Prensa Obrera N° 527

El alto poder de politización del Congreso nos crea a todos los delegados la imperiosa necesidad de crecer políticamente para poder sustentar el programa votado en el VIIIº Congreso. Esto es importantísimo, dado que no son resoluciones sin consenso ni impuestas, sino que un rico debate y una clara posición de saber a dónde vamos y qué queremos, lo que garantiza el acierto de la actitud de los delegados y dirigentes. En el caso de los desocupados, el hecho de crear nuestro propio sindicato es algo muy viable por el espíritu del movimiento. En las asambleas donde se planteó el debate, el acuerdo es prácticamente unánime; la discusión se realiza sobre la modalidad y estructura sobre la que se montará el sindicato. Esto demuestra que se intenta crear algo serio y sostenido en el tiempo. Se discute que sea antiburocrático, si consigue la personería o no, si habrá secretarios o comisión de delegados, que sirva para impulsar los congresos provinciales y nacionales de desocupados, y queda de manifiesto en las asambleas la credibilidad de que es realmente una salida para todos los desempleados. La lucha va a ser dura con la burocracia sindical y la burguesía gubernamental. Ante tan grande desafío, los dirigentes y delegados debemos estar preparados políticamente y seguir la dirección de nuestras reivindicaciones, que nos aclara nuestro horizonte revolucionario. Con motivo de las "fechas" de Navidad y Año Nuevo, la Coordinadora de Desempleados de la Provincia de Córdoba cumplió con una actividad votada en asamblea, de realizar jornadas de empadronamiento en la plaza San Martín, la principal de la ciudad; pero estas jornadas llevaban el nombre de la Semana de la Navidad de los Desempleados, y el motivo principal era la exhibición de un arbolito de Navidad enteramente "miserable". Un compañero, Carlos Suárez, el gestor de la idea, trajo una rama seca de un árbol y se la ‘adornó’ con una camiseta vieja, un telegrama de despido, zapatillas rotas, una taza rota y todas las consignas reivindicativas y de lucha del movimiento obrero, en general, más las nuestras; se trabajó una alcancía al pie del árbol y durante una semana, todos los días, leíamos la base de principios y charlábamos con la gente, y empadronamos a casi 500 compañeros, sumamos tres activistas más a la Coordinadora y la última jornada cerramos con una olla popular en la plaza. A la misma hora, y en ese mismo lugar, la Municipalidad realizaba un festival de fin de año con números artísticos, conjuntos de todo tipo; nosotros compartimos la olla popular, con 130 porciones, a distintos compañeros que no tenían dónde vivir. Recibimos la adhesión de una familia de turistas que aprobaron la idea y la iban a trasladar a Tucumán, de donde eran ellos. A pesar de haber llevado gacetillas de prensa a todos los medios, no tuvimos ningún apoyo por parte de ellos para la difusión; no obstante, así se generó un hecho político de cierta relevancia, con mucha adhesión por parte de la gente. De esa manera, sale votada en otra asamblea la actividad de una radio abierta todos los viernes en distintos barrios. La Coordinadora en los barrios es la única manera de asegurar la organización de los desempleados. Aprovechamos esta oportunidad para arrimar nuestros deseos de que pasen unas felices fiestas y que el 97 nos encuentre de pie y organizados. Por la unión y organización de los trabajadores desocupados.

Las patronales de las líneas de colectivo han largado una gran ofensiva, con marchas y carteles en los vehículos, reclamando "la intervención del Estado para rescatar una cooperativa de seguros (propiedad de las mismas compañías de transporte) con el fin, dicen, de que no vaya a la quiebra gran parte del sistema de autotransporte del país"(Clarín, 22/1). Según el patrón de la Cámara empresaria de autotransporte, "más del 60% de las compañías de colectivos —principalmente del área metropolitana— podría dejar de funcionar, debido al descalabro jurídico-financiero provocado por la liquidación de la aseguradora Belgrano" (El Cronista, 21/1). Culpa al Estado del quebranto financiero de Belgrano, porque no le pagó el reaseguro, suscripto con el INdeR. En realidad, la quiebra de la aseguradora Belgrano es sólo un episodio fraudulento menor en los fraudes de las compañías de seguros. Las compañías que aseguraron al transporte de pasajeros tienen juicios de pasajeros por muertes y accidentes de tránsito "con sentencia firme", que rondan los 500-600 millones de pesos (El Cronista, ídem), pero que no están pagando. En total, hay unos 70.000 juicios por 1.000 millones de pesos (Revista de seguros Estrategas, octubre 1996). Esos juicios se hicieron porque la mayoría de las compañías de seguros no pagó el siniestro asegurado, debido a que "no tienen capital, no tienen patrimonio, no tienen solvencia... y van a la quiebra a plazo fijo" (ídem). La aseguradora Belgrano tiene 11.000 juicios, y las compañías "culpan al Estado, a través del INdeR, por supuestos atrasos en el pago de los reaseguros. Pero no dicen toda la verdad. No muestran la película completa. No mencionan que la cooperativa fue mal administrada por ellos mismos o por sus colegas más cercanos. Y olvidan agregar que la raquítica situación de la empresa era algo conocido, comentado y reflejado en sus balances desde hace años. Tampoco dicen que de los 11.000 juicios de Belgrano, sólo 1.242 involucran al INdeR como reasegurador" (Estrategas). Qué piden Los patrones de colectivos quieren que el Estado les salve la compañía Belgrano y que "limite la responsabilidad civil de las sociedades y busque una forma para que podamos hacer frente al pago de los siniestros de una manera orgánica y medida", como declaró el patrón de la Cámara de Empresarios del Autotransporte de Pasajeros, Héctor Tilve (El Cronista, ídem.) El patrón Tilve apunta a que el Estado apruebe el proyecto de ley de los diputados César Arias, Edmundo del Valle Soria y otra decena de legisladores del PJ, que limita a 100.000 pesos los casos de muerte o incapacidad permanente total producidos por accidentes de tránsito, y que el resto de las incapacidades se determinen en forma proporcional a esos 100.000 pesos. Quiere, además, que las indemnizaciones no se paguen al contado, sino en la forma de una renta mensual a través de compañías de seguro de retiro. O sea, que el pago del siniestro dé lugar a un negocio para las propias aseguradoras. Actualmente, los jueces determinan montos indemnizatorios superiores a los 100.000 pesos, en muchos casos del orden de los 300.000 ó 500.000 pesos. En relación a los juicios con sentencia anteriores a la sanción de este proyecto, se plantea una moratoria judicial y que las sentencias se paguen en 60 cuotas mensuales, con un período de gracia de 6 meses. Está en marcha, entonces, un amplio operativo de las compañías de seguros y las patronales del transporte contra la población trabajadora, que mayoritariamente utiliza el colectivo como medio de transporte. Quieren repetir lo que lograron con los accidentes de trabajo, donde la muerte del trabajador vale 55.000 pesos, que la viuda cobra a razón de 200 pesos por mes.

Un episodio grotesco volvió a sacar a luz la red delictiva organizada desde el Estado en torno al reparto de los bolsones alimentarios a la población carenciada de Córdoba. Un cargamento de mil bolsones fue entregado por error a la Municipalidad de San Carlos Minas, un pequeño pueblito del interior cordobés que no llega a tener esa población. Al abrir el envío, remitido por orden del gobierno provincial, los funcionarios descubrieron que el destinatario no era la intendencia sino una conocida dirigente local del radicalismo, que el camionero había supuesto era la intendente del pueblo. En Córdoba, el reparto de los bolsones ha sido ‘privatizado’ por los partidos políticos del sistema, que toman a su cargo la distribución sin que exista ni el disfraz de un control popular. Mensualmente, salen de la Dirección de Emergencias Sociales unos 100.000 bolsones alimentarios, y el grueso del reparto queda bajo la responsabilidad de tres "comisionados políticos". Estos eran, al menos hasta hace unos meses atrás, "por el radicalismo... el senador mestrista Miguel Nicolás... por el justicialismo... el diputado provincial Dídimo Ledesma, ligado al grupo del también diputado cavallista Juan Schiaretti, y el ex legislador Julio Tejeda, enrolado en la tropa del senador nacional Manuel de la Sota" (La Voz del Interior, 8/4/96). Este reparto de características mafiosas provocó la protesta de los que se sienten ‘discriminados’ (Aráoz y Alarcia en el PJ) y el propio Frepaso, que planteó sumarse a la federación de ‘padrinos’ ("quizás la estructura de desarrollo territorial del Frepaso sea más pequeña que la del PJ o la UCR, pero esto no significa que se nos excluya" –Tazzioli, diputado provincial). El empadronamiento "corre por cuenta de los partidos políticos" (ídem), lo que termina de "perfeccionar el sistema". Las denuncias sobre desvío de bolsones, entrega a comerciantes y otros chanchullos son constantes, pero los vecinos lo hacen en voz baja por el temor a quedarse sin alimentos. La red que ‘distribuye’ el gasto social integra también a la jerarquía eclesiástica, que administra casi la mitad de los comedores populares en Córdoba capital. Planteamos: fuera la mafia partidaria, empadronamiento cada 90 días bajo control de los vecinos, elección de delegados por manzana que tomen a su cargo la distribución, marchar contra el hambre y la desocupación.

En el boletín de Enero de 1997, y bajo el título "Cuidado con la ‘franela’ ", la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) denuncia a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de estar negociando conquistas fundamentales del Estatuto del Periodista y del Trabajador Administrativo de Empresas Periodísticas, en el marco de los decretos flexibilizadores del gobierno. En ese sentido, reproduce una carta fechada el 27 de diciembre de 1996, dirigida por la UTPBA a Víctor de Gennaro y a los miembros de la mesa nacional de la CTA, en la cual les expresa su "preocupación frente a actitudes de vuestra parte que entendemos inconvenientes, si en verdad a todos nos anima mantener y desarrollar las relaciones de cooperación y de unidad en la acción". Lo que según los dirigentes del gremio de prensa podría hacer peligrar las relaciones entre ambas entidades son "las convocatorias que desde la CTA se hacen a los trabajadores de prensa —o mejor dicho, a dirigentes de prensa— con la finalidad de mantener reuniones con el gobierno por el tema del Estatuto del Periodista y del Trabajador Administrativo de Empresas Periodísticas". Y finaliza: "los invitamos, con el mayor respeto, a revisar lo que consideramos una línea de intervención desafortunada", bajo el argumento sostenido por la UTPBA de que el Estatuto "no se negocia". Cabe destacar que dentro de la mesa nacional de la CTA actúa Néstor Piccone, actual secretario adjunto en uso (o abuso) de licencia de la UTPBA, por un año, quien habría sido el promotor de la reunión de diferentes sindicatos de prensa del interior del país con el Ministerio de Trabajo, reunión a la que la UTPBA, como entidad, se negó a concurrir. Qué hay detrás del enfrentamiento Si bien es correcta la denuncia de la UTPBA, el problema es que la UTPBA tampoco tiene una política para enfrentar la política flexibilizadora del gobierno y las patronales. Eso se refleja claramente en el mismo boletín de enero del ’97, donde en otro artículo plantea no ya negociar con el gobierno menemista, sino directamente con la cúpula del Mercosur, propugnando la creación, en la estructura institucional de dicho mercado, del Sub Grupo Técnico "dedicado a la temática de la Comunicación Social, formado por representantes de los gobiernos, de los trabajadores y del sector empresarial" (¡?). Así se llega al absurdo de que por un lado la UTPBA denuncia el "jueguito de las ‘charlas sesudas’... " en "los despachos de la superestructura", ¡y por el otro plantea que la salida ante la ‘globalización’ está en un nivel aún más superestructural y burocrático todavía!

La Coordinadora de Desocupados de Neuquén ha lanzado una campaña de afiliación para constituir un sindicato de los trabajadores desocupados. En la Capital de Neuquén ya llevan más de 100 afiliados empadronados, que han aportado su cuota mensual de un peso. El sindicato debe instalarse, porque el problema de los trabajadores sin trabajo no sólo no disminuye, sino que tiende a agravarse. En toda la provincia, los desocupados se han organizado en comisiones, coordinadoras, etcétera, para defenderse contra la miseria. Después de haber anunciado que se levantarían los subsidios de la 2128 en Piedra del Aguila, una movilización de los desocupados llevó a que el gobierno otorgara 150 subsidios más para los próximos 2 meses. El 8 de febrero se ha convocado a un encuentro de coordinadoras de desocupados en Centenario, coincidiendo con la convocatoria hecha por los municipales en lucha. Este puede ser un importante paso para impulsar el sindicato a nivel provincial, reclamar su reconocimiento por las centrales sindicales y montar un plan de movilización por el subsidio de 500 pesos a todo desocupado mayor de 16 años.

En el Boletín de la UTPBA de Diciembre de 1996, hay un artículo del secretario general del gremio de Prensa de Buenos Aires, Juan C. Camaño, titulado "¿El problema no es el propio capitalismo?". Pero con fecha 9 de diciembre de 1996, el sindicato que el propio Camaño preside informó que el "82% de los periodistas-trabajadores de prensa está dispuesto a aceptar el crédito que el Banco Mundial otorga a las Obras Sociales sólo si se preserva, de manera irrenunciable, el actual Sistema Solidario de Salud, el nivel médico asistencial, la estabilidad laboral y permanente capacitación de todo el personal administrativo y profesional y el patrimonio institucional, sobre la base de no renunciar a la cobertura de los trabajadores despedidos ni a la equitativa distribución de prestaciones médicas primarias y complejas entre los sectores de menores recursos (jubilados, colaboradores y trabajadores de bajos salarios)". En esta parrafada, cada frase de este párrafo representa un engaño. Las patas de la mentira En primer lugar, todos los males que en el Boletín de la UTPBA Camaño endilga a las políticas de ajuste de los gobiernos, no son otra cosa que mandatos del propio Banco Mundial, el mismo con el cual la UTPBA sale a suscribir el crédito. En segundo lugar, es falso que los trabajadores de prensa, en un 82%, hayan decidido absolutamente nada. Hubo lugares (casos de Télam, DyN, Diario Popular, etcétera) donde una gran mayoría, ante la absoluta falta de información, directamente se negó a responder la encuesta. Es sintomático que en su comunicado, la UTPBA no haya informado acerca de la cantidad de compañeros que efectivamente respondió a la aludida consulta. En tercer lugar, afirmar que el gremio "está dispuesto" a aceptar el crédito del Banco Mundial, no es otra cosa que decir que los trabajadores de prensa ‘se bancan las consecuencias’del crédito, que la UTPBA no aclaró cuáles son. En cuarto lugar, la UTPBA miente a conciencia cuando afirma que el crédito vale "sólo si se preserva, de manera irrenunciable, el actual Sistema Solidario de Salud", ya que el plan del Banco Mundial para las Obras Sociales implica la implementación del PMO (Plan Médico Obligatorio), que liquida la prestación solidaria, porque más allá del PMO rige el arancelamiento. Es decir, cada uno recibe la atención médica según sus ingresos, la cantidad de hijos que tenga, su género (por el "peligro de embarazo" de las mujeres), etcétera. En quinto lugar, y como bien lo saben miles de compañeros desocupados de nuestro país, el verso de la "permanente capacitación de todo el personal" de la Obra Social es la antesala segura de los despidos que exige el Banco Mundial. Todos aquellos trabajadores que supuestamente ‘no han sabido adaptarse a las pautas de eficiencia’ —o superexplotación— que se marquen, serán echados ‘por no haber estado a la altura de la atención que requieren los afiliados de Prensa’. Esta capacitación, en realidad, habría que exigírselas a los dirigentes de la UTPBA, que jamás han entregado al gremio un solo balance de la Obra Social. En sexto lugar, ¿qué le ha ofrecido la UTPBA al Banco Mundial a cambio del crédito solicitado? Por eso, apostamos a que es una completa mentira la afirmación de que queda preservado"el patrimonio institucional". La UTPBA no menciona la forma en que piensa pagar dicho crédito, lo que se supone que será arancelando rabiosamente. En séptimo lugar, el crédito del Banco Mundial es el único disponible para las Obras Sociales, con lo cual constituye un préstamo que condiciona completamente cualquier política futura de salud. La afirmación de que no se va a renunciar a la cobertura de los trabajadores despedidos suena a una simple expresión de deseos. El Banco Mundial no presta con esas intenciones. En octavo lugar, todo lo anterior está corroborado por la expresión de que se hará una "equitativa distribución de prestaciones médicas primarias y complejas entre los sectores de menores recursos". Por un lado, ‘equitativa’ no es lo mismo que ‘solidaria’. Ser "equitativo" significa dar a cada cual según lo que aporta. Ser "solidario" implica brindarles a todos las mismas prestaciones por igual, independientemente del monto que aporte. Porque la solidaridad se acabó, se habla de una atención referida a "los sectores de menores recursos", los cuales no tendrán la misma atención que "los sectores de mayores recursos". En un solo desliz, los centroizquierdistas quedaron al descubierto.

El empleo permanente "no lo será por mucho tiempo más", dice Página 12 (9/1), al informar del aumento que se ha operado en los empleos "por contrato", por "tiempo parcial", por"plazos determinados", por "período de prueba", sin "derecho indemnizatorio de ninguna índole", etc. Pero la eliminación de la ‘estabilidad laboral’ significa, ni más ni menos que la abolición de la diferencia entre el trabajador ‘ocupado’ y el ‘desocupado’. Su lugar pasa a ser ocupado por el trabajador ‘rotativo’, o sea estructuralmente desocupado. Los trabajadores en "período de prueba" han crecido un "286,5%" (ídem). "A contramarcha de lo que ocurre con las nuevas entradas, el nivel de bajas es mucho mayor en el caso de los trabajadores fijos de la empresa. Del total de cesantías de noviembre, el 54,6% afectó a este segmento" (La Nación, 8/1), cuando "lo esperable —dice Página 12, 9/1— (sería) que, precisamente por su estabilidad, (estos trabajadores) roten mucho más lentamente". Se ha descargado, entonces, una política masiva de destrucción de los planteles de trabajadores ‘bajo el viejo régimen’, para transformar a toda la fuerza laboral en trabajadores ‘precarizados’. Siempre según cifras oficiales, mientras la contratación laboral por tiempo indeterminado "entre diciembre de 1995 y noviembre de 1996 ... se redujo en un 5,6% ... las llamadas modalidades promovidas (contratos con bajos costos laborales) -subieron- un 78,9%" (La Nación, 8/1). Estas cifras son promedios anuales, en los últimos meses la tendencia se agravó brutalmente. Encima, el economista radical Roberto Frenkel acaba de denunciar que una "numerosa" serie de organismos de investigación alertó sobre la "manipulación" de la información estadística oficial, particularmente la vinculada a la tasa de desocupación urbana (El Economista, 10/1). No sólo se trata de la estimación deliberadamente desinflada que se hizo de la tasa correspondiente a Córdoba. Además, "los supuestos utilizados para el cálculo del crecimiento en valores absolutos de la población activa y del empleo resultan cuestionables en varios sentidos ... se excluyen del conjunto de aglomerados medidos por la Encuesta, aquellos tres de más reciente incorporación (Río Cuarto, Concordia y Mar del Plata) que alcanzan niveles de desempleo más elevados que el promedio ... se redondea para abajo ... contra la convención normal", etc. (ídem). Además, "no fueron publicados ... los resultados (de la Encuesta de Hogares adicional, realizada dos meses después de la última encuesta divulgada) porque indicaban un aumento de la tasa del desempleo" (ídem). El menemato suma a la condición de régimen de ‘negreros’, el de ‘manipulador’ de la información estadística.

El 17 de febrero próximo se realizará la audiencia judicial entre el compañero Pablo Llonto y Clarín , que le impide a aquél el ingreso a su lugar de trabajo y lo tiene en calidad de "suspendido" . La arbitrariedad del diario está demostrada en el hecho de que el Procurador General del Trabajo, Edmundo Alvarez, ha pedido a la Cámara de Apelaciones que rechace la demanda de Clarín , que le permitiría convertir la suspensión de Llonto en despido. El procurador ha pedido la reincorporación del compañero y el pago de los salarios caídos desde el 11 de octubre de 1991. Llonto, quien también es abogado, fue uno de los defensores del delegado de La Prensa , Brodsky, contra la persecución penal de la empresa. Llamamos a movilizarnos a la Cámara del Trabajo en apoyo del reclamo del compañero Llonto y de los derechos de los trabajadores.

El 7 de febrero cierra la campaña financiera que lanzó el PO en su VIII° Congreso, realizado a principios de diciembre. Varios comités, particularmente del Gran Buenos Aires, ya han logrado en un mes de trabajo (en mitad de las fiestas y de las vacaciones) una cantidad de aportes y dinero recolectado, superior a lo obtenido en la última Campaña Financiera realizada entre julio-octubre del 95. Pero los objetivos son muy ambiciosos. Y falta un envión importante para llegar a ellos. Usted puede colaborar, con su aporte, a que reforcemos la perspectiva de lucha y revolucionaria que representa el Partido Obrero. Hágalo: aporte y pida que aporten sus amigos, familiares y/o compañeros de trabajo. Queremos construir una prensa y un partido de la clase obrera. Y eso implica sacrificios de los obreros y explotados. De lo contrario, siempre seremos dependientes políticamente de los patrones y sus partidos burgueses proimperialistas. "La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos", fue la consigna que levantaron Marx y la I Internacional, y que hoy está plenamente vigente. Hemos lanzado una campaña de actos públicos en los centros más populosos bajo la consigna "Por la Unidad Electoral y en la Lucha de los Obreros y la Izquierda". En estas páginas, verá el programa de los mismos en un conjunto de provincias y localidades. En esta gran tarea que nos hemos propuesto, necesitamos su participación y colaboración. Un aspecto –¡y esencial!– es a través de su aporte. Lo invitamos y lo esperamos.

En las capitales del imperialismo mundial, "de Washington a Tokio, pasando por Egipto, Jordania y China, la satisfacción fue unánime después de la firma de los acuerdos israelí-palestinos sobre Hebrón" (Le Monde, 17/1). Se retoma, así, la política de ‘acuerdos’ que permitió acabar con la ‘intifada’. Esos ‘acuerdos’ estaban amenazados por la ‘intransigencia’ del nuevo gobierno de Netanyahu, con fuertes ataduras con los colonos de los ‘territorios’. Tras "siete meses de atraso", fue posible reencaminarlos, porque "Arafat habría aceptado retardar 20 meses el retiro israelí de las áreas rurales de la Cisjordania" (ídem, 14/11). "Hoy la Autoridad Autónoma controla efectivamente siete ciudades (en la Cisjordania) –casi el 3% del territorio" (ídem, 16/11). Hebrón será "la octava" (ídem). Claro que, como en las otras, el "control" será ejercido sólo "parcialmente" –dice siempre Le Monde–, porque se trata de un dominio exclusivamente ‘administrativo’ (16/1). Los sionistas siguen controlando, en toda la Cisjordania –como en Gaza– la seguridad, las fronteras, los cursos de agua, las rutas, es decir, las cuestiones ‘vitales’. Con relación a Hebrón, se resolvió una suerte de ‘partición’. En la zona donde residen los 400 colonos judíos viven 20 mil palestinos, "lo que equivale a decir que uno de cada 5 palestinos de Hebrón ... permanecerá bajo responsabilidad israelí", explicó "Shlomo Dror, portavoz israelí y coordinador de las actividades gubernamentales en Cisjordania y Gaza" (La Prensa, 16/1). Hebrón tendrá sólo "400 policías palestinos, armados con 100 rifles y 200 pistolas", cuya nómina Arafat "entregó a Israel ... además de los números de sus armas" (Ambito, 16/1). También "una fuerza conjunta, palestina e israelí, patrullará las montañas cercanas a las casas de los pobladores" judíos (ídem). "David Wilder, portavoz de la comunidad judía de Hebrón", declaró en un reportaje a un corresponsal de El Mercurio de Chile (19/1) que "hemos recibido promesas de que habrá permisos en ciertos sitios para construir ... en el curso de los próximos dos años, veremos nuevos edificios y nuevas familias". En el resto de la Cisjordania, los sionistas se han comprometido a un repliegue en tres etapas, hasta el 31 de agosto de 1998. Arafat ha dicho que cuando concluya el acuerdo, el 85 o 90% de ese territorio quedará en manos palestinas. Pero Le Monde reconoce que "la amplitud de los futuros repliegues queda por negociar" y "serán fijados por Israel en función de sus necesidades de seguridad" (16/1). "Algunos colonos afirman que Netanyahu les aseguró, en privado, que los palestinos a mediados de 1998 tendrán ‘no más del 10%’del territorio" (ídem). En los ‘acuerdos’, dijo Netanyahu, "no se estipula ningún porcentaje. No se estipula ningún territorio" (La Nación, 16/1). "Los analistas israelíes creen que Arafat puede terminar con sólo la mitad de Cisjordania, mientras Israel retendría el control de los 140 asentamientos judíos, las instalaciones militares y las fronteras. Eso sería similar al acuerdo en Gaza, donde Israel sigue en posesión del 40% de la franja" (ídem), lo cual "podría provocar conflictos en el futuro" (Clarín, 16/1). Sobre "la cuestión de los prisioneros palestinos –casi cinco mil–", informa Le Monde, "ninguna liberación será considerada ... antes de fines de mayo de 1999", cuando se discuta el estatuto definitivo del ‘futuro’ Estado palestino (16/1). El único aeropuerto palestino, en Rafah, en la franja de Gaza, "terminado hace meses" y que "no funciona por las divergencias israelí-palestinas concernientes a la seguridad", será finalmente abierto ... pero "Israel impuso su control total sobre la seguridad" (ídem). Estos acuerdos no fueron alcanzados sin resistencias, especialmente por el lado sionista. "Los colonos judíos se consideran ‘traicionados’, pero están divididos sobre la estrategia a seguir" (ídem, 17/1). El gobierno de Netanyahu logró la aprobación de los ‘acuerdos’ tras "una profunda ruptura" de su gabinete (7 ministros se opusieron y uno renunció) y"depende hoy paradójicamente del apoyo de la oposición de izquierda" (Clarín, 16 y 17/1). Pero "no sólo el gabinete israelí se encuentra fuertemente dividido ... También los palestinos más radicales consideran humillante ese convenio ..." (ídem). En la propia ‘clique’de Arafat, en su gabinete y en el Comité Ejecutivo de la OLP, "cinco representantes ... se opusieron al acuerdo" (diario Río Negro, 16/1). El imperialismo mundial y la burguesía sionista han hecho prevalecer sus intereses estratégicos frente a los intereses de los colonos. Fue lo que tempranamente previó Prensa Obrera: "la victoria de la derecha en las elecciones israelíes –dijimos el 6/6/96– (no) significa el fin del ‘proceso de paz’ ... antes bien, el gobierno triunfante no tardará en sufrir, en carne propia, la inviabilidad de la política de la derecha sionista". Allí advertimos, además, acerca de la tendencia de Netanyahu a apoyarse en sus ‘palomas’ –el sector ligado directamente al departamento de Estado norteamericano, encabezado por el canciller Levy–, dentro de su contradictoria coalición con los religiosos. Los ‘acuerdos de Hebrón’ refuerzan el alcance contrarrevolucionario de lo acordado en Oslo, Madrid y Taba.

"La ‘alianza táctica’ seguirá en el 97" —tituló La Voz del Interior del domingo pasado, en referencia a Menem y al gobernador de Córdoba, Ramón Mestre. "Nos conviene que a Mestre le vaya bien...", dijo "un funcionario de puerta contigua al despacho presidencial". El gobierno menemista "intentará evitar que el fervor de las campañas electorales supere el implícito pacto de no agresión que reina desde la anticipada asunción de Mestre, en julio de 1995". La información del diario cordobés corrobora, de nuevo, la caracterización de que Mestre subió antes de término como consecuencia de un golpe tramado por Menem y Cavallo para impedir que Angeloz pudiera terminar su mandato. Mestre largó de inmediato la ‘emergencia provincial’, que redundó en reducciones salariales y despidos en toda la administración pública. Detrás de las provocaciones de Fiat y de Campellone contra los trabajadores de Sitramf, se encuentra alineado, en primer lugar, el pacto Menem-Mestre.

El PT de Uruguay y el PO de Argentina han acordado impulsar una campaña común de suscripción a sus respectivos periódicos. El precio de la suscripción anual para ambos periódicos será de 25 pesos argentinos. Esta iniciativa fue tomada en el reciente congreso anual del PT. Allí se votó "lanzar una campaña de suscripciones a Prensa Obrera y Tribuna, como forma de extender la difusión, influencia y autoridad de la prensa revolucionaria".

Luego de firmar el acuerdo de Hebrón, Arafat fue todo gentilezas con los colonos sionistas, lo cual contrasta con las "crueldades" que practica contra su pueblo, según la definición de ex-militantes de Al Fatah y organismos de derechos humanos, que denuncian, además, el "potencial explosivo de las esperanzas defraudadas" en la ‘Autoridad Autónoma’ (La Nación, 11/12). Lo mismo acaba de denunciar el diputado Haidar Abdel Shafi, "célebre en Gaza y Cisjordania desde que en 1991 presidió la delegación palestina en la Conferencia de Madrid (quien junto a) ... varios diputados de la Cámara Legislativa del Consejo Autonómico Palestino ... acusaron al gobierno de Yasser Arafat de tomar decisiones cruciales sin la aprobación del Parlamento ...‘Esta no es la Cámara Legislativa con la que soñaba el pueblo palestino’, enfatizó" (Clarín, 26/1). El régimen de Arafat se ha transformado "en un clan corrupto", dicen los activistas. "La crítica implica correr peligro" (La Nación, 11/12). Denuncian "un Estado policíaco", "acusan a europeos y norteamericanos" porque los "fondos (que envían) financian los sueldos de la policía palestina, y por consiguiente, sus violaciones de los derechos humanos ... el reino del terror ... (hay) nueve servicios de seguridad con más de 80.000 hombres entre uniformados, agentes secretos y oficiales" (ídem). A este régimen totalitario se ha incorporado como "ministro", después de los ‘acuerdos’ de Hebrón, "Talal Seder, un dirigente (y jeque de Nablus) del grupo integrista Hamas"(Clarín, 26/1). Según el relato de un profesor de Nablus, "ni aun los israelíes habían puesto nunca los pies en la Universidad" (La Nación, 11/12), "el pueblo se sentía cien veces más libre bajo la ocupación israelí" (ídem). Las autoridades de esta ciudad fueron acusadas hace poco de complicidad por el asesinato a manos de la policía palestina de un joven ‘héroe’ de la‘intifada’. La reacción popular fue tal que "el funeral se transformó en una prolongada y silenciosa manifestación de protesta contra el gobierno palestino. Setenta mil personas se hicieron presentes. Se arrojaron piedras contra el edificio de la administración" (ídem).

IBM, Yabrán, Samid, aduana paralela, robo para la corona, guardapolvos de Bauzá, quiebras fraudulentas de bancos, plan Bonex, deuda externa usuraria, policía bonaerense, gatillo fácil, indultos, reducción de salarios, desocupación en masa, destrucción de la salud y de la educación, Coppola, Samantha y Diamante, la leche adulterada, las cometas del Pami, represión contra periodistas, amenazas telefónicas y vendettas anónimas, explotación y prostitución infantiles. El asesinato brutal de José Luis Cabezas. El régimen menemista, que los ‘opositores’ siguen defendiendo en nombre de la ‘gobernabilidad’ y del recambio democrático, se acaba en el barro y en la sangre. Económicamente quebrado y políticamente desmoralizado. Termina igual que Collor de Brasil, Carlos Andrés Perez de Venezuela y Salinas de Gortari de México. Los mismos intereses sociales han dado lugar a los mismos regímenes políticos. La corrupción no es un asunto de moral individual sino de régimen social. Si se esclarece el crimen del reportero gráfico, en Pinamar, el régimen se cae. Si no se esclarece, también. Siempre en el barro y en la sangre. Los trabajadores debemos intervenir activamente en poner fin al menemismo, para que no vengan sus sucesores patronales a imponernos un simple cambio de collar, sea este ‘justicialista’, centroizquierdista o centroderechista.

Usted sabe muy bien que el régimen menemista está agotado. Que su continuidad sólo puede ofrecer - más desocupación - más récord de entrega y de deuda externa - más robo a los jubilados - más avasallamiento de conquistas y convenios sindicales - más privatización de la salud y la educación públicas - más destrucción de las obras sociales - más corrupción y negociados - más ‘gatillo fácil’ y represión Si usted sabe esto y es conciente de que hay que detener esta orgía antiobrera y proimperialista LO INVITAMOS A SUMARSE A LA LUCHA POR PONER EN PIE UN FRENTE DE LA IZQUIERDA Y DEL MOVIMIENTO OBRERO COMBATIVO Para derrotar a Menem y a sus ‘opositores’ cómplices POR LA UNIDAD ELECTORAL Y EN LA LUCHA DE LOS OBREROS Y LA IZQUIERDA

Junto a la gran inmigración de judíos rusos –más de 700 mil desde 1989–, el Estado sionista se ha poblado –informa Shlomo Slutzki, en Brecha del 17/1– de "decenas de ‘capos’ de la mafia rusa", líderes de organizaciones criminales que "gozan de una virtual inmunidad", amparados en que allí "no hay leyes contra el blanqueo de capitales". "Según informes secretos de la policía, se utiliza así a Israel como ‘lavadero’ de dinero ‘negro’, además de convertir al país en el centro de operaciones hacia occidente, de participar en las ganancias en el mercado israelí de prostitución y otras ramas del crimen" (ídem). Lo más destacado, con todo, es que el dinero de esta procedencia dio "apoyo a Netanyahu y a su partido" y ‘maneja’, además, un "partido de inmigrantes rusos que obtuvo siete bancas (de un total de 120)" (ídem). Las cifras que aporta a la economía israelí la ‘mafia rusa’ son sólo comparables con los aportes de 3 mil millones de dólares anuales que envían los yanquis para sostener al enclave sionista: "Las cantidades que se barajan como ‘ganancias’ de esta ‘industria’ se estiman en 2 mil millones de dólares, pero nadie duda de que ésa no es más que una mínima parte y que en realidad son mucho más elevadas" (ídem).

Los fallos que cuestionan la constitucionalidad de los decretos anti-laborales de Menem parecen haber dado nuevos bríos a la burocracia de la CGT, pero no han resuelto ninguno de los problemas por los que la clase obrera se movilizó en los últimos tres paros generales. Primero. Los contratos precarios abarcan a una proporción cada vez mayor de trabajadores, lo que significa que un número creciente pierde la protección laboral y social y cualquier suerte de indemnización por despido. Segundo. Prosigue la reconversión de las obras sociales según los planes del Banco Mundial, lo que significa la creciente arancelización de las prestaciones. Esta reconversión prepara el terreno para la privatización de las obras sociales o para el ingreso de las pre-pagas en este ámbito. La ‘auto-gestión’ hospitalaria (arancelización) se aplica en todo el país. Tercero. Sigue en pie la amenaza de miles de despidos en el PAMI y el desmantelamiento de la institución. La sustitución de Markovic por Alderete ha agravado la situación. Los despidos en los institutos técnicos y de la salud no han parado Cuarto. La ofensiva anti-educacional va a todo vapor, como lo demuestra el establecimiento de regímenes de cupos en las universidades nacionales. Quinto. La desocupación sigue creciendo. Cada vez es más claro que el gobierno está fraguando las estadísticas de ‘reactivación’ con la única finalidad de manipular al electorado. No es cierto que el PBI está creciendo ni que la incobrabilidad de las empresas está en vías de superación. El gobierno está cerrando déficits de provincias, bancos, compañías de seguro y empresas, mediante el recurso de endeudarse en forma usuraria en el exterior. No debe olvidarse que la burocracia sindical no está en modo alguno en contra de la ‘flexibilización’ laboral, como lo prueban los acuerdos que firmó en distintas fábricas y sindicatos. La burocracia de la CGT dio su acuerdo, en diciembre pasado, a los convenios por empresa y a la eliminación de la indemnización por despido (ver La Nación 15/1), que no se pudo firmar debido a la insistencia del Consejo Empresario y de Roque Fernández en apoyar el proyecto de la funcionaria Carola Pessino, que quiere desalojar a las direcciones sindicales de los convenios por empresa y entregar la privatización de la salud a las compañías de seguro. Aunque el gobierno recurrió a la Corte contra los fallos que cuestionan los decretos anti-laborales, su intención es ganar tiempo para arribar a un acuerdo con la burocracia sindical; por eso Menem atacó a las patronales, apuntando al lobby del Consejo Empresario. Pretende con esto separar a la burocracia sindical de Duhalde y meter otra cuña en la interna justicialista, con el fin de controlar la sucesión presidencial. El acuerdo con la burocracia se transformaría en una etapa dentro de los proyectos privatizadores y anti-laborales. La burocracia se ha avenido a negociar con el gobierno con tres decretos y varios proyectos de leyes anti-obreros apuntando a la cabeza de los trabajadores. Fingiendo iniciativa, marcha a remolque del gobierno, a pesar de las evidencias de que éste no tiene la fuerza para imponer esta nueva legislación a la clase obrera en forma directa. Re-reelección Menem ha aprovechado también el temor de Duhalde y de la oposición para enfrentarse a su política de entrega, para imponer a su capricho el proceso electoral dentro del justicialismo y para dividir a su antojo, hasta ahora, a radicales y frepasistas. La manipulación que hizo de la reunión de Chapadmalal dio margen a que reaparecieran las especies re-reeleccionistas, que son en realidad una cortina de humo para ocultar la intención de Menem de controlar la sucesión presidencial. Este se ha dado el lujo de digitar a Daniel Scioli para candidato del PJ en la Capital, luego de haber repartido otras especies, como la candidatura de Pacho O' Donnel o de Redrado, y hasta de Cavallo. De un saque le pasó por encima a todo el duhaldismo porteño. Menem actúa de esta manera porque al igual que sus opositores, está convencido de que el ‘efecto tequila’, es decir el derrumbe del ‘plan Cavallo’ quedó atrás. Es víctima del buzón que le venden los inversores internacionales interesados en seguir especulando con la deuda pública. El fracaso de Fiat para imponer el convenio con Smata a los trabajadores de la ex Cormec, demuestra que la lucha de los trabajadores se está haciendo más aguerrida, como consecuencia, precisamente, del creciente agravamiento de las condiciones de las masas; la rebelión fiscal de los comerciantes es otra evidencia de la incompatibilidad del menemismo con las condiciones sociales y políticas del país. Opositores Los ‘opositores’ parecen condenados a volver a Alfonsín, lo cual pone de relieve, sin necesidad de mayores datos, su completa impotencia política. ¿Qué esperar de una oposición incapaz de oponerse a los megabonos que hipotecan para siempre al país; que es incapaz de liderar la rebelión fiscal de su propia base social, los comerciantes; que avala la política anti-Malvinas de Menem porque así se lo han reclamado los ingleses; que es incapaz de apoyar la lucha de los trabajadores de Fiat; que está lanzada a una campaña electoral vacía de contenido o, peor, cómplice del gobierno? El menemismo está condenado por la crisis mundial, el derrumbe del ‘plan Cavallo’, sus negociados y estafas, su mundo de barro y de sangre. Hoy está planteada, más que nunca, la preparación de la huelga general contra los proyectos anti-obreros y por las reivindicaciones existentes, por el impulso a un congreso de bases, por la unión político-práctica de la izquierda y del movimiento obrero combativo. Fuera Menem.

PO: ¿Qué te parece la propuesta del VIIIº Congreso del PO, de conformar, mediante internas, un frente de izquierda para las elecciones del ‘97? MM: A mí me parece que todas las estrategias que sean conducentes a unir todos los esfuerzos de toda la militancia detrás de un programa de corte clasista, son óptimas. Con relación a esta convocatoria, es, diría, la única alternativa, más teniendo en cuenta que de todas las organizaciones políticas que se encuentran militando en nuestro país, la única que mantuvo una postura consecuentemente clasista ha sido el PO. En función de esto me parece que se encuentra políticamente legitimada para hacer un llamamiento de esta índole y repito, el tema de que el acuerdo surja de elecciones en internas abiertas me parece óptimo, porque eso legitima y transparenta a cualquier proceso de formación de las listas. PO: En San Lorenzo tenemos una CGT liderada por Quiroga, militante de la CCC. ¿Te parece que esto facilita o dificulta nuestra posición de internas abiertas? MM: En mi opinión, causaría una dificultad, pero esto lo pongo entre comillas, porque en realidad marcaría una estrategia errónea del Ptp, que es el partido que está conduciendo a la CCC. Yo, en principio, no pongo en la misma bolsa al CTA, al MTA y a la CCC; yo creo que esta organización tiene una posición más combativa, o sea que yo veo una diferencia, pero de última esta diferencia es relativa, porque terminan confluyendo y esto tiene que ver con el contenido policlasista de la supuesta Corriente Clasista, es decir, que en definitiva terminan hermanados con estos sectores que tienen estrategias de corte claramente burguesas. PO: ¿Qué te parecen las consignas "Fuera Menem" y "organización independiente de los trabajadores", ante la crisis política? MM: Las consignas son correctas. Los sucesos que se vienen dando demuestran que fueron correctas en el momento en que fueron enunciadas, la forma en que se van dando los últimos hechos políticos reafirman la certeza de estas consignas. Yo tengo mis dudas, no porque las consignas no sean las correctas, sino por los tiempos políticos y por la factibilidad de que se concrete un proceso verdaderamente revolucionario; esto tiene que ver con la duda que uno tiene de que el proceso social no desemboque en un proceso revolucionario. Las consignas y las caracterizaciones son correctas y la convocatoria a un frente de izquierda también es correcta, es más, sería un crimen no hacerlo. PO: Vos tuviste militancia activa en otras corrientes políticas. ¿Te parece que esos compañeros desilusionados por estas corrientes serían contenidos por estas consignas y por las internas abiertas propuestas por el PO? MM: Yo entiendo que tienen que quedar contenidos, es decir, que estos compañeros deben concurrir a la convocatoria que hace el PO. Ahora, lo que yo advierto en estos sectores de la militancia es que hay un grado de desorientación muy grande. Un poco la duda que a uno se le puede plantear es que los compañeros no puedan llegar a resolver este grado de desorientación que uno visualiza, y no atinen a responder a esta convocatoria de conformar un frente de izquierda de las características que convoca el PO. Desde el punto de vista de qué es lo correcto, sí, deben hacerlo, y más teniendo en cuenta el grado de desorientación y de descomposición que tienen las otras corrientes de izquierda.

La ‘ajustada’ aprobación de los ‘acuerdos de Hebrón’ dejó al gobierno de Netanyahu "al borde de la ruptura" (Ambito, 16/1). Días después, estalló un "escándalo (que) puede acabar con su gobierno" (Clarín, 25/1): se denunció que la aprobación parlamentaria de los acuerdos fue "lograda por medios corruptos", mediante la ‘compra’ de los votos de dos ministros del partido religioso Shas, no en dinero, sino a cambio de la designación de un funcionario afín en una posición estratégica del Estado (ídem). Según lo planteó el ministro de Industria y Comercio, "cercano a Netanyahu", si esto fuera cierto, "ya no hay lugar para la continuidad de este gobierno" (ídem). Se verifica así un temprano pronóstico de Prensa Obrera ni bien asumió el gobierno del Likud. Decíamos en PO del 6/6/96: "La fractura del ‘establishment’ sionista es demasiado profunda, la presión del imperialismo demasiado intensa y la coalición derechista gobernante demasiado contradictoria, es decir, la situación es demasiado explosiva, como para que Netanyahu pueda sobrevivir un tiempo prolongado simplemente haciendo equilibrio. Todo esto permite pronosticar que el gobierno de Netanyahu marcha a una crisis política a corto plazo ...". El 3/10/96, tras la rebelión palestina por la apertura del ‘túnel’ en Jerusalén oriental, dimos cuenta del reclamo de las FF.AA. sionistas a favor de "la formación de ‘un gobierno de unidad nacional’...". ¿Marchamos a un gobierno de coalición del Likud con sus ‘traidores’ del centroizquierda?

El ‘affaire’ Coppola, al que La Nación (16/01) vincula a la "prostitución, la corrupción de menores y el consumo de drogas", no termina con su liberación "por falta de mérito". El propio reo, ahora en libertad, intentó cubrir rápidamente sus espaldas: "Yo no era el objetivo de esta historia. El objetivo era más grande —dijo—, pero antes de decirlo prefiero analizarlo con mis abogados y poner la pelota en el piso" (Crónica, 15/1). "Por ahí se ha querido rozar con esta historia a alguien importante, muy importante" (Río Negro, 15/1), reforzó Coppola, quien aseguró que "esta historia continúa" (ídem). La ‘Operación Cielorraso’, con la que comenzó el caso Coppola, cayó, así, encima de sus mentores y ha abierto una nueva crisis política. Efectivamente, la trama del ‘narco-Vip’ está vinculada con la guerra de internas entre Menem y Duhalde, a partir de la relación de Coppola con Ramón Hernández, secretario privado de Menem, y del intento del duhaldismo de contrarrestar la campaña contra la acción delictiva y la corrupción de la policía bonaerense, de la que se hicieron eco profusamente los medios, impulsada por el menemismo. Las repercusiones del caso Coppola han "ahondado la crisis institucional" (El Economista, 24/01). La Nación señala en un editorial que "las imputaciones al juez Bernasconi y a sus colaboradores policiales, que habrían fraguado las pruebas necesarias para llevar a prisión al empresario deportivo, sumen a la comunidad en el más profundo desconcierto"(15/1). El diario se pregunta: "¿Cómo es posible que Guillermo Coppola haya permanecido 97 días en la cárcel, sospechado de mantener conexiones con el narcotráfico, y que un simple cambio de juez haya determinado su inmediata liberación por falta de mérito?" (ídem). El Economista (24/01) advierte sobre las "secuelas del caso Coppola". "Un contundente 80,9 por ciento de la población cree que Coppola es culpable de los delitos que se le imputan"; "un 49,6 de los encuestados está seguro de que la sentencia de Liporace respondió a presiones del poder político; un 60,3 juzga negativo el papel jugado por el poder judicial" y un 51,6 que se actuó con un "elevado nivel de corrupción". Conspiración delictiva El ‘caso Coppola’ desplegó ante la opinión pública el carácter conspirador del Estado capitalista y la absoluta impunidad de sus acciones. El juez federal Cavallo, que tiene actualmente la responsabilidad de la causa, declaró que "nunca en la vida he visto algo parecido" (La Nación, 20/12). Al referirse al ‘grupo’ que conformaban Bernasconi, el secretario del juzgado de Dolores (hoy procesado) y los tres canas ‘encubiertos’ que trabajaban para ellos (hoy entre rejas), el juez Cavallo señaló que se "valían de la condición de funcionarios públicos para encubrir sus propios actos e involucrar a sus personajes (...) con hechos ilícitos. Se controló una parte importante del aparato estatal de persecución —reconoce el juez— dirigido arbitrariamente e ilegalmente sobre sus ciudadanos" (ídem). Este "aparato de persecución estatal" tenía un ‘pacto de honor’. Así lo expresó un tal Parini, ex cana devenido en asistente legal de los policías presos, quien reconoció que "mis compañeros facilitaron drogas, pero esa droga era sacada de la caja fuerte del juzgado de Dolores y fue el propio Bernasconi el que se las dio" (ídem). Así, este ‘grupo de elite’, ‘fabricaba’ pruebas, apretaba testigos, difundía escuchas telefónicas supuestamente realizadas por orden judicial, y era responsable, entre otras ‘bondades’, de encubrimiento, falso testimonio y elaboración de documentaciones adulteradas. Resulta evidente que todo saltó por el aire, por ahora, porque Duhalde y "su aparato de persecución estatal" se enfrentaron a una mafia y un "aparato de persecución estatal" (la de Menem), circunstancialmente más fuerte.

En la tarde del lunes 13, con una actividad pública en Plaza Once, el comité de la Capital puso en marcha la campaña por el Frente de Izquierda. Bajo la consigna de "Fuera Menem",‘copando’ un gran sector de la plaza y de la estación con mesas y banderas, más de 40 compañeros realizamos una importante agitación pública, en la que se vendieron 112 periódicos y se afiliaron 7 compañeros al partido. Durante la actividad, delegados ferroviarios del Sarmiento nos acercaron un comunicado de Prensa (ver Correo de Lectores) y nos invitaron a participar de una reunión con delegados y activistas del ferrocarril. Con secundarios de Almagro y de Valentín Alsina, que nos dejaron sus teléfonos, se discutió sobre la necesidad de poner en pie el congreso de estudiantes secundarios. A un camillero del Centro Gallego, que fue simpatizante del Mas en el 90, le pareció muy buena la idea de las internas y del Frente. El compañero nos planteó que sentía que el Mas "se había desvanecido en el aire" y que el planteo frentista tenía que ayudar a potenciar a la izquierda. Otro compañero, también proveniente del morenismo, criticó, en cambio, nuestra posición electoral, planteando que lo fundamental era organizar una fuerza sindical "fuerte", porque era imposible un desarrollo electoral de la izquierda. Un chofer nos informó que la línea 26 está de paro y nos invitó a la olla popular. La denuncia de la política de Duhalde y del carácter trucho de la oposición, que desde la tarima planteaban los oradores, acercaba continuamente compañeros del conurbano, que compraban la prensa y nos planteaban sus inquietudes. Por último, una mirada crítica a la actividad. Hubo pocos oradores. Hay que preparar intervenciones cortas y de muchos compañeros, que aborden problemas y denuncias específicos. A pesar de que en cada una de las mesas había pancartas anunciando la suscripción, ésta no fue encarada de conjunto. Hubo compromisos, pero sin señas. La afiliación camina si se le presta atención y se organizan compañeros para la tarea. Importa tener el listado de locales de Capital y Gran Buenos Aires. Por último, el cartel de FUERA MENEM, que presidió la actividad, fue un acierto. Se nos ve no sólo como un partido opositor, sino como una fuerza política capaz de poner lo que haya que poner en la lucha contra el menemismo.

La agitación que emprendió contra la ocupación de la embajada japonesa no parece servir al propósito de Fujimori de perpetuarse mediante una re-reelección. Es así que, "en medio de un escándalo político por denuncias de presiones al poder judicial, el tribunal constitucional declaró inaplicable la ley que faculta al presidente peruano para postularse a un tercer período de gobierno" (diario Río Negro, 17/1). Según un magistrado, "las intimidaciones fueron desde el robo de documentos y seguimientos hasta una polémica carta de presión suscripta por 50 congresistas oficialistas" (ídem). El fallo fue suscripto por tres jueces y la abstención de dos, en tanto que los dos restantes, "considerados incondicionales de Fujimori" (ídem), cuestionaron el fallo porque sostienen que hay que sumar a su posición las dos abstenciones. Pero el presidente del tribunal, que se había abstenido, salió en defensa del fallo y denunció la "inadmisible intromisión" gubernamental como "un gravísimo atentado contra la autonomía jurisdiccional" (ídem). Esta crisis ha dificultado la conjunción de un frente patronal para hacer frente a la situación de la embajada. "El gobierno —dicen los últimos cables— se resquebrajó y hoy conviven dos líneas antagónicas" (La Prensa, 24/1). "En el seno del gobierno peruano hay una profunda división respecto a la crisis de los rehenes. Los dos bandos se aglutinan enhalcones y palomas, apoyados respectivamente por Estados Unidos y Japón", dice un analista peruano (ídem). Por primera vez, el gobierno japonés "intimó al (gobierno) de Perú a ‘encontrar ya una solución rápida y pacífica’ ..." (ídem). El gobierno ha montado toda una serie de provocaciones contra el comando guerrillero, lo cual le ha provocado enfrentamientos con la Cruz Roja. La prensa ha interpretado la declaración del MRTA disponiéndose a negociar "sin obstáculos que pongan barreras infranqueables" (Clarín, 16/1), como un síntoma de que estaría dispuesto a ceder en torno al reclamo de la libertad de los presos. En el mismo sentido fue interpretada la oferta de negociar la liberación del canciller, que Cerpa Cartolini planteó como una cuestión "de interés nacional, pues el canciller debe estar en Brasilia el 17 de febrero para continuar negociando con su par ecuatoriano el conflicto limítrofe en la cordillera de El Cóndor" (La Prensa, 24/1). Insistimos en nuestro apoyo a los reclamos del MRTA, que son totalmente justos, porque hacen a la defensa de los compañeros presos en las mazmorras de la dictadura peruana, sobre cuyas características inhumanas hemos dado cuenta en ediciones anteriores. ¡No a una masacre! ¡Plena satisfacción a los reclamos del MRTA! ¡Fuera el imperialismo de Perú y de toda América Latina!

El crimen de José Luis Cabezas no parece haber sido considerado de la suficiente gravedad como para que el sindicato de periodistas, Utpba, declarara un paro general del gremio. Una asamblea de los trabajadores de la revista Noticias tomó a su cargo llamar, para el miércoles 29, a una marcha de repudio. Un acontecimiento extremadamente grave, de alcance político nacional, ha sido tratado como un asunto que sólo afectaría a los compañeros del asesinado reportero. La lista Naranja de la Uptba exigió, sí, un paro general del periodismo y, reclamamos nosotros, del conjunto del movimiento obrero. Llamamos a concurrir a la movilización resuelta por los trabajadores de editorial Perfil, no solamente para reclamar el esclarecimiento del crimen, sino para reclamar, por sobre todo, que las organizaciones sindicales y la CGT adopten los medios contundentes de lucha que permitan ese esclarecimiento, quebrando al régimen político de la conspiración y la impunidad.

PO: ¿Qué opinás de la propuesta del PO en relación a las próximas elecciones? Salaburu: De alguna manera hay que ir articulando los movimientos sociales, los trabajadores y todo un sector amplio (por ejemplo, todos aquellos que, ante la desocupación, deben rebuscarse para vivir), debemos estrechar filas para traducir este movimiento social en movimiento político. Es un gran desafío y una gran deuda que tenemos. Nunca dimos este paso. Hay que ir pensando las formas. PO: Respecto a las formas, ¿qué te parece el planteo de Internas Abiertas de la Izquierda y el movimiento obrero combativo? Salaburu: Abierta hasta quienes hayan demostrado desde mucho antes que están comprometidos en un cambio fundamental (socialización en serio de los bienes y riquezas). Una interna abierta en sentido tradicional no, porque quien tenga dinero puede intervenir y desvirtuarla. En esto tiene mucho que ver hasta las historias personales. Quienes no hayan estado con los trabajadores, deben quedar afuera. Por otra parte, no puedo dejar de expresar mis temores, porque cuando un sistema ve algo que puede llegar a afectarlo, empieza a hacer funcionar los anticuerpos, como sabotaje, infiltración, campañas de desprestigio, etc. En esto está la capacidad de cada uno de no entrar en este juego. Al modelo hay que confrontarlo, no reformarlo desde adentro. PO: ¿Y respecto de la realización de conferencias, congresos de bases? Salaburu: Sería interesante convocando a las agrupaciones, las organizaciones, no sólo a los dirigentes. Que no sea una invitación a algo ya armado, sino invitando a ser protagonista. Hay que romper el recelo de las convocatorias ya armadas. Hago un llamado a cambiar la resignación por el compromiso. Todo el sistema apunta a que adoptemos la resignación como forma de vida. Mi propuesta es compromiso en la confrontación.

El martes 14, una delegación del PARTIDO OBRERO encabezada por Christian Rath, se hizo presente junto a otras delegaciones (Correpi, Liga, Mas, PC, Cpl, Quebracho, Mst) frente al Consulado del Perú, en la Capital Federal. Su propósito era reclamar por la libertad de los miles de presos políticos que abarrotan las cárceles peruanas, exigir condiciones dignas para los detenidos y solidarizarse con los reclamos del MRTA. "Por orden del gobierno nacional, no los podemos recibir"; así se justificó un vocero de la Embajada para negarse a atender los reclamos políticos de los partidos de izquierda manifestantes. El gobierno peruano había dispuesto, dentro del consulado, un fuerte dispositivo policial para amedrentar a los manifestantes.

La reacción que ha provocado el brutal crimen del reportero gráfico, José Luis Cabezas, es un claro síntoma de que la opinión pública lo ha caracterizado ya como un hecho causado por intereses político-mafiosos. Dado el protagonismo de la revista Noticias, en la cual trabajaba Cabezas, en lo relativo a los asuntos mafias, Yabrán, Cavallo, Coppola y similares, la conexión es clara. Cabezas había desarrollado trabajos de investigación sobre estos asuntos. La conclusión es también clara: Cabezas fue asesinado por intereses vinculados a los círculos de gobierno, a los círculos ‘privatizadores’ o a las camarillas que se disputan la sucesión presidencial. El esclarecimiento de este crimen plantea una crisis de gobierno. Luego de afirmar lo contrario, Menem tuvo que admitir las "connotaciones políticas" del crimen. En estos años de menemismo, las agresiones criminales contra periodistas tuvieron el carácter que seguramente tiene el crimen perpetrado en Pinamar. El periodista Mario Bonino fue encontrado muerto en el Riachuelo, en noviembre de 1993, sin que el hecho haya sido esclarecido en lo más mínimo. Antes ocurrieron los ataques contra López Echagüe, que trabajaba en Página 12, con motivo de sus investigaciones en el Mercado Central y las conexiones y beneficios económicos de Pierri y Duhalde. Tiempo después, Florencia Alvarez, de La Prensa, fue baleada por un hermano de Yabrán en Entre Ríos. Es un hecho incuestionable que la crisis Menem-Cavallo, así como la que enfrenta a Menem y Duhalde, tienen características conspirativas, ya que sus alternativas se procesan con la completa ignorancia de la opinión pública. La reciente designación a dedo, por parte de Menem, del empresario y naútico Scioli, como candidato justicialista por la Capital, ignorando por completo al partido en el distrito, es una rotunda demostración de las características conspirativas de la política capitalista. Lo mismo cabe decir de la licitación de los DNI, disputada entre las mafias de IBM-Cavallo y Ciccone-Yabrán —esta última, ostensiblemente apoyada por Corach. El crimen de José Luis Cabezas sólo podrá ser esclarecido si el bisturí penetra la muralla de las alianzas e intereses del régimen menemista.

La patronal de Fiat no ha descansado un sólo momento en su propósito de imponer el convenio ‘flexibilizador’ que firmó con la burocracia del Smata, a los trabajadores de la ex planta de Cormec. El año pasado, éstos habían rechazado por unanimidad la intención patronal de rebajarles los salarios y de establecer la polifuncionalidad laboral y social, como figuraba en ese convenio Fiat-Smata. La lucha de los trabajadores de Cormec, una planta que pasó del control de Macri a Fiat, sirvió también para que los obreros pudieran organizarse en forma independiente de las burocracias de la UOM y del Smata que pretendían ‘encuadrarlos’; más tarde, ante la negativa del Smata a reconocerles la existencia de una seccional en la zona de Ferreyra, los trabajadores de la ex Cormec resolvieron formar un sindicato autónomo, el Sitramf. Este propósito de imponer el convenio Fiat-Smata es lo que explica el actual conflicto desencadenado por el despido de trabajadores, que llevó a la ocupación de la fábrica y a la conciliación obligatoria. Desde el mismo momento en que se vio obligada a renunciar a imponer la vigencia del convenio ‘flexibilizador’ en forma inmediata, la patronal se lanzó a una guerrilla de provocaciones contra los obreros, con la intención de medir la actitud de éstos y prepararse para la creación de un conflicto en el momento oportuno. Es así que menudearon las medidas disciplinarias, las exigencias de producción de alcance imposible y las provocaciones de todo tipo. Al retornar de las vacaciones, la patronal procedió a despedir a un vocal de la comisión provisoria sindical, con el cálculo de que la menor producción estacional del verano era propicia para armar el conflicto. Los mentideros sindicales y políticos de Córdoba admiten que Fiat quiere despedir a 400 trabajadores para quebrar la organización de la fábrica e imponer el convenio ‘flexibilizador’. Conciliación obligatoria La toma pacífica de la planta como respuesta a ése y otro despido posterior, fue replicado por la patronal con otras 41 cesantías, lo que determinó la ocupación completa de la fábrica. La corresponsal de Página 12 testimonió la amplia solidaridad de las familias de los obreros con la ocupación y la conciencia de todos de que la patronal estaba detrás de objetivos‘mayores’: los despidos en masa y el convenio Fiat-Smata. La ex Cormec está dedicada a la producción de piezas y partes; en la terminal, el convenio Fiat-Smata rige a pleno, afectando por ahora a los 400 obreros de los dos mil que deberá tener esta planta. Los compañeros de la terminal revisten en calidad de aprendices, con salarios de 400 pesos, de los cuales el Estado abona la mitad. Fue con alguna reticencia que la Secretaria de Trabajo de Córdoba dictó la conciliación obligatoria, lo cual significa que el conflicto se retrotrae a la situación previa a los 41 despidos, pero dejando en pie la cesantía inicial que desencadenó el conflicto. La patronal no había esperado que la fábrica respondiera con una toma a los despidos iniciales; creyó que los haría pasar como parte de su escalada de provocaciones. La conciliación sólo fue planteada cuando los trabajadores respondieron con la ocupación y el control de la entrada de la planta, a las 41 cesantías siguientes. La renuencia inicial de la Secretaría de Trabajo de Mestre se explica: quería imponer los primeros despidos como un derecho legítimo de la empresa. Dictar la conciliación significa reconocer la existencia de un ‘conflicto colectivo’ que la empresa negaba. Significaba poner sobre la mesa la representatividad sindical de los trabajadores, pues la Secretaría sostiene que la representación legal la tiene el Smata, a quienes los obreros le niegan derecho y autoridad para defender sus intereses. La conciliación ha hecho saltar, en efecto, todas estas contradicciones, porque es ahora la burocracia del Smata la que se niega a representar a los trabajadores de Fiat, con el agregado de declaraciones que avalan los despidos habidos. La patronal, a su vez, se niega a reconocer a otro sindicato que no sea el Smata. Está claro que existe un pacto entre la burocracia y la patronal para seguir adelante con los despidos masivos. Este desarrollo del conflicto ha quebrado las ilusiones de los centroizquierdistas cordobeses, que esperaban que la conciliación obligatoria les ahorraría la necesidad de definirse frente a una lucha sin cuartel y sin posibilidad de conciliación. Dirigentes de la CTA de Córdoba ejercieron presiones para que la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria, con la vana esperanza de evitar un enfrentamiento. Pero el enfrentamiento está planteado. Interfabril de base de Fiat, Ciadea, Transax y Thompson Ramco Durante la jornada de toma del jueves 23, Carlos Gallo, el principal dirigente de Sitramf, anunció a los medios de comunicación que se formaría una interfabril de las fábricas automotrices, así como una alianza práctica con las comisiones de fábrica de Fiat Brasil. Los acontecimientos reclaman ahora poner en marcha esta extraordinaria propuesta. La negativa del secretario general del Smata Córdoba, Campellone, a representar, en virtud de un controvertido motivo legal, a los trabajadores en conflicto, sólo ilustra el hecho de que la burocracia del Smata es un factor de derrota obrera, de destrucción sindical y un agente directo de las patronales; después de todo, es la co-autora del convenio Fiat-Smata. Liquidar a esta burocracia es una condición para la victoria de los trabajadores automotrices, que se enfrentan al intento de imponer ese convenio en todas las plantas. La interfabril, que por su sola constitución lanzaría de inmediato un plan de lucha de conjunto, es un fuerte paso en esa buena dirección. Hay que asumir la realidad de que el conflicto planteado tiene un carácter estratégico para todo el movimiento obrero e incluso para la mayoría del país. Una victoria patronal significaría la consagración de los convenios de ‘flexibilidad’; una victoria obrera sería el comienzo de la demolición de todo el edificio anti-laboral montado por el régimen Menem-Cavallo, con la complicidad activa de radicales y frepasistas.

"Considerado un caso modelo de recuperación nada menos que por Robert Rubin, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en realidad, ocurre lo opuesto. La economía interna mexicana no se recobró en absoluto de la debacle del 94 y sigue achicándose en términos de puestos de trabajo y poder adquisitivo". Esto es lo que con sólidos datos señala un especialista en el diario Financial Times (14/1). Desde el propio ‘establishment’ se refutaba, de este modo, la insidiosa especie de que México había salido de la bancarrota al pagar el último tramo del préstamo que le había dado Clinton dos años atrás. Para el analista, "es posible que la situación empeore. Sólo funciona bien la economía que se basa en el dólar y gira en torno a las maquiladoras, las plantas de montaje exentas de impuestos que exportan su producción", (cuyo) "valor agregado en términos de salarios y otros ingresos representa menos del 5% de los 26.000 millones de dólares en producción que las maquiladoras acumularon en los primeros nueve meses de 1996". Al mismo tiempo, "se cierran diariamente al menos dos fábricas mexicanas, presionadas por las altas tasas de interés, los impuestos elevados (incrementados para cumplir con el Fondo Monetario Internacional), las normas asfixiantes y las dificultades para efectivizar los contratos y cobrar las deudas" (ídem). "El país (se encuentra) cada vez más asfixiado por la deuda externa" (180 mil millones de dólares), lo que determina que la tasa de interés interna duplique la tasa de inflación del 15% anual. Aunque la ‘espuma’ de la liquidez internacional permita mantener a flote al quebrado México, la economía ‘real’ se encuentra en la ‘lona’. También lo está "el sistema bancario", que al igual que el argentino "no encuentra a quién prestarle a esas altas tasas" (The Wall Street Journal, 20/1). La situación mexicana es "respaldada por Washington, (que) financia los déficit con nueva deuda en dólares" (Financial Times, 14/1). De acuerdo con el Centro de Análisis y Proyecciones Económicas de México (Capem), "el costo del servicio de la deuda externa total será de unos 30.000 millones de dólares anuales de 1997 al 2000" (El Cronista, 17/1). Dado que la totalidad de los ingresos por exportación de petróleo y el saldo neto comercial deben destinarse al pago de la deuda externa, "México depende por completo del contrato de nuevas deudas para poder pagar los actuales préstamos" (Financial Times, 14/1). Por ejemplo, ha tenido que contratar 7 mil millones de dólares en el euromercado para poder devolver los préstamos de socorro que recibió en 1995. "El FMI, el BID y el BM tienen previsto prestar 19 mil millones a México, de los cuales sólo 7 mil son fondos frescos, el resto es para devolver créditos impagables" (ídem). El columnista del FT hipotetiza que si México vuelve a sufrir otra crisis de pagos, la salida podría ser su absorción directa por parte de Estados Unidos, por medio de una unión aduanera total. En este caso, el dólar se convertiría en la nueva moneda azteca y el capital norteamericano absorbería la producción de petróleo, la banca, el transporte y las telecomunicaciones (ídem). Una conclusión semejante del proceso económico mexicano sería la consecuencia natural del régimen de ‘maquiladoras’, que crece sin interrupción, lo que convierte a México en una armaduría de componentes del capital internacional. En este caso, las industrias y la banca vinculadas a la economía del peso mexicano, simplemente desaparecerían. México es un caso claro del desmantelamiento económico de las economías débiles ante la crisis de la economía mundial.

Las noticias de las últimas dos semanas han confirmado al ciento por ciento nuestra denuncia de que, en la reciente reunión en Londres, se ha puesto en marcha el proceso de la entrega jurídica de Malvinas al imperialismo anglo-yanqui. La versión oficial decía que el asunto no había podido ser planteado por la delegación argentina en virtud del compromiso existente de no abordar nada relativo a la soberanía. Desde estas páginas conjeturamos que esta restricción había sido dejada de lado y presentamos como evidencia el acuerdo de la UCR con la fórmula de la ‘soberanía compartida’ expresada por el radical Alconada Sempé a pedido del gobierno menemista (Prensa Obrera, 16/1). Pocos días más tarde, Clarín recogía la información de los delegados kelpers a la reunión, de que "se encontraron con una propuesta de ‘condominio argentino-británico’ o ‘fórmula de las dos banderas’... " (17/1). Luego del retorno de sus delegados a Malvinas, los kelpers denunciaban que habían sido engañados por el gobierno inglés, que les dijo que Argentina pretendía la reunión para declarar que renunciaba a la soberanía de las Islas. No se sabe, sin embargo, dónde está ese engaño, cuando la fórmula de ‘las dos banderas’ constituye, precisamente, una completa renuncia a la soberanía. Menem y Di Tella acabaron confirmando toda nuestra denuncia cuando, luego de negar que en Londres se hubiera hablado de soberanía, coincidieron en la reunión justicialista de Chapadmalal en decir que el asunto del ‘paraguas’ que impedía hablar de soberanía, había quedado "cerrado". Lo ocurrido demuestra que, como lo dijimos en el número anterior, el acuerdo radical con la ‘soberanía compartida’ había sido reclamado por los ingleses, como una prueba de que la propuesta no era una maniobra del menemismo sino una ‘política nacional’ con respaldo bipartidista. El gobierno de Major ya tenía la palabra del ejército argentino en el mismo sentido, a través de la ‘amistosa’ visita de Balza a Londres el año pasado. El régimen de las ‘dos banderas’ le resulta necesario al imperialismo, no sólo inglés, sino también yanqui, para permitir la explotación integral de los recursos petrolíferos, y en especial de los pesqueros, en el Atlántico sur. La fórmula ya había sido intentada en época de la Thatcher, cuando, según Camilión (La Nación, 16/1), se consideró alquilar el archipiélago a los ingleses por cincuenta años. La existencia de un pacto nacional de la entrega no puede ponerse mínimamente en duda cuando se leen las declaraciones de radicales y frepasistas de los últimos días. "Lo relevante", dijo Marcelo Stubrin, quien es nada menos que vice-presidente de la comisión de relaciones exteriores de Diputados, "no es este asunto (de la soberanía), sino lo temerario de poner fechas a esta negociación: decir soberanía compartida en el 2000" (Ambito, 21/1). Preguntado acerca de "si la idea del gobierno no implica renunciar a reclamos históricos del país", Stubrin responde, suelto de cuerpo, que "no es lo más complicado". Algo parecido dijo el ‘canciller’ del Frepaso, Caputo: "La cuestión no es una fórmula de ese tipo, sino cómo se hace para sentar a los ingleses a negociar" (El Cronista,15/1). La evidencia del acuerdo tripartito es completa, en especial cuando se comparan estos dichos por Malvinas con los improperios con que los ‘opositores’ se refirieron a la cuestión de los Hielos Continentales. Curiosamente, el ‘nacionalista’ hielero Kirchner hasta ahora no ha abierto la boca sobre Malvinas. Pero cualquiera se da cuenta de que un acuerdo ‘compartido’con los ingleses exige que el asunto de los Hielos sea aprobado en conformidad con el acuerdo Menem-Aylwin-Frei. En suma, a los ‘nacionalistas’ hieleros, Malvinas les ha derretido su demagogia. Es evidente que a ninguno de estos partidos entreguistas les interesaría comprometerse por anticipado con la entrega de Malvinas si no fuera un ‘asunto de Estado’ o de‘gobernabilidad’, lo cual quiere decir de interés para el imperialismo yanqui. Clinton ha desmentido que el gobierno norteamericano se postule como mediador en este tema, precisamente porque los lineamientos de fondo no necesitan mediador, ya que están completamente arreglados.

En el número anterior informábamos de la ocupación de la ADOSAC Provincial por parte de la Comisión Directiva electa de la Lista Rosa, ante la pretendida anulación de los comicios del 4 de octubre, cuando la Rosa obtuvo más del 50 % de los votos. La Comisión electa desafió las presiones del Ministerio de Trabajo, del ex secretario general Moyano, que nos mandó la policía, y del propio gobierno provincial, que estaba detrás de la maniobra. Esa actitud de firmeza expresada en la asunción de los cargos y la ocupación del local sindical en defensa de la voluntad de los afiliados FUE LA CARTA DE TRIUNFO, ya que despertó adhesiones y simpatías en todos los sectores de la provincia y terminó obligando al Ministerio a dar marcha atrás, dejando sin efecto la resolución 133/96 y dictando una nueva resolución que hace lugar al recurso de la Lista Rosa, por la cual se convalida el proceso electoral y se reconoce nuestro triunfo. Este nuevo triunfo da por tierra con las intenciones del gobierno provincial, que hasta último momento realizó gestiones para que la ADOSAC fuera intervenida. Mas allá de todos los formalismos legales, la Rosa ya se había puesto a trabajar y la Comisión Directiva está preparando un gran Congreso Provincial de la ADOSAC, donde se votarán las reivindicaciones y se plantarán las bases para la reorganización de las filiales, la elección de delegados congresales y delegados en cada escuela. Habiendo roto las últimas trabas, nos disponemos a poner en pie la ADOSAC y alrededor de esta nueva dirección, a reagrupar al movimiento obrero de Santa Cruz.

La cancelación anticipada de la deuda contraída por México con el gobierno de los Estados Unidos, fue financiada por medio de "la colocación de bonos" (Ambito, 16/1). El Centro de estudios económicos mexicano Capem, destaca que se "pasan las obligaciones de cuatro años a los siguientes 20 ó 30 años" (El Cronista, 17/1). Se trata, entonces, de una‘bicicleta’ que eleva la carga de intereses que debe pagar el contribuyente. La ‘ayuda’ norteamericana que ‘ha cancelado’ México le costó al país "alrededor de 1.400 millones de dólares de intereses", sobre un desembolso que llegó a los 13.500 millones de dólares (Ambito, 16/1).

La colocación de un bono en los mercados internacionales por 2.000 millones de dólares, a veinte años de plazo, provocó la euforia del cipayaje nativo. Era, dijo, una nueva prueba de la‘confianza’ en el país y un síntoma seguro de la definitiva recuperación económica. ¿Es verdad? La tasa de interés que se pagará por el bono es del 11.4%, o sea, 4.63 puntos por encima de la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano, que pagaba a esa fecha 6.77% de interés. El megabono argentino resulta más caro para el país en un descomunal 40%, esto cuando los intereses internacionales son ya extraordinariamente elevados para los parámetros históricos del capitalismo. El insospechable Juan Alemann lo calificó de "un mal negocio" (La Razón, 23/1). Dice que si la ‘recuperación’ procede adelante según las ‘previsiones’, dentro de cinco años la diferencia con los intereses norteamericanos no debería pasar de 2.00 puntos, lo que significa que la Argentina ha quedado comprometida a pagar el doble por quince años más. A los especuladores internacionales les interesa por sobre todo los bonos a plazos largos, cuando pagan altos intereses, precisamente porque se aseguran tasas extraordinarias por todo ese tiempo. La usura implícita en el interés del megabono demuestra la ‘falta de confianza’ en Argentina. La empresa eléctrica chilena, Endesa, que en 1996 registró malos resultados económicos, colocó dos bonos en los mercados internacionales, a plazos de 30 y 40 años respectivamente, por los que pagará 1.05 puntos y 0.78 puntos por encima del rendimiento de los bonos yanquis (Financial Times, 20/1). Argentina vale menos que una mediocre empresa trasandina. Pero el alto interés del bono argentino encierra otra estafa, ya que responde a un precio de colocación bajo. Como consecuencia de esta maniobra de los bancos encargados de colocar el bono, en las primeras horas de cotización el megabono había subido un 2.2%, lo que sobre dos mil millones de dólares significa 44 millones de dólares de beneficios en pocos minutos. Si se transforma este rendimiento inmediato en una tasa anual, no alcanzarían los ceros para medir la tasa de interés que significa. Claro que el capitalismo enfrenta una situación difícil, que amenaza convertir al mejor de los negocios en quebrantos irreversibles. Es así que, como consecuencia del derrumbe de la Bolsa de Nueva York entre el jueves y el lunes pasados, los bancos que colocaron el megabono tuvieron que salir a recomprarlo para evitar una caída estrepitosa. Esto, probablemente, les ha significado pérdidas que podrían llegar a ser mayores que las ganancias que obtuvieron en los primeros minutos de su cotización. Lo que no quiere decir que este negocio no haya sido una estafa, ni que, de persistir el derrumbe neoyorquino, los bancos no se vean obligados a dejar librado el megabono a su suerte, lo cual derribaría a su paso a todos los restantes títulos de la deuda pública.

La modificación del Convenio firmada por la burocracia de Rodríguez y las empresas en diciembre, con el apoyo de Guillán, impone la flexibilidad laboral, la jornada cortada, la‘tercerización’ y el egreso compulsivo. Es, ni más ni menos, la aplicación del pre-acuerdo que el gremio rechazó masivamente hace un par de meses. "Condiciones especiales de egreso" Presentado como la verdadera "conquista" de las actas firmadas, se le llama también "jubilación anticipada", porque permitiría que compañeros que están a 10 años de jubilarse puedan hacerlo ya. Nada más falso. El acta fija que se pagará al que se retire en estas condiciones, una "gratificación de pago diferido" mensual, del 40% del sueldo más la antigüedad, hasta cumplir la edad jubilatoria, más los aportes de obra social, la cuota sindical y los aportes jubilatorios. Es decir que reemplaza una indemnización completa en mano, por una promesa de cuotas que pueden interrumpirse por una cantidad de circunstancias (fallecimiento, trabajo incompatible, discapacidad etc.). La única ventaja es para las patronales, que "licúan" las indemnizaciones. Incertidumbre Los haberes permanecerán congelados mientras no se modifique la Ley de Convertibilidad (23.928). El punto 1.4.4. dice que, mientras tanto, no se otorgarán los aumentos que puedan recibir los que están dentro de convenio. Si aumentan los sueldos, o hay un crecimiento de la economía, sin que se modifique la Ley de Convertibilidad, la ‘gratificación’ se depreciará en relación a los precios y al resto de los salarios. Interrupción del pago El convenio se anula en caso de que se entre a trabajar en otra empresa de telefonía o multimedia, aun dentro del mismo gremio. En caso de discapacidad, el trabajador pasa a la jubilación y pierde la gratificación. Habrá perdido la indemnización correspondiente como compañero activo. Si fallece, se suspende el pago a los herederos a los 4 meses. Pero si es un"derecho adquirido", los herederos deberían cobrar hasta cumplirse el pago del compromiso. ¿Y si las empresas cesan en su actividad, o cambian de razón social, o se van o se funden?, pague Dios. Para algunas especialidades, la edad de jubilación se reduce por trabajo insalubre; se suspendería entonces el pago del egreso especial. Negocio para las empresas que "licúan" el valor de las indemnizaciones y especulan con la interrupción de una cantidad de pagos. ¿Jubilación? ¿Quién asegura que el compañero se pueda jubilar? El ANSeS no ha reconocido el sistema. Dicen que los aportes serán depositados, mientras tanto, en una cuenta a nombre de las empresas, no a nombre del trabajador. Si el ANSeS no autorizara, los aportes no podrían ser depositados individualmente. El compañero puede quedar "colgado del pincel". Tampoco es cierto que el sistema paga hasta la jubilación efectiva. El punto 1.4.1. dice que los aportes se abonarán hasta reunir el "requisito de edad para acceder a la jubilación", no hasta cumplir todos los requisitos. Si el compañero tiene la edad pero no los años de servicio suficientes, se suspenden los pagos sin que se pueda jubilar. Obra Social y cuota sindical Si el trabajador consigue otro trabajo y elige otra obra social, se suspenderá el pago del aporte respectivo, otra quita al monto total del compromiso inicial (la cuota social es una parteindirecta del salario). Nuevo ahorro para la empresa, y pérdida para el trabajador. En cuanto al pago de la cuota sindical de trabajadores desvinculados de la empresa es soborno puro para FOETRA, garante y gestora de la "reforma" negrera del convenio. La conclusión es que el sistema especial de egreso, lejos de ser una conquista para los trabajadores, significa la pérdida de la indemnización, la incertidumbre sobre el cobro futuro y sobre la posibilidad de jubilarse. La patronal se sacaría de encima unos miles de trabajadores licuando las indemnizaciones y los pagos. FOETRA embolsa un suculento ingreso.

Aunque según los medios de prensa, la huelga general de las confederaciones sindicales coreanas del 15 de enero "tuvo un acatamiento desigual" (Le Monde, 16/1), "en Pusan, gran puerto del sur de la península y segunda ciudad del país, la consigna de la huelga parece haber tenido mayor efecto: diez mil taxis y veinticinco sindicatos de autobuses observaron la huelga. Los portuarios se sumaron al movimiento, que está perturbando la vida de esta ciudad, considerada como el ‘feudo’ del presidente Kim Young-sam. En Ulsan, la ciudad industrial del sudeste, los grandes grupos como Hyundai dejaron de trabajar..." (ídem). Ante la belicosidad de las movilizaciones obreras, la burguesía comenzó a dar marcha atrás: "La cabeza del partido que gobierna (Nueva Corea), excluyó la línea dura para poner fin a las huelgas que recorren el país –decía el 11/1 el Financial Times– en el primer signo de conciliación gubernamental frente a las protestas obreras contra la controvertida nueva ley laboral". "Lee Hoi-chang, posible candidato presidencial del partido de gobierno advirtió contra el intento de resolver las huelgas arrestando a los dirigentes sindicales. Los dirigentes de la KCTU amenazaron con que las huelgas tendrán una nueva escalada si ellos eran detenidos" (ídem). El mismo Lee, jefe del partido, se pronunció por "el diálogo" en una visita a la FKTU, la confederación sindical reconocida, afín al gobierno.

"Preocupa al Banco Central —titula El Cronista, 7/1— la parálisis de las privatizaciones" de los bancos oficiales del interior. Es que "fracasó la venta del Banco de Jujuy", está"empantanado" el de Santa Cruz y está "ralentizado" el de Santa Fe (ídem). Pero resulta ahora que la ‘terapia’ recomendada por el oficialismo ha llevado a la ruina al primer banco provincial "que pasó a manos privadas en agosto de 1992" (Clarín, 4/1). La ‘privatización’ del Banco de Corrientes, según denunció la ministra de Hacienda provincial, concluyó en "una maniobra casi fraudulenta" (ídem), cuando el Estado provincial está pagando todavía "una deuda de 300 millones de pesos" por la ‘privatización’ (La Nación, 10/1). El grupo ‘privado’ que supuestamente venía a ‘capitalizar’ el banco lo terminó‘fundiendo’. Como los ‘descapitalizadores’ no quieren poner un mango, el Banco Central ha autorizado al gobierno provincial a capitalizar el banco. En la práctica, esto significará que el gobierno pasará a controlar el 66% de las acciones (antes tenía sólo el 28%), con lo cual "retornaría a foja cero la privatización" (ídem). Pero una vez ‘normalizada’ la situación con la plata de los contribuyentes, el banco de Corrientes se volvería a privatizar. Los responsables del desfalco son los "directores del banco que hoy mantienen deudas millonarias", incluidos los "directores oficiales" (ídem), es decir que el mecanismo ‘privado’del vaciamiento se parece como dos gotas de agua al que se usaba en tiempos de ‘estatismo’. El paquete accionario mayoritario del Banco había sido adquirido por un grupo empresario encabezado por el Banco de Iberá. Los ‘préstamos vinculados’ son un negociado capitalista que no reconoce diferencias entre bancos estatales o privados.

La posición de la Mesa de Enlace telefónica (hegemonía CTA-MTA), ante las actas de modificación del convenio firmadas por la burocracia, es una adaptación al guillanismo y a la burocracia de Foetra. En una "Carta abierta a los compañeros", que titula "Ni pesimistas, ni agoreros... responsables", plantea que la reforma del convenio 201/92 tiene "puntos oscuros", que "es necesaria la modificación sustancial de los acuerdos FOETRA-EMPRESA, los cuales no benefician al conjunto de los telefónicos...". Y como orientación, que"La Mesa de Enlace intentará, por todos los medios, modificar y bloquear los puntos perniciosos de este acuerdo". Entonces, la Mesa de Enlace caracteriza que una parte de los telefónicos sí se beneficia con los acuerdos, ¿cuál es? La Mesa de Enlace no rechaza la reforma del convenio, sino modificar algunos puntos. Declara que no luchará, sino que "intentará bloquear por todos los medios". Con el antecedente de haber concedido al guillanismo la frustración de dos asambleas generales sin lucha, la reforma reaccionaria del estatuto del gremio y la venta de la sede sindical, esta postura ante la entrega del Convenio es el remate de una política de conciliación con la burocracia.

Con motivo de las grandes huelgas coreanas, la prensa descubrió el agotamiento del ‘milagro’ del Sudeste asiático. El título de esta nota es el que le dio La Prensa a un informe de un corresponsal del Corriere della Sera, que concluye que "todo ... parece acabado". Habla "de un posible colapso de Asia que podría comenzar en el punto más débil, Tailandia, afligida en este momento por un déficit similar al de México antes de su desastre" (ídem). Lo ocurrido con el gran ‘boom’ de la industria de los chips es todo un ejemplo: "los tigres llegaron a producir más del 50% de las necesidades mundiales de memorias" (ídem). Así,"en vez de repúblicas bananeras se habló en Asia de las repúblicas de los chips. Sin embargo, bastó que el precio de los chips cayera y que la demanda de computadoras en el mundo después del boom de Windows ‘95 colapsara, para poner en coma al sector entero y para desencadenar el fin del milagro. Algunas grandes fábricas, ahora desiertas y abandonadas en la periferia de Taipei, son el símbolo de esta historia" (ídem).

El ‘pacto de gobernabilidad’ que De la Rúa viene ejecutando con el gobierno menemista incluye, además, al Frepaso, a Nueva Dirigencia y a los duhaldistas de Ruckauf. Este ‘pacto’ se manifestó en el acuerdo para que De la Rúa gobierne por medio de decretos ‘de necesidad y urgencia’ hasta que se elija la nueva Legislatura, cuya convocatoria deberá ser ‘consensuada’, sin embargo, con el Ejecutivo Nacional. Otra manifestación es el acuerdo para que el Concejo Deliberante actúe con la mitad de sus miembros, con mandato prorrogado y con presidencia justicialista, mientras apruebe las iniciativas que envíe De la Rúa; algunas tan importantes como el presupuesto 97 o la contratación de servicios de limpieza. La prensa ha juzgado que la reciente reelección del justicialista José Manuel Pico como presidente del Concejo, expresa la "óptima relación existente entre el gobierno radical y la oposición justicialista" (Clarín, 9/12). "Una reelección para la convivencia" (ídem). Y, agregamos, el acuerdo del Frepaso. Otro punto de acuerdo fue la postergación de la descentralización política (alcaldías), mientras De la Rúa toma medidas de ‘descentralización administrativa’ bajo la forma de‘comunas’ o Centros de Gestión y Participación (CGP), que algunos consideran una excelente base de estrategia electoral (Clarín, 30/12). El reparto del gran botín La base de este ‘pacto de gobernabilidad’ son, naturalmente, los buenos negocios. De la Rúa acaba de reunirse con 200 empresarios de ‘primerísimo’ nivel; entre muchos otros, Franco Macri, Santiago Soldati, Blanco Villegas, Ricardo Fiorito (Banco de Quilmes), Julio Werthein (Banco Mercantil) y Wilmer Güecaimburú de IBM. La intención es crear con ellos un organismo, para diseñar 20 proyectos clave de la obra pública municipal, entre las que estarían la remodelación del Aeroparque, la construcción de autopistas y viviendas y un gran centro de Convenciones (Clarín, 19/12). Entre estos empresarios están los principales contratistas de servicios de la Capital. Justamente, el 12 de noviembre, De la Rúa mandó al Concejo Deliberante los pliegos para el llamado a licitación para la recolección de basura, abriendo "la puja por el mayor negocio capitalino" (Ambito, 13/11), de alrededor de 200 millones de dólares. A los actuales Manliba y Cliba (Macri y Benito Roggio), se sumarían los franceses Lyonnays des Eaux (Aguas Argentinas) y Générale des Eaux (Aguas del Aconquija). Un sector de los 5 en que dividirían la ciudad (en lugar de los 3 actuales), quedaría, como hasta ahora, para los empleados municipales. Con lo que se asegura el apoyo de la burocracia sindical de Genta (ídem). También se sabe que a consideración de De la Rúa, están los proyectos de la Aeroísla, la Ciudad Judicial (transitoriamente suspendida), el faraónico proyecto Retiro, la remodelación de La Boca en marcha. Que el gobierno nacional está involucrado en esta negociación, quedó demostrado por la reacción de De la Rúa ante la media sanción en el Senado de la ley (Yoma) que deroga varios artículos de la Constitución porteña, diciendo que la norma "no importa un riesgo para la autonomía porteña más allá de sus efectos declarativos". En cambio, la redacción final de la ley destraba la gestión de un crédito por 500 millones de dólares de la Comuna ante el Chase Manhattan. La gestión de De la Rúa y Rodríguez Giavarini ante Yoma, logró que la Comisión de Asuntos Constitucionales modifique el dictamen que imponía la autorización del Congreso para las gestiones de créditos en el exterior. Ahora bastará con el acuerdo de la Comisión bicameral de seguimiento de la autonomía (citas de Clarín, 24/12). También el pasaje de la justicia ordinaria al ámbito capitalino, vedada por la Ley Cafiero y en su momento resistida por el menemismo, habla no sólo de la intención de Menem de blanquear su imagen de manejo discrecional de la justicia. Es además un ‘gesto’ hacia la ‘gobernabilidad’ pactada del distrito. En su momento, el Partido Obrero caracterizó que el debate sobre la ‘autonomía’ de la Capital encubría una disputa sobre el control de los grandes intereses económicos de la ciudad, especialmente de los inmobiliarios, que el menemismo no quería entregar así no más. Ahora que los negocios están en marcha, la ‘gobernabilidad’ expresa los pactos por el reparto.

La patronal de Transportes del Oeste (TDO) viene haciendo una campaña de prensa anunciando que se encuentra "a un paso de la quiebra", para justificar una ofensiva contra las conquistas y los salarios de los trabajadores. Hace un tiempo quiso pasar a los compañeros de Técnica (talleres, etc.) a otro gremio... y a otro convenio. Decía que no eran choferes y que entonces tenían que estar en sindicatos por oficio —Smata, empleados de comercio o algún otro gremio... donde se pagan salarios más bajos. Claro, a la patronal le duele que los trabajadores que cargan el combustible ganen $700, mientras que sus semejantes en las estaciones de servicio estén en $400. Quiere bajar ‘costos’, es decir, salarios, mientras ellos acondicionan a todo trapo el nuevo edificio que acaban de adquirir en Merlo. Ahora plantea ‘trasladar’ a los 22 compañeros de Chapa y Pintura de los talleres de Merlo a un nuevo taller ubicado en Mataderos pero de... otra empresa (la 117). Para eso, al principio prometió pagar la indemnización por despido, luego pagarla en tres cuotas, por último no pagar nada... con el pretexto de que aunque estuvieran en la 117, seguirían figurando como pertenecientes a TDO y que hay coches que teóricamente no salen a trabajar "por falta de repuestos". Frente a esta maniobra, el Cuerpo de Delegados de TDO ha sacado un comunicado en que plantea "¡No a la tercerización! ¡Ni un solo despido!", denunciando que el planteo patronal es una avanzada para desmantelar y ‘tercerizar’ todo el sector de Técnica —unos 200 compañeros— y luego precarizar el trabajo de los choferes (tomando trabajadores por contrato, a destajo, etc.). Luego de la gran huelga del año pasado, cuando los choferes impusieron un rotundo triunfo contra las pretensiones antiobreras de los patrones monopolizadores, la patronal busca dividir y debilitar la fuerza gremial para imponer sus planes. El cuerpo de delegados está uniendo a los trabajadores de TDO en defensa de su convenio y de su fuente de trabajo. Los trabajadores de la UTA de la Zona Oeste y el Plenario abierto de Trabajadores del Oeste deben apoyar esta lucha.

Entre el 12 y el 15 de diciembre últimos se reunió el Congreso de ‘Rifondazione’ Comunista. ‘Rifondazione’ surgió como un resultado complejo de la izquierda italiana, luego de la‘reconversión’ del partido comunista en "partido ‘democrático’ de izquierda". En ‘Rifondazione’ convergieron quienes dentro del PC rechazaron esa ‘reconversión’, así como otro conjunto de organizaciones de izquierda, tanto reformistas como revolucionarias. En el Congreso, "Bertinotti y Cossuta han hecho pasar su política", dice el periódico francés Lutte Ouvrière (27/12). Se refiere, de este modo, al apoyo que ‘Rifondazione’ otorga al gobierno capitalista de los banqueros Ciampi y Prodi, en el cual se encuentra el ex PC. Este gobierno aplica sin desmayos la política dictada por el Fondo Monetario, y en consonancia con los acuerdos de Maastricht. Se trata de una política de ataque a los salarios, a las condiciones laborales, a la salud, y a las obras sociales y beneficios jubilatorios. El eje del Congreso fue el debate de esta política. "En el conjunto del país, la moción reclamando el fin del sostenimiento del apoyo a Prodi obtuvo el 16% de las opiniones, y la moción mayoritaria aprobando el sostenimiento al gobierno recogió el 84%", dice Lutte Ouvrière. Pero la magnitud alcanzada por la oposición fue "bastante más importante que las previsiones" (ídem). Ocurre que los votos opositores responden a una base militante, en tanto que los oficiales responden a una base laxa de ‘adherentes’ que no tienen una actividad política, ni han participado de las discusiones. A la oposición han adherido sectores que vienen del PC y de Democracia Proletaria, e incluso fue respaldada masivamente en algunas secciones. La política oficial de ‘Rifondazione’ es extremadamente hipócrita, porque mientras otorga sus votos para mantener de pie al gobierno proimperialista, sin embargo no lo integra, dándose falsos aires de oposición. Aunque justifica su política en la necesidad de evitar un gobierno derechista de Berlusconi, la dirección de ‘Rifondazione’ no vaciló, hace un año, en amenazar con votar una moción de censura de éste, que pretendía provocar la convocatoria a elecciones. La alianza con la derecha fue superada cuando Prodi ofreció un pacto a ‘Rifondazione’ en torno al presupuesto, que habilitó, luego, que el centroizquierda votara por ‘Rifondazione’ en el segundo turno electoral. ‘Rifondazione’ es un partido de colaboración de clases, en la línea del viejo PC; es una completa mentira lo que dice Propuesta (9/1/97) del PC argentino, de que sea anticapitalista. Más correcto es calificarlo de pro-capitalista. La izquierda no es homogénea, constituye un bloque del cual desconocemos su plataforma. Pero Lutte Ouvrière señala "sus fuertes limitaciones políticas, dado que el acuerdo sobre el texto de la oposición se hizo en torno a las posiciones más moderadas".

La jueza Servini de Cubría acaba de aceptar el decreto del gobierno porteño, que convoca a elecciones de legisladores locales para el 29 de marzo de este año. El gobierno nacional, que no quiere una prueba electoral en la Capital previa a las legislativas de este año, declaró que ya era una decisión tomada apelar el fallo (Clarín, 31/12). Pero la convocatoria por la vía judicial, que contó con el apoyo de todos los partidos de la Estatuyente, incluido el PJ, ya preveía la apelación del gobierno a la Cámara Electoral y, finalmente, a la Corte Suprema (Clarín, 4/12). Un trámite que, feria judicial mediante, apunta a resolverse bastante más allá del 30 de marzo. Claudia Bello, presidente del PJ capitalino, declaró que "acompañaría a las fuerzas del distrito, pero puso en duda la voluntad de De la Rúa de ir a elecciones... (que)... ‘no están incluidas en el presupuesto municipal’" (ídem). El secretario de gobierno de la comuna, Gauna, al comentar el fallo de Servini, dijo: "nos reconoce la autonomía y la facultad del jefe de gobierno de llamar a elecciones"... "pero también establece los inconvenientes técnicos para llevar adelante la elección" (Clarín, 31/12). De la Rúa manifestó numerosas veces que, más allá de su voluntad, la ciudad no contaba con los padrones electorales y otros dispositivos que dependen del gobierno nacional. Los datos políticos centrales son que el gobierno surgido de la Estatuyente aceptó las condiciones del co-gobierno con un Concejo Deliberante de mandato vencido, antipopular y con una presidencia menemista, que ahora acaba de renovarse con consenso de todos los partidos. En un marco en el que prima el pacto de "gobernabilidad" entre las fuerzas‘antimenemistas’ y el gobierno, con eje en De la Rúa (ver nota), la vía judicial de convocatoria a elecciones es la del empantanamiento. La convocatoria a la movilización popular de "la ciudadanía de la capital, impedida de elegir democráticamente a sus legítimos representantes" (La Nación, 13/12), no está en los cálculos de ninguna de estas fuerzas.

Juan Manuel Palacios, secretario general de la UTA, amenazó con un paro general "si no se resuelve la crisis del sector" (Crónica, 24/1), es decir, si no se acepta la negativa de las patronales a pagar los seguros por accidentes cometidos por el transporte y su reclamo de que esas indemnizaciones tengan un tope en el futuro, con independencia de la gravedad del siniestro. De manera que una dirección que no hizo ningún paro general por los despidos en el transporte ni por aumento de salarios, ni por la ‘cooperativización-flexibilización’ de sus afiliados, ni contra el alargamiento de la jornada de trabajo; esta dirección plantea un paro general contra los derechos de los usuarios. Los accidentes de tránsito son al usuario como los de trabajo al obrero; la burocracia que no ha sabido defender éstos tampoco defiende aquéllos. Lo que la UTA debe exigir es que las patronales abran sus libros y que se establezca un control obrero sobre sus operaciones, lo que desnudaría las extraordinarias ganancias que obtienen.

El 14 de enero, el PIT-CNT convocó finalmente a un paro general en solidaridad con los trabajadores de la ‘privatizada’ empresa de gas, en conflicto desde hace más de un mes. El paro había sido postergado tres veces, y terminó limitado al departamento de Montevideo, es decir que no tuvo alcance nacional. El paro fue cumplido masivamente por el movimiento sindical, incluso por los gremios que se abstuvieron de votarlo en la mesa de dirección del PIT-CNT (bancarios, por ejemplo). La solidaridad que viene concitando el conflicto por el despido de 33 trabajadores de Gaseba, subsidiaria de la ‘multinacional’ Gaz de France, es enorme. El pulpo imperialista viene atacando alevosamente los derechos laborales y sindicales: ‘desde la privatización pasó de 400 a sólo 280 trabajadores’ (Brecha, 17/1). El gremio ha mostrado, por un lado, una gran vitalidad (en ‘las asambleas participan ... prácticamente la mitad de los afiliados’, ídem); por otro lado, ha concitado incluso muestras de simpatía de usuarios en diversos barrios. El gobierno se encuentra impulsando una campaña para quebrar los convenios colectivos e imponer la ‘flexibilización’ laboral. La dirección del gremio, Uaogas, y del PIT-CNT, ha dicho, sin embargo, que está "dispuesta a discutir" los ‘ajustes’ que reclama la patronal (ídem, 10/1) y declaró "que descartamos expresamente ... ir al paro general con ocupación de la planta..." (ídem, 17/1). La situación política uruguaya tiene muchas cosas en común con la argentina. El gobierno ha recibido un golpe mortal con el plebiscito del 8 de diciembre, cuya ‘victoria’ el gobierno sólo pudo lograr, como dice el semanario Brecha, gracias ‘a la marihuana constitucional’ (20/12), es decir, al cómputo completamente ilegal de los votos ‘observados’, que contenían leyendas por el ‘sí’ a la legalización del consumo de drogas y otras ‘yerbas’ por el estilo. La ‘oposición’ centroizquierdista del Frente Amplio (F.A.) se ha sumido en una gran crisis, debido a que sus sectores ‘mayoritarios’ estuvieron con el ‘sí’ a la reaccionaria reforma constitucional. La situación económica uruguaya se caracteriza también por un "déficit comercial y fiscal en ascenso" (ídem, 15/11), es decir, por una ‘volatilidad’ que no tiene nada que envidiarle a la Argentina. En este cuadro, fue catapultado a la presidencia del F.A. el líder socialista y ex-intendente de Montevideo, Tabaré Vázquez, único dirigente del F.A. que se vistió con el voto por el ‘no’ y que, por tanto, estaba en condiciones de ‘capitalizarlo’. Lejos de ser un síntoma de ‘radicalización’, la designación de Tabaré preanuncia una política para "reconstruir un clima interno en el que sea posible la cooperación de todos" (ídem, 20/12). Es decir, un nuevo ‘engañapichanga’ para el F.A.