Prensa Obrera N° 547

El pasado jueves 26 de junio se realizó en el Aula Magna del Nacional Buenos Aires una importante charla-debate sobre la cuestión de la disciplina y los reglamentos en los colegios secundarios, de la cual participaron alrededor de 120 estudiantes. El panel estuvo integrado por el rector del CNBA, Enrique Groissman; Pablo Rieznik (docente titular de la UBA y dirigente del PO); la concejala del PJ, Juliana Marino; la docente del CNBA, Andrea López; el presidente del Centro de Estudiantes y otros dos miembros de la mesa directiva del mismo. Desde hace tiempo que el Buenos Aires vive un importante movimiento contra las ‘penas y castigos’ en los que está basada la ‘disciplina’ del colegio, y por la aplicación de un reglamento que elaboró el Centro y que fue aprobado por mil estudiantes en unas Jornadas de Debate realizadas a fines del año pasado. Ese reglamento del Centro parte del principio de que ningún problema se soluciona con sanciones y plantea la formación de Consejos de Convivencia electos, formados por docentes y estudiantes, como parte del movimiento común en defensa de sus mutuas reivindicaciones. La posición favorable al reclamo estudiantil fue defendida por Rieznik y por la concejala del PJ, la cual es autora del proyecto, vetado por Sanguinetti (titular de Educación de De la Rúa, ex rector del CNBA, autor del reglamento que rige actualmente), que elimina las amonestaciones. Para Sanguinetti y para Groissman, los castigos y la reglamentación del movimiento estudiantil constituyen una ‘cuestión de Estado’. Durante toda la charla, Groissman defendió los castigos y la “autoridad” (o sea, a él y a su cargo). Un hecho sirvió, sin embargo, para desnudar la naturaleza antidemocrática del régimen actual. Los alumnos del turno noche habían pedido permiso para poder participar de la charla y Groissman simplemente se los negó, cuando los había utilizado de ‘relleno’ para un acto de la FUA realizado días antes. Los alumnos de la noche, de todos modos, no se amedrentaron y fueron a la charla pese a las amenazas de sanción. Todo esto le ha dado un gran impulso a la organización de su turno, y ya empezó la pelea, con asambleas y petitorios, para que no se sancione a nadie.

El juicio oral realizado por la Sala III de la Cámara Criminal de Lomas de Zamora contra el policía Diego Alejandro Centurión, por el asesinato de Javier Rojas Pérez, dio su veredicto. Tres años de prisión (ya puede salir en libertad condicional) porque el tribunal entendió que disparó ‘sin querer’ y no tuvo ‘intención’ de matar. Esto demuestra que la Justicia fue, es y será cómplice de los asesinatos cometidos a manos del régimen; porque defiende a la policía cuando mata y reprime a los trabajadores y a la juventud. El caso de Javier es un caso evidente de asesinato intencional, que sólo puede manifestarse cuando existe un sistema de impunidad como el actual. Un sistema que en “democracia” dejó libres a todos los asesinos del proceso. A estos asesinos no les falta el trabajo. Les dan de comer los Yabrán y Menem como seguridad, los contrata Duhalde en la policía. La única forma para terminar con la impunidad es la movilización. Debemos exigir Perpetua para los asesinos del ‘gatillo fácil’ y acompañando a esto, la anulación de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida e Indulto. Llamamos a todos los centros de estudiantes, listas y organizaciones juveniles a convocar a una marcha en común que repudie este juicio y reclame cadena perpetua para los asesinos.

Cada día que pasa se hace sentir más la necesidad de un planteo convocante de alcance nacional, para enfrentar en forma decidida a la política y al régimen del menemismo. La CGT, sin embargo, está concluyendo su pacto con el gobierno y las patronales, que entrega la indemnización por despido, las vacaciones, la estabilidad laboral, la jornada de ocho horas y hasta la estabilidad de los salarios. Lo hace porque le prometieron que a cambio de ello le garantizaban el control indefinido de los sindicatos. Las organizaciones opositoras a la burocracia entreguista han convocado, en cambio, a un acto en Plaza de Mayo para el próximo viernes. El empeño, sin embargo, no debe ser tan consecuente, porque a 72 horas de lo que iba a ser una ‘marcha federal’, luego una ‘marcha’ y finalmente una ‘concentración’, la ‘sensación térmica’ de la movilización no ha llegado a nadie. Es que estas direcciones son tan cómplices como la CGT en el avance de las políticas patronales en sus propios sindicatos. Desde un punto de vista más general, los opositores de la CTA o del MTA plantean la lucha contra el menemismo mediante el ‘uso del voto como castigo’, es decir, apoyando a los patronales Frepaso o UCR; si no fuera así, estarían luchando para que los trabajadores tuviéramos nuestro propio partido. Para estas direcciones, las ‘marchas’, sean ‘federales’ o ‘unitarias’, deben servir como punto de apoyo a los partidos patronales opositores o como ‘testimonio’ popular. Por eso no hacen nada entero, a fondo, consecuente o decidido. Es que las burocracias opositoras están vinculadas o comprometidas con la permanencia del actual sistema de explotación, como cualquiera de las burocracias oficialistas. Sin embargo, los trabajadores necesitamos más que nunca de nuestras organizaciones y necesitamos crear con la lucha nuevas organizaciones. El agotamiento del régimen menemista y la tendencia a la rebelión popular empuja con la fuerza de una necesidad objetiva en esa dirección. El sábado 12, en el estadio de Ferro, se reunirá una Asamblea Nacional donde numerosos sectores de la vanguardia trabajadora discutirán una estrategia política y un plan de lucha para: 1) darle a la lucha en curso unidad y alcance nacional; 2) organizarla en función de una perspectiva política independiente de los partidos patronales. Nuestra agenda es: • el viernes en Plaza de Mayo, junto a todos los compañeros que aún creen en las burocracias opositoras, para reclamar que convoquen a un paro nacional; • el sábado en Ferro, para estar presentes en la única iniciativa, tanto práctica como teórica, deliberativa como resolutiva, táctica como estratégica —la única iniciativa concreta, en fin, para discutir una política de conjunto para la clase obrera y los explotados y votar un plan de acción.

El 29 de junio se cumplieron tres años de la muerte de Julio Gómez, un chico de 12 años en un pueblito pequeño de Santa Fe (Serondino), pero mucho tiene que ver con los casos ‘famosos’ como Cabezas, María Soledad y, desgraciadamente, la lista es muy larga. Recién cuando comenzamos las marchas y a salir por los medios periodísticos, la justicia y la policía tuvieron que dar la cara, aunque se hizo una reconstrucción de los hechos trucha, con la ausencia de la fiscal y plagada de errores técnicos. María Gauna, la mamá de Julio, está dispuesta a luchar con todo por el esclarecimiento, uniéndose a otros padres, a los que luchan como los desocupados, los docentes, junto a todos los que sufren las consecuencias de este régimen; por esto, desde el acto por la memoria y el esclarecimiento de la muerte de su hijo, al que asistieron familiares y amigos, AMSAFE San Lorenzo y tuvo la adhesión del grupo de teatro del pueblo, llamó a participar en la Asamblea Popular del 12 de julio y se pronunció por la derogación de la Obediencia Debida y el Indulto.

La Asamblea Nacional del próximo 12 de julio representa la única iniciativa política conocida que se propone ofrecer una perspectiva, una organización y una política independientes a los movimientos de lucha y políticos que han brotado en todo el país en los últimos meses. Los que fingen ignorar la Asamblea o la critican en función de intereses faccionales, simplemente son incapaces de decir qué estrategia tienen, qué proponen o simplemente qué hacen para darle a todo este movimiento un carácter de conjunto. La Asamblea tiene lugar en un marco de agotamiento del régimen menemista, por un lado, y una tendencia a la organización y a la lucha de los sectores más oprimidos del pueblo trabajador. La descomunal desocupación masiva, que no solamente afecta a la clase obrera sino a amplios estratos de la clase media asalariada y de la pequeña burguesía, está provocando la ruptura violenta de los sectores populares con el menemismo, y está obligando a todos los partidos patronales y al propio imperialismo a buscar un cambio en los métodos de gobierno para prevenir una rebelión popular. Es esta crisis de conjunto la que explica los choques, a veces violentos, entre las camarillas de Menem y de Duhalde. Las fracturas en la burguesía nacional van cobrando fuerza con el paso del tiempo, como lo demuestra el intento de vaciar el Ministerio de Economía y sustituirlo por uno de la Producción, el cual tendría por objetivo saquear el presupuesto nacional para subsidiar a la gran industria. La deflación, o sea la contracción relativa del mercado interno, resulta insoportable para una parte grande de la burguesía nativa, como lo revela la creciente extranjerización de empresas. Dado el débil horizonte exportador argentino y la tremenda carga de la deuda externa, un giro en la política económica es visto como la última tabla de salvación para grandes monopolios nacionales. La presión del imperialismo sobre el país acentúa el agotamiento del régimen menemista, porque ya no puede arbitrar con fuerza entre las clases e intereses antagónicos. La presión del gobierno norteamericano para transformar al Mercosur en un coto cerrado para sus capitales, frente a la competencia europea, anuncia crecientes desbarajustes para la estabilidad económica argentina. Lo mismo ocurre con las fuertes exigencias para apropiarse del control del espacio aéreo, entre ellas la privatización de los aeropuertos y controles aduaneros, el correo, los sistemas de radarización, y el manejo de los documentos de identidad. El fuerte ataque contra los intereses de Yabrán obedece directamente a directivas del imperialismo yanqui. El agotamiento del menemismo anuncia mayores perjuicios para las masas y renovadas crisis políticas. Los explotados sólo pueden enfrentar en forma adecuada la nueva etapa que se está iniciando, si tienen una política propia. La masa que ha participado activamente en los cortes de ruta es la que más demoró en agotar su experiencia con el menemismo, y esto es lo que explica su radicalización. Más acentuada habrá de ser esta radicalización por parte de los sectores que vayan rompiendo con el gobierno de aquí en más, por eso el duhaldismo se desespera tanto por controlar la situación con planes de distinto tipo. En la provincia de Tucumán, este proceso ha dado lugar a un fenómeno político inédito, la ruptura de importantes dirigentes y cuadros del peronismo y del radicalismo, que se manifiestan en Pueblo Unido. Sorprendentemente, los que buscan ‘aliados’ para someterse en el campo de la burguesía nacional, usando para ello el argumento de que el proletariado no debe quedarse solo, han ignorado el fenómeno de PU, por la simple razón de que traduce una evolución política de los de abajo y no una componenda conspirativa de los de arriba. Los cortes de ruta han puesto de manifiesto la iniciativa de los explotados a la organización y a la lucha, en particular de parte de los trabajadores desocupados y de la juventud. La Asamblea Nacional es una respuesta política a esa iniciativa. El llamado a formar un Movimiento Nacional de Desocupados responde a lo mismo y lo mismo ocurre con el planteo de organizar la Coordinadora de Estudiantes Secundarios en todo el país. La Asamblea habrá de discutir un plan de acción para impulsar una Marcha Nacional contra el Hambre y la Desocupación. Las elecciones de octubre próximo están relacionadas con el agotamiento del régimen actual. De un lado, forman parte del proceso de recambio en el poder y en los métodos de gobierno, que necesariamente deben discutir y poner en marcha los partidos de la oposición y el duhaldismo. De otro lado, deben servir para recomponer una suerte de autoridad política general de la burguesía frente a las masas. La participación en las elecciones de parte de los partidos que se ponen del lado de los explotados y de los que luchan, es una cuestión obligada, porque es necesario clarificar al pueblo el carácter de las elecciones y porque es necesario desenmascarar a los partidos patronales como incapaces de resolver realmente el menor de los dramas del pueblo, y como obligados agentes intelectuales y políticos de la clase explotadora. La intervención en las elecciones es también una respuesta importante a la tendencia de lucha del pueblo, porque la lucha electoral es una tribuna que debe ser usada para atacar a los explotadores y defender los intereses y la causa de los explotados. Los trabajadores no debemos considerar neutral a ningún terreno de confrontación política y no admitimos que haya algún terreno de confrontación política en el que no esté la explotación y la opresión del pueblo. Abrir locales en cada barrio irá al encuentro de la tendencia a la organización y lucha populares y servirá para capacitar a nuevos cuadros para las luchas inminentes. Asamblea Provincial en Salta La Asamblea Provincial de los Trabajadores de Salta sesionó el sábado 5 de julio en el Centro Boliviano, con casi 100 compañeros. Se hizo presente una fuerte delegación de Mosconi y Tartagal —entre ellos, miembros de la Comisión de vecinos y piqueteros de la zona—; la Comisión de Excedentes, trabajadores declarados prescindibles de la administración pública de Salta capital; una importante representación de la Coordinadora de Estudiantes, organismo que nuclea a las organizaciones y activistas estudiantiles de los tres niveles; miembros de organismos de derechos humanos; militantes frepasistas y radicales enfrentados al ‘contubernio’ entre la UCR, el Frepaso y el partido de la dictadura (Renovador). Por la cantidad y calidad de los concurrentes, constituyó uno de los reagrupamientos más importantes del activismo combativo y de la juventud en mucho tiempo. La Asamblea aprobó una declaración que denuncia a Seabord, Soldati y los contratistas del clan Romero como ‘los nuevos dueños’ de Salta, a partir de la liquidación de YPF, la compañía de energía, la absorción del ingenio Tabacal, la entrega subsidiada del Banco Provincia y otros actos de piratería. La declaración define a las Asambleas Populares "como un método para dar una salida a la crisis provincial en los términos y a la medida del conjunto de los oprimidos". Se llama a constituir un Frente de Trabajadores y se enuncia una plataforma reivindicativa encabezada por el trabajo para todos o el subsidio al desocupado de 500 pesos, la duplicación de las regalías petroleras y la estatización sin pago de las petroleras y los ingenios. La Asamblea resolvió participar de la Asamblea Nacional en Ferro, y entre otras importantes decisiones determinó: a) lanzar una campaña por listas de los luchadores, elegidas en asambleas en la mayor cantidad de localidades posibles de toda la provincia, "para golpear también en este terreno a los responsables del hundimiento provincial y nacional", b) llamar a un congreso de desocupados para poner en pie una coordinadora provincial, c) llamar a la constitución de un frente combativo de oposición para recuperar ADP (sindicato docente), d) llamar a masificar la organización del movimiento estudiantil y a formar una poderosa UJS, e) lanzar una campaña de agitación contra la reforma reaccionaria de la constitución. Neuquen y Rio Negro: La Asamblea Regional convocó a formar una lista única de los partidos de izquierda, fogoneros y organizaciones de lucha El sábado 5 de julio se realizó en Neuquén la ASAMBLEA POPULAR REGIONAL, con la presencia de más de 150 compañeros. Participaron delegaciones de diversas localidades de Río Negro (Villa Regina, Gral. Roca, Cipolletti) y Neuquén (Centenario, Cutral Co, Piedra del Aguila, San Martín de los Andes); contó con la presencia de dirigentes sindicales; de las comisiones de desocupados; de dirigentes y activistas de centros de estudiantes secundarios y de la recientemente formada Federación Regional de Estudiantes Secundarios (FRES); de docentes primarios, secundarios y universitarios; de estudiantes universitarios de varios asentamientos de la UNC; de trabajadores rurales; de obreros de la fruta; de luchadores contra la represión; de militantes de izquierda y del Partido Obrero. La mesa estuvo integrada por representantes designados por estos movimientos: Claudia Muñoz (Comisión contra la Represión Policial, Cocorrepo de Cipolletti); Regina Nosenzo (trabajadora del hospital de Villa Regina); Héctor Ramírez (luchador contra el ‘gatillo fácil’); Laureano Aquito (Sindicato de Desocupados de Piedra del Aguila); Diana Cordi (secretaria general del sindicato docente universitario, Adunc); Reinaldo Kilapi (desocupado Centenario); Pablo Calarotta (integrante de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Neuquén y miembro de la Mesa de la FRES); Renato Oses (Asamblea de Desocupados de San Martín de los Andes); Clara Sepúlveda (estudiante-fogonera de Cutral Co); Jorge Mora (Coordinadora de Desocupados de Neuquén); Norberto Calducci (PO Neuquén) y Rafael Santos (Comité Nacional del PO). Cada uno de ellos hizo uso de la palabra en el plenario de apertura, señalando las banderas de lucha de sus organizaciones. Héctor Ramírez, resaltó la movilización, un día antes, contra el ‘gatillo fácil’; Diana Cordi reivindicó la movilización en común con los estudiantes en defensa de la Escuela Superior de Idiomas; Clara Sepúlveda denunció la represión desatada en Cutral Co; Claudia Muñoz anunció la refundación de la Cocorrepo y la lucha de los compañeros del barrio Anai Mapu contra el desalojo; los dirigentes de las organizaciones de desocupados hablaron sobre sus luchas contra la derogación de la ley 2128; Calarotta de cómo pusieron en pie la FRES en una masiva asamblea de 300 secundarios, la semana previa. La asistencia reunió al activismo que está a la vanguardia en la organización y lucha en la provincia. Se destacó en particular la gran presencia de integrantes de diversas organizaciones de desocupados (Patricia Nader de San Martín de los Andes, Lila Calderón de Cipolletti, etc.). En las comisiones (desocupados, situación política, juventud, educación, lucha contra la represión) se discutió a fondo la propuesta de Resolución Política y se adoptaron diferentes resoluciones que iremos volcando en próximas ediciones del PO. Declaración aprobada por la primera Asamblea Popular Regional de Neuquén y Río Negro, el día 5 de julio ¡La desocupación sigue creciendo! No a la eliminación de la ley 2128 En setiembre de 1995 había 14.000 compañeros en la ley "2128", hoy quedan 8.000. ¿Bajó la desocupación? NO. El gobierno provincial se está sacando la responsabilidad ante la falta de trabajo, pasando los compañeros al ‘Plan Trabajar’, que tiene un límite de 6 meses para recibirlo y se paga con fondos nacionales. El propio informe de Acción Social dice que actualmente hay 8.300 en la "2128", pero también 5.459 en el ‘Plan Trabajar’ y 1.422 en el plan ‘Servicios Comunitarios’(para mujeres) (Río Negro, 22/6). Esto da un total de 15.181 "inscriptos", es decir que hay más desocupados que en setiembre 95 sin contar que muchos dados de baja no están en ningún plan. Ahora, teniendo en "estado de sitio" a Cutral Co, se intenta eliminar a la mayoría de la "2128", por medio de una nueva Ley propuesta por Vaca Narvaja (MPN). El principal objetivo es cambiar el tiempo indefinido de la "2128", para establecer en "...seis meses el plazo para gozar del beneficio" (La Mañana, 19/6). Después de este período, el ‘beneficiario’ tendrá dos opciones: 1) Incorporarse en empresas oficiales o privadas. 2) Integrar una bolsa de trabajo. ¡Quiere decir que quedaremos sin nada! No solamente se persigue la reducción en el tiempo sino también la reducción de ‘beneficiarios’. Para esto se cambiaría de 2 a 4 años la residencia de argentinos y de 5 a 6 años la de los extranjeros. Por otra parte, el 50% de los ‘subsidios’ será para mujeres con más de 3 hijos, y el otro 50% para jóvenes entre 18 y 25 años, buscando labaja de compañeras con menos de tres hijos y de compañeros mayores de 25 años. Mientras se ataca a los desocupados, los empresarios continúan con más subsidios; si alguna empresa toma a un ‘beneficiario’ en los segundos 6 meses, sólo tiene la obligación de pagar 100 pesos más por encima de los 150 que seguirá pagando el Estado. ¡¡La patronal contenta!! Con esto se ahorra de pagar sueldos como corresponde y no tiene la obligación de dejar a los compañeros (de 18 a 25 años) efectivos. ¡¡¡No debemos permitirlo!!! La ley 2128 la hemos conseguido con nuestra lucha, con la ocupación de municipios, legislatura y Casa de Gobierno. La ley 2128 hay que modificarla, ¡pero no en contra nuestra! Organicemos urgente en cada barrio y en cada localidad Asambleas con un nuevo reempadronamiento y votemos que se convoque urgente a todas las comisiones, sindicatos, coordinadoras que sean o no afiliadas a la CTA, a una reunión para poner fecha a una movilización provincial a la capital de Neuquén. Que esta movilización sea financiada por las centrales obreras y por los propios desocupados, haciendo una Rifa provincial única y otras actividades a cargo de todas las comisiones, para garantizar la Marcha y reclamar: *Fuera la UESPO, la GEOP, el Estado de Sitio y las persecuciones en Cutral Co. *No a la eliminación de la "2128". *Apertura del padrón a todos los desocupados sin discriminaciones a partir de los 16 años. *Por un mínimo de 450 pesos más cargas sociales en la ley 2128 y en todos los ‘Planes’ (2128, Trabajar, etc.). *Pase a la planta permanente de los que hacen ‘contraprestación’ en los hospitales, clínicas, UAF, municipios, etc. Por la organización de todos los desocupados incluidos o no en los ‘planes’, en un único Sindicato de Desocupados Regional (NQN y RN) para luchar por el Trabajo o un Subsidio de $500 a partir de los 16 años. La resolución política La resolución votada por el plenario, al considerar que "las peleas entre Menem-Duhalde-Cavallo evidencian la crisis que corroe al régimen menemista","plantea que ni una ni otra fracción menemista dará satisfacción a los reclamos del pueblo trabajador. Son socios en la política antiobrera y proimperialista. Por ello levantamos como consigna estratégica el reclamo de ‘FUERA MENEM-DUHALDE’ ". La resolución dice también que "Sapag vehiculiza esta política del gran capital contra los trabajadores en Neuquén" y que "los partidos patronales que se llaman opositores hacen causa común con el sapagismo cuando de resolver los problemas del pueblo trabajador se trata". Denuncia al "frepasista Massei(que) declara que su pretensión es ‘reencauzar institucionalmente el conflicto social’. Es decir, que los trabajadores... dejen de luchar por sus reivindicaciones... dejando que los Massei del Frepaso y de la UCR ‘nos defiendan’ en la Legislatura". La Asamblea resolvió convocar "a las organizaciones y luchadores de los fogoneros, trabajadores, desocupados, estudiantiles, docentes, de padres y a los partidos de izquierda" a "constituir un Frente Unido, a formar una Mesa Político-Reivindicativa que le dé batalla al gobierno antiobrero y a los políticos patronales en todos los planos". La Asamblea también llamó a "formar una LISTA UNICA de los partidos de izquierda, fogoneros, organizaciones de desocupados, estudiantiles, de trabajadores, vecinales, para enfrentar en las elecciones de octubre próximo a los Sapag-Verani y a sus cómplices del PJ, UCR y Frepaso", y a "elegir candidatos de lucha de los trabajadores para oponernos a los mentirosos políticos capitalistas a través de una elección interna y de Asambleas Populares antes de fin de julio". La Asamblea denunció a los partidos patronales que destituyeron al intendente de Cutral Co —para convertirlo en chivo emisario de la ira popular—, "cuando todo el Concejo Deliberante es responsable y cómplice del hambreamiento del pueblo", reclamando que "no sólo Martinazo sino todos los concejales se tienen que ir y convocar a elecciones generales" haciendo para ello un llamamiento especial a "organizar la convocatoria de una Asamblea Popular, para elegir candidatos que enfrenten a los hipócritas agentes políticos patronales".

El martes 1º de julio pasado, el círculo de Palermo del PO organizó una actividad de agitación en el Colegio Avellaneda, por una asamblea barrial hacia la Asamblea Nacional Popular, convocada por las organizaciones partidistas y no partidistas empeñadas en presentar una alternativa a las variantes patronales. Sin saber que la agrupación que dirige el centro de estudiantes, junto con las autoridades, habían organizado una jornada de limpieza del frente del colegio, pegamos carteles de difusión de la asamblea barrial. Pedimos disculpas por haber contravenido, sin saber, una resolución del centro de estudiantes. Sin embargo, queremos, por este medio, manifestar nuestro desacuerdo con la medida de limpieza. Las paredes del Avellaneda (las del frente y las de enfrente) son uno de los pocos lugares del barrio donde se puede pegar carteles. Los partidos que no tenemos espacio en los medios de difusión masivos, porque éstos están en manos de las patronales y en función de sus intereses, solamente podemos acceder a la difusión masiva de nuestras actividades en defensa de los intereses de las grandes mayorías explotadas, sobre la base de nuestro esfuerzo y organización. Financiamos nuestros carteles y los pegamos en los lugares públicos. Si éstos disminuyen, aumentan las ventajas de la patronal. Invitamos a ustedes a reflexionar sobre esta iniciativa tomada. Quizá sería mejor, en defensa de la educación pública hoy amenazada por los intereses de los que nos gobiernan, reclamar más lugares y no limitarlos. Cordialmente,

El gobierno Duhalde está multiplicando la entrega de supuestos títulos de propiedad a ocupantes de lotes y viviendas en función de la llamada Ley de regularización dominial (24374), o simplemente Ley Pierri. ¿Qué es lo que aporta esta ley? El ocupante ‘ilegal’ de un terreno que no es reclamado por sus dueños durante un número determinado de años, puede convertirse en propietario de derecho ("prescripción") a condición de emprender (y pagar) el juicio respectivo, lo cual no está al alcance de cualquier trabajador. La Ley Pierri ofrece una solución. El poseedor ‘ilegal’ es llamado a inscribirse en algunos de los 204 centros de regularización dominial (o Casas de Tierras), con algún papel o testigos que certifiquen la tenencia del lote o la vivienda desde antes de enero de 1989. A través de este trámite y del pago del uno por ciento de la valuación fiscal del inmueble, el trabajador inicia el trámite de "prescripción", que lo puede convertir en poseedor legal al cabo de 10 años, que es el período de la prescripción breve estipulada en el Código Civil. Es decir, mediante un trámite al alcance de todos y por una cifra que puede ser relativamente accesible, el Estado le resuelve al trabajador el seguimiento y los costos del juicio para convertirse en titular del inmueble que habita. Esta ‘solución’ de la Ley Pierri, es, sin embargo, un fruto envenenado. Escritura trucha y confiscación Ocurre que el ocupante recibe un papel que la ley llama "escritura con la relación de lo actuado", que no tiene ningún valor en términos de propiedad en tanto no pasen diez años y no haya ‘oposición’ por parte del propietario del lote ocupado, pero que de ningún modo es gratuito. El trabajador ‘regularizado’ en su lote, pasa a pagar impuestos y tasas que hoy no paga. En palabras del secretario de Tierras y Urbanismo de la provincia, el trámite "les facilita el acceso a un crédito y les permite formar una cooperativa barrial para pedir servicios básicos como gas y luz" (Clarín, 13/4). La finalidad de la ley es expoliar a los ocupantes que hoy no pagan impuestos porque carecen de títulos de propiedad y porque los lotes en los que viven carecían de valor al momento de asentar allí a sus familias. La Ley Pierri ha creado una nueva ‘figura’ jurídica, para que el ocupante de un lote pague impuestos a partir de la inscripción de un ‘papel’ que no le asegura nada y sin que medie la escrituración que otorga el derecho de propiedad. Negocio inmobiliario El registro ordenado por la Ley Pierri sólo sirve para que comience a correr el plazo legal de prescripción, "quedando a salvo todas las acciones que correspondan a los titulares del dominio, incluida la expropiación inversa". Esto significa que la ley (que ha sido presentada como la "propiedad para los pobres") puede ser utilizada para despojar al trabajador de su única vivienda, localizada en esos terrenos. Si el ‘dueño legal’ de los terrenos se presentara reclamándolos, los ocupantes deben irse o aceptar la compra del terreno que habitan, proceso contemplado por la ley. Los ocupantes podrían así pagar dos veces por su vivienda, ya que el precio contemplaría el valor agregado que introdujeron los pobladores con el mejoramiento del suelo, la construcción de viviendas, etc. El dueño de las tierras hace, así, un negocio pingüe sobre lotes que no valían nada cuando fueron ocupados. ¿Qué pasa con los inmuebles del Estado? El artículo 7º de la ley dejaba una puerta abierta para dar títulos de propiedad efectivos a los ocupantes si los inmuebles eran propiedad del Estado ("cuando los inmuebles fuesen de dominio privado del Estado nacional, provincial o municipal, se procederá a la inmediata escrituración por intermedio de las escribanías habilitadas"). Pero este artículo, el único que podía significar una concesión real y efectiva en materia de propiedad, fue vetado por el Poder Ejecutivo, con el argumento de que significaba una "desigualdad de trato" entre los inmuebles del Estado y los particulares. El veto parcial (inconstitucional, para más datos) no suscitó reacción alguna en los impulsores de la ley. Finalmente, según la ley, las provincias determinan la "autoridad de aplicación", lo que entrega a las municipalidades y su corte de punteros la facultad de determinar el otorgamiento de las ‘escrituras’. Programa La Ley Pierri no entrega la propiedad, abre un proceso de confiscación al ocupante y otorga un inmenso poder de manipulación a las camarillas duhaldistas encargadas del‘reparto’ de tierras. Existe, sin embargo, una enorme confusión sobre los alcances de la ley, que es presentada como la herramienta que viene a resolver el tema del lote o vivienda propia en las barriadas más humildes del Gran Buenos Aires y del interior de la provincia. La sola inscripción en las Casas de Tierras de cada distrito plantea un principio de organización de todos los ocupantes ‘ilegales’, cuyo reclamo central debería ser la expropiación de los inmuebles ocupados y la escrituración inmediata. Aun una ley de "expropiación por causa de utilidad pública", prevista en la Constitución provincial, plantearía una indemnización casi nula, considerando el valor de los inmuebles al momento de su ocupación. Planteamos, además, la eximición total de impuestos y tasas, hasta tanto no haya escrituración; un plan especial para jubilados y desocupados, y la construcción de una infraestructura a cargo del Estado y bajo control de los vecinos.

Al finalizar la Asamblea, se votó concurrir en manifestación hasta la Olla Popular que los trabajadores del supermercado “El viejo almacén” vienen manteniendo desde hace varios días contra el cierre y en reclamo de salarios adeudados. En la fría noche, y bajo una persistente llovizna que cubrió todo el día la ciudad, fuimos recibidos con agradecimiento y camaradería por los huelguistas. Aprovechando la salida de la Asamblea a la calle, se montó un operativo de provocación especial. Un policía empujó a un compañero lisiado que había asistido a la Asamblea, lo que originó la airada réplica de los manifestantes. En segundos, cerca de 70 policías armados, con numerosos móviles (lo que hizo sospechar un operativo programado) rodearon a los compañeros que se atrincheraron en uno de los micros. Cuando la policía se quiso llevar detenidos a tres compañeros, el resto de los integrantes de la Asamblea rodeó a los policías al grito de “Se sabía, a Teresa la mató la policía”, lo que creó un momento de gran tensión. La policía amenazaba con sacar sus armas y generar una batalla campal. Mientras duraba el tironeo, fueron convocadas diversas organizaciones de derechos humanos y la prensa. Finalmente, la policía, ante la creciente llegada de público, decidió retirarse sin llevarse a ningún compañero detenido. Un triunfo contra la provocación policial.

“La alternativa para los trabajadores” Pedro Lima, ex delegado del gremio de la fruta, hoy en el movimiento “Un techo para mi hijo”, que ha tomado terrenos en Cipolletti, ex militante del PC, nos dice: “Me llevo una buena impresión por el nivel de participación de tantos sectores que están en lucha: los desocupados, la Comisión contra la represión policial, el Partido Obrero, los secundarios, maestros. Me sentí conmovido porque veo que se lanza algo a nivel nacional, una propuesta para los trabajadores”. PO: Una propuesta que está en un marco no sólo de debate, sino de acción y lucha. PL: Por supuesto. Como muy bien se planteó, los trabajadores no tenemos una opción. Está el PJ, la UCR, el Frepaso, que no son opciones para los trabajadores. Hoy, acá, se expresó la creación de una verdadera alternativa para los trabajadores. “Buenas resoluciones” Renato Osés, un compañero proveniente del PC chileno, radicado hace años en la Patagonia, estuvo representando a la Asamblea de Desocupados de San Martín de los Andes en la Mesa del Plenario. Nos dice: “La Asamblea me pareció positiva, con buenas resoluciones. Hubo un buen número de asistentes. Me voy conforme a San Martín de los Andes”. PO: ¿Y sobre el trabajo en las comisiones? RO: Lo vi bien. Yo vengo de estar un tiempo ausente, en Chile, pero todos los compañeros que vinimos nos vamos conformes. Esto sirve, hemos aprendido algo.

La Asamblea decidió formar una comisión para que redacte un documento con las tareas que se les plantean a los luchadores de Río Negro, para lo cual se votaron una serie de resoluciones. En la Asamblea había militantes del PC, del Mas, de nucleamientos sindicales, antirepresivos, etc., y del PO. Se propuso reconstituir la izquierda, otrora importante en la provincia y hoy sumida en la crisis y desaparecida. Se constató el importante surgimiento de jóvenes luchadores. Por ello se impulsará la legalización electoral del PO rionegrino, de forma tal que pueda brindar a un frente de trabajadores y la izquierda una base para luchar en el terreno político y electoral contra los candidatos y los partidos patronales. Resoluciones votadas en las comisiones de la Asamblea Popular Regional • Impulsar una movilización de repudio a la presencia de los integrantes del gabinete nacional —asesinos de Cutral Co y de la Educación estatal, hambreadores de los desocupados— que sesionará en Neuquén el próximo jueves 10 de julio. • Campaña regional por la derogación de las leyes contravencionales. Convocatoria a un Encuentro Provincial en Cipolletti para el 20 de julio. • Promover la autoconvocatoria de un plenario provincial de estatales en Río Negro, para encarar la lucha contra los planes de Verani de cesantear a 7.000 trabajadores públicos. • Campaña contra el proyecto de Ley Provincial de Educación impulsado por Caballo y Sapag, convocando a las organizaciones y luchadores docentes, de padres y estudiantes. • Por la convocatoria a una marcha provincial contra el intento del gobierno de Sapag de eliminar la 2128; por la convocatoria nacional de los movimientos de desocupados a una Marcha a la Plaza de Mayo, bajo la consigna de “Trabajo para todos o Subsidio de 500 pesos”.

Los distritos de Merlo y Moreno (junto a Florencio Varela) son los más pobres del conurbano bonaerense. Los altos índices de desocupación y pobreza han transformado la fisonomía de nuestros distritos, ayer considerados ‘ciudades dormitorios’. Hoy son ciudades de desocupados. Esta realidad explica la gigantesca actividad montada por el aparato duhaldista en torno a las manzaneras y la proliferación de Unidades Básicas en todas las barriadas. Cada una de estas organizaciones agrupa entre 250 y 500 afiliados (para recibir la caja de comida hay que estar afiliado al PJ). La cantidad de familias que reciben las cajas de alimentos puede trepar a las 80.000, lo que significa que la mitad de la población está desocupada o tiene trabajos precarios. El duhaldismo dividido Aunque las elecciones internas del pasado 29 de junio pusieron en evidencia la cantidad de fracciones políticas en las que se encuentra dividido el duhaldismo, las intendencias arrasaron con sus ‘opositores’, dejando bien claro que quien tiene en sus manos el aparato es el que ‘gana’. Durante las últimas semanas, la inauguración de obras fue acompañada por grandes actos en los barrios, que en muchos casos fueron repudiados por la población (en Los Aromos, Libertad, el acto de inauguración de una escuela fue apedreado por un grupo de vecinos). El asistencialismo se redobló, la caja de comida por el voto en la interna y la afiliación inflaron una realidad que no es la que se vive en las calles de nuestras barriadas. La gigantesca movilización de autos, remises y colectivos para garantizar la elección interna sólo indica que el duhaldismo no tiene el apoyo incondicional de los explotados. La organización de los desocupados Las expresiones de descontento se suman a las limitaciones que muestra el trabajo ‘social’ de las manzaneras, las cuales no se pueden organizar fuera del PJ, reparten una caja de comida que no cubre las necesidades elementales y sólo se entrega a familias con hijos menores de 6 años, a ancianos y desocupados afiliados al partido; en el caso de las familias numerosas se entrega un kilo de azúcar, yerba, fideos, arroz y leche por hijo al mes. Las manzaneras son ellas mismas desocupadas y reciben las mismas cajas de comidas que el resto de los vecinos. La organización de las manzaneras se ha ramificado en la mayoría de las barriadas obreras del Gran Buenos Aires. Su acción ha permitido contener, por ahora y sólo por ahora, la reacción popular contra el hambre, que se profundiza, pese al reparto de cajas de comida. El seguro al desocupado de 500 pesos, la lucha por el trabajo de la mano de la lucha salarial, en cambio, es la organización consciente de los explotados contra el hambre. El rol del partido en este proceso es fundamental; los locales deben jugar el rol de organizadores, armando política y programáticamente esta importante lucha y en la perspectiva de fundar una gran organización de desocupados contra el hambre y por trabajo, y seguro al desocupado de 500 pesos a partir de los 16 años.

El sábado 5 de julio se realizó en Neuquén la Asamblea Popular Regional, con la presencia de más de 150 compañeros. Participaron delegaciones de diversas localidades de Río Negro (Villa Regina, Gral. Roca, Cipolletti) y Neuquén (Centenario, Cutral Co, Piedra del Aguila, San Martín de los Andes); contó con la presencia de dirigentes sindicales; de las comisiones de desocupados; de dirigentes y activistas de centros de estudiantes secundarios y de la recientemente formada Federación Regional de Estudiantes Secundarios (FRES); de docentes primarios, secundarios y universitarios; de estudiantes universitarios de varios asentamientos de la UNC; de trabajadores rurales; de obreros de la fruta; de luchadores contra la represión; de militantes de izquierda y del Partido Obrero. La mesa estuvo integrada por representantes designados por estos movimientos: Claudia Muñoz (Comisión contra la Represión Policial, Cocorrepo de Cipolletti); Regina Nosenzo (trabajadora del hospital de Villa Regina); Héctor Ramírez (luchador contra el ‘gatillo fácil’); Laureano Aquito (Sindicato de Desocupados de Piedra del Aguila); Diana Cordi (secretaria general del sindicato docente universitario, Adunc); Reinaldo Kilapi (desocupado Centenario); Pablo Calarotta (integrante de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Neuquén y miembro de la Mesa de la FRES); Renato Oses (Asamblea de Desocupados de San Martín de los Andes); Clara Sepúlveda (estudiante-fogonera de Cutral Co); Jorge Mora (Coordinadora de Desocupados de Neuquén); Norberto Calducci (PO Neuquén) y Rafael Santos (Comité Nacional del PO). Cada uno de ellos hizo uso de la palabra en el plenario de apertura, señalando las banderas de lucha de sus organizaciones. Héctor Ramírez, resaltó la movilización, un día antes, contra el ‘gatillo fácil’; Diana Cordi reivindicó la movilización en común con los estudiantes en defensa de la Escuela Superior de Idiomas; Clara Sepúlveda denunció la represión desatada en Cutral Co; Claudia Muñoz anunció la refundación de la Cocorrepo y la lucha de los compañeros del barrio Anai Mapu contra el desalojo; los dirigentes de las organizaciones de desocupados hablaron sobre sus luchas contra la derogación de la ley 2128; Calarotta de cómo pusieron en pie la FRES en una masiva asamblea de 300 secundarios, la semana previa. La asistencia reunió al activismo que está a la vanguardia en la organización y lucha en la provincia. Se destacó en particular la gran presencia de integrantes de diversas organizaciones de desocupados (Patricia Nader de San Martín de los Andes, Lila Calderón de Cipolletti, etc.). En las comisiones (desocupados, situación política, juventud, educación, lucha contra la represión) se discutió a fondo la propuesta de Resolución Política y se adoptaron diferentes resoluciones que iremos volcando en próximas ediciones del PO.

El tema político de la semana transcurrida ha sido la ‘tregua’. Según los que saben, Menem y Duhalde llegaron a la asombrosa conclusión de que la disputa entre ellos podía perjudicarlos a los dos, por lo que decidieron parar hasta después de las elecciones de octubre. Es de esta forma infantil que se relata la política nacional y después, los que así actúan, se largan extensas sanatas contra el relato trivial de la historia del país. ¿En qué se manifiesta esta ‘tregua’? Pues nada menos que en la decisión de paralizar al Congreso hasta la fecha establecida. Los diarios ya comentan que ‘saldrá perjudicada la actividad legislativa’. Es decir, que la ‘tregua’ es una conspiración que tiene la capacidad de congelar a uno de los poderes del Estado, que será descongelado cada tanto cuando haya acuerdo en sacar alguna ley anti-nacional o francamente anti-obrera. Con relación al crimen de Cabezas, la ‘tregua’ tiene algunos bemoles. La línea de la impunidad fue establecida hace bastante tiempo y se resume en lo siguiente: No hay una prueba material decisiva, ya que no se puede conectar el revólver de los ‘pepitos’ con la ‘banda de los hornos’; el autor intelectual podría ser conjeturado, pero no establecido, y el juicio oral y público tendrá lugar dentro de dos años, cuando será difícil que con estos elementos se pueda dictar alguna sentencia. El problema recíproco de Menem y Duhalde es que las sospechas sobre Yabrán sólo pueden ser disipadas involucrando a la ‘bonaerense’, lo cual perjudica al gobernador. Precisamente, en la semana transcurrida se conoció que fueron muchos más los autos y tripulantes que participaron del secuestro y del asesinato, lo que da pábulo a la versión de una ‘zona liberada’ establecida por la policía de Duhalde. El ex secretario de seguridad de Duhalde, De Lazzari, habría recogido pruebas que comprometen a fondo a la plana mayor de la policía. Si esto sigue así, la historia se preguntará si Duhalde buscaba al culpable o se cavaba su propia tumba política. Todo indica que ‘el cabezón’ necesitaba más la ‘tregua’ que el ‘turco’. De cualquier manera, con los datos que se disponen, sólo podrán mantener la ‘tregua’ si son brujos. Pero Menem y Duhalde no sólo son cabezas de camarillas, sino que representan intereses sociales. ¿También estos intereses enfrentados pactaron una ‘tregua’? Los columnistas políticos no se han hecho la pregunta porque no tienen la respuesta y porque tampoco analizan la política como una refractación de la lucha entre las clases. La semana transcurrida, sin embargo, confirmó lo que se dijo en esta página hace seis días: a saber, que la llamada oposición de algunos sectores capitalistas, principalmente Techint, al acuerdo laboral entre el gobierno y la burocracia de la CGT, escondía otras razones. Esto se puso en evidencia cuando se informó que Menem aceptaría crear un Ministerio de la Producción para subsidiar a la gran industria, a cuyo cargo designaría a un afiliado a la UIA. Se vaciaría así al Ministerio de Economía, y el dinero de las privatizaciones próximas podría ir a financiar un plan de construcción de rutas o autopistas, en lugar de servir para amortizar una parte de la deuda externa. En la misma medida que trascendió esta novedad, la ‘oposición’ de la UIA al acuerdo laboral anti-obrero se fue desvaneciendo, Ambito Financiero comenzó a elogiarlo y el proyecto de ley se prepara para desembarcar en el Senado. Es que una ‘reactivación económica’ que se basa en un crecimiento del 15 por ciento de las exportaciones y una tasa incierta de aumento de las inversiones, no puede conformar a una burguesía nativa altamente endeudada. Las exportaciones son una fracción minúscula de la producción nacional y consisten, principalmente, en minerales, agro y autos, con el agravante de que en este último caso el componente de producción nacional decrece de año en año. Pocos han reparado que en el mundo de la ‘tercerización’, se han ‘tercerizado’ naciones enteras, en especial las de menor desarrollo. Se puede decir que en esta etapa económica, la Argentina se ha desindustrializado relativamente. Mientras tanto, George Soros, dueño de fondos de inversión internacionales, compra campos y terrenos urbanos, preparando una carestía alimentaria y una especulación inmobiliaria que aumentará enormemente el costo de vivir en Buenos Aires. Esta perspectiva no hará más que acentuar la sobrevaluación del peso y la imposibilidad de exportación de manufacturas. A mediano plazo, la burguesía argentina sólo se ve a sí misma vendiendo sus patrimonios productivos y bancarios. Esta situación económica es el fondo de la crisis en la política y no podrá ser remediada por ninguna ‘tregua’. Para que eso ocurra debería producirse un crecimiento económico que conserve algún grado de equilibrio, a diferencia de la fuerte polarización que tiene lugar en la actualidad. Es necesario insistir en que el gobierno y las consultoras económicas están inflando las cifras de la reactivación para evitar que cualquier tipo de desconfianza obre como un disparador de salida de capitales que impida renovar los descomunales vencimientos de la deuda externa. El derrumbe financiero de Tailandia, un ‘tigre’ del Asia, motivado por vencimientos de capital externo por 40 mil millones de dólares, luego de un ‘boom’ de inversiones acicateado por un tipo de cambio fijo, es el espejo más fiel de la situación argentina. Los trabajadores deben ver en la ‘tregua’ una conspiración contra sus luchas, y en el derrumbe de la ‘tregua’ un resultado inevitable de la creciente agudización de la crisis en la economía y de la acentuación de la miseria popular.

En setiembre de 1995 había 14.000 compañeros en la ley “2128”, hoy quedan 8.000. ¿Bajó la desocupación? NO. El gobierno provincial se está sacando la responsabilidad ante la falta de trabajo, pasando los compañeros al ‘Plan Trabajar’, que tiene un límite de 6 meses para recibirlo y se paga con fondos nacionales. El propio informe de Acción Social dice que actualmente hay 8.300 en la “2128”, pero también 5.459 en el ‘Plan Trabajar’ y 1.422 en el plan ‘Servicios Comunitarios’ (para mujeres) (Río Negro, 22/6). Esto da un total de 15.181 “inscriptos”, es decir que hay más desocupados que en setiembre 95 sin contar que muchos dados de baja no están en ningún plan. Ahora, teniendo en “estado de sitio” a Cutral Co, se intenta eliminar a la mayoría de la “2128”, por medio de una nueva Ley propuesta por Vaca Narvaja (MPN). El principal objetivo es cambiar el tiempo indefinido de la “2128”, para establecer en “...seis meses el plazo para gozar del beneficio” (La Mañana, 19/6). Después de este período, el ‘beneficiario’ tendrá dos opciones: 1) Incorporarse en empresas oficiales o privadas. 2) Integrar una bolsa de trabajo. ¡Quiere decir que quedaremos sin nada! No solamente se persigue la reducción en el tiempo sino también la reducción de ‘beneficiarios’. Para esto se cambiaría de 2 a 4 años la residencia de argentinos y de 5 a 6 años la de los extranjeros. Por otra parte, el 50% de los ‘subsidios’ será para mujeres con más de 3 hijos, y el otro 50% para jóvenes entre 18 y 25 años, buscando la baja de compañeras con menos de tres hijos y de compañeros mayores de 25 años. Mientras se ataca a los desocupados, los empresarios continúan con más subsidios; si alguna empresa toma a un ‘beneficiario’ en los segundos 6 meses, sólo tiene la obligación de pagar 100 pesos más por encima de los 150 que seguirá pagando el Estado. ¡¡La patronal contenta!! Con esto se ahorra de pagar sueldos como corresponde y no tiene la obligación de dejar a los compañeros (de 18 a 25 años) efectivos. ¡¡¡No debemos permitirlo!!! La ley 2128 la hemos conseguido con nuestra lucha, con la ocupación de municipios, legislatura y Casa de Gobierno. La ley 2128 hay que modificarla, ¡pero no en contra nuestra! Organicemos urgente en cada barrio y en cada localidad Asambleas con un nuevo reempadronamiento y votemos que se convoque urgente a todas las comisiones, sindicatos, coordinadoras que sean o no afiliadas a la CTA, a una reunión para poner fecha a una movilización provincial a la capital de Neuquén. Que esta movilización sea financiada por las centrales obreras y por los propios desocupados, haciendo una Rifa provincial única y otras actividades a cargo de todas las comisiones, para garantizar la Marcha y reclamar: *Fuera la UESPO, la GEOP, el Estado de Sitio y las persecuciones en Cutral Co. *No a la eliminación de la “2128”. *Apertura del padrón a todos los desocupados sin discriminaciones a partir de los 16 años. *Por un mínimo de 450 pesos más cargas sociales en la ley 2128 y en todos los ‘Planes’ (2128, Trabajar, etc.). *Pase a la planta permanente de los que hacen ‘contraprestación’ en los hospitales, clínicas, UAF, municipios, etc. Por la organización de todos los desocupados incluidos o no en los ‘planes’, en un único Sindicato de Desocupados Regional (NQN y RN) para luchar por el Trabajo o un Subsidio de $500 a partir de los 16 años. Coordinadora de Desocupados de Neuquén Asamblea de Desocupados de S.M. de los Andes Comisión Pro-Sindicato de Desocupados de Centenario Sindicato de Desocupados de Piedra del Aguila Coordinadora de Desempleados de Cipolletti Desocupados de Gral. Roca y Villa Regina

La dirección nacional del Frepaso ha salido a defender el acuerdo electoral del Frepaso y la UCR con el Partido Renovador del ‘procesista’ y menemista Ulloa, en Salta, frente a la rebelión que ha provocado en las filas del Frepaso. El encargado de reivindicar la alianza con el gobernador salteño de Videla y Massera fue nada menos que Dante Caputo, el canciller alfonsinista que ‘emigró’ de la UCR al Frepaso en la búsqueda, dijo, de ‘otra forma de hacer política’. En unas declaraciones imperdibles, el canciller alfonsinista atacó a "los que quieren hacerse los finos". "Deberían pensar —les advirtió— si quieren ganarle al actual gobernador justicialista Romero" (El Cronista, 4/7). ¿Pero es ‘finura’ o un grado elemental de principios políticos –que están ausentes en la dirección frepasista– lo que lleva a gran parte de sus militantes a oponerse al acuerdo con el representante salteño de Videla, Massera y Pío Laghi? Atención tucumanos: ¿si mañana Bussi estuviera en la oposición, Caputo, el Chacho Alvarez y la Meijide, no podrían también llegar a un acuerdo con él para ‘ganarle a un gobernador justicialista’? Porque no hay que ser muy ‘fino’ para darse cuenta que entre el salteño Ulloa y el tucumano Bussi no hay ninguna diferencia esencial. La hipocresía de Caputo llega al máximo cuando dice que "la decisión la debe tomar la gente de Salta", cuando es sabido que Chacho Alvarez tuvo que viajar personalmente a Salta para imponer allí la alianza decidida en Buenos Aires y debió ser protegido por la policía porque los propios militantes del Frepaso salteño se lo querían comer crudo. ¿‘Otra forma de hacer política’? Después de haberle otorgado un ‘indulto’ político al procesista Ulloa, Caputo y la dirección del Frepaso pretenden ponerle un ‘punto final’al debate interno e imponerles la ‘obediencia debida’ a sus militantes.

Extracto del reportaje a los delegados Edgardo Fernández y Yolanda Guitián del Centro Gallego La presión de la patronal para obtener ‘retiros voluntarios’ o sus ‘invitaciones’ a jubilarse anticipadamente, terminaron en un fracaso. Los delegados entrevistados señalaron que sólo 19 presentaron su renuncia sobre 800 trabajadores, gracias a la prédica opositora de la representación gremial. Fue una prueba para este cuerpo de delegados, que por ser nuevo debía despejar las dudas del personal sobre su actitud ante la presión patronal. La compañera Yolanda señaló que la asamblea refrendó la discusión mano a mano. Frente al Congreso de delegados de ATSA, Edgardo, que concurría por primera vez, nos comentó su profunda decepción ante ese “congreso mafioso” donde se defendía el acuerdo antiobrero que firmó la CGT con el gobierno como el “único posible en estos tiempos de globalización”. Denunció que todos los intentos de discutir los problemas que afrontan los trabajadores de Sanidad, mocionados por la oposición nucleada en la agrupación ASIS, fueron boicoteados. Yolanda, por su parte, dijo que esta “dirección, de la mano de Daer y West Ocampo, está jugada a fondo con la ‘flexibilización’ laboral”. Recalcó que la dirección gremial del Centro Gallego concurrió al Congreso con un mandato de “rechazo al acuerdo antiobrero, a la privatización de las obras sociales, por un plan de lucha nacional por aumento salarial, en defensa de las conquistas históricas de los trabajadores y en apoyo a las puebladas y sublevaciones”. Y concluyó que lo que queda es ampliar la oposición e influencia de nuestra agrupación ASIS para rescatar el gremio y luchar por el salario y las condiciones laborales. Frente a la convocatoria a la Asamblea Popular Nacional, Edgardo la reivindicó como una instancia valedera, adhiriendo a ella con un pronunciamiento del cuerpo gremial. Yolanda celebró la convocatoria y reivindicó la constitución de un ámbito obrero y clasista para discutir y accionar en todos los terrenos, incluido el electoral. Y en este punto, señaló que ante este recurso del que se valen los patrones para cambiar el personal político, “debemos intervenir con nuestros candidatos y nuestro programa para desenmascarar a los charlatanes y reagrupar programáticamente a la vanguardia que lucha”.

A ninguna de las empresas de periodismo que cubrieron el juicio contra Gorriarán Merlo y Ana María Sívori, ni tampoco a la pléyade de ‘periodistas de investigación’ o‘independientes’ que vienen ocupando la primera plana de la información en los últimos tiempos; a ninguno de éstos se les pasó por la cabeza que la condena a los dos militantes del MTP constituye un fuerte golpe contra las libertades democráticas, con el agregado de una manifestación flagrante del carácter parcial y contrarrevolucionario del poder judicial. Fue nada menos que la defensora de oficio, es decir, designada por el Estado, la que se encargó de demostrar la inexistencia de las pruebas que pudieran incriminar a Ana María Sívori y la ilegalidad de la detención de Gorriarán, para invalidar el proceso que se armó en su contra. Del principio al fin se trató de un juicio político con final anunciado, porque precisamente para eso fue secuestrado Gorriarán en México en un operativo clandestino conjunto de los servicios de los estados de Argentina y México. Naturalmente, la opinión ilustrada de los ‘medios’ es que Gorriarán cometió el crimen supremo de atentar contra la democracia, por lo que no le caben los honores, gracias o indultos debidos a las ‘víctimas’ de la dictadura militar. Pero esa opinión es infundada y, por qué no, interesada. El asalto al cuartel de La Tablada no fue reprimido por medios democráticos, o sea con los medios que usó el pueblo cuando se movilizó contra los levantamientos carapintadas de las ‘felices pascuas’, Monte Caseros y Villa Martelli. La torpe ocupación que encaró el MTP fue reprimida por un alto mando cómplice de la dictadura y responsable de sus crímenes, y por una legión de ‘carapintadas’ en retiro, que se presentaron ‘espontáneamente’ para participar de la masacre. A los asaltantes no se los intimó a rendirse, sino que fueron masacrados; varios sobrevivientes fueron torturados antes de ser asesinados y, muchos de ellos, aún hoy se encuentran desaparecidos. Ni siquiera se puede decir que la represión fue ejercida por un gobierno democrático, ya que éste actuó bajo la extorsión y el ultimátum militares, los cuales no querían salidas pacíficas, sin mencionar el hecho de que Alfonsín perdió sus últimas plumas de demócrata y de gobernante constitucional, cuando se entregó en tres oportunidades a bandas armadas sediciosas. El democratismo barato que se enseñoreó del país desde 1983 sólo defiende a los ciudadanos que cayeron ante la dictadura militar en calidad de ‘víctimas’, no a los que lucharon contra ella. A éstos se los acusa de haber sido la causa eficiente del surgimiento de la dictadura militar. Tanta complacencia explica por qué los demócratas baratos se han congraciado tan rápidamente con los indultos y con el consuelo de que son un hecho consumado. Para asegurar la virginidad del democratismo barato, el tribunal judicial se negó a investigar las condiciones políticas que produjeron el asalto del MTP y la masacre alfonsino-militar. Se negó por eso a citar a declarar a Alfonsín, Menem, Nosiglia, Anzorregui, Seineldín y los demás. La investigación que no tuvo lugar, habría demostrado las conspiraciones y contraconspiraciones que se tramaban desde el poder y desde la oposición y que, a no dudarlo, constituyen el antecedente de la caída anticipada de Alfonsín, empujado por la desestabilización de los Bunge y Born y Citibank y por las acciones de los punteros menemistas en las barriadas afectadas por la hiperinflación. Gorriarán Merlo defendió con mucha dignidad su trayectoria política y guerrillera en su alegato final. Saldó sus cuentas morales con los fiscales y sus mandantes cuando contrapuso a Videla, Camps y Suárez Mason con Rodolfo Walsh, Haroldo Conti y Cacho Perrota; si yo hubiera sido un militar asesino, un violador de mujeres embarazadas o un ladrón de niños en cautiverio, dijo, ahora estaría libre e indultado. Pero la posición política que volvió a exponer Gorriarán, demuestra su colosal limitación para comprender al país, sus clases y sus partidos. Una década y media después, volvió a reivindicar la condición democrática y popular del gobierno de Alfonsín, que sólo lo defraudó a partir de las Pascuas del 87. Es decir que, para Gorriarán, el de Alfonsín no fue un gobierno proimperialista de la gran burguesía nativa, que sólo pudo llegar al poder luego de haber pactado con el gobierno norteamericano la desmalvinización de la política argentina, lo que ocurrió cuando en plena guerra propuso un gobierno de transición encabezado por Illia, que debía retirar las tropas de la isla. Para las famosas Pascuas, Alfonsín ya tenía varios acuerdos con el FMI en el bolsillo, lo que explica que el imperialismo lo hubiera defendido frente al levantamiento‘carapintada’. El alegato de Gorriarán está construido sobre la entelequia de la lucha de los civiles contra los militares, la misma precisamente que caracterizó al PRT-ERP desde su fundación. Porque aunque sorprenda al periodismo de moda, el PRT-ERP fundó toda su política en esa entelequia, nunca en la lucha de clases y menos en la acción histórica independiente de la clase obrera. La incapacidad del periodismo para capturar lo que estuvo en juego en el juicio contra estos dos compañeros guerrilleros, no solamente obedece al carácter empresarial, es decir, capitalista, del periodismo. También marca los límites democratizantes del llamado periodismo independiente, que se ha trazado sus propios límites contra los movimientos clasistas, revolucionarios o consecuentemente socialistas. El periodismo independiente se ve a sí mismo como la supra-conciencia democrática del país y es por eso que adquiere un carácter contrarrevolucionario, no ya frente a los movimientos auténticamente contestatarios, sino incluso ante sus símbolos o expresiones figuradas. Por eso acaba de convalidar un violento ataque a las libertades democráticas y al mismo estado de derecho.

Inmediatamente de conocida la decisión de la patronal de Buyatti de echar a un trabajador de su puesto, sus compañeros decidieron el mismo día, 2 de julio, producir un corte al ingreso de camiones a la fábrica, apoyados por su sindicato. Con el correr de las horas nos hicimos presentes en el corte compañeros de las otras aceiteras, la CGT San Lorenzo, AMSAFE San Lorenzo (adhiriendo y haciéndose presentes las compañeras de la escuela del barrio), SUTRAQYP, Camioneros, Municipales, y la solidaridad se vio reflejada aun en los camioneros que no podían ingresar a la fábrica. En el ínterin, se eligieron los delegados de dicha fábrica, resultando electo el compañero cesanteado. Al día siguiente, los piquetes se incrementaron, parando el ingreso de los camiones (tres mil por día) a todos los puertos agro-exportadores químicos y petroquímicos de todo Puerto General San Martín (entre otros, PASA —Pérez Companc—, Nidera, Terminal 6, Cargill, La Plata Cereal, Bunge, etc.). Fue lamentable la actuación que le cupo al intendente Sorrequieta (PAIS) solicitando que se “normalice la situación ya que Puerto siempre fue un pueblo trabajador y pacífico”. El día 4, a las 13 horas, la patronal de Buyatti retrocedió retomando al compañero despedido en su mismo puesto, con su antigüedad reconocida. Y ahora delegado de su sección. Los trabajadores aceiteros nos dejaron una clara señal de que cuando los trabajadores se organizan, no hay patronal privada ni estatal que no recule. Los trabajadores del cordón industrial de San Lorenzo dijeron basta a los atropellos patronales, basta a los despidos, tomemos el ejemplo aceitero.

¿Cuál es la base del ‘despegue’ exportador argentino del que se vanagloria el gobierno? “Hoy —dice el secretario de Industria, Comercio y Minería, Alieto Guadagni—, los combustibles son el principal ítem de las exportaciones (13% del total), superando a Cereales (11%) y a subproductos del Complejo Oleaginoso (10%)” (Ambito, 9/6). Las exportaciones petroleras saltaron de 120 millones de dólares, en 1990, a 2.300 millones, en 1996. Según el funcionario, en el año 2000 “el país estará exportando más de 4.500 millones de dólares de hidrocarburos líquidos y gaseosos” (ídem). 500-600 millones de gas y 4.000 de petróleo. Argentina está considerada ‘pobre’ en materia de recursos petroleros, pero está siendo explotada como Nigeria, Colombia o Indonesia. La periodista Ana Ale, de Clarín, ha demostrado que la política de exportaciones masivas de gas está dictada por los pulpos (Enron, Dow Chemical, junto a YPF y demás petroleras ‘nacionales’) para “colocar la producción sobrante antes que se les desmoronen los precios” (19/6). Es que cuando entre en operaciones la hidroeléctrica de Yacyretá, los precios del gas caerán entre 15 y 20%. Los pulpos esquilman los recursos no renovables como el gas, y retrasan deliberadamente el emprendimiento de las grandes obras hidroeléctricas (energía mucho más barata y renovable). Lo que decimos no sucede sólo con el petróleo y el gas. Otro ‘símbolo’ del ‘despegue’, la pesca, está, dice el Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero (INIDEP), “al borde del colapso”: “la sobrepesca en la plataforma marítima argentina está llegando al límite de lo sostenible ... los datos científicos determinan que una pesca sostenible (cuando lo extraído no supera la recuperación biológica del stock pesquero) debería tener un techo en 398.000 toneladas por año, y no el millón de toneladas que por derecha y por izquierda, se está capturando”. Se estima que “se está extrayendo, en forma ilegal 62% más que lo que se declara oficialmente” (Ambito, 19/6). “El negocio pesquero”, además, se “complica por el contrabando” y porque “la propia Aduana denunció penalmente el cobro indebido de reintegros fiscales por unos 880 millones de dólares”, el “calamar-gate” (y, encima, ahora estalló el escándalo con la evasión previsional de las pesqueras marplatenses). Instituciones científicas del mundo entero discuten en la actualidad una revisión (disminución) de los cálculos de las cuentas nacionales, “teniendo en cuenta la depredación de los recursos naturales” (Gazeta Mercantil, 3/6), lo que “alteraría decisivamente las cuentas nacionales, cayendo acentuadamente los índices de crecimiento del PBI” (ídem). Según un trabajo de un Centro de estudios de la Universidad de California, en el que han trabajado científicos de varios países y que fue publicado en mayo pasado en la revista Nature, esa depredación, a escala mundial, alcanza un valor de entre 30 y 50 trillones de dólares por año, esto es, entre el doble y el triple del PBI mundial (ídem).

Los trabajadores de este taller gráfico de Parque Patricios obtuvieron un aumento salarial luego de una tenaz lucha. De un reportaje a Antonio Lafuente y Héctor Fernández, miembros de la CIR, extractamos lo siguiente: “Luego de reiteradas solicitudes de aumento a la patronal, y sus rechazos, convocamos a una asamblea. En ella se votó por mayoría un quite de horas extras con dos mociones: o un aumento salarial de un 10% o un vale de comida diario de $5 si la patronal rechazaba la solicitud. Ante el rechazo, se comenzó con el quite. “Durante casi un mes se sostuvo la medida y la patronal combinó amenazas de suspensiones, de vaciamiento y de despidos con una oferta de $20 que fue rechazada por los compañeros. Ante una nueva oferta patronal de $30 se resuelve por mayoría en asamblea aceptarla”. En el balance, los entrevistados destacan la solidez de los compañeros y la firmeza de la CIR, que no se dejó doblegar por las presiones. “En el taller, los compañeros consideran que aun cuando $30 no resuelven la situación de nadie ésta es una pequeña batalla ganada”. Los compañeros, que adhirieron a la convocatoria a la Asamblea del 12 de julio en Ferro, señalaron que “para que los trabajadores tengamos otro tipo de organización que permita recuperar las conquistas avasalladas, es necesario que formemos un polo político para nosotros”.

Romero, el gobernador de Salta, ha decidido jugar una nueva carta en función de los intereses de los monopolios capitalistas, quienes han reclamado la reforma de la Constitución. “La verdad es que la primera voz pública propiciando la reforma fue de un importante núcleo empresario, pero también es cierto que la gran mayoría es afín en su concepción con el gobierno provincial” (La Gaceta, 25/6). El proyecto de reforma constitucional va a ser aprobado por insistencia en el Senado (donde el romerismo tiene 21 de los 23 miembros), cualquiera sea la suerte que corra en la cámara de diputados (donde el romerismo tiene mayoría pero no los dos tercios). El proyecto apunta a posibilitar la reelección indefinida del gobernador, y a que las elecciones de renovación legislativa se realicen cada 4 años, eliminando el sistema de renovación parcial cada dos años existente ahora. Junto con la eliminación del Tribunal de Cuentas, que será sustituido por un sistema de auditorías, tiende a reforzar en todos los terrenos el papel discrecional del Ejecutivo. Simultáneamente, se impulsa mutilar diversas normas que hacen a la autonomía municipal, apuntando a la eliminación de municipios o de sus cartas orgánicas, para otorgar mayores atribuciones de intervención. El proyecto también deroga la norma de la actual Constitución que fija un techo del 25% de los fondos disponibles para ser destinados a amortización del capital e intereses de la deuda pública. El gobierno de Romero ya acumuló, desde que asumió, deuda nueva por más de 450 millones de pesos, y ha viajado a EE.UU. a gestionar nuevos créditos del Banco Mundial. El proyecto propicia la eliminación de los artículos que aseguran el 82% y la movilidad del haber jubilatorio, y elimina también el que contemplaba la existencia del Consejo de Educación o el Banco Provincial. Finalmente, introduce un artículo que autoriza la reforma parcial de la Constitución por medio del sistema de enmiendas, lo que dará a Romero la posibilidad de producir nuevas modificaciones en forma casi directa.

Buenos Aires, 2 de julio de 1997 Pacto CGT/gobierno: un nuevo despojo a los trabajadores Adjuntamos un documento en el que nuestra asociación fija su posición respecto al pacto CGT-gobierno de mayo próximo pasado. Una característica del discurso oficial es hacer aparecer a la llamada ‘reforma laboral’ como una asignatura pendiente. Otra es insistir en el sofisma: la desocupación es consecuencia de las ‘rigideces’ del mercado laboral / la ‘flexibilización’ es la solución. Este discurso sólo pretende ocultar que la desocupación es la consecuencia natural y lógica de este modelo económico y que han fracasado todas las medidas adoptadas hasta la fecha para combatir este flagelo. Desde 1989 a la fecha, el gobierno viene produciendo una profunda, intensa y regresiva reforma de la legislación laboral argentina, habiendo creado las condiciones necesarias para la mutilación de los convenios colectivos de trabajo, tanto del sector público como privado. Basta citar la Ley Nacional de Empleo, las dos reformas al sistema de reparación de los accidentes de trabajo, la ‘flexibilización laboral’ para las Pymes, la proliferación de los contratos de trabajo ‘basura’, la reforma desprotectora de la ley de quiebras, la creación de figuras contractuales supuestamente no-laborales (pasantías, aprendizaje, becas), la reglamentación del derecho de huelga, la transferencia de 3.500 millones de dólares anuales de los trabajadores a los empleadores, por reducción de cargas sociales, etcétera. Sin embargo, durante todo este proceso la desocupación se triplicó. Ahora nos proponen más de lo mismo. Este proceso casi salvaje de desprotección de los trabajadores no podía darse sin la complicidad de un sector importante de la dirigencia sindical. Gran parte de la nueva legislación laboral fue pactada con la CGT, en el tristemente célebre “Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social” del año 1994. El “Acta de Coincidencias” del 9/5/97 sólo se propone profundizar el despojo a los trabajadores. Este nuevo “Pacto Negro” entre la CGT y el gobierno le agrega al proceso de desmantelamiento de la estructura que tutela los derechos de los trabajadores, un nuevo condimento: la hipocresía. Se dice en él que lo que se pretende es promover la estabilidad en el empleo y, por ello, se propone la derogación de modalidades contractuales que atentan contra ella. Sin embargo, se propicia la instalación de una relación contractual absolutamente precaria: la cuenta de capitalización individual o fondo de desempleo, que posibilita el despido del trabajador sin costo adicional alguno. Insistimos que la estabilidad es la madre de todos los derechos laborales. Un trabajador con una inserción precaria en la empresa siempre estará predispuesto a resignar otros derechos con tal de conservar su empleo. También se apunta, con este acuerdo, a transformar los estatutos y convenios colectivos de trabajo, de instrumentos para el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, a herramienta para su degradación, para la desprotección y la precarización laboral. La eliminación de la ultraactividad de dichos convenios —en las actuales circunstancias— es la vía idónea para ello. Por lo expuesto, la Asociación de Abogados Laboralistas denuncia, una vez más, que se está por consumar un nuevo despojo a la clase trabajadora argentina, exhortando a nuestros legisladores para que no sean cómplices de esta maniobra.

En la última edición de Prensa Obrera, en el artículo referido a las elecciones bancarias, se dice que la Comisión Gremial Interna del Banco Credicoop “adhiere al CTA”. Esto no es verdad; la Gremial del Credicoop no adhiere al CTA. La afirmación en cuestión no es la consecuencia de un error involuntario sucedido durante la composición del periódico, lo que nos llevaría a publicar una ‘fe de errata’ habitual en el medio periodístico. Por el contrario, se trata de un exabrupto político de un miembro del Comité de Redacción, lo que está siendo objeto de un debate.

Hace doscientos quince años, el 18 de mayo de 1782, en la ciudad de El Cuzco, pasó a la historia como uno de los primeros héroes-mártires de lo que parece una interminable lucha por la liberación de nuestro pueblo latinoamericano. Se trata nada más que de José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II. Murió decapitado, luego de haber sido torturado cruelmente y de tratar de descuartizarlo vivo, atado a cuatro caballos, por haber iniciado una gran rebelión. Toda su familia y sus seguidores fueron ahorcados para amedrentar a la población. Entre 1534 y 1547, los Incas habían sido conquistados por los españoles, quienes crearon con sede en Lima, el Virreinato del Perú, gobernado por un virrey nombrado por el rey de España. Desde entonces, los naturales dueños de esta tierra comenzaron a sufrir un derrotero bajo las imposiciones de los conquistadores. Estos se instalaron en las viejas ciudades indígenas y crearon otras nuevas, se repartieron las tierras y las minas de oro y plata, construyeron iglesias por todos lados y ocuparon todos los cargos de gobierno. Así, a los indígenas les iba de mal en peor, pues comenzaron a padecer de nuevas enfermedades tales como la gripe, varicela, sarampión, viruela y otras que para ellos eran mortales. Además, los conquistadores inventaron ‘leyes’ que implantaban las “reducciones”, las “encomiendas”, los “mayorazgos” y la “mita”, con lo cual legalizaban el sometimiento, el despojo, la explotación, las exigencias de más impuestos, los trabajos forzosos de los hombres en las minas de Potosí, y el de las mujeres y los niños, hasta diez horas por día, en las hilanderías de propiedad de los españoles. Por si todo esto fuera poco, se los obligó a cambiar de costumbres, se les prohibió adorar a sus dioses, destruyeron sus templos y sus imágenes religiosas, se los obligó a convertirse al cristianismo y aprender el castellano. Todo este oprobio contra el pueblo, casi durante dos siglos, fue la causa de varios alzamientos populares y de que surgieran líderes como los hermanos Catari, de Bolivia, que en 1780 dirigieron una sublevación armada, y a pesar de ser muertos ellos, sus seguidores lograron sitiar la ciudad de La Paz antes de sufrir la derrota total. Por esa época, Túpac Amaru II, que era descendiente de Inca y se desempeñaba como curaca en la zona de Tungasuca, en el sur de Perú, donde era muy respetado, decidió organizar una rebelión contra los españoles opresores, que abarcaba desde el Cuzco hasta Tucumán. Más de 20.000 indígenas marchaban armados con hondas, macanas, arcos y flechas y boleadoras. La sublevación comenzó con una proclama de Túpac Amaru, desconociendo a la corona española y sus autoridades representantes, una de las cuales, un “corregidor”, fue colgado en una plaza pública. Pronto, el ejército español fue superior en armas; lo venció y sometió a todo el pueblo a una feroz represión. Murieron más de 80.000 indígenas; de parte de los españoles, unas 40.000 bajas. No hubo otros alzamientos de importancia hasta las revoluciones de la Independencia, a comienzos del siglo siguiente. En las guerras que libraron San Martín, Bolívar, Güemes y otros patriotas latinoamericanos, invocaban el valor y ejemplo de Túpac Amaru para arengar a sus tropas. Así terminó la época de la colonia española y surgieron las actuales naciones que no gozaron de su libertad por mucho tiempo, pues hoy están sometidos a fuertes condicionamientos económicos, sociales y políticos por causa de deudas externas ilegítimas y usurarias. Reflexión En aquella época, los naturales dueños de estas tierras eran los oprimidos; el imperio era el español. Hoy, los sometidos a la esclavitud moderna somos todos los pueblos descendientes de aquéllos, más otros acogidos y hermanados; el opresor es el Imperialismo económico del Norte y sus personeros locales. La realidad es muy similar, casi igual. La historia no termina ni las ideologías están muertas. Vivimos las luchas de la resistencia al Imperialismo Yanqui. Muchas batallas se pierden y muchos compañeros caen heroicamente; pero eso no nos amedrenta ni debilita. Décadas tras décadas se producen protestas, reclamos, rebeliones y alzamientos armados en todos los países de nuestra Patria Grande. Nuestro héroe-mártir contemporáneo, Ernesto “Che” Guevara ya nos marcaba el camino de la lucha. Patria o Muerte y Venceremos eran sus consignas. Nuestra generación tiene la responsabilidad de decidir hoy si dejaremos de ser colonia antes o después del año 2000, o seguiremos siendo sometidos, flexibilizados y globalizados en colonias de modernos esclavos; y si permitiremos ser despojados de nuestras tierras patagónicas y de nuestros minerales preciosos y estratégicos. Si reconocemos y valoramos llevar aunque sea una gota de sangre de aquellos pueblos originarios y legítimos dueños de estas tierras, en su honor no vacilemos en seguir su ejemplo y luchemos por ser libres, para decidir nuestro futuro y desarrollo social, sin olvidar jamás aquel 18 de mayo.

Frente a la política del Gobierno y las patronales, que conjuran acuerdos en la pretensión de confiscarnos derechos, conquistas y salarios, con la complicidad expresa y pública de la CGT y el silencio enmascarado de la oposición trucha de la UCR y el Frepaso; delegados y trabajadores del Centro Gallego nos pronunciamos en favor de agruparnos en una Asamblea popular de alcance nacional, que unifique democráticamente criterios, programa y estrategia, para enfrentar y derrotar los objetivos de este régimen, que pretende reducir a los trabajadores a la condición de esclavos; modificando la jornada laboral de 8 a 12 horas, admitiendo contratos precarios sin aportes patronales, despidos, suspensiones, recursos de crisis truchos, remate de las obras sociales, su arancelamiento y la reducción salarial. Por todo esto, nos pronunciamos por una Asamblea Popular Nacional de trabajadores, agrupaciones y partidos que luchan contra este régimen en todos los frentes, incluido el electoral. *Nos solidarizamos especialmente con los desocupados, piqueteros y fogoneros de Cutral Co, Tartagal, Jujuy, Cruz del Eje y todo el país. *Por un subsidio de 500 pesos al desocupado sin discriminación. *No a los planes ‘Trabajar’, porque representan flexibilización encubierta y forzada. Firman: Yolanda Guitián, delegada general Lucy Irigoytía, subdelegada general Edgardo Fernández, delegado turno noche Trabajadores que reservan sus apellidos por seguridad: Nieves, Eduardo, Carlitos y Guillermo.

Estimados compañeros: Desde ya les agradecemos el espacio que nos conceden. Somos estudiantes de la UTN (Regional Buenos Aires), que desde hace aproximadamente un año y medio conformamos lo que llamamos Frente de Estudiantes. Dentro del Frente hay compañeros con militancia partidaria, como compañeros independientes con un fuerte compromiso militante. Nuestro principal inconveniente es la atomización física de los anexos, ya que en el turno noche son alrededor de once. En marzo, durante el Seminario Universitario (ingreso), tuvimos una rica experiencia con los ingresantes mediante asambleas en el turno tarde y noche, generándose una Comisión de ingresantes, que nos permitió sumar dos compañeros. Desde el año pasado sacamos La Llave, nuestro órgano de debate y difusión escrito. Este Seminario Universitario merece un capítulo aparte. Se inició en el año 1994 como un curso de ingreso de un mes, con sólo dos materias y un acelerado ritmo de cursada, realmente dificultoso para los compañeros que trabajan (ingresa el 25%, aproximadamente). Fue la musa inspiradora del CPI de Medicina, ya que copió el método. Por otro lado, en el mismo año, se produjo la modificación de los planes de estudio de Mecánica; al año siguiente, la del resto de las carreras (se pasó de 6 a 5 años). O sea, la llamada Reforma de la UBA ya se implementó hace rato en la UTN. Definimos al Frente como un espacio de coordinación y lucha contra la Ley de Educación Superior y la continua entrega de la educación a las renovadas necesidades del sistema capitalista. Consideramos de gran importancia la solidaridad activa con los conflictos que se están dando en la actualidad y, fundamentalmente, la necesidad de unificar todas las luchas como paso inicial para una acción conjunta contra este sistema hambreador y represor. En estos momentos, estamos en el difícil proceso de acumular fuerzas e informar y concientizar a los que ya se sumaron, como al resto de los compañeros. Aprovechamos este espacio para aportar una crítica a los métodos de construcción y acumulación de la izquierda (aunque reconocemos que hay sectores a los que no les interesa sumar). Tuvimos la oportunidad de tocar este tema, en su momento, con compañeros de la UJS, En Clave Roja y Mas, los cuales participaron en distinta forma (el compañero de la UJS lamentablemente dejó la facultad). Optaron en común, ni bien el Frente no compartió su política partidaria, retirarse, de buena forma, ante el oculto temor de quedarse ‘pegados’ al accionar del Frente. Por suerte, sus respectivas estructuras partidarias “consideraron” correcto o conveniente coordinar desde afuera, suponemos que hasta que el Frente crezca y defina más profundamente su política. Este es el accionar de la izquierda en todos los sectores donde actúan. En forma natural rechazan todo lo que venga de afuera e intentan imponer sus ‘recetas’ en todo lugar y momento, sin tener en cuenta las particularidades de cada lugar y momento. Algunos compañeros no analizan (ni les interesa) el grado de conciencia del entorno en que actúan, dando lugar a propuestas sin ningún eco o resultado. Tenemos que adecuar y coordinar nuestra acción, sin renunciar a nuestras ideas, a la vez que acompañamos al resto de nuestros compañeros (¡¡acompañamos y no imponemos!!) a realizar un análisis crítico y profundo de la realidad. Creemos que estas trabas se pueden evitar generando acciones o actividades concretas para romper con los cercos y poder dar un gran salto en cuanto a concientizar e impulsar la participación del resto de los compañeros. Suponemos de vital importancia la masificación y unificación de las distintas luchas y la concientización de la gente como pilares fundamentales para todo cambio social. Sería interesante la realización de documentos, boletines o informes conjuntos para distribuir entre los compañeros (como también el resto de la gente, secundarios, etc.), con el objeto de elevar la conciencia, generar debate y participación (hasta podría abaratarnos los costos). Dentro de este marco y como paso inicial proponemos un Encuentro nacional o regional de estudiantes para coordinar acciones o la realización de un plan de actividades, como por ejemplo, por los siguientes puntos: — Contra la Ley de Educación Superior. No al FOMEC. — ¿Qué Universidad tenemos? ¿Qué Universidad queremos? — Unificación y masificación de todas las luchas. Solidaridad activa. — Libertad a todos los presos políticos y basta de persecución a los luchadores sociales. Por último nuestro correo electrónico es: la_llave@hotmail.com. Gracias.

Buenos Aires, julio de 1997 Compañeros de Prensa Obrera Estaremos presentes con nuestros compañeros delegados en la Asamblea Nacional Popular, en Ferro, el próximo sábado. También queremos informar a los compañeros que el próximo miércoles 16, a las 22 horas, en Ecuador 380, Centro Cultural Fray Mocho, realizaremos la última función de nuestra obra de teatro El Manifiesto Comunista. Queremos señalar que en la difusión de la misma participó vuestra Prensa Obrera, el Semanario Propuesta y una cita en Página 12 y otra en El Radar. Alertamos que en el Instituto María Ruanova (dependiente de la Escuela Nacional de Danza) y en la Facultad de Arquitectura de la UBA nos fueron arrancados los afiches de publicidad, inmediatamente de colocados. Estamos abiertos a difundir nuestra obra en cualquier punto del país. Un saludo, grupo Morena Cantero JR.

Estimados compañeros del PO: Les envío otras líneas para el rincón poético. En el indeseable esquema del invierno tu cuerpo es esencial para mi vida, con este frío que mata y reprime el fuego como dictador ministro de la democracia. Necesito la bufanda de tu amor fogonero que incendie la paralizante escarcha, para que no se me estanque en la sangre el veneno de la cama vacía/rama pelada. No sos vos lo que sueño; pero sos lo más parecido; aguardiente o licor que calienta ... y me da lo mismo. Porque no es lujo lo que pretendo sino, la distensión de una sábana encendida. Sí, el invierno tortura y obliga al olvido de la exquisitez por la supervivencia. Yo no soy —lo sé— el puerto de tu destino pero podemos alentarnos en mutua fogata hasta que estalle el verano con la libertad buscada.

El viernes 4, los estudiantes del colegio, junto a la cooperadora y algunos docentes, realizamos una sentada en la puerta del colegio, para reclamar la colocación inmediata de estufas en todas las divisiones. La sentada contó con la concurrencia de unos 300 estudiantes y se prolongó hasta la llegada del turno tarde, el cual se quedó en la sentada y no entró a clase. Desde que comenzó el invierno hemos lanzado una campaña mediante reuniones y cartas a la dirección del colegio, y a las autoridades municipales, por este reclamo. En las reuniones se nos respondió que debido a que la instalación de gas del colegio estaba rota y no se podían conectar las estufas, Plan Social (grupo de la municipalidad que se encarga de las refacciones de los colegios) nos ofreció implantar un sistema de calefacción para fines de setiembre, a un costo de $65.000 sobre los fondos que el colegio tiene asignados. Esta respuesta provocó indignación, porque la instalación de gas se encuentra en condiciones, como lo prueban las estufas con que cuentan las autoridades del colegio. A esto se le suma que la cooperadora elevó un presupuesto de $15.000, para una instalación en apenas 2 semanas. La Municipalidad se niega a liberar los fondos en base a ese presupuesto y pretende montar un negociado. Por todo esto, desde el Centro de Estudiantes hemos lanzado una jornada de lucha para el lunes 7, con una asamblea a las 8 hs., con suspensión de las clases, vamos a seguir toda la semana.