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Prensa Obrera N° 551

6 de agosto de 1997 · 19 notas

Notas de este número

6 de agosto de 1997
Por el Juicio y Castigo a los asesinos de Teresa

El 12 de agosto, a las 18 horas, desde la rotonda que divide Cutral Co de Plaza Huincul, se realizará una marcha hasta el lugar donde cayó asesinada Teresa Rodríguez. Se cumple el cuarto mes de su muerte y los policías que la asesinaron no han sido siquiera detenidos. Como en ningún otro caso, están todas las pruebas. Hay fotografías, películas y testigos. La revista La Trastienda, de Neuquén (25/7), afirma que el policía que figura con la cara tapada en fotos que han sido publicadas nacionalmente, se llama Tricaman y su compañero, que también aparece disparando, es Rudolph. El perito Enrique Prueger ha ofrecido las pruebas. Pero ninguno de los dos está detenido. La policía provincial y el ministro del gobierno sapagista, Silva, los protegen. Los partidos patronales se callan la boca, confiados en que la “justicia esclarecerá el caso”. Pero los testigos están siendo informados por la fiscalía de las “medidas de protección” que se les piensa dar, para que declaren en las próximas audiencias. Esto, sumado a la ola de intimidación policial que se ha descargado sobre Cutral Co, pretende acallar cualquier testimonio. Los fogoneros, en cambio, están procesados. Es necesario que la movilización popular lleve al banquillo de los acusados a los policías represores y asesinos. Y reclame por el cese de las persecuciones penales a los luchadores del pueblo. ¡El 12 a la marcha! Y a fines de agosto se realizará, en Cutral Co, un Encuentro Regional de luchadores democráticos, tal como fue resuelto en el último plenario convocado por la Cocorepo de Cipolletti.

6 de agosto de 1997
“Un mandato pendiente del corte de ruta”

PO: ¿Cuál es tu balance de la situación, a casi tres meses del corte? JN: El acuerdo original eran 4.000 puestos del ‘Plan Trabajar’ y 1.000 subsidios por 6 meses para ancianos y discapacitados; luego, un sector de piqueteros acordó que sean 500 planes ‘Trabajar’ sin subsidios. Hoy, los viejitos se quejan por haber quedado afuera. Romero dice que entregó 4.800 puestos y que en Mosconi serían 1.600. Sin embargo, acaba de anunciarse que 400 compañeros que están trabajando no figuran en las liquidaciones, lo que da la idea de que hay drenaje de fondos que deberían ir al pago de salarios. En las Pymes de ex trabajadores de YPF no hay trabajo, porque las privadas no les dan. De los 5 millones en créditos prometidos, no llegó un peso. Muchas empresas trabajan a pérdida y las multinacionales dejan el trabajo a las compañías de servicios que ellas manejan. Los planes son insuficientes; por ejemplo, en Pocitos se le dio al intendente un paquete de 240 puestos para que reparta entre sus punteros, y a la Comisión de Vecinos sólo 60 (el cálculo es que allí hacen falta por lo menos 1.000 puestos); se tuvo que hacer una Olla Popular para que aparezcan más puestos. Lo mismo pasa en Aguaray, donde el intendente Gil Tobares impulsó el enfrentamiento entre los que no han entrado en el plan y los que están adentro. PO: ¿Qué pasos habría que dar para reconstruir el movimiento? JN: Hay que llamar a todos los compañeros para poner en pie un movimiento de desocupados, trabajadores y piqueteros, para enfrentar al gobierno y obligarlo a cumplir los acuerdos. No hay que confiar en aquellos falsos representantes del pueblo (a los que la Asamblea Popular les pidió la renuncia). Deberíamos luchar para tener constituyentes de un Frente de los Trabajadores, que impongan el derecho del pueblo a revocar el mandato de los ‘representantes’ en Asamblea Popular. Este es un mandato pendiente del corte de ruta. Hasta ahora sólo se ve cómo los ‘representantes’ vienen siendo mandados por la camarilla empresaria que gobierna. PO: ¿Qué papel deberá jugar el FT en el proceso que se viene? JN: El gobierno busca acallar las expresiones independientes y de lucha, por eso promueve una ley contravencional que nos coloca en una especie de Estado de Sitio. No nos limitarán con amenazas y regimentación; actuaremos con unidad, organización y un programa. Lucharemos por la reestatización bajo control obrero del petróleo; contra los que han globalizado la pobreza, debemos unirnos por la causa común de los trabajadores. PO: ¿Qué balance tenés de la Alianza Salteña entre el Frepaso, la UCR y los Renovadores del capitán Ulloa? JN: Primero que nada, hay incoherencia. No hay alternativa, hay alternancia. Son más de lo mismo. Son los del Pacto de Olivos, sumados a los Renovadores que dejaron a la provincia en bancarrota, no dan (ni dieron) salida a los trabajadores. Como militante del Frente Grande no puedo estar allí, con los corruptos, con los traidores; al contrario, buscamos la unidad con los luchadores. La Alianza Salteña es, además, un acuerdo de cúpulas entre el Chacho Alvarez y Gómez Diez (diputado nacional del partido de Ulloa), hecho en Buenos Aires. Ya pasamos por una Alianza electoralista que no fue ningún paso adelante, como el Freciso en el 95. La alternativa es el Frente de los Trabajadores. PO: La jerarquía de la Iglesia ha ‘sugerido’ la formación de partidos municipales, ¿cómo ves esto? JN: No estoy de acuerdo. Hay que basarse en un programa nacional contra el desempleo, la reforma educativa y la destrucción de la salud pública. Los partidos comunales juegan un rol de apoyo indirecto a Romero y Cía. Tartagal, 25/7

6 de agosto de 1997
Por una huelga activa y clasista
Partido Obrero

La formación de la alianza entre la UCR y el Frepaso refuerza indudablemente la falta de independencia política del paro general llamado para el jueves 14 por las direcciones de la CTA, del MTA y del miguelismo. Es incuestionable que para estas direcciones el paro debe servir para impulsar las posibilidades electorales de la alianza, a la que señalan como la ‘alternativa de poder’ al menemismo. Este hecho político explica por qué el paro no tiene reivindicaciones precisas y concretas, sólo generalidades. Incluso se reclaman leyes de empleo o de trabajo que son negativas para los trabajadores, porque comportan más subsidios para los capitalistas sin que ello signifique que vayan a tomar más trabajadores, que los empleos sean estables o que los salarios superen los niveles miserables que se pagan en la actualidad. Una huelga general hoy debería tener tres reivindicaciones muy concretas: • aumento general de salarios y jubilaciones; • seguro de 500 pesos para todos los desocupados; • cese de la ‘flexibilidad laboral’, jornada de ocho horas y vigencia de las convenciones colectivas. Las patronales pueden pagar holgadamente estos reclamos, como lo demuestran los superbeneficios de las principales industrias y de los bancos y la suba de la Bolsa. Otra expresión de la subordinación del paro a la alianza patronal es la información de que no se prevén movilizaciones, esto cuando en todas las provincias se han incumplido los acuerdos con los piqueteros. Semejante desmovilización favorece en realidad al gobierno. Por todo esto llamamos a los luchadores obreros a impulsar el paro mediante un programa de reclamos que permita asegurar la continuidad de la lucha y a organizar movilizaciones, para que sea una jornada activa. Lo que se juega es la posibilidad de la independencia política de los trabajadores, es decir, que cesen de ser furgón de cola de los partidos patronales y víctimas inevitables de sus políticas. Impulsemos el paro conjuntamente con la conciencia de clase de los trabajadores. Esto servirá para organizar una alternativa política propia de la clase obrera.

6 de agosto de 1997
Llamamiento frentista en Santa Fe
Varias firmas

El régimen menemista ya ha dado muestras de una crisis terminal que se manifiesta en la situación de la justicia, en los casos de gatillo fácil, en el caso Cabezas y aun en la situación del ‘accidente’ de Carlos Menem hijo. La desocupación en ascenso y los salarios congelados, más la situación de la salud y la educación, muestran un agravamiento en cuanto a toda la situación social. La ‘oposición’ radical-frepasista, junto con la CTA y el MTA, dirigen los principales sindicatos de la provincia y ya dieron muestra de impotencia para organizar a los trabajadores en una lucha consecuente y darles una salida reivindicativa o política. Los gobiernos municipales, sean del partido político que sean, se han demostrado incapaces de solucionar los problemas del Cordón Industrial y son cómplices del 45% de desocupación y la continuidad de expulsión de trabajadores de las fábricas. Mientras esto sucede, los trabajadores de Celulosa y los municipales de Puerto fueron a la huelga, a pesar de las direcciones sindicales. Los trabajadores aceiteros lograron la reincorporación de un compañero con un corte de ruta. Los trabajadores municipales de Bermúdez y de Empalme fueron al corte de ruta por la efectivización de los contratados. El gobierno provincial retrocedió en la aplicación de la Ley Federal por la movilización de los docentes. Esto demuestra el giro combativo que vienen protagonizando los trabajadores en una muestra de franco ascenso. Las próximas elecciones serán un obligado escenario de la crisis política; es necesario que los luchadores intervengamos en ella, a pesar del control de los partidos del sistema, para formar y desarrollar una conciencia clasista. Es necesario que haya listas del movimiento obrero y combativo en todos los municipios del Cordón de San Lorenzo, que en asambleas obreras y populares decidamos un programa y los candidatos de los trabajadores para llevar adelante un plan de movilización política. Los abajo firmantes convocamos a una Asamblea Popular a realizarse el día 9/8 a las 15 hs., en el Club S. Libertad, sito en Alem 951 de San Lorenzo. Marcelo B. Martínez (Abogado laboralista) • Graciela Messina (Sec. Adj. Amsafe) • Mirta Oyola (Deleg. UPCN Hosp. Eva Perón) • Stella M. Giúdice (Deleg. Escuela) • Silvia Alsina (Sec. Adm. Amsafe) • María Gauna (Com. DD.HH.) • María del C. Arominio (Sec. Prensa) • Héctor Candaosa (Partido Obrero)

6 de agosto de 1997
Confirmado: La CTA con el ‘Plan Trabajar’

A partir de la oleada de ocupaciones de rutas, la CTA pareció variar su política frente a la desocupación. En sus periódicos y en su agitación comenzó a aparecer el reclamo de 450 pesos de subsidio al desocupado. Hasta entonces, la política de la CTA consistía en reclamar un subsidio sólo para jefes de familia, a cambio de la prestación de ‘servicios comunitarios’, sin estabilidad o convenio, es decir, en condiciones de flexibilización laboral. El reciente encuentro de 27 asentamientos de La Matanza, convocado por la CTA, ha venido a revelar que ‘todo está como era entonces’. Allí se decidió solicitar "un seguro de desempleo a las autoridades de 250 pesos ... para cada jefe de hogar". El dirigente de la CTA de La Matanza reconoció que "lo que se pide como seguro de desempleo es exiguo", pero que lo esencial es "generar fuentes de trabajo para que las empresas tomen gente", sin aclarar si el subsidio suponía una contraprestación laboral. ("Noticias con objetividad", 10/7). El ‘Plan Trabajar’ ofrece "una ayuda no remunerativa de hasta 200 pesos", o sea un jornal de 10 pesos por día o un peso y centavos la hora, sin jubilación, sin indemnización, sin convenio, de tres a seis meses. El "Plan de generación de empleo" de Duhalde plantea las mismas condiciones, sólo que en este caso, taxativamente, para los "jefes de familia". La categoría "jefes de familia", a la que debe otorgarse en exclusividad el seguro según Duhalde y la CTA, incluye poco más de 600 mil trabajadores, contra los cuatro millones de desempleados y subocupados. Nadie podrá hallar una diferencia sustancial entre la política del duhaldismo y la central ‘alternativa’ frente a la desocupación. Naturalmente, el encuentro de asentamientos no tomó posición frente a los planes negreros de la Nación o la provincia para los desempleados, porque esto hubiera llevado a un debate sobre la naturaleza (patronal) de la política de la CTA. ¿Pero la CTA resolvió acaso impulsar una lucha real por los 250 pesos de subsidio? No. El planteo tuvo un propósito parlamentario y electoral. "Tenemos que ... alentar el arco opositor porque creemos que el 26 de octubre la gente va a dar una batalla importante", planteó De Petri, secretario de organización nacional de la CTA. Un mes antes de que recomenzaran las negociaciones por un frente opositor UCR-Frepaso, el dirigente abogó abiertamente en favor de la alianza de la cual la CTA y el MTA aspiran a ser su ‘brazo sindical’. "Lamentablemente tampoco vemos que la oposición política en la Argentina tenga la grandeza suficiente como para convocar a todos los sectores y ponernos de acuerdo ... en cuatro o cinco cosas fundamentales", lo que, en el caso de los desocupados, pasa, en el mejor de los casos, por el ‘Plan Trabajar’. Las organizaciones de desempleados y asentamientos deben exigir y convocar un congreso de representantes de este movimiento de lucha, para fijar posición frente a la desocupación, para levantar los reclamos de la tierra (escrituras, frente a la impostura de la Ley Pierri) y fundar una política inspirada por los intereses de la clase obrera y no de la burguesía.

6 de agosto de 1997
Neuquén: No a la tregua. ¡Plan de lucha ya!

Fracasó el intento de Sapag, de que la Ley de presupuesto provincial renovara la vigencia de los descuentos salariales establecidos por decreto hace 18 meses. Los paros y marchas masivas impidieron la formación de quórum. Los docentes pararon el miércoles 30. Las manifestaciones de estatales frente a la Legislatura terminaron en choques con la policía y en incidentes dentro del recinto con matones del MPN sapagista. Esto determinó que “los diputados de Sapag y los bloques de oposición decidieron pactar una tregua en la Legislatura y congelaron el tratamiento del polémico presupuesto 97” (La Mañana, 2/8). Uno de los diputados sapagistas, el burócrata del sindicato petrolero, Pereyra, declaró que hay que “lograr la paz social para luego discutir el presupuesto” (ídem). “La solución que baraja el gobierno pasa por una devolución selectiva y gradual, conforme a la productividad del sector estatal” (Río Negro, 3/8). Sapag llevó a Neuquén al economista radical López Murphy, para concretar la “reforma del Estado” y la “readecuación del régimen salarial del empleado público”. Forni, un legislador disidente (Blanco) del MPN, denunció que Sapag pretende que se apruebe el artículo 21 del proyecto de presupuesto que le autoriza a tomar créditos por 300 millones de dólares “para cancelar toda la deuda del Estado”. Es decir, más endeudamiento para pagar los negociados de su ‘entorno’ (viviendas de TCI, etc.). Sapag también propone caucionar, para este fin, las acciones de las usinas hidroeléctricas privatizadas que el Estado neuquino aún tiene en su poder. Es decir, avanzar en la entrega del patrimonio estatal a los grandes pulpos. Los sindicatos, ¿adherirán a la tregua que facilitaría a Sapag consolidar su frente y atacar de nuevo a los trabajadores? Esta es la decisión, por lo menos, de la directiva burocrática de ATEN Capital. En la Asamblea realizada el viernes 1º —minoritaria, convocada sin propaganda—, la directiva propuso un paro ‘flotante’, es decir, para cuando se vuelva a reunir la Legislatura para tratar el presupuesto. Queda a la espera de las iniciativas que tome el oficialismo o la oposición parlamentaria. Tribuna Docente y un importante sector de activistas de diversas corrientes plantearon, en cambio, la necesidad de un Plan de Lucha. La directiva, en una votación que algunos consideraron no muy ‘estricta’, triunfó por 49 a 43. La posición de los docentes de Tribuna es correcta. Los trabajadores no pueden convertirse en furgón de cola de los legisladores opositores que están pactando con el sapagismo.

6 de agosto de 1997
A quién sirve la alianza Frepaso-UCR

La razón obvia que debieron dar los dirigentes de la UCR y del Frepaso para justificar su alianza electoral, es que solamente de este modo podían convertirse en una alternativa de poder al menemismo. ¿Pero acaso lo han conseguido? En las primeras declaraciones posteriores al acuerdo, Alfonsín afirmó con todas las letras que la flamante coalición pretende mantener a rajatablas la ‘convertibilidad’, porque abandonarla produciría "una catástrofe". La mentada ‘convertibilidad’ es, sin embargo, la llave maestra de la política menemista y representa la sujeción directa de la economía nacional a la política financiera de la banca central norteamericana. La entrada y salida de dólares que condicionan la ‘convertibilidad’ y el financiamiento de la economía argentina, están determinadas por lo que los banqueros de los Estados Unidos decidan, en función de sus intereses naturalmente, en materia de tasas de interés, créditos y emisión de moneda. El gobierno de Argentina ha perdido, en consecuencia, todos los atributos de soberanía en materia financiera. Cuando el frente UCR-Frepaso anuncia, entonces, que se ha convertido en una alternativa de poder con un programa de mantenimiento de la ‘convertibilidad’, simplemente se ha convertido en un impostor, ya que se trata de la continuidad de la política menemista. Una gran parte de la falta de las llamadas ‘políticas activas’ para atenuar la desocupación, tiene que ver con el inmovilismo financiero establecido por la dependencia con Estados Unidos. Lo mismo puede decirse de la extranjerización de la economía, toda vez que el financiamiento de las empresas depende de los mercados internacionales de capital. Es interesante observar que Alfonsín hizo la citada declaración luego de agitar durante su campaña como candidato, encendidos slogans nacionalistas. Es indudable que al cabo de una dilata trayectoria política, el hombre domina con destreza el arte del macaneo. La alianza también ratificó la irreversibilidad de las ‘privatizaciones’, que han colocado el verdadero ‘poder’ del país en manos de un puñado de monopolios. Pero estas‘privatizaciones’ han entrañado al mismo tiempo el progresivo vaciamiento industrial de Argentina. Esto ocurre desde la industria automotriz, que se limita a armar los componentes y partes que se manufacturan en las metrópolis, hasta YPF y el conjunto de los monopolios mineros, que reinvierten en el exterior los beneficios que obtienen en el país y que, incluso, establecen acuerdos con pulpos internacionales, que significan una transferencia de activos y capitales. El mantenimiento de las privatizaciones estratégicas priva de cualquier herramienta de industrialización al Estado nacional, sin que importe para el caso cuál es la‘alternativa de poder’ que gobierne. Por esta vía, la desocupación en masa será insuperable. Estos dos ejemplos, a los que en otro plano habría que añadir el mantenimiento del ‘punto final’, la ‘obediencia debida’ y el indulto, alcanzan y sobran para demostrar que no estamos ante ninguna ‘alternativa de poder’ y que tampoco es ése el propósito de la alianza radical-frepasista. Mestre, Verani, Maestro, Rozas, Castillo La impostura de la ‘alternativa de poder’ se pone de manifiesto en el hecho de que la UCR integra el poder político en la Argentina nada menos que en cinco provincias. Por si esto fuera poco, sus gobernadores son más papistas que el papa, o sea más menemistas que Menem. Córdoba es la capital de la ‘flexibilización laboral’, ya que es en esta provincia donde comenzó a aplicarse el ‘acuerdo laboral’ CGT-Gobierno en la gran industria, con el convenio Fiat-Smata. Chubut es la provincia del saqueo petrolero, donde la reciente huelga de los trabajadores de esa industria sirvió para recordar la situación de superexplotación en que se encuentran. En el poco tiempo que Rozas lleva en el gobierno del Chaco, en coalición con el Frepaso, se demostró un instrumento satisfactorio de los pulpos algodoneros, a los que ‘premió’ con subsidios generosos. Verani, en Río Negro, es un conocido verdugo del pueblo, en especial de los docentes, por los cuales la alianza dice buscar un ‘financiamiento educativo’. El gobierno catamarqueño es el representante de los grandes grupos mineros que explotan el oro y el cobre de la provincia con la yapa de grandes exenciones impositivas. Catamarca es todo un símbolo, porque aunque la nueva alianza promete acabar con la impunidad a falta de otro tipo de propuestas, su gobierno en Catamarca ha mantenido impune el crimen de María Soledad. No es casual, por lo tanto, que en Córdoba o en Río Negro al Frepaso le cueste un ojo de la cara admitir una alianza con la UCR. La imposibilidad de concretar semejante propósito la admiten los propios radicales. No hay, sin embargo, impostores más inmorales que los de estas provincias, porque una vez que logran salvar sus responsabilidades ‘locales’, no tienen empacho en apoyar el frente en el resto del país. Radicales y frepasistas, juntos o separados, no se han convertido en ‘alternativa de poder’ en ninguno de los lugares donde podían haberlo intentado —nada indica, entonces, que presuman lo contrario con el frente electoral que acaban de formar. ¿Programa propio o del FMI? Es un hecho notorio que la alianza radical-frepasista procura disimular su dependencia de los intereses económicos favorecidos por el menemismo, hablando de ‘justicia’,‘derecho’ o ‘educación’. Pero estos temas son, precisamente, los que acaba de lanzar el FMI en las discusiones de un nuevo acuerdo con Roque Fernández. Todo el asunto se reduce a lo siguiente: cómo establecer garantías suficientes para los grandes negociados extranjeros, en especial los financieros. No se trata de ninguna manera de garantizar a los trabajadores contra el ‘gatillo fácil’; no existe ninguna propuesta en este sentido, salvo la mencionada por la Fernández Meijide relativa a la necesidad de ‘mejorar la educación de la policía’. El ejemplo típico de la ‘seguridad jurídica’ se acaba de manifestar con la privatización del Banco Hipotecario, a cuyos deudores se les quiere imponer cuotas más elevadas en beneficio de los futuros dueños del banco. Los privatizadores reclaman que los juicios por créditos hipotecarios morosos tengan un procedimiento sumario, es decir que puedan proceder a ejecutar los inmuebles hipotecados en forma más o menos inmediata. Sólo de este modo, dicen, habría una ‘seguridad jurídica’ suficiente para los inversores que compren títulos en la Bolsa destinados a financiar la especulación inmobiliaria. No es casual que el tema de la ‘justicia’ sea el caballito de batalla de Cavallo, lo que demuestra que es el tema de la Fundación Mediterránea y del imperialismo. Lo mismo puede decirse del asunto ‘educación’, pues ahora que ha impuesto la ‘reforma educativa’, hasta el propio Banco Mundial está preocupado por su financiamiento, como lo demuestra un reciente artículo en la revista La Maga (31/7). Pero como lo revelan los ajetreos de la Decibe en los últimos días, el financiamiento está condicionado a que los docentes acepten la liquidación del estatuto del docente y, por sobre todo, a que acepten el ‘presentismo’. A guisa de financiamiento se quiere imponer otra ‘reforma laboral’. Y si no, que lo digan los trabajadores de los hospitales de la Capital Federal, a los que De la Rúa les ha sacado las horas extras para ‘economizar’ el dinero que les deberá pagar a los Manliba. La herejía de la necesidad La alianza radical-frepasista no corresponde, como se ve, a una estrategia de poder. Ni uno ni otros revelan la menor intención de producir una modificación en el poder político o en los intereses de clase que son representados por el Estado. Esta alianza tiene otra explicación. De un lado, es la expresión de la incapacidad del radicalismo de superar el naufragio político que les ocasionó la hiperinflación del 89 y el ‘pacto de Olivos’; ni Alfonsín, ni Storani, ni Terragno, lograron que la lista radical levantase cabeza en más de un mes de campaña. Por otro lado, es la expresión de la incapacidad del Frepaso de proyectarse como una fuerza política nacional y, por sobre todo, independiente, de los grandes capitalistas y del presupuesto del Estado. Ni por su programa, ni por su estrategia, ni por sus métodos de acción política, el Frepaso ha sido una alternativa a los partidos oficiales; incluso puede decirse que ha sido una verdadera regresión política, si se tiene en cuenta su condición de organización metodológicamente televisiva. Radicales y frepasistas procuran superar, por medio de la alianza, un techo puramente electoral —de ninguna manera inauguran o condensan una etapa de movilización política popular. Es incuestionable, sin embargo, que la fuerza ‘ciega’ que ha gravitado para imponer esta alianza es la desintegración del régimen menemista. La crisis de Yabrán puso al desnudo que el menemismo podría caer en cualquier momento como un castillo de naipes. Los cortes de rutas de hace poco tiempo atrás delataron la tendencia a una rebelión popular abierta, como consecuencia de la completa impasse económica de las grandes masas de desocupados. Las caídas de las monedas asiáticas y el ‘bamboleo’ de la bolsa brasileña, mostraron que Argentina puede caer sin aviso en un nuevo ‘efecto tequila’. La alianza radical-frepasista, al igual que los acuerdos que Duhalde procura armar con los Alemann y los Cavallo, responden a la necesidad de hacer frente a una crisis de poder. Pero esta misma razón permite pronosticar que cualquiera de estas alianzas puede ampliarse hasta incluir al más impensado adversario del momento, o romperse en mil pedazos en función de esas mismas circunstancias. No puede excluirse en el futuro la alianza del Frepaso con Cavallo, como ya ocurriera con Béliz en la constituyente porteña, ni la del alfonsinismo con Duhalde, o de algún otro sector del radicalismo. La ‘alianza’ que se acaba de formar puede anunciar, antes que una polarización de fuerzas, una mayor desintegración de los actuales partidos oficiales. De Gennaro, Moyano, Palacios, Maffei El acuerdo radical-Frepaso consuma el objetivo político Nº 1 que se asignaron las direcciones sindicales opositoras. Ahora se habla de ofrecer a De Gennaro una candidatura en el flamante frente. Es decir que el MTA y la CTA se han convertido en el ‘brazo sindical’ de una coalición patronal que, como toda coalición patronal, tiene por eje la ‘flexibilización laboral’. Esto es lo que explica, precisamente, que para el próximo paro del 14 no figure la lucha contra la ‘flexibilización laboral’, o sea el reclamo de la jornada de ocho horas, el desconocimiento de los convenios Fiat-Smata, el aumento de los salarios y la vigencia de los convenios colectivos. Una información del martes 5 señala que la UCR y el Frepaso se aprestan a dar quórum para tratar el ‘acuerdo laboral’ CGT-Menem, incluido el fin de la ‘ultraactividad’ de los convenios, lo que permitirá su desconocimiento por parte de las patronales. Ahora que se formó la alianza, todas sus ‘patas’ deberán pasar la prueba de la ‘gobernabilidad’ ante los titulares del sistema, los capitalistas. Esto significa que a partir de ahora, la Multisectorial opositora girará aún más hacia la derecha. A pesar de sus métodos oportunistas y carreristas, es decir de su completa falta de principios, radicales y frepasistas iluminan, con su alianza, sin embargo, la descomposición aún más acentuada de la izquierda democratizante, que ha sido completamente incapaz de reconocer la excepcionalidad del actual momento político e impulsar un frente de izquierda basado en la movilización de activistas, luchadores y masas. El Partido Obrero señala las brutales limitaciones de las tentativas políticas de la ‘oposición’ oficial y de los burócratas sindicales que la siguen, su tendencia a una completa asimilación por el imperialismo y su incapacidad para hacer realmente frente al más mínimo de los problemas de las masas. Sólo la construcción de un gran Partido Obrero es la opción estratégica de los explotados que luchan.

6 de agosto de 1997
¿Mengele trabaja en el Centro Gallego?
Fernando- Once

De todas las calamidades atroces que tuvo la humanidad, un lugar destacadísimo ocupó el Dr. Mengele, médico experimental de Hitler en la IIº Guerra Mundial. Dentro de sus ‘habilidades’ registraba la de la manipulación genética, el abuso, la mutilación y ejercicios sadomasoquistas con prisioneros, niños, abuelos y mujeres indefensas. A tan sólo 3 años del año 2000, el Dr. Mengele pareciera que ha sobrevivido y consiguió conchavo en el Centro Gallego. Su nombre: Arturo Velazco. Aquí la vejación y la humillación toca a las compañeras que, en período de lactancia, son sometidas al manoseo de sus pechos para verificar su capacidad lactomamaria... La Comisión Interna denunció este acto aberrante y llamó a todas las compañeras madres de niños hasta el año (uno) a no permitir esta violación en curso. También hacemos saber que por ley Nº 20744, todas las madres hasta el año de edad (uno) tienen derecho sin interrupción al otorgamiento de una hora de lactancia dentro de su horario laboral. Frente a la observación y queja de nuestra delegada general, la dirección del establecimiento en vez de suspender esta gravísima irregularidad (ilegal), sumó al pichón de Mengele una ayudante: Olga Nape. Si la empresa no modifica esta práctica ilegal, accionaremos judicialmente y elevaremos una notificación al colegio Médico Profesional.

6 de agosto de 1997
‘Punto final’ para IBM-Banco Nación

La Cámara Federal de Apelaciones puso un virtual "punto final" a "la causa" de las coimas del ‘Proyecto Centenario’, el cuestionado contrato entre IBM-Banco Nación (Página 12, 17/7). Hizo "caer el cargo de cohecho" (cobro de sobornos) e "impide profundizar sobre el pago de coimas" (La Nación, 19/7). Además, ¡"retó al juez ... por haber ‘inducido’ a la opinión pública ‘de una manera perniciosa’..." (Página 12, 17/7)! El fallo, tituló un editorial de Clarín, "puede afectar la investigación de ilícitos": no se puede "desatender —dice preocupadamente— las consecuencias institucionales y sociales de las decisiones" (27/7). Los liberados son los principales implicados en la firma de un contrato fraudulento que obligaba al Estado a un ’sobreprecio’ de casi 100 millones de dólares por la informatización del Banco Nación, a cambio de lo cual se hicieron de una ‘cometa’ de 37 millones. Por el fallo quedó en libertad el ex-director del Banco, Alfredo Aldaco,"uno de los titulares de las cuentas bancarias adonde se habría depositado la coima" en Suiza (Página 12, 17/7). La ‘prisión preventiva’ para los demás nunca llegó a cumplirse: hicieron lo que Aldo Dadone, quien "mutó de prófugo a turista (Interpol ya lo tenía cercado en un hotel de Costa Rica ...)" (ídem). Los ‘perseguidos’ lograron lo que "ninguno" de los "abogados de los imputados, que pertenecen a los mejores estudios del país llegó a reclamar": la Cámara"declaró de oficio ... la nulidad absoluta de la resolución de(l juez) Bagnasco" (ídem). Para la Cámara "ese delito (el de las coimas) está abarcado en el de la defraudación al Estado, por el que ya habían sido procesados" (ídem); claro que esa causa está tan ‘cajoneada’ como la de los ‘guardapolvos’ de Bauzá. La ‘magnanimidad’ judicial "parece comprar la versión oficial de IBM", dicen las "suspicacias en Tribunales" (ídem). La Nación agrega que mientras "la casa matriz de IBM quedaría ‘despegada’", en cambio, sus ex-directivos "quedaron como los empleados locales infieles" (19/7). El fallo salió días antes de que tomara estado público un nuevo contrato entre la DGI e IBM, por el que la primera "se apresta a renovar con IBM ... una escandalosa contratación", que había sido suspendida cuando el duhaldista Cossio dejó el organismo en junio de 1995, informó el "titular de Tecnología de Computadoras de la UBA", Ariel Garbarz. Se trata del convenio "más costoso de la historia argentina" (425 millones de dólares), cuestionado en su momento por la Subsecretaría de Informática y la Sindicatura General, ambas de la Nación, y por el que se va a "pagar 7 (veces) lo que vale 1" (Página 12, 29/7). "En comparación, los 37 millones de pesos de coimas del affaire IBM-Banco Nación son apenas una propina", dice Garbarz (ídem). Este contrato, además, está siendo "renegociado" en nombre del Estado por Juan Carlos Sabalaín, ex-titular de CCR, la empresa ‘fantasma’ de Cattáneo, el ‘segundo’de Kohan, que había servido de cobertura para el cobro de las coimas del ‘Proyecto Centenario’. Se viene a saber ahora que Sabalaín "tiene algún parentesco con Silvani", el secretario de Ingresos Públicos, que desembarcó de la mano del FMI y que fuera quien lo designó (ídem, 27/7). Cavallo-’IBM’ no ha dicho ni una palabra frente al nuevo contrato, y la ‘oposición’ Frepaso-UCR tampoco. ¿Una cosa es meterse con el ‘pichi’ Yabrán, y otra con ‘Big Blue’ y la embajada norteamericana? El ‘fallo’ ha hecho ‘justicia’ , ¿la ‘tregua’ Menem-Duhalde ha llegado también ahora a los negocios informáticos?

6 de agosto de 1997
Santa Cruz: Las petroleras o los trabajadores

Los trabajadores petroleros de Santa Cruz han realizado hace un par de semanas un paro de 48 horas, con piquetes en las rutas, para reclamar un aumento salarial del 30% y volver a la jornada de 8 horas sin reducción salarial. Es que en los pozos, la jornada habitual es de 12 horas, lo que sumado a viajes, insume hasta 16-17 horas. Las patronales han contraofertado un ... 3% de aumento. Sobre la jornada de trabajo no dicen nada. Por el contrario, han incrementado la ‘contratación’ de trabajadores, incluso de la vecina Chubut, con salarios aún menores, para tratar de quebrar la resistencia de los huelguistas. Los monopolios que se están llenando de plata merced a la ‘desregulación’ y privatización menemistas, también presionan al gobierno provincial para que les disminuya los impuestos. El Frepaso se ha colocado del lado de los pulpos petroleros. Los diputados frepasistas acusan al gobernador Kirschner de "no tener una política inteligente frente a las empresas", la cual sí sería "obligar (sic) a las empresas a radicarse en Santa Cruz, a cambio de algunos puntos (de reducción) en los impuestos". Los intendentes, diputados, legisladores y concejales justicialistas de la zona norte de Santa Cruz, por otro lado, acaban de sacar una solicitada (Tiempo del Sur, 24/7) que reclama a Menem "reducir la jornada laboral a 8 horas diarias sin afectación de los haberes que actualmente perciben los trabajadores, medida que apunta a crear nuevos puestos de trabajo". Pero para esto no hace falta una intervención de Menem, ya que Kirschner podría imponer por ley las 8 horas de trabajo en la provincia. Pero en lugar de esto, Kirschner obtuvo que se declarara "la emergencia ocupacional" en Santa Cruz y "la implementación de las modalidades promovidas de contratación". Con esta"emergencia ocupacional" el norte santacruceño se está llenando de trabajadores conchabados mediante contratos y salarios ‘basura’, a gusto de los monopolios. El FUT santacruceño denuncia todas estas posiciones al servicio de los pulpos que están esquilmando la provincia, incrementando la desocupación (en Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras ronda el 20%) y superexplotando a los trabajadores en actividad. Para terminar con la desocupación es necesario establecer un impuesto a las rentas extraordinarias de YPF y de las petroleras. Con este ingreso se puede afrontar un plan provincial de obras públicas, para el desarrollo e industrialización de la Patagonia y para establecer un seguro al desocupado de 500 pesos. La renacionalización de YPF y las petroleras bajo control de los trabajadores es la base para salvar a la provincia de la crisis a que la están llevando los depredadores capitalistas. Todo el pueblo trabajador de Santa Cruz debe apoyar la lucha de los petroleros y los desocupados norteños: 8 horas, 30% de aumento, seguro al desocupado de 500 pesos, impuesto extraordinario a las ganancias de las petroleras.

6 de agosto de 1997
Lo que se plantea en Cutral Co

En Cutral Co no habrá candidato único de los fogoneros, los trabajadores y los desocupados para las elecciones por intendente, que se realizarán el próximo 28 de setiembre. Los luchadores que cortaron las rutas y se enfrentaron con la gendarmería y la policía están divididos y diluidos detrás de los partidos patronales. Cuadro de situación El MPN (partido oficialista del gobernador antiobrero Sapag) constituyó una alianza con el menemismo. Lleva como candidato a un Sapag. Su objetivo: "La pacificación de Cutral Co y devolver la confianza a la gente para que tenga esperanzas y trabajo" (La Mañana, 3/8). La UCR propone a un candidato desconocido, con ‘bajo perfil’. Por el Frepaso, va el concejal Rioseco. Un hombre que supo coquetear con la pueblada y la ocupación de la Municipalidad, pero que es criticado por los fogoneros porque nunca se jugó en esas luchas. Rioseco, sin embargo, no tiene el ‘apoyo entusiasta’ del Frepaso a nivel provincial. Massei, el principal dirigente provincial del Frepaso, le retacea el apoyo. Fue incluso partidario de no presentar candidatura. Rioseco, sin embargo, no quiere romper con esta dirigencia derechista (que repudió el Cutralcazo). Sectores de ATE-CTA apoyan esta candidatura. Es probable que la alianza nacional Ucr-Frepaso lleve a Massei a replantear la candidatura de Rioseco. Se presentaría también un Partido Vecinalista, que integran algunos fogoneros (Gargini) que consideran que los cortes de ruta "pasaron de moda", y que están acusados por otros fogoneros de haber llevado a la "Comisión de la Asamblea" a un callejón sin salida. Se presentan también el Mst y el PO en dos listas diferentes. A pesar de que tempranamente el PO le planteó la necesidad de realizar asambleas comunes, invitando a toda la vanguardia para elaborar una plataforma y elegir candidatos comunes en Cutral Co y en todo Neuquén, el Mst maniobró de mil maneras para hacer imposible esta confluencia. Otro sector de los fogoneros adopta una posición abstencionista. Dice privilegiar la "acción directa". Caracteriza que el "corte de rutas" es la "solución". Como si la acción directa no hiciera necesario la homogeneidad política de los trabajadores, por medio de un programa y una organización política. El abstencionismo (neutralidad política) favorece a los partidos patronales. En todas las listas hay fogoneros. La vanguardia que se enfrentó en el corte de ruta a los sicarios de Menem y Sapag, y que protagonizó una de las grandes gestas de la lucha de clases de nuestro país, no ha logrado homogeneizarse políticamente, se ha dividido y una gran parte de ella se enrola detrás de candidatos y partidos patronales. Programa Todos los partidos patronales prometen obras e inversiones. ¿Pero por qué no lo han hecho hasta ahora? Rioseco, del Frepaso, no escapa a este macaneo: "la necesidad imperiosa de efectuar una red de contención social y la generación del empleo con la pequeña y mediana empresa, fueron algunos de los puntos que se propuso desde el Frepaso" (Río Negro, 19/7). Es decir, el reparto de bolsones de comida y créditos a los comerciantes lugareños. Pero la privatización de YPF dejó 7.900 desocupados (35.7%) y 23.500 personas debajo de la línea de pobreza (encuesta de octubre del 96). Las inversiones que los partidos patronales prometen no vienen ni vendrán, porque los monopolios se llevan el petróleo y el gas a raudales y no les interesa invertir en su industrialización en la zona. Los altos precios del crudo los alienta a una depredación económica feroz. La industrialización de Cutral Co —y en general, de la Patagonia— sólo puede ser realizada por el Estado contra los monopolios capitalistas. Para lo cual hace falta establecer un impuesto extraordinario a las ganancias siderales de las petroleras y renacionalizar YPF y demás empresas petroleras; medidas esenciales para un plan de desarrollo de la economía bajo dirección de la clase obrera. Mientras tanto, hay que impedir la degradación de la clase trabajadora: seguro al desocupado de 500 pesos sin discriminación a partir de los 16 años; exención del pago de impuestos y de servicios (luz, gas, etc.) a los desocupados. Esta es la plataforma que impulsa el PO, el único que plantea un programa y una perspectiva política para la lucha de las masas. Explosivo A tres meses del ‘acuerdo’ que levantó el Cutralcazo, ninguno de los problemas ha sido resuelto. Los contratos de YPF para algunas decenas de fogoneros, han sido renovados de "urgencia" en "forma automática por 120 días", lo que "permitió descomprimir la tensa situación" (Río Negro, 19/7). Pero no hay soluciones. La cooperativa eléctrica ha anunciado que deberá proceder a cortes de luz de unas 2.000 familias morosas. Treinta jóvenes, de 13 a 17 años, de la vecina Plaza Huincul, se concentraron frente al Municipio y encendieron cubiertas para protestar porque no les pagaban ‘pasantías’del ‘plan Menores’ por 150 pesos mensuales, arrancadas en el Cutralcazo. A pesar de que habían empezado a ‘capacitarse’ el 11 de junio, todavía no habían cobrado su mensualidad. El viernes 1º, una veintena de compañeros del plan ‘Trabajar’ cortó la ruta porque no se les pagaba. Rápidamente se juntaron 300 vecinos en solidaridad. La intendente tuvo que ceder 30 pesos a cada uno, con la promesa de que el lunes 4 completaba los 200 pesos que les corresponden. Paliativos, sólo paliativos para ir amortiguando la protesta. Y ... "operativos de seguridad". Como en la época de la dictadura, se realizan operativos cerrojo donde los "efectivos policiales estuvieron apostados en los dos accesos de la ruta nacional 22 y en los puntos estratégicos de circulación" (ídem, 26/7). El último, "desde las 18 hasta las 21 del jueves", controló e "identificó"a "600 personas y 300 vehículos entre los que también se encontraban motos y bicicletas". "Aunque desde la policía no se afirmó que el objetivo del control es monitorear probables manifestaciones o el accionar de grupos con intenciones de efectuar alguna medida de protesta... ésta sería la impresión que quedó entre los vecinos de la zona" (ídem). Una salida para los trabajadores Para capear el clima de protesta social, los partidos burgueses han decidido buscar una "salida política". Han destituido al intendente Martinasso, del MPN de Sapag. Lo han tomado como chivo emisario (todos los concejales son responsables de la miseria que se ha enseñoreado de Cutral Co). Se pretende distender la resistencia y los reclamos de trabajadores y desocupados. Pero los problemas de las masas siguen apretando. El delegado de la UOCRA ha anunciado que, en las próximas semanas, quedarán sin trabajo 500 afiliados, porque se terminan las obras de emergencia posteriores a la pueblada. Las más importantes, como la construcción del Hospital, "que se prometió en la primera pueblada", no se encaran. La "Comisión de Asamblea" reconoció su impotencia para sacarle soluciones al gobierno y presentó su renuncia. Muchos de sus integrantes se han lanzado al electoralismo, detrás de candidatos patronales. Plan ‘Trabajar’, ley 2128, plan de YPF, decreto 1821, plan ‘Menores’. En Cutral Co hay decenas de cuadrillas trabajando por subsidios. La disolución de la "Comisión de Asamblea" no deja ningún punto de centralización de los reclamos de los centenares de compañeros que trabajan por monedas en dichos planes. Esta es quizás la tarea esencial: coordinar a todos los desocupados de Cutral Co y Plaza Huincul, elegir delegados en cada cuadrilla, convocar a asambleas generales para centralizar los reclamos. Para impedir que seamos manipulados y transformar en una fuerza a los explotados. El sábado 9, el PO realizará una Asamblea en Cutral Co para impulsar esta tarea y votar candidaturas y una plataforma, que permita usar el proceso electoral convocado por la burguesía como un arma de denuncia de los planes patronales y ayudar a que los trabajadores se independicen de los partidos patronales. Será un paso para reagrupar a la combativa vanguardia de los desocupados, los jóvenes y los trabajadores de Cutral Co y de todo Neuquén. Objetivo cumplido El sábado 2 se inauguró el local de Cutral Co. Este fue un objetivo planteado en la Asamblea Regional que se realizó en la ciudad de Neuquén el 5 de julio, y reiterado en la Asamblea Nacional en Ferro, una semana después. "La Casa del Trabajador", en Avda. Roca 246, pretende convertirse en un centro de organización de los trabajadores, docentes, desocupados y la juventud barrial y estudiantil. En una sencilla reunión realizada en la tarde del sábado 2, nos acompañaron fogoneros de diversas corrientes, estudiantes secundarios, desocupados. Es el primero de una serie de pasos de organización de las masas, que se ha propuesto impulsar el PO en Neuquén.

6 de agosto de 1997
"Confiar en nuestras propias fuerzas"
Andrea · Ileana Celotto

El siguiente reportaje fue realizado durante una conferencia de prensa de los trabajadores de Atlántida, en la carpa de la huelga. Denunciando el desafuero a los delegados y la persecución penal a toda la fábrica, se impulsa una campaña nacional de actos contra los desafueros en todo el movimiento obrero y las más de 600 causas penales con las que persiguen sus luchas. PO: ¿Qué opinás de la persecución a Frasso y Pitrola, de Atlántida? DR: Se enmarca en todo un proceso reaccionario de persecución a cualquier trabajador que sale a luchar por su puesto de trabajo, por sus reivindicaciones salariales y de pronto se transforma de trabajador en delincuente. Creo que lo nuestro debe estar enmarcado en la ley laboral, no en la penal. Un caso clarito es la toma de fábrica, donde se disputa usurpación de propiedad privada. Creo que no usurpamos nada, porque no lo hacemos, por ahora, para quedarnos con la fábrica, sino para mantener nuestros derechos conseguidos a través de 30, 40, 60 o 70 años de sudor y luchas. PO: ¿Qué posición tienen sobre el acuerdo CGT-gobierno? DR: Es una traición completa, definitiva. Además, llamo a los trabajadores a no confiar en este pacto y ni siquiera en los opositores. Para ser claro, hoy el sindicalismo oficialista es la CGT, el seudoopositor es la CTA. Mañana puede que los papeles se den vuelta. Por distintos caminos llevan una misma política; por ejemplo, la carpa docente, que termina pidiendo más fondos para la misma Ley de Educación, sin plantear su derogación. Un gremio que se dice opositor al gobierno, pero lo cierto es que hace lo mismo que las otras centrales. Como delegado gremial, llamo a mis compañeros a no confiar ni en unos ni en otros, sino en nuestras propias fuerzas. Es un camino largo, pero es el único para evitar la destrucción completa de nuestras familias. PO: ¿Compartís el reclamo de Atlántida de un plenario de delegados? DR: Lo comparto ahora y lo compartí antes. Consideré siempre que el plenario de delegados es la única posibilidad que tenemos de demostrar que no estamos con la flexibilidad laboral, frente a una política del gremio que lo único que hace es acomodarse a la destrucción de nuestras conquistas para preservar el quiosquito. Dentro de 4 o 5 años, si esto sigue así, los sindicatos van a ser nada más que un quiosquito del gobierno. PO: ¿Qué opinás de una Interfabril de la zona? DR: Me agarrás algo desorientado. Puede ser un primer paso frente a la unidad en la lucha; lo que hoy siento es que es muy difícil, hay mucha desconfianza. Creo que tenemos que ayudar a comprender que cualquier método de unidad de lucha apunta al objetivo definitivo que tiene que ser la toma del poder por los trabajadores. Necesitamos discutir y orientarnos nosotros mismos y a partir de allí coincidir con las fuerzas políticas que estén dispuestas a acompañarnos hasta el final. PO: ¿Ustedes apoyarán una campaña nacional de actos contra la persecución? DR: Sí. No puede ser que seamos delincuentes. Te doy ejemplos: en Ushuaia cayó Víctor Choque; en Neuquén, Teresa Rodríguez. Hoy, en Ushuaia están siendo juzgados los que se movilizaron con Víctor Choque, como Oscar Martínez. Los tiros salen de la policía y nos culpan a nosotros. La justicia está para dictar ‘recursos de crisis’ de empresas que no están en crisis, para reventar a los trabajadores pasando las causas laborales a la justicia penal. Yabrán no es el único, muchos empresarios actúan como él. Hay que luchar contra la represión.

6 de agosto de 1997
Se agrava la persecución al activismo de lucha
Partido Obrero

Desde estas páginas venimos señalando la necesidad política fundamental del movimiento obrero de enfrentar los despidos, desafueros y causas penales dirigidas a reprimir a los dirigentes y activistas de los movimientos de lucha en todo el país. Cualquier acción directa de los trabajadores es motivo para iniciar un desafuero o un despido disfrazado de desafuero, habitualmente violando la ley. En la última semana, la jueza interviniente en el caso de Atlántida resolvió la reinstalación provisoria —mientras se sustancie el juicio— de Norberto Frasso, el delegado que junto a Néstor Pitrola es perseguido por la lucha de la fábrica. La empresa se negó a reincorporarlo y recibe como medida ‘punitiva’, de la justicia, sólo una multa diaria de 100 pesos. Si al revés, Pitrola tratara de violar la resolución judicial —entrando a trabajar mientras se desarrolla el juicio—, sería inmediatamente detenido por usurpación de la propiedad. Para este régimen político, lo único válido es la propiedad capitalista y la voluntad de sus dueños de imponer la flexibilidad laboral a sangre y fuego. En la semana, R. Rigane, secretario general de Luz y Fuerza de Mar del Plata, fue despedido por el apagón y las movilizaciones y cortes de ruta de los trabajadores de la electricidad. El compañero Germán Pitter tuvo su última audiencia y en el término de un mes saldría su fallo, en una causa cuyo origen es una provocación de un guardia de Siderca, un día de asamblea. En el mismo caso, esta semana, su casa sufrió la rotura de un vidrio mediante un proyectil que milagrosamente no lastimó a su hija. Días antes, el propio compañero fue golpeado por una patota al bajar de un colectivo y amenazado de muerte. Un cuadro que indica que detrás del desafuero de Pitter no sólo actúa la patronal y el Estado, sino también la burocracia metalúrgica de la zona, que ha castigado con sanciones a otros miembros de la Comisión Interna. Estamos frente a una ola de persecución al movimiento obrero, a sus luchas, a sus medidas de acción, a sus huelgas, a sus ocupaciones, a los cortes de rutas, como los protagonizados por los petroleros recientemente, además de los movimientos de desocupados, y también frente a la persecución de aquellos elementos del movimiento obrero que apuntan como alternativa de dirección a la burocracia sindical. La necesidad de una campaña de denuncia, de actos, de lucha democrática contra esta ofensiva, es de urgencia. El reclamo de Atlántida a todas las organizaciones perseguidas de una campaña de actos es una tarea de la hora para colocar la cuestión en los primeros planos de la lucha de los trabajadores. Lo contrario es dejar pasar una ofensiva destinada a complementar el pacto CGT-Gobierno con la represión de todos los que se le oponen. A continuación publicamos los pronunciamientos contra el desafuero de Néstor Pitrola y Norberto Frasso que se van acumulando en el marco de la campaña sobre la justicia y la opinión pública, reclamando el "inmediato cese de la causa de desafuero y de todas las causas penales que pretenden castigar la lucha llevada a cabo por los trabajadores de Atlántida". Por el secretariado nacional de Fatida: Pedro Argüello, Manuel Astudillo, Manuel R. Diez, Mario Giménez, Julio Sánchez, Segundo Rodríguez, Luis Pacienza, Lucio Castillo, Eduardo Giantomasi, Juan José Frechero y Enrique Marano, secretario general de la Federación. Floreal Gorini, Alfredo Villalba, diputados de la Nación; Susana Inés Sombra, Juan Halveren, Irma Nélida Ramírez y Eugenio Rivero, concejales de Escobar. Mary Sánchez, diputada de la Nación; Debora Baqué, comisión Directiva Seccional Gral. Sarmiento Suteba; Mario Díaz, Hilda Bustos, Unión Obrera Gráfica de Córdoba; Ricardo Ferreyra, Federación Gráfica Rosarina; Manuel Astudillo, Hector Ferro, Sindicato Gráfico de Mendoza; Rodolfo Morales, Sindicato Gráfico de San Juan; Rolando R Rabez, Sindicato Gráfico del Chaco; Ricardo Aguero, Unión Gráfica Correntina; Wilfredo Martínez, Sindicato de Artes Gráficas de Formosa; M. Moreno, Sindicato Gráfico de Tucumán; Segundo Rodríguez y R. Costa, Sindicato de Artes Gráficas de Salta; Alfredo Ahumada, Julio C. Reyes, Sindicato Gráfico de Catamarca; Juan M. Roldán, Pablo Merlo, Unión Gráfica Marplatense; José Castro, Sindicato de Artes Gráficas de Tucumán; Aldo Contini, Unión Gráfica de La Pampa; Carlos Fueyo, Sindicato Gráfico del Sur Bonaerense,Bahía Blanca; Marcelo Romigetti, Giantomasi, Sindicato Gráfico de La Plata; Francisco Guidi, Sindicato Gráfico del Oeste (Trenque Lauquen); J. Di Chiaria, Unión Gráfica de Pergamino; Sergio Navarro y Juan B. Gutiérrez, Sindicato Gráfico de La Rioja; José Lacasa, Sindicato de Artes Gráficas de Santa Fe; V. Oriti, Federación Gráfica de Rosario; Augusto R. Escudero, Sindicato Gráfico de San Luis. Por el cese de la causa por desafuero contra Néstor Pitrola y Norberto Frasso. Juzgado 37-Fuero Laboral. Diagonal R. S. Peña 760. 5º piso. Dra. Carmen Mirta Torres Nieto

6 de agosto de 1997
Mar del Plata: Rebelión obrera en el Pescado

La Comisión de Lucha electa por los trabajadores de la Olla popular instalada en el Puerto, luego de dos movilizaciones sobre la sede del SOIP (Sindicato Obrero del Pescado), logró el pronunciamiento mayoritario del cuerpo de delegados en favor de una comisión paritaria por un convenio único, electa en un plenario que integre a representantes elegidos en las ‘coopertruchas’. Las ‘cooperativas’ son tercerizaciones armadas por las patronales del pescado, en las que impera la flexibilización, la rebaja de salarios y el trabajo en negro. Unos 5.000 trabajadores son superexplotados por este régimen, que ha ido ‘comiendo’ el plantel de efectivos, que hoy no suma más de 2.000 compañeros. Contra este infierno negrero se levantó la Olla del Puerto, que concentra a unos 100 trabajadores de las ‘coopertruchas’ en forma permanente, es un semillero de movilizaciones y reclama el fin del trabajo en negro y la plena vigencia del convenio colectivo. El SOIP, un reducto de la burocracia menemista, dirigido hasta hace poco por el fallecido Abdul Saravia, está atenazado por la creciente movilización de los trabajadores y hostigado por la CGT de Mar del Plata (duhaldista), que no disimula su intención de aprovechar la crisis para apoderarse del sindicato. En una reunión de delegados, la directiva (visiblemente desesperada) propuso elegir una comisión paritaria para acordar con la cámara patronal un convenio ultraflexible que permitiera ‘absorber’ a los compañeros en negro. La respuesta del activismo fue la convocatoria a una movilización hacia la Cámara de Armadores, de la que participaron 250 trabajadores. Allí, la Cámara confesó que su política es acordar con el SOIP convenios por planta, a través de los cuales ‘blanquear’ a los trabajadores en negro, ‘a cambio’ del desconocimiento del convenio colectivo de trabajo del 75 y la extensión a todo el gremio de las condiciones de superexplotación y miseria salarial hoy vigentes en las‘coopertruchas’. Esta es la política que guía a la Secretaría de Trabajo de la provincia, que se ha negado a dictar el ‘fraude laboral’ en el Puerto reclamado por la Comisión de Lucha. Esto significaría automáticamente la inamovilidad y la doble indemnización para los miles de trabajadores en negro. Lo que está en juego La directiva del SOIP ha firmado por lo menos dos convenios por empresa (Marejada y 14 de Julio) que hablan por sí solos. Según el convenio del 75, el filetero debe procesar 20 kg por hora en una jornada laboral de ocho horas. Según el convenio de Marejada, la base son 30 kg por hora, existe un mínimo de 27 y semejante esfuerzo (inalcanzable) debe realizarse por el precio de 6 centavos por kg, menos de la mitad de lo que cobra cualquier filetero. Estos convenios terminan con las horas extras, con el horario de planilla y la garantía horaria. Esta es una reivindicación clave en el Puerto, sometido como ahora a períodos de veda o de baja en la pesca. De conjunto, esos convenios significan la flexibilidad laboral y un salario inferior a la mitad del actual (220 pesos). Esto es lo que la burocracia del SOIP ofrece a los industriales de la pesca, un puñado de pulpos que supera año a año las cifras de exportación. Asamblea general La Lista Celeste (Unidad Obrera del Pescado), que integra la Comisión de Lucha, plantea la elección de delegados en las ‘coopertruchas’ y el trabajo de organización en fábrica, con vistas a aprobar un programa de reivindicaciones (jornada de ocho horas, salario mínimo de 1.000 pesos, garantía salarial de 450) y elegir una comisión paritaria dispuesta a defenderlo. La lista Celeste llama a reclamar y organizar una asamblea general del gremio con paro, para movilizar a la masa de trabajadores y preparar el combate por el convenio único, la defensa de las conquistas del CCT del 75 y la actualización de los básicos.

6 de agosto de 1997
Rebelión policial en Brasil

El gobierno de Fernando Cardoso comenzó a reprimir las huelgas policiales que, desde hace un mes, se extienden por la mayoría de los Estados de Brasil. Bajo la directa presión del alto mando militar, exigió a los gobernadores "la aplicación de la ley con el máximo rigor". En Ceará, el gobernador Taso Jereissati, uno de los principales dirigentes del partido de Cardoso, reprimió violentamente una manifestación de policías huelguistas. Acto seguido, rompió las negociaciones que venía manteniendo con la ‘asociación de cabos y soldados’ que dirige la huelga, encarceló a sus principales dirigentes, ocupó militarmente el local donde se reunían, anunció la expulsión de los huelguistas de la fuerza y los reemplazó por reservistas. La dureza con que Jereissati reprimió la huelga fue aclamada por la prensa y el alto mando."Por fin, un gobernador cumplió la ley", editorializó O Estado de Sao Paulo (31/7). El general Alberto Cardoso, jefe del gabinete militar de la presidencia, viajó personalmente a Ceará para respaldar la represión. El giro represivo fue abiertamente reclamado por el alto mando ante el fracaso de la política inicial de conciliación y concesiones: en apenas un mes, la huelga se extendió de Minas Gerais a todo el país. La represión, incluso, fue ‘anticipada’ por las calificaciones cada vez más violentas que la prensa, con el correr de las semanas, iba aplicando a las huelgas: de "justos reclamos", pasó a hablar de "motín", "sedición nacional" y "turba armada (…) dirigida por consejos de cabos y soldados infiltrados por políticos de izquierda". Una fractura profunda El motor de la huelga es el reclamo salarial de los cabos y soldados, cuyos salarios son apenas superiores al mínimo. La gran novedad de las huelgas fue que, a diferencia de los ‘motines’ tradicionales, no estallaron por un reclamo ‘institucional’ de los mandos policiales; al contrario, las huelgas fueron impulsadas y dirigidas por ‘asociaciones de cabos y soldados’ que fueron surgiendo en los últimos tiempos. El alto mando militar acusa a los gobernadores de los Estados de haber ‘quebrado la disciplina y la verticalidad’ de la Policía Militar, al haber recibido a esas asociaciones y haber negociado con ellas en lugar de hacerlo con los comandos de las PMs. ¡Pero la oficialidad está muy lejos de los salarios de la tropa que comanda! Con la reforma constitucional de 1988, la Policía Militar dejó de depender administrativamente del Ejército y pasó a la órbita de los Estados, pero no perdió sus lazos con las Fuerzas Armadas (de las que sigue siendo, constitucionalmente, "auxiliar y fuerza de reserva"). Existe una profunda diferenciación salarial en las PMs: en algunos Estados, la paga de un coronel de la PM llega a ser hasta veinte veces mayor que la de un soldado. Las prebendas a los altos mandos son tan notorias que "hay coroneles retirados de la PM cuyas jubilaciones superan cinco veces la de un general de cuatro estrellas del Ejército" (O Estado de Sao Paulo, 31/7). La diferenciación salarial y social en el seno de las PMs "licuó la autoridad de los mandos (y) destruyó la disciplina, porque la oficialidad de la mayoría de las PMs está divorciada de la tropa por las diferencias salariales abismales y los aumentos salariales diferenciados" (O Estado de Sao Paulo, 25/7). En Minas Gerais, por ejemplo, el detonante de la huelga fue la oferta del gobernador, cuando aparecieron los primeros reclamos, de otorgar un aumento del 11% sólo a la oficialidad. Quiebra financiera de los Estados La fractura de la cadena de mandos, como consecuencia de la diferenciación salarial y la aparición de un ‘poder paralelo’ dentro de las PMs —las ‘asociaciones de cabos y soldados’—, sale a la luz como consecuencia de la quiebra financiera de los Estados. En Alagoas, donde la huelga policial forzó la renuncia del gobernador, hacía ocho meses que el Estado había dejado de pagar los sueldos de sus funcionarios —civiles y policiales. El Estado de Alagoas fue literalmente vaciado por la oligarquía azucarera que lo domina: en 1970, "el azúcar representaba el 70% de la recaudación propia de Alagoas; hoy el Estado recauda 34 millones de reales por mes, y el azúcar representa apenas el 1% de ese total" (Veja, 23/7). Pero la diferencia entre Alagoas y los restantes Estados es apenas de grado. Los déficits de los Estados y municipios se quintuplicaron en un solo año: pasaron de 105 a 501 millones de dólares mensuales entre 1995 y 1996, y siguen creciendo: aun antes de aplicarse, los planes de ‘refinanciación’ de la deuda, pactados entre los Estados y el gobierno federal, ya entraron en crisis. Como en Alagoas, el subsidio a los grandes capitalistas es el motor del imparable crecimiento del déficit fiscal: basta recordar el convenio firmado recientemente entre el gobierno de Rio Grande do Sul y la GM, por el cual el primero se compromete a pagar la totalidad de las inversiones necesarias para la radicación del pulpo automotriz. "La base de la crisis financiera que sacude a los Estados es la misma: gobernadores saqueando los tesoros públicos —a través de bonos públicos fraudulentos, exenciones impositivas milagrosas, etc.— y beneficiando a los amigos de la iniciativa privada" (Jornal Causa Operaria, 13/6). La burguesía quiere ‘reformar’ a las PMs La fractura de los aparatos militares es tan profunda, que la burguesía brasileña ha comenzado a plantear la "necesaria reforma" de la Policía Militar. El gobierno ya presentó un proyecto para "establecer un mayor control de la Unión sobre las PMs", y el gobernador de San Pablo planteó "unificar las policías civiles y militares". El primer paso de la ‘reforma’ es, claro, liquidar las asociaciones de cabos y soldados y expurgar a las ‘lideranzas sindicales’ más activas (ídem). Pero, advierten los propios militares, esto no alcanzará para restablecer la disciplina, porque "los virus de la ‘organización militar democrática’ ya han prendido" (O Estado de Sao Paulo, 31/7). Para la burguesía, por el contrario, "es imperativo impedir una PM deliberativa" (ídem), es decir, restablecer inmediatamente la verticalidad y la jerarquía."¿Cómo harán para convivir coroneles y cabos?", ahora que los cabos han visto en la práctica que son ellos, y no los oficiales, los que comandan la tropa, se preguntaba hace poco un editorialista del diario paulista. Hay quienes, incluso, plantean la perspectiva de su disolución porque, como señaló el ya citado general Alberto Cardoso, "una institución que rompió en forma tan absoluta con sus pilares de disciplina y jerarquía, jamás volverá a ser la misma. La PM quedó profundamente herida. Yo diría que hasta herida de muerte"(O Estado de Sao Paulo, 29/7). Al exponer a la luz pública la fractura, profunda e insalvable, que quebró internamente a los organismos represivos del Estado, la huelga policial "dejó de ser una cuestión salarial para convertirse en uno de los problemas institucionales más graves del Brasil", porque "puso en crisis el poder del Estado" (ídem).

6 de agosto de 1997
Responsable: El gobierno sionista

¿Quién es el verdadero responsable del atentado que destrozó el Mahané Yehuda en Jerusalén? Apenas tres días antes, The Economist (28/7) hablaba de "una explosión en espera". El responsable es el gobierno sionista de Netanyahu. En marzo pasado, después del ‘retiro’ sionista de Hebrón —donde quedó una fuerte guarnición israelí para‘proteger’ a un puñado de colonos sionistas enclavados en medio de la población palestina—, Netanyahu relanzó su agresiva campaña de asentamientos en los territorios palestinos. El más famoso es el complejo habitacional del Har Homa, en el corazón del sector árabe de Jerusalén. Se trata simplemente de una provocación, porque "la política de las construcciones civiles no obedece a las necesidades reales de la población israelí, sino a la intención de ‘ocupar’ tierras palestinas en discusión" (El Cronista, 1/8). Distintas informaciones dan cuenta de que la mayoría de las últimas construcciones se encuentran desocupadas. La retomada de la política de asentamientos bloquea, desde hace cuatro meses, las negociaciones entre los palestinos e Israel. En junio, Netanyahu publicó un mapa de las tierras que su gobierno estaba dispuesto a devolver a la Autoridad Palestina: mucho menos de la mitad de los territorios ocupados en 1967. Durante todos esos meses, el gobierno sionista se negó a liberar a los presos palestinos, un compromiso establecido en los ‘acuerdos de Oslo’. Finalmente, Netanyahu hizo votar una ley que impone la necesidad de una mayoría de dos tercios de los votos parlamentarios y un plebiscito, para aprobar un eventual retiro israelí del Golán. No es exagerado, por lo tanto, sostener que el atentado fue ‘buscado’ por el régimen sionista para liquidar las negociaciones pendientes con los palestinos, que deberán resolver cuestiones tan espinosas como el ‘status final’ de Jerusalén, el destino de los asentamientos sionistas en Cisjordania, el retorno de los cuatro millones de refugiados palestinos y el dominio de las escasísimas fuentes de agua de la región. O al menos, para imponerle a la Autoridad Palestina "condiciones que significan una virtual rendición": "impedir que cualquier parte de Jerusalén se convierta en la futura capital palestina; mantener más de la mitad de Cisjordania; ligar los asentamientos judíos a las instalaciones militares y condenar a las áreas bajo administración palestina a una inviable colección de cantones" (Financial Times, 1/8). Pero para el imperialismo en su conjunto, "no existe alternativa al cuadro, sin duda imperfecto, de los acuerdos de Oslo" (Le Monde, 1/8). El gobierno de Netanyahu está profundamente dividido. Poco antes del estallido de la bomba, su gobierno superó, por un muy estrecho margen (55 a 50), un ‘voto de confianza’ parlamentario: "nueve miembros de la coalición (de gobierno) se rehusaron a proclamar su confianza. Incluso entåre los 55 leales, algunos están discutiendo abiertamente la posibilidad, y la conveniencia, de remover al primer ministro" (The Economist, 28/7). El régimen sionista carece de ‘músculo’ para llevar a término la política que plantea Netanyahu, incluso desde el punto de vista militar: "el mes pasado, los comandantes militares israelíes, después de unos‘juegos de guerra’ para determinar la factibilidad de retomar (las zonas administradas por la AP), llegaron a la conclusión de que el precio en bajas israelíes sería muy alto" (Financial Times, 1/8). En este cuadro, aparece inevitable una crisis política. Esto ya se expresa en la fractura del gabinete, en los rumores de un gobierno de coalición con los laboristas y en"las discusiones de un plan, entre Sharon (miembro del gabinete) y la oposición, para destituir al primer ministro" (O Estado de Sao Paulo, 21/7). Brutal represión contra el pueblo palestino A una semana del atentado, los servicios de inteligencia sionistas aún no han logrado identificar a los comandos que lo cometieron; ni siquiera han logrado establecer de dónde llegaron: si de los territorios administrados por la Autoridad Palestina, de los ocupados por Israel, del sur del Líbano o, directamente, del exterior. Nada de esto impidió, sin embargo, que con la excusa del atentado, el Estado sionista lanzara una bárbara campaña represiva contra el pueblo palestino, que no mereció la más mínima condena de las ‘democracias’ occidentales. En las horas siguientes al atentado, fueron detenidos —virtualmente secuestrados— centenares de militantes palestinos. Ninguno de los detenidos, que se sepa, tenía ninguna relación con el atentado. En las cárceles sionistas, los presos palestinos son sistemáticamente torturados ... como lo autoriza la ley israelí. Al mismo tiempo, Israel cerró las fronteras y prohibió el acceso de los palestinos que trabajan en Israel. También prohibió el ingreso de cualquier producción de Cisjordania a Israel. Esto equivale a condenar a la miseria y al hambre más extrema a los millones de palestinos que dependen enteramente de los ingresos que obtienen en Israel. Para reforzar el ahogo económico, Israel bloqueó ilegalmente los impuestos que recibe la Autoridad Palestina, "que corresponden a los impuestos que pagan los trabajadores palestinos y sus empleadores israelíes en Israel, el IVA sobre productos vendidos en Israel, impuestos aduaneros y otros que fueron fijados y acordados como de mutuo interés al firmarse los acuerdos entre Israel y la OLP" (Clarín, 3/8). El Estado sionista le ha dado, asimismo, ‘carta blanca’ a la extrema derecha religiosa para atacar a los palestinos: el grupo Kach al que pertenecía Baruch Goldman, el hombre que masacró a decenas de palestinos en la mezquita de Hebrón— secuestró a cuatro palestinos de la localidad de Dahariye (de donde se suponía inicialmente que provenían los comandos que volaron el mercado) y los asesinó a sangre fría. En nombre de la ‘preservación de los acuerdos de paz’, Arafat se ha adaptado a esta política: apenas ocurrido el atentado, fue retomada la coordinación de los organismos de inteligencia sionista y palestino, que había sido puesta en suspenso como consecuencia del bloqueo de las negociaciones durante los últimos cuatro meses.

6 de agosto de 1997
Por la refundación inmediata de la IV° Internacional
Corresponsal

Lutte Ouvrière Queremos reconocer en Lutte Ouvrière la transparencia política que consiste en haber dado respuesta por escrito a los planteamientos de la reunión de Génova, que les fueron transmitidos en una reunión que tuvo lugar poco después en París. Cualquiera comprenderá que esta actitud contribuye a clarificar las posiciones. El rechazo de Lutte Ouvrière al planteo de realizar una campaña por un congreso o conferencia para refundar la IVª, tiene como eje algo que es harto obvio desde bastante tiempo: las enormes divergencias que declaran tener los grupos trotskistas entre sí. Se trata, sin embargo, de una objeción extremadamente ingenua, porque cómo puede pensar LO que las organizaciones que lanzaron la propuesta podrían minimizar este hecho, no digamos ya desconocerlo. Poner de acuerdo a los diferentes grupos trotskistas sobre la base de una discusión de cada una de sus divergencias, o incluso sólo de las principales, desafía la capacidad de cualquier ser humano u organización. Pero no, como podría imaginarse, porque sean insalvables, sino debido a su escasa naturaleza teórica, a que son poco consistentes, en la mayor parte de los casos accidentales, y por sobre todo a que están dictadas por el faccionalismo. Pero ésta es, precisamente, la consecuencia de largos años de dispersión. Refundar la IVª es incompatible, como método, con un ‘ajuste’ de divergencias; exige, por el contrario, una discusión sobre nuevas bases. Una discusión sobre la presente situación mundial, sobre la base de las definiciones estratégicas del programa —la lucha por la dictadura del proletariado. Es necesario plantear a las organizaciones y militantes del trotskismo una nueva agenda, es decir, sobre qué base debe refundarse de inmediato la IVª Internacional. Es sorprendente también que no se vea que, en ausencia de un planteo de refundación, las organizaciones trotskistas carecen de un objetivo estratégico, es decir, de razón de ser. Esta falencia mortal fue disimulada durante mucho tiempo con el planteo de ‘reconstruir’ la IVª Internacional, una tarea a la que le era atribuida tal complejidad que no comprometía ninguna acción a corto plazo. Indudablemente, las escisiones de los ´50, de los ´60 y de los ´70, crearon un cuadro de crisis que reclamaba un balance político como condición de cualquier avance ulterior. Si esos balances fueron hechos o no, lo deberá demostrar cada fuerza a la hora de encarar la tarea fundamental del momento, que es refundar la IVª. Fuera de esta tarea, aquellos balances quedarán como entelequias. Lutte Ouvrière caracteriza que los cuatro puntos básicos para convocar a una conferencia, reunión o congreso internacional, serían demasiados generales para permitir una unión real de fuerzas y les adjudica estar diseñados para apartar de ese congreso al SU. Esto plantea dos reflexiones fundamentales. La primera es que Lutte Ouvrière estaría admitiendo que nuestros planteos no son tan generales, es decir, vacíos o abstractos, desde el momento que son incompatibles con posiciones fundamentales del SU; o sea que es real que el SU es democratizante y que es real que rechaza la estrategia de la dictadura del proletariado, o sea de la revolución proletaria. Si esto es así, no se ve dónde estaría, de nuestra parte, el acomodamiento de posiciones sólo para excluir al SU, salvo que para Lutte Ouvrière también el asunto de la dictadura del proletariado sea irrelevante. La segunda cuestión es que si es verdad que la estrategia de la dictadura proletaria no provocaría disensos entre los trotskistas, ¿por qué permitir que se introduzcan como estratégicas o principistas otras cuestiones, haciéndole con ello el juego al macaneo ideológico y a la dispersión organizativa de fuerzas? Esta fuera de toda duda que un congreso o conferencia deberá discutir todo aquello que fuera considerado fundamental por parte de los que asistan a ese congreso, pero en cualquier determinación política de refundación de la IVª habrá que distinguir lo que son diferencias de opiniones o de tácticas, de las de principio o estrategia. Sobre la base de esta distinción reposa la posibilidad de unidad de cualquier partido, ya que sus miembros divergen, como cualquiera lo sabe, cotidianamente sobre innumerables cuestiones sin que ello afecte necesariamente la unidad de acción y de propósitos. Claro que existe una larga experiencia acerca de que lo que se presenta como divergencia táctica esconde otra más fundamental, pero la clarificación de este tipo de problemas sólo puede hacerse en la lucha, en condiciones concretas; no se puede especular de antemano sobre todos los sinsabores que su desconocimiento pudo haber ocasionado en el pasado. Lutte Ouvrière destaca una cuestión que sí es importante, cuando señala que a muchas organizaciones que no integran el SU se las puede igualmente caracterizar de democratizantes, sin que sin embargo el llamado de la Conferencia de Génova las hubiera excluido de un futuro congreso de refundación de la IVª. Pero el método de la reunión de Génova es muy concreto: pone como única base de la conferencia cuatro puntos estratégicos de los más fundamentales, que las organizaciones que se reivindican de la IVª pueden apoyar o rechazar; es decir, que cada uno hará su propia delimitación política, incluidas las organizaciones que militen en el SU o en el lambertismo. Pero con relación a estas últimas, en calidad de organizaciones que se presentan como la encarnación de la IVª, decimos que son democratizantes, opuestas a la estrategia del programa de fundación de la IVª y, por lo tanto, contrarrevolucionarias como tales organizaciones internacionales. Estamos convencidos que Lutte Ouvrière omite en su carta el punto fundamental de decir si está o no de acuerdo con las bases propuestas, en lugar de evadir una definición con el argumento de que serían demasiado generales. En otras reuniones que tuvimos en Europa pudimos constatar que existe un rechazo a plantear la dictadura del proletariado. Esta es la cuestión. Lutte Ouvrière tampoco valida la consigna de refundar la IVª como objetivo, a pesar de que es sabido que el lambertismo ha planteado la creación de una Internacional que no debería necesariamente ser la IVª y que, por lo tanto, no debería basarse en la estrategia de ésta. Ha señalado que habría que volver a poner en pie una organización como la Iª Internacional. El SU, por su lado, practica una activa política de disolución en los partidos comunistas ‘reciclados’ (no entrismo), lo que, de un lado, ha transformado internacionalmente en una cáscara vacía y, del otro, apunta a una Internacional ‘pluralista’. Ahora bien, frente a estas tendencias concretas en el campo de la izquierda es necesario decir claramente cuál es la forma concreta del internacionalismo proletario para los trotskistas —el macaneo ‘pluralista’ o la refundación de la IVª. Llama la atención que Lutte Ouvrière señale, al menos como hipótesis, la posibilidad de que se pudiera refundar la IVª en un marco de ascenso obrero mundial, porque le atribuye a este ascenso la capacidad o posibilidad de acercar a las diferentes organizaciones trotskistas. Pero esta posición significa, en primer lugar, que LO no se plantea preparar políticamente desde ahora ese llamado acercamiento o esa posibilidad de refundación, incluso cuando admite que está inscripta en la perspectiva tanto la posibilidad de un ascenso obrero general como de que provoque condiciones de refundación de la IVª Internacional. El método de LO no es el de Lenin ni el de Trotsky, que prepararon la fundación de la IIIª y de la IVª en un período de lucha "contra la corriente". Sin embargo, no hay ningún antecedente histórico, ni tampoco razones teóricas, que permitan sostener que los ascensos obreros tenderían a superar divergencias políticas, o a unir a tendencias divergentes cristalizadas. Al revés, las situaciones revolucionarias han servido siempre para iluminar más claramente, y a hacer más irreversibles, las divergencias que con anterioridad parecían oscuras para el común de la gente. La suposición de Lutte Ouvrière de que un ascenso obrero general podría crear condiciones favorables para unir a las diferentes tendencias trotskistas, desmentiría su insistencia acerca de la gravedad, profundidad o amplitud de sus propias divergencias con esas corrientes en la actualidad. De la respuesta de LO, así como de otras que nos fueron transmitidas verbalmente en Europa, se obtiene la impresión de que para ser viable la consigna de refundar de inmediato la IVª, ésta debería satisfacer los paladares de las organizaciones a las que va dirigida esa consigna. Este punto de vista es quietista y absurdo. Esa consigna sólo tiene una función transformadora si es capaz de plantear la superación de una situación de dispersión, sectarismo, confusión o faccionalismo, que está impidiendo a los trotskistas cumplir sus irrenunciables deberes internacionalistas del momento. El Partido Obrero y las organizaciones de la Conferencia de Génova simplemente están reclamando levantar la puntería.

6 de agosto de 1997
Contra la política radical, defender el hospital público
Corresponsal

La reducción de las horas extras (módulos), los pagos adeudados y el desconocimiento de categorías al personal no médico de hospitales públicos de la capital, fue motivo de un paro de 4 horas con asambleas, que se cumplió con masividad. Se trata de una rebaja de los ya deteriorados sueldos, que se mantienen congelados desde el inicio del gobierno menemista. También se ha denunciado que la administración radical, que mantiene los servicios privatizados (cocina, limpieza), desplaza personal municipal para contratar a empresas privadas a mayores costos. Pero además, con la escasez de personal (las vacantes están congeladas desde hace años), especialmente en enfermería, estas medidas deterioran aún más la calidad de la atención de la población crecientemente empobrecida que se asiste en estos establecimientos. También los médicos y técnicos declararon un plan de acción por la cobertura de puestos vacantes, cargos y categorías. El ‘ajuste’ menemista se continúa en el radical. Se busca apretar las tuercas con controles de ausentismo y aumento de los ritmos de trabajo, en lugar de nombrar al personal necesario y jerarquizar los sueldos. Persiste el déficit de presupuesto y el retraso de las partidas, afectando el abastecimiento (denuncia de la Asociación de Médicos Municipales). Se mantiene el arancelamiento bajo la forma de bonos de cooperadora. Se promueve la políica de ‘autogestión’ hospitalaria (el hospital debe mantenerse con recursos propios, provenientes de contrataciones a terceros o cobro de prestaciones). El ‘nuevo’ sistema de médicos de cabecera, muy publicitado por el gobierno delarruísta, en ausencia de una mejora de la estructura, con personal y sueldos suficientes, no es una mejora de la atención, sino apenas un ‘filtro’ de la demanda hospitalaria de la población. Se cambió de collar pero no de perro. Con el radicalismo, la política menemista de privatización y liquidación de la salud pública sigue su marcha. El Partido Obrero difundió una declaración donde se solidariza con los trabajadores de hospitales y plantea, ninguna quita salarial; pago de sueldos adeudados; nombramientos de personal y aumento salarial que cubra la canasta familiar; duplicación del presupuesto hospitalario; eliminación de toda forma de bonos u otros pagos; remunicipalización de los servicios privatizados; derogación del decreto de ‘autogestión’ y toda legislación de contenido privatizador; no al hospital empresario.

6 de agosto de 1997
Duplicamos los locales

Desde el 12 de julio hasta ahora, una enorme solidaridad de trabajadores, vecinos de los barrios y jóvenes nos ha permitido duplicar los locales del Partido Obrero. Aun cuando estamos en el inicio de esta gran campaña para establecer 200 locales en todo el país, se puede adelantar una primera conclusión. La posibilidad de abrir locales tiene que ver con una clara tendencia a la búsqueda de organización de las masas. Una demostración acabada de ello es que han picado en punta los compañeros desocupados, los que menos recursos económicos tienen para abrir locales, pero los de inmediatas necesidades de organización. Prueba de ello son la apertura en los barrios Empalme y José Ignacio Díaz, de Córdoba; en el barrio Blandengues, de Mercedes; en Villa Lanzone, de San Martín, y un hecho importantísimo para el conjunto del partido, que es la apertura de un local en Cutral Co, corazón de la lucha y de la organización de los desocupados. Los próximos desafíos en materia de locales están en lugares donde la Asamblea Nacional ha permitido un gran impulso de organización. En las provincias de Neuquén, en Centenario, San Martín de los Andes, Piedra del Aguila y Plottier; en Tucumán, en Tafí Viejo y Monteros; en Salta, en Orán, Güemes, Campo Santo, Mosconi y Salta Capital; en Río Negro, en Villa Regina y El Bolsón, y decenas de locales en el Gran Buenos Aires, donde está planteado uno de los mayores desafíos, que es el de enfrentar el aceitado aparato de punteros de Duhalde que, con dinero del Estado, tratan de adormecer la necesidad de organización independiente de los trabajadores. Las primeras experiencias reflejan que los locales serán una palanca fundamental para el desarrollo de las suscripciones y la venta masiva del periódico en las barriadas. La apertura de locales en forma masiva será un paso decisivo en la inserción de una prensa obrera entre los trabajadores. Una gran lucha será la de mantener alimentada esta inquietud, que se refleja en la venta de la prensa, en dotar de elementos de formación política a los trabajadores de los barrios, para que los locales, además de un lugar de organización de sus luchas, sea por excelencia un lugar de formación política y cultural.