Medicina Luis Ferreira. Resultado: los delegados de Ferreira votaron por Shuberoff en la última Asamblea que lo re-re-reeligió y pocos días después, el propio Ferreira era designado por Shuberoff al frente del Hospital de Clínicas, semiprivatizado y arancelizado previamente. Los delegados de Franja Morada que se opusieron a esta trenza fueron sancionados por la dirección de la agrupación: "los pactos no se violan y máxime cuando existe una madeja de contratos en juego para facilitar la militancia de los 90" (idem). Al informe de Tres Puntos hay que agregar el "reconocimiento" por parte de Shuberoff a una "asociación docente"trucha de la UBA, capitaneada por afiliados expulsados de Aduba por manejos ‘non-sanctos’ de sus fondos. Aduba es la asociación que nuclea a las gremiales actuantes en el seno de las Facultades y que acaba de ser proscripta por una "resolución" del Ministerio de Trabajo menemista. Lo que sí dice la revista es que "la constitución de la Alianza Ucr-Frepaso tuvo un efecto disolvente para la oposición en la UBA", ya que el Frepaso fue cooptado a la "red". Las estadísticas publicadas en el informe revelan que, mientras tanto, los salarios docentes siguen congelados y que los que trabajan sin cobrar nada, ‘ad honorem’, representan un 30% del total de los aproximadamente 20.000 cargos existentes.

La decisión de la autoridad monetaria de Hong Kong de enfrentar la demanda de dólares con el uso de sus reservas en lugar de hacerlo con la suba de las tasas de interés, ha desatado un ataque especulativo que pretende lograr una devaluación de la moneda. Las autoridades de la isla decidieron evitar una suba de las tasas de interés, porque ellas provocan caídas en los valores de las acciones y de la propiedad. En los últimos doce meses esos valores han caído en un 60% y ahora esto está provocando una seria crisis del crédito. Ocurre que como los préstamos se otorgan a cambio de garantías en acciones o en hipotecas, los bancos están pidiendo que se aumenten las garantías ofrecidas debido a su desvalorización o que directamente los deudores devuelvan los préstamos. Además de evitar la suba de los intereses, los funcionarios de Hong Kong han limitado también la venta de terrenos oficiales, para contrarrestar la devaluación inmobiliaria, e incluso han inyectado dinero público en la Bolsa para evitar un mayor perjuicio a las acciones. Los especuladores han detectado en estas acciones oficiales la preocupación por la marcha de los negocios locales por encima del interés de evitar una devaluación. Por eso toman préstamos a bajo interés y compran dólares norteamericanos a 30 o 90 días, con la expectativa de recomprar la moneda local a una mayor cotización. Hong Kong se encuentra aprisionada entre una crisis del crédito y una devaluación de la moneda. La situación se agravó en los últimos días al informarse que el principal banco del territorio, el HSBC, estaba registrando por primera vez una caída de sus acciones mayor al del promedio de la Bolsa. Esto se debe a que el HSBC es un fuerte prestamista en la siniestrada región asiática, lo que significa que podría no volver a ver buena parte de sus créditos. De factor retardador de la caída bursátil, el banco se ha transformado en acelerador, perjudicando las garantías bursátiles e inmobiliarias en poder del conjunto de los bancos. Una devaluación en Hong Kong entrañaría el abandono de su régimen de convertibilidad, esto en el preciso momento en que ese régimen es recomendado a Rusia. También aceleraría la caída del yuan chino, que ya viene sufriendo caídas en el mercado negro. Para que los cuervos se apoderen de las monedas de China y Hong Kong, sólo es necesario que la crisis asiática avance un poquito más. Por último, Hong Kong es una zona de enlace por la que pasa todo el capital internacional que se invierte en Asia. El derrumbe de su moneda también hará sonar la campana a los Estados Unidos.

En la Universidad de La Plata (Unlp) no cesa la movilización contra el ahogo presupuestario. Al momento de escribir estas líneas una masiva movilización copará el rectorado y el centro de la ciudad por segunda vez en cuatro días. La toma de las facultades de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Arquitectura y la Escuela de Trabajo Social fue resuelta en masivas Asambleas estudiantiles con la activa participación de docentes. El Consejo Académico de Ciencias Exactas resolvió, sometido a la presión del estudiantado movilizado, un cese de actividades para toda la semana que viene. Las facultades y colegios castigados en la distribución del presupuesto pierden de conjunto una masa salarial que equivale a 600 cargos docentes. Por la no cobertura de cargos vacantes Ingeniería perdió en un año 120 docentes, el 20% de su plantel. A este reclamo se agrega la exigencia del pago del sueldo en forma retroactiva, y el nombramiento definitivo para 113 docentes de Arquitectura que hace 5 meses trabajan sin cobrar. La Asamblea de Arquitectura votó ir al paro por tiempo indeterminado sí no se satisface este reclamo para fines de mes. En la Unlp el ahogo presupuestario explota a cada paso. Primero fueron los no docentes con una huelga de 20 días, luego los paros docentes y ahora el protagonismo del movimiento estudiantil tomando facultades. La asamblea de Adulp —la asociación docente— convocada para el jueves 20 sesionará con este clima de movilización, lo que debe servir para superar la pasividad de la dirección Azul que repite en La Plata la política de parálisis que a nivel nacional sigue la Conadu.

Al cierre de esta edición, los obreros de la Hyundai Motors, el mayor pulpo automotriz coreano, están levantando barricadas para impedir el inminente desalojo policial de las plantas que mantienen ocupadas desde hace tres semanas. La ocupación comenzó el 20 de julio, cuando varios miles de trabajadores, acompañados de sus esposas e hijos, tomaron la planta para impedir los despidos masivos. Entre los despedidos se encuentran la mayoría de los dirigentes, delegados y activistas sindicales. Desde entonces, la planta ocupada es rodeada por varios miles de policías armados hasta los dientes; el gobierno declaró ilegal la huelga y detuvo a varios dirigentes sindicales. La amenaza de desalojar por la fuerza la planta ocupada, fue tomada en "una reunión a puertas cerradas de altos funcionarios de seguridad" (The Washington Post, 14/8). Las negociaciones entre los sindicatos y la patronal han fracasado porque los sindicatos rechazaron la ‘oferta’ patronal de convertir los despidos en suspensiones sin pago por dos años. También fracasó el operativo montado por la patronal para reiniciar las operaciones de la planta con personal jerárquico. Un plenario de un centenar de delegados y responsables sindicales —que representaban a unos 300.000 trabajadores— acaba de advertir que lanzará una huelga general si la policía entra en la planta. Para forzar una rebaja general de salarios, las patronales han comenzado a atrasar su pago; sólo en la industria metalúrgica los atrasos a fines de julio totalizaban 500 millones de dólares. Los trabajadores están siendo empujados por la crisis capitalista a un pozo sin fondo: en el primer bimestre de este año, los suicidios aumentaron un 36% y los divorcios crecieron a una tasa todavía mayor. Hyundai ya eliminó una cuarta parte de su fuerza laboral de 46.000 trabajadores. Daewoo, el segundo pulpo automotriz coreano, amenaza con 3.000 despidos. Samsung, el mayor pulpo de la electrónica, con otros15.000. La ocupación de la Hyundai es la primera prueba de fuerza de fondo entre la clase obrera coreana y los capitalistas y su gobierno desde el comienzo de la crisis.

Ahora que los portorriqueños han recibido de los diputados norteamericanos un medio derecho de votar la incorporación de su país al amo yanqui, Argentina corre el riesgo de tener que aceptar su conversión en Estado yanqui con el número 52. Ocurre que la prensa argentina omitió informar que en un reciente seminario organizado por la Fundación Di Tella, importantes economistas del gobierno menemista estuvieron discutiendo la conveniencia de ceder el manejo del régimen monetario a la Reserva Federal de los Estados Unidos (El Economista, 14/8). Carlos Rodríguez, el renunciante segundón de Roque, no vaciló en declarar que "Integrarnos al sistema monetario estadounidense es una solución posible para la Argentina". Más bravo resultó Pablo Guidotti, el sustituto del anterior, pues dijo que "Las ventajas serían tan grandes que hay razones para satisfacer las eventuales protestas políticas". Estos son los personajes que, mientras dicen que la convertibilidad no se toca y que estamos bien y vamos mejor, ya están buscando una puerta de salida al derrumbe del régimen que ponderan. Pero entregar la moneda significa también entregar el presupuesto y el manejo del comercio exterior, porque la integración monetaria sólo puede funcionar con una integración fiscal, comercial y política. Este llamado a la liquidación de Argentina no es patrimonio solamente de los menemistas. Un reciente libro del aliancista Gerchunoff hace notar que el mundo marcha hacia una simplificación monetaria a partir de la creación del euro, lo que hace menos viable a las actuales monedas nacionales. Gerchunoff rescata entonces el planteo de Menem de la unión monetaria con Brasil, pero no sigue adelante con el razonamiento, que lo llevaría a concluir que sería un paso intermedio hacia la entrega monetaria al dólar. Ni los funcionarios menemistas, ni Gerchunoff, se detuvieron a pensar en que una de las alternativas de la presente crisis mundial no sean las uniones monetarias sino las dislocaciones monetarias, el refugio de cada imperialismo en su ámbito de influencia y la acentuación de la guerra comercial y de la otra. En la cabeza de estos economistas sólo cabe una idea por vez, son incapaces de pensar contradictoriamente. Lo saludable de todo esto es que pone de relieve que las soluciones nacionales son menos viables que nunca y que la independencia nacional frente al imperialismo solo debe ser entendida como un corto episodio en la lucha por poner fin al capitalismo mundial.

La ofensiva serbia en Kosovo está alcanzando las dimensiones de una masacre. Kosovo es una provincia serbia de mayoría albanesa, que reclama su independencia. La carnicería es un resultado directo de la política de las cancillerías imperialistas. Ocurre que la Otan y los Estados Unidos se habían presentado como ‘protectores’ de los kosovares, amenazando a Milosevic con la intervención militar. Con este ‘guiño’ imperialista (el embajador yanqui se entrevistó públicamente con el Ejército de Liberación de Kosovo) y el ELK abandonó su táctica de guerra de guerrillas y de ataques aislados a cuarteles policiales para pasar a una ofensiva militar en gran escala y a la conquista de aldeas y ciudades. Cuando el ELK había conquistado una parte sustancial del territorio, la Otan dio marcha atrás con su amenaza de intervenir militarmente en Kosovo. Pero entonces, el ELK ya no tenía escapatoria. Washington azuzó a los kosovares a pasar a la ofensiva sabiendo que serían masacrados o, más precisamente, para que fueran masacrados. Una periodista norteamericana muestra la punta del ovillo cuando escribe que las ‘idas y vueltas’ de la Nato "incentivaron a los rebeldes a escalar las hostilidades" (International Herald Tribune, 17/7) y que "existe una acuerdo general acerca de que Richard Hoolbroke (enviado norteamericano a los Balcanes)minó las posibilidades de una solución en Kosovo" (ídem). La masacre fue la vía que concibió el imperialismo para sacar a las negociaciones de autonomía limitada para Kosovo de la impasse. Ahora que se está imponiendo la ‘paz de los cementerios’, es posible que se ensaye alguna forma de‘normalización’, es decir una reedición del engendro de Bosnia. Pero en Bosnia, dice un diplomático norteamericano,"no hemos construido una paz que podamos decir que sobreviva a nuestra partida" (ídem). Mientras tanto, los antiguos aliados Serbia y Montenegro han llegado al borde de la ruptura y en la propia Serbia se asiste a un derrumbe económico y social sin precedentes. La ‘política balcánica’ del imperialismo está en ruinas.

La Corte Suprema acaba de dictar un fallo que impide a los familiares de la desaparecida Alejandra Lapacó continuar las investigaciones tendientes a conocer su paradero. Aunque formalmente los tribunales no están obligados a seguir la jurisprudencia de la Corte, sus decisiones en disidencia acabarían como las del ‘caso Lapacó’. "Uno de los integrantes de la Cámara Federal, que pidió no ser identificado, afirmó que con la sentencia de la Corte es muy difícil continuar con el trámite de esa causa (se refiere a la causa del Primer Cuerpo de Ejército) y del expediente de la Esma" (La Nación, 15/8). Según la Corte, "darle trámite al pedido que había hecho Carmen Aguiar de Lapacó para que la Cámara Federal solicitara informes a distintas dependencias públicas sobre el paradero de su hija, implica reavivar la persecución penal contra los militares" (idem). Este fallo viola groseramente todos los derechos constitucionales y hasta los tratados internacionales que firmó Argentina. Este fallo aberrante sólo fue posible con el voto de uno de los jueces, Beluscio, cercano al radicalismo y a la Alianza. Otro, que habitualmente vota con la ‘mayoría automática’ menemista (Antonio Boggiano) votó en contra de la resolución porque viola "las obligaciones que (Argentina) asumió en los foros internacionales y la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, por la cual se obligó internacionalmente a investigar la verdad histórica" (ídem). El veto para que los familiares puedan investigar el paradero de los desaparecidos ilustra, una vez más, la continuidad política y jurídica entre la dictadura y la ‘democracia’.

El lunes pasado se cumplieron cinco años de la desaparición de Miguel Bru, estudiante platense de periodismo, sin que la justicia haya esclarecido el hecho a pesar de las evidencias que acusan al personal de la comisaría 9 y del comprobado trabajo de encubrimiento realizado por su jefe, Juan Domingo Ojeda. Bru integra la legión de víctimas del aparato represivo protegido por el régimen democrático. La policía platense está bajo la jurisdicción de Eduardo Duhalde, para quien en este punto el ‘modelo’ parece muy lejos de haberse ‘agotado’. No nos cansaremos de senalar que la ‘democracia’ protege al aparato represivo porque ella se debe en primer lugar a la defensa del orden capitalista y no a la de las libertades individuales o colectivas. Para fin de año está prevista la realización del juicio oral y público de este caso, lo que significa que las medidas de movilización popular deben acentuarse para esclarecer el crimen, castigar a los culpables y someter al aparato represivo del Estado a un juicio político popular.

Pablo Verani, el actual gobernador de Río Negro, acumula tres períodos sucesivos en funciones de máxima jerarquía gubernamental (presidente del bloque de la Ucr en la Legislatura, vicegobernador de Massaccesi y actualmente como gobernador). De modo que es absolutamente responsable directo del estado de endeudamiento y miseria social que vive hoy la provincia. Ahora, la crisis política abierta con el encubrimiento oficial y policial del crimen de Cipolletti ha llevado a Verani a buscar la protección incluso de la embajada yanqui. De la pena de muerte a apedrear comisarías Luego de meses, a costa de un largo y penoso aprendizaje, los cipolleños han llegado a la conclusión de lo que era obvio desde un primer momento: "¡Lo sabía, lo sabía, a las chicas las mató la policía!". En el gobierno se prendieron todas las alarmas cuando en la marcha de los 6 meses uno de los padres dijo ante más de 5.000 personas movilizadas: "Hoy ha sido una demostración de lo que puede ser el Cipolletazo", y más tarde agregó que "era posible que se tome alguna comisaría". Ya no sólo no se reprocha a quienes silban cuando la marcha pasa frente a la comisaría cuarta, sino que son los propios familiares los que hoy se meten de prepo en su interior a pegar carteles al grito de "¡asesinos!". El gobierno intenta echar lastre: ha acusado a varios jefes policiales y a otros que intervinieron en un inicio, ya no sólo de "encubrimiento, falso testimonio, apremios ilegales, etc.", sino también de "asociación ilícita" y"enriquecimiento ilícito". La acusación a 9 jefes policiales no puede ocultar la relación estrecha de los acusados con mafiosos y con el poder económico en el negocio del narcotráfico (y en el robo de autos, de viviendas, etc.). El fiscal de la causa agregó a la acusación a otros cuatro policías (algunos de Cipolletti, otro de Villa Regina) y a cuatro civiles. Como entre los integrantes de la primer lista hay varios de Allen, y como "... quienes están al frente de la investigación creen que la red iría mas allá. Abarcaría a otros efectivos capaces de corromperse en distintas ciudades rionegrinas" (Río Negro, 14/6), se concluye que la verdadera ‘asociación ilícita’ no es otra cosa que ‘la rionegrina’ como institución. La impunidad y el encubrimiento provocan nuevos asesinatos Pero ni la DEA, ni el FBI, ni la Federal vinieron para esclarecer el triple crimen. De hecho, tras 9 meses de impunidad hay que agregar en los últimos días dos nuevos asesinatos relacionados al triple crimen. Uno de ellos es el del principal testigo contra los policías que realizaron el primer operativo para montar la escena de la captura de los marginales (primera teoría que preparó la policía y el gobierno). El peón rural Aravena estaba presente cuando una partida policial fusiló prácticamente a su compañero Sepúlveda, pretendiendo con ello cerrar el caso. En esa oportunidad, los policías lo amenazaron y lo sometieron a aprietes de todo tipo. Sus declaraciones en el expediente permitieron desarticular toda la farsa de ese procedimiento . Días antes una prostituta que había aportado datos a las familias de las chicas, apareció muerta en un zanjón Aravena fue descuartizado con el propósito que no se pueda identificar la causa de su muerte ni rastrear a los autores. Obviamente, tal masacre no es resultado de una pelea doméstica entre alcoholizados: es una manifestación de poder que sólo puede venir de quien tiene poder: " ... estamos ante la presencia de una organización mafiosa y muy poderosa, que aún se encuentra en la zona", dijo el abogado de Sepúlveda (ídem, 4/8). Algo tan elemental no ha sido considerado por el juez, que falto de originalidad, acusa de la muerte de Aravena a otros dos peones rurales amigos suyos. Un apego del juez a la culpabilidad de los ‘marginales’ que desnuda que el trasfondo del triple crimen es una cuestión de clase y una cuestión de estado. De mafias del estado burgués, y para proteger esta cuestión es que están los ‘marines’ en Río Negro. Verani teme una rebelión popular El gobierno ha puesto en marcha Consejos de Seguridad integrados por funcionarios, asociaciones intermedias vinculadas a la cuestión (léase empresas privadas de ‘seguridad’, es decir, la patota parapolicial) y ...la policía oficial. Ninguna de estas medidas apunta a esclarecer el triple crimen, que de hecho y vox populi ya está recontraesclarecido (el propio juez admite que tiene sospechosos, hay nombres de ‘gente conocida’, pero carece de pruebas). Las medidas de Verani apuntan, como lo reconoció el ministro de gobierno: "a hacer diagnósticos mas ajustados y con mas detalles de las zonas conflictivas" (ídem, 20/5). Y ‘zonas conflictivas’ son lo que sobran en la provincia. Las hay territoriales (tomas de terrenos por los sin techo, etc.) y sociales (luchas estudiantiles, de los trabajadores por el salario, de los docentes, municipales, desocupados, etc.). Verani prepara la provocación y represión contra los luchadores, las organizaciones populares y las masas. En este contexto no resulta entonces ‘descolgado’ el ataque furioso y las amenazas que vertió el propio gobernador, cuando un juez laboral falló a favor de una docente para que se le reintegren los dos años de descuento salarial que impuso el gobierno. Esto abre la posibilidad de más de 5.000 juicios. Verani utilizó la red provincial de radiodifusión para atacar el fallo y declarar que la provincia no tiene fondos para devolver aproximadamente unos 50 millones de pesos, un monto que es apenas una fracción de lo que una sola empresa vació del ex Banco Provincia cuando Verani era socio de Massaccesi. Amenazó que si estuviera obligado a devolver esa plata sería a costa de "echar a 2.300 docentes, el cierre de las salas de 4 años, la modificación del Régimen de Licencias y del Estatuto Docente, cerrar 7.000 horas cátedra (ya cerró 18.000), eliminación del transporte escolar en las zonas del interior, etc.". En realidad Verani lo único que hizo es anunciar cuales son sus próximos pasos, tenga o no que devolver el salario descontado. El Río Negro del 25/6 informa que el Banco Mundial exige más ajuste en educación antes de desembolsar el segundo tramo del préstamo para reconvertir el Estado. "El desfinanciamiento lleva a la provincia a depender de la ayuda internacional (textual) para realizar las reformas estructurales, pero esto exige ahorros que provocan gemidos sectoriales" (ídem). Más claro imposible. Son éstas ‘zonas conflictivas’ las que vienen a combatir y espiar los FBI y los DEA. Porque como reconoce el propio diario, si la mitad de los 250.000 millones de dólares que mueve la droga en el mundo pasa por bancos norteamericanos, ¿no son precisamente éstos los acreedores de la provincia y los principales interesados que no se desvíe un peso del pago puntual de la usura? Así como para el triple crimen está planteado un Cipolletazo, por el castigo de todos los culpables; para echar a Verani y todo el régimen represor y antipopular hace falta un Rionegrazo.

"No a la ley Decibe", "No al Incentivo Docente", "No a la reforma del estatuto ", "No a la traición de Ctera". Estas eran las consignas de las pancartas que exhibían los compañeros de la lista Rosa en la puerta de la sede donde iban a tener lugar las deliberaciones del Congreso de Ctera. La Rosa se adelantaba de este modo a las evidencias que aportaría el Congreso acerca del repudio a la política de la burocracia de Ctera. De acuerdo a lo que se informó, el alcance del rechazo a la consulta arrojó siete provincias donde la consulta directamente no tuvo lugar: Córdoba, Formosa, Chubut, Chaco, Catamarca, La Rioja y Santa Cruz. En las tres últimas y, particularmente en el caso de Adosac (Sindicato de Santa Cruz), hubo un pronunciamiento sindical en contra del proyecto Decibe-Maffei y del carácter fraudulento de la consulta. En San Juan, ganó mayoritariamente el No, con la particularidad que el voto por el Si estuvo condicionado a la modificación o anulación de artículos claves del proyecto. Tampoco se realizó la consulta en Neuquén Capital ni en Santa Rosa (La Pampa). La dirigencia de Ctera acusó el impacto de los resultados. El propio Yasky (Suteba) rectificó los datos que había dado a la prensa horas antes al informar que la consulta había arrojado 73 y 27 %, a favor del Si y el No, respectivamente, y admitió la existencia de 10.000 votos contra la política implementada por la Junta Ejecutiva. También afloró en el Congreso la crisis en que se encuentra la política de Ctera. Los dirigentes celestes no ahorraron críticas a la Alianza, a Meijide, a Chacho Alvarez, sin reparar que ellos se encuentran a la derecha de la Alianza y más cerca del menemismo. Señalaron, sin embargo, que "hay que llegar en una posición de fuerza al 99", lo cual puede decir que apoyarían a Duhalde. En este marco de desgaste político, la burocracia no dejó de hacer referencias a los obstáculos con que el proyecto Decibe-Maffei tropezó en el parlamento. Uno de los oradores celestes declaró que "había que levantarse todos los días y ver en los diarios la evolución de la crisis asiática", pues un agravamiento mayor iba a echar por tierra definitivamente con "las esperanzas de que el proyecto prospere". Pero el Congreso igualmente "aprobó lo actuado" y le dio su aval a la Junta Ejecutiva para aprobar la ley Decibe-Maffei, sin importarle las evidencias de la inviabilidad de este proyecto. La delegación de Adosac (integrada por Ricardo Mercado y Miguel Del Plá) fue blanco, como nunca antes, de reiterados ataques (no estuvo ausente la agresión física, de la que la propia burocracia se tuvo que autocriticar en la apertura de las sesiones). Los congresales de Adosac rechazaron e impugnaron la conducta de Ctera y exigieron un plan de lucha y medidas de fuerza inmediatas; el sindicato de La Rioja brilló por su silencio, y De Leonardis (del partido Comunista, integrante de Izquierda Unida), por su ausencia. Adosac terminó expresando en el Congreso una tendencia que va creciendo en masividad. Lo destacó Del Plá al cerrar su intervención : "Lo que ha crecido entre un Congreso y otro es el No. Fuimos dos los que nos levantamos en el anterior Congreso para decir No a un ley de financiamiento tramposa, No a ley Decibe, No a la aceptación de la flexibilidad laboral. Hoy somos miles y miles en todo el país".

Concluyó en un fracaso político el plebiscito que convocó la burocracia de Ctera para que la docencia avalara su traición a la lucha contra la ‘reforma educativa’ y por el salario. A pesar de que mintió deliberadamente afirmando que el proyecto Decibe-Maffei-Banco Mundial no afectaba el Estatuto docente y que constituía la moneda de cambio necesaria para obtener un aumento salarial, una gruesa parte del gremio le dijo No. Varias provincias repudiaron en bloque el plebiscito, como Santa Cruz y Neuquén. Lo mismo hicieron distritos enteros del Gran Buenos Aires, como Echeverría, Marcos Paz, Ensenada y San Martín, señalando en forma explícita que impone la flexibilidad laboral y la liquidación del Estatuto docente; los delegados y la base del gremio desbarataron con este planteo la posición de apoyo al engendro de parte de los directivos azules y blancos de las mencionadas seccionales. En otras seccionales (celestes), el traspié fue todavía más evidente, como el caso de Lomas de Zamora, que rechazó el proyecto ‘incentivador’ por 1.200 votos contra 600. O en La Matanza o General Sarmiento, dos de los distritos más numerosos del conurbano, donde prácticamente hubo paridad en los resultados. En Lanús y Florencio Varela ganó el sí, pero en ambos distritos votaron 1.100 docentes, habiendo en el primero 5.000 docentes y 2.500 en el segundo. De conjunto, se puede afirmar que más de la mitad de los docentes no votó, y no por desconocimiento pues sabían de la existencia de la consulta (presente en las carteleras). La afirmación de Yaski, secretario general del Suteba y adjunto de la Ctera, de que en la Provincia de Buenos Aires ganó el sí por el 82% (contra el 18% del No), sólo pone de relieve que el plebiscito que comenzó como un fraude terminó de la misma manera. El plebiscito le ha ocasionado una gran crisis a la dirección celeste, y ni qué decir que ha aumentado la desconfianza de las patronales en la viabilidad del proyecto. En una encuesta de la ‘Fundación Conciencia Ciudadana’ entre el"empresariado", sólo el 6% se pronunció a favor del proyecto Decibe-Maffei. Del mismo modo, Ambito Financiero(10/8), alega ahora que "cambiaron el proyecto para docentes y ahora es inviable". La razón es que el proyecto no prevé recaudar más de 300 millones, es decir apenas el 40% de lo necesario. Pero aún a cambio de nada, la burocracia de Ctera ha comprometido todo, a saber, licencias, bonificaciones, régimen de disciplina, estabilidad, titularizaciones, como surge del texto del dictamen de las comisiones de Trabajo y Educación de la Cámara de Diputados. El fracaso de la dirección de Ctera ha alumbrado una rebelión docente que ahora es necesario coordinar, orientar y organizar.

Luego de una semana de heroica lucha los trabajadores del diario Perfil hicieron retroceder a la patronal en sus objetivos originales. Primero, se obligó a la empresa a retirar del Ministerio de Trabajo el recurso preventivo de crisis que había solicitado para echar a más de trescientos compañeros con una mínima indemnización. Se les reconoce a los trabajadores una indemnización de 10 sueldos pagaderos en 6 cuotas (el Estatuto del Periodista reconoce una indemnización inicial de 11 sueldos, al contado). Está indemnización que incluye aguinaldo y vacaciones, abarca también a los colaboradores, que cobran por factura. Segundo, de los 170 trabajadores efectivos que inicialmente la empresa reconocía como propios, con el calor que fue tomando la lucha, se vio obligada a reconocer como personal del diario a los 371 efectivos y colaboradores. En tercer lugar, de los 286 compañeros que quedaban en la calle, se le impuso a los Fonteveccia un plan de retiros voluntarios de 170, bajo decisión de los trabajadores. Los otros 200 compañeros pasan a las revistas de la Editorial Perfil, con los mismos cargos y sueldos (mucho más altos que el promedio de lo que se cobra en las revistas). A los compañeros que habían renunciado a la Editorial Perfil para ingresar al diario Perfil, y opten por el retiro, se les reconoce su antigüedad en la editorial al momento de la indemnización. En cuarto lugar, el acuerdo garantiza la estabilidad de todo el personal de la editorial. La empresa firmó este acuerdo, debido a la combatividad de las asambleas conjuntas del diario, las revistas y los delegados gráficos de la planta de Barracas, que a partir del lunes 3 se desarrollaron cotidianamente. Una asamblea de más de 400 compañeros votó en forma unánime que la Utpba convocase a elecciones de comisión interna luego de 13 años de ausencia de delegados. La creciente movilización popular precipitó la decisión patronal. La dirección de la Utpba al no convocar al Plenario de delegados y a la Asamblea general, impidió que el conflicto cobrase un giro más amplio.