Prensa Obrera N° 530

Todo indica que la conformación de un frente político entre el ‘cavallismo’ y el Frepaso, que algunos periodistas bautizan como "frente antimafia", ha pasado del terreno de las especulaciones al de un virtual "comando común". El ex ministro de Economía elogió públicamente a Juan Pablo Cafiero por "estar militando para que cuestiones como los DNI dejen de estar en manos sospechadas de mafiosas" (El Cronista, 5/3), en alusión a Ciccone-Yabrán en disputa por el ‘negocio’ con IBM-Cavallo. Cafiero y Alessandro (también del Frepaso) denunciaron judicialmente supuestas irregularidades en la licitación de los DNI en favor de Yabrán, "además de promover la investigación parlamentaria sobre la vinculación del empresario postal con el crimen de Cabezas". Junto a Franco Caviglia, un aliado externo al ex ministro, iniciaron otra causa para tratar de demostrar la dependencia de Edcadassa, responsable del manejo de cargas y depósitos fiscales en Ezeiza y Aeroparque, respecto a Villalonga Furlong, vinculada a Yabrán. El dato más elocuente de esta entente lo dio, de todos modos, el propio Chacho Alvarez, al señalar que "si su partido llegara al gobierno en 1999, no reconocería la privatización del Correo por decreto" (ídem), lo que significaría desbancar a Yabrán y abrir la posibilidad de entregarlo a la norteamericana Federal Express, una ‘causa’ por la que Cavallo viene ‘militando’ desde hace años. Chacho Alvarez, que se arrepintió de no haber votado la ley de convertibilidad y se olvidó de la mafia Cavallo-IBM-Aduana paralela-Federal Express, ahora está dispuesto, en un solo caso, el del Correo, a quebrar su "juramento público" de "no volver atrás" con las privatizaciones fraudulentas de las empresas públicas. Todo esto ilustra sobre la trama de intereses que se esconde detrás del ‘frente por la transparencia’, y más precisamente detrás del Frepaso y el ‘cavallismo’. Estos actúan aliados a una de las mafias que hoy disputa el poder político y que podría contar con el apoyo abierto, en función de gobierno, de una fracción importante del imperialismo norteamericano. A través del ‘frente antimafia’, un ala del imperialismo yanqui actúa para dirimir la lucha interburguesa y volcar en su favor una serie de ‘negocios’ en disputa de primera magnitud —Correo, ley de patentes, control de las telecomunicaciones. ‘Cavallismo’, Frepaso y ‘orteguistas’ son peones de estos intereses y actúan en función de un frente político (que incluso ha pactado ‘golpear separados’ en las elecciones de este año, para conocer el peso electoral de cada fuerza, con vistas a armar una coalición electoral en el 99). En cualquier caso, la palabra decisiva la tiene el imperialismo, que apuesta a arbitrar entre los distintos partidos políticos patronales y cuenta con peso propio, además, en buena parte del radicalismo. El arco centroizquierdista que hoy aparece aliado a Cavallo se alineó férreamente en torno a la política de tapar el crimen de Cabezas y preservar al Estado. Se sumó al coro oficial y ‘opositor’ que presentó al crimen como un "atentado contra la democracia", colocando al gobierno en el papel de víctima y no de victimario. Hoy enmascara la decisión de ‘indultar’ al régimen Menem-Duhalde con presentaciones que ‘mueren’ en acusaciones elípticas al grupo Yabrán, en función de la feroz disputa por el poder y del intento de tapar las huellas políticas del crimen.

El 25 de febrero, la burocracia de la Ctera hacía aprobar en un Congreso un paro nacional docente de 24 horas para el 24 de marzo, en forma rutinaria y ritual. Diez días después, ¿qué panorama tenemos? Huelga general por tiempo indeterminado en Río Negro contra la reducción salarial. Huelga general de dos semanas en Neuquén por la recuperación de los salarios (20%). Movilización general de los docentes santafesinos, que acaban de imponer la derogación de la norma que impone cierres y fusiones de grados. Catamarca ‘inició’ las clases con un paro de 48 horas. En San Juan, una marcha de antorchas de 12 cuadras de extensión rechazó la ley de "emergencia educativa", que promueve el cierre de cursos y de llamados a concursos. A nadie se le puede escapar que estos conflictos provinciales no son ‘particularidades regionales’, sino que tienen un contenido común: salen a enfrentar el ataque al salario y el caos y el dislocamiento provocados por la ‘reforma educativa’. Esto plantea, entonces, no un paro nacional aislado de 24 horas, sino la necesidad de un plan de lucha nacional continuado. Las direcciones del sindicato neuquino se han ‘autocriticado’ en las asambleas por no haber desarrollado en el 96 un plan de lucha sistemático, caracterizando que ésta ha sido una de las causas de que el gobierno antiobrero de Sapag les impusiera la reducción salarial. Plan de lucha nacional, de conjunto y sistemático. Esto es lo que reclama la docencia y lo que ya está votando con la acción directa en las provincias. La lucha por el salario Es un componente esencial. No hay educación posible cuando se destruye física e intelectualmente al magisterio, con salarios de 300 pesos que, en muchos casos, ni siquiera se cobran en fecha. El mismo Menem ha reconocido que los salarios docentes son miserables, para proponer a continuación un régimen de ‘productividad’, rompiendo por completo con los salarios provinciales únicos hoy existentes. ¿Recursos? Claro que hay. Duhalde los usa para armar su escenario proselitista. Los docentes y padres han denunciado los sobreprecios que paga por las construcciones escolares (que no se corresponden en nada con la calidad de las mismas) y el manejo turbio de fondos. La Ctera debiera unificar la lucha por un salario mínimo nacional de 700 pesos. El 24 debe ser una gran jornada de movilización La reivindicación salarial y la anulación de la reforma educativa deben ser la base para vertebrar un plan de lucha nacional. Estamos en condiciones de imponer una victoria. El paro de 24 horas debe ser una oportunidad para impulsar un plan de lucha hacia la huelga general y superar la política y las perspectivas con que la conducción de la Ctera ha concebido el mismo. Debemos darle al paro un contenido deliberativo y activo. Organicemos asambleas y la coordinación entre las escuelas. Fijemos una plataforma reivindicativa y pronunciamientos en favor de un plan de lucha nacional. Llamemos a padres y estudiantes a movilizarse en común el 24, que coincide con las marchas y concentraciones que tendrán lugar en el país con motivo del aniversario del golpe militar y el segundo mes del asesinato de Cabezas. Si el gremio no convoca, autoconvoquémonos. Impulsemos autoconvocatorias en los distritos y pongamos en pie coordinadoras zonales. Llamamos a todas las entidades de base y corrientes de lucha del gremio a formar un bloque para impulsar esta política, arrancando desde ahora con una actividad común por la organización del paro. Por un Congreso de Bases El Congreso de la Ctera no pasó de ser una parodia. La ‘resolución’ del mismo tomó estado público antes de que deliberaran los congresales. Esto pone en evidencia la necesidad de la convocatoria de un verdadero Congreso, de un Congreso de bases, con delegados elegidos y mandatados por asamblea. Plan de lucha y Congresos de bases.

Plataforma aprobada en el Acto-Asamblea del 8 de marzo de 1997 En defensa de las libertades democráticas y contra toda forma de impunidad. No a la represión de las mujeres luchadoras. En defensa de las conquistas de los trabajadores. No a la flexibilización laboral esclavista, prohibición del trabajo de los niños y del trabajo nocturno de la mujer. A igual trabajo igual salario entre el hombre y la mujer. Capacitación gratuita para facilitar el ingreso de la mujer al mercado laboral. Cupos laborales en igualdad de condiciones que los otorgados a los hombres. Jornada de 8 horas. No a la destrucción previsional. Como mujeres reclamamos la devolución de nuestros derechos y conquistas avasallados por los llamados representantes del pueblo en los últimos años. Reconocimiento de la maternidad como una cuestión social. Licencia por maternidad con goce de sueldo por un año. Reconocimiento en todos los convenios del día femenino. Guardería y comedores escolares gratuitos en las barriadas y lugares de trabajo a cargo del Estado. Ninguna discriminación a la mujer soltera (otorgamiento de subsidios estatales para la crianza de sus hijos). Divorcio gratuito por reclamos de una de las partes. Educación sexual y provisión de métodos anticonceptivos en forma gratuita por el Estado. Cese de toda discriminación y violencia, tanto en los trabajos como en las familias contra la mujer. Por la organización de un movimiento de lucha de las mujeres trabajadoras y pobres por sus reivindicaciones y por la autodefensa frente a los actos de violencia. Sólo mediante la organización y la lucha nos respetarán en los lugares de trabajo y podremos arrancar nuestros reclamos. Por la unidad en un plan de lucha de las mujeres trabajadoras y pobres con el resto de los trabajadores, como única arma para defender nuestros derechos y nuestra dignidad. Por la unidad mundial de todas las mujeres trabajadoras y pobres del mundo junto a los trabajadores, para terminar con toda forma de opresión. Resolvemos que estos puntos sean incorporados como plataforma de Pueblo Unido en relación a la problemática de la mujer, y con esta plataforma llamamos a movilizarnos el 21 de marzo hacia la ‘pueblada’ de PU. Convocadas por las mujeres de Pueblo Unido, hacemos un llamado a todas las mujeres tucumanas a debatir estos puntos y a organizar un encuentro provincial de mujeres (tentativamente) en el mes de mayo. Resolvemos también la salida de una carta abierta para dar a conocer todos nuestros puntos de vista a los diversos movimientos de mujeres organizados del resto del país, y demás organizaciones políticas y gremiales.

El ataque a fondo llevado a cabo por el clan Menem-Obeid-Stanoevich, a pesar del año electoral, se efectivizó a 48 hs. del inicio de clases. El ‘decretazo’ se conoció el viernes 28 y en él rezaba que se cerraban cargos en toda la provincia (400) y se fusionaban grados y cursos hacinando niños, pero lo más importante era que ponía en disponibilidad a todos los compañeros, fueran titulares o suplentes. El clan antiobrero y aplicador de la Ley Federal Antieducativa no contaba con la verdadera sublevación y revuelta de docentes y padres el sábado 1º y el domingo 2, que determinó que el lunes 3 (inicio de clases) se cumpliera masivamente el ‘paro’ encubierto que determinó una Asamblea Provincial, inmovilizada por los acuerdos con el gobierno, por un lado, y la presión de los trabajadores y los padres, por el otro. La medida provocó una verdadera andanada de denuncias, la conformación de comisiones de padres en apoyo a la continuidad en los cargos de los compañeros y en contra de la fusión. Podemos decir que se ‘incendió’ la provincia, imponiendo la derogación del ‘decretazo’. Cuarenta y ocho horas después, vergonzosamente, Obeid dice (que) la derogación del decreto 349 (de cierre y despidos) con el decreto 382 "no es una muestra de debilidad del gobierno sino de reconocimiento de errores frente a planteos con fundamentaciones". ¿Cuál? ¿el planteo del "paro" del 3/3? Lo que dice Obeid en realidad es (y lo expresa en los considerandos del decreto 382): estoy débil y necesito dialogar, para imponer el achique, con el acuerdo del sindicato. ¿Y la dirección? Que comenzáramos las clases el día 3 nos decía ya que no había respuesta ante el ataque del gobierno. El llamado a Asamblea Provincial para el 28 indicaba también que la dirección estaba inmovilizada en la ‘creencia’ de que nada iba a suceder. Los docentes estuvimos en las escuelas desde el 10/2, lo que nos daba la posibilidad de una férrea organización para los reclamos; reivindicaciones es lo que sobran, aun si no hubieran atacado como lo hicieron. Es evidente, entonces, que el accionar responde a la política centroizquierdista de conciliación de clases, con el fin de salvar la gobernabilidad de un gobierno irrecuperable y consumido por las luchas intestinas, la corrupción y la entrega del país y la educación a los monopolios internacionales. Qué hacer El año pasado evitamos con la movilización que cerraran 3.000 cargos docentes por aplicación de la Ley de Emergencia (11373). Este año, más espectacularmente, derogamos el decreto de cierre, fusión y disponibilidad. Pasada la euforia de la victoria, debemos retomar el camino de la organización para enfrentar futuros ataques y pasar a la ofensiva en el logro de nuestras reivindicaciones, por: Aumento de salario, 700 pesos de básico. Paso del presentismo y los pagos en negro al básico. Derogación de los decretos 994 y1172/90, que cercenan los derechos en licencias. Dimos otra batalla y ganamos en el camino de la derogación de la Ley Federal de Educación. Podemos lograrlo. Organicemos en esta perspectiva un Congreso de Delegados de Escuelas, que defina el camino y lidere la lucha.

El sábado 8 de Marzo, más de 600 personas desbordaron la Sociedad Española de Marcos Paz, en un festival en homenaje al Día Internacional de la Mujer. Los choferes de TDO prepararon con mucho tiempo este homenaje a sus compañeras, pues como ellos mismos lo manifestaron en su convocatoria, se lo debían después de la formidable ayuda que significó la solidaridad activa de sus mujeres en el gran conflicto que vivieron hace unos meses. El festival no fue un homenaje al feminismo, fue un festival de defensa de los intereses más sentidos de la mujer: su educación, la educación de sus hijos, la defensa de la salud, la lucha contra la explotación de los hombres y las mujeres, y fue un llamado a prepararse para dos meses decisivos que van a atravesar, ante la eventualidad de nuevos conflictos por el cierre de líneas y ‘tercerizaciones’. Participaron del festival comisiones internas que apoyaron el conflicto. Estaban presentes delegadas del Castex y del Inta, mujeres luchadoras que valoraron este festival clasista, y la Comisión interna de Editorial Atlántida en pleno, que hizo uso de la palabra defendiendo el método y la convocatoria del festival, y señalando que en la gran lucha que están librando contra la patronal de la editorial, sus mujeres también habían realizado la semana anterior un acto público en la puerta de la planta, desafiando un inmenso operativo policial dirigida a desalentar y atemorizar a los trabajadores y sus familias. Los compañeros no necesitaron reclamar la solidaridad de los choferes de TDO, pues una gran ovación los despidió señalándoles que así como ellos apoyaron a los choferes, habría una activa solidaridad con el conflicto de Atlántida. Finalmente, en nombre de los trabajadores de TDO, habló Carlos Pacheco, señalando que un homenaje verdadero a la mujer es unir al movimiento obrero para evitar que el capitalismo destruya a la familia del trabajador flexibilizándolo, liquidando sus vacaciones, separándolo de sus hijos, impidiendo que la familia obrera se eduque y acceda a una salud gratuita. El festival fue un ejemplo de solidaridad y de lucha, y muestra un camino real, concreto, para lograr la unidad inquebrantable de la lucha de las compañeras contra la explotación de sus compañeros y de ellas mismas. Mientras se divertían y bailaban hasta casi las seis de la mañana en un clima de gran unidad, los choferes quizás no eran del todo concientes que habían protagonizado, por su forma y por su contenido, el mejor homenaje que se realizó en la Argentina al Día Internacional de la Mujer.

En la edición anterior informábamos que los docentes de Neuquén Capital habían votado en una Asamblea con más de 1.000 maestros, el "no inicio por tiempo indeterminado". Para enfrentar así el ataque del gobierno provincial contra la educación pública (cierre de jardines de 3 y 4 años, negativa a cubrir la planta de profesores de educación física y música, etc.) y... lo fundamental, la recuperación de un descuento del 20% de los salarios, que Sapag (el gobernador neuquino del MPN) había impuesto el año pasado. Este año la legislatura provincial, fruto de la movilización, no prorrogó el descuento; a pesar de lo cual Sapag lo sigue aplicando. El plenario de secretarios generales del sindicato docente (ATEN) votó el no inicio de clases con un paro de 15 días, desde el 10 al 24 de marzo. Las principales seccionales habían concurrido con el mandato de paro por tiempo indeterminado (Neuquén capital, San Martín de los Andes). En Centenario también se había votado la huelga por tiempo indeterminado. Pero con un esfuerzo de aparato, la directiva Azul Celeste (con el apoyo del Mst) logró cambiar por sólo 4 votos esta moción por la de paro de 72 horas. El paro general de 15 días indica la fuerte presión de lucha existente en las bases. El lunes 10, en el primer día de paro cumplido masivamente en toda la provincia, se realizó una combativa manifestación con más de 3.500 docentes en Neuquén Capital. Se ha votado un plan de movilizaciones. El jueves 13 se realizará un corte de rutas en toda la provincia (¡está viva la experiencia de Cutral Co!) y se marchará hacia el puente que une con Cipolletti, para confluir con una manifestación similar de los huelguistas rionegrinos. El gobierno, para intentar quebrar la huelga, ha lanzado una campaña anunciando el no pago de los días de huelga. Para triunfar debe desarrollarse una vasta y extendida organización interescuelas, constituir comisiones de padres, movilizar a la juventud, confluyendo con la Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Las direcciones de ATEN se han ‘autocriticado’ de haber hecho un plan de lucha inconsecuente con paros parciales el año pasado, que fue lo que posibilitó que Sapag impusiera el descuento salarial. Para "no repetir la misma historia" debemos resolver ya, en Asambleas por colegio, que si el 24 de marzo no se lograron las reivindicaciones, sigue la huelga por tiempo indeterminado. Y reclamar que el plenario de delegados convoque a una nueva Asamblea General para votar esta estrategia (su sólo voto será un golpe contra el gobierno) y las acciones a seguir en la segunda semana del paro. No reanudar las clases hasta que no devuelvan lo robado: salario, cargos, etc. Unificar el paro por tiempo indeterminado de Río Negro y Neuquén, convocando a los gremios estatales, desocupados, estudiantes secundarios, docentes y estudiantes universitarios, a una gran rebelión provincial en defensa de la educación pública y las condiciones de vida de las masas (seguro al desocupado), contra la política menemista de Verani y Sapag. Los estatales de ATE y la CTA deben sumarse a esta lucha: ellos también sufren los descuentos salariales que impuso Sapag el año pasado. Están dadas las condiciones para —partiendo de los docentes— convocar a Asambleas Populares y Congresos de Bases en todas las localidades de Neuquén.

Menem acaba de emitir el Decreto 197 de "normalización" del PAMI, que establece el ‘cese de la intervención’ y la conformación de un directorio (según la Ley 19032) que incorpora, en minoría, representantes de jubilados ... designados por el gobierno. Los diarios han presentado este paso como un "saneamiento económico-financiero, para el que se destinarán los fondos necesarios" (Clarín, 8/3). Los sindicatos como las organizaciones de jubilados consideran esta medida progresiva y resultado de la lucha de los jubilados, porque significaría la recuperación de la "autonomía" del Instituto, bajo control de sus propios beneficiarios. En realidad, el Decreto gubernamental configura la continuidad y el agravamiento de la política de liquidación de esta obra social, que bajo el dictado del Banco Mundial, llevaron adelante las intervenciones de Markovic y Alderete últimamente. El decreto establece que, hasta 1998, el Instituto permanecerá en la órbita del Presupuesto General de la Administración Nacional (art. 22). Un préstamo de 220 millones, que el Instituto recibirá del ANSSAL, "sólo podrá ser aplicado a la cancelación de deudas del Instituto pendientes de pago al 31/12/96" (art. 8). Y debe ser devuelto a partir del 98 con la recaudación propia, cuando ésta supere los 200 millones mensuales. Estos 200 millones mensuales figuran como un techo para el gasto del PAMI. "Durante 1998 el Estado Nacional ‘garantizará’ al Instituto un ingreso mensual de 200 millones" (art. 20). El presupuesto del PAMI era de 300 millones cuando empezaron a declinar sus prestaciones. Lo más notable es que para asegurar que a futuro no se supere ese techo, el propio decreto establece una "redistribución" de los aportes patronales, llevando el aporte al PAMI actual de 1,4% a un despreciable 0,59%, y asignando la diferencia al ANSeS. Con lo que queda garantizado que futuros aumentos de la recaudación no se asignarán al financiamiento del Instituto. En otros puntos se establece que "los pasivos constituidos con el Banco Mundial, serán cancelados con los recursos propios del Instituto" (art. 16), y que luego de su desvinculación del Presupuesto Nacional, el Instituto deberá financiar los gastos médicos de los jubilados que opten por otras obras sociales. Y también los gastos de sepelio de jubilados y pensionados nacionales, incluyendo a los transferidos de las ex-cajas provinciales (art. 19). Se hará cargo también de los gastos de atención médica de los pensionados no contributivos y discapacitados que pasaron a la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social (art. 17). Con todo esto, lejos de otorgar la "autonomía" al PAMI, la disposición menemista agrava el ahogo presupuestario y endeuda a largo plazo a la obra social. La consecuencia inevitable de este desfinanciamiento es la reducción de las prestaciones, los activos y el personal del Instituto, como lo pone de manifiesto el propio decreto. El Ministerio de Salud, según el artículo 31, determinará el monto de las "cápitas" (gasto mensual por beneficiario), "ajustándolo" al decreto 292/95, que estableció una cápita fija por una prestación mínima (PMO). El artículo 18, dice además que el nuevo directorio continuará con el proceso de ordenamiento de gastos administrativos y de prestaciones médicas según lo previsto por el Presupuesto Nacional 1997. El decreto contempla también que hasta el 30 de junio del 97, se instrumentarán medidas de desvinculación del personal, financiadas a través del Fondo de Reconversión Laboral (art. 9). La Reforma del Estado a toda marcha. La continuidad total de esta política con la intervención queda establecida al otorgarse al presidente del Directorio (nombrado por el gobierno) todas "las facultades que el decreto 925/96 le otorgó al Interventor Normalizador" (art. 24). El nuevo directorio que nombrará en su totalidad el gobierno menemista, con mayoría de representantes estatales y minoría de jubilados y burócratas sindicales, también digitados "a propuesta" de organizaciones colaboracionistas, jugará el mero papel de encubrir formalmente la dictadura del "Presidente-Interventor". Está perfectamente estatuido por el decreto. Mientras el PAMI permanezca dentro del Presupuesto (art. 3), el presidente tiene la suma del poder. Dicta las normas de organización y funciones de las dependencias, distribuye competencias y funciones. Designa y remueve a todos los funcionarios jerárquicos. Elabora y propone planes de acción, creación de nuevos servicios y supresión de los existentes. Dispone la distribución de recursos. ¡Y hasta elige al vicepresidente! Queda claro que la función de los directores ‘truchos’ será rubricar la política que Menem y el Banco Mundial dispusieron para el PAMI. No hay saneamiento sino mayor endeudamiento. No hay autonomía sino máxima dependencia financiera y política del poder central y el Banco Mundial. No hay democratización sino verticalismo y conducción despótica del Presidente-Interventor. No hay recuperación del PAMI, sino consumación del vaciamiento y liquidación de la obra social. La ‘normalización’ trucha debe ser denunciada como una prolongación bajo otra forma de la misma política menemista.

El gremio docente de Río Negro (Unter) está en huelga general por tiempo indeterminado para rechazar una nueva reducción salarial del 25% y la modificación por decreto del régimen de licencias (por maternidad, enfermedad, etc.). Esto obligó al gobernador radical, Verani, a maniobrar: primero redujo la rebaja salarial del 25 al 10% y luego, ante la inminencia del paro, planteó devolver el régimen de licencias que antes había derogado. Un plenario de secretarios generales de la Unter, reunido el sábado pasado, resolvió no convocar al Congreso del sindicato (único organismo que podría levantar la huelga por tiempo indeterminado) y exigió, como requisito para sentarse a negociar, que Verani retroceda totalmente en su pretensión de rebajar el salario de los docentes. ‘Apoyo’ menemista Verani está sufriendo los efectos de una aguda crisis política, que se potencia por la crisis social y el ascenso de las luchas de los trabajadores rionegrinos. Con una deuda de 700 millones, el gobierno provincial está financieramente fundido y los bancos acreedores lo aprietan para que termine de rematar lo que queda del patrimonio público. El bloque oficialista del radicalismo en la legislatura —mayoritario— se ha fracturado, planteando que no está dispuesto a acompañar estas nuevas privatizaciones (teme ser barrido en las próximas elecciones provinciales). La única ‘base de sustentación’ del gobierno es el menemismo, representado por el burócrata Scalezzi de UPCN y la fracción oficialista del PJ local (Constanzo). Menem le envió 10 millones de dólares para impedir que desborde la situación (por el no pago de salarios). Pero es un apoyo condicionado a avanzar aún más por el camino de los bancos que reclaman nuevas privatizaciones. "En voz baja y pese a las desmentidas de Verani, se vuelve a mencionar un presunto acuerdo para entregar el Ipross a la prepaga privada Cruz Suiza, y otro para ofrecer al Banco Galicia el DPA y Horizonte a cambio de deuda pública provincial" (Río Negro, 9/3). Con todo El primer día de paro de los docentes ha sido contundente. En algunas localidades se han realizado masivas manifestaciones (Bariloche). La inauguración del ciclo lectivo por parte del ministro de Educación provincial en la lejana Choele-Choel, fue recibida con un paro del 100% y manifestaciones de repudio. Pero de lo que se trata es de marchar hacia una huelga general provincial contra el gobierno antiobrero en crisis. En esto, lo principal es sumar a los trabajadores estatales. En muchas localidades (Villa Regina, etc.) los trabajadores hospitalarios y de otros sectores han tomado medidas de acción. Se trata de alentar la insurgencia de los trabajadores estatales contra sus direcciones burocráticas colaboracionistas. Para ello, desde las seccionales de la Unter es necesario plantear que se constituyan intersindicales de base para luchar de conjunto. Es necesario convocar también a los padres, y a los estudiantes secundarios y universitarios, a constituir comisiones de movilización. Es necesario, en definitiva, marchar hacia la huelga general provincial. ATE y SITRAJUR deben ya declarar la huelga e integrarse con la Unter a un Comando Unico de Lucha provincial. Contra esta perspectiva de movilización de las masas, las Multisectoriales están buscando una vía de salvataje al gobierno en crisis, propugnando una reforma del Estado "por consenso". La crisis debe ser pagada por los capitalistas ‘vaciadores’. No pago de la deuda pública con los bancos, que se abran las cuentas de éstos y del gobierno provincial, que se expropie a los capitalistas que han vaciado al Estado provincial, que se establezca el control obrero sobre las finanzas provinciales. Fuera Menem-Verani.

Ante la ficción de normalización del PAMI que el gobierno está montando (está previsto un acto en Parque Norte al estilo "matildista"), los jubilados y trabajadores del PAMI deben fijar un claro programa. Hay que salir al cruce de las ilusiones que despertará en los jubilados la propaganda del gobierno, con el apoyo de las burocracias sindicales. 1- Que el Estado garantice ingresos por 300 millones mensuales, para cubrir todas las prestaciones médicas y sociales necesarias. 2- Reintegro de los aportes patronales. 3- No al PMO. Que se reintegren las prestaciones eliminadas o suspendidas. 4- Desconocimiento e investigación de la deuda de todas las conducciones. Apertura e investigación de las cuentas. 5- Anulación de todos los contratos e investigación de los mismos. Sistema prestacional resuelto por los propios jubilados. 6- Ningún despido directo o encubierto. 7- Derogación del decreto 197/97 y de toda la legislación de desregulación y liquidación de la obra social (292, 492, etc.). 8- Ruptura con el plan del Banco Mundial. 9- Que el PAMI sea conducido por los jubilados y los trabajadores, mediante la elección de sus representantes. 10- Que esos representantes puedan ser destituidos en cualquier momento por sus bases y que no ganen más que la jubilación promedio. En cambio, el programa de la Mesa Coordinadora de Jubilados, apoyado por el Partido Comunista (Propuesta n° 342) es totalmente opuesto. No plantea la ruptura con el Banco Mundial. No reclama el reintegro del presupuesto total de Instituto (3.000 millones anuales). Plantea que sea el Estado Nacional el que determine el monto y asuma la cancelación de las deudas, lo que equivale a ser voceros de las patronales médicas, farmacéuticas y prestadores en general que vienen negociando con el gobierno y chantajeando con la suspensión de los servicios. El Estado Nacional siempre fue el cómplice de las contrataciones con las empresas que se beneficiaron con las sobrefacturaciones y los malos servicios. Propone la "separación del presupuesto nacional y recaudación directa por la obra social", sin rechazar el decreto 197 y sin reclamar los 300 millones mensuales, lo que significa condenar a los jubilados al "autoajuste", porque deberían adaptar las prestaciones al deteriorado presupuesto actual. En cuanto a otro planteo, dejar sin efecto los convenios firmados con la provincia de Buenos Aires sin formular la necesidad de otro sistema prestacional, decidido por los afiliados, cae en la defensa de un sector de prestadores, los anteriores contratistas (FECLIBA), tan comerciantes de la salud como los actuales (fueron denunciados por sobrefacturaciones del 40%). Finalmente, el "cumplimiento cabal de la ley 19032" no significa la democratización de la conducción del PAMI, porque dicha ley, pergeñada por Manrique bajo la dictadura de Onganía, es justamente la que establece un directorio integrado por una mayoría de representantes estatales y una minoría de jubilados y dirigentes sindicales, todos nombrados por el gobierno, en este caso Carlos Saúl Menem.

En Albania ha comenzado una enorme insurrección popular contra el régimen derechista, totalitario y privatista encabezado por Sali Berisha. Berisha, un ex stalinista, ha perdido el control de la mayor parte del país. Todo el sur, la región más rica del país, está en manos del pueblo en armas. Los ‘rebeldes’ han tomado, sin oposición alguna, los arsenales militares de toda la región; las armas han sido repartidas entre los trabajadores y la población empobrecida; los insurrectos cuentan con enormes cantidades de armamento moderno, incluso tanques, minas, defensas antiaéreas y misiles antitanque. El pueblo en armas ha destruido todos los símbolos del poder: los municipios, los bancos, las estaciones de policía y las mansiones de los privilegiados del régimen. La policía se ha retirado, lo mismo que los funcionarios gubernamentales. Los sospechosos de pertenecer a la odiada policía secreta han sido detenidos y fusilados. "El ejército huye en desbandada" (Clarín, 11/3). Al menos el 50% de sus efectivos (unos 52.000 hombres, incluyendo 22.000 conscriptos) se han pasado, con sus armas, al campo de los insurrectos (Clarín, 10/3; Sunday Times; 9/3). Associated Press (10/3) informa que en determinadas localidades, "soldados disidentes abrieron las puertas de los arsenales" al pueblo. Los soldados y oficiales que no se han sumado a la insurrección, simplemente han desertado y se niegan a disparar contra el pueblo. "‘Nadie está dispuesto a disparar contra los otros albaneses. ¿Por qué si son todos inocentes? Si nos estafaron a todos’, dice un coronel" (Clarín, 10/3). La única fuerza significativa con que cuenta el régimen es la odiada policía secreta. La débil y casi inexistente ‘oposición’ –agrupada en un ‘forum’ que abarca desde la extrema derecha hasta los stalinistas ‘reconvertidos’, bajo la dirección de estos últimos– no respalda la insurrección. Al contrario, se ha aliado al gobierno y ha declarado su disposición a conformar un gobierno de unidad con el dictador Berisha para frenarla. "El problema para Berisha es que los líderes de la oposición tienen poco o ningún control sobre la rebelión y que los insurgentes están extendiendo su dominación sobre el sur de Albania" (CNN, 9/3). Un gobierno quebrado, las fuerzas armadas divididas y una parte de ellas en el campo de la insurrección, la oposición impotente, el pueblo en armas: en Albania ha comenzado la revolución. De la estafa capitalista a la revolución El motor de la rebelión popular es la quiebra de un conjunto de ‘financieras’ ligadas al gobierno, que estafó los ahorros de la enorme mayoría de la población albanesa. Durante aproximadamente tres años, estas ‘financieras’ –presentadas como la vanguardia de la restauración capitalista en Albania– captaron los ahorros de la población con la promesa de grandes intereses. Efectivamente, durante esos tres años, las ‘financieras’ pudieron pagar los intereses prometidos porque se dedicaron a proveer de petróleo y armas al régimen de Milosevic y a los serbios de Bosnia, y porque intermediaban activamente en operaciones de ‘lavado’ de narcodólares y otras operaciones ilegales. El fin de la guerra derrumbó este comercio y, con él, a las ‘financieras’ albanesas. En los bolsillos de los dueños de las ‘financieras’ desaparecieron 2.000 millones de dólares, el equivalente al PBI albanés. Este extraordinario saqueo de los ahorros de la población ha servido para enriquecer a una delgada capa de burócratas, ahora ‘reconvertidos’ en capitalistas. A partir de enero, comenzaron enormes movilizaciones de masas en todo el país, exigiendo la devolución de los ahorros estafados. Estas ‘puebladas’ se convirtieron en insurrección a principios de marzo, cuando Berisha se hizo reelegir presidente por el parlamento … elegido, a su vez, en unos comicios unánimemente denunciados por los observadores internacionales como ultra-fraudulentos. La insurrección popular tiene carácter explosivo y espontáneo. De acuerdo con el Financial Times (7/3), "no hay indicación de que ninguna organización política haya dirigido o planificado las protestas y los saqueos (de los arsenales militares). Los diplomáticos occidentales están aterrorizados por lo que ellos piensan es una región sin ley en la cual jóvenes trabajadores están comandando tanques robados". Teniendo en cuenta que el régimen stalinista albanés, durante años, sometió a los trabajadores a un extendido entrenamiento militar (como una forma de regimentarlos), la captura de armas y tanques por los "jóvenes trabajadores", que cita con horror el diario financiero londinense, ha creado, virtualmente, un ejército popular. La burguesía mundial, que supone que los trabajadores son incapaces de semejantes acciones, ha comenzado a distribuir la especie de que la rebelión está "teledirigida por la mafia italiana" (Clarín, 9/3) … ‘olvidando’ que los mafiosos están en el gobierno y en las ‘financieras’ protegidas por éste. Fue precisamente a través de estas ‘financieras’ que se lavaron decenas de millones de dólares provenientes del narcotráfico, del tráfico de armas y de otros negocios sucios (Gazeta Mercantil, 17/2). La primera reacción de Berisha frente a la insurrección popular fue la represión. Se dictó el toque de queda y la suspensión de las garantías constitucionales en todo el país, y se enviaron 30.000 soldados, apoyados con tanques, helicópteros y aviones de combate, a ‘reconquistar’ el sur. En la atmósfera incandescente de la insurrección popular, esos 30.000 hombres, con sus tanques y helicópteros, simplemente se ‘desvanecieron’: los que no se sumaron directamente a la revolución, desertaron y se fueron a sus casas. En pocas horas, quedó en evidencia que Berisha carecía de la más elemental fuerza militar para derrotar a la revolución, que rápidamente extendía su dominación a todo el sur, hasta llegar a menos de 70 kilómetros de la capital del país. La ‘oposición’ va al rescate de Berisha … y fracasa Durante los primeros días, Berisha pretendió que podía derrotar militarmente a los insurrectos; por este motivo, rechazó cualquier ‘salida política’. Más aún, en una verdadera provocación, su policía secreta incendió el único diario permitido de la oposición en Tirana. La "humillante derrota a manos de los rebeldes" (CNN, 8/3) en la importante ciudad sureña de Girokastra, donde los insurrectos capturaron a un contingente de tropas aerotransportadas (incluido el general que las comandaba) y tomaron el arsenal de la ciudad (el más importante de todo el país) revelaron el completo fracaso de la ‘opción militar’ contra la insurrección. Bajo la presión de sus aliados europeos (Francia, Alemania y Gran Bretaña) y, por sobre todo, de los Estados Unidos, temerosos del inevitable hundimiento del régimen, Berisha fue forzado a anunciar la conformación de un ‘gobierno de unidad nacional’ con los ‘opositores’, que tendría como misión convocar a elecciones, internacionalmente supervisadas, antes de junio. Aun a los ojos de los promotores de esta ‘salida’, es evidente que se trata apenas de ‘ganar tiempo’: The Washington Post (10/3) no duda en afirmar que "Berisha dijo que el nuevo gobierno representaría a todos los partidos pero no dijo cómo y cuándo ello ocurriría". De lo que se trata, para el imperialismo que promueve esta ‘salida política’, es de comprometer a los stalinistas ‘reconvertidos’ en la tarea de frenar la insurrección, desarmar a los ‘rebeldes’, reconstruir el ejército y, finalmente, hacerles pagar a las masas el colapso económico provocado por la quiebra de las ‘financieras’ ligadas al gobierno. En otras palabras, de salvar al régimen restauracionista y estafador que se hunde bajo los golpes de la revolución. A pesar de todas las "ambigüedades" (ídem), "los oponentes políticos a Berisha parecen dispuestos a trabajar con él bajo el acuerdo. Los socialistas (stalinistas ‘reconvertidos’) dieron la bienvenida a este acuerdo" (CNN, 9/3). Lo mismo hicieron los derechistas de la Alianza Democrática, que actúan junto a los ‘socialistas’ en el ‘forum’ opositor. Fracasada la ‘opción militar’ … también parece a punto de fracasar la ‘salida política’ pergeñada por el imperialismo con el concurso de la ‘oposición’. Mientras "los líderes de la oposición aceptaron esta tarde la oferta del presidente, los grupos rebeldes en el sur la denunciaron como una maniobra y continuaron reclamando la caída de Berisha" (The Washington Post, 10/3). "La toma de Berat (ciudad cercana a la mayor base aérea militar albanesa), Kucova, Corovod y Permet (con una gran guarnición militar) … a pesar de la promesa del presidente de nuevas elecciones … indica que los rebeldes del sur no se han apaciguado por el acuerdo entre Berisha y los líderes de la oposición para crear un gobierno de coalición y convocar a elecciones en junio" (Associated Press, 10/3). Al contrario, "militantes" citados por la misma agencia en las ciudades del sur confirman que "mantendremos las armas hasta que tengamos un nuevo líder en Tirana … No hay manera de que podamos confiar en Berisha". "Nadie, concluye la información, tiene mucho control sobre los rebeldes del sur". Ante el fracaso de la ‘salida política’, el imperialismo ha comenzado a actuar directamente para desarmar la insurrección. "El embajador de Italia en Albania –informa la corresponsal de Clarín (11/3)– logró un acuerdo con los rebeldes que ocupan la ciudad portuaria de Valona para deponer las armas … Pero Valona es sólo una parte de la sublevación albanesa y su actitud no garantiza una solución a escala nacional". Clarificación política En el país más pobre de Europa, el proceso de la restauración capitalista reveló su carácter parasitario, expropiador y políticamente totalitario. Al levantarse contra esta expropiación, la revolución que ha estallado en Albania va contra los ladrones capitalistas, su gobierno y hasta contra sus ‘opositores democráticos’, es decir, contra la restauración capitalista tomada en su conjunto. Va también contra la imagen ‘democrática’ que quiere vender el imperialismo mundial: los insurrectos denunciaron el descarado sostén a Berisha de los gobiernos de Francia, Alemania y Gran Bretaña, a pesar de que sus propios enviados comprobaron el fraude masivo en las elecciones parlamentarias de 1996. Por todo esto, la revolución albanesa implica una profunda clarificación política de la situación mundial. Un hecho notable de la revolución, que pasó por completo desapercibido para la prensa argentina, es la formación de "comités" en las ciudades dominadas por los insurrectos. Estos comités, que deliberan en las plazas públicas, ejercen las funciones de gobierno y se encargan de la defensa, de la distribución de las armas entre el pueblo, de la seguridad interna (es decir, de la represión de los partidarios del régimen y de los miembros de la policía secreta) y del abastecimiento. Estos "comités" han tomado el nombre de sus ciudades ("Comité para proteger Vlore", "Comité para proteger Saranda", etc.). La prensa norteamericana (The Washington Post, 10/3, por ejemplo) los describe como "nuevos consejos municipales", sin percibir que son mucho más que organismos meramente ‘comunales’ porque, a diferencia de éstos, ejercen efectivamente la totalidad del poder político. Las últimas informaciones indican que estaría tomando forma algún organismo que unifique y coordine a los distintos "comités" y que, por esta razón, se constituiría en un doble poder a escala nacional. Las necesidades de la revolución hicieron surgir a estos ‘comités-gobierno’ que tomaron como base "los órganos creados por los trabajadores y las masas empobrecidas para controlar la distribución de alimentos y artículos de primera necesidad y para la autodefensa … durante los dos meses de demostraciones de masas" (LMCRI, 9/3, órgano de la corriente internacional en que actúa Workers Power de Gran Bretaña). La información no indica el grado de democracia que impera en estos ‘comités’, ni su forma de elección o de revocación, su dirección política o los partidos que militan en ellos (The Washington Post señala que en el de Vlore se encuentran representados 17 partidos). Sin embargo, la mención de que deliberan en las plazas públicas sugiere que funcionan como verdaderas ‘asambleas populares’. La aparición –espontánea– de estos ‘comités-gobierno’, es decir, de organismos a través de los cuales las masas ejercen efectivamente el poder político –no a través de la mediación parlamentario-burocrática de la ‘democracia’ sino a través de su discusión directa, sostenida en su propio armamento, confirma la vigencia del programa revolucionario. Albania y Rusia Los puntos de contacto entre la situación en Albania y en Rusia son evidentes: Berisha es el Yeltsin albanés, un hombre surgido del aparato stalinista y luego ‘reciclado’ como ‘demócrata’ y ‘liberal’. Las masas rusas han sufrido, como las albanesas, el saqueo de las ‘financieras’ que robaron sus ahorros; más aún, el no pago de los salarios a millones de trabajadores recrea sistemáticamente en Rusia la situación de desesperación popular que creó el robo de los ahorros en Albania. Todos los analistas coinciden en pronosticar un "estallido popular" en Rusia como consecuencia de la cuestión salarial … en un cuadro donde la descomposición militar está mucho más avanzada que en Albania antes del estallido de la insurrección: la prensa ha relatado abundantemente las huelgas del personal de fábricas militares y de la defensa por el no pago de los salarios. Albania está revelando la dirección que pueden tomar los acontecimientos rusos. Por todo esto, la revolución albanesa importa una enorme clarificación política de la situación mundial, que debe ser debidamente apreciada por los trabajadores. Los Balcanes, de nuevo al rojo vivo La revolución en Albania ha vuelto a poner al rojo vivo a todos los Balcanes, donde también los regímenes de Serbia y Bulgaria tambalean bajo la embestida de grandes movilizaciones de masas. La caída de Berisha significaría, en primer lugar, un enorme golpe para el serbio Milosevic. Ya se ha señalado el entrelazamiento económico (y político) entre uno y otro régimen a través de las ‘financieras’. Más aún, entre Milosevic y Berisha se había establecido un virtual acuerdo en relación a los albaneses de Kosovo (territorio dominado por Serbia, pero donde el 90% de la población es de origen albanés). Le Monde Diplomatique (diciembre de 1996) afirma que "detrás del pregonado apoyo a los albaneses de Kosovo", el régimen de Berisha mostraba "un sólido desprecio" por sus reclamos de autonomía. La caída de Berisha significaría, por lo tanto, un golpe para Milosevic frente a los reclamos democráticos de los albaneses de Kosovo. Es muy instructivo que la caída del derechista Berisha signifique una desgracia para el ya acorralado stalinista Milosevic, porque revela el contenido político común de los movimientos de masas que, con independencia de sus diferentes direcciones políticas, se levantan contra ellos. Como lo ha señalado el PO, "el contenido único y común de todas estas movilizaciones y huelgas políticas de las masas (es) el levantamiento de los explotados contra los regímenes fondomonetaristas y sus inevitables corruptelas" (En Defensa del Marxismo, n° 16, marzo de 1997). Giro en la situación mundial La revolución albanesa –la insurrección espontánea de las masas contra los estafadores capitalistas y su régimen ‘democratizante’– confirma (como señalamos en Prensa Obrera, n° 528, 20/2)– que la situación mundial, tomada en su conjunto, está pegando un viraje. En Albania se han puesto en evidencia, también, algunas de las características de este giro político: la impresionante actividad de las masas, las enormes limitaciones del arbitraje imperialista y el carácter superficial y episódico de las direcciones que aparecen inicialmente a la cabeza del movimiento de las masas. Esto último es evidente si se considera que las primeras manifestaciones, que tuvieron lugar en enero, parecían encabezadas por la ‘oposición’, dirigida por los stalinistas ‘reciclados’. Bastó que las masas fueran más a fondo en su movilización para que esta ilusión quedara completamente al desnudo y los ‘opositores’ se convirtieran en el principal instrumento de salvataje del régimen moribundo. El cumplimiento del programa más elemental que levantan las masas –la devolución total y completa de los ahorros robados– plantea la caída del gobierno y la conquista del poder por los trabajadores, para expropiar a la burocracia reconvertida en capitalista, expropiar las empresas privatizadas y desconocer la deuda externa. En Albania, una vez más, la experiencia práctica de la revolución confirma la vigencia del programa de la IVa Internacional, es decir, el programa de la dictadura del proletariado.

El gobierno de Castillo decidió adelantar inconstitucionalmente las elecciones provinciales para fines de abril, separándolas de las elecciones nacionales de octubre. Antes, intentó que fueran a fines de marzo, pero la protesta de la Iglesia porque coincidía con el domingo de Ramos, lo obligó a retrasar la fecha. Los punteros del Frente Cívico alegan que el adelantamiento es para aprovechar la tendencia de las encuestas, que le dan varios puntos a favor en relación al saadismo. Pero se trata sólo de un pretexto (las encuestas serían fraguadas) para ocultar la razón de fondo: sacar al proceso electoral del juicio por el crimen de María Soledad que se debe reabrir en el mes de mayo. Como se recordará, el proceso anterior terminó en una grave crisis, con movilizaciones de masas en todo el país cuestionando al tribunal, y sólo se detuvo cuando todo quedó anulado, ante las evidencias de que era un tribunal ‘trucho’, que sólo se dirigía a perseguir a los testigos y a amparar a los verdaderos culpables. La novedad de este proceso político electoral es que el Frepaso se presentaría independiente del Frente Cívico. Hasta el momento, las fuerzas que nacionalmente han formado parte del Frepaso, como el PSP, el PI, la DC, junto a otras locales, como Movilización, han integrado el Frente Cívico desde su fundación y han sido corresponsables de toda la política de vaciamiento financiero del Estado, de entrega del patrimonio minero a los pulpos internacionales y, por sobre todas las cosas, de haber servido de relevo del saadismo cuando el conjunto del régimen político se encontraba jaqueado por las movilizaciones de masas clamando justicia por el crimen de María Soledad. Que ahora hayan tomado la decisión de apartarse, tiene que ver con disputas internas por mayores cargos en el Estado y representación en la legislatura y los concejos. El Frente Cívico es una coalición fuertemente digitada por la UCR. Mediante la insinuación de una presentación independiente, el Frepaso pretende forzar una negociación para que la UCR ceda mayores espacios. La máxima dirigencia de Movilización, con el vicegobernador Simón Hernández a la cabeza, viajó a Buenos Aires para reunirse con el Chacho Alvarez y evitar que el Frepaso se presente fuera del Frente Cívico; con cifras elocuentes de que el saadismo sería el ganador en esas circunstancias. Por su lado, el saadismo aceptó el adelantamiento de las elecciones, no sólo porque está interesado en que el juicio de María Soledad sea ajeno a cualquier proceso electoral, sino también porque le ha dado el pretexto (por la falta de tiempo) para digitar todas las candidaturas en el PJ. Como telón de fondo de este proceso está la crisis provincial, con un gobierno obligado por la bancarrota financiera a racionalizaciones permanentes en la administración pública. Uno de los sectores más afectados ha sido la educación, donde centenares de docentes han quedado en la calle y se han recortado conquistas, obligando al gremio docente, Ateca, a iniciar el ciclo lectivo con un paro de 48 horas. Otro sector es la sanidad, donde el gobierno pretende desafectar del presupuesto a los hospitales públicos, transformándolos en hospitales de ‘autogestión’, lo cual ya ha generado un proceso de organización y lucha en el hospital San Juan Bautista, el más importante de la provincia. En los pueblos del interior, los obreros municipales están preparando una marcha hacia la capital, porque todavía no han podido cobrar el aguinaldo y el mes de enero, como resultado de que el gobierno ha disminuido la coparticipación provincial. El gobierno de Castillo se jacta de que en la provincia se están realizando las mayores inversiones productivas del país (Bajo la Alumbrera), pero esto no ha servido para sacar del quebranto a las finanzas del Estado, y de la postración a los pueblos que rodean al yacimiento, ni para que disminuyan los índices de desocupación y miseria general. La cantidad de docentes racionalizados supera a la cantidad de obreros y técnicos que trabajarán en el yacimiento cuando esté en marcha. Los enormes beneficios de la explotación serán embolsados y repatriados por los pulpos. El gobierno del Frente Cívico, con sus aliados internos del Frepaso, y el saadismo, votaron en su oportunidad la rebaja de las regalías mineras y la exención de impuestos y tasas, en nombre de que los pueblos se iban a beneficiar de la infraestructura para poner en funcionamiento el yacimiento. Precisamente, son permanentes las quejas de las llamadas "fuerzas vivas" de los pueblos porque no existen esas mejoras en caminos, extensión de la red eléctrica y del agua, y sí numerosas las denuncias por daños ambientales y ecológicos. Junto con esta crisis social sigue abierto el caso María Soledad, ahora acicateado con el caso Cabezas, que la población catamarqueña ha asociado como el caso María Soledad de Menem. El PO de Catamarca denunció el adelantamiento de las elecciones y llama a los luchadores democráticos, a los sectores combativos de los sindicatos y los pueblos, y a los partidos de izquierda, a conformar un Frente de Trabajadores que sea un factor impulsor de la movilización independiente de las masas, y en el plano político electoral, a presentar listas de luchadores con una plataforma en la que se plantee una salida a la crisis provincial, mediante medidas que afecten los ingentes beneficios de las empresas que están construyendo la infraestructura del yacimiento de Bajo la Alumbrera, y la elevación de las regalías a sus niveles históricos (del 3% al 8%), lo que brindaría —cuando el yacimiento entre en funcionamiento— los recursos para rescatar la educación y salud públicas, imponer un seguro al desocupado e impulsar un plan de obras públicas y de fomento productivo agrario y minero.

La expulsión de los beduinos Jahalin de las tierras donde habitaban, no es más que la continuidad de la política racista que los gobiernos laborista y del Likud llevan adelante en nombre de los acuerdos de Oslo y del recientemente firmado acuerdo de Hebrón. Esta tribu que vive hace decenas de años al este de Jerusalén, ha sido expulsada de sus tierras en las últimas semanas y llevada a un sitio cercano. El mismoestá al lado del basurero de la aldea de Abu Dis, sobre una colina desamparada, sin lugar apropiado para el ganado y, por supuesto, sin las más elementales instalaciones de agua y electricidad. La historia de los Jahalin ejemplifica la historia del colonialismo sionista en Palestina. Expulsados de sus tierras de Tel Arad, en el nordeste del Negev, luego de la guerra del 48, para construir la ciudad de Arad, llegaron bordeando el mar Muerto a las cercanías de Jerusalén y Jericó. Luego de la conquista de la Cisjordania en 1967, los Jahalin nuevamente fueron ‘alcanzados’ por el conquistador colonial. Fue a principios de los años 80 que las primeras familias fueron evacuadas para poder construir la colonia de Ma`ale Adumim, 10 km al sudeste de Jerusalén. Luego de la firma del acuerdo de Oslo 1, comenzaron los intentos de expulsar al resto de las familias Jahalin que vivían al lado de la colonia, con el objeto de expandir la misma en nuevos barrios. Cabe recordar que los acuerdos de Oslo, lejos de suspender el crecimiento de los asentamientos, fomentaron la expansión de los mismos. Si la expulsión no se produjo con el gobierno laborista es porque la tribu llevó adelante una lucha judicial durante los últimos tres años. La expulsión de los Jahalin, en realidad, no es mas que la continuación de la política de ‘limpieza’ que al amparo de los acuerdos, el Estado de Israel ha llevado adelante en los últimos años en Jerusalén. Por ejemplo, a cientos de residentes palestinos que no pueden comprobar una estadía permanente en la ciudad, se les ha quitado la cédula de identidad israelí, lo que significa la pérdida de derechos de trabajo, seguridad social, etc. El gobierno de Israel intenta realizar un ‘transfer’ de población palestina desde Jerusalén hacia los territorios de la Autoridad Palestina. El viejo plan de construcción en la parte oriental de la ciudad está por ponerse en marcha, con la construcción de varios barrios como el denominado "Har Joma". La intención es la de unificar territorialmente toda la periferia de Jerusalén, en vistas a los acuerdos finales con Arafat. La autoridad palestina, en realidad, ya ha acordado con este ‘transfer’ de población, como lo demuestran los acuerdos firmados en su momento entre el laborista Yosi Beilin, ex vice-ministro del exterior, y Abu Mazen, uno de los máximos dirigentes palestinos de la autonomía. El mismo Beilin y el diputado Michael Eitan, hombre del Likud y presidente de la coalición gobernante en la Kneset, han redactado, a su vez, un documento con un acuerdo muy similar al firmado con Abu Mazen. El gobierno de Netanyahu siente las manos libres para realizar este plan, luego del apoyo del laborismo y la izquierda sionista al acuerdo de Hebrón. La derecha del laborismo presiona, por ejemplo, para llevar adelante el programa de construcción de nuevos barrios en la parte oriental de la ciudad. La resistencia contra estos planes, como la lucha en contra de la expulsión de los Jahalin, no puede estar separada de la lucha contra los acuerdos de Oslo. Sólo un frente unido de la población palestina y los sectores verdaderamente democráticos de la población judía, independiente de las direcciones traidoras que apoyan los acuerdos, puede llevar adelante dicha resistencia.

En la facultad de Medicina de La Plata acaban de tomar un examen de ingreso. Resultado: ¡97% de los postulantes quedó afuera!. El gobierno ha conseguido así, en la ciudad de Duhalde, batir todos los récords en materia de limitacionismo, superando inclusive lo logrado en su momento por la dictadura militar. En este caso, la universidad platense está bajo la dirección de la UCR. La ministra de educación —Susana Decibe— y el decano menemista de la UBA, Luis Ferreira, ya han anunciado que el modelo platense se extenderá a todo el país mediante una resolución del Poder Ejecutivo, habilitado por la ley de enseñanza superior, que ha abolido la autonomía universitaria. El propósito es que se fije un tope de 1.500 ingresantes en todo el país. No importa si los estudiantes saben o no. No es un problema de conocimiento ni de aptitudes. Es pura arbitrariedad y violencia del Estado, que ha resuelto vaciar las facultades de futuros médicos. Téngase en cuenta que el citado cupo equivale al número de alumnos que entraban a Medicina de la UBA... en la década del 50, ¡medio siglo atrás! Ferreira y la Decibe argumentan que, de este modo, el número de ingresantes se adapta a la capacidad hospitalaria existente para la práctica de los futuros médicos. Pero lo único que revela esto es el nivel de demolición de la salud pública. Los expertos en educación del menemismo han resuelto que la liquidación del hospital público debe ser complementada con la desaparición... de los médicos. A esto lo llaman vincular la formación universitaria a las demandas de la sociedad. La sociedad es, para esta gente, el Banco Mundial, que reclama que los fondos públicos vayan al pago de la deuda externa y que los restos del sistema hospitalario se privaticen en beneficio de los monopolios privados. La pretensión oficial es que los cupos en Medicina sean una prueba piloto para su posterior extensión a toda la enseñanza superior. Todo el verso sobre la modernización que implica la reforma educativa se ha derrumbado. El Estado, mediante un acto de pura arbitrariedad y violencia, dispondrá qué número de superprivilegiados podrá acceder a la Universidad. Los cupos son una confesión de la naturaleza esencial de la reforma. Acortar los estudios, limitar a la masa a la lectoescritura más elemental, reducir los costos, formar mano de obra barata para el mercado de la flexibilización laboral. Es un recurso para elevar el beneficio del capital a costa de la superexplotación y el embrutecimiento generalizado. La política de cupos , en consecuencia, tiene un alcance general que va más allá de los ingresantes inmediatamente afectados por la imposición totalitaria de prohibirles estudiar. Es una barrera definitiva para los secundarios, que ya saben cuál es el horizonte de miseria educativa que no podrán sortear. Es un factor de desmoralización general para toda la familia trabajadora que envía sus chicos a la escuela con la esperanza de una formación cultural que culmine con un título profesional. Es una oportunidad, entonces, para una campaña nacional de las organizaciones estudiantiles y docentes de todos los niveles contra esta barbaridad, por la derogación de los cupos, por el ingreso irrestricto a la Universidad, por el aumento del presupuesto educativo bajo el control de las organizaciones estudiantiles y docentes. ¡Fuera las leyes educativas del menemismo!

Días atrás se realizó una importante movilización contra el cobro del peaje en los puentes carreteros que unen a Neuquén y Cipolletti. Su concreción, cuando las obras están casi terminadas y el inicio del cobro del peaje es inminente, fue la resultante de una intensa lucha política librada por el Partido Obrero. La inminencia del cobro del peaje por parte de las empresas que construyeron el nuevo puente sobre el río Neuquén, a la vera del viejo, significa un duro golpe al bolsillo de miles de trabajadores —especialmente cipoleños— que diariamente cruzan el puente para trabajar en la vecina orilla, al igual que para los centenares de estudiantes que cursan en la UNC, y para miles de personas que, por diversas razones, se trasladan entre ambas localidades (algunos cálculos plantean que 30.000 automóviles circulan diariamente sobre el puente). La bronca de los vecinos por este nuevo saqueo se convirtió en absoluta indignación cuando trascendió que las empresas adjudicatarias también cobrarían peaje sobre el viejo puente de 1938. Sucesivas jornadas de agitación permitieron constatar el estado de ánimo de la población, dispuesta a movilizarse y luchar por sus derechos. Paralelamente, una Multisectorial que se había armado por el tema del peaje, con notoria influencia filo-frepasista (Corriente de Militantes, Frepaso, etc.), se apresuró a expedirse en “contra del peaje en el puente viejo” ... ¡con lo que objetivamente aceptaban el cobro del mismo en el puente nuevo! Consecuentes con esta postura, subordinaron cualquier movilización a las ‘gestiones’ que realizaron ante las autoridades municipales de ambas localidades, “que en esta lucha debemos considerar aliados”. Finalmente, la movilización salió gracias a la pelea desarrollada en solitario por el PO y pese al boicot final de la Multi (en vez de marcha, “caravana de autos”; no hacerla en las casillas —símbolo de peaje— sino en el puente viejo; marchar “sin banderas”, etc.). Rompiendo todas estas proscripciones, el PO llevó a la marcha la principal columna organizada, y le imprimió con su presencia y sus cánticos (“ponga huevos ... no queremos el peaje ni en el viejo ni en el nuevo”) una tónica de lucha y no de conciliación con los “municipios aliados”, quienes para desazón de sus viudas de la Multi, terminaron “aceptando como inevitable el cobro del peaje en ambos puentes”, luego de una “cumbre” sostenida por ambos (La Mañana del Sur, 24/2). Sólo están dispuestos a gestionar una rebaja en el mismo. No debemos cejar en la lucha emprendida, y al calor del nuevo alza popular en la provincia, volver a organizar la enorme repulsa popular contra este nuevo robo al bolsillo de los trabajadores.

El decano de la facultad de Medicina de La Plata dio una vuelta de tuerca más al ingreso restrictivo: al curso y examen de ingreso existente, que venía dejando al 75% afuera, se sumó ahora la prueba de admisión que se tomó antes del curso, con el objetivo de desmoralizar a la masa de inscriptos. Sobre 2.027 ingresantes, sólo fueron aprobados ... 49 (!!!). La mitad de los aprobados rendía el examen por 2ª, 3ª y 4ª vez. Aunque el decano aconsejó cínicamente: "Hay que estudiar, hay que esforzarse", lo cierto es que la facultad está inundada de propaganda de academias privadas, que viven del esfuerzo económico de la familia del estudiante, que termina recurriendo a ellas para prepararse. Este es sólo el comienzo: está en discusión un nuevo plan de estudios que establece el ingreso por cupo, un título académico no habilitante en 5° año y otorgar la habilitación después de cursar el posgrado y realizar 1.000 horas de práctica en centros de salud municipales. La acentuación del limitacionismo en la principal facultad de la UNLP, en manos de una camarilla menemista, es coincidente con la ofensiva del rectorado del radical Lima contra la planta y los sueldos docentes. Ante el déficit de presupuesto, Lima salió a atacar el crecimiento de la planta docente, que está muy por detrás del aumento de la matrícula estudiantil. Pero la vuelta de tuerca no es sólo en Medicina; en Humanidades, el centroizquierdista De Diego dictaminó que Educación Física está superpoblada, y se largó con un curso y examen de ingreso súper–restrictivo. Esto motivó dos asambleas y una movilización al decanato para reclamar que ingresen todos. El limitacionismo es la respuesta única de todo el arco político oficial (menemistas, radicalismo, centroizquierda) para descargar sobre estudiantes y docentes la miseria presupuestaria, mientras se aprovechan de ese presupuesto para avanzar en la privatización educativa a la que se encuentran asociados. La UJS plantea: ¡Abajo los exámenes y todas las restricciones al ingreso! ¡Que entren todos! Por un congreso de bases con delegados de los ingresantes, para elaborar un plan de lucha de todo el movimiento estudiantil. ¡Fuera el decano Fassi de Medicina!

Un ‘dictamen’ de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, resolvió que “la estatua ecuestre del general Roca (en Bariloche) es inamovible”, al igual que el nombre “Expedicionarios al Desierto” del Centro Cívico de Bariloche, donde se encuentra la estatua (Río Negro, 30/1). En agosto del año pasado, los vecinos de Bariloche, entre ellos miembros de la comunidad mapuche, taparon el monumento a Roca con un lienzo que simbolizaba “el genocidio de nuestra raza” y reclamaron su traslado a otro lugar. Fue un acto de “reparación histórica” contra el masacrador de la población indígena y el símbolo de la formación de la Argentina oligárquica y cipaya, la Argentina del latifundio y de la dependencia del imperialismo. Casi al mismo tiempo de la ‘reparación’ de Roca, la “justicia” neuquina dispuso el desalojo de dos campos ocupados por familias de indios mapuches en Pulmarí, “parcelas que las comunidades Aigo y Salazar utilizan desde hace décadas para la veraneada de los animales” (Clarín, 29/1). El operativo responde al interés de sectores empresarios de apoderarse de miles de hectáreas vírgenes. Se prevé entregarlas a “productores (que) deberán cumplir con las obligaciones que establece la ley de tierras y abonar los importes de mensura, más valor de las tierras”, además de “condonar deudas que... mantienen con el estado provincial por utilización de pasturas” (Río Negro, 20/9/96). La clase que consumó la “conquista del desierto” es la misma que oprime hoy con otros trajes y el mismo odio de clase y “tez blanca”. El gobernador radical Maestro, de Chubut, fue grabado al referirse a una militante, Analía Hueicha, que encabezó la ocupación ‘ilegal’ de un bloque de departamentos pertenecientes a la firma textil Prosur por parte de unas treinta familias de “pobres y desocupados” en Trelew: “esa medio india... la guacha, más loca que la mierda” (Río Negro, 30/1). Los vecinos y mapuches de Bariloche han reafirmado su propósito de cambiar la estatua de Roca, porque “la decisión final deberá ser tomada por los barilochenses y no desde Buenos Aires” (ídem).

La patronal de Atlántida ha anunciado el cierre de su planta de Garín para fin de marzo (cuando vence un acta de estabilidad que consiguió hacer firmar la interna hace un año), dejando en la calle a 300 trabajadores gráficos y a otros 60 más de prensa. ¿Es que los Vigil y Cia. han quebrado? De ninguna manera. Estamos ante la presencia de un poderoso monopolio que, en los últimos años, se ha transformado en un ‘multimedios’, es decir, un consorcio de empresas periodísticas (Atlántida, Telefé, Radio Continental, etc.). Es más, ahora Atlántida no se funde, sino que se fusiona con la empresa Cochrane, formando un nuevo emporio: AyC, cuyo presidente es Jorge Terra, el mismo presidente actual de Atlántida. ¿Qué es lo que hay detrás, entonces, de lo que los obreros de Atlántida han llamado el "falso cierre"? Hace más de una década, luego de una importante lucha, los trabajadores de Atlántida se dotaron de una Comisión Interna clasista. Esta fue la Interna que consiguió numerosas conquistas. Entre ellas la estabilidad laboral, cuando la patronal quiso despedir, hace un par de años, a un gran número de trabajadores, por supuestos cambios ‘tecnológicos’. La interna consiguió, luego de una lucha, que nadie fuera echado, que se asimilara a todos los compañeros reduciendo la jornada de trabajo de 8 a 6 horas, es decir, creando el cuarto turno laboral, sin reducción del salario. El salario actual de los gráficos de Atlántida supera los pesos 1.200, muy por encima de la media del convenio. La ‘nueva’ patronal de AyC quiere terminar con esto. Quiere que en Atlántida penetre también la flexibilización laboral menemista. Hasta ahora no ha podido lograrlo, porque todos sus intentos han sido respondidos con la enérgica movilización de los trabajadores, con su Interna a la cabeza. Por eso ha armado un plan en combinación con el gobierno y las restantes patronales —y la pasiva complicidad de la burocracia del Sindicato Gráfico Argentino (SGA). No olvidar que la Interna de Atlántida ha encabezado siempre la oposición clasista en el gremio —la Lista Naranja. "Recurso de crisis" La patronal se presentó clandestinamente ante el Ministerio de Trabajo para reclamar que éste declarara lo que se llama un "recurso preventivo de crisis". Esta es una medida de origen menemista que tiene como objetivo paralizar toda resistencia de los trabajadores ante los ataques patronales, cuando éstas declaran ‘dificultades económicas’. ¿Pero cuál es la ‘crisis’ de la empresa Atlántida? A diferencia de lo que tradicionalmente hace la burocracia sindical, los trabajadores de Atlántida en Asamblea resolvieron rechazar ese ‘recurso’ y declarar, en cambio, un plan de lucha en defensa de su fuente de trabajo. Entre bueyes no hay cornadas A pesar de que los trabajadores de Atlántida han protagonizado importantes movilizaciones (ver recuadro), ningún medio de prensa ha sacado una miserable línea al respecto. El ‘clasismo’ de las patronales de los medios de difusión es ilustrativo sobre la vigencia de ‘la libertad de prensa’ bajo el régimen capitalista. Los patrones de dichos medios deciden lo que se publica o no. Frente a esta situación, la Asamblea de Atlántida votó marchar masivamente sobre las grandes empresas periodísticas, para obligar a que se conozca su conflicto. Una mano lava la otra Para quebrantar la resistencia de sus trabajadores e imponer la flexibilización laboral en su ‘nueva’ planta, la patronal no sólo recurre al lock–out (cierre de fábrica), sino que también se prepara ante el desarrollo de una huelga. Por ello, los Terra y los Vigil han llegado a acuerdos con otras patronales gráficas, para que éstas les impriman las revistas que una huelga obrera impediría sacar en Atlántida. Y así no verse desplazada por la feroz competencia capitalista existente en el medio. Pero los trabajadores de Atlántida se movilizaron reclamando —y consiguieron— que se reuniera el plenario de delegados del gremio gráfico (por primera vez en muchos años). En el mismo se puso a discusión y se votó una vieja —y revivida— consigna clasista de los gráficos. Cuando existe un conflicto en una fábrica gráfica, los trabajadores de las otras boicotean la impresión de las publicaciones de la fábrica en lucha. Sobre esta base, el cuerpo de delegados de La Ley consiguió arrancar la promesa a su patronal de que no se imprimirían las publicaciones de Atlántida en su taller (cosa que ésta ya hizo el primer domingo, con una edición parcial de la revista deportiva El Gráfico). El segundo plenario de delegados ya había recibido también la confirmación de la patronal de Morvillo de que en su taller tampoco se iban a imprimir las revistas de Atlántida mientras durara el conflicto. La solidaridad de clase de los gráficos está contrarrestando los intentos patronales. Pero esto no viene del aire. La Interna de Atlántida propuso al plenario de delegados —y fue votado— que no esperáramos pasivamente, que constituyéramos ya piquetes de convencimiento para plantarse en las puertas de cada taller, informando a los trabajadores sobre las resoluciones adoptadas. Firme unidad La patronal se jugó a que el anuncio de cierre quebrara la moral y la unidad de los trabajadores, generando una lucha por las indemnizaciones y por el ‘sálvese quien pueda’. Para ello contrató a ‘especialistas’ patronales (como el tristemente célebre estudio de Funes de Rioja) en amedrentar a los trabajadores. Citó desde los primeros días de marzo —y a destajo, sábados y domingos inclusive— a los trabajadores en forma individual, para ofrecerles negociar. Las Asambleas de Fábrica rechazaron la negociación individual. Sólo la Interna puede discutir la defensa de los derechos del trabajador. Todos con Atlántida Contra el complot patronal-gubernamental, debemos apoyar incondicionalmente la lucha de los trabajadores de Atlántida, no sólo por su fuente de trabajo, sino por defender las conquistas obtenidas luego de muchas luchas. Por defender los convenios colectivos y la legislación obrera. En momentos en que la burocracia de la CGT está entregando la ‘ultraactividad’ (conquistas vigentes) de los convenios sindicales y acepta un régimen de ‘convenios’ por fábrica, los gráficos de Atlántida se plantan en defensa de sus conquistas. Todo el movimiento obrero y popular debe apoyar esta lucha. Integrándose a los piquetes de convencimiento, realizando colectas para el fondo de huelga, participando de los actos y marchas en curso. En Atlántida se libra una lucha difícil pero fundamental. Y se puede triunfar. La Asamblea rechazó el chantaje patronal La lucha de los gráficos de Atlántida ha obligado finalmente a la patronal a desnudar su verdadero propósito. El lunes 10, en una reunión con la Interna, informó su objetivo: 42 trabajadores seguirán en la empresa como contratados, 60 serán seleccionados para pasar a la nueva planta, los 170 restantes serán despedidos. Hablando con un delegado en puerta de fábrica, nos comentaba: "Este es el verdadero propósito patronal, quebrar la organización e imponer la flexibilidad laboral. Los 60 digitados que pasarían a la ‘nueva’ AyC lo harían no con los salarios superiores a los $1.200 que cobran en la actualidad, sino con $500. No con 6, sino con 8 horas de trabajo. No con la estabilidad laboral que hemos impuesto en 13 años, sino con regímenes de contratos y de despidos arbitrarios que se pueden dar en cualquier momento. Con sistemas de polifuncionalidad (trabajo en cualquier máquina y sector), con dotaciones menores para el manejo de las máquinas y, lógicamente, con categorías menores. Por eso no vamos a aceptar y vamos a luchar". Efectivamente, la Asamblea, que comenzó a realizarse a las 6 de la mañana en planta, rechazó unánimemente la ‘propuesta’ patronal. En su lugar se reclamó ningún despido y que todos los trabajadores sean absorbidos por la nueva planta.

PO: ¿Cómo ves la medida que se votó en el Plenario de secretarios generales? RM: Mal. Pienso que la medida correcta era el paro por tiempo indeterminado. Es la única medida que se corresponde con el ataque que estamos viviendo. Además, obliga al gobierno a tener que dar una respuesta frente a nuestros reclamos, frente al robo de nuestro salario, y si no lo hace, el no inicio de las clases es responsabilidad de ellos, no nuestra. Eso nos pone en mejores condiciones para impulsar la lucha junto a la comunidad. Este paro de 2 semanas, en cambio, aparece dando la idea de que el 24 se termina, y los que vamos a tener que plantear el costo de volver a parar somos nosotros. PO: Después del 24, ¿qué perspectivas le ves al conflicto? RM: Pienso que hay que seguir con el paro por tiempo indeterminado, para resistir con todo esta batería de resoluciones y ajustes que no es otra cosa que la aplicación de la Ley Federal. Cualquier otra medida es parar para no ganar y que el gobierno te descuente los días.

La lucha de los gráficos de Atlántida ha obligado finalmente a la patronal a desnudar su verdadero propósito. El lunes 10, en una reunión con la Interna, informó su objetivo: 42 trabajadores seguirán en la empresa como contratados, 60 serán seleccionados para pasar a la nueva planta, los 170 restantes serán despedidos. Hablando con un delegado en puerta de fábrica, nos comentaba: "Este es el verdadero propósito patronal, quebrar la organización e imponer la flexibilidad laboral. Los 60 digitados que pasarían a la ‘nueva’ AyC lo harían no con los salarios superiores a los $1.200 que cobran en la actualidad, sino con $500. No con 6, sino con 8 horas de trabajo. No con la estabilidad laboral que hemos impuesto en 13 años, sino con regímenes de contratos y de despidos arbitrarios que se pueden dar en cualquier momento. Con sistemas de polifuncionalidad (trabajo en cualquier máquina y sector), con dotaciones menores para el manejo de las máquinas y, lógicamente, con categorías menores. Por eso no vamos a aceptar y vamos a luchar". Efectivamente, la Asamblea, que comenzó a realizarse a las 6 de la mañana en planta, rechazó unánimemente la ‘propuesta’ patronal. En su lugar se reclamó ningún despido y que todos los trabajadores sean absorbidos por la nueva planta.

El gobierno de Bussi acaba de elevar al rango de Ministerio a la Secretaría de Educación, y ha nombrado como ministro al rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Esta universidad es uno de los centros de la reacción del país y tuvo estrecha relación con Bussi en los años del genocidio dictatorial. La elevación de jerarquía institucional del sistema educativo fue pactada con el Banco Mundial, el cual reclama la reducción salarial, que pasaría por un recorte del sistema de licencias y por la reducción del plantel docente, mediante la compactación de grados y cierres de escuela. En todos estos acuerdos quedaron explicitados los subsidios a los privados. Por eso, la Iglesia, que en otras oportunidades protestó ante anuncios que recortaban en parte los subsidios y hasta llegó a sumarse a las protestas callejeras, en esta oportunidad no ha abierto la boca. Una nueva ley provincial implementa, para una franja del sistema educativo, el sistema de colegios de autogestión, o sea que deberían autofinanciarse con un mecanismo similar al que se quiere implementar con los hospitales públicos. Precisamente, a nivel de la salud pública se ha anunciado un plan de reforma, que también financiará el Banco Mundial, que consiste en desconocer definitivamente la ley de Carrera Sanitaria, racionalizar en un tercio el personal existente (el año pasado fueron jubilados cerca de 1.000 trabajadores y profesionales, desmantelando servicios enteros), transforma a 5 hospitales en hospitales de autogestión, y establecer un seguro para los sectores carenciados, o sea que el Estado les pagaría a los hospitales privatizados por la atención de las personas sin recursos. ATEP (gremio docente) no ha anunciado ningún plan de lucha para enfrentar la ofensiva gubernamental. La dirección de ATEP está en manos de la UCR. Lo mismo ocurre con ATSA, cuya dirigencia no ha abierto la boca, e incluso estuvo ensalzando un plan de perfeccionamiento del personal de enfermería, cuando centenares de ellos van a ser dejados en la calle. Sólo la Asociación de Profesionales de la Salud ha salido a denunciar el plan del gobierno y a anunciar medidas de lucha, pero reivindica la ley del SIPROSA (Sistema Provincial de Salud), que plantea la transformación del hospital público en hospital de autogestión. Es necesario un plan de lucha para defender la salud y la educación públicas y expulsar al Banco Mundial.

Más de 200 pintadas fueron estampadas por piquetes de los obreros de Atlántida en la Panamericana. El sábado 8, mientras estaban en plena tarea, fueron detenidos 6 compañeros por un operativo combinado de la ‘seguridad’ de Autopistas del Sol y la policía provincial de Duhalde. ‘Alojados’ en la comisaría 5ta. de El Talar, la noticia fue llegando al resto de los trabajadores. De a poco se fueron sumando frente a la comisaría hasta formar una importante concentración. Hasta que no los largaran, no se iban. Los tuvieron que largar. No sólo tienen el monopolio de los medios de prensa y difusión. También nos querían quitar las paredes. No pudieron.

“Yo ya estoy jugado desde que perdí a mi hijo; contra este gobierno y esta policía de mierda que reprime a nuestros jóvenes, marchemos todos el 24 de marzo”. Con estas palabras, Lalo Albanese —su hijo Maxi de 17 años fue asesinado en el 91 por policías que hoy están en libertad— cerró su intervención en el acto organizado por el PO y la UJS de La Plata el jueves 6, en la vereda de la Legislatura bonaerense. Al mismo concurrieron 90 compañeros, llamando la atención de numerosos jóvenes y trabajadores que toman el colectivo en esa zona (se vendieron 38 periódicos); también se hizo presente la madre del pibe Gutiérrez, muerto por la policía en Punta Lara. Saludó el acto el comité regional del PC Congreso Extraordinario, planteando en su nota de adhesión “…impulsemos la unidad de acción de los trabajadores y el pueblo, hacia una gran jornada de lucha nacional el próximo 24 de marzo; desde todas las plazas del país, desde cada rincón de nuestra patria, marchemos a Plaza de Mayo por Maxi y por Miguel Bru, por Cabezas y por los 30.000 desaparecidos…”. Cerró el acto Guillermo Casas por el PO, quien comenzó llamando a solidarizarse con los trabajadores de Atlántida, que en ese mismo momento realizaban un acto, lo que fue aplaudido por la concurrencia. En su intervención, Guillermo explicó el profundo giro en la situación política, expresado en la marcha del 25, la crisis del gobierno demostrada en el pacto entre Duhalde y Menem, llamó a intervenir en esta situación impulsando todas las reivindicaciones —Docentes Universitarios, Escuela de Teatro, Municipales de Ensenada, etc.— y una gran marcha para el 24, para terminar con Menem y Duhalde. En este contexto, denunció a la ‘oposición’ de la UCR y el Frepaso, que ante las denuncias sobre la aeropista de Anillaco ni siquiera se atrevió a pedir el Juicio Político a Menem, lo que comparando con otros países latinoamericanos, colocaba a esta oposición ‘en Brasil con Collor, en Ecuador con Bucaram…’, y desprendió de esto, la necesidad de un frente de izquierda para orientar la lucha de los trabajadores y para intervenir en las elecciones contra todos los partidos del sistema.

Atlántida anunció el inminente cierre de sus talleres, como una maniobra destinada a despedir 390 compañeros, 60 de los cuales son de Prensa, para luego tomar nuevo personal a salarios de hambre, contratados y flexibilizados por una nueva sociedad: Atlántida y Cochrane. (...) Está en juego el Estatuto ADEPA, es decir, las patronales de Prensa, están lanzadas a una brutal ofensiva contra el Estatuto del Periodista. Desde diciembre a esta parte, ha quedado en la calle la mitad del personal de la Revista La Maga, del diario La Prensa, hubo despidos en América TV, y en todos lados el personal que queda trabajando ve modificadas sus condiciones de trabajo por la ‘necesidad’ de cubrir a los que ya no están. Las patronales están cebadas y van a seguir adelante en esta furia flexibilizadora. Se anuncian reestructuraciones en Télam, los compañeros de Diario Popular viven con incertidumbre el próximo traslado de la planta a la Capital Federal, etcétera. Las patronales no están cebadas por mérito propio, ni mucho menos porque sean invencibles. Están cebadas sencillamente porque cuentan con la completa pasividad de la burocracia sindical, que en medio de este cuadro catastrófico para los trabajadores, no son capaces, como en el caso de la UTPBA, de llamar a un Plenario de Delegados o a una Asamblea General para organizar al gremio para la defensa de nuestras conquistas. Fue lo sucedido en el caso del compañero José Luis Cabezas, donde la UTPBA ‘consensuó’ el minuto de silencio con ADEPA, pero evitó convocar a los trabajadores del gremio a resolver las medidas de lucha a implementar para quebrar el encubrimiento del gobierno. La UTPBA arregla por arriba con las mismas patronales que se rasgan las vestiduras por el crimen de un trabajador de prensa, al tiempo que descargan sobre las espaldas del gremio toda la furia flexibilizadora. La lucha de los trabajadores de Atlántida tiene el enorme mérito de poner las cosas en su lugar: para las patronales, la vida de los trabajadores y sus familias no tiene la menor importancia, sólo la tiene su insaciable afán de lucro. La lucha de Atlántida es la lucha de ambos gremios, el gráfico y el de Prensa, a pesar de que la UTPBA esté borrada del conflicto. El jueves 13 de marzo, a las 17,30 horas, los trabajadores de Atlántida con sus familias se movilizarán a Azopardo y México, y convocan a los gremios gráfico y de Prensa a hacerse presentes. Es una cita de lucha para todos.

En el mismo momento que miles de personas marchaban a Plaza de Mayo reclamando justicia para el compañero Cabezas, en la Plaza de Escobar, el represor Luis Patti ponía una ofrenda floral en el Acto realizado por la UTPBA. En este acto se encontraban presentes el senador radical Costa y el concejal frepasista J. Laino. Esta convivencia ‘democrática’ es la mejor demostración del grado de compromiso de estos partidos en preservar el aparato represivo, sostén de este régimen político. Que el intendente Patti participara en el homenaje a Cabezas no sólo es un hecho repudiable por su hipocresía, sino una operación política para encubrir la responsabilidad del gobierno nacional y provincial en el crimen. Lamentablemente, la UTPBA de Escobar no vio una contradicción en aceptar la participación de Patti, personaje vinculado a los grupos de tareas que torturaron y mataron a miles de Cabezas en el pasado. Para los radicales dicha contradicción naturalmente no existe, porque fueron ellos los que permitieron (gracias a la ley de obediencia debida) que Patti esté en libertad caminando por las calles. Para los frepasistas, que votaron la intervención a Santiago del Estero y elogiaron al arrepentido Gral. Balza, encontrarse en un Acto con un torturador es mantener “una línea de conducta”. No por casualidad, un concejal carapintada acaba de pasarse a las filas del Frepaso en Escobar. Los crímenes cometidos durante la dictadura y la “democracia” sólo podrán ser investigados y sus responsables castigados derogando las leyes de punto final y obediencia debida y tirando abajo el indulto menemista. A veinte años de la dictadura militar y a casi dos meses del asesinato de Cabezas, hoy más que nunca: * Juicio y perpetua a los culpables. * Fuera Menem-Duhalde.

La Asamblea de Atlántida reclamó ante la directiva del SGA que sacara una solicitada —con el planteo votado en el plenario de delegados de que no se editarían en otras imprentas las publicaciones de Atlántida— como una forma de romper el cerco informativo al que los capitalistas dueños de las imprentas y editoriales han condenado el conflicto de Atlántida. Pero la solicitada que finalmente sacó Ongaro no reproduce esta resolución, votada en el plenario de delegados. En su lugar plantea que "los trabajadores de Atlántida tienen prioridad para seguir haciendo las publicaciones de la Editorial", como si esto fuera una pelea entre trabajadores y no una maniobra patronal (ya que se trata de la misma planta y la misma patronal) para terminar con los salarios y conquistas e imponer la flexibilización laboral. No se trata de reclamar beneficencia a los Vigil ("Todo el pueblo argentino sabe que Constancio Vigil tiene medios para garantizar muchas veces 272 empleos", dice la solicitada), sino de defender los derechos y la fuente de trabajo de los trabajadores. Se trata de poner en marcha lo votado en el plenario de delegados: los trabajadores lucharán para que en ningún taller se editen publicaciones de Atlántida en conflicto.

La provocación de la patronal de Atlántida, y la extraordinaria reacción de los compañeros gráficos, ha puesto al rojo vivo en el cordón industrial la necesidad de una lucha de conjunto de los trabajadores de la zona contra las patronales flexibilizadoras. A sólo días de que estallara el conflicto de Atlántida, se produjeron decenas de despidos en la fábrica Stani. En la autopartista Corni, en una práctica ya común, los compañeros habían sido suspendidos como mínimo por una semana. En la metalúrgica Trinter, recientemente trasladada al parque industrial de Pilar, las condiciones de flexibilización y de apriete en la producción se han agravado, motivo por el cual los operarios impusieron a los delegados asambleas para discutir cómo parar la mano de los capitalistas. En Ford la bronca crece, porque se ha anunciado la reducción del horario de almuerzo en veinticinco minutos y, al igual que en Volkswagen, la burocracia se ha lanzado a una campaña con folletos que le ‘limpia la cara’ al nefasto convenio negrero del Smata firmado con la Fiat, señal de que se aprestan a aplicarlo en ambas terminales. En Terrabusi, las condiciones de precariedad laboral, flexibilidad y miseria salarial son insostenibles. Según activistas del barrio La Paloma, de Tigre, que se acercaron al masivo y combativo acto de Atlántida contra el cierre, en la empresa de transporte público La Independencia (la 365), la patronal se dispone a despedir en los próximos días a más de cien choferes. También se encuentran en conflicto los compañeros del sindicato de camioneros de San Miguel, por despidos en las empresas que prestan servicios a las comunas de la zona. En este cuadro, la provocación de la patronal de Atlántida no ha pasado desapercibida por los trabajadores de la zona, y todavía está por verse si para Vigil y para todos los ‘flexibilizadores’, la ‘patoteada’ no se les transforma en un ‘boomerang’. Enorme repercusión La lucha de los gráficos ha tenido una enorme repercusión. Ello se debe, en primera instancia, a la pública disposición de los trabajadores del taller y de la interna de jugarse en una pelea hasta las últimas consecuencias, lo que, en escasos días, han demostrado no con palabras, sino con hechos. Pero también, a una disposición mayoritaria de los trabajadores a poner freno a la situación actual, a decir "Basta", como señalaba el volante de Atlántida. En Terrabusi, la recepción del volante que convocaba al acto del jueves 6 de marzo fue unánime, y los compañeros gráficos que subieron a los micros para explicarles a los trabajadores la provocación de la patronal y la propuesta para enfrentarla, en varios de ellos, fueron aplaudidos. En Ford, fue comentario masivo el audaz corte de la Panamericana. "Nosotros tenemos que hacer lo mismo" o "Aquí estamos aislados, tenemos que unir las luchas", fueron los comentarios en puerta de fábrica. Situaciones similares se dieron en Volkswagen, Lumilagro y SKF. La masiva concurrencia de activistas, trabajadores y vecinos al acto en puerta de fábrica del jueves 6, es otro termómetro de lo dicho. La pelea de Atlántida puede ser la ‘gran locomotora’ que arrastre a los delegados, activistas y trabajadores a una lucha de conjunto que unifique todos los reclamos. Se impone rodear de la más estrecha solidaridad a los compañeros de Atlántida y la conformación de una interfabril para enfrentar los despidos, la flexibilización y la reducción salarial con un plan de acción común.

Ciadea suspendió por dos días a más del 60% del personal, a otro sector de la planta hasta el 18 y adelantó que habrá otra suspensión masiva de cuatro días a fin de mes. En Transax, está el rumor, cada vez más fuerte, de 200 despidos. En Fiat Auto, está pendiente la lucha por los 42 cesantes, cabeza de la lucha contra el convenio negrero firmado por el Smata. La crisis industrial ha vuelto a estallar. Las ventas de vehículos comercializados por Ciadea bajaron casi un 50% en el mes de enero y aunque Ciadea cedió posiciones frente a otros pulpos, el problema de fondo es que la reactivación del consumo tantas veces anunciada no pasó de un suspiro. Las ventas de automotores en todo el 96 están casi en los niveles de crisis del 95, 376.000 vehículos contra 508.000 vendidos en el 94. Los ríos de tinta gastados en la "recuperación de la industria" se han estrellado contra esta realidad, que revela que la economía argentina no superó el derrumbe del ‘plan’ Cavallo y la reactivación está frenada por el descomunal hipotecamiento del Estado, la quiebra bancaria y la crisis fiscal. A su vez, el régimen automotriz ‘argentino’ está dictado por los grandes pulpos, con el objetivo de instalar plantas de ensamblaje y ‘cabeceras de puente’ para importar piezas y unidades terminadas. La instalación de media docena de autopartistas ‘satélites’ de las terminales, debidamente promocionada, ha provocado la quiebra de un sector de la industria y, lejos de "crear puestos de trabajo", los ha disminuido. Se viene el convenio Fiat para toda la industria Los despidos y suspensiones se producen en el mismo momento en que se está consumando el desplazamiento de los contratistas ‘nacionales’ —Antelo y Macri— por los pulpos internacionales. Renault, que tiene hoy un porcentaje minoritario de las acciones de Ciadea, está negociando el control mayoritario de la terminal en concordancia con la construcción de su nueva planta en Brasil. Un proceso similar se está operando en Sevel, donde Macri cedería posiciones en favor de Peugeot. La ‘voz de orden’ de los directorios internacionales, en ambos casos, es forzar la aplicación del convenio Fiat para toda la industria automotriz. En ocasión de la toma de planta de Cormec por sus trabajadores, en setiembre del año pasado, el patrón de Renault planteó sin equívocos que su empresa "quiere las mismas ventajas que obtuvo Fiat en cuanto a condiciones de trabajo", es decir, un convenio Fiat para Ciadea. El ‘nacional’ Antelo trabajó en esta dirección desde entonces, tratando de imponer la ‘tercerización’ de Mantenimiento en favor de la satélite Polymont, para colocar a 400 trabajadores bajo un nuevo convenio negrero e introducir una cuña en la masa de fábrica. Este objetivo quedó a medio camino por la tenaz resistencia de los compañeros de Mantenimiento. El convenio en Ciadea está vencido desde mediados del año pasado y la empresa, oficiosamente, y la propia prensa, han anunciado la decisión de imponer un nuevo convenio a partir de abril (en el caso de Sevel Palomar, el convenio firmado por la UOM vence también a fines de marzo). Una situación similar está planteada en Transax. En Fiat, la patronal quiere apoyarse en el despido de los 42 activistas para arrancar la imposición plena del convenio negrero. Tenemos así una ofensiva de conjunto que abraza por entero a las terminales y a las grandes autopartistas. ¿Cómo enfrentarla? Interfabril, congreso de delegados de base La burocracia del Smata Córdoba actúa como agente de las terminales. Campellone salió a saludar el desembarco de la Renault en Córdoba, y su segundo, Dragún, se ha ofrecido como "agente de ventas", reclamando "una política más agresiva para la colocación de los vehículos" (Crónica, 7/3). No puede descartarse que la burocracia esté negociando en secreto un nuevo convenio para tratar de imponerlo ‘en frío’ a los trabajadores de Ciadea. Todo este cuadro plantea una intervención de conjunto. La unidad de los trabajadores de Fiat, Transax, Ciadea y el resto está ‘cantada’, porque son víctimas de una misma ofensiva: despidos, suspensiones y convenios negreros para liquidar el salario y las conquistas laborales. Los acontecimientos reclaman más que nunca poner en marcha un congreso de delegados de base de las plantas mecánicas y de todo el movimiento obrero, en una provincia en la que, además de la crisis automotriz, el gobierno está a punto de consumar la "privatización" de la empresa de aguas, liquidando el convenio y dejando en la antesala del despido a 700 trabajadores. Se encuentra a la orden del día la convocatoria de delegados y activistas de las plantas automotrices y del conjunto, para resolver un plan común de movilización y lucha que termine con los convenios Fiat-Smata y la ‘flexibilización’ laboral, logre la reincorporación de los 42 cesantes de Fiat Auto y expulse a Campellone de la conducción del Smata. Liquidar a esta burocracia, coautora del convenio infame, es una condición para la victoria de los trabajadores automotrices, que se enfrentan al intento de imponer ese convenio en todas las plantas. Al convenio negrero hay que oponerle la convocatoria de paritarias y la discusión del convenio por industria, hasta arrancar el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, la defensa de la jornada de ocho horas, la estabilidad laboral y el reparto de las horas de trabajo frente a los despidos.

Va cobrando fuerza y cuerpo la realización de una marcha y concentración en Plaza de Mayo el próximo 24 y 25 de marzo, uniendo en un mismo reclamo el repudio al golpe militar de 1976 y al crimen de José Luis Cabezas, al cumplirse dos meses de su asesinato. De este modo concreto se une la conmemoración del aniversario del golpe y la lucha contra la impunidad y el gobierno de Menem, responsable político del crimen de Cabezas. La realidad zanjó la discusión que tuvo lugar un año atrás para esta misma fecha, cuando se preparaba la gran concentración para el 20º aniversario del golpe militar. Entonces, el amplio arco del centroizquierdismo planteó que la marcha debía ser por la Memoria y la Participación, para no olvidar el pasado y para que no vuelva a repetirse, sin ninguna referencia a la lucha contra el régimen menemista, claro continuador del régimen militar. Se pretendía soslayar que la misma clase social que apoyó, financió y organizó el golpe militar, gobierna ahora bajo una forma política diferente. Que los Pérez Companc, Techint, Amalita Fortabat, fueron gestores de Videla y Massera como hoy lo son de Menem. Se pretendía ocultar que el régimen menemista fue más lejos que la dictadura en la liquidación de las conquistas obreras y en la imposición de la flexibilidad laboral, en el hambreamiento popular, en la represión social a la juventud, en el hipotecamiento del país, en la entrega de Malvinas y en la participación de las cruzadas militares contrarrevolucionarias del imperialismo mundial. Se pretendía ocultar que Menem indultó a los genocidas de la dictadura militar, que previamente otro gobierno constitucional les había dado el punto final y la obediencia debida. Un año atrás, el PO propuso movilizarse y se movilizó, en el aniversario del golpe, con la consigna de "Abajo el régimen represor, hambreador y entreguista del menemismo". Este año, esa consigna está más vigente que nunca y con el crimen de Cabezas no se puede ocultar, detrás de frases huecas y desmovilizadoras como memoria o participación, la responsabilidad política del gobierno y el régimen menemistas en los asesinatos de Bru, María Soledad, Mario Bonino, Cristian Campos... El 24 y 25 a movilizarse. Llamamos a la izquierda a ponerse al frente de esa movilización contra el régimen menemista, por el esclarecimiento del crimen de Cabezas y de todos los demás compañeros, por la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida y la anulación del indulto. Llamamos a la clase obrera a movilizarse contra el gobierno de la desocupación, que liquida los convenios, baja los salarios, aumenta los ritmos de producción, despide compañeros. Llamamos a la juventud a movilizarse contra la represión, el gatillo fácil, la desocupación monstruosa, los contratos de trabajo flexibles, precarios y de miseria, por la libre organización de la juventud y los estudiantes, contra el examen de ingreso, la reforma educativa pactada con el Banco Mundial.

Hagamos un análisis sobre los fondos que gastó el Estado desde antes y después de la privatización, y los 400 millones que el Estado gastará en mejoras de la red. Durante los últimos años de la administración Alfonsín, Italia proyectó otorgar un crédito blando dentro de un tratado asociativo, que se hizo efectivo durante la gestión de Grosso. Este crédito era para pagar un precontrato para hacer obras de remodelación de la línea "A". Por supuesto, este crédito no ha sido pagado y no se sabe adónde fue a parar el dinero. La consecuencia es que hay un recurso de amparo que no deja que se efectivice ninguna obra hasta que el Estado asuma el pago de 70 millones de dólares para saldar la deuda. Y ahora tenemos un subsidio de 200 millones que pone el Estado nacional, y otros 200 millones que se obtendrán de un crédito del Banco Mundial, que tendrán que pagar los ciudadanos de Buenos Aires. Se pone en marcha la modernización de la línea "A", que dejará pingües ganancias al grupo Roggio. En esto consiste el famoso Proyecto 2000 para la remodelación de líneas de subterráneos, que le costará al Estado 400 millones de dólares. Súmese a esto la nueva flota de coches de la línea B comprada de segunda mano al Metro de Tokio, con casi 30 años de uso, que fue pagada con fondos que tenía la Municipalidad para reparar unidades ya existentes. Esto costó 33 millones de dólares. 1987, la obra que nunca culmina Entra el grupo Roggio con su empresa constructora para efectuar las obras del Subte "D", con un plazo de conclusión en 1990. El actual director de SBA (ente municipal), señor Arturo Farp, dijo (revista Rieles) que la obra estaría terminada para 1999. También Farp comentó que durante la administración del intendente Saguier y Suárez Lastra se sancionó una ley que crea un fondo permanente para la ampliación y extensión de líneas de subterráneos mediante un impuesto a los contribuyentes porteños, que recauda 40 millones por año y proyectan elevarlo a 100 (revista Rieles, 11/96). Quiere decir que la constructora Roggio ha recibido durante 10 años una cifra estimativa de 400 millones por una obra no concluida. El contador Macías (funcionario de Metrovías) dijo que, a juicio de la empresa, en algún momento el usuario "deberá soportar" un aumento sobre el precio del cospel: de los 50 centavos que actualmente cuesta a "60" y eventualmente a "65". Sostuvo que con esto ayudaría a financiar una nueva línea proyectada y promovida por el intendente porteño (La Nación, 12/96). Es curioso que por el transporte de pasajeros esta empresa recaude 200 millones de dólares anuales, cifra que se duplicará con la ampliación de la red. Sin contar las ganancias que le proporciona el negocio de publicidad y alquiler de locales, y que la empresa maneja por completo. A esta altura de la historia, uno debería decir ¡paren el subte que me quiero bajar!, pero esto no termina aquí, la peor parte se la llevan los trabajadores, sometidos a condiciones de extrema insalubridad que las autoridades no ignoran (La Nación, 9/12/96) y que, además, las mismas pretenden agravar con ‘la tercerización’ de talleres y boleterías, que es la cortina de humo con la que pretenden tapar la rebaja salarial y la flexibilización laboral, obteniendo así mayores ganancias a costo de la explotación de los trabajadores. En junio de 1996 fueron transportados 18.200.000 pasajeros; quiere decir que con 2 días de recaudación se puede pagar la totalidad de la masa salarial de 1.400 trabajadores. Cabe destacar que todo esto fue llevado a cabo con la complicidad de la burocracia sindical de la UTA, entregando a la burguesía las conquistas sociales de los trabajadores. Con todo esto vemos que el Estado financia la construcción y renovación de líneas de subterráneos, para que la empresa privada las explote y se quede con las ganancias; además, la empresa constructora del mismo grupo empresario efectúa las obras de construcción, cobrándole al Estado varias veces el valor de la misma.