Prensa Obrera N° 540

Las agrupaciones abajo firmantes hemos formado una lista provincial en común frente a las elecciones del SUTEBA y suscribimos el programa que exponemos a continuación. Reconocemos como referencia y marco político, el llamamiento y el programa aprobado por los partidos convocantes al acto de este último 1º de Mayo en Plaza de Mayo, cuyo contenido compartimos y hacemos nuestro como parte integrante de la siguiente plataforma: 1) Derogación de la Ley Federal de Educación. Anulación de todas las medidas tomadas en su aplicación (8º grado, cambio de planes de estudio, traspaso de escuelas, etc.). Defensa de la educación laica, gratuita, científica y obligatoria. Por una educación bajo dirección y control de los trabajadores, docentes y estudiantes. 2) Salario básico de 700 pesos. Nomenclador único nacional. Incorporación del presentismo, adicionales y sumas fijas al básico. 3) Mayor presupuesto educacional financiado mediante el cese del pago de la deuda externa y un impuesto a los grandes capitales. 4) Por la más irrestricta democracia sindical. Fuera el Estatuto antidemocrático del SUTEBA. Por asambleas y un plenario provincial de representantes de afiliados y no afiliados con mandato de base para votar, organizar y dirigir un plan de lucha nacional y provincial para imponer nuestros reclamos. 5) Unidad con los trabajadores en lucha. 6) Por la independencia política de los trabajadores frente a los partidos del sistema, el PJ y la oposición cómplice de la UCR y el Frepaso. 7) Fuera Menem, Duhalde y los planes del Banco Mundial y el FMI. Por una nueva conducción comprometida con este programa que lleve la lucha docente a la victoria. Denunciamos la política de derrota de la burocracia Celeste, que dejó aislada las luchas docentes, en particular la heroica huelga neuquina, y su complicidad con el gobierno y la aplicación de la reforma educativa. La actitud y la política de la dirigencia Celeste se inscribe en la de la CTA de De Gennaro y Maffei, que se niega, al igual que lo hacen la CGT y el MTA, a impulsar el plan de lucha que necesitamos para enfrentar y derrotar al gobierno de Menem-Duhalde y el FMI y su plan.

Una movilización de jubilados, pensionados y desocupados que cortó el Puente La Noria en la mañana del lunes 12 de mayo fue brutalmente reprimida por la policía, que detuvo a Raúl Castells, del Movimiento Independiente de jubilados, y a otros dos jubilados, Barrionuevo y Santillán. Una parte de la concentración se desplazó a la Comisaría 52 y luego de una prolongada espera logró la libertad de los detenidos. Los jubilados reclamaban la restitución de las bolsas de alimentos del Plan Asoma, que les fueron quitadas y con la, que comían 800 personas, y un haber mínimo para jubilados y pensionados de 450 pesos.

La cámara patronal del pescado ha salido a detallar el fuerte desarrollo de la actividad en el ámbito del puerto y la ciudad de Mar del Plata. La contundencia de las cifras en materia de aumento de los volúmenes de captura y procesamiento (130% en los últimos 10 años), reequipamiento y adquisición de nuevos buques, y de absorción de mano de obra especializada, confirma lo señalado hace tiempo por Prensa Obrera (Nº 528, 20/2). Ha quedado desmentida la existencia de una crisis industrial, agitada por la burocracia menemista del SOIP para disuadir a los obreros de sus reclamos, y por Ernesto Goldemau y Esteban Lucero, secretarios políticos del Frente Grande y el Pcr, respectivamente, con la finalidad interesada de mostrar a una burguesía ‘golpeada’ por la política oficial. El giro de 180 grados de la cámara patronal en la presentación de la situación, no afecta, sin embargo, su estrategia política de reclamar subsidios y reembolsos para las exportaciones, ahora con el argumento de que la industria pesquera funciona como una locomotora de desarrollo que tiende a superar la desocupación zonal. Pero los nuevos datos dejan al descubierto a la cámara patronal frente a los obreros, cansados de miseria salarial y precarias condiciones de empleo. El activismo se está reorganizando en torno de la Unidad Obrera del Pescado, la lista combativa Celeste, que levanta tres consignas: 1) Defensa del convenio colectivo del ‘75; 2) actualización de los básicos de convenios; 3) cese del trabajo en negro y el fraude salarial. A través de asambleas, reuniones y la firma masiva del pliego de reivindicaciones, vamos a movilizar al gremio hasta la huelga, para imponerle a la patronal pesquera la discusión del aumento salarial. inexistente, algo que los compañeros de Atlántida conocen muy bien y que transmitieron a todos los presentes. De igual modo se expresaron los compañeros del INTA y el Posadas, que luchan permanentemente contra la ‘reestructuración’ (despidos) y la ‘autogestión’ (recorte presupuestario). El acto demostró, una vez más, que en el plenario se concentra lo mejor de la vanguardia obrera de la zona, y que está para dar un gran salto organizativo para todos los trabajadores de la Zona Oeste. Tal como lo manifestaron sus oradores, “la convocatoria a un acto de estas características, hoy, en este día, es un gran éxito político, porque no hay nadie entre las organizaciones tradicionales que haya convocado a hacer un verdadero acto obrero”. Por lo tanto “no tan sólo significa, sino que demuestra que los trabajadores, cuando nos ponemos, podemos hacer cosas; así es como se han logrado las grandes conquistas”.

Patria Libre desertó tempranamente de la propuesta de un frente único ni bien se conoció el rechazo de la Azul y Blanca (Ptp, Unidad Socialista, sectores peronistas) a hacer una alianza con la izquierda (ver artículo principal). Patria Libre pretende adoptar una posición equidistante de las listas ‘opositoras’ y al parecer se abstendria de apoyar a una u otra, pero este ‘justo medio’ no añade fuerzas, sino que las quita, para derrotar a la burocracia de Maffei-Yasky. Patria Libre se encuentra atada al Ptp por medio de un agudo nacionalismo burgués, y esta consideración ‘ideológica’ ha primado, evidentemente, en la negativa de venir a la Rosa. El PC hizo abandono de la lista por un motivo vergonzoso. Se negó a incluir en la declaración constitutiva una denuncia a la conducción de la CTA, en la que milita la burocracia celeste. La contradicción salta a la vista. El PC se esforzó por separar políticamente a la Maffei de De Gennaro, sin reparar que, en el mejor de los casos, De Gennaro es un encubridor de la Maffei y un vigoroso defensor del ‘financiamiento educativo’ y del subsidio de empleo para los capitalistas. El PC no pudo ‘absorber’ esta diferencia en nombre de la unidad de la Rosa, lo que habla mucho del grado de su compromiso, no con la creación de una ‘central alternativa’, sino con la burocracia frenadora de la CTA. Por último, el Mas consideró un problema de principios la inclusión de una crítica a la CTA, pero cuando así se hizo, igualmente se retiró, esta vez porque no se denunciaba la traición de la huelga de Neuquén, pero sin destacar que el Mas forma parte de la comisión directiva y que fue políticamente solidario con ella hasta el último minuto previo.

• Con el 10% a las empresas petroleras alcanza para 40.000 seguros de desempleados de 500 pesos cada uno. (Las empresas petroleras se llevan DOS MIL QUINIENTOS MILLONES de pesos por año y después dejan los pueblos a la deriva como Cutral Co-Plaza y Tartagal en Salta). • Eximición del pago de luz, gas, tasas y servicios municipales y provinciales. • Bolsas de comida, 4 bonos de gas por mes, frazadas y colchones sin favoritismo partidario. • Boleto Libre para que los desocupados podamos transitar. Para qué haya más cupos • Que el 5% que el art. 9 de la Ley 2128 “pide” voluntariamente a los funcionarios (Gobernador; Vicegobernador; Intendente; diputados; concejales; ministros; etc.) sea puesto en forma obligatoria. • Que se pase a PLANTA PERMANENTE a los inscriptos que trabajan como municipales en las escuelas y en el hospital. Sumate a la construcción del Sindicato de Desocupados

Los medios de comunicación se sorprendieron al conocer la condena a los barrabravas de Boca por el asesinato de los hinchas de River. La sorpresa, sin embargo, debiera ser que hayan quedado impunes sus mentores. Estas bandas son en realidad ‘grupos de tareas’ de los dirigentes de fútbol. Esta es la razón por la que Marcelo Parrilli, abogado de las familias de los asesinados, rechazó el argumento de que Barritta hubiera extorsionado a Alegre y Heller; “en realidad fueron cómplices porque siempre lo apañaron” (Clarín, 18/5). Según un informe de Inteligencia de la Policía Federal, aparecido en Clarín, “La Fundación Número 12 que funcionó entre abril de 1991 y febrero de 1994 y que careció de personería jurídica, recaudó 3,5 millones de dólares” (ídem). Esta cifra sólo pudo ser alcanzada con la venia de los dirigentes que permitieron su funcionamiento. Indudablemente, lo hicieron porque ellos se llevan infinitamente más. Los fabulosos negocios de las transferencias de jugadores, publicidad y televisación, hacen más que apetecibles los sillones de estas ‘entidades sin fines de lucro’ . De ahí que, en pos de éstas, los dirigentes no duden en constituir estas bandas a su servicio para imponerse a sus fracciones rivales, ganar asambleas o garantizar el aliento a sus equipos y los jugadores que éstos compran. No viven sólo de fútbol El accionar de estas bandas es requerido también por dirigentes políticos y burócratas sindicales. No llama la atención, entonces, que Cafiero haya dicho, al conocer las condenas, que “las penas son excesivas” (Página 12, 18/5). Los barrabravas son convocados para los actos de los partidos patronales y para imponerse en las disputas partidarias. Sus grescas son memorables, como la que se produjo en La Matanza entre las barras de Laferrere y Almirante Brown, representando a pierristas y mercuristas. El accionar de sectores del poder político se evidencia también en el proceso de detención de los barrabravas. El abogado de los familiares denunció que éstos “fueron aconsejados por un hombre influyente” de Lomas de Zamora, quién “movió todos los hilos. Entre otras cosas fue el que pactó la entrega de Barritta, que se hizo en un juzgado de Lomas de Zamora” (Clarín, 18/5). Parrilli anunció que va a hacer una denuncia por encubrimiento contra este personaje, señalando en declaraciones radiales que el mismo sólo puede actuar como abogado, sin serlo, con la anuencia de funcionarios y policías de la provincia de Buenos Aires. Por último, es la burocracia sindical la que más recurre a los servicios de estas bandas. Lorenzo Miguel usa la de Nueva Chicago y Luis Barrionuevo a la de Chacarita, aunque ésta ha actuado al servicio de otros burócratas. Los explotadores y sus agentes dentro del movimiento obrero, la burocracia sindical, chocan con la lucha de los trabajadores. Las barrasbravas son sus ‘grupos de tareas’. Al igual que con los otros, hay que imponer la cárcel y perpetua para todos los culpables.

La declaración de la Pastoral Social, que saluda el ‘acuerdo laboral’ entre la burocracia de la CGT y el gobierno menemista, apunta más lejos que a un apoyo a la reducción de los salarios y la flexibilidad laboral. El clero, en el texto del pronunciamiento, se empeña en oponer lo que llama el "acercamiento" entre las partes del "conflicto social", a las manifestaciones de lucha recientes, en clara alusión a Cutral Co-Plaza Huincul, Tartagal-Mosconi y San Lorenzo-Rosario. No le importa que el ‘acercamiento’ signifique la pérdida de conquistas laborales históricas, mientras que el ‘conflicto’ obligó al gobierno a contemplar una parte de los reclamos de los desocupados. El obispo de Orán jugó un papel central en el desmontaje de los cortes de ruta en Salta y en el sacrificio consiguiente de gran parte de las reivindicaciones de los compañeros desocupados. En consonancia con el planteo firmado por Primatesta, las grandes patronales comenzaron a modificar sus críticas contra lo que habían bautizado de ‘pacto negro’. Ahora caracterizan el acuerdo CGT-Menem como "un paso adelante". El cambio de opinión de la patronal no lo provocó ninguna modificación en los términos del ‘acuerdo laboral’, sino la compartida percepción con el clero de que había que buscar el ‘acercamiento’ para desmantelar las puebladas provinciales. También el Banco Mundial anunció su apoyo al ‘pacto negro’, asegurando que constituye un avance en el encarecimiento de la salud y en la privatización de las obras sociales. El desmontaje de las puebladas se ha convertido en la preocupación estratégica de los capitalistas y de sus agentes. Por eso Terragno y el ‘Cavallo’ Alvarez dedican el espacio principal de sus campañas electorales a pregonar la necesidad de crear "trabajos comunitarios", que no son otra cosa que un horrible plagio del ‘plan Trabajar’ del menemismo o de los ‘contratos precarios’ que reclama el Banco Mundial, pero aplicados a la obra pública. La misma receta reclama la CTA, aunque desde mucho antes que ahora: subsidios a los capitalistas que ofrezcan ‘contratos precarios’ a los desocupados. La dirección de la CTA se ha opuesto con reiteración al seguro al desocupado, de 400 pesos, ni hablar de que los fondos de la deuda externa se apliquen a la creación de trabajo en lugar de dilapidarlos con los banqueros acreedores. Hay que remarcar que ese seguro ya aparece como reivindicación en todas las puebladas. El planteo de la Pastoral ha oficializado la estrategia de toda la burguesía para contener la posibilidad de nuevas puebladas y para aislar las que no pueda evitar. O para contener y derrotar a las grandes luchas en la industria, como Atlántida, como Fiat, como Celulosa, como las fábricas del pescado en Mar del Plata, como Ford, Siderca o las metalúrgicas de Tierra del Fuego. Se impone la evidencia:"Un fantasma recorre el mundo", al menos en Argentina. La clase obrera necesita formular su propia estrategia. Sindicalizar masivamente a los desocupados, en forma autónoma, para luchar nacionalmente por los 400 pesos de seguro. Establecer las interfabriles en todas las concentraciones industriales para luchar en forma conjunta contra la ‘reforma’ y ‘flexibilidad laborales’, para repartir las horas de trabajo cuando la patronal quiere despedir, para comenzar una campaña por un aumento masivo de los salarios, para defender a los activistas y delegados sometidos a persecución ‘penal’. Lanzar una campaña por un fondo nacional de huelga, que prepare las luchas mediante la promoción de la solidaridad obrera a nivel nacional e internacional. Hay que exigir a todos los sindicatos, no importa cuán traidores sean sus dirigentes, que se convoquen plenarios de delegados y asambleas para impulsar pliegos reivindicativos de conjunto y la defensa de los trabajadores en lucha. Este programa de acción emerge como una conclusión clara de todas las últimas luchas. La conclusión más general se refiere a la necesidad de la completa independencia de los trabajadores, con referencia a los partidos llamados populares, que mal disimulan su condición de instrumentos del capitalismo. Pero es precisamente la necesidad de esta independencia de clase la que exige que los obreros intervengamos en las próximas elecciones, con una plataforma y una organización propias. Ceder el terreno de la lucha electoral por la conquista de la masa de la opinión pública de los trabajadores, a los partidos patronales, constituye una concesión de características estratégicas al enemigo de clase. La desconfianza de los trabajadores a la manipulación política que caracteriza a los procesos electorales, debe ser superada por la lucha franca contra los partidos patronales que los manipulan. La clase obrera debe organizarse para desenmascarar la mentira de la democracia capitalista y de sus partidos, una labor necesaria para potenciar el conjunto de las luchas populares. Con la finalidad de impulsar una política de conjunto de los trabajadores ante la situación excepcional que vive el país, el Partido Obrero convoca a organizar una Asamblea Nacional de todas las organizaciones que luchan, sean partidistas o no partidistas.

En Ensenada se constituyó el Frente de Unidad Docente lista Verde-Rosa, integrado por activistas independientes, del Frepaso y de Tribuna Docente. Ambas listas habían presentado mociones conjuntas en la Asamblea General de la seccional, proponiendo la elección de una junta electoral representativa de todas las corrientes del distrito; el rechazo a la "memoria" (política gremial) presentada por la conducción provincial Celeste, y la moción a favor de una campaña por el paro general por tiempo indeterminado para ser llevada al Congreso Provincial del Suteba. Todo esto fue rechazado por la conducción seccional Azul y Blanca, y especialmente por los militantes del Ptp. La Verde eliminó a los elementos pro-Celeste de su seno y ratificó un acuerdo programático con Tribuna Docente. Acuerdo programático El frente distribuyó masivamente su propuesta de plataforma, llamando a "poner en pie al gremio contra la miseria salarial, la pérdida de innumerables conquistas y para terminar con el caos que está provocando la aplicación de la ‘reforma’ de Menem y Duhalde en la Provincia de Buenos Aires" ("Carta Abierta a los docentes"). Además, el Frente se "compromete a impulsar un Congreso Provincial de Delegados de Escuela, elegidos y mandatados por la Asamblea y con la participación de afiliados y no afiliados (mayoría en la Provincia y el distrito) para reclamar un plan de lucha basado en el paro general hasta arrancar un salario básico de 700 pesos y la anulación de la reforma anti-educativa de Menem-Duhalde y Duhalde-Giannettassio". Distinta fue la actitud de la Azul y Blanca, con relación a un frente común, pues se negó a hacer pública su propuesta de programa e invirtió infructuosamente su tiempo en maniobras y conspiraciones para romper el Frente Verde-Rosa, saboteando la posibilidad de un acuerdo de las tres listas. Adónde va la Azul y Blanca La Azul y Blanca se opuso, en las discusiones, a denunciar la política antiobrera de Duhalde —con el pretexto que el enemigo es Menem—, cuando es precisamente el gobierno de Duhalde el que hambrea a los docentes bonaerenses y aplica la ‘reforma’ menemista en Buenos Aires. La Azul y Blanca también se opuso a denunciar la "injerencia confesional en la función educativa", como sí lo hizo el Frente Verde-Rosa. La Azul y Blanca incluso califica a la conducción provincial Celeste de "oposición al menemismo". Campaña Verde-Rosa En el mes y medio de campaña, el Frente va a montar una intensa campaña de propaganda y organización para conquistar la dirección del Suteba Ensenada. Entre los puntos principales de su programa, figura la defensa de la educación laica, gratuita y estatal; la triplicación del presupuesto educacional financiado por el Estado sobre la base del cese del pago de la deuda externa e imponer impuestos directos a los grandes empresarios; la lucha hasta la derogación de las leyes provincial y nacional de educación, contra la privatización de la enseñanza, por el salario básico de 700 pesos, la defensa del 82% de los haberes jubilatorios y la estabilidad laboral, por un Congreso de Bases de la CTERA, Suteba y los sindicatos docentes; rechazo a los artículos proscriptivos del estatuto de la CTERA y Suteba, y por una dirección de los trabajadores para pelear contra Menem, Duhalde y los gobiernos provinciales, y para reorganizar la educación al servicio del pueblo trabajador.

Con la impunidad que seguramente les otorga pertenecer a los aparatos de las fuerzas represivas y del gobierno, el miércoles 14 a la noche un grupo atentó dos veces con escasas horas de diferencia contra el local gremial de ATE en Cutral Co, donde también funciona la comisión que investiga la represión y recoge testimonios de los seguimientos, amenazas y hostigamiento contra la juventud en las barriadas. Primero rociaron el local con combustible, lo que fue advertido por compañeros que estaban en el interior del local y tuvieron que huir. Pero a pesar de haberse realizado en forma inmediata la denuncia policial, esa misma madrugada colocaron un aparato incendiario, que no causó mayores daños porque lo impidió la intervención de los vecinos. También dejaron un mensaje dirigido con nombre y apellido contra dos compañeros, diciendo que se “dejen de joder”. Esto delata la procedencia de los autores, porque ¿quiénes se pueden sentir ‘jodidos’ con la Investigación del crimen de Teresa Rodríguez, sino el gobierno y la policía? El ‘episodio’ debe comprenderse en un marco más general. Aun no han sido cerrados los procesos judiciales contra los compañeros detenidos durante la represión de Gendarmería y la policía. Esto hace evidente la firme intención del sapagismo de utilizar a dichos procesados como rehenes de una maniobra de chantaje.

La privatización de Racing fue postergada a raíz de un escándalo de proporciones, en la asamblea de representantes que debía tratarla. Junto a hinchas descontentos, aparecieron personajes de la barrabrava y resultó herido un vocal de la comisión directiva y periodista del club. “Nuevos Clubes Argentinos” (NCA), la empresa que formalizaría el acuerdo con Racing, se retiró momentáneamente de las tratativas. El Convenio de Préstamo, Financiamiento y Comercialización, tal el pomposo título del contrato, le otorga a NCA amplios poderes durante 5 años (con derecho a otros 5) para manejar discrecionalmente los ingresos por cuotas societarias, la televisación de partidos, la publicidad estática y la venta de jugadores. La contrapartida de estas concesiones es un aporte de 20 millones de dólares para cubrir el déficit actual del club y un préstamo de 7,5 millones por año para su presupuesto. La ‘gentileza’ de NCA es remunerada suculentamente con tasas anuales que van desde el 6%, por los 7,5 millones; 12 %, si va de 7,5 a 15, y 15%, si supera este monto. Bancarrota Racing llega a este convenio con un pasivo de 20 millones de dólares, entre los que hay 12 millones de inmediata ejecución. Este es el corolario de una gestión que se presentó como encargada de barrer la corrupción y sanear las finanzas del club. Osvaldo Otero, su presidente, desplazó a la anterior conducción de De Stéfano, ex burócrata de la UOM y famoso por sus antecedentes matoniles dentro del aparato justicialista, en medio de graves acusaciones sobre sus manejos. De Stéfano fue expulsado del club, acusado entre otras cosas de malversación de fondos, que dejaba una deuda de 20 millones de dólares. La deuda bajó luego a 12 millones de dólares por el aporte de diversos empresarios, pero ha trepado nuevamente: voceros de la oposición dicen que se eleva en realidad a 30 millones de dólares. El ‘enroque’ de Otero Otero proviene del radicalismo. Asumió la conducción del club junto a Daniel Lalín, empresario, ex-funcionario de Grosso. Hoy, Otero y Lalín están enfrentados, luego que Otero se alió con De Stéfano, convocado para apurar el contrato con NCA. Atrás quedaron los tiempos en que De Stéfano dijo “mientras viva, Otero no será presidente porque es de la Coordinadora”, u “Otero es un ser despreciable que ya le vendió el alma al diablo”. Y las réplicas “De Stéfano no es capaz de manejar una calesita”, o “Jamás me reuniría con él” (Clarín, 7/5). Aunque critica los términos de la privatización, Lalín la apoya, porque como dice “la propuse yo”, y porque “cobraría los 5 millones que le presté a Racing desde el 95” (ídem). Reclama que los inmuebles queden fuera del convenio y que Racing pueda salir de él en cualquier momento. Como se puede apreciar, salvo los simpatizantes y socios, que son los convidados de piedra, todos están a favor de este convenio, que liquida los restos de la otrora ‘entidad sin fines de lucro’ . Racing y Cía. En una costosa solicitada, NCA manifiesta que se retira por el momento de las tratativas con Racing, pero además informa que brinda un “servicio deportivo” a una serie de entidades, entre las que se encuentran San Lorenzo de Almagro y All Boys. NCA tiene representantes del Banco Patricios y se ocupa de atender a la Asociación Bancaria. La injerencia de las empresas capitalistas en la gestión de clubes de fútbol profesional termina con la ficción de las denominadas entidades deportivas. Los clubes son un negocio que ya tiene expresiones claramente financieras, como la cotización de Boca en la Bolsa o la salida de la tarjeta de River. Pero el negocio más lucrativo es la transferencia de jugadores, donde se mueve dinero de dudoso origen. Este mercado se maneja con independencia de los resultados deportivos. Macri señaló que la temporada de Boca fue buena, contando los billetes que se embolsó entre la compra y la venta de jugadores revalorizados, luego de pasar por la ‘vidriera’ del club. En una nota, en Clarín, se pone de manifiesto que Colón, el equipo que marcha puntero del campeonato, tiene un plantel que vale menos de la mitad que el de Boca, que está decimoquinto. La privatización de los clubes es presentada como una tabla de salvación, luego del fracaso de la publicidad en los estadios, el PRODE, la televisión, la publicidad en las camisetas y la multiplicación hasta lo imposible de todo tipo de torneos. La crisis en el fútbol sigue como una sombra la crisis del capitalismo.

"El representante del Banco Mundial en la Argentina, Patricio Millán, sostuvo ayer que el plan de reconversión de las obras sociales marcha en forma satisfactoria y las condiciones planteadas por el organismo internacional se están cumpliendo o por cumplirse en las próximas dos semanas" (El Cronista, 13/5). Al día siguiente anunció que "una delegación del Banco Mundial estuvo en el país la semana pasada y se fue con una evaluación positiva del proceso de desregulación de las obras sociales. Por eso recomendó al directorio del organismo internacional que se libere el segundo tramo del crédito para salud por un total de 100 millones de dólares. La mitad lo recibirán 70 obras sociales y el resto el PAMI" (Clarín, 14/5). Todo esto vuelve a ratificar lo que venimos sosteniendo en Prensa Obrera: la burocracia sindical está metida a fondo en la modificación del sistema de salud de las obras sociales en total acuerdo con el Banco Mundial y en alianza con la medicina privada. A tal punto que el personero Millán dijo que el acuerdo firmado por el gobierno con la CGT "sigue los lineamientos del Banco Mundial en materia de salud, donde los avances son formidables" (Clarín, 14/5). Ya suscribieron el acuerdo 70 sindicatos, entre ellos la UOM, construcción, gráficos, periodistas, alimentación, docentes —o sea, todas las fracciones de la burocracia sindical. Y no son más porque para entrar en el plan del Banco Mundial la obra social tiene que tener como mínimo 10.000 afiliados, y más de 150 obras sociales no llegan a ese mínimo. El plan del Banco Mundial No es que el Banco Mundial no esté a fondo por la privatización de la salud y la liquidación de las obras sociales, pero considera que la privatización de las obras sociales debe pasar por una etapa previa de ‘reconversión’ que las adapte al mercado, porque de lo contrario todo el sistema de salud entraría en colapso. Si se decretara de hoy para mañana el ingreso de la medicina privada en el sistema de obras sociales, más de la mitad de la población se quedaría sin cobertura. Primero, porque la medicina privada no tiene la estructura médica suficiente para atender a la población. Segundo, porque las prepagas o las clínicas privadas captarían a los trabajadores de altos sueldos —directivos, jefes, supervisores, empleados de jerarquía—, con lo cual dejaría a las obras sociales automáticamente sin financiamiento. "Para que ingresen las prepagas debería estar más avanzada la desregulación de las obras sociales", dijo el representante del Banco Mundial (Clarín, 14/5). ¿Qué significa esto? 1) Que las obras sociales dejen de dar una cobertura universal e integral y que entre en funcionamiento el PMO (Programa Médico Obligatorio), la cobertura mínima. El costo de esta atención médica elemental es de 15 pesos por persona por mes, lo que coincide con el actual aporte que financiaría el sistema. Esto permitirá pasar a una segunda etapa, "en la que los trabajadores cuyos aportes superan el costo del PMO de su grupo familiar accederían a prestaciones médicas superiores. Habría así un segmento de cobertura médica básica igual al PMO y otro diferenciado de acuerdo con el salario de cada familia" (Clarín, 3/5). De este modo, la salud se abre aún más al negocio capitalista, con planes básicos, de tercera, de segunda y de primera, de acuerdo al precio que pueda pagar la población trabajadora. Se trata de un verdadero despilfarro que llevará a un encarecimiento de la salud y de los gastos en salud. Esto ya se ve en el dinero que prepagas y obras sociales están gastando en publicidad y promotores, pagados por los trabajadores con sus aportes. El grueso de los trabajadores pasaría a tener una medicina de tercera y los que ganan un poco más una medicina de segunda. Mientras, las patronales seguirán con los planes de lujo de la medicina privada. 2) Que se achique el número de obras sociales y se alíen con las prepagas. Este proceso está en marcha y por eso Clarín reconoce que "aunque los sindicatos no quieren que la medicina privada pueda actuar como obra social, lo cierto que en salud ambos trabajan juntos... Con la desregulación, se ampliaron las alianzas de las obras sociales con las prepagas" (3/5). Pruebas al canto. Algunas prepagas compraron varias obras sociales. Docthos, del grupo Roberts, se quedó con OSDO, y el grupo Exxel con la obra social Witcel. Bancarios le dio el gerenciamiento de la obra social a la consultora privada Coopers & Lybrandt y OSPLAD a Thornton. TIM y Medicien se metieron en la obra social de organismos de control externos. El sindicato de seguros también cerró trato con Docthos. "Staff Médico en la menemista UPCN y Medicus en ASIMRA (supervisores metalúrgicos) son los casos más claros de irrupción privada en el esquema solidario" (Página 12, 10/5). Duhalde tampoco se quedó atrás y lanzó Provincia Salud, en acuerdo con un fondo de inversión administrado por el Chase Manhattan Bank (Clarín, 11/5). "Para no empezar de cero cerraron un acuerdo con la Mutual de Empleados del Provincia, que aportará 70.000 afiliados y tienen el gerenciamiento de la Obra social de Empresarios Pequeños y Medianos (Osdepym), una entidad con 15.000 cápitas". Lo que Clarín no dice es que Provincia Salud dirigirá IOMA, la obra social de empleados públicos provinciales. Por ese motivo, Página 12 reconoce que "para estas empresas, ahora el interés en la apertura del mercado es menos relevante porque ya están adentro de la competencia por los afiliados de otras entidades sindicales". El objetivo del Banco Mundial es que este proceso de alianzas con las prepagas madure durante todo el año 1998 y ya en 1999 desaparezca el sistema de obras sociales por uno enteramente privatizado. Mientras tanto, este año el gobierno, con el acuerdo de la CGT, se comprometió con el Banco Mundial a permitir que la medicina privada actúe como obra social del personal de dirección. Programa Está en juego la defensa de la salud de los trabajadores. Por eso el PO propone el siguiente programa de acción: 1) Abajo el PMO. Por la defensa de la cobertura médica integral y universal, sin carencias ni exclusiones, sobre la base de una infraestructura moderna y adecuada y sin planes diferenciados en función del sueldo. Igual salud para todos. 2) Abajo la arancelización de los hospitales. Fuera la autogestión y el autofinanciamiento. Triplicación del presupuesto de salud. 3) Abajo el plan del Banco Mundial. 4) Fuera la burocracia de las obras sociales. Control obrero de las obras sociales. 5) Expropiación de todos los recursos de salud en manos de pulpos privados, sanatoriales y farmacéuticos y su puesta en funcionamiento al servicio de un plan nacional único y gratuito de salud, bajo control y administración de los trabajadores.

La huelga de Atlántida desenmascaró a Duhalde, cuyo Ministerio de Trabajo ‘sentó a las partes’, pero se negó a declarar a los despidos un conflicto colectivo. Se lavó las manos en su función ‘mediadora’ y de ‘arbitraje’ y, de esta forma, pasó al archivo el expediente. Esta fue la segunda intervención directa de Duhalde en el conflicto; la primera fue cuando envió mil efectivos de la policía a desalojar a los trabajadores. El sindicato gráfico, por su parte, reforzó su política de carnereaje al extremo de que se negó a concurrir al Ministerio y salió a informar al gremio que el conflicto había terminado, para cortar la solidaridad de los talleres gráficos con Atlántida y el reclamo de plenario de delegados y plan de lucha (ver nota). La confluencia patronal, del sindicato y del Estado se explica por el objetivo común de derrotar la huelga, cuando ya corren 70 días de lucha de Atlántida. A esta política, una nueva asamblea de los huelguistas le respondió llamando a reforzar el fondo de huelga y a redoblar el trabajo para romper el aislamiento. Un compañero viajó a Brasil con motivo de un acto de Cochrane de Jundai (San Pablo, Brasil) y en el marco de una campaña de solidaridad con la lucha. Otra delegación devolvió dos visitas anteriores de Fiat a Atlántida para participar, en Córdoba, de asambleas obreras, reuniones de delegados y activistas, y plantear en Fiat, Ciadea y Gráficos, la propuesta de una asamblea nacional de organizaciones obreras partidistas y no partidistas, como vía para superar el aislamiento al que nos están sometiendo la CGT, el MTA y la CTA.

El calvario de Cruz del Eje comenzó en 1976, cuando 800 trabajadores quedaron en la calle por el cierre de los talleres ferroviarios; de allí en más, todo fue cuesta abajo. El 43% de la población activa de Cruz del Eje no tiene trabajo fijo; en las ollas populares “llegaron a comer 4.100 personas, nada menos que el 20% de la población de esta ciudad del norte cordobés” (La Voz del Interior, 15/5). Ahora, en lugar de ollas, el gobierno reparte paquetes de comida deshidratada, aunque “esos alimentos carecen del sustento que tenían las ollas populares” (ídem). Esta situación ha llevado a varias movilizaciones en la zona, en las que ha tenido una activa participación la Coordinadora de Desocupados de Cruz del Eje. Una multisectorial formada por todos los gremios, la Coordinadora y la cámara que agrupa a los comerciantes, acaban de convocar a un paro para el 27 y a una asamblea en la ruta nacional 38, donde se resolverá el plan a seguir, “no existiendo una pauta previa ya que lo que se quiere es que el mismo pueblo defina qué es lo que quiere hacer”, declaró Sergio Avila, dirigente de la Coordinadora a La Voz del Interior.

Ya suman más de cinco mil los ‘visitantes’ de la ‘página’ de Prensa Obrera en Internet. Para ser más exactos, 5.043 hasta el sábado 3 de mayo. Esto significa un promedio de 600 ‘visitas’ mensuales, desde que nuestra ‘página’ comenzó a funcionar hace ocho meses. Según nuestros registros, alrededor de 80 de esos ‘visitantes’ realizan una copia integral de nuestro periódico todas las semanas. Las copias que se obtuvieron de determinados artículos —como los referidos a nuestro VIIIº Congreso— superan las 150. El ‘libro de visitas’ de nuestra ‘página’ —en el cual nuestros ‘visitantes’ pueden dejar sus opiniones, sugerencias y críticas— registra mensajes de lugares tan distantes como México, Brasil, Italia, Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Suecia, Perú, Costa Rica, España y Chile. Además, claro, de decenas de mensajes de la Argentina. La ‘página’ de Prensa Obrera funciona como un verdadero ‘local electrónico’. En ella se puede consultar la prensa (desde el número 500) y la revista En Defensa del Marxismo, obtener copias de sus artículos, utilizar la herramienta de búsqueda para encontrar artículos sobre temas determinados en la colección del PO y de la revista que están cargados en la ‘página’ y dejar mensajes en nuestro correo. También es posible acceder, por intermedio de la ‘página’ de Prensa Obrera, a las ‘páginas’ de más de 200 grupos y publicaciones de izquierda y revolucionarios de todo el mundo. Entre éstos, se destacan las “bibliotecas” de Marx, Lenin, Trotsky, Engels, Guevara o Gramsci: allí es posible encontrar biografías, textos (incluidos libros enteros) y fotos de estos grandes revolucionarios. Un número significativo de mensajes en el ‘libro de visitas’ elogia la calidad de diseño y la ‘interactividad’ de la página del PO. Incluso hay quienes la califican como “una de las mejores que hemos encontrado hasta ahora en Internet” (mensaje de los jóvenes del Grupo Estudiantil universitario del Partido Comunista Alemán, 10/3). Detrás de cada uno de nuestros ‘visitantes’ hay un trabajador, un estudiante, un explotado. Hacia ellos —y muchos más como ellos— está dirigida nuestra ‘página’, que es un esfuerzo por difundir las ideas revolucionarias en el ‘ciberespacio’. La ‘visita’ de cinco mil compañeros es un primer triunfo en esta dirección.

Desde el mismo momento en que el gobierno y las patronales lanzaron la jubilación privada, el Partido Obrero denunció en una campaña nacional su carácter fraudulento. A poco más de 2 años, los datos confirman puntillosamente esa caracterización. Sobre 12 millones de trabajadores en actividad, hay 7,5 millones en situación irregular, y de ellos, 6,3 no tienen cobertura previsional. De los 5,5 millones de afiliados a las AFJP, 2,7 millones no están al día con los aportes, porque las patronales los evaden. A éstos hay que sumarles los 4 millones de desocupados, que tampoco tienen ningún tipo de cobertura. Si se tiene en cuenta que queda 1,2 millón aportando al sistema de reparto, sobre 16 millones de trabajadores (entre ocupados y desocupados), sólo tendrían cobertura 3,9 millones. Las 3/4 partes de los trabajadores, entonces, carece de cobertura previsional. La situación es, si cabe, aún más grave, porque incluso los que aportan también están perjudicados, ya que las AFJP, aduciendo un incremento de los costos, reducen, cobrando más comisiones, el ahorro de los aportantes. Junto con esto, han modificado el carácter de sus inversiones, abandonando una posición más ‘conservadora’ de colocar los fondos en títulos públicos, ante la caída de éstos, y se han volcado a inversiones de ‘riesgo’. Cabe la aclaración que el riesgo lo terminarán corriendo los afiliados, porque es su dinero el que está en juego Un mecanismo parasitario La sola constitución de las AFJP puso en marcha un mecanismo parasitario. Las Administradoras cobran suculentas comisiones por administrar los fondos, gestión que antes realizaba directamente el Estado. Por ese mecanismo, el Estado dejó de percibir los fondos requeridos, para hacer frente a los jubilados, de los aportantes al sistema público. Pero resulta que las AFJP siguen siendo deficitarias; según el secretario de Seguridad Social, Carlos Torres, el Tesoro deberá aportar a las mismas 1.100 millones de dólares. Este funcionario calcula que las administradoras serían superavitarias recién en el año 2010. Esto ocurre cuando las Administradoras aún no han tenido que hacer frente a pagos de jubilaciones. El gobierno, para hacer frente al pago a los jubilados del Estado, ha salido a pedirles dinero a ... las propias AFJP. Para ello ha creado un ‘jubibono’, de colocación obligatoria en las Administradoras, al que se le garantiza una rentabilidad superior a la media, aumentando aún más el endeudamiento y el déficit fiscal. Se cierra así el círculo de un ‘negocio’ capitalista fabricado por el Estado, cuyo costo pagan los trabajadores directa e indirectamente. Queda por resolver cómo hará el Estado para hacer frente al pago de jubilaciones para los trabajadores cuyas patronales retienen sus aportes. De lo único que se ufana el gobierno es de que las jubilaciones de los afiliados al sistema de capitalización se incrementó un 38% con respecto al año pasado. Lo que no dice es que ese incremento incluye el PBU que aporta el propio Estado, sin el cual las jubilaciones serían inferiores a las del sistema público. Todo esto revela la demolición de la Previsión Social.

Cuando salga este periódico ya se habrá producido la primera audiencia (19/5) del juicio de desafuero a estos compañeros. La argumentación patronal es de impecable y completo cuño menemo-videliano: usurpación de la propiedad, privación ilegítima de la libertad, desacato a la autoridad, amenazas y lesiones. Pero la cosa va más lejos. Néstor Pitrola es acusado de "peligroso agitador", cuyas acciones e instigaciones pusieron en peligro la "libertad y la vida de las personas". Una vez más, la tenacidad de clase y lucha de los trabajadores de Atlántida puso al desnudo la barbarie capitalista y la naturaleza del régimen político. Los compañeros, al desechar toda salida indemnizatoria y plantear su reinstalación, obligaron a la patronal a este ‘proceso de Moscú’, que es una prolongación política del recurso trucho de crisis, del falso cierre y del encubrimiento del negociado con el pulpo Donnelly. Maniobras que deberían llevar al banquillo de los acusados a Caro Figueroa y sus directores por habilitar un recurso de crisis, y a Vigil por maniobra societaria. Son acusados de privar de la libertad a nuestros propios compañeros que votaron cada 24 horas no ya sólo la huelga o la toma, sino cada una de las actividades de movilización política externa que rodearon la ocupación más abierta que se recuerde. Son acusados de lesiones que no existieron y de una peligrosa agitación que lo único que amenazó es la aplicación de la flexibilidad laboral en toda la zona Norte y en todo el gremio gráfico. Está planteada una gran lucha para desbaratar esta patraña en la que ya la justicia ha pedido la "colaboración" al Ministerio de Trabajo. Hay una línea de desafueros contra la insurgencia obrera y contra el surgimiento de nuevas direcciones en el movimiento obrero. A los conocidos casos de Pablo Llonto (con reciente fallo favorable a él) y Jorge Brodsky (desaforado por realizar una asamblea ‘no autorizada’), se suman hoy casos importantísimos como el de Peter de Siderca y el de Angel Tello, secretario de la Lista Blanca de Ciadea (Smata). Quebrar este desafuero a delegados de 13 años de antigüedad. A un compañero como Néstor Pitrola, que fue adjunto del gremio, congresal hasta el año 2000 por la minoría, y una bandera fundamental de los gráficos en su lucha por la expulsión de la burocracia. La realización de una gran campaña democrática en unidad con los demás casos es una tarea que hace a la unidad política de las luchas y a la defensa de activistas fundamentales que las representan.

Se realizó la primera audiencia testimonial en el juicio contra Angel Tello, delegado de Ciadea y candidato a secretario general por la lista Blanca del Smata Córdoba. Los testigos de la patronal (un alto funcionario policial y un periodista) no pudieron confirmar el cargo contra Tello; los testigos atestiguaron que siempre vieron una “masa compacta actuando”. El pedido de desafuero no busca otra cosa que provocar el descabezamiento de la oposición a Campellone en la fábrica y hacer pasar el convenio negrero que el burócrata está negociando en secreto con la empresa. ¿Se quedará quieta la patronal con este primer ‘traspié’ judicial? Nada de eso. Por ello es imprescindible una campaña para impedir el desafuero del compañero Tello; es parte de la lucha contra el convenio Fiat-Smata y los despidos.

El martes 20 de mayo, el diario La Razón dio a conocer lo que consideró una gran primicia: un pacto secreto entre la burocracia de la CGT y Eduardo Duhalde para hacer pasar el acuerdo ‘laboral’ firmado con el gobierno, a cambio del compromiso de no hacer ningún paro general hasta después de las elecciones del 26 de octubre. La Razón señalaba que esa decisión "fue adoptada luego de una reunión que (Daer) mantuvo en forma reservada con Duhalde". Los lectores de Prensa Obrera, por cierto, ya conocían la ‘primicia’ de La Razón con 11 días de antelación. En Prensa Obrera del 9 de mayo, bajo el título "La patria duhaldista", se dice: "Mientras anunciaba ‘urbi et orbi’ que realizaría un paro general, ‘a más tardar en mayo’, la burocracia de la CGT estaba ultimando, en realidad, un acuerdo para imponer la ‘flexibilidad laboral’ con la nueva conducción de la Unión Industrial, enteramente alineada con Duhalde". La base del acuerdo es la reducción del preaviso y de las indemnizaciones por despido, sin que por ello se suprima la mayor parte de los llamados contratos precarios, que eximen a la patronal del pago de las cargas sociales. Se reitera esta posición a pesar de que incluso el FMI ha denunciado que la eximición patronal del pago de las cargas sociales es una de las causas principales del elevado déficit fiscal, que perjudica el pago de la deuda externa. ¿Por qué, entonces, las patronales pegaron el grito en el cielo al unísono contra el pacto CGT-Gobierno, calificándolo "de un retroceso en la flexibilización laboral"? Se trató, sin ninguna duda, de una cortina de humo para chantajear tanto al gobierno como a la burocracia. Pero el humo y la cortina se disiparon cuando el pacto antilaboral recibió dos grandes bendiciones. Primero, el Banco Mundial. Sin vueltas declaró su apoyo al acta firmada por la burocracia con el gobierno, porque bajaba, dijo, el ‘costo laboral’, al reducir al 70% las indemnizaciones por despido, eliminar el piso indemnizatorio de dos sueldos y reducir a un mes el preaviso sin importar la antigüedad del trabajador en el empleo. El representante del Banco Mundial dijo que apoyaba el acuerdo "con reparos", ya que se le podía arrancar a la burocracia más concesiones antiobreras. Ponderó que se mantuvieran varios de los contratos flexibles, como el de aprendizaje y el período de prueba de 3 a 6 meses, lapso en que las patronales no realizan ningún aporte social, como jubilación, salario familiar; el trabajador puede ser despedido en cualquier momento sin derecho a la indemnización. Elogió el acuerdo, porque "algunos contratos precarios ayudan a la flexibilización". El Banco Mundial destacó, sobre todo, los ‘avances’ en salud y consideró conveniente que la medicina privada actúe como obra social solamente luego de un período de‘reconversión’ de ésta. Pero después llegó la ‘bendición’ de la Iglesia. El pacto CGT-Gobierno "es un elemento que colabora a la solución de los problemas sociales que vive el país", dijo la Pastoral Social, la cual contrastó el acuerdo con "la dura y triste experiencia de Cutral Co"(Primatesta dixit). El imperialismo protestante y el Vaticano se conjugaron otra vez para apoyar el acuerdo antiobrero de Daer y Duhalde. La gran patronal Lo que hasta en las vísperas era para las patronales y Ambito Financiero un ‘pacto negro’, se transformó a partir de semejantes bendiciones en una base para "lograr un punto medio", como dijo uno de los patrones del Grupo de los 8, Jorge Di Fiori, de la Cámara de Comercio. "Creemos que la sociedad está reclamando este esfuerzo de ambas partes", insistió (El Cronista, 19/5). El punto de desacuerdo de las patronales se reduce ahora a un aspecto de los convenios colectivos. En el acta con el gobierno se plantea que los convenios de empresa deberán ser firmados por la dirección del sindicato, mientras que la gran patronal reclama que puedan ser firmados por las comisiones internas. Este sería el único punto serio de desacuerdo. En todo lo demás, el ‘pacto negro’ burocracia-gobierno-patronales está cerrado. El desacuerdo no se debe a que la burocracia defienda las reivindicaciones obreras a la hora de negociar los convenios de empresa. En todos los últimos convenios, de rama o empresa, la burocracia pactó las peores condiciones de ‘flexibilidad laboral’, y ahí están para demostrarlo los convenios de empresa, como el de Smata-Fiat o Smata-Toyota, o los de Alimentación y el Supe. La patronal apunta a insularizar a las grandes fábricas del conjunto del movimiento obrero, y de las crisis y movilizaciones en las que éste participa; quiere separarlas del sindicato, para crear una relación de tutela política en la empresa, de manera que los trabajadores de las grandes fábricas queden al margen del proceso de la crisis política y económica, del que la burocracia sindical no consigue sustraerse. Con esto, la gran patronal pretende que los trabajadores de la gran industria, insularizados en las fábricas, no participen de las huelgas generales, marchas o puebladas, y que rompa todo vaso comunicante con el resto de las fábricas. El cálculo patronal es que los convenios por empresa firmados con las comisiones internas deriven en sindicatos por empresa, avanzando en la atomización de los trabajadores. Se está negociando ahora el ‘punto medio’ que viabilice el pacto Daer-Duhalde.

No se le puede negar claridad a las respuestas del Sindicato Gráfico al reclamo que le presentaron 73 delegados de diversos talleres hace dos semanas. No al plenario de delegados. Ningún aporte al fondo de huelga. No concurrir al Ministerio ni apoyar la impugnación al recurso de crisis presentado por la empresa. Negar la existencia misma de nuestra lucha y la de Rotográfica. Colocar guardias en la puerta del Sindicato para evitar otra manifestación como la del 2 de mayo. Esta política de Ongaro tiene la virtud de que disipa cualquier confusión. Se integra con la patronal en la estrategia de aislar, silenciar y escarmentar, trabajando para que el conjunto del gremio saque la conclusión de que está obligado a aceptar los ‘recursos de crisis’y a descartar por completo todo cuestionamiento a las reducciones de personal, al arrebato de conquistas y a la imposición generalizada de la ‘flexibilización’ laboral. En estos días de nuestro conflicto se sustanciaron 10 despidos en Editorial Estrada, dos en Perfil y despidos masivos y suspensiones en Rotográfica Argentina. La estrategia para tapar esto ha sido el sorteo de un auto para el día del gráfico y ‘charlas’ sobre las virtudes de la Obra Social, una de las primeras en emprender el camino sin retorno del Banco Mundial hacia la privatización de la salud. La línea ongarista del "conficto escarmiento" es un complemento de la entregada de la CGT de la ultraactividad de los convenios, el convenio por empresa y la rebaja indemnizatoria. Ongaro adelanta todo esto en el gremio al apoyar la flexibilidad de AyC (Atlántida y Cochrane), las 12 horas de La Nación y el arrasamiento de las indemnizaciones vía recurso de crisis. Un verdadero ‘visionario’. En la base del gremio se ha desarrollado una gran simpatía con nuestra lucha, pero no se supera el miedo impuesto en años de golpes y derrotas sin lucha. Los paros de máquinas y las asambleas para no hacer nuestras revistas al calor de los piquetes, no han alcanzado a traducirse en movimientos por las reivindicaciones propias de los talleres y del gremio. Está en la responsabilidad del activismo estructurar esas respuestas, devolver la confianza. Está planteada la continuidad política del movimiento de los 73 delegados hacia una autoconvocatoria contra la ‘flexibilidad’ laboral, por los talleres, por la superación política de la dirección del gremio hasta quebrar la parálisis del Sindicato Gráfico Argentino. En eso estamos.

La función de un sindicato es la defensa de los intereses de los trabajadores que representa; entiéndase por interés todo cuanto se refiere a sus condiciones de vida y trabajo: “la acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificultan la realización plena del trabajador”, esto según la ley 23551. Es así que ante cada situación que vive el trabajador desempleado, como sindicato debemos estar para garantizar los intereses del mismo. Los conflictos que se generan a causa de que no existe solución al brutal deterioro social, siempre afectan a los trabajadores desempleados. Esto demuestra que este gobierno capitalista de Menem, Mestre y Martí, en su empeño por revalorizar los capitales, destruye derechos y conquistas sociales de los trabajadores, como ser la educación. En la escuela Alas Argentinas, en barrio Estación Flores de la ciudad de Córdoba, hay cinco casos de hepatitis y 14 de paperas; allí los baños no funcionan y los chicos pisan directamente la mierda como resultado de que se a atracaron los caños colectores de la cloaca; las obras no se realizan por ‘falta de presupuesto’, pero además hay grados que no tienen maestra suplente, ya que las titulares están con carpeta médica y ya llevan 15 días sin clases. Las maestras no son reemplazadas porque el Estado, en complicidad con el gremio, obliga a las maestras a renovar cada cinco días la carpeta; de esta manera, por cinco días de carpeta no corresponde maestra suplente. El sindicato de desempleados, a través de compañeros del barrio, propuso crear una comisión de padres y vecinos y entregar un petitorio exigiendo la pronta realización de las obras y el nombramiento de las suplentes para garantizar la salud de los niños. Está en formación un núcleo del sindicato en el barrio y la perspectiva de abrir una sede. En Alta Córdoba, 35 trabajadores desempleados de un asentamiento eligieron 3 delegados y quedó conformado un núcleo del sindicato. Se elaboró un petitorio para reclamar la urgente entrega de bolsones a familias que no tienen absolutamente nada para comer; juntamente con miembros de la dirección del Sutrade, se presentó a la directora de la secretaría de emergencia social una nota solicitándoselos y se consiguió que se entreguen. El Sutrade va a supervisar el reparto. Allí mismo se elevó la denuncia a los medios de comunicación de que el Estado tiene previsto erradicar, y si es necesario por la fuerza, a las 35 familias de los terrenos fiscales, y también se denunció la discriminación que sufren, ya que vecinos del barrio (fundamentalmente comerciantes) juntaron firmas avalando la erradicación. En distintas asambleas se está organizando un plan de lucha. En una comuna cercana a Alta Gracia, Los Cedros, los vecinos deben pagar 8 pesos por mes para tener agua (no hay agua corriente) y 2 pesos para que le retiren la basura, aparte de pagar los impuestos territoriales y municipales; aquel que no tenga el dinero lo paga con trabajo a la comuna, no recibiendo de ésta ningún recibo donde salga el estado de la deuda. De más está decir que en esta comuna la mayoría son desocupados. El sindicato está organizando una delegación para encarar la lucha por la eximición del pago del agua y la recolección de residuos, y para que la comuna tome trabajadores con sueldos de convenio y no contra prestación de servicios. Como se ve, el gobierno somete al trabajador a un estado feudal. Ante la falta de soluciones y la crisis política del poder, el sindicato debe ser la organización que represente a los desocupados.

Luego de 7 días, la movilización popular que envolvió a todo el departamento de San Martín fue levantada en base a un acuerdo que satisface una parte del pliego de 36 puntos reclamado por la pueblada. La rebelión siguió un proceso ascendente hasta el lunes 12. Los cortes se extendían en todo el departamento (unos 100 piquetes que controlaban todos los accesos); comenzaban las acciones solidarias en otros departamentos; se fortalecía la organización de los piqueteros para enfrentar cualquier ofensiva represiva; la Asamblea Popular había quedado instalada definitivamente como la instancia soberana; se había establecido una comisión representativa (la Comisión de Vecinos), que actuaba por mandato de la Asamblea Popular. El gobierno provincial había fracasado en sus diversas maniobras; el gobierno nacional y el juez federal no se animaban a lanzar la gendarmería. Martes 13 El lunes 12, a la noche, se anunció que el gobierno enviaría al día siguiente a dos ministros para discutir con la Comisión de Vecinos todo el petitorio. Como garante iba a participar el obispo de Orán y se iba a hacer presente el Juez Federal. La reunión comenzó a las 11.30 en las instalaciones de la Tecpetrol, sin la presencia de los medios. Alrededor de las 18, cuando ya cundía la impaciencia, un grupo de piqueteros anunció que los ministros no querían conceder los reclamos, que no había que dejarlos salir y que había que rodear las instalaciones donde se realizaba la reunión. Grupos de piqueteros se subieron a los árboles y algunos ya comenzaban a saltar los alambrados. La consigna era bloquear el helicóptero en el que habían llegado los funcionarios. Esta acción obligó a Marcelo Gerez, quien siempre actuó como vocero de la Comisión, a prometer que en una hora se firmaba el acuerdo. A las 19, la Comisión Vecinal convocó a Asamblea Popular. Ante más de 10.000 personas impacientes, Gerez dio el informe sobre las distintas soluciones ofrecidas a los 36 puntos. Muchas de estas soluciones despertaron el repudio (como los puestos laborales del ‘Plan Trabajar’); otros despertaron aplausos (los 1.000 subsidios de desempleo o los 1.400 puestos en la petrolera); en otros casos, interrogantes. Gerez informó también que el gobierno exigía que se levantara el corte, lo que generó voces de repudio. Inmediatamente, hizo uso de la palabra Nieva, de la Comisión de Desocupados, para señalar que la promesa de 1.400 puestos laborales de las petroleras privadas era sólo una versión, lo cual provocó el rechazo de la oferta del gobierno al grito de "el pueblo no se va". Cuando Gerez bajó de la tarima, un grupo de piqueteros intentó agredirlo porque quería entregar la lucha. Se generan momentos de confusión. La comisión volvió a la Tecpetrol, en la que había quedado el obispo (los ministros y el juez habían salido en helicóptero a Tartagal, a esperar la respuesta de la Asamblea Popular). El obispo y las patronales A partir de este momento, se desató la ofensiva que conducirá al levantamiento del corte. El obispo reprendió a los miembros de la Comisión, dijo que la gendarmería estaba por avanzar y que iba a comunicarse con el gobierno nacional para que mejore la propuesta, atacando el funcionamiento de la Asamblea Popular. Con anterioridad, los curas locales habían armado una procesión, que se llevó fuera de los cortes, a una misa en la plaza de Mosconi, a unas 500 personas. Una de las radios de Tartagal da un giro de 180 grados y plantea que el 70% del petitorio está resuelto y que hay que salir a festejar el triunfo (los dueños de la radio son unos ricachones que lograron que el gobierno les resolviera su endeudamiento). El Centro Empresario, a partir de la iniciativa del sector maderero, también promueve el levantamiento del corte y autoconvoca a los empresarios; simultáneamente, anuncia que no van a contribuir más con víveres al sostenimiento del corte. La ofensiva de esta radio, de gran influencia, aumenta la confusión. La otra FM (de Mosconi), lanza en forma menos descarada un ataque contra Nieva y Perico Raineri, llamando a que sean destituidos, a pesar de que los periodistas de esa radio informaban desde el corte, que eran los únicos delegados con los que la gente estaba conforme. En el corte se producen momentos de gran confusión. Gerez logra en el corte principal que un sector de piqueteros levanten hasta el día viernes. Eso dura media hora, porque otros grupos de piqueteros deliberan y deciden reestablecer el corte, visto que ninguna asamblea había decidido levantar la lucha. En la zona donde estaban los equipos de audio se produce una situación de vacío, pues Gerez desaparece, otros miembros de la Comisión se esconden y es Nieva quien retoma la conducción, junto con otro dirigente de la comisión de desocupados, y Perico Raineri, quienes arengan a la multitud para mantener la unidad y fortalecer el corte (esa noche, los piqueteros fueron miles), pues se temía que con la confusión creada la gendarmería se lanzara a reprimir. Cuando se restablece el clima combativo, reaparece Gerez y demagógicamente plantea expulsar a los traidores, haciendo referencia a uno de los delegados empresarios. El aislamiento La masa de la población, sin embargo, iba arribando a la conclusión de que el petitorio no sería satisfecho en su totalidad, y que lo fundamental era mejorar la situación desocupacional, tanto en el monto como en la cantidad de puestos laborales. La lucha no lograba extenderse en forma consistente a otros departamentos (la dirección del Sindicato Docente había respondido al reclamo de un paro provincial con un telegrama de solidaridad), muchos miembros de la dirección actuaban en forma vacilante y, en algunos casos, promoviendo el divisionismo. Este clima lo captó perfectamente el obispo, que esa noche se reunió separadamente con los distintos líderes de los piqueteros, a los que fue convenciendo para que levantaran el corte. Se valió de nuevas promesas, de 1.000 puestos laborales más y de un aumento en el monto de los salarios y en el subsidio de 200 a 220 pesos. A partir de esto, los representantes de los piqueteros llamaron a la mañana del miércoles 14 a una Asamblea Popular, en la que se resolvió levantar el corte, con un sabor de triunfo y un enorme cansancio de los que habían participado activamente en la lucha. Primeras conclusiones A partir del levantamiento se inicia otro capítulo (ver aparte). Pero hasta aquí, ya se pueden sacar conclusiones de orden más general. Por un lado, los cortes de rutas y los piquetes autodefensivos han demostrado una gran contundencia, porque paralizan la circulación de mercancías y personas. Por otro lado, las Asambleas Populares como organización de soberanía popular (durante 7 días, las intendencias y sus concejos dejaron de existir). En la Asamblea Popular participaba todo el mundo y cada uno podía hablar en nombre propio; sin embargo, la Comisión de Vecinos estaba integrada por un delegado por sector (incluso hubo sectores vitales como la juventud o los piqueteros de Pocitos o Cornejo que no tuvieron delegados, o sea que era multisectorial, en la que los desocupados, obreros, y trabajadores tenían cada uno un delegado, al igual que los sectores empresarios con sus diferentes cámaras, lo cual les daba una representación desproporcionada). La Comisión reflejó, entonces, la política de los partidos patronales. En el caso de Gerez y otros, en todo momento procuraron que la lucha quedara aislada, se opusieron a centralizar a los delegados de los demás cortes y a integrar a delegados de algunos de los sectores más consistentes y representativos de la lucha, como fue el caso de la juventud; hicieron macartismo contra los sectores más combativos y contra los militantes del PO; incluso, en algún momento, intentaron la provocación; le dieron manija a la mediación del clero, y siempre se declararon ‘neutrales’ ante las ofertas del gobierno. En definitiva, el accionar de Gerez se encuadró dentro de los cánones de la política del Frepaso, de la UCR, de algún sector del PJ disidente e incluso del propio Partido Renovador (cuyo intendente, en Gral. Mosconi, le dio manija a la pueblada). Pero (al igual que Gerez) ninguno de estos partidos movió un dedo en las otras ciudades para extender el conflicto, cuando cuentan con influencia para haber generado acciones en ese sentido. La emergencia de las puebladas, y el funcionamiento de las Asambleas Populares, no cancela la lucha política, sino que la exacerba. En este tipo de lucha de clases se pone en juego la capacidad de los explotados (y ello depende de que actúen con una política propia) para imponer sus intereses. En todo el proceso de lucha se diferenció un bloque combativo, que se esforzó por darle un carácter consecuente a la movilización, que defendió el funcionamiento de la Asamblea Popular, que intentó que los delegados fueran electos pero también revocables. Merced a la orientación de este bloque se extendió el corte y se resolvió el paro por tiempo indefinido de la docencia, que se fue extendiendo a los otros sectores de trabajadores. La lucha por defender lo conquistado por la pueblada está en manos de este sector; para ello es imprescindible discutir un balance, para no dejarnos robar en un escritorio lo que se logró con la lucha de todo un pueblo explotado.

PO: ¿Qué esperabas encontrar en Brasil, que ayudara al conflicto de Atlántida? WQ: Fui mandatado por los compañeros para realizar una campaña de solidaridad democrática y económica con el conflicto; fui a explicar nuestra lucha y a armar, junto con los trabajadores brasileños, una campaña contra el desafuero de nuestros compañeros de la Comisión Interna y contra todas las causas penales que la patronal nos va a querer imputar por defender nuestros derechos y nuestra fuente de trabajo. PO: ¿Cuál fue la respuesta de los gráficos? WQ: Fue excelente; antes que nada quiero decir que el compañero Adao Pinheiro estuvo junto con nosotros aquí, cuando realizamos el Acto en Atlántida, ocupada con decenas de dirigentes gráficos de América Latina y con luchadores de Fiat y otros gremios, y que después también estuvo con nosotros cuando fuimos brutalmente desalojados por más de mil policías. Su actitud en Brasil siguió la misma línea de solidaridad: participé, a iniciativa de él, de un acto en la puerta de Cochrane-Brasil, donde informé del conflicto y recogí la solidaridad concreta de los compañeros que emitieron un bono (que adjunto) de apoyo financiero a nuestra lucha, además del compromiso de una campaña de notas y reclamos ante la justicia y el gobierno argentinos, contra los juicios penales y el desafuero. La Federación Gráfica, con la que también me reuní, también realizó una contribución económica y un compromiso en la campaña internacional por nuestros derechos. PO: ¿El conflicto ha tenido cierta repercusión entre periodistas y docentes universitarios de San Pablo? WQ: Ha sido importante el apoyo brindado por los compañeros Borin y el profesor Coggiola para esta difusión. Hace unos días estuvo en nuestra carpa el compañero Borin y ahora también han realizado una importante contribución económica al fondo de huelga. Estuve reunido con ellos y me consta que han difundido mucho nuestra lucha reclamando solidaridad. Estuvimos, además, reunidos con Joao Felicio, secretario ejecutivo de la CUT, quien se comprometió a un apoyo efectivo de metalúrgicos y químicos de San Pablo. También se nos presentó la oportunidad de discutir nuestro conflicto con los dirigentes bancarios de San Pablo, que nos recibieron en una reunión de ejecutivos. Trabajamos intensamente, fui a decenas de reuniones, pero pude informar en la asamblea de los huelguistas que el viaje no había sido en vano, trajimos más de 4.000 dólares y un compromiso para los próximos días de una cantidad que ayudará mucho para el sostenimiento de la lucha. Además, está en marcha una campaña en nuestra defensa en importantes sindicatos y universidades de Brasil. PO: ¿Qué conclusión te merece esta gira? WQ: En la huelga hemos aprendido, en concreto, qué es la solidaridad de la clase obrera internacional; las decisiones de apoyo de la Cochrane chilena, el apoyo de los gráficos uruguayos, el apoyo de la Federación Gráfica internacional y el de los compañeros brasileños me enseñan que el movimiento obrero mundial tiene enormes reservas, y que con una dirección clasista y combativa podría ser una fuerza mundial, no sólo dándoles una dirección de lucha a los sindicatos, sino también una salida política para toda la humanidad. Un pequeño ejemplo me conmovió y puso de manifiesto esta solidaridad internacional. Las mujeres gráficas de San Pablo, enteradas de la formación de una comisión de lucha de nuestras mujeres, rápidamente armaron una colecta entre ellas y se hicieron presentes en la ayuda económica. Cuando los trabajadores estamos dispuestos a organizar a nuestras mujeres y a nuestros hijos, podemos llegar muy lejos.

El viernes 16 culminó, en la Plaza Independencia, con 4.000 personas, la marcha “A Pata y a Pulmón”, que se había iniciado el día anterior desde distintos puntos del interior, convocada por la Asamblea de Trabajadores y el sector sindical de los “auténticos”. Participaron principalmente sectores de la docencia y trabajadores de los municipios y comunas del interior. Hubo dos columnas estudiantiles (Filo y Artes) y de varios partidos políticos. El gobierno, para impedir una reedición de la pueblada del año pasado, se aseguró que la delegación de la CGT y la FOTIA no participaran y, en base a un nuevo endeudamiento, logró pagar los salarios de abril a casi toda la administración pública, sin por ello olvidarse decretar un asueto general. Como la dirigencia de la AT y los “auténticos” no llamaron a un paro general, no se realizaron asambleas y plenarios para neutralizar el asueto. En el acto, al finalizar la Marcha, habló Zelayarán, secretario general de ATEP y presidente de la AT, quien llamó a ‘castigar’ a los gobiernos “en las urnas”. Luego habló Juan Valdés, dirigente de los municipales de la capital y secretario general de la CGT auténtica, quien, más preciso, esbozó incluso un programa de lucha y planteó un paro provincial en el mes de junio. Cerró el acto Víctor De Gennaro. Propuso fundar un nuevo modelo de Nación, señaló la posibilidad de un paro nacional, pero no concretó nada en este sentido. Aunque la Marcha reflejó el giro combativo que hay en el país quedó encuadrada por la dirigencia burocrática. Ante el problema crucial de cómo arrancar las reivindicaciones, ninguno de los oradores dijo nada. El mismo día de la Marcha, Bussi viajó a Buenos Aires para reunirse con un representante del Banco Mundial, para negociar un crédito de 100 millones de dólares (20 millones destinados a profundizar la ‘reforma’ estatal, 40 a la ‘reconversión’ del sistema de salud y 40 a la ‘reconversión’ educativa), lo que significa que se profundizará la ofensiva (quita salarial, despidos, privatización de la salud, etc.) contra los trabajadores.

El corte de la ruta 34 fue levantado luego que el gobierno se comprometiera a otorgar 1.000 ‘fondos de desempleo’ de 220 pesos por un año; 2.200 puestos por un año del Plan Trabajar por el mismo importe; otros 1.000 puestos por 6 meses y 800 vacantes en petroleras privadas. El reclamo era de 5.000 subsidios o puestos laborales por 400 pesos, más carga social y salario familiar. El gobierno se comprometió a no tomar ningún tipo de represalias con los participantes de la lucha; a pagar un mes, de los tres adeudados, a los trabajadores del municipio; no cerrar nuevos cursos educativos (existían planes de cierre de numerosos cursos), aunque se negó a suspender la aplicación de la Ley Federal de Educación y a reabrir varios cursos cerrados con anterioridad; a crear un fondo provincial de inversiones con las regalías, por 5 millones de pesos; a poner en marcha un conjunto de obras públicas (muchas de ellas ya figuraban en el presupuesto), como la construcción del dique Itiyuro II, el reemplazo de los puentes Bailey, un plan de viviendas por 4 millones de pesos y diversas obras (terminal de ómnibus, cárcel, quebrada de Galarza, acueducto Cornejo-Aguaray, refacciones en hospitales, etc.); a construir una planta de gas envasado en Aguaray; aceptó que se otorgara la propiedad sobre tierras fiscales a la comunidad aborigen y diversos beneficios en términos de condonación de deudas (o ampliación de plazos) con el BHN, el Banco Nación, el Banco Provincia residual, como asimismo diversos subsidios a sectores de la pequeña y mediana industria y algunos sectores empresariales como los madereros. Hubo numerosos puntos que sólo figuraron con la intención de gestionarlos, y todo lo relativo a la esfera nacional quedó fuera de la competencia. Como se ve, aunque lo que se conquistó es insuficiente y parcial en relación al conjunto del pliego levantado y a las necesidades de los explotados, representó un golpe a la política del gobierno. Como dijo un dirigente de los piqueteros, lo conquistado nunca se había logrado antes en la historia del departamento y es algo intolerable para el actual régimen político, que ya está actuando para desvirtuar lo pactado y desconocer las reivindicaciones arrancadas por medio de la lucha.

Una delegación de trabajadores de Atlántida realizó una visita de tres días a Córdoba, donde se reunió con los compañeros de Fiat, Ciadea, gráficos y otros gremios. Entrevistamos a Mario Paolini, miembro de la delegación y destacado activista del conflicto de Atlántida. PO: ¿Qué reflexión te merece la actividad que realizaron? MP: Las asambleas de Fiat son similares a las de Atlántida, los problemas son los mismos. Los intentos de los tanos son verdaderamente esclavistas, al extremo de que cuando no se cumple con la producción establecida, luego hay que recuperarla. El convenio Fiat-Smata es el mismo que pretende Vigil con la actual AyC, y la actitud que tuvo la dirección del Smata es la misma que la de Ongaro, hay un pacto Fiat-Smata y otro Vigil-Ongaro. En las asambleas hay una clara voluntad de luchar, los compañeros de base se peleaban por intervenir y aportar ideas para continuar la lucha y reincorporar a los compañeros despedidos. PO: ¿Qué propuestas llevaron ustedes a Córdoba? MP: La unidad de todas las luchas. Nuestra propuesta central, que fue comprendida y aplaudida por los compañeros, fue la de la realización de una Asamblea Nacional de todos los trabajadores en lucha y las corrientes de izquierda para acordar un programa y una estrategia común para la clase obrera. Hay conciencia en los trabajadores de la necesidad de una salida que hoy no brindan las direcciones de la CTA, CGT o el MTA, y esta conclusión lentamente se está abriendo paso. Los compañeros tomaron como propia la campaña del "no compre", con gran avidez nos reclamaron pasos concretos para integrar a sus mujeres y a sus hijos a la lucha; como en Atlántida, pusieron en marcha peajes y debatimos cómo armar un gran fondo de huelga de Fiat, y un Gran Fondo Nacional de Huelga para sostener las luchas. Acordamos pasos organizativos para funcionar con mayor comodidad en mejores instalaciones; nosotros les transmitimos la forma cómo lo logramos, todas nuestras propuestas tuvieron una importante acogida y, lo más importante, fueron tomadas como ayuda para impulsar la lucha. PO: ¿Qué pasa entre los trabajadores cordobeses? MP: Vine con la impresión de que en Córdoba se está por producir otro acontecimiento histórico desde los trabajadores de Fiat, Renault, Aguas, Luz y Fuerza, Sanidad, y otros gremios y los trabajadores desocupados; hay una gran necesidad de organizar y coordinar las luchas. Ya casi no hay excusas para no enfrentar todos juntos estos planes de hambre y explotación. Está claro que hoy son ellos o nosotros, los trabajadores. El mensaje claro que traigo de Córdoba es que están tomando un camino de unidad, se están dando una estrategia, están armando en sus luchas un programa, y si esto se afirma, habrá una salida verdadera de la clase obrera para sacarse de encima este sistema.

Al día siguiente del levantamiento del corte de la ruta 34, el gobernador Romero viajó con parte del gabinete a la ciudad de Tartagal para reunirse con la Comisión de Vecinos. En forma separada se reunió con los representantes del sector de los piqueteros, y luego con otros sectores de la Comisión. Anunció que intervendría los municipios de Tartagal y de Gral. Mosconi, derivando en ellos la responsabilidad por la crisis social en el departamento. Llamó también a formar 4 comisiones para estudiar las distintas problemáticas planteadas en la plataforma votada por la Asamblea Popular. A los piqueteros les planteó que iba a habilitar 1.000 puestos laborales en forma inmediata. Paralelamente, se conocía la posición del nuevo directivo, a nivel nacional de YPF, de que iban a habilitar puestos laborales que no se correspondiesen con sus planes productivos, y que el tema de la desocupación lo debía resolver el gobierno nacional. En concreto, el gobernador ha iniciado una operación política que apunta a desconocer lo pactado en el acta del día 14, que establecía que luego del levantamiento del corte lo único que faltaba era poner la firma del gobernador. Se pretende ahora volver a foja cero, porque todo pasa a ser revisado, mientras se maniobra para dividir a los miembros de la comisión vecinal y se desmoviliza al pueblo que deja de deliberar y resolver por medio de su Asamblea Popular. La intervención a los dos municipios persigue dos objetivos: reemplazar al intendente de Tartagal, inservible para contener la rebelión, y golpear a la oposición patronal que coqueteó con la lucha; y por el otro, tener bajo control la administración de los puestos laborales del plan ‘Trabajar’, para usarlos como herramientas de manipulación y regimentación políticas. Para el mismo sábado 17, los docentes autoconvocados se volvían a reunir para balancear la situación. En general, cunde la incertidumbre y la percepción de que las cosas se dilatan. Se plantea, para el porvenir del movimiento, que la Comisión se vuelva a reunir y que convoque a la Asamblea del pueblo, para emplazar al gobierno a que le ponga la firma a todas las reivindicaciones arrancadas con la pueblada.

Reportaje a César Avalos, representante por la juventud y los piqueteros, en la Comisión Negociadora. PO: ¿Qué balance tenés del conflicto? CA: Me queda claro que cuando quieren, la plata aparece. En las primeras negociaciones sólo ofrecieron 500 subsidios y 1.000 ‘Plan Trabajar’. Luego tuvieron que subir la oferta hasta 1.000 subsidios más y 4.000 ‘Plan Trabajar’, lo que prueba que de entrada, el gobierno no quería dar ninguna solución. PO: ¿Qué hacer ahora? CA: Hay que nacionalizar los reclamos, unir a Cutral Co, Rosario y todas las luchas. Hay que discutir la posibilidad de una alternativa política común, sin ambigüedades y con propuestas claras para los trabajadores. PO: ¿Cómo ves la propuesta de convocar a una Conferencia Nacional de la izquierda y el movimiento obrero combativo? CA: Es positiva para tener una alternativa para los sectores más necesitados y un programa con prioridad para los trabajadores.

El Barrio San Lorenzo le está creando un grave problema al gobierno provincial. La población de más de 20.000 habitantes, se le está escapando de las manos como resultado de la falta de respuestas a la creciente desocupación y a los problemas elementales de las familias sin trabajo. Nuevamente, los vecinos han pasado por encima de los dirigentes barriales puestos por el gobierno, y ‘responsables’ del censo previsto en la Ley 2126, para determinar el seguro al desocupado. Se han vuelto a convocar ante el incumplimiento de las promesas realizadas por el secretario de Acción Social, frente a una movilización que iba a cortar la ruta 22, permitiendo la inscripción de todos los manifestantes en ‘cualquier plan’. Pero al día siguiente comunicó que sólo habría posibilidades de algunos cupos en el Plan Trabajar antes de fin de mayo. El jueves 15 se realizó una nueva Asamblea de unos cien compañeros, muchos de ellos dispuestos a tomar una acción, lo que no prosperó ante la posición dubitativa de los compañeros que están provisoriamente en la dirección y que diariamente son presionados por los punteros del gobierno para que desistan de los reclamos, mientras se incrementa el reparto de bolsas de comida, frazadas y hasta colchones. A pesar de todo, quedó firme una convocatoria al resto de los barrios. Integrantes de la Coordinadora de Desocupados repartimos un volante e intervenimos explicando que hay plata para crear más cupos, incluso para un seguro a todos los desocupados, lo que fue bien recibido. Se han generado las condiciones para que en San Lorenzo comience a funcionar una pro-Comisión por el Sindicato de Desocupados.

La ‘movilización’ reaccionaria que ha lanzado la ‘comunidad’ del Colegio Monserrat contra la resolución de la Universidad Nacional de Córdoba, que permite el ingreso de chicas al Colegio, pegó un nuevo salto: en la tarde del jueves 15, los padres y profesores del Monserrat organizaron una ‘sentada’ frente a la Facultad de Derecho de la UNC, en la que participaron numerosas alumnas de colegios católicos para protestar contra el ingreso de mujeres al Monserrat. Con la ‘sentada’, la Curia (que hasta ahora manipulaba la ‘movilización’ reaccionaria de los docentes, padres y alumnos del Monserrat, pero que se mantenía en un discreto segundo plano), ha tomado la cuestión en sus propias manos y ha pasado a la ofensiva. Como resultado del alboroto armado por los curas, “la Cámara de Senadores (provincial) postergó para la semana próxima la aprobación de un proyecto de declaración suscripto por todos los bloques que expresa el beneplácito (...) por consagrar el carácter mixto del Colegio Monserrat” (La Voz del Interior, 16/5). El carácter reaccionario de esta ‘movilización’ clerical salta a la vista si vemos los antecedentes de quienes la encabezan: según acaba de denunciar públicamente la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Córdoba (ADeIUC), dos de los principales personajes que impulsan la ‘movilización’ del Monserrat tienen un carácter fascista y revistieron como colaboradores de la dictadura militar. Según la ADeIUC, Jorge Gabetta, presidente de la Asociación de Docentes del Monserrat, “tuvo injerencia en la seguridad de la Universidad Nacional de Córdoba, durante la intervención del Proceso (...) tuvo participación en la confección de la lista de docentes, no docentes y estudiantes, los que posteriormente fueron separados o tuvieron otros destinos (es decir, que fueron secuestrados y asesinados en La Perla y en los otros ‘centros de la muerte’ que manejaba el asesino Luciano Menéndez) (y) se autodenomina fascista e induce a sus alumnos al saludo hitleriano”. Los docentes universitarios cordobeses denuncian también que “Marta Slebert de Pautasso, titular de la Asociación de Padres (...) se identifica como adherente a la ideología y la práctica fascista”. La ADeIUC recuerda que “su esposo fue expulsado de la UNC mediante juicio académico (por su) colaboración dentro de la Universidad, con las fuerzas represivas de la dictadura militar, cuando Pautasso era secretario académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades” (La Prensa, 18/5). Como se ve, los dirigentes de la ‘movilización’ del Monserrat practicaban su tan promocionado ‘humanismo’ en los campos de concentración, entre capuchas y picanas. El prontuario fascista y represivo de los dos principales dirigentes de la ‘movilización’ contra el ingreso de chicas al Monserrat confirma lo que denunciamos en Prensa Obrera hace una semana. Aunque la Curia, las trenzas profesorales y los padres del Monserrat hagan demagogia con la “defensa del programa humanista y del plan de estudios del Colegio”, esto no pasa de ser una cubierta para rechazar el ingreso de las mujeres. Estos cavernícolas se oponen al ingreso de mujeres porque “com-prende(n) muy bien que es un golpe al oscurantismo educativo”.

Tres días después de levantado el corte de la ruta 34, la asamblea de docentes autoconvocados volvió a reunirse. Daniela es una destacada activista de la lucha. PO: ¿Qué decisiones tomó la asamblea? D: El martes 20 nos vamos a movilizar, porque el gobierno no cumple con los acuerdos. En Piquirenda cerraron un curso el día 15 de mayo, mientras el compromiso fue no cerrar un solo curso más. Se decidió seguir trabajando como autoconvocados, elegir delegados, hacer rotativamente la asamblea en distintos pueblos (Mosconi, Tartagal, Pocitos o Aguaray), los que enviaron delegados a esta asamblea. Quiero destacar la importancia de estos compañeros, que fueron votados en medio de la lucha (en la asamblea hubo 40 activistas). Además, nos vamos a seguir reuniendo al margen del sindicato, porque con Virgilio Choque no queremos saber nada. PO: ¿Qué opinás del levantamiento del corte? D: Creo que fue arreglado entre el gobierno y los empresarios, que se borraron cuando el gobierno les otorgó algunos beneficios. La última noche hubo mucha confusión y ellos hacían correr rumores de que ya venían los gendarmes. Los compañeros desocupados nos vinieron a preguntar a los docentes qué íbamos a hacer: si nos quedábamos o nos íbamos. Nosotros decidimos no levantar, a pesar que éramos pocos, y trasladamos nuestra carpa junto a los piqueteros. A la mañana siguiente se levantó. PO: ¿Cómo ves la propuesta de una Conferencia Nacional? D: Es necesario, para unir las luchas en un frente común en todo el país. A nivel personal, ésta fue una gran experiencia, que me lleva a un compromiso más permanente.

Después de treinta y dos años de sangrienta dictadura, fue derribado el tirano más antiguo del Africa. Ante el avance de la Alianza de Fuerzas Democráticas por la Liberación de Congo-Zaire (AFDLCZ), el ejército zaireño huye en desbandada; sus jefes negociaron por separado el ‘ingreso ordenado’ de las tropas de la alianza a la ciudad, a cambio de salvoconductos para abandonar el país e, incluso, de promesas de que "jugarían un rol en el nuevo ejército después de la guerra" (The Guardian Weekly, 18/5). El régimen de Mobutu estaba podrido hasta los tuétanos. La corrupción de las camarillas gobernantes era monumental y el retroceso económico del país era simplemente fantástico: en el curso de la última década su producto bruto se redujo a la mitad y la producción de cobre, uno de sus principales rubros de exportación, cayó de 400.000 a 30.000 toneladas anuales. No fue ésta la primera rebelión que tuvo que enfrentar Mobutu; la gran diferencia en esta ocasión radicó en que Estados Unidos no corrió en su socorro. Sólo Francia, que armó y entrenó al ejército zaireño y a las milicias hutus de la vecina Ruanda, defendió a Mobutu hasta el final. Reclamó una intervención internacional para frenar el avance de la Alianza rebelde; organizó el reclutamiento de mercenarios serbios y movilizó a sus títeres africanos (Chad, Gabón, Congo, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana); Francia, por esto, chocó violentamente con los Estados Unidos. Clinton vetó la intervención internacional. Mercenarios norteamericanos, sin embargo, organizados por ‘agencias privadas’ que habitualmente realizan ‘trabajos encubiertos’ para el gobierno, combatieron junto a los rebeldes. Estados Unidos ha desarrollado un operativo de copamiento del centro de Africa, que comenzó con la llegada al poder de Robert Museveni (en Uganda) y Paul Kagame (en Ruanda), reputados como "estrechos aliados" de los norteamericanos. Así, "el convencimiento de que la única superpotencia que queda en el mundo había tomado en sus manos a la AFDL-CZ de Kabila es la causa de la extraordinaria resignación con la que el país espera (el) colapso (de Mobutu)", escribía un corresponsal del Financial Times (10/3), ya bastante antes de su caída. Junto a Kabila, lucharon tropas de Ruanda, Uganda, Burundi, Tanzania y Angola, todas ellas gobernadas por gobiernos‘pro-norteamericanos’. Del lado de Mobutu lucharon los opositores a los gobiernos de Ruanda y Angola. La caída de Mobutu está provocando violentos ‘cruces’ y choques en el seno de la ya dividida coalición gubernamental francesa. El ex Zaire, ahora República Democrática del Congo, es el escenario de una violentísima disputa interimperialista, que está muy lejos de haber terminado, por el monopolio de los riquísimos recursos minerales del Zaire (diamantes, oro, plata, cobre, zinc, cobalto, uranio). Durante la dictadura de Mobutu, el pulpo sudafricano-belga De Beers había obtenido un contrato monopólico para la compra de la producción de diamantes de la empresa estatal. Este cártel internacional ha sufrido varios ‘agujeros’ con la aparición de vendedores‘independientes’ rusos, norteamericanos y australianos. Aun antes de su llegada al poder, Kabila canceló el monopolio del que gozaba De Beers y le otorgó a su rival, la empresa norteamericana American Mineral Fields (AMF), que apoyó abiertamente la rebelión de Kabila, un contrato por mil millones de dólares para la explotación de un conjunto de yacimientos de cobalto, cobre y zinc que pretendía De Beers. Poco antes de la victoria de Kabila, el vocero de la AMF se alegraba porque "el control rebelde de los principales centros mineros y diamantíferos puede facilitar la privatización de las riquezas minerales del Zaire ..." (Financial Times, 21/4). La AMF es originaria de Arkansas, el estado natal de Clinton, y algunos de sus directores ocupan puestos de importancia en el gobierno norteamericano. De la mano del gobierno norteamericano, la AMF se está convirtiendo en "el nuevo gigante de la minería africana" (Le Monde, 23/4). La carnicería africana es, antes que nada, una expresión mayúscula de la crisis mundial.

Paralelo a los hechos ocurridos en el Monserrat, el Consejo de Educación Católica (Consudec) emitió un duro comunicado acusando al gobierno de “ejercer presiones extorsivas sobre las escuelas privadas”. La respuesta de la titular de la DIPE (Dirección de Institutos Privados de Enseñanza) volvió a revelar que “el 90% de los institutos de enseñanza privada en la provincia (en manos del clero en su inmensa mayoría) se sostienen con el aporte estatal y que nueve de cada diez, perciben el cien por ciento de los recursos necesarios para su mantenimiento” (La Mañana, 8/5). El gobierno habría recortado los subsidios correspondientes a grados de menos de treinta alumnos. Existe una dura lucha entre el clero y el gobierno, porque la reducción de costos educativos ordenada por los técnicos del Banco Mundial, amenaza recortar los generosos subsidios que recibe el clero. La jerarquía eclesiástica plantea, además, absoluta libertad para imponer un cambio clerical en los contenidos de la enseñanza en ‘sus’ establecimientos, algo que el gobierno ya le otorgó: “la DIPE no indica cómo se debe gestionar una escuela porque esto es facultad de la entidad propietaria” (ídem).

El desarrollo del movimiento reivindicativo en los colegios fue el tema de la reunión convocada el último sábado, 10 de mayo, por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de la Capital y el Gran Buenos Aires. Los compañeros de Varela, que formaron una regional de la Coordinadora, están preparando una marcha hacia el Consejo Escolar para el viernes 30, para entregar un petitorio (que está siendo firmado masivamente), reclamar por la inmediata provisión de cargos docentes (dada la existencia muy extendida de horas libres por ausencia de profesores) y el suministro de materiales elementales —bancos, sillas, reparación de instalaciones sanitarias—, cuya falta está tornando insostenibles las posibilidades de estudio. Las escuelas se derrumban, mientras Duhalde aparece todos los días en la televisión, inaugurando un edificio ‘supermoderno’. En Varela, pero también en otras regionales del Gran Buenos Aires y en algunos colegios de Capital (Rivadavia), crece asimismo la protesta por el cambio en el sistema de faltas, que de hecho eliminó la media falta por llegada tarde. Ahora se cierran las puertas de los colegios y el que tiene algún atraso... ausente. La novedad afecta en particular a las escuelas nocturnas y a los compañeros que trabajan, que se desloman para llegar en horario, y tiene una inocultable finalidad limitacionista. Delegados del Hermite y del Huergo de la Capital informaron del reclamo por el boleto estudiantil en la Capital, que ha dado lugar a un petitorio dirigido a la Municipalidad para que le sea otorgado a todo aquel que acredite la condición de estudiante, bajo la forma de un‘pase’ de uso generalizado (en la actualidad, el ‘medio boleto’ sólo existe para quien compra todos los pasajes del mes por adelantado, en cada línea en particular, para un horario restringido y con un trámite especial a realizar en las cabeceras de las compañías de transporte). Delegados del Avellaneda señalaron el deterioro del colegio como consecuencia de las restricciones presupuestarias y plantearon el apoyo a una "jornada de debate", con movilización y diversas actividades que están organizando para la próxima semana. Delegados del colegio Echeverría de Ramos Mejía denunciaron el intento de imponer un arancel para desarrollar las clases de educación física en un gimnasio privado. Otros compañeros se sumaron a la denuncia, explicando que un ‘arancelamiento’ similar se verifica con el cobro semicompulsivo de 150 pesos para la Cooperadora. Los compañeros de San Martín informaron del ‘cerco’ que se tiende sobre los colegios para impedir que los Centros se organicen, prohibiendo las recorridas de las divisiones, impidiendo la elección de delegados, negando las instalaciones de los colegios para reuniones de las ‘comisiones pro-centro’, etc. La regimentación se completa con disposiciones relativas a exigencias de ‘uniforme’ y vestimenta, con un propósito puramente regimentador. La lucha por la libertad de organización tomó una forma muy definida en el Colegio Nacional Buenos Aires, donde viene de realizarse una "semana de lucha" muy combativa contra el intento del rector de sancionar un reglamento disciplinario antidemocrático, opuesto al que los estudiantes votaran masivamente sobre el final del año anterior, sobre la base de una propuesta del Centro de Estudiantes. En el Pellegrini, el rector obliga ahora a los estudiantes a entrar con una ‘credencial’ prendida en la ropa, cuya omisión es motivo de sanción. Compañeros de Benavídez, en la zona Norte, informaron de la puesta en pie de cuerpos de delegados, con compañeros que vienen de tener una importante participación en el movimiento juvenil de apoyo a los trabajadores gráficos de Atlántida. Delegados y dirigentes de Centros de numerosos colegios insistieron en la necesidad de dar una base masiva al movimiento reivindicativo, con iniciativas que den salida a las inquietudes más generales de los estudiantes. Compañeros de San Martín plantearon que, en torno al reclamo de libertad para la organización del movimiento estudiantil, se organizara un campeonato intercolegial de futbol, para lo cual ya quedó constituida una comisión de organización en la propia reunión. El Moreno de la Capital, en la misma línea, informó sobre un conjunto de actividades que están en marcha (cine, charlas-debate, revista, torneos), que rematarán en una fiesta que está preparando con bandas del propio colegio. Sobre la base de estos informes, la Coordinadora votó sacar una declaración con el eje "Unamos nuestras reivindicaciones y organicemos masivamente los colegios para imponerlas", y apoyar de conjunto, con este reclamo, el festival que lanzó el colegio Moreno para el próximo 30 de mayo. Se aprobó, asimismo, una moción de apoyo al Buenos Aires, para llevar al Cuerpo de Delegados del colegio, y un pronunciamiento de protesta a las autoridades del mismo. La Coordinadora participará también de la marcha de los compañeros de Varela y discutirá con el Centro del Avellaneda la fecha de una movilización común al Palacio Pizzurno, para reivindicar el aumento de presupuesto para la educación pública y contra la ley de educación menemista. Para impulsar la unidad del movimiento estudiantil, en función de su organización masiva a partir de cada colegio, la Coordinadora resolvió dirigirse a todos los centros existentes para organizar esta tarea en común, y realizar una rueda de entrevistas con todos los sectores del movimiento estudiantil, para que se pronuncien por esta iniciativa y, a partir de los acuerdos, ponernos a trabajar en común por ella. Es sobre esta base que la Coordinadora lucha por una Central Unica de Capital y el Gran Buenos Aires, con representantes electos en los colegios.

El 1º de julio se realizarán en Bolivia elecciones presidenciales y parlamentarias. La burguesía del altiplano y el imperialismo preparan un ‘recambio’ a través del ex-dictador Hugo Banzer y su partido la ADN. Los yanquis quieren forzar una alianza de ésta con el MNR —en el gobierno actualmente—, para forjar un gobierno ‘fuerte’. La izquierda boliviana, dominada por el reformismo y elementos ex-stalinistas, se presenta dividida en dos formaciones políticas: la Izquierda Unida (IU) y el Eje Pachacuti. Los compañeros de la Oposición Trotskista (OT) de Bolivia, superando el sectarismo impotente del lorismo, han tomado la decisión de intervenir en el proceso electoral. Según informa Trinchera Revolucionaria Nº 117 (24/4), órgano de la OT, en una Conferencia Nacional realizada a fines de marzo resolvieron, en correspondencia con las características uninominales que tienen los comicios parlamentarios (no se vota como aquí por listas ‘sábanas’), el voto por "todos los luchadores que son candidatos como diputados" en las listas reformistas, instándolos a que adopten "un programa revolucionario: luchar por destruir el capitalismo y estructurar el gobierno obrero campesino sobre la base de la insurrección armada de masas que destruirá el parlamento burgués y la ‘democracia’burguesa, para instaurar su propia democracia proletaria. Deben impulsar la acción directa y la movilización de los explotados, que son los métodos propios de la revolución proletaria". La OT plantea que los luchadores deben "someterse a las organizaciones de masas: Asambleas generales, Cabildos Abiertos, reuniones masivas de las juntas vecinales, etc. Ese sometimiento significa que son esas organizaciones las que deciden las posiciones y el futuro de los candidatos" y "deberán percibir solamente un sueldo de obrero medio". Respecto a las candidaturas presidenciales, la OT convoca a abstenerse, votar en blanco o nulo. Denuncia así no sólo las candidaturas de la politiquería burguesa, sino también las de IU y el Eje Pachacuti, cuyos planteamientos se dirigen a asimilar "a algunos luchadores populares al carro burgués-parlamentario con el objetivo de que las masas crean en la ilusión de que sus reivindicaciones pueden ser satisfechas por la vía del parlamentarismo".

La ocupación, la semana pasada, de Ciencias Exactas, volvió a poner de relieve el colapso financiero que afecta a toda la UBA. Estudiantes y docentes obtuvieron, con su movilización, los 300.000 pesos que el rectorado de la UBA les había recortado arbitrariamente. La suma representa poco más del 1% de los recursos totales de la facultad (23 millones), “pero de ese total el 92,5 por ciento son sueldos, el 5 por ciento restante se gasta en servicios y nos queda apenas 2,5 por ciento, poco más de 500 mil pesos para insumos y funcionamiento, es decir que esos 300 mil son vitales, es un milagro que estemos funcionando” (del decano Redondo a Página 12, 15/5). El ahogo presupuestario está en la base del conjunto de las movilizaciones actuales. En Ciencias Sociales continúan las clases públicas y el corte de calles en reclamo de aulas y designaciones de profesores. En Filosofía también se produjo la ocupación de la facultad para repudiar la implementación de la política del Banco Mundial y a las camarillas profesorales que manejan discrecionalmente el magro presupuesto actual. En Imagen y Sonido (que se cursa en la facultad de Arquitectura) se está desarrollando un cuerpo de delegados para enfrentar la destrucción de la carrera. Bajo la presión de estos movimientos, el rectorado ha liberado algunos fondos. Se tira lastre bajo presión sin que ningún problema fundamental quede resuelto. La política de la UCR, que está al frente de la UBA, es seguir el libreto del gobierno y el Banco Mundial, de reducir drásticamente la matrícula estudiantil, imponer los exámenes de ingreso y el arancel, racionalizar la planta docente, acortar los planes de estudio, etc. Una variante de esto es la llamada ‘reforma Shuberoff’, que reduce la extensión de los cursos, duplica la extensión del curso básico, estimula la deserción temprana con la zanahoria de los títulos truchos y promueve cursos de posgrado pagos, para alcanzar los diplomas más calificados. Para evitar la presión sobre las autoridades de la UBA, Franja Morada, que se mantuvo al margen de las luchas, plantea exigir un mayor presupuesto al gobierno. La FUBA ha convocado para el próximo jueves 22 a una jornada de lucha con cortes de calle y para el 28 de mayo, a una marcha central al ministerio de Educación. Las recientes movilizaciones en Filo, Exactas y Socio hicieron que “Shuberoff se encuentre con la primera resistencia para llevar adelante la reforma global de la UBA” (La Nación, 15/5). Reforzar esta ‘resistencia’ es la tarea.

En medio de la demagogia de Duhalde, que reitera su ‘compromiso’ de ir a ver a los padres de José Luis Cabezas para llevarles los nombres de los asesinos, viene bien conocer la opinión del representante legal de la familia Cabezas. Alejandro Vecchi, en un reportaje a Crónica del 15 de mayo, dice, sin dudar, que "están protegiendo a los policías de la Costa". Luego de señalar que le pidió al juez que investigara a toda la dotación de la comisaría de Pinamar y que verifique en la totalidad de los libros el movimiento de la comisaría de Pinamar en la madrugada del 25, éste se conformó con "las fotocopias que le mandaron". Vecchi agregó que no "podemos seguir esperando milagrosamente la confesión de Prellezo ... y desconocer la existencia de una verdadera organización criminal, imposible de creer que esté manejada exclusivamente por Prellezo" (ídem). Ante la pregunta sobre si hay una línea de encubrimiento, dice: "Sin ninguna duda ... se encuentra intacta y pareciera ser intocable". Entre las dificultades que afronta para su tarea, dice: "para obtener fotocopias de la causa, siempre estoy cuatro o cinco cuerpos atrasado". Denuncia que "no fue notificado de la audiencia del comisario Gómez"; se enteró por el periodismo. Lo más grave es que no se le informó de la declaración de Alfredo Yabrán en una dependencia policial de Avellaneda. Denuncia "que nadie sabe por qué se lo hace concurrir a una sede de Avellaneda". Para recalcar la denuncia contra el juez, dice que éste "no vacila en llamarnos parte contingente y parece confundir el término con inexistente" (ídem). La designación de Brown como secretario de Seguridad y las evidencias contra Yabrán alientan la intención del gobierno de Duhalde de parar la ofensiva contra la policía provincial. Las ‘desprolijidades’ en la causa, por parte del juez, vienen como anillo al dedo para dejar impune a las bandas que operan en la policía bonaerense. El aumento sustancial de sueldos que les otorgó Duhalde a los policías bonaerenses ‘aceitaría’ la recomposición del dañado aparato represivo.

Por casi dos meses, los maestros primarios y secundarios de Cisjordania llevaron adelante una serie de medidas de fuerza por reclamos salariales y sociales, que desembocaron en una poderosa huelga. Si bien la huelga ha sido interrumpida a la espera de una nueva ronda de negociaciones, es posible extraer una serie de enseñanzas de este movimiento, en el marco del proceso político y del desempeño de las fuerzas sociales y políticas. Bajo la Autoridad palestina trabajan en los colegios unos 19 mil docentes, quienes cobran salarios que van desde 300 a 500 dólares mensuales (para los que tienen una antigüedad de 20/25 años); dichos salarios representan 1/3 del de sus pares israelíes. El reclamo de los docentes palestinos es la duplicación de sus sueldos, mejores condiciones de jubilación y seguro de salud, más presupuesto para la construcción de escuelas y la multiplicación de aulas. Desde el comienzo, la Autoridad palestina rechazó los reclamos, alegando que las críticas condiciones económicas y políticas no permiten la mejora de las condiciones peticionadas por los maestros. Distribución del ingreso A fines del año pasado, la ONU publicó un informe que muestra que desde 1992, el ingreso promedio per cápita en los territorios bajó de 2.425 dólares anuales a 1.480; en Israel, el ingreso promedio per cápita es de unos 16.000 dólares anuales. Con estos ingresos promedio, según el informe, a fines del 96, un asalariado palestino podía cubrir sólo el 60% de sus necesidades básicas; el informe preveía una baja de otro 6% para este año. Pero las críticas condiciones económicas no afectan a todos los palestinos por igual. Existen en Cisjordania y Gaza una serie de monopolios de comercialización de los productos básicos: alimentos, materiales de construcción, tabaco y combustible (Ha-aretz, 4/4), que han provocado el encarecimiento de los productos básicos. Por ejemplo, la harina subió un 266% desde 1995 a 1996. Las condiciones políticas, y las prolongadas clausuras de los territorios por Israel, no han hecho más que favorecer a los monopolios. Quienes los dirigen son ‘hombres de negocios’ fuertemente ligados a Arafat, como Khaled Salem, su consejero económico. El enriquecimiento de estos ‘señores’ a costa de las necesidades de las masas, es el resultado directo del nuevo proceso político derivado de los acuerdos de Oslo. No es casual que esta gente tenga negocios con personajes que dirigieron el Shin Bet (servicio secreto sionista), como Yossi Ginossar. El enriquecimiento de estos sectores de la burguesía palestina es claramente visible en el florecimiento de un barrio de mansiones en Gaza. Por otro lado, el presupuesto de la Autoridad palestina subsidia el aparato represivo con más de 50 mil policías y miembros de los distintos servicios de seguridad, y las ‘mejoras’ de las condiciones de trabajo de los miembros de la burocracia estatal. Por ejemplo, hace sólo 4 días se dio a conocer que la Asamblea legislativa acababa de comprar 66 nuevos automóviles Audi para los legisladores. Es precisamente contra esta situación que los maestros salieron a la lucha. Los docentes denunciaron los argumentos de que "no hay plata" y señalaron la distribución injusta del presupuesto, y la cantidad de puestos y sueldos de los altos funcionarios "inflados" (Ha-aretz, 24/4). Maniobras El organismo que ha dirigido la lucha de los docentes palestinos en Cisjordania es el Comité Superior de Coordinación de los Maestros. La Unión de Maestros, el sindicato reconocido ‘oficialmente’, está identificado con el Fatah, y según nos cuenta un activista docente de la zona de Hebrón, "sus dirigentes fueron digitados por la Autoridad palestina". Varios dirigentes de este organismo son actualmente funcionarios del ministerio de educación y han boicoteado las medidas de fuerza desde el comienzo. El Comité de Coordinación surgió en 1994, luego de la puesta en práctica de los acuerdos de Oslo en varias ciudades de Cisjordania, cuando la Autoridad se hizo cargo de la administración de los colegios. "La acusación de la Autoridad palestina de que la huelga surgió de consideraciones políticas es una gran mentira", nos dice ese mismo activista. "Lo que hay aquí es un genuino reclamo por parte de los docentes. Los dirigentes del Comité han sido elegidos de acuerdo a su probada experiencia en la lucha por nuestros reclamos". Una vez iniciadas las medidas de lucha, hace dos meses, la Autoridad inició una serie de maniobras para diluirla. Arafat formó una comisión ministerial para mediar. A fines de marzo, dicha comisión prometió que el sueldo iba a ser aumentado inmediatamente en un 10% y que en septiembre se iba a otorgar otro 10%. Parte de los docentes parecieron aceptar la propuesta, y cuando se disponían a discutir el regreso a clases, el ministerio de educación de la Autoridad despidió a los 19 máximos dirigentes del Comité de Coordinación, con el argumento de que la ley jordana aún en vigencia dentro de la Autonomía, prohíbe las huelgas en el sector público. El 5 de abril, los docentes reiniciaron la huelga, esta vez con más fuerza. Fue entonces que un grupo de alcaldes de las ciudades de Ramallah, Nablus, Jenin y Tulkarem, intentaron sin éxito convencer a los huelguistas de que regresaron al trabajo. Lo mismo intentaron miembros de la Asamblea legislativa, bajo la excusa de que afectaba a 800 mil alumnos. A mediados de abril, y a la espera de una entrevista con Yasser Arafat, la huelga fue suspendida. El 18 de abril, el presidente de la Autoridad se reunió con la dirección del Comité de Coordinación, e intentó explicar a los huelguistas "las críticas condiciones del pueblo palestino y las implicancias de la huelga en la juventud" (Palestine Report, 25/4). Uno de los maestros lo interrumpió, explicando que no todos sufren la misma situación. "Hay dos clases, una que no tiene nada, y la segunda que lleva adelante un alto nivel de vida, y que se come todo lo que tenemos en el país" (Ha-aretz, 25/4). La reunión estalló y la huelga fue reanudada. Arafat decidió pasar directamente a la represión y el 22 de abril, 25 dirigentes del Comité de Coordinación fueron detenidos. Otras decenas de detenciones se produjeron, pero la huelga no mermó. Los dirigentes fueron llevados frente al jefe de seguridad en Cisjordania, Jibril Rajoub, con el objetivo de que declinen las medidas, pero los dirigentes se negaron. Fue elegida una nueva dirección, agregándose a los reclamos anteriores, la liberación de todos los detenidos. El nuevo Comité llevó adelante una encuesta entre los maestros, que mostró que el 86% estaba de acuerdo en proseguir con la huelga pese a la represión (Palestine Report, ídem). Mientras tanto, fue lanzada una campaña de desinformación por la Autoridad palestina. La radio ‘Voz de Palestina’ propagó la existencia de un acuerdo ‘secreto’ entre los huelguistas y el alcalde de Ramallah (ídem). La televisión palestina llegó a suspender "de improviso" la emisión de la reunión semanal de la Asamblea legislativa, cuando varios legisladores criticaron la represión a los huelguistas (Ha-aretz, 25/4). En todo este movimiento, los huelguistas no estuvieron solos. En principio tuvieron el apoyo de la mayor parte de la población, y sobre todo de las familias de los 800 mil alumnos que fueron afectados por la huelga. Además, los docentes fueron apoyados por los estudiantes y los trabajadores no-docentes de la Universidad de Bir Zeit, y por la central de estudiantes secundarios de Cisjordania. La red de organismos no-gubernamentales de los territorios, que representa en general a organismos de derechos humanos y organizaciones de profesionales, también apoyó la huelga. Incluso, el sindicato de maestros israelíes mandó una adhesión a los reclamos de los huelguistas. El día 26 de abril, y como producto de la enorme presión de los huelguistas, Arafat dio la orden de liberar a todos los detenidos, y la Autoridad y la Asamblea legislativa se comprometieron a abrir una ronda de negociaciones para discutir el aumento de sueldo de los docentes y un aumento en el presupuesto educativo. Se garantizó asimismo el reconocimiento del Comité de Coordinación como cuerpo representativo de los docentes. El Comité de Coordinación se reunió inmediatamente y discutió las propuestas de la Autoridad, suspendiendo la huelga hasta el inicio de las negociaciones. Conclusiones La huelga de los maestros primarios y secundarios es el movimiento social más profundo que se ha desarrollado hasta ahora en los territorios desde la firma de los acuerdos de Oslo. Si bien los reclamos de los huelguistas no han sido asegurados, salvo el inmediato aumento del 10% en sus salarios, consiguieron el reconocimiento del Comité de Coordinación y quebraron las disposiciones legales en contra del derecho de huelga. Los maestros de Cisjordania pusieron en práctica la mejor tradición de democracia proletaria, decidiendo las medidas a seguir y eligiendo una y otra vez a su dirección en la lucha. En forma directa o indirecta, la huelga de los maestros desafió la visión oficial por la cual el pueblo palestino tiene que sacrificarse en nombre de los acuerdos de ‘paz’ con Israel. El proceso huelguístico ha puesto nuevamente al descubierto el rol de la dirección palestina de la OLP, es decir, de la burguesía palestina, en contra de todo movimiento social independiente de las masas palestinas. El papel de la OLP, como guardián de los intereses regionales del imperialismo y el Estado sionista, se refleja en el agravamiento de las condiciones de las masas palestinas, que deberá servir para abaratar aún más la mano de obra a los capitalistas israelíes y palestinos. El movimiento huelguístico docente ha puesto en claro nuevamente la limitación de los movimientos nacionalistas de carácter burgués que, como la OLP, no pueden conducir ninguna lucha de carácter nacional, y mucho menos los reclamos más elementales de las masas. Es del movimiento de los trabajadores que una nueva dirección podrá surgir para llevar adelante la lucha por la emancipación nacional y los reclamos de las masas palestinas, tirando abajo todos los acuerdos que la dirección traidora ha llevado adelante, y elevando nuevamente la consigna de una república palestina unificada, democrática y laica.

Más de mil mineros de La Lota marcharon hacia Santiago para reclamar un aumento sustancial de las indemnizaciones por el cierre de la mina y la garantía de servicios sociales básicos. El gobierno acaba de anunciar el cierre definitivo de esta mina ubicada en el sur del país. Los mineros pretendían instalar una ‘carpa’ frente a La Moneda para propagandizar su protesta, pero fueron violentamente reprimidos. A los gases y los cañones de agua, los mineros opusieron las honderas y las piedras. Después de una hora y media de combate callejero, que se extendió a varias cuadras a la redonda, los trabajadores lograron romper el cerco policial. Así, sus dirigentes pudieron llegar a la presidencia para presentar sus reclamos. El cierre de esta mina carbonífera es una verdadera condena a muerte para el pueblo de La Lota, ya que era la única actividad significativa en una zona que se caracteriza por su altísimo nivel de pobreza y desempleo. El cierre de la mina duplicará la desocupación en un pueblo que ya tiene un desempleo del 20%. El gobierno justifica el cierre con el argumento de que la explotación de la mina es ‘antieconómica’ y que mantenerla abierta insumiría cuantiosos subsidios. Este ‘argumento’, claro, no se utiliza cuando de subsidiar a los capitalistas y a los dueños de las minas se trata ... La movilización a Santiago estuvo precedida por un año de grandes movilizaciones, que incluyó una huelga de 66 días. Al mismo tiempo, la huelga de los mineros de La Escondida, en el otro extremo del país, entraba en su segunda semana. Se trata de la mayor mina de cobre del mundo y sus trabajadores reclaman un aumento salarial del 5%. Al mismo tiempo, los mineros de Quebrada Blanca, también en el norte chileno, amenazan con salir a la huelga. Quebrada Blanca produce cobre de máxima pureza. Sus trabajadores reclaman un aumento salarial del 18%; la oferta patronal no llega al 1%. Tanto en La Escondida como en Quebrada Blanca, detrás de los reclamos salariales están los de las condiciones de trabajo. Las minas están situadas a 4.000 metros de altura en el desierto de Atacama, el más seco del mundo. La combinación de altura y falta de humedad afecta seriamente la salud de los trabajadores, que sufren permanentes dolores de cabeza y hemorragias nasales. La altura reduce el apetito y hace difícil descansar adecuadamente, por lo que los trabajadores de las minas se sienten constantemente agotados. En el interior de las minas, de por sí cargado de polvillo, se pulveriza ácido sulfúrico sobre las rocas, lo que provoca numerosísimas enfermedades pulmonares y digestivas. Todo esto, denuncia el sindicato, produce una elevada rotación de los trabajadores, que se ven obligados a abandonar el empleo por cuestiones de salud, sin recibir ninguna compensación por el daño físico que sufren.

El impresionante aparato represivo que rodea a Yabrán supera largamente un esquema de seguridad. Parece más una organización ofensiva que un esquema de prevención. Indultos En el primer mes del asesinato de Cabezas, la columna del PO cantaba: "Menem ya no mientas más, a Cabezas lo mataron los mismos que vos dejaste en libertad". Hoy, cuando se revela la composición del aparato de represión de Yabrán, donde revistan ex miembros de la ESMA, o gente ‘de confianza’ de Massera en la época de la dictadura, se confirma la justeza de la consigna del PO. La impunidad del aparato represivo que actuó al servicio de la burguesía fue mucho más que un perdón. Fue la preservación de una fuente de elementos entrenados en el asesinato, la represión y, por sobre todo, en la obsecuencia al mandante para ser reclutados. Estos verdaderos ‘grupos de tareas’ se ofrecen en las agencias de seguridad que se multiplican en forma ostensible. La privatización de la represión En el esquema represivo de Yabrán participan 16 comisarios, agentes de inteligencia, ex represores y policías de la federal, en lo que constituye un verdadero ejército privado. En este esquema se mueven, a su vez, los Techint, los Pérez Companc, y es la explicación del éxito de las agencias. Este es un signo de la descomposición del Estado burgués, porque de un destacamento de hombres armados constituidos en defensa del conjunto de su clase, ahora cada capitalista arma su propio ‘ejército’, en una verdadera feudalización de la represión. Esta se debe a que la creciente criminalidad de la economía, lleva al accionar delictivo en verdaderas mafias, para garantizar su supervivencia. También este esquema será utilizado por los patrones para tratar de doblegar a los trabajadores de sus empresas. Estos ‘grupos de tareas’ serían así los garantes de los convenios por empresa que, con tanto énfasis, impulsan los capitalistas.

La prensa israelí ha dado a conocer en dos oportunidades (suplementos semanales de Yediot Aharonot 3/3 y Ha-aretz 4/4) la existencia de una cuenta secreta en Tel Aviv manejada directamente por Arafat. La información confirma que, desde 1994, Israel ha depositado en dicha cuenta más de 500 millones de dólares. La cuenta se encuentra en una de las sucursales de Tel Aviv del Bank Leumi, y ha sido denominada ‘Caja 2’, y no tiene nada que ver con otras cuatro cuentas que la Autoridad palestina posee en otros bancos. De la información surge que sólo dos personas tienen acceso a dicha cuenta: Arafat y su consejero económico Khaled Salem. EE.UU. y los países europeos garantes de los acuerdos de Oslo, así como también el difunto Itzhak Rabin, han criticado la existencia de esa cuenta, por cuanto no puede ser controlada por los organismos financieros internacionales. Entre los objetivos de la cuenta se encuentran pagar los sueldos de los integrantes de la policía y demás servicios de represión palestinos, como el de las retribuciones de altos funcionarios. Otras fuentes han sugerido que dicha cuenta sirve para financiar ‘premios’ a determinados funcionarios (Ha-aretz, 7/2). Por ejemplo, Abu Mazen, mano derecha de Arafat, acaba de construirse una mansión en Gaza por valor de 5 millones de dólares. El otro objetivo, financiar un plan para situaciones de emergencia en las que se vea involucrado Arafat. Según un alto funcionario israeli, la Autoridad palestina ha elaborado un plan para el caso de una revolución contra Arafat en los territorios. El plan contempla la huída del presidente y su familia y el mantenimiento de una dirección adicta en el exterior. Según el viceministro de economía palestino, Maher el-Korad, "la Autoridad palestina tiene el derecho de proporcionarse reservas en casos de emergencia, como una guerra civil", agregando que "es una lástima que los países donantes (a la Autoridad) e Israel no entiendan esto" (Ha-aretz, 4/4). La existencia y el uso de la cuenta secreta es una muestra más no sólo de la corrupción de la burguesía palestina, sino de su rol de agente a sueldo de los intereses imperialistas y del sionismo.

El imperialismo norteamericano ha sumado una nueva agresión a su larga lista de crímenes contra el pueblo cubano. En esta oportunidad, un avión perteneciente al Estado norteamericano, específicamente a la DEA, después de violar el espacio aéreo cubano, arrojó sobre la isla una serie de “sustancias desconocidas”. Un piloto civil cubano fue testigo de la emisión de estas sustancias. Dos meses después de la aparición “extraña y sospechosa” de esta aeronave gubernamental norteamericana sobre los cielos de Cuba, comenzó a desatarse una plaga de pequeños insectos que atacan los cultivos de papas y tomates. Hasta su aparición, después del vuelo del avión norteamericano, jamás se había detectado en Cuba la presencia de este insecto, originario de Asia. Como consecuencia de la plaga, se pronostican importantes pérdidas en las cosechas de papas y tomates de tres provincias cubanas. Frente a esta agresión, el Estado cubano presentó una denuncia formal por “ataque biológico” contra Estados Unidos en las Naciones Unidas. No es ésta la primera vez, sin embargo, que el imperialismo recurre a los ataques biológicos contra Cuba, que no sólo provocaron pérdidas de cosechas y ganados, sino que también atacaron a los seres humanos: hongo azul, peste porcina y hasta fiebre hemorrágica (dengue). Y esto es sólo un somero repaso de las denuncias formuladas con anterioridad por las autoridades cubanas. En una escala más reducida, el imperialismo norteamericano está reproduciendo en Cuba los brutales ataques que lanzó durante la guerra de Vietnam, donde bombardeó masivamente con el famoso ‘agente naranja’ para liquidar la producción alimenticia de su enemigo. El ataque biológico parece ser el inicio de una nueva serie de provocaciones norteamericanas contra Cuba. ¿Qué habría pasado si, con legítimo derecho, Cuba hubiera derribado el avión que violó su espacio aéreo o hubiera hundido las naves que penetraron ilegalmente en sus aguas territoriales? Basta con recordar que la infame ‘ley Helms-Burton’ fue aprobada después de que Cuba derribara a un avión que, partiendo de Miami, violó su espacio aéreo. ¿Los yanquis están buscando algún pretexto para reforzar, todavía más, el bloqueo contra Cuba?

La palabra ‘Trabajar’ se ha puesto de moda, no porque haya trabajo sino porque ante la rebelión popular contra la desocupación, el gobierno promete a las poblaciones sublevadas un programa de empleo que, con toda hipocresía, bautizó con ese nombre. Según la propia definición del gobierno, ‘Trabajar’ es "una ocupación transitoria de trabajadores desocupados, preferentemente jefes de familia" (Clarín, 23/3). Tan transitoria que "no podrán tener una duración inferior a los tres meses ni superior a los 6 meses". En esos meses, el trabajador debe realizar "obras sociales de infraestructura social y económica", como "pavimentación de calles, reparación de escuelas o la limpieza de la vía pública", a cargo de municipalidades y organismos públicos. Con esto se busca dotar a las gobernaciones e intendencias de instrumentos proclives a toda clase de manipulación política y regimentación social. Como se trata de una ‘ocupación’ y no de un empleo, el trabajador tampoco recibe un sueldo sino "una ayuda económica no remunerativa de hasta 200 pesos", o sea, un jornal de 10 pesos por día o apenas un peso y centavos la hora. Pero también puede ser menos:"hay tres categoría de ayuda: de 100, 150 y 200 pesos por mes" (Clarín, ídem). Finalizado el contrato, "las gobernaciones y las municipalidades no se comprometen a tomar en forma permanente a esos trabajadores". Como es una ‘ayuda’, el trabajador no tiene jubilación, salario familiar, obra social ni cobertura de invalidez y fallecimiento. Sólo lo cubre un "seguro de riesgos de accidentes". El propósito de este programa es que el trabajador se acostumbre a ganar un peso la hora, sin derecho a la jubilación, a la indemnización... y por esta vía deprimir el salario de los trabajadores que sí tienen empleo. Que éste es el objetivo explica que el Banco Mundial le preste al gobierno casi 400 millones de pesos para financiar este programa, al que deberían ir a parar, se calcula, unos 400.000 trabajadores, nada menos que el 10 por ciento de los asalariados de la Argentina. En 1996, en ‘Trabajar’ hubo 100 mil trabajadores. Con "Trabajar 97" el gobierno se da otro objetivo más: en la próxima encuesta de desempleo del INDEC, seguramente bajará el indice de desocupación, porque los desocupados de Cutral Co, Tartagal o cualquier otro punto del país figurarán como ocupados. Una verdadera farsa.

A casi un mes del asesinato de los militantes del MRTA durante la ‘recuperación’ de la embajada japonesa en Lima, continúan sumándose evidencias de la masacre ordenada por Fujimori. Tales son las conclusiones que presentaron, de manera independiente una de otra, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y la Federación de Trabajadores Mineros del Perú. Se suman a la ya extensa lista de denuncias e informes periodísticos sobre la tortura, violación, amputaciones de miembros y asesinato a sangre fría de los militantes del MRTA capturados con vida en la embajada. La Federación de Trabajadores Mineros del Perú acaba de denunciar que continúan "desaparecidos" los 24 mineros que el gobierno requirió a la empresa estatal Centromin-Perú para cavar los túneles por los cuales los militares irrumpieron en la embajada japonesa. La empresa —es decir, el gobierno— se negó sistemáticamente a responder los reclamos de la Federación sobre el paradero de los mineros ‘desaparecidos’, con el argumento de que no se trataría de "un asunto laboral". Ni la Federación, ni tampoco los familiares de los trabajadores ‘desaparecidos’, han logrado dar con su paradero, a pesar de haber recorrido un sinnúmero de dependencias oficiales. La AAJ, por su parte, también denuncia la desaparición de los mineros que cavaron los túneles. Según esta Asociación, una organización no gubernamental con estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, son muy numerosos los puntos ‘oscuros’ que pesan sobre el operativo militar del 22 de abril: "¿Cómo fueron las verdaderas circunstancias de la muerte del único rehén (...) el vocal de la Corte Suprema Carlos Giusti Acuña y la de los dos oficiales de las fuerzas armadas; las heridas sufridas por los otros cautivos (ya que) parece que los emerretistas no atacaron a ningún rehén, pero hubo unos 30 cautivos con lesiones de diverso grado, lo cual es muy raro (...); la muerte de los 14 miembros del MRTA (ya que) hay denuncias de ejecuciones sumarias durante el rescate?" (La Nación, 16/5). La AAJ denuncia, también, que el resultado de su misión fue "nulo", porque "se ha institucionalizado un temor generalizado en el conjunto de la sociedad". La conclusión del abogado que encabezó la misión de la AAJ es que "Perú marcha hacia el fascismo".

En la UOM de Ushuaia se ha desarrollado un vasto movimiento en favor de un aumento salarial. La UOM había pedido un aumento de 300 pesos, a cambio de un incremento en los ritmos de trabajo, pero en las fábricas, los trabajadores se lanzaron a ‘organizar’ el reclamo. En Noblex empezaron con paros de una hora por turno en la semana del 1º de mayo, que luego se fueron profundizando. La patronal quiso cambiar el aumento por el retiro del transporte colectivo o el refrigerio, lo que fue rechazado. Quiso cambiar un aumento por incremento en algunos ritmos de producción; también fue masivamente rechazado. Finalmente, fue subiendo la oferta de 50 pesos iniciales a 93, hasta que terminó otorgando 165 pesos por mes de aquí a fin de año (lo que implica un aumento del 15% promedio). Y, aparte, la patronal pagó las horas caídas de los paros de fábrica. En las otras empresas también se está desarrollando el reclamo salarial.

El gobierno y las patronales están preparando "la única gran reforma que falta" (Página 12, 7/5). Se trata de la reforma impositiva, a la que se presenta en ‘público’ como una vía para ‘simplificar’ la recaudación y ‘desgravar los impuestos al trabajo’. Lo que en realidad pretende, sin embargo, es liquidar los aportes patronales a la seguridad social y al sistema de Obras Sociales. Se pretende liquidar el salario, llamado indirecto, que está compuesto por aquella parte de la remuneración que las patronales abonan para la jubilación y la atención médica del trabajador. Esta parte del salario ya ha sido afectada con reducciones importantes en los últimos 4 años; ahora se estudia ‘liquidarla’ totalmente, incluso modificar otra vez más el régimen jubilatorio para eliminar la parte que el Estado tiene a su cargo (la PBU) e implantar un régimen completamente ‘privado’, bancado exclusivamente, claro, por el trabajador (como en Chile). La reforma impositiva prevé generalizar los impuestos indirectos (al consumo) y establecer un nuevo impuesto inmobiliario nacional, en reemplazo del impuesto a los ‘Bienes Personales’, conocido como impuesto a la riqueza. Se generalizaría el IVA al transporte, las actividades culturales, deportivas, editoriales, etcétera, lo cual elevará el precio del consumo popular. El impuesto inmobiliario se cobraría simultáneamente con el que ya cobran las provincias y la Capital Federal. Se trataría de "un tributo a la vivienda urbana" (Ambito, 6/5), que excluye expresamente a la propiedad terrateniente, y hay quienes pretenden "no gravar inmuebles comerciales o industriales" (El Cronista, 12/5). Es decir, un nuevo gravamen al bolsillo popular. Se afirma que la intención es estimular el ‘ahorro’, pero no se aclara que es el de los capitalistas, esquilmando al pueblo y desgravando, sí, los patrimonios y beneficios empresarios. El impuesto a la riqueza, en cambio, ‘no sirve’ "porque es impunemente evadido" (El Cronista, 12/5); además, tampoco, no se quiere "asustar a posibles inversores" (ídem). Según una versión bastante difundida, el gobierno estudia la implantación de un ‘impuesto único’ para pequeños y medianos contribuyentes, una "suma fija" que, editorializó La Nación, 14/5, "sería lo más sencillo pero no lo más justo". En cambio, "habría sido descartada ... la inclusión en el impuesto a las ganancias de las (utilidades) que se obtienen por compraventa de acciones y otros títulos-valores", es decir, del lucro de la especulación bursátil. Sí se buscaría ampliar la base del impuesto a las ganancias para afectar los intereses de las cajas de ahorro y los depósitos a plazo fijo, que posee, en su mayoría, la clase media. Juan Alemann, que informa de lo anterior en La Razón (9/5), reclama la eliminación del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, para gravar todo tipo de ingresos personales, incluidos los salarios. La ‘reforma’ en discusión agrava la ‘inequidad’ de la estructura argentina, que se caracteriza —dice Enrique Reig, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas— por "castigar excesivamente el consumo a través del IVA y resulta benévola con el impuesto a las ganancias, tanto por sus bajas alícuotas personales y amplitud de exenciones como por pérdidas de recaudación que se transfieren al exterior por los inversores en la Argentina" (Clarín, 18/5). Las medidas en estudio obedecen a que al gobierno le "faltan unos 500 millones por mes para que las cuentas cierren" (ídem). El problema es que sólo en el IVA (que se quiere generalizar) "actualmente hay un 20 por ciento más de evasión" que dos años atrás (Página 12, 15/5). "Se ha llegado a niveles que comienzan a preocupar a los auditores del sistema financiero internacional", dice Raúl Cuello —otro especialista; con una evasión "cercana al 50% en los impuestos principales (agrega) nada asegura que el mecanismo de reemplazo tributario corra mejor suerte" (El Cronista, 14/5). Con todo, el tema que abre las mayores disputas, es la previsión de liquidar el régimen de ‘coparticipación federal’ de los impuestos nacionales. La gran ‘apuesta’ es obligar a las provincias a ‘bancarse’ la mayor parte de sus gastos con recaudación propia, lo que transformaría al Tesoro Nacional en una caja recaudadora dedicada exclusivamente al pago de la deuda externa. Es necesario comenzar la movilización contra la reforma impositiva y luchar por la abolición de los impuestos al consumo popular; por el establecimiento de impuestos progresivos al patrimonio, las ganancias y las grandes fortunas; por la financiación de la previsión social por parte de las patronales; por la desgravación de la vivienda popular y por la imposición exclusiva a la gran propiedad terrateniente y urbana.

Al cierre de esta edición, 200 gendarmes estaban reprimiendo a familias de zafreros desocupados que habían cortado la Ruta 34, a la altura del Ingenio Ledesma, en Jujuy. La represión provocó heridas a más de 50 personas, entre ellas, mujeres y niños. Como respuesta a la agresión, 1.500 vecinos se sumaron al corte de ruta. El corte fue impulsado por el Centro de Desocupados del departamento de General San Martín. La Ruta 34 comunica con Salta, hacia el sur, y con Bolivia, hacia el norte. Es indudable que la gendarmería fue enviada para anticiparse al inicio de una nueva pueblada; en el norte jujeño, la desocupación supera el 70 por ciento, por lo que a los encuestadores les resulta más rápido computar a la población que tiene trabajo. Reclamamos a la CGT que declare una huelga nacional, en cumplimiento con las afirmaciones de Daer de que la central obrera saldría a la lucha si había represión. El mismo martes 20, la famosa policía de Duhalde desató una salvaje represión contra trabajadores ambulantes, que transformó al centro de La Plata en un campo de batalla. La solidaridad de los estudiantes universitarios con los trabajadores, motivó la invasión de las facultades por los Prellezos y Camerattas. La represión ordenada por el intendente, no esconde su defensa de los intereses de los grandes comercios de la ciudad y el deseo de control de la venta ambulante por parte del aparato justicialista de Eduardo Duhalde. El día anterior, una vigorosa manifestación lucifuercista, en Mendoza, fue impedida de ingresar a la Legislatura para protestar contra la privatización de la empresa provincia de energía. Los trabajadores defendían sus más elementales derechos, esto porque la privatización liquidará sus conquistas laborales y porque el parlamento esta obligado a permitir que sus sesiones sean presenciadas por la ciudadanía. La desintegración de la etapa menemista está a la vista. El carácter de la nueva etapa depende de que los trabajadores intervengan con una política propia en ponerle fin a la actual.

La patronal del Centro Gallego de Buenos Aires, con el pretexto de una “delicada situación financiera”, abrió un plan de retiros voluntarios “con el deliberado propósito de no verse obligada a tomar medidas traumáticas” (Comunicado al personal, abril 1997). Estos ‘retiros’ prevén indemnizaciones inferiores en un 40%, su pago en cuotas, el cese inmediato de la cobertura de la obra social y la imposibilidad de cobrar el fondo de desempleo. Además son selectivos, o sea que la patronal se los da a quien quiere. La patronal también pretende reducir los salarios, por lo que descontó una ayuda anual por preescolaridad. La comisión gremial interna salió rápidamente al cruce de las intimidaciones a los trabajadores, rechazó los ‘retiros voluntarios’ y las rebajas salariales, y está realizando reuniones y asambleas para denunciar los verdaderos propósitos de la patronal y organizar la lucha. Se han realizado varias asambleas por sector y una general. Más de 300 compañeros han firmado una declaración que exige a la patronal el respeto a las condiciones laborales y de los puestos de trabajo. La inscripción a los pedidos de retiro ha fracasado (vencía antes del 10 de mayo), y la patronal la ha prorrogado hasta fin de mes. El rechazo masivo a los retiros ha frenado otros intentos de despidos directos. Que ATSA convoque a un plenario de delegados para lanzar un plan de lucha en defensa de los trabajadores de todo el gremio.

Ha concluido el primer tramo de las elecciones de SUTEBA previstas para el próximo 27 de junio. Se presentan tres listas: la Celeste marisanchista, actual dirección del sindicato; la Azul y Blanca (Ptp, Unidad Socialista y sectores duhaldistas), y la Rosa, impulsada por las agrupaciones docentes del PO, Mst y Lucha Socialista (fracción "pública" del Mas), y por la Lista Verde, una agrupación local de Tigre. ¿En qué cuadro tienen lugar estas elecciones? La docencia se encuentra fuertemente golpeada por los ataques del gobierno: retroceso salarial, descalificación profesional, alargamiento de las jornadas laborales, deterioro de las condiciones de trabajo, atrasos en los pagos de sueldos. Han habido numerosas tentativas para revertir esta ofensiva, en la que el gobierno es un mandadero del Banco Mundial y del clero: movimiento de autoconvocados en diversos distritos; multitudinaria movilización a La Plata; las recientes movilizaciones en La Matanza; los "campamentos educativos" en Hurlingham y San Martín el año pasado. Se trata de manifestaciones incesantes de lucha, que indican el esfuerzo de la base del gremio por articular una respuesta de conjunto y poner un límite a la descomunal ofensiva anti-educativa. Vaciamiento sindical La conducción marisanchista, por su lado, ha vaciado al sindicato como organización: las asambleas son minúsculas, hay escasa elección de delegados de escuelas; se alejan los afiliados. Este vaciamiento es parte fundamental de la política de la dirección de SUTEBA-CTERA. Con el argumento de que la salida es de ‘conjunto’ y no ‘sectorial’, SUTEBA ha ido abandonando su responsabilidad como sindicato. La política de Yasky y Cía, consiste en transformar al gremio en una suerte de apéndice del tramiteo parlamentario y de la oposición antimenemista (en la que se incluye, para algunos, al duhaldismo). De allí la política de los "Foros en defensa de la educación", o la subordinación de la totalidad de las reivindicaciones sindicales a una hipotética aprobación de un "proyecto de ley de financiamiento educativo", que convalida el desmembramiento y la privatización de la educación nacional. Naturalmente, esta política no ha pasado inadvertida para el gremio y hasta el aparato celeste ha sufrido desgajamientos y realineamientos, como consecuencia de sus resultados nulos. Hace menos de dos meses se produjo la renuncia de la secretaria general del SUTEBA-La Plata, la que se sumó a una seguidilla de deserciones de directivos y activistas que se fueron operando en el último año. Se acaba de dividir la celeste de Lomas de Zamora, que concurre a las elecciones en listas separadas. El cuadro electoral está afectado, por un lado, por el retroceso sindical y aun la desmoralización de la base, pero, por otro lado, es también escenario de una renovada tentativa de la vanguardia docente para abrir una salida. Azul y Blanca El llamamiento de las agrupaciones integrantes de la Lista Rosa a la Azul y Blanca para formar una lista unificada se inscribió en esta perspectiva. La Azul y Blanca, sin integrar la dirección de Suteba, ha formado parte del régimen sindical impuesto por el marisanchismo; no ha pasado de ser una oposición formal, que no se ha elevado ni ha querido elevarse como alternativa a la celeste, ni ha sido protagonista de los movimientos de luchas, con los cuales entró incluso en colisión en las secionales que dirige. La propuesta apuntaba a reforzar una reacción en la base del gremio. El rechazo de la Azul y Blanca a una alianza con la Rosa y la exigencia —más bien el ultimátum— de ‘sumarse’ a ‘su’ lista, demostró que la Azul y Blanca no quería ir a una contraposición política con la burocracia, sino a una componenda. El rechazo a formar una lista en común es una prueba adicional de que la Azul y Blanca no es una oposición real, y pone en evidencia los lazos que la unen a la burocracia. Un grupo de los llamados aliados ‘nacionales y populares’, que revistaba en la Azul y Blanca, acaba de abandonar SUTEBA y la propia lista Azul y Blanca, para empeñarse en formar un sindicato adicto a la Gobernación. La Rosa nace fuerte La maniobra de la Azul y Blanca no consiguió romper la tendencia unitaria que se plasmó en la constitución de la Rosa. La Rosa se erige como un punto de referencia para centenares de activistas. Al mismo tiempo, ha servido para reforzar la formación de numerosas listas seccionales, varias de las cuales cuentan con un gran reconocimiento en sus respectivos distritos (La Plata, Ensenada, Mar del Plata, Olavarría, Varela, Berazategui, Lomas, Lanús, Escobar, Sarmiento, San Martín, Morón, Matanza). En la puesta en pie de todas estas listas, Tribuna Docente ha jugado un rol protagónico, lo que se refleja tanto en su composición, como en sus programas y perspectiva políticas. Las elecciones sindicales deben ser aprovechadas como una tribuna. Desde ella habrá que desenmascarar la política marisanchista de ‘financiamiento educativo’, que somete al sindicato integralmente a la ‘reforma educativa’. Por otro lado, es necesario centrar la agitación electoral en la necesidad de luchar por un salario mínimo de 700 pesos y la defensa integral del Estatuto del Docente. Programa Tribuna Docente propone que la campaña eleve como consigna el eslogan "PARA QUE SUTEBA VUELVA A SER UN SINDICATO", porque deja claro el vaciamiento sindical, y por otro lado, que la política de la Rosa pasa por su reconstrucción en todos los planos. Como un aspecto de esta política, Tribuna Docente destaca cuatro medidas básicas y esenciales: 1. Declarar caduco el estatuto antidemocrático vigente y colocar a SUTEBA en estado de asamblea, dando cabida y participación igualitaria a afiliados y no afiliados, para proceder a una reorganización integral del gremio. 2. Convocar a un Congreso provincial de delegados de escuela, elegidos y mandatados por asamblea. 3. Aprobar un pliego de reclamos encabezado por el salario básico de 700 pesos y organizar un plan de lucha que conduzca a la huelga general hasta la satisfacción de dichas reivindicaciones. 4. Llamar a los centros y federaciones de estudiantes, a los demás sindicatos docentes y a las organizaciones combativas de los trabajadores a convocar en común una ASAMBLEA NACIONAL EDUCATIVA por la anulación de la ‘reforma educativa’ y por la reorganización integral de la educación bajo dirección de los trabajadores. Se plantea la posibilidad de un reagrupamiento masivo a escala provincial y seccional. La campaña electoral es un escenario favorable para desenvolver esta perspectiva.

La versión de que las Obras Sociales seguirán teniendo un carácter ‘solidario’ y que no se permitirá en adelante la competencia de las ‘prepagas’ en el sector es totalmente falsa. Hace tiempo que la burocracia pactó ya un plan de ‘reconversión’ de las Obras Sociales de acuerdo a un plan del Banco Mundial, al que han ingresado todas las fracciones de la burocracia, CTA y MTA incluidos. La burocracia aceptó incluso la rebaja del 18% de los aportes patronales a las obras sociales. Estas se encuentran ya mayormente arancelizadas y sometidas a la política ‘privatizadora’. La burocracia habría ‘logrado’, a lo sumo, un ‘corrimiento’ de los plazos para la apertura del mercado de las Obras Sociales a las ‘prepagas’. El ministerio de Salud, firmante de los ‘acuerdos’ con la burocracia, informa Página 12 (10/5), “insiste en que el acuerdo con el BM sigue vigente. ‘No hay posibilidades de cambiar el cronograma’, aseguran”. Este establecía que a partir del 1º de enero de 1999 habría ‘libertad total’. Según la versión de Página 12, “Menem intenta correr los plazos para que la apertura total del mercado de la salud —y el conflicto que genere— caiga más allá del fin de su mandato ... su apuesta sería retrasar en apenas unos meses el programa”. Pero lo más sabroso es que el tan cacareado ‘freno’ que se le habría puesto a Osdo y otras ‘obras sociales’ de empresa, que asociadas con ‘prepagas’ se habían lanzado a competir ya por penetrar en el sector, es una ‘truchada’ total. El asunto no son las ‘chiquitas’, sino las ‘grandes’: y en este terreno ya se ha avanzado mucho (ver artículo central). Esto es lo que explica que “las prepagas han perdido unidad de criterio” (ídem).

Como fuera anticipado ya en estas páginas, el Plenario Abierto de Trabajadores de la Zona Oeste realizó su acto del Día Internacional de los Trabajadores, el pasado miércoles 30 de abril en Morón. Con ajustada organización, los integrantes del plenario montaron un importante escenario, sonido e iluminación, creando un espacio muy destacado para los oradores. Entre adhesiones y saludos de varios sectores en lucha, fábricas y partidos políticos, hicieron uso de la palabra Federico Mobia de la CI del Hospital Posadas, José Luis Perea de la CI de ATE-INTA Castelar, Norberto Frasso de la CI de los trabajadores de Editorial Atlántida en lucha, Carlos Pacheco de la CI de Transporte del Oeste y Luciano del Grupo de Jubilados de la Zona Oeste. Todos ellos coincidieron a la hora de denunciar al gobierno como responsable de los ataques a las condiciones de vida y de trabajo del movimiento obrero, denunciando la ‘flexibilización’, la ‘tercerización’, las ‘crisis’ truchas, la ‘Segunda Reforma del Estado’, y las leyes (anti)-educativas, como las formas en que se presentan estos ataques. Todos los oradores hicieron un llamamiento especial a unir las luchas en un programa único, y a continuar construyendo el plenario para agrupar a todos los sectores en lucha de la zona, “para vencer la parálisis de nuestras direcciones sindicales”. El nivel político de los trabajadores que pasaron por esta tribuna dio sobradas muestras de la existencia de un nuevo activismo obrero que encabeza la puesta en pie de la clase obrera. Las intervenciones dejaron en claro la necesidad de prepararnos en todos los lugares de trabajo para las luchas que se avecinan. Tal el caso de los choferes de TDO, que lidian con el intento de despidos masivos y ‘flexibilización’ de la patronal, que se encubre detrás de una ‘crisis’ inexistente, algo que los compañeros de Atlántida conocen muy bien y que transmitieron a todos los presentes. De igual modo se expresaron los compañeros del INTA y el Posadas, que luchan permanentemente contra la ‘reestructuración’ (despidos) y la ‘autogestión’ (recorte presupuestario). El acto demostró, una vez más, que en el plenario se concentra lo mejor de la vanguardia obrera de la zona, y que está para dar un gran salto organizativo para todos los trabajadores de la Zona Oeste. Tal como lo manifestaron sus oradores, “la convocatoria a un acto de estas características, hoy, en este día, es un gran éxito político, porque no hay nadie entre las organizaciones tradicionales que haya convocado a hacer un verdadero acto obrero”. Por lo tanto “no tan sólo significa, sino que demuestra que los trabajadores, cuando nos ponemos, podemos hacer cosas; así es como se han logrado las grandes conquistas”.