Prensa Obrera N° 578

Una Asamblea Extraordinaria — la más numerosa que se haya desarro­llado en la Seccional— votó, luego de más de cinco horas de debate, la revo­cación del mandato de todo el Consejo Ejecutivo Seccional. La ‘bajada’ de dos burócratas de Suteba central (Panza y Pereira) y las intimidaciones previas, como las amenazas de iniciar querellas a quie­nes hablen “sin fundamentos”, acompañadas de la presencia de una escribana, fueron superadas por la decisión de los asambleístas, que ex­pulsaron de la Asamblea a los buró­cratas y votaron el retiro de la escriba­na. Después de esto, el debate sobre los informes fue sacando a la luz las diferentes irregularidades en el ma­nejo de la Seccional. La burocracia frepasista Celeste se impuso sobre nuestra Lista Rosa hace poco más de seis meses e inició a partir de entonces una implacable persecución contra el activismo oposi­tor. Hoy se encuentra sumidp en el descrédito, prolongando, merced a la ‘banca’ del Ejecutivo Provincial del Suteba, una agonía que sólo aumenta la bronca en las bases docentes. El Ejecutivo Provincial pretende desconocer la decisión de la revocato­ria objetando que la Asamblea “no fue convocada para resolver, sólo para escuchar un informe”. Pro­pone en cambio un plebiscito para votar la continuidad de la directiva seccional, contraviniendo el artículo 31 del Estatuto que prohíbe al C.E.P. intervenir las Seccionales. No a la maniobra del Ejecutivo Provincial: no al plebiscito. Que se cumpla lo resuelto por la Asamblea del 13 de marzo: revocato­ria y llamado a elecciones. Movilicémonos para hacer valer la decisión de las bases y dotamos de una dirección que luche por la demo­cracia interna y la transparencia de gestión, como por un programa para imponer las reivindicaciones docen­tes: Derogación dé la Ley Federal y de la Reforma Provincial; Anulación de lo implementado hasta el momento; Triplicación del presupuesto educati­vo; Defensa de la vigencia del Estatu­to Docente; Aumento salarial: $ 700; Plan de lucha.

Desde hace varias semanas, los trabajadores del Teatro Colón, de los distintos elencos artísticos y el personal técnico, vienen realizando una serie de medidas de lucha (el ‘abrazo’ al teatro, volanteadas, actuaciones callejeras). Denuncian que de los 1.100 trabajadores de la casa, 400 están completamente precarizados. Rodríguez Giavarini, secretario de Hacienda de De La Rúa, impuso la norma de “contratos de locación de servicios”. Como si fueran cuentapropistas, están obligados a ‘facturar’ su trabajo; no gozan de beneficios previsionales o indemnizatorios. Es­tos compañeros están sin cobrar desde enero. Al mismo tiempo, los trabajadores del Colón denuncian que la dirección del teatro relega permanentemente a los elencos estables, en favor de contratos con empresarios privados, y que virtual­mente ha ‘tercerizado’ los servicios de escenogra­fía y vestuarios. En defensa de los trabajadores del Colón, se impone lograr el pase a planta permanente de todos los compañeros precarizados y la apertura de las cuentas del teatro, para terminar con los ñoquis y las sobrefacturaciones de los contratos externos.

El reconocimiento de la sobera­nía inglesa de Malvinas forma una parte central de la políti­ca rereeleccionista. Menem pretende con ello conquistar un apoyo decisivo de parte del imperialismo anglo-yanqui. Esta capitulación será presenta­da al pueblo argentino como la obten­ción de una “soberanía comparti­da”, que será abusivamente explota­da en la campaña electoral. Además de las reuniones secretas en Suiza para preparar los acuerdos que deberán ser firmados cuando Me­nem visite Londres en noviembre próximo, acaba de informarse que Ar­gentina y Gran Bretaña coincidieron en llamar a una “licitación coordinada” para la “exploración y ex­plotación de petróleo en la zona marítima en disputa” {La Nación, 22/3). “En la Argentina y en el Reino Unido se pondrán a la ven­ta, al mismo tiempo, pliegos que ofrecerán el 50 por ciento de cada uno de los seis bloques delimita­dos en la llamada zona de coope­ración”. “Es un mecanismo de reloje­ría”, se asombra La Nación, porque exige que el mismo consorcio gane por separado en la licitación ‘argentina’ y en la ‘británica’, o en el caso de que no sea así, que los ganadores respecti­vos se asocien después de la licitación. La “licitación coordinada” obliga también a cada país a resignar la mitad de las regalías que correspon­den al total de lo licitado. Para esto deberá reformarse la actual legisla­ción sobre hidrocarburos. Pero en caso de hacerlo así, el Congreso argentino habrá incurrido en una traición a la patria, ya que significaría violar el artículo constitucional que establece que Malvinas y su costa marítima has­ta 200 millas son argentinas. La campaña por la re-reelección deberá contar entonces con la compli­cidad de los ‘opositores’ a Menem o incurrir en la ira de los pulpos petrole­ros, como YPF, Shell, Pérez Companc; o en la de los siderúrgicos y constructo­res, como Techint y Macri, que preten­den ganar los contratos de instalación de tuberías y oleoductos. Existe el antecedente de las licitacio­nes en zona ocupada por los ingleses, en la que éstos resignaron tres puntos de las regalías en favor de Argentina a cambio de que ésta no desafíe jurídica­mente las concesiones. El proyecto de ley que Menem envió al Congreso para autorizar este cobro aún no fue tratado. La campaña re-reeleccionista entra­ña una amplia conspiración, incluso de alcance internacional, que supone la violación de la soberanía del país y de la Constitución Nacional.

En un marco de irregularida­des desde su misma convocato­ria, se realizaron el 11 de marzo las elecciones del gremio no do­cente de la Universidad de Bue­nos Aires (Apuba). La directiva apeló a todas sus mañas para desvirtuar las elec­ciones. Las convocó en vacacio­nes; hubo pocos días para presen­tar lista; entregó los padrones 24 horas antes del comido. Impidió así que votasen muchos afiliados que no estaban incluidos y sí lo pudieran hacer los ‘truchos’. El activismo opositor se nucleó en Motuba, un frente hetero­géneo de una docena de agrupaciones. El Motuba obtuvo el 36% de los votos. Se destacaron las votaciones del Nacional Buenos Aires, 84%; Filo, 66%; Derecho, 58%; y Farmacia, Clínicas, Ar­quitectura, Roffb y Sociales, to­dos por arriba del 40%. En el Clínicas, la más impor­tante concentración del gremio, donde la Agrupación Bordó desa­rrolló una intensa campaña, ob­tuvo el 42%. Lo que viene Dentro de pocos meses ten­drán lugar elecciones de Comisio­nes Internas en distintos establecimientos, entre ellos el Clínicas y el Instituto Roffo. Su recupera­ción de manos de la burocracia tiene que ser el próximo eje de organización. 200 pues­tos para las mujeres en ‘Servicios Co­munitarios’, otros 100 en el mismo ‘Plan’ para hombres y 100 más en el ‘Plan Trabajar´. Quedó una gran experiencia para muchos compañeros que se dan cuenta que el gobierno ‘escucha’ cuando se cortan las rutas o con un corte de calles. Por Coordinadora de Desocupados de Neuquén Gastón y María

El golpe del 24 de marzo de 1976 fue impulsado, en primer lugar, por el imperialismo mundial y la totalidad de la clase capitalista argentina. Las cancillerías extranjeras, entre las que hay que incluir a las de los regímenes 'comunistas' de ese entonces de China y la Unión Soviética, ade­lantaron a los golpistas que reconocerían el nue­vo gobierno y le darían apoyo financiero. Un papel especial le cupo a la CIA norteamericana, cuya 'estación' en Buenos Aires le dio a los militares la información y la inteligencia necesarias para proceder a la liquidación de militantes populares. Todas las cámaras de empresarios, grandes y chicas, extranjeras y nacionales, promovieron el golpe. En febrero de 1976 realizaron un lock-out patronal en todo el país para que los militares pusieran fecha al golpe. El futuro ministro de economía de la dic­tadura fue ‘cantado’ por un suplemento del semanario The Economist de diciembre de 1975. José Alfredo Mar­tínez de Hoz era un representante del Consejo Empresario Argentino y esta­ba entre los principales accionistas de Acindar. Todos los diarios del país apoyaron el golpe, sean de la capital como del interior. Todos los partidos patronales apo­yaron el golpe. Radicales y justicialistas nombraron a más de 500 intenden­tes de la dictadura. Mientras el gobier­no de Isabel asesinaba a militantes populares, el radical Balbin exigía ani­quilar a la "guerrilla fabril”. (Como nota aparte destaquemos que el PC y el PST (morenismo) carac­terizaron al golpe como la consecuencia de un vacío de poder y al nuevo gobier­no militar como “la dictadura más democrática de América Latina”). El objetivo estratégico del golpe militar era liquidar el ascenso histó­rico de los trabajadores que se había iniciado en 1969 con el cordobazo. Las principales fábricas pusieron sus ins­talaciones al servicio de la tortura y del asesinato. El golpe del 76 tuvo UN CARAC­TER DE CLASE. Por eso hoy toda la clase capitalista y la pequeña burgue­sía arribista (Frepaso) se encuentran unidas con el imperialismo en la defen­sa de la obediencia debida y del indulto. Los que implantaron la dictadura siguen siendo la clase dominante del país, que desde 1983 se vale para go­bernar de sus representantes civiles. El régimen democrático no ha atenua­do sino que ha acentuado la explota­ción de los trabajadores, por referencia a la dictadura militar. La entrega al imperialismo es también mucho ma­yor. Los objetivos estratégicos del golpe siguen en pie, no han sido destruidos. El ‘retomo a la democracia’ no ha significado la clausura de ese período de mayor explotación y entrega. Es por eso un descomunal despropósito soste­ner que esta democracia es la negación del régimen militar. Para encarcelar a los genocidas y poner fin a las consecuencias sociales y políticas de la dictadura, hay que echar a los Menem, Alfonsín, Cavallo, De la Rúa, Duhalde o Alvarez, y poner en pie un gobierno de trabajadores.

La sanción de un ‘código de convivencia’ en la Ciudad de Buenos Aires no hace ninguna mella en el arsenal represivo del Estado contra los ciudada­nos. Aunque deroga los edictos policiales, el Estado sigue disponiendo de un arsenal represivo legal y físico cui­dadosamente ‘afinado’ que permite cubrir con creces la derogación parcial y tem­poraria de aquéllos. La Fe­deral puede seguir deteniendo por “averiguación de ante­cedentes” o por “actitud sos­pechosa”, pues están com­prendidas en el Código Proce­sal en lo Penal y en la propia ley orgánica de la Federal. Se dice que ahora la Federal ya ‘no puede’ detener por prostitu­ción, pero “no hay que escan­dalizar, el artículo 129 del Código Penal sanciona el exhibicionismo y él acto sexual en la calle, por lo tan­to no va a haber vía libre”, explica el ex juez y legislador del Frepaso, Raúl Zaffaroni (La Nación, 11/3). En el primer día en que rigió la derogación de los edictos se detectó un número “inusual” de detenciones por “averigua­ción de antecedentes” en la Capital Federal (Clarín, 11/3). Los edictos siguen Han sido derogados sola­mente algunos edictos policia­les, pero han quedado en pie otras ‘contravenciones’ que penan la conducta en reunio­nes deportivas, a menores que no hayan cumplido 18 años, el patoterismo y la portación de armas (la policía lleva siempre un arma no reglamentaria con­sigo para incriminar a cual­quier detenido). En todos estos casos “la autoridad compe­tente para la aplicación y juzgamiento... es el jefe de la Policía Federal” (Romero, defensor de la nación, en Ambi­to, 13/3). Por todas estas razones, el Jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Federal, un hombre que aboga­ba abiertamente por el mante­nimiento de los edictos hace sólo dos años, plantea ahora que “ha habido más humo que fuego” y que “no veo que este Código tenga baches. Es un código de conviven­cia urbana que de movida se ve mejor que el nuestro... han incluido el patoteris­mo, que en el nuestro (por los edictos) no estaba, la pelea, la tenencia de armas. Y tie­ne una escala de penas muy amplias... hasta disponer un arresto de 10 días”, en tanto que hasta ahora “por un hurto, una persona recupera(ba) su libertad en cuatro días”. El mismo fun­cionario, ante la pregunta si la policía se siente limitada al haberse eliminado la figura del “merodeo”, responde: “No. Tendremos que usar otra figura... ya no podremos arrestarlo por esa razón, pero buscaremos algún otro tipo” {Página 12,14/3). Prostitución Según Aníbal Ibarra (Fre­paso) “algunos sectores de la Policía Federal quieren crear una sensación de in­seguridad con la cuestión de la caída de los edictos (porque) tocamos la caja chi­ca de estos sectores”, en par­ticular en el caso de prostitutas y travestís, sometidos en las comisarías a vejaciones de todo tipo y a la coima rigurosa para dejarlos salir. ¿Se ha quebrado un circuito de corrupción o se ha creado una legislación que se adapta a algo más grande, como lo es el negocio capitalista de la prostitución. Hasta ahora, como explica Zaffaroni “la ley nacional opta por el sistema abolicio­nista, es decir que pena el proxenetismo pero no el ejercicio individual de la prostitución” (ídem). Según “fuentes consultadas” de la Federal, “el peligro es que empiecen a venir mujeres de países donde la actividad está más controlada y donde, por el nivel de ingre­sos, ganan mucho menos de lo que pueden ganar acá” (Clarín, 11/3). Esto significa el acceso de las grandes corpora­ciones volcadas al negocio in­ternacional de la prostitución y la pornografía, que han tomado para sí la creación de empresas de ‘servicios’ que pasan a ocu­par la función del ‘viejo’ proxe­neta (persona que se beneficia de la prostitución de otras per­sonas). Según el jefe policial que reivindica el ‘código’ (frepasista) de “convivencia”: “la prostitución invirtió mucho dinero, por ejemplo, cuando el sindicato de meretrices se presentó con una batería de abogados con todos los medios de co­municación en el Departa­mento de Policía” (Página 12, 14/3). El diputado Caram (UCR) “propone que en cada barrio los vecinos determinen los lugares en los que permitirían la oferta de sexo”, una propuesta “compartida a medias” por el frepasista Zaffaroni, y que cuenta con el apoyo de la Asociación de Meretrices Argentinas. El pro­pio De la Rúa admitió la posibi­lidad de “zonas rojas” pero a partir “de una norma que prohíba la oferte callejera del sexo” es decir que “regla­mente” la prostitución a gran escala (Clarín, 14/3). Pacto represivo La tranquilidad con que los altos mandos de la policía han tomado la derogación de los edictos se basa en la seguridad de que éstos serán reimplanta- dos con más fuerza que antes. A partir de la campaña alimenta­da desde la UCR y el PJ sóbrela “inseguridad pública”, ha comenzado a trabajar “una comisión de seguimiento que en un plazo de 180 días deberá rever las nuevas normas”. El proyecto oficial de la Intendencia “tiene al arresto como pena para casi todas las contravencio­nes. Penaliza la prostitu­ción callejera, el merodeo y es apoyado por la Policía Federal”, es decir refuerza los edictor (Clarin, 14/3)

La decisión de Clinton de per­mitir la venta de medicinas y ali­mentos de carácter humanitario, está directamente relacionada con la autorización que el gobier­no cubano le ha dado a las organizaciones de la Iglesia, como Cáritas, para operar en la Isla. De esta manera, la llamada ayuda huma­nitaria se permite desconocer al gobierno oficial, por un lado, y fortalecer al aparato contrarrevo­lucionario del Vaticano, por el otro. Se trata de un ‘replay’ de la política aplicada en Polonia, con­certada en común entre Washing­ton y el Vaticano, que le dio a éste la hegemonía de la restauración capitalista en Polonia. Como lo informa textualmente Ámbito Fi­nanciero, la ayuda humanitaria será canalizada por la Iglesia Ca­tólica (20/3). Sorprende, por supuesto, que el imperialismo defienda esta po­lítica porque contribuiría a fortalecer a la “sociedad civil” en Cuba. La Iglesia, que se sepa, no es una institución electiva, ni es la creación de los ciudadanos, sean cubanos o de cualquier país. La Iglesia es lo opuesto a la “sociedad civil”, pues se trata de un régimen vertical de estructura feudal y supranacional. Su forta­lecimiento en, Cuba o en donde sea, constituye un ataque a la posibilidad de poner en pie una sociedad civil, es decir, una organi­zación independiente de los ciuda­danos. En los países capitalistas, la “sociedad civil” se confunde con la sociedad burguesa, porque sólo los capitalistas tienen la capaci­dad para financiar las organiza­ciones sociales y su reconocimien­to legal y práctico por parte del Estado. Incluso cuando las organi­zaciones obreras adquieren status de organización de la “sociedad civil”, ello ocurre porque previa­mente se han burocratizado y han admitido colocarse bajo la tutela „del Estado. En Cuba, donde la restaura­ción capitalista no le ha dado toda­vía a los capitalistas la suficiente independencia de acción frente al Estado, la organización de la socie­dad civil aún podría tener un signi­ficado revolucionario, esto porque significaría la organización inde­pendiente de las masas. Pero en lugar de esto se ha autorizado la libre acción del clero, que aprove­cha las penurias del pueblo cubano para enrolarlo en sus ‘organiza­ciones humanitarias’ que fi­nancia el capitalismo mundial. La responsabilidad del gobier­no cubano en facilitar esta acción contrarrevolucionaria es clara, pero aún más grave es la política de la izquierda mundial que coque­tea con la Iglesia en todos lados con el desgastado slogan de unir al cristianismo con la revolución. Esta política izquierdista es un poderoso factor de aislamiento inter­nacional de la revolución cubana, que el imperialismo debidamente aprovecha.

Menem dixit “Ahora, por tu bien, pienso y veo claramente que debes seguirme: yo seré tu guía y te sacaré de aquí para llevarte a un lugar eterno, donde oirás aullidos desespera­dos; verás los espíritus dolientes de los antiguos condenados, que llaman a gritos a la segunda ' muerte; verás también a los que están contentos entre las llamas, porque esperan, cuando llegue la ocasión, tener un puesto entre los bienaventurados”. Dante Alighieri, “La Divina Co­media”, 1321 “Síganme, no los voy a defrau­dar” Carlos Saúl Menem, Slogan elec­toral, 1989 La “Paz”, la “Reconcilia­ción” y la “Unidad Nacional”, en versión del presidente Carlos Menem, son ‘chalets’ discursi­vos que ha construido y deconstruido con cimientos tan disími­les como la justicia y la impuni­dad. Las siguientes son algunas de las contradictorias declara­ciones que Carlos Menem ha ido formulando a lo largo de su ca­rrera política, referidas a las le­yes de Punto Final, Obediencia Debida y al Indulto — que él mis­mo finalmente concediera—, co­rolario de la impunidad de las violaciones a los derechos huma­nos cometidas por quienes co­mandaron y ejecutaron el ‘Pro­ceso’ militar. El 30 de noviembre de 1986, siendo gobernador de La Rioja, Menem afirmó que “el único punto final que hay que res­petar es el fallo de la justicia (...) Los argentinos queremos la paz, pero, no hay paz sin justicia”. Y remarcó: “No soy partidario del Punto Final ni de la amnistía”. El 17 de julio de 1988, ocho días después de haber sido con­sagrado como candidato a presi­dente de la Nación en las inter­nas justicialistas, declaró al ma­tutino español Diario 16: “No habrá amnistía para los mili­tares (...) El único que puede perdonar es Dios. Quiero la estricta aplicación de la ley. No soy partidario ni de la ley de punto final, de la obedien­cia debida, ni de la amnis­tía”. En el mismo reportaje aña­día que su meta era “la plena vigencia de los derechos hu­manos a partir de la justi­cia”. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, al asumir la presidencia de la Nación, el 8 de julio de 1989, Menem insistió: “No puede existir una real unidad sin justicia”. Sin em­bargo, inmediatamente insinuó su posterior viraje, al considerar que “tras seis años de vida democrática, no hemos logra­do superar los crueles en­frentamientos que nos divi­dieron hace más de una déca­da. A esto yo le digo basta. A esto el pueblo argentino le dice basta, porque quiere mi­rar hacia adelante”. Y conside­ró imprescindible “un gesto de pacificación, de amor, de pa­triotismo (...) No vamos a agi­tar los fantasmas de la lucha; vamos a serenar los espíri­tus”. Tres días después fue más explícito: “No se puede gober­nar contra las Fuerzas Arma­das”. El 10 de setiembre de 1989, el presidente anunció oficial­mente el Indulto y manifestó: “Esta es la única salida para una Argentina que quiere terminar con viejos pleitos y con históricas frustraciones (...) Hay quienes están con la pacificación y quienes están en contra. Yo asumo toda la responsabilidad y asumo to­dos los costos (...) Los que no estén de acuerdo conmigo, mala suerte, aún gente de mi propio gobierno”. El 9 de octubre siguiente, el presidente Carlos Menem firma­ba la primera parte del indulto a favor de 39 militares procesados por violaciones a los derechos humanos, 64 guerrilleros y 174 militares amotinados durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El 29 de diciembre de 1990 eran indultados los ex coman­dantes del Proceso de Reorgani­zación Nacional, los ex jefes de la Policía bonaerense Ramón Camps y Pablo Ricchieri, el ex jefe del Primer Cuerpo de Ejérci­to, Guillermo Suárez Masón, el jefe montonero Mario Firmenich y otros procesados y condenados por la justicia, medida que pro­vocaba el rechazo de la opinión pública nacional e internacio­nal. El último eslabón de esta ezquizofrénica cadena fue la de­cisión del presidente de desti­tuir de la Armada al torturador Alfredo Astiz no por sus hechos sino por sus dichos. Toda una muestra de que en nuestro país, como demostró aquel ‘lapsus’ del gremialista Luis Barrionuevo (“Nadie se gana la plata trabajando”), parece ser más grave el hablar de la infamia que la infamia misma. Aunque algu­nos gozan de impunidad tam­bién en el terreno del discurso. Quizás el Dante haya destinado para ellos algún círculo de su infierno.

El Banco Mundial se ha transformado en el árbitro de la crisis provincial. El jueves pasado, una delega­ción del BM se reunió con el gobierno para analizar la crisis financiera de la provincia y “aconsejar” una salida al enfrentamiento con la francesa Compagnie General des Eaux, luego de que se le rescindiera la concesión del servicio de aguas y cloacas. El pulpo francés ha vetado cualquier préstamo del BM hasta que el conflicto sea resuelto. Este veto afecta un crédito de 100 millones de pesos. Como una parte de ese crédito iba a ser destinado al pago de la deuda pública, el retraso ha provocado una virtual cesación de pagos. El gobierno ha tenido que recurrir a un crédito puente con la banca privada (Banco Río) por 5 millones a cortísimo plazo (un mes) y con fuertes condicionamien­tos. La no resolución de un acuerdo en los términos del BM, podría acelerar el derrumbe de Bussi. En este cuadro de crisis se han generalizado los paros, ollas populares y los cortes de calles y rutas. Los burócratas de todo pelaje están haciendo lo imposible para desinflar estas luchas. Así la dirección de ATE levantó un plenario general de delegados que iba a resolver un plan de lucha. La dirigencia de la docencia levantó por segunda vez una manifestación. En la Sanidad, un sector de la directiva decidió promover la expulsión de otro sector por impulsar el paro hospita­lario ante la falta de pago de los salarios. La llamada CGT, por su lado, está completamente borrada. En este marco, cobra una especial importancia la conformación de la Coordinadora Autoconvocada de partidos políticos, sindicatos, organismos de derechos humanos y personalidades del arte y la cultura. Esta coordinadora es una ampliación de la Multisectorial contra la impunidad y puede transformarse en el punto de referencia para imponer una salida favorable a los intereses populares.

EL XX° Congreso de la Federación Universitaria Argentina fue una ‘fies­ta’. Celebré la constitución de la ‘Alianza*. La dirección de la FUA se ‘ensanchó’ con una lista común de Franja Morada y las agrupaciones del Frepaso, que reunió a más del 50% de los delegados. Pero la Alianza ha llevado a que el movimiento universitario ocupe un lugar inexpresivo en el escenario nacional, ata­do a una oposición cómplice e impotente, empeñada en representar los mismos intereses sociales capitalistas del mene- mismo, (a los que ‘académicamente’ el Chacho denomina ‘establishment’). Por eso, en el Congreso no se discutió la ‘reforma educativa’ del gobierno y el Banco Mundial, la aplicación de la Ley de Enseñanza Superior, la generalización del arancelamiento, el limitacionismo creciente, la miseria presupuestaria, el sometimiento a los requerimientos de las corporaciones privadas. La izquierda y el gran bloque opositor El clima festivo contó con el acuerdo de la izquierda democratizante bajo la batuta del Ptp, que presentó lista propia apenas para guardar las formas. En el acto inaugural, el Ptp se presentó como parte de un bloque común con la ‘Alian­za’, integrando la Multisectorial con­formada por la FUA, el MTA, la CTA,... la ‘corriente clasista’ y patronales como la Federación Agraria, las Apymes, etc., partidarias de la ‘flexibili­dad laboral’, la jubilación privada y la ‘reforma educativa’. A pesar de todo esto, Izquierda Uni­da no tuvo empacho en integrar la lista del ‘frente’, bajo la batuta del Ptp y sus socios de Patria Libre. IU fue relegada, incluso, de cualquier cargo expectante, lo que demuestra que su participación tuvo un carácter principista. Luego de abrir el Congreso en un bloque común con los ‘aliancistas’, el ‘Frente’ propuso romper la ‘tregua’ de la ‘Alianza’ con el gobierno. ¿Esquizo­frenia? No, truchada: propuso que la FUA adhiriera a un paro sin fecha, sin reivindicaciones y sin continuidad, que vienen prometiendo desde el año pasado el MTA, la CTA y Lorenzo Miguel (es decir, los culpables de la ‘tregua’). La ‘Alianza’ aceptó, claro. Los delegados de la UJS plantearon la necesidad de una movilización gene­ral por el ingreso irrestricto, por el au­mento del presupuesto educativo, la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final y la política de tarifazos e impuestazos; por un Congre­so de Delegados con mandatos de asamblea para romper la parálisis actual Denunciamos que la actual dirección está inhabilitada para desarrollar esta política porque se ha convertido en un apéndice de la ‘Alianza’, que ha hecho perder todo protagonismo al movimien­to estudiantil. El Congreso, según se esperaba, iba a lanzar una campaña reivindicando los principios de la Reforma Universitaria del 18 (punto que no fue siquiera toca­do), pero terminó pisoteando sus reivin­dicaciones más elementales. A 80 años de la fundación de la FUA, el XXo Con­greso encuentra a la Federación comple­tamente vaciada, dirigida por una co­rriente pequeñoburguesa que la ha so­metido a los grandes partidos patrona­les y al Estado.

El acto convocado por la Coordinadora Autoconvocada, el viernes pasado, contó con unas 2.000 personas, a pesar del temporal que sacudió a toda la provincia. Asistieron importantes delegaciones de pueblos del interior y de barriadas de la capital. Al final se convocó a marchar, nuevamente, el 24 de marzo.

En la madrugada del 24 de marzo, por segunda vez en pocos meses, ha sido atacado el local del Partido Obrero de Km. 30, en el distrito de Malvinas Argentinas. Los provocadores que in­gresaron a nuestra Casa del Trabajador no sólo robaron las pertenencias, también se dedicaron a destruir el interior del local. Es evidente que la intimidación es al vigoroso accionar militante del Partido Obrero junto a los trabajadores y vecinos del distrito, en la lucha contra las inundaciones, a favor de la organiza­ción de una Coordinadora de Trabajadores Des­ocupados que reclame a la intendencia el repar­to de las horas de trabajo o una indemnización de 500 pesos a cada uno de los parados, la lucha en defensa de las reivindicaciones de las muje­res trabajadoras y de la juventud, etc. Tampoco puede obviarse que el ataque se haya producido en la madrugada del 24 de marzo, cuando miles de argentinos marcharán para repudiar a la dictadura genocida y por la anula­ción efectiva de las leyes de impunidad que han dejado libres a los asesinos de la dictadura. En este sentido llama la atención que los hechos ocurrieran a pocas horas de que la muni­cipalidad procediera a tapar las pintadas del Partido Obrero que llamaban a manifestarse este 24 de marzo por el castigo a los genocidas. El Partido Obrero convoca a todos los vecinos, los trabajadores y la juventud a concurrir el próximo viernes 3 de abril a las 19hs. a una charla-acto en repudio a esta intimidación en su local de Pujol 897, Km. 30, en el cual se denun­ciarán los motivos por los qué el Partido Obrero ha sufrido esta agresión, culminando con el repudio a la misma por medio de la moviliza­ción.

La estrategia del Partido Obrero apunta a aprovechar el agotamiento del régimen menemista y la crisis del pero­nismo para construir un poderoso parti­do de los trabajadores. La disputa entre Menem y sus ‘opositores’ no está relacionada con las reivindicaciones de los explotados. Re­presenta un enfrentamiento entre la banca y los fondos de inversión, de un lado, y los grandes grupos industriales, del otro, que se ha agudizado como con­secuencia de la crisis mundial. La evolución que han tenido, suce­sivamente, el Frente del Sur, luego Frente Grande, más tarde Frepaso y ahora la Alianza, atestigua la imposibi­lidad que tiene la pequeña burguesía de jugar un rol independiente del imperia­lismo. El Partido Obrero llama a todas las organizaciones que se basan en la clase obrera a que rompan con los partidos patronales y con el Estado capitalista para organizar un frente político-reivindicativo de los trabajadores. La izquier­da debe apoyar esta política porque signi­fica la unificación de las organizaciones partidistas y no partidistas de los traba­jadores en una estrategia común de po­der: reemplazar el gobierno de los capita­listas por un gobierno de trabajadores y destruir el aparato del Estado burgués. Ante la crisis política abierta por la sucesión de Menem, impulsamos una campaña política para acabar con el actual gobierno y reivindicamos una huelga general para liquidar la flexibilización laboral, aumentar los salarios en un 50%, poner fin a la jubilación privada y aumentar las jubilaciones, y garantizar un subsidio de 500 pesos para todos los desocupados mayores de 16 años.

Por una vez, las noticias que lle­gan de Argelia no son las masacres perpetradas por los servicios de inte­ligencia gubernamentales contra la población indefensa. El pasado 9 de marzo tuvo lugar una huelga gene­ral, la primera en una década, contra la política oficial de despidos, privati­zaciones y miseria salarial. La huelga fue convocada por la Unión General de Trabajadores de Argelia (UGTA), cuya burocracia está plenamente estatizada, al estilo de la CGT menemista. El paro gene­ral fue convocado para ‘descompri­mir’ una situación que, por abajo, se presenta extremadamente explosi­va: desde comienzos de año, han teni­do lugar huelgas y manifestaciones de protesta de los trabajadores posta­les, de la alimentación, de los meta­lúrgicos, de las acerías y de la princi­pal fábrica de camiones. La huelga del 9 de marzo paralizó la totalidad de la gran industria, mayoritaria- mente estatal. La ola que desembocó en la huel­ga general fue la respuesta obrera al ‘ajuste estructural’ dictado por el FMI, que implicó despidos en masa, reducción de los salarios y privatiza­ción de las grandes empresas. Las pequeñas empresas estatales fueron simplemente ‘disueltas’. En otras ramas, como la construcción, los tra­bajadores no cobran sus salarios des­de hace cinco meses. Según los sindi­catos, el ‘pograma’ del FMI ya pro­dujo 250.000 despidos.

El gobierno acaba de prorrogar en for­ma absolutamente ilegal el ‘servicio’ mo­nopolice de Telefónica y Telecom. Fue “un acto unilateral de admi­nistración” —dijo el secretario de Co­municaciones, Kammerath (La Nación, 11/3). Salteó, una vez más, al Parlamen­to, al ignorar el obligado “dictamen de la bicameral y las causas pendientes de la justicia” (ídem); pasó por alto la evaluación de la misma secretaría de Comunicaciones sobre la calidad del ser­vicio, considerando que “durante el pe­ríodo comprendido entre 1991 y 1996 Telefónica no alcanzó las me­tas que debía cubrir para obtener la extensión” (ídem, 12/3); en 1997,, am­bas compañías recibieron casi 700 penas (ídem, 14/3) por incumplimiento de nor­mas establecidas en los pliegos de la licitación. Cuatro meses atrás, el “fuego cruza­do sobre las dos telefónicas” (El Cro­nista, 21/11/97) llevó al gobierno a poster­gar la prórroga que hubiese correspondi­do, de haberse cumplido lo dictado en los pliegos. Una feroz disputa entre diferen­tes pulpos capitalistas estaba al rojo vivo en tomo al ‘rebalanceo’ tarifario y la licitación de la nueva red digital llamada PCS. El gobierno ha impuesto lo que se dio en llamar un ‘arreglo caballeresco’ en­tre diferentes grupos capitalistas que pug­naban por la licitación de PCS. Como consecuencia del ‘arreglo’, las nuevas empresas de telefonía móvil se asegura un lugar en la futura ‘desregulación’ a partir de noviembre de 1999; Telefónica y Telecom continúan con el monopolio del servicio básico por dos años más; se permite a Telefónica el ingreso en la nueva red de PCS, que antes le estaba vedado. Telefónica había provocado ya dos impugnaciones a sendas licitaciones para esa red, recurriendo a la ‘pincha­dura’ de teléfonos para hacer saltar los chanchullos de la competencia. Con este ‘acuerdo’ las tarifas telefónicas “no ba­jarán fácilmente”, a pesar de su cre­ciente abaratamiento mundial (El Cro­nista, 10/3). ‘Golpismo inversor´ El acuerdo fue arrancado bajo una clara amenaza. En noviembre, “el banco de inversión Merrill Lynch advirtió... acerca de las consecuencias nega­tivas que tendría negarles a Telefó­nica y Telecom la extensión de la exclusividad de la telefonía básica” (BAE y Ambito, 18/11/97). El ‘banco’ anunció que “los inversores reaccio­narán duramente si son decepciona­dos”. Es decir, ‘desestabilizarían’ a la Argentina. Curiosamente, en abril, Kammerath, había sido ‘galardonado’ por Merrill Lynch como el “‘regulador del mes’, por lograr ‘lo que ninguno de sus predece­sores logró: el rebalanceo de tarifas”’ (ídem). El 7/12/97 el presidente de Telefónica española, en un reportaje a La Nación, decía que “las relaciones entre el gru­po Telefónica y el gobierno no pue­den ser mejores”, cuando era bien sabi­do que Telefónica “fue, de las dos ope­radoras, la que menos metas cumplió durante los siete años de monopolio” (ídem, 12/3). ‘Desregulación’ al servicio del CEI-Moneta Según BAE (10/3), “existirían varios indicios de que Menem-Kammerath consensuaron el ‘Plan de Liberalización’ exclusivamente con Telefóni­ca”. Pero al grupo Telefónica lo controla el Citibank-CEI, y uno de los cuatro pulpos más poderosos de la telefonía yanqui, WorldCom-MCI, acaba de asociarse con la española para “una alianza estratégi­ca” para desembarcar en América Latina y Europa (Financial Times, 10/3). Los yanquis-´Telefónica’ son los gran­des beneficiarios del “reparto” (BAE, 12/ 3). El acuerdo se habría sellado sobre la base de que “no permite el ingreso de nuevos operadores extranjeros” (ídem). Posterga los grandes choques que provocará la complementación entre los diversos sistemas (telefonía de base y mó­vil, digital —PCS—, televisión abierta y por cable, medios gráficos y radiales, etc.). Según diferentes versiones, la mayor disputa se dará ahora entre Telefónica y el multimedios Clarín-Canal 13. En un repor­taje a La Nación (19/3), el presidente de Telefónica española declaró “ríe(ndo)” que ahora sólo “nos falta el gran diario ar­gentino”, es decir, ‘desbancar’ a Clarín. Los medios y la cultura El enfrentamiento se ha agudizado tras la reciente penetración del CEI en los canales de televisión de aire y de cable, su ‘asociación’ con Atlántida, la pretensión de intervenir en la privatización de ATC y “las conversaciones para adquirir Ambito Financiero” —Financial Ti­mes, 12/2). Esta monopolización se hizo a costillas de otros importantes grupos ‘naciona­les’. Techint se retiró de Telefónica y Pérez v Companc está negociando su retiro de Te­lecom. El Financial Times (20/1) califica al “desafío” del CEI-Citibank contra Clarín como el inicio de una “guerra en los medios”. El enfrentamiento entre ambos ha alcanzado incluso ribetes criminales, como se reveló en tomo a las denuncias sóbrela revista infantil Genios. Telefónica ‘española’ anunció que su pretensión es “poder competir con otros grandes como O Globo” (La Nación, 19/3), la principal red multimedios de Brasil y del continente. Precisamente la ’asociación’ de Telefónica-CEI con el pulpo WorldCom- MCI apunta “a subir su apuesta en Brasil” (Financial Times, 20/1), donde está pendiente la privatización de Telebras. Re-reelección Pero “en el CEI, además de Citicorp, participa el banquero Raúl Mo- neta, de estrecha vinculación con el presidente Menem” (ídem). “El CEI (no sólo) quiere ser dueño del zapping”, como afirma Página 12 (12/3), sino que “a través de los medios de comunicación en los que tiene participación accio­naria, difundirá los beneficios de una nueva reelección. Al menos, por aho­ra” (La Nación, 3/3). La cuestión de la prórroga telefónica revela toda la magnitud de la impotencia aliancista frente a la campaña re-reeleccionista. Con los medios en sus manos gana fuerza la política del golpe de Estado de Menem.

Roque Fernández y el FMI impulsan la privatización del Nación por varios moti­vos. Los varios miles de millones que se obtendrían por la venta del banco podrían ser destinados a pagar la deuda externa sin necesidad de recurrir a un nuevo en­deudamiento o, como más llanamente dijo José Luis Machinea, ex presidente del BCRA, a “tapar agujeros” (La Nación, 29/1). Con ese mismo argumento se priva- tizaron Entel, Aerolíneas, YPF y las res­tantes empresas públicas y hoy la deuda externa y el déficit fiscal son mayores que nunca. La burguesía ha seguido una polí­tica consiente y deliberada de crisis fiscal (reducción de impuestos al capital, reduc­ción de aportes patronales, evasión masi­va, transferencia de la carga impositiva a las masas empobrecidas) para imponer la política de privatizaciones. Curiosamen­te, una parte de esos capitalistas que — como el aliancista Machinea— aplauden la política de reducción de impuestos a los capitalistas y aplaudieron las privatiza­ciones de las empresas públicas en nombre de ‘reducir el déficit fiscal’ hoy se opo­nen a la venta del Nación ‘para tapar agujeros’. Otro ex presidente del Banco Central, Javier González Fraga, rechaza la venta del Nación porque “sólo un grupo ex­tranjero podría adquirirlo”; “los pri­meros que se beneficiarían con la venta -agrega- (serían) los intermedia­rios y sus socios locales. La larga serie de privatizaciones, casi siempre ca­nalizadas a través de los mismos ban­queros foráneos, ha generado un enorme apetito por comisiones que no resulta fácil desmantelar” (La Na­ción, 21/2). Lo notable es que González Fraga perteneció al riñón del Citibank. ¿Acaso éste se opone a la ‘extranjeriza* ción’ y ha perdido su ‘enorme apetito por las comisiones’? La Sociedad Rural, representante de la oligarquía que se benefició con la privati­zación de la banca provincial, de las em­presas públicas y de la previsión social, también se pronuncia contra la venta del Nación. ¿Los privatizadores se han vuelto ‘es­tufistas’? Por cierto que no. Machinea, González Fraga, el Citibank y la Sociedad Rural son totalmente privatistas, con la única salvedad de que proponen incorpo­rar capitales privados al Nación, con­vertirlo en una sociedad anónima que cotice en la Bolsa y ponerlo bajo gerenciamiento privado. Se trata de la misma línea de privatización de la banca estatal que siguen Duhalde en el Provin­cia y De La Rúa en el Ciudad. La disputa capitalista alrededor de la venta del Nación se reduce a las formas que asumirá la penetración del capital financiero extranjero en el banco. La Aso­ciación Bancana ha lanzado una campaña en ‘defensa del Nación’ pero se abstiene de ‘defender al Ciudad’ y hasta presen­ta a Duhalde como un ejemplo de ‘defensa de la banca estatal’, lo cual demuestra que milita en el campo de los partidarios de privatizar el Nación al menor costo y con las mayores ganancias, o sea, ‘incor­porando’ capital privado.. Un banco del gran capital financiero ¿Es verdad que el Nación, según alegan sus defensores, ha sido un agente del pro­greso nacional, un defensor de los pequeños propietarios y una valla a la penetración del capital financiero internacional? “Sin el Nación, dice el ya mencionado González Fraga, en el tequila hubiera caído el sistema financiero o la con­vertibilidad, porque el Central no te­nía más posibilidad de asistir al siste­ma y no se sabe qué hubiera ocurrido” (La Nación, 7/3). Efectivamente, durante el tequila el Nación sostuvo a los bancos en quiebra, otorgándoles ‘generosos présta­mos’ sin garantías y a tasas inferiores a las entonces vigentes en el mercado, mu­chos de los cuales nunca fueron reintegra­dos. Hoy, el sector financiero es el princi­pal destinatario de los préstamos del Na­ción (La Nación, 7/3). Durante el tequila, el Nación actuó como un agente del capital financiero internacional pues todos los bancos que ‘salvó’ fueron absorbidos lue­go por bancos extranjeros. El Nación utilizó sus propias reservas de dólares —los depósitos de sus clien­tes— para sostener la fuga de capitales (8.000 millones de dólares) y recurrió a múltiples manganetas contables (préstamos al Tesoro, por ejemplo) para ‘truchar’ el cálculo de las reservas del BCRA. El papel del Nación estatal como ga­rante del capital financiero internacional salta a la vista si se considera la hipótesis, nada descartable, de un nuevo ‘tequilazo’, pues ahora deberá utilizar sus depósi­tos para ‘salvar’ directamente a los ban­cos extranjeros que han monopolizado el sistema financiero local. El banco que ‘salvó la convertibilidad’ puede ser catalogado como un ‘ban­co nacional’ sólo en el sentido de que ayudó a saquear los recursos nacionales para ‘salvar´ a la burguesía ‘nacional’. Un banco de la oligarquía En el mismo momento en que prestaba dinero a manos llenas a los bancos quebra­dos, la institución que es presentada como ‘defensora del agro’, cortaba abrupta­mente el crédito a los productores rurales, en particular a los medianos y pequeños. “Entre 1991 y 1994(antes del tequila), el total de los créditos del Nación al sector agrícola ganadero creció en 1.120 millones de pesos mientras que entre 1994 y 1997 (después del tequila) canceló $ 59 millones de stock de deuda del sector (...) su participación en el stock de deuda total del sector agropecuario pasó del 51% en 1991, al 41% en 1997” (La Nación, 14/3). Es decir que el Nación es el principal responsable de la “restricción severa en términos de asistencia financiera postequila para el sector agrícola-ganadero” (ídem), lo cual llevó a la quiebra a una enorme masa de pequeños propietarios. El ‘retiro’ del Nación del financia- miento de la producción agropecuaria ha sido sustituido por “otras vías de financiamiento no bancarias” (ídem). Los llamados ‘pools de siembra’, financiados por fondos de inversión, están provocando la mayor concentración de la producción y de la propiedad agraria (es decir, la mayor expropiación de pequeños propietarios) de todo el siglo, lo cual ocurre bajó la supuesta ‘protección’ que el Nación brindaría a los pequeños productores. En los últimos años, tres ingenios azu­careros lograron monopolizar el 60% de la producción; dos grandes propietarios -Soros y Eurnekian-monopolizaron el 50% de las tierras algodoneras del Chaco despla­zando a los pequeños productores. Un pu­ñado de ‘pools de siembra’ monopolizan hectáreas en la Pampa Húmeda. La misma tendencia se repite en cada rama de la producción agropecuaria. Quienes sostienen que la venta del Nación provocaría la expropiación de miles de pequeños chacareros ocultan que esa ex­propiación ya está teniendo lugar bajo la ‘protección’ del Nación ‘estatal’. Los que afirman que liquidaría las posibilidades de los pequeños propietarios de acceder al financiamiento ocultan que el Nación ‘es­tatal’ ya ha cerrado los créditos a la pe­queña producción. La falsedad del argumento según el cual el Nación defiende a los ‘pequeños productores’ salta a la vista: mientras los pequeños propietarios representan el 40% del total de los propietarios rurales (La Nación, 15/11), sólo reciben el 28% de los préstamos otorgados por el banco al sector agrícola (el periódico, 9/3). Los subsectores en los que la pequeña propiedad rural es mayoritaria, reciben una asistencia credi­ticia mínima: el de hortalizas y legumbres, por ejemplo, recibe apenas el 1,37% del total del crédito agropecuario del Nación (La Nación, 7/3). Estas cifras revelan que las sucesivas refinanciaciones que el Nación otorga a sus deudores agrarios, supuestamente in­solventes, benefician en primerísimo lu­gar a la oligarquía terrateniente que mo­nopoliza sus créditos. Estas refinanciacio­nes —que los opositores patronales a la venta del Nación defienden como un ins­trumento de ‘política social’ del Banco— ‘disfrazan’ como créditos ‘regulares’ a deudas incobrables. En el caso de una privatización completa del Nación, las deudas incobrables, que afectan propieda­des que reúnen 12 millones de hectáreas, pasarían a ser gestionadas por un ‘ente residual’, que las terminaría cobrando por una fracción mínima de su valor. Has­ta ahora, ningún privatizador se hizo car­go de los ‘muertos’ de los bancos estatales (provinciales) con el supuesto de que po­drían quedarse con las tierras hipoteca­das. El Nación es el banco de la gran oligar­quía. ¿O alguien puede sospechar que Enrique Crotto, presidente de la Sociedad Rural, se opone a la venta del Nación en defensa de los pequeños productores? Un banco antiobrero El Nación ha sido punta de lanza de la política de liquidación de las conquistas del movimiento obrero. Esto es especial­mente evidente en el caso de las jubilacio­nes privadas: la AFJP del Nación, con afiliados, es uno de los puntos de apoyo decisivo de la liquidación de la jubi­lación estatal. Ni hablemos de la política de despidos y flexibilización laboral que impulsa su directorio. Reestatizar el Nación bajo control obrero La política parasitaria del Banco Na­ción al financiar a los bancos quebrados por la crisis o al dar créditos irrecupera­bles a la oligarquía revela el completo y definitivo agotamiento de las estatizaciones burguesas como palanca para el desa­rrollo nacional y límite a la penetración imperialista. La campaña contra la venta del banco oculta la intención de avanzar en su pri­vatización mediante la colocación del 49% de sus acciones en la Bolsa. Es preci­samente lo que quiere la oligarquía que impulsó la privatización de los bancos provinciales. La campaña por la ‘defensa del Nación’ es una cortina de humo mientras a espaldas del pueblo se negocia la forma efectiva que adoptará la pene­tración del capital financiero internacio­nal en el banco. Crotto rechaza la venta, “por ahora” (textual, La Nación, 7/3), mientras estudia con qué grupo financie­ro asociarse para entrar como ‘accionis­ta privado’ del Nación. Lo mismo, claro, hace el Citibank. El Banco Nación está totalmente al servicio de los intereses privados. Una lucha antiimperialista contra su mayor o completa privatización no debe defender el ‘statu-quo’. Debe, en cambio, plantear su real estatización bajo control obrero. Esto implica abrir sus cuentas, ejecutar a los terratenientes, a los grandes indus­triales y a los bancos morosos. Establecer una banca estatal única. Expropiar a los grandes pulpos financieros y desconocer la deuda externa. Establecer una plan eco­nómico nacional, debatido democrática­mente entre los trabajadores y los explota­dos. Como todo problema de fondo que afecta los intereses de las mayorías popu­lares, la cuestión del Banco Nación plan­tea la disyuntiva de quién debe gobernar el país: los explotadores y los expropiadores o los explotados y los expropiados.

La Comisión Regional de los Derechos Humanos de San Lo­renzo, Amsafe, Cespar, Servi­cio Paz y Justicia (Serpaj), liga Argentina por los Dere­chos del Hombre, Sacerdotes del Cordón Industrial, Muje­res en Lucha, Escuela de Sico­logía Social y Revista Améri­ca Libre, convocan al acto del vigé­simo segundo aniversario del golpe de Estado del ‘76, que se llevará a cabo en la Plaza San Martín, el próximo jueves 26 de marzo; deci­mos que el gobierno nacional y el Parlamento cómplice no tienen au­toridad moral para definir sobre lo que ellos mismos legislaron, que son las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y el Indulto. No nos olvidemos que fueron ellos los que las promulgaron du­rante los gobiernos alfonsinista y menemista, dejando libres a quie­nes en este momento están ac­tuando en el gatillo fácil contra la juventud, en las bandas asesinas, como la de Los Hornos, en la poli­cía corrupta cómplice de los “capitostes” de la droga, en las ban­das de piratas del asfalto, etc. El macabro teatro que llevaron a cabo durante enero ’98, también los pinta de cuerpo entero, demostran­do la impostura de los legisladores “opositores” que presentaron el proyecto de nulidad, “para tratar­lo en comisión” y el avance mene­mista de tratarlo sobre tablas, refle­jando una parodia sangrienta para toda la sociedad argentina. En nuestra zona siguen ac­tuando los mismos personeros que actuaron, como entregadores y eje­cutores durante el gobierno mili­tar, mientras el Ejecutivo y los legisladores locales continúan sus peleas internas y siguen dilatando las soluciones a las verdaderas ne­cesidades del pueblo que son: la falta de trabajo y la creación de un centro de rehabilitación para los jóvenes drogadependientes y el es­clarecimiento de muertes como la de Julio Gómez y la aparición con vida de los desaparecidos por la Triple A, la dictadura militar y el gobierno “democrático”. Atento a esto, decimos que lo único democrático es que la socie­dad en su conjunto se pronuncie por el pasado, presente y futuro de estas ignominiosas leyes. Es por ello que los convocantes al acto por el 22° aniversario del golpe de Estado nos pronunciamos por: Un plebiscito nacional para que la sociedad en su conjunto decida sobre estas leyes. Anulación de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indulto. El repudio público al Parla­mento cómplice de la dictadura militar. Juicio, castigo y perpetua para los asesinos y sus cómplices.

En el marco de la lucha por el plebiscito en todos los colegios, para desarrollarlo luego en to­dos los sectores posibles y con­cluir en un plebiscito nacional, el que se hizo en el colegio Mariano Moreno con las consignas de “Anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final e Indulto”, “cárcel a los cómplices y asesinos de la dictadura” y “Cese de las per­secuciones a los luchadores” fue una demostración de la mo­vilización y el apoyo masivo que se dan. En una reunión de delegados con aproximadamente cincuen­ta participantes se decidió por unanimidad la realización de esta actividad. Los delegados ex­plicaron por las divisiones de qué se trataba, se empapeló el colegio con la consigna “Plebis­cito para encarcelar a los mi­licos asesinos”; dado el movi­miento generado no hubo alum­nos que se negaran a votar, tam­bién sufragaron los preceptores, ordenanzas y profesores del Co­legio. En el caso del alumnado, sin exagerar, han votado el 99,9% de los presentes. Más allá de que la moviliza­ción en si misma ha sido un hecho profundamente significa­tivo, la respuesta por el “si” ha sido de un 97%, lo que nos mues­tra el profundo repudio hacia las farsas parlamentarias y la deci­sión de tomar la iniciativa para poner a los Astiz, los Massera y los Videla en su lugar, que es la cárcel. Esta síntesis del trabajo rea­lizado en el Mariano Moreno no hace otra cosa que fortalecemos para luchar por su repetición en otros ámbitos. En lo que hace a los secundarios se está discu­tiendo en reuniones de colegios para que el plebiscito sea llevado adelante y para que de una vez por todas el pueblo encarcele a los genocidas.

El sábado 14 los trabajadores de Transportes del Oeste organizamos, igual que el año pasado, un Festival en homenaje a nuestras compañeras, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Para la organización se formó una Comisión de Fiestas, com­puesta por compañeros, repartiéndo­se las actividades planteadas. Tam­bién se sacó una carta dirigida a las compañeras planteando que era una fecha muy significativa, por la conme­moración de muchas mujeres que ha­bían dado su vida en la lucha contra la explotación en defensa de sus dere­chos; muchos aún sin resolver. Entre otras cosas, las invitamos a que forma­ran parte de la Comisión Organizado­ra. La idea era unir a todos los traba­jadores y sus familias para luchar jun­tos hasta lograr los reclamos pendien­tes y por un futuro mejor para nues­tros hijos. Se convocó a una reunión para el 3 de marzo, a la que concurrie­ron 4 compañeras. Otras no pudieron hacerlo por cuestiones de trabajo y además por la gran distancia que hay entre una cabecera y otra. Además de comprometerse a colaborar con el Fes­tival, en un interesante debate plan­tearon aprovechar esta actividad para hacer un llamado a todas las compañe­ras a formar la Comisión de Mujeres de TDO, porque la situación plantea­da en el transporte requiere la inter­vención de conjunto para luchar con­tra los planes flexibilizadores, por el salario, por las diferencias de la Obra Social y todas las reivindicaciones pendientes. Se designó una compañe­ra para hacer la intervención en el Festival. De más está decir la abnega­ción que pusieron para llevar adelante la actividad, a la que se fueron suman­do otras compañeras. El resultado se vio reflejado en una gran fiesta de camaradería a la que concurrieron 300 compañeros. Estuvieron presentes compañeras de la Comisión Inter­na del INTI y el Hospital Castex. Discurso de una compañera “En primer lugar queremos agra­decer el esfuerzo realizado para ho­menajearnos en nuestro día a los trabajadores de TDO. Una semana atrás recibimos una carta convocando a las mujeres a ser parte de la Organización de este Fes­tival en conmemoración a muchas mujeres trabajadoras que dieron su vida hace muchos años en la lucha contra la explotación a la que eran sometidas, y por la defensa de sus derechos, que muchos de ellos se en­cuentran hoy sin resolver. Por otra parte nos motiva la idea de unir a toda la familia de TDO para luchar juntos por los reclamos pendientes y un futuro mejor para nuestros hijos. Por eso es que nos hemos reunido un grupo de mujeres colaborando por la realización de este Festival, pero entendemos que con esto no basta y consideramos que es más importante unirnos para luchar junto a ellos. Aparte del magro sueldo que cobran, también vemos como cada día se de­teriora la Obra Social poniendo en riesgo la salud de nuestros hijos. Son muchas las cosas que podemos hacer si nos juntamos. Por lo tanto acá va el compromiso: las convocamos a todas el próximo viernes para formar la Comisión de Mujeres de los Trabaja­dores de TDO y para poner manos a la obra. Como primer punto vamos a hacer un petitorio para reclamar un pase para viajar en la línea y así dejar de “caretear” y no poner en compromiso al chofer. Hay mucho por hacer y recordando el lema de la lucha de nuestros compañeros que decía “choferes unidos jamás se­rán vencidos” y a las brujas uni­das... quién las paraf?? Muchas gracias”.

El 7 de marzo se llevó a cabo en Ría Gallegos el acto- asamblea preparado por el plenario de mujeres autoconvocadas. Asistieron aproximadamente 50 personas. Se inició con las palabras de una compañera que homenajeó y rescató no sólo la lucha de las obreras textiles norteamericanas masa­cradas a fines de siglo, sino la de las mujeres de los anarquis­tas presos en Río Gallegos que marcharon por las calles heladas de esta ciudad y que enfrentaron el poder hasta arrancarlos de la cárcel, allá por el año 1921 y que la historia los recuerda como los héroes de la Patagonia Rebelde. En ese homenaje también estuvo presente la lucha de las Madres de la Plaza y de todas las que enfrentaron y enfrentan el genocidio. Y para no quedarse detenida en la historia reivin­dicó la lucha de las piqueteras, la de las mujeres de Río Turbio que acompañan a sus hombres en las tomas de la mina, de las que se organizan a lo largo y ancho del país contra la policía de gatillo fácil, en la lucha de Ada Morales, de la mamá de Miguelito Brú, de Bulado y de tantos... Sin embargo remarcó que aún estamos dispersas, por lo cual la única llave para frenar los abusos y terminar con la discriminación es la organización y seguir, para ello, re- uniéndonos por objetivos concretos. A continuación artistas locales teatralizaron y realzaron la vida de mujeres que no sólo a nivel nacional, sino internacional marcaron caminos de lucha. Se continuó con una asamblea en la que se debatieron largamente temas como impunidad, flexibilización laboral (en particular, el presentismo), refugio para el caso de violencia familiar, etc., etc., Se decidió comenzar una campaña de firmas para exigir al gobierno de Kirchner que abone el monto del refugio adicio­nal por presentismo (en la docencia de 250 pesos, en la administración pública de 120 pesos y en el hospital de 300 pesos) a las mujeres en uso de licencia por maternidad, como así también cuando se quedan cuidando a sus hijos en caso de enfermedad; su descuento es una clara discrimina­ción y la negación del derecho a la maternidad. Así también se decidió exigir la construcción de un refugio, que sirva de albergue transitorio a víctimas de violencia familiar y social. La asamblea finalizó con el compromiso de seguir re- uniéndonos para concretar estos temas. Debemos decir con orgullo que en la primera reunión posterior al acto, con la asistencia de 11 compañeras se decidió lanzar la campaña por el pago de adicional por presentismo a las mujeres con licencia por maternidad y atención de hijos enfermos y exigir al gobierno la construcción del refugio. Nos estamos organizando, ya no estamos tan dispersas y sentimos que el acto del 8/3 no sólo se quedó en la memoria, sino en la construcción de un movimiento de lucha de la mujer trabajadora.

Los trabajadores y los pequeños ahorristas del Patricios han sido víctimas de una maniobra de desfalco capitalista. El Banco Central y el gobierno menemista conocían desde hace meses la situación de quebranto del banco, pero lo ocultaban para facilitar la fuga de los grandes inversores y el resguardo de los intereses patronales. Así fueron también las quiebras del Banco Caseros y la más reciente del Banco de Crédito Provincial. La ´suspensión’ por 30 días aplicada por el Central al Patricios y la campaña patronal y oficial sobre una posible fusión con otras entidades, o una venta, es puro diversionismo. Aún en el caso de una venta, impondrá una racionalización que dejaría la mayor parte, sino todo el personal en la calle. Sobre la base de estas consideraciones, la Comisión Gremial del Patricios impulsó el paro y la permanencia en el banco para preservar los pues­tos de trabajo e impedir que fueran tocados los valores depositados. Las asambleas reclaman que el Central se haga cargo de la preservación de la fuente de trabajo y de la devolución de los depósitos de pequeños ahorristas. El 19 y el 20, la sede central del Patricios permaneció ocupada, creando un fuerte foco de agitación pública, mientras los ahorristas indignados pateaban las puertas. El viernes 20, una nutrida y entusiasta manifesta­ción de trabajadores del banco, recorrió el microcentro y se concentró frente al Banco Central. La Bancaría, una vez más, no movió un dedo. Zanola es accionista y director del Banco del Chaco, socio del Patricios. La patronal organiza el carnereaje Pero mientras los trabajadores se movilizaban, la patronal organizó a un sector de funcionarios para carnerear las medidas e incluso intentar destituir a la Comisión Gremial. En una asamblea realizada en ausencia de las sucursales más combativas, esta fracción camera logró imponer el levantamiento del paro con el argumento de “mejorar su posibilidad de venta”. Esto se revelará como un fraude en corto tiempo. Reagrupar y retomar la lucha La posición votada no tiene ninguna perspec­tiva y se hundirá en poco tiempo. En todos los casos, los puestos de trabajo y los salarios están bajo amenaza. Hay que reagrupar a los sectores activistas y combativos para quebrar la política de carnereaje de los elementos patronales.

Los mineros de Río Turbio comenzaron el martes 17 una huelga indeterminada en re­clamo de 30 puntos, entre los cuales la rein­corporación de los despedidos, el pago de deudas salariales, el reintegro de descuentos salariales y el rechazo a la política de tercerizaciones de la empresa YCRT. El dirigente de ATE, Oscar Terres, reco­noció que “estamos hartos de firmar ac­tas y compromisos que la empresa nun­ca cumple”. Ahora los mineros exigen que se efectivicen primero las soluciones recla­madas. La política de apaciguamiento y alianza de ATE con el gobierno de Kirehner ha esta­llado. Como resultado de esto, las asambleas rechazaron la conciliación obligatoria y se han negado a que los dirigentes de ATE se presenten en las reuniones de la “Triparti­ta”. Las asambleas exigen que las negocia­ciones se realicen en Río Turbio. Al cierre de esta nota, se supo que el lunes 23 la mitad de los mineros en huelga se saldará a Río Gallegos para instalar la ¿ha en la capital y acompañar a los traba­jadores del Puerto pertenecientes a la misma empresa, que ya han efectuado cortes de la ruta durante varias horas, a lo largo de la semana de huelga. El acatamiento de la huel­ga es del 100%. La empresa ha cortado el suministro de energía a la mina, con lo cual no se pueden realizar las tareas básicas de ventilación, bombeo de agua y otras esenciales para evi­tar explosiones o accidentes. La empresa ha vuelto a amenazar con retirarse de la concesión, a lo que por primera vez una asamblea respondía al grito de “Que se vayan”. La crisis planteada vuelve a po­ner en cuestión la reestatización de las opera­ciones mineras y el control obrero. es más combativas, esta fracción camera logró imponer el levantamiento del paro con el argumento de “mejorar su posibilidad de venta”. Esto se revelará como un fraude en corto tiempo. Reagrupar y retomar la lucha La posición votada no tiene ninguna perspec­tiva y se hundirá en poco tiempo. En todos los casos, los puestos de trabajo y los salarios están bajo amenaza. Hay que reagrupar a los sectores activistas y combativos para quebrar la política de carnereaje de los elementos patronales.

El jueves 26 de febrero se realizó una Asamblea en el Barrio San Lorenzo de Neuquén capital, convocada por la co­misión de Desocupados, donde se infor­mó sobre las bajas de unas 50 personas del ‘Plan Trabajar’. Unos 300 compañeros cansados de esta situación decidimos hacer un corte de calles en la principal esquinare la zona, en Belgrano y Godoy el martes 3 de marzo. La medida llamó la atención de va­rios medios tanto televisivos como ra­diales. Desde la Coordinadora de Des­ocupados planteamos la necesidad del pase a la planta permanente de los inscriptos en el ‘Plan Trabajar´ y la ‘2128’, el aumento a 500 pesos, la eximición de los impuestos, la luz y el gas, por el trabajo o un seguro para todos los desocupados mayores de 16 años. Cerca del mediodía ‘bajaron’ repre­sentantes del gobierno nacional, de la provincia y de los bloques de concejales, todos ‘preocupados’ pero sin respues­tas. Ante el rechazo de los manifestan­tes se tuvieron que comprometer a rein­tegrar a los compañeros dados de baja a partir del 1° de Abril, pagándoles un subsidio (es decir sin “contraprestación”) por mes, que quedó en el ‘aire’. El viernes 13 se comprometieron a aprobar en el Concejo Deliberante un Plan de Obras Públicas que dará traba­jo a más de 500 trabajadores (viviendas y acueducto), rechazándose que sea bajo el régimen de los ‘planes’, sino con sueldos y todas las cargas correspon­dientes. Para paliar la situación inme­diata se comprometieron con 200 pues­tos para las mujeres en ‘Servicios Co­munitarios’, otros 100 en el mismo ‘Plan’ para hombres y 100 más en el ‘Plan Trabajar´. Quedó una gran experiencia para muchos compañeros que se dan cuenta que el gobierno ‘escucha’ cuando se cortan las rutas o con un corte de calles.