Prensa Obrera N° 596

Un congreso de más de cuatrocientos delegados de las seccionales San Nicolás, Villa Constitución, La Matanza y Campana, reunido en esta última localidad el 22 de julio, planteó una ‘confrontación’ que amenaza dividir a la UOM si no se impone un cambio de rumbo que signifique, entre otros puntos, habilitar una paritaria siderúrgica separada y ‘federalizar’ los recursos de obra social. En respuesta a esto, desde los primeros días de agosto se vienen realizando plenarios de delegados impulsados por el Secretariado de la UOM para expulsar eventualmente a los dirigentes seccionales responsables del pronunciamiento. Las seccionales rebeldes (que, con excepción de La Plata, son aquellas en las que se encuentran las grandes plantas siderúrgicas) denuncian al Secretariado de la UOM por no encarar una lucha por las fuentes de empleo. Dicen que la UOM debería enfrentar la "importación salvaje" y el ingreso de "productos extranjeros con dumping (que destruyen) nuestros empleos". Son, con otras palabras, los mismos reclamos de los grandes grupos de la patronal siderúrgica. Estos, con Techint a la cabeza, han planteado un arancel de importación del 28% para las autopartes, el doble del que rige actualmente y la obligación de que los autos lleven no menos del 50% de partes y componentes regionales. Enfrentan, de este modo, la posición de las cámaras patronales automotrices, partidarias de que "un auto fabricado dentro del Mercosur pueda tener hasta un 83% de autopartes importadas" (ver Prensa Obrera 594). El congreso de delegados de las seccionales ‘siderúrgicas’ afirma que estos planteos permitirían "generar una verdadera política industrial". Detrás de los reclamos de Techint, sin embargo, sólo hay un puñado de pulpos embarcado en una guerra comercial debido a la crónica superproducción internacional de acero, que es al mismo tiempo una guerra contra el movimiento obrero. El grupo Techint (Siderar, Propulsora y Siderca en Argentina, Tamsa en Mexico, Dálmine en Italia) es un ‘líder’ en ‘flexibilidad laboral’ a nivel mundial. Sólo en el período 91/96 la planta de Siderca fue reducida de 6,000 a 4.000 personas y de las 35 horas hombre de trabajo por tonelada de producción, se pasó a 12, un ‘récord’ de superexplotación que la patronal se embolsó en forma íntegra. De conjunto la industria siderúrgica ha reducido el plantel de trabajadores a un tercio de los existentes una década atrás. La existencia de aranceles aduaneros no ha promovido, por sí sola, ninguna industrialización efectiva, como lo revela la historia económica en el país, de los últimos cincuenta años. Sólo ha servido para que un puñado de pulpos se enriquezca aprovechando un mercado cautivo. Un sindicato a la medida de Techint El pronunciamiento de las seccionales ‘rebeldes’ no denuncia en ningún lado el régimen negrero implantado en las siderúrgicas. Plantea, sin embargo, la "reactivación de la discusión paritaria y...la recomposición de los básicos convencionales, en particular de la rama 21 (siderurgia)", sin que se defina qué sería esa‘recomposición’. Pero está claro que esos sindicatos han condicionado, por voluntad propia, esa ‘recomposición’ a la previa protección arancelaria de las patronales. Al defender los intereses de los pulpos siderúrgicos, por un lado, y al reclamar la paritaria por la ‘rama 21’, por el otro, las seccionales están planteando la fragmentación de la UOM. Esto es lo que pretenden precisamente desde hace mucho Techint y Acindar; o sea, un sindicato por empresa o al menos siderúrgico, pero cuyo objetivo no es siquiera un convenio que abarque a todos los obreros de la ‘rama’, sino‘institucionalizar’ los convenios por empresa que ya existen a través de las ‘actas’ sobre remuneraciones y condiciones de trabajo. El propio Piccinini (UOM Villa, CTA), uno de los promotores del congreso de Campana, sostiene desde hace tiempo que la negociación de convenios por rama o gremio es "una forma vieja, anacrónica, de negociar con las patronales". Propone, al igual que lo establecido en la ‘reforma laboral’ y en la ‘Carta’reciente de la Alianza, una "negociación descentralizada", en la que aún manteniendo un convenio por rama,"adecuemos ciertos mecanismos a la medida de cada fábrica, región o taller" (Propuesta Política de los Trabajadores, febrero 1991). Los dirigentes de las seccionales rebeladas proponen que la clase obrera vuelva setenta años atrás y liquide los sindicatos por industria. Creen que de este modo pueden darle una salida al obrero especializado de las empresas más grandes, en detrimento de la masa de obreros de las empresas relativamente más atrasadas en el plano tecnológico. Olvidan que la crisis económica mundial en curso, exige en la propia ‘rama’ siderúrgica una continúa‘racionalización’ del trabajo (despidos y flexibilidad). La disputa por los negocios Las dos terceras partes del pronunciamiento de las seccionales está referido al reparto de los fondos sociales, entre las seccionales. A mediados de mayo pasado, un congreso conjunto de delegados de las seccionales Morón y Matanza de la UOM repudió "la reducción de gastos que obliga a hacer el secretariado nacional" y suscribió un acuerdo con la "administradora de prestaciones en salud Arite SA". Miles de afiliados de la obra social de la UOM se han desplazado hacia la del Personal Aeronáutico, de la CTA, alentados por las seccionales convocadas. La burocracia de la UOM quiere mantener su monopolio de estos fondos, exigiendo al gobierno que prohiba los traspasos. El Secretariado ha destruido la UOM Las seccionales siderúrgicas culminan con su planteo de separación la política de destrucción de la UOM del Secretariado miguelista desde hace años. La UOM dejó de discutir salarios hace mucho tiempo, los que son fijados arbitrariamente por las patronales según el criterio de ‘productividad’, es decir, liquidando el convenio por rama de industria o por actividad y el desconocimiento de las categorías. Para defender la posibilidad de la unidad de clase de todos los metalúrgicos es necesaria una Asamblea general que imponga la defensa del convenio colectivo; las categorías, el salario básico igual al costo de la canasta familiar, la jornada de ocho horas y el control de las Obras Sociales y sus fondos por un comité obrero independiente electo y revocable.

El 31 de julio la UOM Avellaneda convocó a un Congreso de Delegados abierto a los trabajadores. Concurrieron 250 personas, aunque escasos 70 delegados. Juan Belén, de la directiva, informó sobre la crisis abierta en la UOM, informando que Carlos Gdansky, de la Seccional Matanza, y Naldo Brunelli, de San Nicolás, renunciaron al Secretariado Nacional y realizaron luego "Plenarios Inorgánicos" donde decidieron, junto a las seccionales de Villa Constitución (A. Piccinini) y Campana (J. Recupero), fundar un sindicato siderúrgico. Belén dijo que nadie debe sacar los pies del plato y que quien lo hiciera será sancionado. A continuación informó que reclamaría la recomposición salarial del 100% de aumento (¡¡¡) en la rama siderúrgica, pero no hubo ni una palabra para los salarios en general. Belén explicó que la UOM va a requerir créditos para sanear el déficit de la obra social y que"el único crédito que conviene por los bajos intereses es el del Banco Mundial". Cerrado el informe hubo 3 ó 4 intervenciones, no hubo votación, porque "Todos estamos de acuerdo". Conclusión: con esta dirección responsable de la atomización y de la pérdida de conquistas, el gremio se va a seguir rompiendo en mil pedazos.

Los miembros de la Comisión Interna de Atlántida continúan recibiendo numerosas muestras de solidaridad de sindicatos, agrupaciones y dirigentes sindicales, centros de estudiantes, trabajadores y jóvenes que se pronuncian contra su procesamiento. Estas son algunas de las que se han recibido en los últimos días. De la Directiva de Foetra Buenos Aires, con las firmas de Sergio Sosto, Claudio Moris, Tomás Devoto, R. Arévalo, Mario López, Leandro Ferreyra, Alberto Alvarez y Hugo Bissio; de la Comisión Interna de Télam, con la firma de Jorge Pailche, Alberto Ojam, Oscar del Trompo, Jorge Gustavo Ríos, Daniel Rey y Rodolfo Colángelo; de laCoordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), con la firma de Daniel Stragé, María del Carmen Verdú y Raúl Cohen; de la Agrupación Sindical Independiente de Sanidad; de los Trabajadores de la Clínica Finochietto, con la firma de Estela Queiro, Graciela Proga y Mirta Percina. De Bahía Blanca: del Sindicato Municipales, Jorge Panuzio; del Sindicato Foecyt; Sindicato AATRAG; Suteba, Emilio López Muro; Camioneros, Néstor Boscur; y pronunciamiento firmado por treinta delegados y activistas de diversos gremios.

El montacargas de la obra de Alem y Córdoba, cuya caída provocó la muerte de 6 trabajadores de la construcción, no tenía habilitación municipal, estaba mal colocado "y no tenía el foso de cobertura de protección y el resorte en el hueco que amortigua cualquier caída. Entonces, al desplomarse pegó directamente contra el cemento. Si hubiese tenido ese resorte, posiblemente el accidente no hubiera sido fatal" (Clarín, 8/8). De esta manera el Superintendente de Riesgos de Trabajo, Reinaldo Castro, reconoció que en la torre de Alem y Córdoba no gobernó la fatalidad sino la responsabilidad patronal. Claro que también hay otros responsables. La Municipalidad, que no inspeccionó la obra. La ART, que sí la inspeccionó pero no abrió la boca, a pesar de que el montacargas no estaba habilitado. La Superintendencia, que no controló a la ART ni la obra. Toda una cadena patronal tiene las huellas digitales estampadas en la muerte de esos trabajadores. Tan es así, que los presidentes de las cámaras que agrupan a las ART no tuvieron más que admitir que "el 97% de los empleadores no cumple con las normas de seguridad e higiene. ¿Qué hacemos? ¿Clausuramos preventivamente a todas las empresas del país? (Clarín, 7/8). Con esto las ART pretendieron explicar por qué es inevitable que mueran 5 obreros por día en accidentes de trabajo; las cinco muertes diarias y los 30.000 accidentados mensuales serían el precio inevitable que habría que pagar para que no se paralice el país. A nadie se le ocurrió señalar que estos crímenes al por mayor constituyen una prueba adicional de la incapacidad de la clase capitalista para dirigir el país, o dicho de mejor manera, la prueba del agotamiento del régimen social capitalista. La preocupación patronal pasa ahora por evitar que la seguidilla de accidentados graves y fatales no vuelva a conmocionar el país y que eso lleve a pudrir el negocio de las ART. Como consecuencia de una intensa movilización obrera la Superintendencia se vio forzada a clausurar la obra del Mercado de Abasto y de Carrefour, y hasta estaría preparada para cerrar varias obras más. Pero a no engañarse: lo hace para lavar su responsabilidad y para preparar un cambio menor meramente ‘cosmético’ en la ley de riesgos de trabajo. Una ley que, recordemos, paga indemnizaciones y rentas miserables de menos de 100 pesos por mes a las mujeres de los compañeros muertos y prohibe a los trabajadores accidentados y a sus familiares llevar a la justicia penal a las patronales por la responsabilidad que pudiera corresponderles. Por todo esto, el Partido Obrero plantea: La derogación de la ley de riesgos de trabajo y de toda la legislación flexibilizadora. Aumento del salario. Por un básico de 1.000 pesos mensuales. Jornada de 8 horas. Control obrero de la producción, de la seguridad industrial y de los ritmos de trabajo. Pensión igual a la canasta familiar para los trabajadores damnificados y sus familias.

De la lectura de la Carta a los Argentinos, que la Alianza dio a conocer el lunes pasado, la conclusión que emerge es que los ‘argentinos’ hemos quedado reducidos a muy poca gente. El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, por ejemplo, opinó que la Carta "coincide casi exactamente con las demandas que están realizando los industriales" (La Nación, 11/8). El columnista, agrega, de su lado, que "las medidas económicas de la Alianza parecen haber sido extraídas de las exposiciones que realizó José Luis Machinea durante la cuarta Conferencia Industrial Argentina", cuando "Machinea tocó la música que los industriales querían escuchar". Más que la ‘música’, la Carta es un disco compacto completo. Esta Carta a los Argentinos Industriales no contempla, claro, aumentos salariales, seguramente porque lo deja al cuidado de negociaciones laborales ‘descentralizadas’, o sea que liquida de paso los convenios por industria y fuerza al trabajador a aceptar contratos por empresa o individuales. Después de 9 años de congelamiento salarial, es una verdadera ‘hazaña’ dejar intactos los salarios del menemismo y encima colocarse como superadores del ‘modelo’menemista. Cuando habla de la "modernización de las relaciones laborales", la Carta dice que "procurará la elevación de la productividad", es decir, que tiene por objetivo una mayor ‘flexibilidad’ y una mayor superexplotación, pero de manera alguna aumentar los salarios. La Carta a los Argentinos Industriales tampoco habla de aumento de las jubilaciones, lo cual es otra ‘hazaña’, pero dedica amplio espacio al tema de la evasión de los aportes patronales a las Afjp. Esto significa que la Alianza descarga el porvenir de las jubilaciones en el sistema privado, cuyos primeros retiros ocurrirán recién dentro de 30 años, si es que antes las Afjp no son barridas por los derrumbes bursátiles y monetarios. La Carta a los Argentinos Industriales no estima el período de tiempo que le llevará cumplir con la promesa de bajar la desocupación al 10%; probablemente prevea que le llevará más de los cuatro años de mandato de gobierno. Pero como en la Argentina el índice de desocupación es el doble del oficial, ya que los subocupados se cuenta por separado, lo que la Alianza promete para el 2003 es un 12% de desocupación, o sea un millón y medio de desocupados. La Carta ni siquiera contempla la posibilidad de un seguro al desempleado; sólo habla de su"reentrenamiento". A este macaneo del ‘reentrenamiento’ han recurrido recientemente Clinton, Blair y Jospin para justificar el intento de acabar con la seguridad social en sus respectivos países, con el argumento de que de este modo no se estimula la vagancia y el ocio!! Se debe dejar aclarado, sin embargo, que la Alianza pretende llegar a ese magro resultado, por medio de una política de subsidios para los patrones que tomen trabajadores, con lo que el costo de reducir el empleo lo cargan los propios trabajadores que deberán cubrir el déficit fiscal con mayores impuestos. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia internacional, los patrones terminan quedándose con los subsidios sin tomar a nadie y sin alterar su política de superexplotación. Donde la Carta sí es harto generosa y muy precisa es en los subsidios que anuncia para los exportadores, y en una lectura entrelíneas para el grupo Techint. Subsidios ‘a la brasileña’ para las inversiones en proyectos para exportaciones; desgravación de las ganancias de los subsidios a la exportación; garantía estatal para los riesgos de los proyectos de exportación; desgravación de las importaciones de bienes de capital que se destinen a inversiones para la exportación. Estamos, en realidad, ante una Carta a los Argentinos Exportadores los cuales no pasan de un centenar de pulpos. Como el lector se habrá dado cuenta no hemos hablado hasta aquí de la deuda externa; la razón es que para la Carta a los Pulpos Exportadores esta deuda no existe. La muy ‘aggiornada’ Alianza aún no se ha notificado de que un número creciente de naciones del sudeste de Asia, de Europa Oriental y hasta de América Latina, ha entrado en cesación de pagos, o sea que no ha podido seguir pagando la deuda externa debido a la enormidad de la crisis económica capitalista mundial. La Carta a la Argentina Exportadora prefiere dejar para mañana y para pasado mañana todo aquello que es incapaz de resolver hoy. La Carta a los Argentinos es un monumento al irrealismo. Mas allá de su servilismo político e intelectual hacia los pulpos exportadores, el documento fracasa en la caracterización de la situación histórica actual. Con una ignorancia sin fronteras afirma que "estamos en vísperas de la formación de un nuevo paradigma que subordine la especulación a la producción y al empleo". Con este juicio interesado la Alianza siente que marcha por el rumbo de la historia; de que ella es la expresión conciente de los procesos inconcientes, por eso la Carta dice en su Introducción: "Sabemos administrar el camino hacia ese futuro". La Alianza se ofrece de este modo como un equipo de gerentes. Lamentablemente para estos gerentes la profesión está entrando en una completa contradicción con la crisis mundial. El "paradigma del empleo y la producción" ha quedado simplemente pulverizado en los últimos países que aún lo mantenían como una pesada reliquia: Japón y los ‘tigres’ de Asia. El capitalismo mundial ha entrado en el ‘paradigma’ de la bancarrota. Sus Estados se ven forzados a asumir las carteras incobrables de los bancos y una hipoteca financiera sin precedentes que habrá de llevar al mundo a la barbarie si la sociedad no rompe antes con la camisa de fuerza del capitalismo. La Carta a los Exportadores es otra demostración más de que los trabajadores no tenemos salida si la clase obrera no se organiza como alternativa política. En lo que hace a la Carta a los Exportadores, podemos asegurar que ella se convertirá en pieza de museo bastante antes de diciembre de 1999.

Cuando la burocracia de los sindicatos finge hoy una recargada indignación por los accidentes laborales es necesario recordar que Gerardo Martínez fue (¡y sigue siendo!) uno de los más fervientes impulsores, promotores y gestores de la actual ley de riesgos de trabajo que, por un lado, dio nacimiento a las ART y, por el otro, clausuró la posibilidad de que los trabajadores hicieran juicio a las empresas por los accidentes laborales. El 13 de marzo de 1995, Gerardo Martínez, como secretario general de la CGT y de la Uocra, firmó con el gobierno y las cámaras patronales del Grupo de los 8, entre ellas la Unión Industrial, el "Acuerdo Marco para el empleo, la productividad y la equidad social". Este acuerdo en su capítulo 5, establece: "A tal fin las partes coinciden en la necesidad de reformar integralmente la ley 19.587 (accidentes de trabajo). Tal reforma deberá tener en cuenta la realidad nacional, los avances registrados en el derecho comparado, los cambios que se operarán con la puesta en marcha del proyectado sistema integral de protección por Riesgos de Trabajo, y la gradualidad de su aplicación". Así, el 3 de octubre de 1995 fue aprobada la ley de Riesgos del Trabajo con el voto de los diputados ‘sindicales’ de la CGT. Sin embargo, Gerardo Martínez fue más lejos todavía. Bajo el título, "La industria de la construcción quiere armar su propia ART", Clarín (11/6/96) difundió que "Franco Macri, de la Unión Argentina de la Construcción (UAC): Aldo Roggio, de la Cámara de la Construcción (CAC) y Gerardo Martínez de la Uocra firmaron un documento para crear un sistema específico de ART para la industria de la construcción". La propuesta era poner en marcha "un ente de Gestión cuyos accionistas serían la UAC, la CAC y la Uocra". El negocio tenía varias patas. A las patronales les abarataba el costo del seguro porque proponía que la póliza que ellas debían pagar, tuviera un subsidio del Estado. Este subsidio consistiría en que las patronales de la construcción dejarían de pagar el aporte del 1.5% al Fondo de Empleo y podrían quedarse además "con el saldo del aporte de asignaciones familiares". Más grave aún, la Uocra aceptaba que en el seguro que la empresa debía pagar a la ART se incluyese "un porcentaje de los sueldos a cargo de los obreros". Con esto, los trabajadores terminaban pagando un régimen que los perjudicaba y que acentuaba la inseguridad laboral y la falta de prevención de las patronales. El negocio tenía un cierre de primera. Se proponía que "las prestaciones médicas serían similares a la de las ART, pero el Ente contratará la atención con la Obra Social de la Construcción (Ospic), La Construcción S.A. (patronal) y otros prestadores" Es decir que las patronales y la burocracia se aseguraban el negocio de atender a los accidentados. En ese momento Gerardo Martínez estaba negociando el ingreso de su socia en la Afjp Claridad, la ITT Hartford, a la gerencia de la obra social. Una cláusula de "primera opción" en beneficio de La Construcción S.A., le aseguraba el acaparamiento de las miserables indemnizaciones y rentas que cobrarían los accidentados. Las patronales de la construcción debían asociarse a este Ente en forma obligatoria, aunque con el subsidio del Estado y el pago de una parte del seguro por parte de los trabajadores, ninguna patronal constructora dejaría de perderse esta‘ganga’. Este acuerdo no prosperó por la oposición de las restantes ART y también del gobierno, o sea del FMI, que no estaba de acuerdo en desviar el dinero del fisco destinado a pagar la deuda externa, para subsidiar a las patronales y a la UOCRA. Ahora que Gerardo Martínez sale a plantear la reforma de la ley de riesgos de trabajo (como diputado ya presentó un proyecto de ley), se interpreta que su objetivo es conseguir la puesta en marcha de una ART entre la Uocra y la patronal de la construcción. Un dato muy particular revela que la negociación ya está en marcha. El 5 de agosto la Comisión de Trabajo de Diputados reiteró su negativa a habilitar la posibilidad de que el trabajador damnificado pueda hacerle juicio civil o penal a las patronales y en esto contó con el voto a favor de Gerardo Martínez y de los demás diputados ‘gremiales’ de la Comisión. Es decir que mientras putea a las patronales ante 20.000 obreros, Gerardo Martínez y la burocracia de la CGT son la principal línea de defensa de los explotadores criminales y del sistema de ‘riesgos de trabajo’ que estos explotadores han impuesto para privatizar incluso la vida de los trabajadores.

Kirchner, el gobernador antiobrero de Santa Cruz, convocó a elecciones para una asamblea constituyente para el 27 de setiembre próximo. Su objetivo directo es lograr que se autorice la re-reelección del gobernador, eliminar la representación proporcional en la legislatura provincial (eligiendo diputados por pueblo y no por la provincia como distrito único) y manipular el poder judicial. Kirchner pretende perpetuar su control de las regalías petroleras y sus negociados con los monopolios (pesca, etc.). La posibilidad que Kirchner obtenga mayoría absoluta en las próximas elecciones no es segura. En la reciente‘consulta popular’ que habilitó el llamado a elecciones, obtuvo un estrecho 55% de los votos, perdió en varios distritos claves (Caleta Olivia, etc.) y retrocedió frente a las elecciones de octubre pasado. La incertidumbre acerca de los resultados electorales permite vaticinar una campaña de corruptelas para comprar a sectores ‘opositores’’. Kirchner se ha subido a la campaña de demagogia de Duhalde para capitalizar votos, sin que le importe encabezar el ranking de gobernadores privatistas o entreguistas. Pero a Kirchner no sólo se le cayeron los votos, sino también los precios del petróleo, lo que disminuye sus ingresos por regalías. Buscará una compensación con mayores ataques al pueblo trabajador (en especial empleados públicos y docente). Por ejemplo: le está dando manija a la burocracia sindical de la Upcn para montar un ‘congreso pedagógico’ que tiene por objetivo plantear la necesidad del gerenciamiento privado de la educación estatal. El Frente de Unidad Trabajadora (FUT) de Santa Cruz impugnó política y constitucionalmente esta Asamblea Constituyente. La participación en la campaña electoral, y eventualmente, en el recinto, tiene por eje agitar las reivindicaciones de las masas, para organizar y desarrollar la lucha contra el gobierno capitalista y su mandante. Para eso, el FUT reivindica: • un salario básico inicial de 1200 pesos; la incorporación de los presentismos al básico • contra la desocupación: prohibición de despidos; reparto de las horas de trabajo existentes sin disminución del salario; seguro al parado de 500 pesos para todo desocupado mayor de 16 años, sin discriminación de sexo o nacionalidad • investigación estatal de los negociados y la concesión de Río Turbio bajo la dirección de un comité electo por los trabajadores mineros. No al participacionismo de la burocracia sindical en el directorio de la mina. Expropiación de la cuenca minera, bajo control obrero. • investigación estatal de los negociados en el Banco de Santa Cruz bajo la dirección de delegados obreros electos. Cárcel a los defraudadores. • Aumento del 100% de las regalías por el petróleo y el gas que se llevan de la provincia. Control obrero de los monopolios. Nacionalización del recurso bajo control obrero. • rechazo de todos los acuerdos petroleros y pesqueros con los monopolios imperialistas. Rechazo de la política menemo-kirchenista-aliancista de entrega de las Malvinas. Unidad de los trabajadores y campesinos latinoamericanos, y de los argentinos y los chilenos, contra el imperialismo. Una fuerte campaña político electoral El FUT convoca a la clase obrera a movilizarse políticamente tras estas banderas. Si los trabajadores participan plenamente de esta lucha política en forma independiente de los partidos patronales, abrirán una perspectiva de victoria a sus luchas. El FUT promoverá para ello la realización de Asambleas en cada pueblo, barriada, empresa. El FUT reclama el libre acceso a los medios de difusión. Que un comité público controle los gastos del gobierno, para que el dinero del pueblo no sirva para financiar a la camarilla entreguista y antiobrera. Kirchner pagó varias decenas de miles de dólares para comprar la edición entera de una revista que realizó un reportaje laudatorio de su esposa, la senadora, con el propósito de repartirla gratuitamente en la provincia.

Cada día laborable mueren cuatro obreros y quizás tres corresponden a la construcción. La estadística oficial (los muertos pueden ser muchos más) desnuda los niveles de explotación sobre los que se sostiene la feroz especulación inmobiliaria. La urbanización de Puerto Madero, el reciclado del Mercado de Abasto, la enorme red de barrios privados en el Gran Buenos Aires, el proyecto Retiro, la autopista a La Plata, el puente a Colonia, el Parque Industrial La Plata, el ‘mega’ emprendimiento en los barrios de Lugano y de Villa Soldati, la instalación de nuevos centros comerciales, son los escenarios en los que se asienta la explotación feroz de los obreros mas baratos del mercado. La medida de la especulación inmobiliaria la da el salto en los valores de venta o alquiler de las propiedades. En Puerto Madero "las oficinas que se vendían a 1.700 dólares el metro cuadrado en 1993, hoy en día llegan a 3.300" (Perfil, 24/5); el precio de los terrenos ubicados en zonas de la Capital, en las que el Código Urbano permite construir complejos edilicios, "se incrementó en un 40% sólo en un año y medio" (Página 12, 10/7); otro tanto ocurrió con el alquiler de viviendas y oficinas en zonas de categoría. La construcción y extensión de autopistas es uno de los engranajes claves de la especulación inmobiliaria por la valorización de las zonas aledañas. Como consecuencia de la creación del Parque Industrial de La Plata, por citar solo un caso, las tierras "en los últimos dos años, se han revaluado en un 200 y 300 por ciento". "Quienes allí se ubican acceden al beneficio de la promoción industrial y, gracias a este régimen, por el mero hecho de estar dentro del predio pueden obtener hasta trece años de desgravación impositiva" (La Nación, 27/7). "En los 20 centros urbanos más importantes del país, los permisos para la construcción crecieron 68,8 % durante los primeros 90 días de 1998, respecto de igual período de 1997" (Ambito, 26/5). Barrios cerrados ¿A quién va dirigida esta oferta? "Los diez proyectos inmobiliarios de mayor envergadura que se desarrollan hoy en Buenos Aires... hacen foco en los sectores medios y altos". "Lo mismo ocurre con los barrios satélites y los barrios cerrados, que se erigirán en el Gran Buenos Aires, en predios con baja densidad de población y profusión de espacios verdes y espejos de agua". Un ejemplo es "Estancias del Pilar", que "podrá albergar a 22.000 personas, tendrá colegios, albergará al Club Champagnat y contará con un centro comercial". Otro, "Puerto Trinidad" (Hudson), con "600 casas multifamiliares y un puerto con 500 amarras, ya que cuenta con una amplia costa bañada por el Río de La Plata" (La Nación, 29/5). Estos informes revelan la naturaleza estrecha y parasitaria del ‘boom’ inmobiliario. Para un cortesano del gobierno, sin embargo, "desde que se produjo el auge de la construcción de viviendas, los alquileres bajaron continuamente"; de un lado, "muchas personas y familias acceden a una vivienda mejor y dan a otros, que están mas rezagados en el ascenso social, la posibilidad de cambiar la suya" (Juan Alemann, La Razón, 18/6). La realidad es otra: "el segmento de alquileres de vivienda muestra una marcada retracción de la demanda", lo que se ha potenciado es una "demanda puntual en el segmento de locaciones de departamentos del orden de los 150 metros cuadrados, en las zonas de mayor jerarquía" (Ambito, 27/7). La concreción del ‘sueño de la casa propia’, está más lejos que nunca. Mas de la mitad de los que compran unidades nuevas ya eran propietarios y el resto está sometido a un endeudamiento con tasas del 11% en dólares, que duplican o más las tasas internacionales, y cuotas que no bajan de 400 dólares para un departamento de dos ambientes en un país donde esa cifra es todo lo que ganan las dos terceras partes de sus trabajadores. ¿Qué y quiénes sostienen el boom? Para un fuerte agente inmobiliario, "nunca hubo la oferta pública que existe hoy en la Argentina, se reciben permanentemente ofrecimientos de distintos bancos, y son todos extranjeros" (Ambito, 5/6). En esos proyectos, revela otro, "los inversores requieren por lo menos una rentabilidad del 25%" (ídem, 3/7). Pero debido a la enorme hipoteca que pesa sobre los fondos públicos y la amenaza constante de la fuga de capitales, el régimen menemista está obligado a cautivar al capital financiero a través de altos rendimientos financieros (intereses) o especulativos (fluctuación de títulos públicos, valorización inmobiliaria impulsada por el propio Estado). A través de los ‘mega’ proyectos (autopistas, centros comerciales, puente a Colonia), y del financiamiento para la construcción de viviendas suntuarias, el gobierno nacional está a la cabeza de la especulación inmobiliaria, junto al gobierno de De la Rúa en la Capital. Es el gobierno de la ciudad el que acaba de proponer la venta de las acciones de la corporación Puerto Madero (estatal), lo que, según Ambito Financiero, "abriría las puertas para la llegada al país de uno de los emprendedores inmobiliarios mas fuerte del mercado norteamericano: Tishman Speyer"(26/6). El que compre las acciones dispondría de la enorme infraestructura ya construida en Puerto Madero, junto a terrenos aún por licitar por 1.200 millones de pesos. En palabras de un funcionario de la Corporación: "no es el negocio del año, es el negocio de la década" (La Nación, 18/6). Argentina es considerada como un centro de especulación inmobiliaria y financiera internacional por la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que agrupa a los gobiernos de los principales países del mundo. Argentina accedió al ingreso en el Acuerdo Mundial de Inversiones, entre otras razones, porque"Argentina se enorgullece de su régimen liberal con respecto a los flujos de inversiones internacionales directas... y no aplica restricciones a las adquisiciones inmobiliarias por parte de extranjeros, salvo en las zonas fronterizas" (Ocde, PO Nº 579). Lo que vendrá El final del actual boom especulativo es perfectamente previsible a corto plazo cuando no se pueda vender la inmensa oferta existente y, con ello, se corte el financiamiento de los bancos a los pulpos inmobiliarios. Con mas de un millón de viviendas desocupadas, se está promoviendo una sobreproducción de inmuebles y construcciones caras que habrá de acabar en un crac inmenso. Entretanto, los desalojos seguirán su curso, la vivienda seguirá siendo inaccesible para el 75% de la población y se agravarán las condiciones del alquiler, porque así lo reclaman los inversores externos. "Lo que se pregunta el inversor de cualquier desarrollo constructivo en la faz comercial de la vida de la ciudad es: por qué razón no existe un procedimiento de desalojo mas rápido... habría que asegurarle que, ante la eventual incapacidad de pago, pueda recuperar sin dilaciones su propiedad" (Ambito, 15/7). A esto apunta la"seguridad jurídica" que exigen los chirolitas de la Alianza, y en particular del Frepaso.

Duhalde vetó la ley 12.084 que, tímidamente, colocaba restricciones a la expansión de los pulpos hipermercadistas. Su sanción varias semanas atrás había sido una expresión de los reclamos de los comerciantes minoristas arruinados por los monopolios. La ley prohibía a los hipermercados funcionar 72 horas por semana y abrir los días feriados, obligándolos, además, a cerrar a las 22 horas y a atender sólo un domingo cada dos meses. Establecía también el requisito de realizar un estudio previo sobre las consecuencias económicas y sociales aparejadas por la instalación de nuevos locales y la necesidad de convocar audiencia pública antes de determinar su autorización. Para el caso de que el lugar de instalación estuviera a una distancia inferior a los 6 kilómetros del límite de un municipio, se debía contar con la autorización de cada una de las comunas linderas. Duhalde se sometió a los pulpos comercializadores que amenazaron públicamente con despidos masivos y acciones legales contra el estado provincial en caso de prosperar la norma. Carrefour, que sólo en su local de La Plata factura dos millones de dólares diarios lanzó para ello una campaña pública con el apoyo de ‘entidades’ de probada filiación menemista (como la Liga de Amas de Casa). Curiosamente usa a su favor la situación de superexplotación de las familias obreras, ¡que ella misma impulsa!, al argumentar que "la distribución de tareas y la situación económica actual obligan a ambos cónyuges a soportar los gastos en forma conjunta y, por lo tanto, a trabajar muchas horas fuera de su hogar, careciendo de días y de horarios hábiles para hacer sus compras" (El Día, 14/2). Estos pulpos quieren mantener sus privilegios inalterables para reforzar la explotación de sus trabajadores y arrasar con los pequeños y medianos comerciantes. En la Provincia de Buenos Aires existen 43 hipermercados (son el 0,4 por ciento del total de negocios comercializadores) que concentran hoy el 11,6 por ciento del volumen total de ventas, mientras que los 108.183 almacenes existentes alcanzan al 16 por ciento del total. Los grandes grupos concentran el 33 por ciento de las ventas minoristas y el 50 por ciento de las de alimentos (Consultora AC-Nielsen), por lo que "no se detiene la concentración en los hiper y supermercados" (BAE, 6/2). Esta situación ha colocado al rojo vivo al enfrentamiento de las cámaras minoristas con el estado provincial e, incluso, ha provocado una "áspera interna" entre las entidades más duras (Fedecamaras) y las que propician un entendimiento con Duhalde. La Alianza, y en particular el Frepaso, que han agitado demagógicamente el planteo de la restricción a los hiper en la campaña electoral (uno de los factores, según el PJ, que permitieron su triunfo electoral en La Plata), se ha adaptado completamente al duhaldismo: ante la propuesta del peronismo de realizar una consulta popular sobre el tema mira para otro lado, temerosa de la reacción de los monopolios.

El cierre del diario afectó a unos quince compañeros gráficos efectivos y a un grupo de agencia. En el arranque de la nueva rotativa se había firmado una cláusula de retorno, pero la patronal de Fontevecchia no es precisamente ‘esclava’de sus compromisos y mucho menos de la ley y del convenio. El jueves 6 una asamblea general del taller de Barracas impuso una victoria por partida doble al conseguir la reubicación en sus antiguos lugares, el pase a contrato de los de agencia y la devolución del pliego de flexibilidad laboral. La burocracia de Ongaro, 24 horas antes del cierre de Perfil, había intentado firmar un acta complementaria que, precisamente, habilitaba legalmente la vigencia de los "acuerdos personales"; pero fracasó por la oposición de la mayoría de la Comisión Interna. Los 15 puntos firmados por Ongaro consumaban el mayor ataque al convenio de diarios en todo país ya que establecían la jornada flexible, su alargamiento obligatorio de acuerdo a las necesidades del diario, francos móviles de acuerdo a la voluntad patronal, la extensión de la jornada mensual de 166 a 184 horas, la polivalencia y multifunción de una sección a otra y el empleo por tiempo completo en exclusividad, bajo apercibimiento de despido. Las dos victorias conseguidas contra la patronal y contra la burocracia han sido el resultado de la ocupación de la planta por parte de los periodistas y que impidió que la patronal abriese otro frente contra los gráficos. Un éxito de la política de unidad con prensa llevada adelante por la Naranja Gráfica, participante de esa unidad con su presencia física y piquetes. Esta experiencia se transforma en vital para el conflicto que se avecina en Crónica, donde se ha constituido una intersindical en las mejores tradiciones de Clarín, La Razón y Tiempo Argentino. Allí, en este momento, la burocracia ongarista tiene por eje romper la unidad con prensa, además de ocultar el permanente conflicto por atraso en los pagos. La victoria de Perfil ayuda a zanjar el debate en una asamblea general de ambos. Hoy por tí, mañana por mí, sin tener siquiera una organización sindical, la batalla de Perfil prensa salvó a los gráficos. Ahora la energía se tiene que orientar también a arrancar el plenario de delegados del gremio gráfico. Lo de Perfil se podrá mantener si se une a la defensa de todos los conflictos en el gremio que emergen como hongos por falta de pagos, rebajas salariales y flexibilidad laboral.

Desde el 18 de mayo se desarrolla en Córdoba el juicio a Eduardo Angeloz por enriquecimiento ilícito. La causa se inició a partir de las denuncias de la Asociación Bancaria y la Coordinadora de Gremios Estatales sobre la inmensa fortuna amasada por el ex gobernador en el período de 10 años, que incluye cinco enormes estancias en el norte de la provincia y otras empresas —entre ellas la radio LV2, destinada a ser la cabeza de un emporio de comunicaciones. El juicio se hace sólo por enriquecimiento ilícito, lo que es ya de por sí una absolución porque deja de lado la responsabilidad clave de Angeloz en el encubrimiento de los funcionarios y empresarios que vaciaron los Bancos Provincia y Social en sus períodos de gobierno y de los asesinos del senador Maders, el hombre que denunció el manejo fraudulento de los fondos de la empresa de energía (Epec) por el gobierno de la provincia. De este modo el juicio deja de lado la asociación política y financiera del angelocismo con Yabrán y de ambos con el clero, y en definitiva las características mafiosas y criminales de un régimen que se presenta a sí mismo como ‘representativo’. La Alianza, Menem, Mestre y el clero están fraguando un pacto para liberar a Angeloz. El ex gobernador fue recibido en el Arzobispado por el cardenal Primatesta horas antes del juicio, en un gesto público que la Iglesia no prodiga a cualquiera y tuvo el respaldo político explícito de Menem, Alfonsín y De la Rúa. El gobierno de la provincia forma parte de este pacto, por eso ha guardado un ‘estratégico’ silencio sobre el juicio, luego de haberlo dejado correr durante todo un período con un doble propósito: tener al aparato angelocista en calidad de rehén político y embaucar a las masas. En medio de un ataque colosal a las condiciones de vida de los trabajadores, el gobierno mestrista se valió del juicio para hacer creer a la población que la ‘justicia’ era ‘inexorable’ con los confiscadores del Estado. Una maniobra total si se advierte que Mestre es cómplice de Angeloz desde el momento que asumió el cargo, cuando aseguró que no estaba allí para investigar a nadie y dejó de lado toda denuncia en nombre del estado provincial contra su predecesor. Angeloz ya logró, en virtud de un pacto político similar, ‘zafar’ del desafuero y su casi segura detención, mediante una decisión del Senado que lo ‘autorizó’ a presentarse ante el juez que lo reclamaba sin despojarse de su inmunidad parlamentaria (fueros). Esta operación política, violatoria de la Constitución, el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba y varias normas más, fue orientada en su momento por "el constitucionalista y ex senador provincial Jorge Vanossi y el senador Jorge Yoma, la voz cantante del ultramenemismo en la cámara alta" (La Nación, 24/4/97) y fue precedida por el ingreso delictivo de Massaccesi al Senado. Detrás de la conspiración para salvar a Angeloz asoma no solo su íntima asociación con los hombres del poder capitalista, clero y fuerzas armadas incluidas, sino también el amplio acuerdo político planteado entre el gobierno y la Alianza en nombre de la "unión frente a la crisis internacional". Este acuerdo tiene cuatro temas vertebrales: convertibilidad, reforma laboral, reforma educativa, indulto a los genocidas. Sólo uno La cárcel a Angeloz sería, en cualquier caso, el castigo a sólo uno de los responsables de la masacre social producida en la provincia. Aún en el caso que el ex gobernador y algunos testaferros se sumaran a los funcionarios que están en cana por defraudación, quedarían en libertad todos los empresarios, gran parte de la Fundación Mediterránea, que volatilizaron millones de dólares de la banca estatal cordobesa que luego fueron ‘pagados’rigurosamente por los trabajadores con la reducción de salarios, los despidos en masa, el cierre de hospitales y escuelas. Quedaría impune la clase social que se benefició de una deuda que las propias organizaciones empresariales hicieron ascender a cerca de 2.000 millones de dólares pero que aún al día de hoy nadie sabe a cuanto asciende ni como se compone. Angeloz saqueó a los trabajadores en beneficio de la burguesía. Pero es lo que hizo Mestre con el inmenso negociado del Cecor, que dio a los grandes tenedores que se quedaron con él un rendimiento del 18% anual, el mayor negociado por referencia a cualquier otro título público del país. Es lo que hizo Mestre con el salvataje a los capitalistas a través de los créditos impagos del Provincia con una cartera irregular que asciende al 40%, tres veces mayor que la media nacional, o con la imposición del convenio Fiat-Smata, es decir la reducción histórica del salario, a todos los trabajadores de la provincia. Es lo que hizo Mestre con el enorme auxilio estatal bajo la forma de subsidios, eximición de impuestos, rebaja de energía eléctrica y construcción de infraestructura a lo que son en realidad ‘armadurías’automotrices —la verdadera cara del ‘boom de inversiones’ que el gobierno esgrimió como bandera. ¿Quién pagó y paga esta confiscación? Los trabajadores, con la ‘emergencia económica’, el cierre de hospitales y de escuelas, la flexibilización laboral y una desocupación que ha convertido a Córdoba en una de las ‘capitales de la pobreza’. Por estas razones, Angeloz y sus cómplices deben ir presos, pero la lucha no puede detenerse en este punto. Es necesario actuar y movilizarse por la cárcel para Angeloz, contra el gobierno y el régimen político que está tramando su libertad y que es astilla del mismo palo y por el conjunto de reivindicaciones populares. Es necesario movilizarse para que los capitalistas, no los trabajadores, paguen las cuentas de Angeloz y Mestre.: ni despidos ni suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; derogación de los convenios negreros; retiro de la reforma laboral; seguro de desempleo de 500 pesos para todo desocupado mayor de 16 años, aumento general de salarios. Extender el llamamiento "a todos los compañeros a repudiar a la burocracia sindical de la CGT, las 62 y el MOAS (para) echar a los Daer de los gremios...". La CTA y el MTA deben reflexionar sobre la política de sus"aliados parlamentarios (la UCR, el Frepaso, el duhaldismo), deben romper con los partidos patronales y reivindicar un frente político y reivindicativo de todas las organizaciones obreras y populares" (declaración del 1o. de Mayo de la Multisectorial). El Partido Obrero llama a organizar una gran movilización para derrotar la conspiración de los ‘demócratas’ en torno a Angeloz y la conspiración capitalista contra los trabajadores.

La asamblea del Astillero Río Santiago (ARS) votó dos importantes resoluciones: a) Exigirles a las conducciones provincial y nacional de ARS que retiren la convocatoria divisionista a elecciones de delegados para el 12/8 por ‘lista sábana’. b) En defensa de los delegados por sección, recientemente electos por el 80% de la fábrica, efectivizar medidas para que ningún obrero de ARS vote el día 12 o en otra fecha que decida el Consejo Directivo Provincial (CDP) avalado por el degennarismo (hay rumores de postergación). Estas resoluciones son un golpe político a las maniobras e intrigas de las conducciones degennaristas empeñadas en desconocer la voluntad de las bases del Astillero (la elección a delegados por sección fue decidida oportunamente por Asambleas de sector y general del ARS). Jugado al divisionismo de capilla, y enfrentado al activismo de fábrica, los hombres de De Gennaro actuaron funcionalmente al servicio de la patronal y del gobierno que pretenden desmontar las movilizaciones del Astillero (ver PO Nº 594). La última marcha del ARS reunió a unos 800 compañeros que ‘sitiaron’la gobernación, exigiendo el aumento salarial, la efectivización de los 700 contratados, trabajo para el Astillero y la derogación del decreto 397 (privatización de la fábrica). La decisión de la Asamblea defiende los intereses colectivos de los compañeros contra el divisionismo burocrático, y tiene la virtud de desenmascarar a una dirección que pregona la ‘democracia’ mientras practica un feroz intervencionismo de aparato. Después del golpe hay que poner ‘nocaut’ las maniobras de De Gennaro y Cía, imponiendo el retiro de la convocatoria trucha.

Al cierre de esta edición de Prensa Obrera comparecimos Mario Paolini, Ariel Resigno y quien escribe estas líneas en la "ampliación de indagatoria" del proceso que nos sigue la jueza Angeles Andreini de Campana. Esta vez ante la presencia silenciosa de la propia jueza y tras varias horas de espera. El resto de los compañeros imputados lo harán en fecha a determinar a raíz de un pedido de postergación de nuestro abogado defensor el doctor Juan Carlos Capurro, urgido por un sorpresivo viaje debido a causas del interior del país que sufren otros compañeros. No habiendo testimonio ni prueba alguna aportados por la patronal desde la indagatoria anterior, tuvimos la oportunidad de ratificar el escrito presentado por todos los trabajadores, que constituye una completa refutación jurídica y política de los cargos de Vigil y el Citibank. Sea cual sea la intención de la jueza interviniente, la defensa ha logrado colocar el expediente en el mejor terreno para quebrar el procesamiento antes que nazca, que es nuestro objetivo. Una elevada comprensión de esta estrategia y una total convicción de que esto se gana con los métodos de la movilización de la clase obrera mostraron los manifestantes, obreros de Atlántida, familiares, hijos y jóvenes, delegados gráficos y militantes solidarios de diversos frentes, que bajo la lluvia cantaron durante horas, en la puerta del juzgado: "vivan las luchas obreras, abajo la represión, libertad a los compañeros, basta de persecución" y "a los Vigil la cárcel ya, a los compañeros la libertad". Acudieron a la cita el diario y el canal de Zárate-Campana y nos esperaba la principal radio zonal. El impacto atrajo también a concejales del Frepaso que prometieron elaborar un proyecto para presentar en el concejo pidiendo el desprocesamiento, iniciativa que debería triunfar porque la Alianza tiene mayoría en el Municipio. De este modo se realizó la tercera movilización de lucha ligada a este proceso. El 29 de junio lo hicimos por toda Campana, después el acto-conferencia de prensa en la CTA y ahora esta nueva manifestación callejera en la puerta del juzgado. Cuando entramos a declarar pudimos observar la presencia de tropas de la guardia de infantería con sus carros y cascos parapetados en la parte posterior del juzgado. Una nueva y costosa movilización represiva que habla del terror que les causan los trabajadores movilizados y de la intención intimidatoria de quienes manejan esta causa. Lo ocurrido nos refuerza, como nos refuerza la heroica lucha de los compañeros de prensa de Perfil o de los obreros del Frigorífico Cocarsa que ocuparon sus lugares de trabajo defendiendo lo que nosotros defendimos hace un año en 80 días inolvidables de lucha. Por el giro de la causa y la movilización realizada, más que nunca, inundemos el juzgado de pronunciamientos, que están siendo incorporados a la causa que ya alcanza casi 600 folios. Que los folios lleguen a mil, pero no de podridas pruebas patronales sino de pronunciamientos políticos en favor de los trabajadores. Digamos por fin que hemos vuelto mojados pero satisfechos de la movilización realizada, pero queremos que sirva a un objetivo mayor: que todos los perseguidos y las organizaciones obreras que éstos integran ganemos la calle en conjunto para acabar con la represión a la lucha popular.

(La nota que sigue fue elaborada a fines de mayo. Pese al tiempo trancurrido ilustra lo ocurrido en el Congreso de Sanidad de Capital de mediados de mayo) El 15/5, la dirección de Atsa Capital convocó al Congreso general ordinario de delegados del gremio, sito en Saavedra 166, de conformidad a lo establecido en el estatuto de la Asociación. El temario del mismo, anunciado: 1) Apertura a cargo del secretario general; 2) lectura y aprobación del acta anterior; 3) análisis del proyecto de Reforma Laboral (Poder Ejecutivo-CGT). Con visible nerviosismo, el obeso burócrata Hugo Ingeniere, secretario general, de entrada nomás comenzó a defender el proyecto antiobrero de flexibilidad laboral. En confuso lenguaje, a veces auxiliado por un abogado, trató con gran esfuerzo de puntualizar las ‘bondades’ inexistentes del proyecto, al tiempo que, aprovechando el ámbito favorable del recinto atestado de burócratas, se dedicó a atacar a los sectores ‘minoritarios’ (textual) que se oponen al proyecto de Reforma Laboral, de la misma manera que en el año 1974 se opusieron a la creación de la Ley de Contrato de Trabajo. Seguidamente, sin permitir que nadie hablara, un burócrata levanta la mano y propone la aprobación del acta anterior que nadie conoce; maratónicamente se pasa a analizar la situación del gremio que, con un apresurado pantallazo, arribaron a la conclusión de que todo estaba OK. Los despidos, las suspensiones, los cierres truchos y la violación de convenios no estaban registrados en "el informe-memoria" de los dirigentes de Atsa; lo que sí registraron es el accionar ‘beligerante’ (textual) de nuestro compañero Daniel Benítez, de la agrupación Asis, en el conflicto del Finochietto que, según el burócrata, obstaculizó una negociación favorable como la que se había logrado en el Favaloro, ¡que tal! Un capítulo aparte fue la amañada promoción de los beneficios transitorios de OSPSA —obra social del gremio, que con un costoso despliegue promocional se lanzó a una campaña de beneficios transitorios hasta diciembre de 1998, con el objetivo de mantener cautivos a los afiliados hasta fin de año. La pérfida maniobra está orientada a darse tiempo y negociar con entidades mayores una ‘inserción consensuada’, que permite a los dirigentes-empresarios del gremio continuar marcando la salud de los trabajadores con la privatización y la generalización sin límites de los aranceles. Para terminar, Daer e Ingeniere vociferaron con vehemencia que la Reforma Laboral no flexibiliza nada y que en los términos de la crisis resultaba un avance para los trabajadores ... sí, eso manifestaban. A la convocatoria asistieron el Mst con una presencia importante encabezado por Vilma Ripoll y el PO-Asis. El PC, del Centro Gallego, no fue porque ... ¡tenía que trabajar!, a sabiendas que el día es pago cuando la convocatoria es oficial. En un marco de total patoterismo e insultos hacia los compañeros del Mst y nosotros, la convocatoria se fue diluyendo sin pena ni gloria. El Mst, única corriente que tuvo la concesión del micrófono, apostó al franeleo de las preguntas y respuestas, aportando más confusión en vez de denunciar abiertamente al proyecto antiobrero y llamar a votar, aprovechando la desconfianza de muchos presentes. Aun así, franeleo de por medio, fueron insultados y hasta los llamaron "socios y forros del proyecto del Cta-Mta". A nuestros compañeros (PO-Asis) del Centro Gallego, en ningún momento se les concedió la palabra y cuando nuestra compañera insistió para hablar, se silenció el micrófono y se levantó la mayoría, desalojando el recinto. La burocracia de Daer e Ingeniere regimentó la convocatoria a fuerza de patota e insultos, y no permitió debate ni moción, es decir que temía una votación dividida importante, por eso silenció y organizó el apresurado desbande. La Comisión Interna del Centro Gallego concurrió a la convocatoria mandatada por asamblea para rechazar el proyecto esclavista de la CGT-gobierno. La crónica de los hechos evidencia la imperiosa necesidad de recuperar el sindicato de manos de la burocracia, para que cumpla su rol histórico de luchar por salario y mejores condiciones laborales, y no para elaborar y avalar proyectos patronales de flexibilización.

Entre las organizaciones y trabajadores asistentes al acto del 27 de julio en la CTA contra los juicios a Atlántida se hizo presente Enrique Miguel Saavedra, en representación de un grupo de obreros de Diasa, procesados por el corte de la ruta 36. Recordemos que ante el despido masivo de esta patronal automotriz, los despedidos cortaron la ruta logrando así el paro de sus compañeros al interior de la planta. La medida quebró el freno de la burocracia del ‘barba’ Gutiérrez y tras ella vino la conciliación obligatoria, al cabo de la cual la fábrica volvió a despedir y los trabajadores volvieron a parar. El resultado final fue la reincorporación de unos 30 efectivos y contratados por Diasa; el resto, de agencia, quedó en la calle. Esta importante victoria parcial, no obstante, no detuvo la persecución patronal que ‘agrupó’ a los compañeros en una sección para evitar su acceso al cuerpo de delegados en las próximas elecciones, canalizando una tendencia al reemplazo de los elementos de la burocracia que recorre distintas automotrices. Pero por otro andarivel hay una persecución, más profunda aún, las causas penales destinadas a apoyar despidos o desafueros contra estos compañeros que dieron batalla con el método de los piqueteros, de Atlántida y de tantos trabajadores a lo largo y ancho del país: el corte de ruta. El desprocesamiento y sobreseimiento de los compañeros de Diasa es una causa fundamental, en la zona sur y en el gremio metalúrgico todo, contra los convenios flexibles en la industria automotriz y por la expulsión de la burocracia metalúrgica entregadora de Fiat y de Siderca. Se trata de una causa más que se suma a la necesidad de una inmediata acción nacional de lucha contra las persecuciones, algo que comparten los compañeros afectados de Diasa.

Como "un tremendo salto para el movimiento sindical", califica un especialista la decisión de los 19.000 empleados de venta de pasajes, reservas y embarque de la United Airlines, la mayor empresa aerocomercial norteamericana, de afiliarse al sindicato de maquinistas (International Association of Machinist) (The New York Times, 20/7). En los ‘democráticos’ Estados Unidos, los trabajadores no gozan del derecho individual a afiliarse a un sindicato, la ley exige una votación mayoritaria. Las ‘campañas de sindicalización’ (previas a estas votaciones) son el repetido escenario de grandes batallas entre los sindicatos y las patronales. La patronal de la United estaba segura que la participación accionaria de los trabajadores en la empresa actuaría como un ‘disuasivo’ contra la sindicalización; poco más de la mitad de las acciones de United están en manos de sus trabajadores. Fueron ‘pagadas’ mediante la reducción de salarios, a partir de 1996, para ‘sanear las finanzas’ de la empresa. El ‘sacrificio’ rindió sus frutos: en dos años, los beneficios de la empresa volvieron a ser récord ... mientras una gran parte de sus trabajadores cobran alrededor de 12.000 dólares anuales (la ‘línea de pobreza’ oficial está calculada en 13.000 dólares anuales). La ‘propiedad participada’ creó dos categorías de trabajadores: los que no estaban en la empresa cuando se distribuyeron las acciones, cobran salarios equivalentes a un tercio de lo que cobran los que recibieron acciones y, además, cuentan con menores beneficios de salud y jubilatorios. Estos trabajadores fueron los principales protagonistas de la campaña de sindicalización: "las voces más entusiastas en favor de la sindicalización fueron las de los trabajadores en el más bajo nivel salarial" (ídem). Pero es muy significativo que incluso entre los trabajadores mejor pagos y con propiedad de acciones, prendiera la campaña "porque temen que sin un convenio sindical, United puede recortar las pensiones y los seguros de salud prometidos" (ídem). Desde 1978, los sindicatos no registraban una victoria similar en una ‘campaña de sindicalización’. Esto ocurrió en el mismo momento en que se desarrolla la mayor huelga contra la General Motors en los últimos treinta años.

Daniel Barragán, secretario general de ATE Mar del Plata y miembro de la conducción provincial de la CTA, puede estar en las vísperas de ser detenido a raíz de una serie de procesos por corte de rutas que fueron parte de la movilización contra las cesantías en el centro turístico de Chapadmalal a inicios de 1997 y, más tarde, en el Instituto Nacional de Epidemiología en esta ciudad. Mar del Plata es uno de los centros de la persecución de la ‘democracia’contra dirigentes, delegados y activistas del movimiento obrero. En esta lista siniestra, con procesos por "ocupación de la vía pública", "intimidación", "usurpación de propiedad", se encuentran miembros de las organizaciones de desocupados que fueron parte de la toma de la ruta 88 en junio del año pasado y delegados y directivos de Luz y Fuerza. Todo esto plantea la formación de un comité de solidaridad con los trabajadores perseguidos y el reclamo a las organizaciones obreras y populares de una cadena de movilizaciones que exijan la anulación de todos los procesos penales iniciados contra los dirigentes y activistas del movimiento obrero.

Wálter Grahovac, el secretario general de la Uepc (Córdoba), es candidato a secretario de organización por la lista Celeste que encabeza Marta Maffei. Grahovac, del Partido Justicialista, está encolumnado con la candidatura de Duhalde. Grahovac y la conducción Celeste de Córdoba se habían abstenido de participar en elecciones anteriores. Aceptó el presentismo para los docentes provinciales. Grahovac se destacó en los plenarios de secretarios generales de Ctera por su oposición a los planes de lucha. ¿Por qué, ahora, Grahovac decide presentarse con la Maffei? Simplemente porque la política de la conducción aliancista de Ctera no difiere de la suya. Maffei apoya el proyecto Decibe, que liquida el Estatuto del Docente y que establece el presentismo. Grahovac en Córdoba está negociando en este momento con el gobierno radical la pérdida de la estabilidad y de la antigüedad. Grahovac también es consciente de que una ‘abstención’ suya podría garantizar un triunfo de la Rosa, como ya sucedió en las elecciones anteriores.

En una decisión tomada por completo a espaldas de los docentes Ctera levantó el paro y la marcha federal previstos para el 12, 13 y 14 de agosto. La inconsistencia de esta decisión esta probada por el hecho de que amenaza con ir a un paro en setiembre, si sus reclamos no quedan, al final, satisfechos. Es decir que, nuevamente, la burocracia que ha presidido el mayor retroceso educativo y docente de la historia, ha vuelto a capitular ante el mero ofrecimiento de una nueva promesa. Una promesa que representa, además, una nueva pérdida de derechos, la liquidación del estatuto docente y un nuevo engaño en materia salarial. Ni aun así, sin embargo, el Congreso o el gobierno tienen la intención de cumplir con lo prometido. Otra prueba descomunal de la impostura de la decisión de Ctera, es su convocatoria a una ‘consulta’ sobre la promesa en cuestión, o sea el proyecto de "Incentivo Docente", elaborado por la ministro Decibe. Porque: ¿si éste es tan ‘bueno’, para qué plebiscitarlo? Lo que se quiere es utilizar la confusión existente para que los docentes avalemos con el voto el suicidio que quiere la burocracia de Ctera. La premura para ‘consultar’ a los docentes, en un plazo de 48 ó 72 horas, apunta precisamente a aprovechar el clima de confusión e impedir un debate esclarecedor. No se da tiempo para una campaña. La única campana que se podrá escuchar, al menos a escala general, será la ‘oficial’ del sindicato. Se obliga a los docentes a definirse sobre un proyecto que recién conocerán al momento de emitir su voto. Ni hablar de que no existe ningún mecanismo de fiscalización. La consulta tampoco compromete a Ctera. No es cierto que "tu voto decide", pues "más allá de la opinión de los docentes, el órgano que toma las decisiones finales es el Congreso de delegados de Ctera" (declaraciones de Hugo Yasky, La Nación 7/8). La consulta, por lo tanto, es más que un fraude; es un atropello. Si estuviéramos frente a la conquista de una reivindicación no habría necesidad de consultar a nadie. Lo que se pretende a través de este mecanismo fraudulento, es presentar la entrega del Estatuto docente por parte de la dirección de Ctera, como una decisión colectiva y democrática de los docentes. De esto se trata, pues el núcleo del proyecto consiste en la revisión integral del régimen laboral docente, es decir, en la flexibilidad laboral. La versión actual, va más lejos inclusive, que el proyecto original (ver nota adjunta). Pero el proyecto objeto de la consulta es, apenas, el dictamen de una de las comisiones de una de las Cámaras. El impuesto a los automotores debe recorrer, todavía, un largo y tortuoso trámite parlamentario y enfrenta la oposición de la mayoría de los legisladores, de las cámaras patronales y en particular, de las terminales automotrices y del FMI. Es decir, que a cambio de nada, Ctera levantó las medidas de fuerza y pretende a través de la consulta que cedamos nuestros derechos en forma incondicional e irrevocable. La consulta trucha al igual que el proyecto Decibe deben ser rechazados. No a la consulta. Asamblea para votar por un básico de 700 pesos, el respeto integral del Estatuto, la convocatoria de un Congreso de bases y el lanzamiento de un plan de lucha.

El 8 de agosto en la ciudad de Salta docentes autoconvocados de escuelas de la capital produjeron la siguiente declaración: La Junta Ejecutiva de Ctera, comandada por Maffei y con el apoyo de Choque nos ha traicionado nuevamente. Se ha levantado el paro a espaldas de la docencia sin tener nada en la mano, para apoyar un proyecto que difícilmente se apruebe y que viene a imponer la flexibilización laboral a cambio de un "incentivo" (sería una suma fija en negro que no iría al básico) que sólo cobrarían algunos docentes. El proyecto Decibe, que recién está siendo tratado en las comisiones de la cámara, se basa en un impuesto que pagará la mayoría de la población (la pagarán la mayoría de los automóviles). Ctera anuncia ahora una "consulta" a la docencia que es completamente trucha para que se siga negociando sobre la base de este proyecto de Ley. Nadie podrá controlar los resultados y hasta es probable que muchos gremios de base como la ADP ni siquiera la realicen. La conducción de la Ctera quiere, por este mecanismo, un "cheque en blanco" que le permita entregar nuestro estatuto en nombre de que se ha ‘consultado’ a la base docente. Es por todo esto que la III Asamblea de los docentes autoconvocados ha decidido: 1º Repudiar la Traición de Ctera y ratificar la iniciativa de extender el movimiento autoconvocado con delegados en todas las escuelas. 2º Llevar adelante el siguiente Plan de Acción: 14 de Agosto a las 19 hs. (día en que debería realizarse la Marcha Federal): Acto en Plazoleta IV Siglos de Salta, invitando a los estudiantes, a los docentes de todos los niveles y los trabajadores de la Salud que luchan contra la privatización del hospital. 22 de Agosto: nueva Asamblea General de Autoconvocados 4 de Setiembre: Jornada Provincial de Lucha y Protesta por la situación de la docencia y de la escuela pública. Se realizarán concentraciones frente a las sedes de ADP en toda la Provincia, asambleas con la comunidad, afiches en las puertas de las escuelas y crespones negros sobre los guardapolvos. 3º Ratificar el programa mínimo de reivindicaciones: Rechazo al proyecto Decibe de "incentivo" docente. Salario básico de 700 pesos que es la mitad de lo que vale la Canasta Familiar. Restitución del ítem antigüedad. Derogación del régimen de licencias esclavista. Fin a los atropellos del SIMELA. Rechazo a la reforma educativa que viene a imponer la descalificación de la educación y la liquidación del Estatuto del docente. Fin a la persecución contra los docentes por sus denuncias o su actividad gremial (Sumarios a los Profesores Goa y Ramos, reapertura de viejas causas por los cortes de ruta en la huelga de hace 4 años, etc., etc.) Súmese a la lucha de los autoconvocados. Lo esperamos el viernes 14, a las 19 hs., en la plazoleta Cuatro Siglos.

"A pesar de no ser éste el proyecto ideal que resuelve la problemática educativa, el mismo constituye un avance significativo... La sanción definitiva del Proyecto significará un triunfo de la pelea de los Trabajadores de la Educación de todo el país, la consolidación de la Ctera y de la unidad a nivel nacional y nos colocará en mejores condiciones para continuar la lucha en contra de la reforma educativa". Así calificó la dirección de Ctera el dictamen de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobado por unanimidad por justicialistas y aliancistas y, por supuesto, por la propia cúpula gremial, que participó activamente en las negociaciones. ¿Qué dice, sin embargo, el proyecto? 1) El monto, carácter y alcance del eventual aumento salarial son desconocidos. 2) el ignoto aumento es discriminatorio pues esta reservado "a los agentes que cumplan efectivamente función docente". Habrá que ver que se entiende por "efectivamente" y por "función docente". ¿No alcanzará al conjunto de la planta funcional? ¿Incluirá el presentismo? ¿Excluye a los docentes en licencia? ¿Cualquier solicitud de inasistencia, inclusive por enfermedad —según se lo precise ulteriormente en la reglamentación— podría ser una causal para perder la asignación? Que estamos en presencia de un proyecto de presentismo lo revela su título:"Incentivo docente". 3) El acceso de las provincias a los recursos esta condicionado al compromiso de "desarrollar un programa de mejoramiento de la administración del sistema educativo de cada jurisdicción que optimice la gestión de recursos". Es el plan del Banco Mundial, para quien la "optimización" significa una racionalización de personal (léase despidos). 4) El corazón del proyecto está referido a la implementación de la reforma laboral. "En el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación y con la participación de las Organizaciones Gremiales Docentes con representación nacional, se acordarán los criterios básicos para elaborar un régimen normativo que fija las condiciones de trabajo para la actividad docente que deberá ser puesto en vigencia durante 1999" (Artículo 14). En este punto, la versión actual es peor que el proyecto original, pues ahora se da carta libre para la revisión completa e integral del estatuto, mientras que la versión anterior lo circunscribía al régimen de licencias y disciplina y no se hablaba de plazos para su puesta en vigencia. ¿Dónde ha quedado el reclamo de las paritarias? Ctera ha aceptado que un órgano patronal como es el Consejo de Ministros sea quien decida el régimen laboral, lo cual significa admitir incluso que se lo haga por decreto.

El 9 de septiembre, coincidentemente con las elecciones de Ctera se realizan las elecciones de UnTER, la organización gremial más importante de la provincia. La situación de los trabajadorres estatales en general, y de los docentes en particular, es desastrosa: cierre de escuelas, pago en bonos, deudas, retraso y recorte salarial, aplicación de la ley Federal de Educación, Plan Social, intento de imponer los consejos institucionales, proyectos de tercerización de servicios, etc. El sindicato docente conducido por la agrupación Celeste ha mantenido su política de subordinación a la Alianza, a las grandes empresas y a todo lo que implique políticas antiobreras, desbaratando todo intento del sector docente por enfrentar los ataques del Banco Mundial. Cuenta en su historia de entrega con la desmovilización llevada adelante cuando en el ‘97 las calles neuquinas eran recorridas por manifestaciones de más de 20.000 trabajadores y los docentes rionegrinos habían arrancado un paro por tiempo indeterminado que alcanzó el 90% de acatamiento. Unas semanas antes de las elecciones de octubre de ‘97, la conducción Celeste, en complicidad con Marta Maffei, firmó en Buenos Aires y a espaldas de los docentes un acta acuerdo con el gobierno por el cual se levantaban las medidas de fuerza y los docentes debían ‘marchar’ pero a las aulas. Esta política ha desmantelado el sindicato como herramienta de lucha, hay importante desafiliación, negativa a afiliarse de los ingresantes y poca participación en las asambleas. Incluso una crisis interna que se manifestó el día de presentación de listas cuando el aparato que maneja el sindicato, y que cuenta con toda la información y los recursos y hasta con la propia Junta Electoral, tuvo que pedir una hora de prórroga y con cuatro o cinco de sus dirigentes llenando las últimas planillas para no quedar afuera. A esta lista se agregan más sectores del PJ. Todo demuestra la imposibilidad de la Celeste para llevar adelante la defensa de los trabajadores cuando todos sus referentes políticos son antiobreros (Decibe, Verani, Fernández Meijide, Constanzo-Menem). Ante esta situación la formación de una lista de oposición para recuperar el sindicato, era imperante. Tras un largo proceso se conformó la Conter, con un sector de la antigua Naranja provincial, el Mas, la agrupación Sur de Cipolletti, el Ptp y compañeros independientes, con un programa lavado y sin discusión política. Tribuna Docente, aunque manteniendo su independencia de programa y método, adhirió a la conformación de lista única. Los dirigentes de la Conter, sin embargo, excluyeron a Tribuna Docente. Tribuna Docente juntó 300 avales en dos semanas y su propia nómina de candidatos. Con esta confrontación de fuerza militante, una hora antes de la presentación oficial se logró la unidad en la lista Convergencia; con cargos para T.D. menores a los merecidos políticamente, sin que aceptaran firmar un acta con el debate realizado, sin la discusión del programa y sin fijar posición de conjunto frente a las elecciones nacionales, al punto que el Ptp va en Neuquén con Liliana Obregón. Con la firme convicción de que recuperar el sindicato para los trabajadores es responsabilidad de Tribuna Docente, quién deberá imprimir a este agrupamiento la política y los métodos adecuados para luchar, denunciar la política celeste y evitar que el paso progresista que darían los trabajadores quitándole el sindicato a la burocracia no sea hipotecado como ocurrió en ATEN (Neuquén). La importancia de 1200 avales en toda la provincia para una lista conformada con dirigentes de izquierda no se debe precisamente a la política desarrollada por éstos, sino a la gran necesidad de los trabajadores de romper con los dirigentes que nos han entregado históricamente; Tribuna Docente recoge el guante y toma también la iniciativa en la campaña electoral, volanteando la primera cola de cobro previa a las elecciones llamando a los docentes a votar a la Lista Rosa Nacional y Convergencia provincial para superar el obstáculo que es la burocracia y enfrentar al gobierno con un plan de lucha.

El publicitado cierre del Colegio San José, un tradicional colegio privado de la Capital Federal, puso al rojo vivo la crisis que esta padeciendo la enseñanza privada. En Capital Federal, sólo en el ultimo año y medio cerraron 21 escuelas privadas. En provincia de Buenos Aires cerraron sus puertas 148 establecimientos en los últimos dos años. Esto no es más que la punta del témpano, pues hay centenares de colegios que registran una sensible reducción de la matrícula, a lo que se agrega "la disminución gradual y constante del cobro de cuotas; según cálculos oficiales, de cada 100 alumnos (en Capital Federal), 30 no están al día con el pago"; "mucha población de clase media empobrecida tuvo que cambiar a sus hijos a la escuela pública" (Clarín, 16/7) Lo mismo vale para sectores de la clase obrera que hacían enormes sacrificios para enviar a sus hijos a colegios pagos. En el único sector donde se verifica una expansión es en "el norte del conurbano para atender a los habitantes de countries o de barrios privados". Pero ese auge "no alcanza para compensar la tendencia negativa" (La Nación, 19/6). Esta crisis ha llevado a los establecimientos particulares a la práctica de armar verdaderos prontuarios sobre la situación económica de las familias antes de proceder a la admisión de un nuevo alumno, copiando lo que los bancos hacen con sus clientes. La otra cara de la moneda, la constituye el crecimiento de la oferta. En las ultimas dos décadas, ha habido una proliferación espectacular de establecimientos privados, atraídos por un ‘negocio’ sumamente lucrativo. Un sinfín de colegios —entre los cuales se encuentra el propio San José— renunciaron a los subsidios del estado para quedar en libertad de subir las cuotas mensuales que cobran a los alumnos. Asistimos, por lo tanto, a un desarrollo caótico. La educación privada, se ha revelado como un factor dislocador y una fuente de derroche. Es lo que se pone en evidencia con el estallido de la crisis, cuando centenares de establecimientos cierran sus puertas. Las instalaciones y la infraestructura van a parar al tacho de basura, lo mismo que talleres y laboratorios; millares de docentes quedan en la calle. Esto ocurre cuando hay apremiantes demandas educativas insatisfechas en el país en todas esas esferas. El imperio de la ley del lucro se ha demostrado una vez más, incompatible con una asignación racional de los recursos. La educación, sometida a las leyes de mercado, ha terminado siendo su víctima, como ocurre con cualquier otra rama de la producción o de la actividad comercial. Hay ‘demasiados’ establecimientos, ‘demasiada’ inversión escolar, ‘demasiada’ oferta educativa. La ‘educación de mercado’ termina quedándose sin ... ‘mercado’. Los privados y en particular la Iglesia reclaman que el estado acuda en socorro de sus instituciones y al salvataje de los establecimientos en crisis. Aquí queda claro, si alguien tenía todavía alguna duda, por qué el clero se solidariza y reclama una "ley de financiamiento". La crisis actual lleva a un proceso de concentración : es decir, el negocio pasará a ser regenteado por grandes capitalistas. Esta tendencia, que no sólo tiene un alcance nacional, es coincidente con el "reordenamiento" que se pretende poner en práctica con la reforma educativa, que apunta, con las ‘polimodales’ y la ‘autonomía’ escolar, a un aliento inusitado a la privatización. Es decir, al agravamiento de los vicios que ya estamos experimentando. Corresponde dar vuelta la fórmula. En lugar de privatizar los fondos públicos para sostener una educación a la que no tiene acceso la mayoría, hay que estatizar los establecimientos privados, de modo de darles a los recursos humanos y materiales un destino racional, acorde con las necesidades de la población explotada. Esta tarea le está reservada a los explotados, quienes procederán a una reorganización integral de la educación como un aspecto de la transformación social que está llamada a liderar la clase obrera.