Prensa Obrera N° 526

El día miércoles nos enteramos que el Ministerio de Trabajo no convalidaba las elecciones. Si bien sabíamos que no entregarían el gremio tan fácilmente, nos parecía muy grueso desconocer una elección tan contundente. La suerte estaba echada y decidimos que había que hacer respetar el voto de nuestros compañeros, porque esta intromisión del poder en nuestro gremio era inaceptable: a las tres de la tarde del día 2, nos presentamos con un grupo de compañeros docentes que nos acompañaban, un cerrajero y una escribana. Ese día, el periódico local La Opinión Austral publicaba en primera página: "Mercado se hace cargo igual a pesar de las resoluciones del MTSS". Cuando nos presentamos en el gremio, la puerta estaba cerrada; enseguida llegó toda la prensa. Alguien desde adentro llamó a la policía. Mientras, me dirigía a la casa del señor Moyano para que nos abriera la puerta; él mismo se presenta media hora más tarde, la policía ya estaba en la sede gremial, y no nos dejaba entrar. Cuando Moyano hizo abrir la puerta desde adentro, ingresamos todos pacíficamente pero sabiendo que ya no nos íbamos. El cerrajero se fue tranquilo a su casa y frente a toda la prensa y la escribana le pedí a Moyano que cumpliera con el mandato de los docentes de entregar la conducción a la Lista Rosa ganadora de las elecciones. Moyano se negó amparándose en la resolución del MTSS, lo acusé de que junto al gobierno buscaba la intervención del gremio. El mismo se dirigió a la policía donde realizó una denuncia penal por usurpación; cuando la policía se presentó para solicitarnos los antecedentes y luego sacarnos, les pedimos la orden judicial y les demostramos que esa presión era insuficiente, que estábamos en nuestra casa y los invitamos a retirarse. Luego la prensa se encargó de demostrar que no existió violencia, ni exaltación, ni motivo alguno para que el juez tomara alguna determinación al respecto. Nos hicimos cargo del gremio e inmediatamente comenzamos a realizar todas las tareas correspondientes. No tardaron en llegar las adhesiones de las filiales del interior, como así también de nivel nacional. Nuestro primer parte de prensa informaba a la comunidad quiénes eran las nuevas autoridades del gremio. Moyano se presentó al otro día informando que se retiraba definitivamente y se volvió a dirigir al MTSS ofreciéndose como interventor, sin reparar en que con este hecho, hasta él legalizaba nuestra presencia en el gremio. El gran acierto fue entrar para quedarnos, ya que esto nos permite haber recorrido la mitad del camino del reconocimiento oficial, que es la gran pelea actual.

Seis bandas locales de rock pesado y contestatario protagonizaron en las últimas horas de la tarde de ayer el recital solidario organizado por la actual conducción de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), en el marco de la campaña de rechazo a una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que invalidó las elecciones gremiales del 4 de octubre. El escenario se montó en la explanada pública de la Casa de la Juventud, ubicada en la intersección de las calles Roca y Córdoba, ante una marcada concurrencia de público joven y algunos dirigentes gremiales, incluyendo obviamente al del sector docente. Estos últimos "a-prendieron" algo más de los estilos musicales heavy metal, hardcore, trash y punk como así también del particular nombre de las bandas que sonaron estrepitosamente: "Nostradamus", "Antihéroes", "Mentes Alteradas", "Mal de cuerpo", "Tierra y Libertad" y "Selebos".

Cuando los partidos tradicionales parecían embalados con todo en la carrera electoral para el 97, el globo se pinchó. Naufragó el romance entre el Frepaso y la UCR. La posibilidad de establecer desde ahora el frente que desplazaría al peronismo del gobierno en el 99, tuvo un período de vida muy corto. De un lado, fue derribado por las ambiciones personales, que en la política oficial pesan inversamente el doble de su gravitación. Pero también lo pincharon las contradicciones políticas, con el "Chacho" Alvarez y la Fernández Meijide proponiendo una alianza que incluya al propio Cavallo, y del otro a Alfonsín intentando convertirse de nuevo en el mandatario de los ‘capitanes de la industria’. Ahora son los radicales los que quieren un frente con el MTA y el CTA, según lo proclama el intendente de San Isidro, Melchor Posse, quien incluye también a los curas progresistas. Este mismo hombre apoya a los Menems del radicalismo en las provincias que gobierna: Maestro, Verani, Mestre, Rozas. El Frepaso, por si alguien no lo sabe, está armando una alianza con los seguidores del ex general de la dictadura, Roberto Ulloa, en Salta, y con los partidarios del ex gobernador Sobisch, en Neuquén. Al oficialismo no le va mejor. Duhalde no sabe si tiene que pelearse con Menem para mejorar sus intenciones de voto, o llegar a un acuerdo para que el riojano no intente desbancarlo en el 99. Ortega amenaza con ir por fuera del PJ. Cavallo se ganó otra pelea más, esta vez con Béliz, que no quiere verlo como candidato por la Capital, ni siquiera bajo las polleras de la cavallista y agente de Telefónica Argentina, Patricia Bullrich. El verano está mostrando sin maquillajes la completa falta de principios de la política capitalista y sus desbordantes ambiciones y corruptelas. La izquierda y los trabajadores combativos no sólo deben oponer a estos delincuentes capitalistas un programa de soluciones políticas populares y socialistas. También deben oponerles otro método político, el que es propio de los revolucionarios: la unidad contra el enemigo de clase, los principios, la movilización sobre la base de un programa. Contra la corruptela y la degeneración políticas de los partidos patronales, la unidad basada en los principios y en el programa. De lo contrario, ‘ganarán’ los corruptos. Las elecciones previstas para fin de año exigen esta unidad, porque esas elecciones son el medio del que quieren valerse los capitalistas para cambiarle la cara al Estado y engañar otra vez a los trabajadores. Son el medio político principal con el que quieren que el pueblo abandone la lucha y se resigne a lo que salga de las urnas. Darles la batalla en la campaña electoral por medio de un frente de la izquierda y de los trabajadores combativos, significará desenmascarar estos podridos designios y acentuar de este modo la conciencia de lucha de nuestras masas. Los activistas que están fuertemente comprometidos con las luchas actuales de los trabajadores, saben bien los estragos que les causa a esas luchas el éxito que consiguen los explotadores a través de la manipulación electoral. Para quebrar esta manipulación hay que enfrentar a los explotadores en el terreno establecido y desenmascararlos a través de la propaganda y de una acción política efectiva. Sólo los que no tienen la responsabilidad de organizar las luchas de los trabajadores y de llevarlas a la victoria, son capaces de ceder ese terreno electoral a los políticos profesionales de las patronales. Para concretar ese frente de la izquierda y de los obreros combativos, llamamos a organizar elecciones internas que permitan designar listas comunes en todas las provincias y municipios, entendiéndolas como una instancia de movilización popular. El Partido Obrero ha lanzado una campaña de actos públicos para impulsar esas internas, a los que invita a participar como organizadores y oradores a todos los partidos de izquierda y a todos los activistas sin excepción. El Partido Obrero plantea a todas las organizaciones y militantes realizar en marzo una gran Conferencia Nacional, seguida de conferencias en todas las provincias y municipios, para elaborar un programa frentista y concretar la organización de las elecciones internas. El Partido Obrero integra este planteo electoral dentro de su estrategia política de desplazar al gobierno menemista en favor de un gobierno organizado por un congreso de bases de los trabajadores. Las tribunas que levanta el Partido Obrero agitarán con vigor la necesidad de impulsar una huelga general indefinida, para acabar con los decretos, los proyectos de leyes y las leyes de flexibilización laboral, de hambreamiento del pueblo y de entrega de la soberanía nacional.

El Malbrán fue ocupado por sus trabajadores. El Inti también salió a la lucha. Se realizaron paros y marchas la semana pasada contra el despido de casi 50 compañeros. Los trabajadores del Conicet salieron a la huelga por tiempo indeterminado porque no les pagan sus salarios. También han parado por idéntico motivo los trabajadores del Ministerio de Trabajo. Continúan los plenarios de trabajadores del Pami contra el operativo desguace que Menem está preparando. El Inta también se movilizó contra los despidos. Hay luchas entre los estatales, no cabe duda. Pero no hay una lucha. Y eso es lo que aprovecha el gobierno para dejar en la calle a 10.000 estatales más, con su llamada ‘Reforma del Estado II’, que ‘consensuó’ con el Banco Mundial. Ahora se ha comprometido con el FMI a profundizar el‘ajuste’, es decir, a seguir despidiendo, rebajar salarios, eliminar conquistas para... garantizar que seguirá pagando la deuda externa. Frente a ello, ¿no es hora de que ATE organice un plan de lucha nacional? Ocupando todas las reparticiones, decretando un paro general de los estatales, convocando a un Congreso de Bases de todos los estatales, sea cual sea su gremio de origen, para organizar la resistencia. En lugar de ello, ATE está juntando firmas para reclamar al Congreso Nacional que declare la ‘emergencia ocupacional’. ¡Esto es entretener al activismo! ATE también se dedica a convocar a ‘multisectoriales comunitarias’ con el Frepaso, las Pymes y la Iglesia, que sirven como propaganda electoralera de la burguesía opositora, pero no como un canal para potenciar las luchas de los trabajadores. Se puede derrotar la ‘reforma II’ y su ‘Fondo de Reconversión Laboral’. Se puede impedir el desmantelamiento del Pami y del Malbrán, del Inti y del Inta, del Senareso y de las demás reparticiones. Para eso hace falta un viraje.

Pocas veces como en estos días, la verdad que los periodistas buscaban tan lejos se encontraba tan cerca. Es que mientras el afán de conocer lo tratado en Londres entre la misión argentina y la cancillería inglesa se estrellaba contra los muros infranqueables de la diplomacia secreta —otra de las ‘perlitas’ de la transparencia democrática—, en la calenturienta Buenos Aires los mediocres políticos de la Argentina revelaban la llave de la bóveda. En efecto, a principios de año, el ministro Di Tella se reunió con su ‘contraparte’ radical, Alconada Sempé, de la cual el radical salió con la extraordinaria declaración de que "la bandera nacional pudiera flamear en las islas junto con otras (es algo) a lo que no se opone el radicalismo. Es mejor que nada" (La Nación, 4/1). Está fuera de cualquier duda que, con estos términos, el menemismo acababa de obtener el respaldo bi y tri-partidario para la propuesta que estaban esperando los ingleses desde que Menem la anunciara, primero en Washington, cuando se entrevistó con Clinton, y luego en Anillaco, durante el fin de año. Di Tella no habría pedido el apoyo radical si éste no hubiera sido pedido antes por los británicos, como una prueba del ‘consenso nacional’ en la materia. No hay que pasar por alto tampoco el plural que usa Alconada Sempé cuando se refiere a la(s) otra(s) bande-ra(s), lo que supone que además de la de la reina podrían flamear la de los kelpers o la de Estados Unidos. Esto último no debe tomarse como una hipótesis descabellada, ya que fue la que hizo el norteamericano Alexander Haig, mediador de Reagan, durante la guerra de Malvinas. Lo que sí resulta impresionante es el hecho de que la prensa haya pasado por alto este acuerdo radical-peronista, que equivale ni más ni menos que a la opinión oficial del conjunto de la burguesía argentina. La aceptación de la soberanía extranjera en Malvinas no desató ni el uno por mil de las protestas que sigue provocando el asunto de los Hielos con Chile; el ‘lupín’ Kirchner y la ‘lupina’ Cristina ni se han dado por enterados. Pero a nadie con dos dedos de frente se le puede escapar que una soberanía ‘múltiple’ en Malvinas exige la aceptación de la ‘poligonal’ con Chile, ya que toda estabilidad en el cono sur plantea el acuerdo de tres y aun de cuatro (Chile, Argentina, Estados Unidos y algunas veces los ingleses). Los juristas y politicólogos afirman que la ‘soberanía compartida’ es una contradicción en sus propios términos, lo que no les impide, claro, hablar de soberanía popular, que bajo el capitalismo se transforma en la ficción de la ‘soberanía compartida’ entre capitalistas y obreros, o sea, en la dominación exclusiva de los capitalistas. Lo mismo ocurre en Malvinas, donde la ‘soberanía compartida’ será la de los ingleses con el añadido de una bandera argentina. En Hong Kong, los ingleses están intentando con bastante éxito aplicarle la ‘soberanía compartida’ a China, pues aunque ésta no ha reconocido a la Legislatura electa bajo el régimen actual, sí ha aceptado integralmente el sistema jurídico colonial, incluida la estabilidad del ‘civil service’, o sea, de la burocracia del Estado, y el código civil, o sea, el derecho a la propiedad privada. Como ya se dijo, la ‘soberanía compartida’ de radicales y peronistas es un invento yanqui. Pero tiene que ver con la realidad presente, porque sería una manera de destrabar la impasse que existe en los negocios pesqueros e incluso petroleros. Si estos últimos reclaman ‘seguridad jurídica’ y abrigo en los puertos continentales, los negocios pesqueros necesitan un esquema de explotación conjunta, dada la migración de las especies de una a otra de las zonas marítimas exclusivas. Un gobierno ‘compartido’ significaría la administración ‘compartida’ de las regalías de la explotación del petróleo y de la pesca. Los ingresos fiscales que generaría un negocio de tamaña envergadura, asegurarían la autofinanciación de los kelpers, razón por la cual la ‘soberanía compartida’ es lo más próximo a la autodeterminación ‘nacional’ de los actuales habitantes de Malvinas. Todo esto explica que en la reunión de Londres con Di Tella, participaran el gobernador de las ‘Falklands’ y delegados del consejo gubernamental. También explica la afirmación de un diario, de que la‘soberanía compartida’ sería poco más que la inclusión de un argentino en el concejo de las Falklands-Malvinas, como derecho de inspección sobre la percepción de los cánones que paguen las empresas licenciatarias. La inclusión de los yanquis en la participación de la soberanía se desprende de la alianza internacional de los yanquis y los ingleses en la OTAN, cuya ampliación al Este de Europa, aun antes de que se concrete la ampliación de la Unión Europea, la transforma en un supragobierno mundial de los Estados Unidos. A esto hay que sumar la intención de Menem de lograr una ‘alianza extra-OTAN’ con Estados Unidos, como la que éstos tienen, por ejemplo, con Israel, o sea casi un protectorado. De modo que la ‘soberanía compartida’ tiene la virtud de realizar la aspiración de todo el mundo, menos, claro, la de los argentinos. La aspiración del imperialismo anglo-yanqui, la del lobby malvinero de las cámaras de los comunes y de los lores, la de la burguesía petrolera, pesquera y financiera argentina... y la de Kirchner. Degenerada burguesía nacionalista. Ha escarbado hasta la caligrafía de los peritos andinos para reclamar para sí algunos cientos de kilómetros de hielos, pero ni se le ocurre defender la integridad nacional del país ante el imperialismo histórico. Aquí, los documentos son desplazados por el ‘realismo’ y por el bolsillo. Ni hablar del ejército, que acepta la privatización de los aeropuertos nacionales y de una parte del territorio que debería defender. Es que, en efecto, la ‘soberanía compartida’ es una privatización, o sea el derecho a cobrar una regalía por la propiedad nacional. Pero cuando uno vende a su madre, es que ha llegado al final del camino.

Desde hace casi un año se viene amenazando con despidos masivos en el Inti. Las autoridades anunciaban públicamente que iban a prescindir de 150 compañeros. Muchas veces en las páginas de nuestro periódico, hemos publicado crónicas de las movilizaciones de los trabajadores del Inti en defensa de sus derechos y contra las amenazas de despidos. La actitud combativa de los trabajadores estatales del Parque Tecnológico Migueletes fue postergando la decisión antiobrera. Esto, a pesar de que la directiva burocrática de UPCN está plenamente entregada al gobierno menemista. En el paro general del 26 de diciembre, Andrés Rodríguez, el burócrata mayor de la UPCN, llamó a no parar. Pero esto fue desoído por los trabajadores del Inti, que votaron sumarse y lo hicieron masivamente al paro, junto al resto de la clase obrera. Ante los anuncios de que el nuevo directorio (produhaldista), aprovechando las vacaciones de la inmensa mayoría del personal, y en el marco de la llamada ‘Reforma del Estado II’ iba a largar los telegramas de despido, la Interna convocó a Asamblea General. Más de 200 compañeros se movilizaron bajo una torrencial lluvia, recorriendo varias cuadras desde los distintos edificios del complejo de Migueletes para asistir a la Asamblea. Allí se resolvió rechazar la amenaza de despidos y se votó el paro para toda la jornada y un plan de paros progresivos para miércoles y jueves. Estos fueron cumplidos masivamente. El jueves, sin embargo, el directorio envió telegramas de despido a 46 compañeros. Aunque la cifra era menor a la anunciada inicialmente, y aunque en la lista se incorporó a compañeros que habían solicitado el ‘retiro voluntario’, la respuesta fue unánime: paro general y plan de lucha para que no haya ningún despedido. Una Asamblea General el viernes levantó esta bandera y votó realizar marchas y concentraciones dentro del Parque y convocar a una Asamblea y Acto el miércoles 15, en la puerta del Parque. A pesar del periodo vacacional (que implica la ausencia de la mayoría de los trabajadores y la rotación del resto), la Asamblea votó iniciar un plan de lucha con la amenaza de transformarlo en paro general cuando se reintegren los compañeros. La Asamblea terminó en una combativa marcha frente al edificio 2 de la gerencia. Todo el movimiento obrero de San Martín y de los Estatales debe rodear este importante conflicto. En el Inti se juega una importante batalla para derrotar a la antiobrera Reforma II.

El gobierno menemista canceló abruptamente el operativo que debía culminar en el indulto de los militares carapintadas y de los militantes del MTP (Movimiento Todos por la Patria). Menem relevó a Toledo, embajador en Costa Rica y artífice de la operación, luego de una conferencia de prensa en la que el canciller de ese país anunció que "tras un proceso exitoso" que suponía el indulto, el MTP se convertiría en partido político "luego de negociar con el gobierno del presidente Menem" (Clarín, 22/12). El gobierno tiene fuertes compromisos para liberar a los carapintadas y enfrenta un inminente fallo internacional —de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que funciona en Costa Rica— en contra del proceso ‘trucho’ a los detenidos de La Tablada. "La información que corre en los pasillos de la CIDH es que el organismo se expediría en marzo y la resolución sería condenatoria de la Argentina" (Clarín, ídem). Una situación similar condujo al gobierno a indultar, el año pasado, a uno de los detenidos del MTP (Guillermo Maqueda), "luego de un requerimiento de la CIDH" (Ambito, 27/12/95). Naranjo, el canciller de Costa Rica, agradeció públicamente a Toledo haber participado en todas las gestiones del indulto. Toledo no es, tampoco, ‘cualquier’ embajador: "si alguien cree que... se cortó solo tendría que recordar que el presidente lo presentó ante el gobierno de Costa Rica no sólo como el representante de la Argentina sino como un amigo y representante personal", según lo que La Nación atribuye a "fuentes diplomáticas" (21/12). Toledo recibió la "orden específica" de expedir documentos de viaje para las hijas de Gorriarán Merlo, a pesar de que tienen un pedido oficial de captura (ídem). La negociación incluyó un pedido de Toledo para que "Costa Rica propiciara de manera formal una declaración pública del MTP donde hubiera constancia de la asunción... de las reglas de la democracia argentina, patentizando que no poseen una línea armada y que están dispuestos a derivar en un partido político" (Clarín, ídem). Carapintadas El mayor impulso al indulto es la absolución a los militares carapintadas, que fueron la punta de lanza para arrancar la obediencia debida, el punto final y el indulto. Según Clarín, los decretos de indulto a los carapintadas estaban a la firma de Menem en diciembre del 95, pero fueron dejados de lado ante la repulsa popular y la falta de un acuerdo político que permitiera "presentarlos en sociedad". En ese período, Menem admitió el posible indulto a los carapintadas y al MTP, excluyendo a Gorriarán Merlo, y definió a Seineldín como un "militar exitoso y valiente". Seineldín había anunciado su retiro de la vida política. En toda esta trama no puede dejarse de lado que "Costa Rica es el centro de la promoción de los organismos de defensa de los derechos humanos con el aval más o menos encubierto de Washington", de donde se "habría sugerido a algún funcionario argentino que un indulto... sería como comenzar una nueva etapa" (La Nación, 21/12). Esto facilitaría neutralizar la oposición a la participación de las fuerzas armadas en la ‘lucha’ contra el narcotráfico... y a conceder la radarización del espacio aéreo a los Estados Unidos, como ocurriera con la Amazonia brasileña (PO, 19/12). Menem ha vuelto a recular con el indulto porque está en peores condiciones políticas que un año atrás. El Partido Obrero rechaza el indulto a los genocidas, y reclama la libertad inmediata de los presos del MTP.

El 24 de diciembre, la conducción nacional ultramenemista de la FOETRA firmó, arteramente, la ‘reforma’ del convenio exigida por Telefónica y Telecom, que la gran mayoría de las bases del gremio había repudiado. Queda establecida, en consecuencia, la modificación de la jornada de trabajo, la polifunción (los trabajadores que reparan líneas, además tendrán que cobrarlas, ocuparse también de ventas de líneas y servicios) y la"tercerización", esto es, la posibilidad de transferir personal a empresas ‘controladas’ por Telefónica y Telecom. Un ejemplo de la perfidia con que ha sido redactado el texto es que plantea que los trabajadores transferidos conservarán todas las condiciones del convenio telefónico vigente, para agregar, enseguida, que esta condición regirá hasta "la entrada en vigencia de un nuevo acuerdo colectivo firmado entre FOETRA y las contratistas", oportunidad en que deberán aceptar las condiciones de ingresante o "solicitar la indemnización legal correspondiente". Semejante trastada fue presentada por la burocracia como un "logro", por la jubilación anticipada. Que consiste en que los que estén a 10 años de la jubilación pueden retirarse, cobrando mensualmente, por ese período, el 40% del sueldo más la antigüedad y conservando la obra social de telefónicos. Lo que no es más, según los cálculos de los compañeros, que el monto de las indemnizaciones que viene pagando la patronal por retiros "voluntarios", pero repartido en cuotas. Con el consabido soborno a la burocracia, porque hay que deducir la cuota para la obra social que ella controla y para el fondo compensador. La traición es completa, porque varias seccionales del país, entre ellas la más grande, Buenos Aires, venían de rechazar estas reformas, en plenarios de delegados y asambleas. En el caso de Salta, la resistencia costó 27 despidos y una salvaje represión policial a los telefónicos. El guillanismo, sin embargo, hizo ‘avalar’ la ‘reforma’ en Buenos Aires, donde ya había sido rechazada. Para ello reunió el 30/12, de sopetón, también en medio de las fiestas, un plenario de delegados ‘trucho’, con decenas de delegados no avisados, donde la ‘oposición’ antiguillanista, que normalmente es mayoría, quedaba en desventaja. Allí repartió las 20 páginas de las actas de ‘reforma’ y las hizo votar sin que los delegados pudieran siquiera leerlas. La Mesa de Enlace, que dirige a la oposición, convalidó la política de la burocracia, al legitimar con su presencia el plenario a todas luces fraudulento. Debieron retirarse. En segundo lugar, por no producir, a partir de allí, ninguna acción, ni en los edificios ni de conjunto, tendiente a desconocer el plenario, impugnarlo, rechazar la reforma e impulsar la derogación de lo firmado. Las perspectivas de la Mesa de Enlace se han agotado. Se ha demostrado incapaz de liderar al combativo activismo y a las bases telefónicas, a la lucha contra el avasallamiento histórico de conquistas que han montado las patronales y la burocracia. Recientemente (ver PO anterior), los obreros telefónicos de siete edificios de Flores y Floresta pararon, hasta lograr el traslado de un odiado jefe negrero que perseguía a los compañeros, lo que demuestra que el gremio sólo necesita una orientación y una dirección de lucha. Impugnar el plenario, desconocer la reforma burocrática, organizar la lucha por su derogación, coordinar a todas las seccionales del país que la rechazaron y elegir una dirección provisoria que organice la ruptura con la Federación. Esa es la tarea.

La rebelión de comerciantes en la serrana Carlos Paz no es solamente el reflejo de la bancarrota comercial que siguió como a su sombra al derrumbe del ‘plan Cavallo’; la mayor parte del récord histórico de quiebras judiciales que registró 1996 responde al pequeño y mediano comercio. Ocurre que esta rebelión pone también al desnudo la imposibilidad de seguir pagando la deuda externa, el agotamiento del sistema impositivo basado en los impuestos al consumo y, por último, la inviabilidad de los ‘ajustes’ que impone el FMI. Una comprensión adecuada de estos asuntos permitiría unir la lucha de los trabajadores y de los comerciantes, que revistan en polos opuestos en el mercado de consumo, en torno a objetivos comunes. La deuda externa Los intereses de la deuda pública consumen el 15 por ciento del presupuesto nacional, ya que representan 6.000 millones de dólares sobre ingresos calculados en aproximadamente 40.000 millones. Este porcentaje deberá crecer todavía más en los próximos años, como consecuencia de la constante refinanciación de que es objeto el pago de los intereses y del capital de la deuda, así como de la previsión de una suba de las tasas de interés en el mercado internacional. En las actuales condiciones no existe ninguna posibilidad de modificar estas perspectivas, debido a que la refinanciación creciente de los intereses y de los capitales de las deudas externas de los diferentes países constituye el negocio más lucrativo del capital internacional. Mientras persista la llamada abundancia de liquidez, el gran objetivo de los capitales bancarios consistirá en colocar empréstitos de los países incapacitados de pagar sus deudas externas en las diferentes Bolsas del mercado mundial, porque mediante ellos obtienen jugosas comisiones, que son mayores cuanto mayor es el riesgo del país que coloca esa deuda, o sea cuanto mayor es su insolvencia. La transformación del antiguo método de los préstamos bancarios en el más novedoso de la compra de títulos por parte de los fondos de pensión y de inversiones, permite al capital bancario que se encarga de colocar los empréstitos, transferir el riesgo de la operación hacia los bolsillos de la pequeña burguesía. Una bancarrota en el mercado de títulos entrañaría una inmediata confiscación en masa del dinero que la pequeña burguesía internacional tiene depositada en los fondos especulativos, y lo mismo vale con los aportes compulsivos de los trabajadores en los fondos de pensión de la jubilación privada. Para la gran burguesía, la presión impositiva representa un problema menor, en particular porque ella es la que más se beneficia con la especulación aplicada a la deuda pública; lo que obtiene por aquí supera por lejos lo que pueden sacarle por allá. Interesada en el crecimiento de las cotizaciones de los títulos en su poder, es partidaria entusiasta de exprimir impositivamente a la pequeña burguesía y permitir con ello que el gobierno pague su deuda pública. La gran burguesía goza también de numerosas exenciones, como por ejemplo el reintegro de impuestos para los exportadores o la sistemática rebaja de las ‘cargas sociales’. En lo que hace a la evasión fiscal, ella es la principal beneficiaria. Primero, porque toda venta en negro en el mercado consumidor final tiene siempre como contrapartida una compra en negro del comerciante final al mercado mayorista y al industrial. Segundo, porque los grandes capitalistas tienen medios de presión infinitamente más poderosos para evadir impuestos por medio del contrabando, si se trata de la importación; por medio de la sobrefacturación, cuando se trata de cobrar reintegros a la exportación; por medio de las operaciones financieras, cuando se trata de blanquear dinero ilegal. El reciente descuento en los bancos, por parte de la DGI, de los pagarés firmados por los contribuyentes morosos, puso al desnudo otro gran negocio de la gran burguesía a expensas de los pequeños comerciantes y del fisco, porque le permitió sacar suculentos intereses gracias a las urgencias fiscales del gobierno. La deuda pública constituye, de este modo, la base de una gigantesca máquina de exprimir que, por intermedio del Estado, permite la confiscación económica de los trabajadores y de la pequeña burguesía comercial por parte de la gran burguesía nacional e internacional. El IVA No es casual que la rebelión fiscal de Carlos Paz tenga que ver con el IVA y con las facturas que deben registrarlo. En medio de un derrumbe del consumo personal y de fuertes tendencias deflacionarias, el incumplimiento del IVA es un recurso del pequeño comercio para hacer frente a la competencia del más grande. La tasa del 21 por ciento de este impuesto es absolutamente confiscatoria, pues significa literalmente que el fisco se queda con el mismo porcentaje del ingreso o salario de los trabajadores. La evasión de semejante porcentaje reduce enormemente el costo del giro comercial. La generalización virtual del IVA a partir del gobierno de Menem fue una pieza fundamental del gran negociado de la deuda pública, porque permitió financiar el presupuesto con la plata de los consumidores. Los capitalistas jamás hubieran admitido pagar ellos la deuda externa con impuestos al patrimonio y a las ganancias. El enorme crecimiento del gasto público y del déficit fiscal en estos años menemistas se debieron a la implantación del IVA, que permite financiarlos a costa de los trabajadores. La nula percepción de los impuestos ‘a la riqueza’, ganancias o inmobiliarios rurales (de parte de las provincias), revela que la gran burguesía no tiene la intención de poner un peso para solventar a su propio Estado, de manera que la carga de la especulación financiera deberá ser bancada integralmente por los consumidores. La enormidad de la evasión del IVA desnuda la mentira que se dijo cuando se justificó este impuesto con el argumento que era de fácil percepción y difícil evasión. Aunque el incumplimiento fiscal tiene que ver con el hundimiento del consumo personal y la deflación, sería imposible implementarlo sin la complicidad de la cadena hacia arriba del circuito comercial, o sea, los mayoristas y la gran industria. La gravedad de la situación puede medirse con este simple dato: en medio de una recesión de la que el oficialismo afirma querer salir mediante la reactivación de la construcción, el gobierno acaba de llevar al 21 por ciento el IVA que se aplica a los créditos hipotecarios. Lo hizo por exigencia del FMI, en cuyo último memorándum también se insiste con el despido masivo de empleados públicos, con el desmantelamiento de los institutos técnicos y con la rebaja de salarios mediante un nuevo estatuto de la función pública —todo, con el fin de seguir aumentando el negociado de la deuda pública. Hace pocas semanas, este mismo gobierno había derogado un impuesto bancario en beneficio de la obra social del gremio, ¡porque decía que encarecía los créditos! Es incuestionable que los ‘ajustes’ fondomonetaristas, para expandir los ‘excesos’ especulativos, han dejado de ser viables. Junto al no pago de la deuda externa se impone una barrida general del actual sistema impositivo que confisca a los consumidores. Este programa es incompatible con la continuidad del menemismo o de cualquier otro gobierno que responda a los grandes capitalistas, sean nativos o extranjeros. Rebelión y programa El examen de las condiciones económicas y sociales que caracterizan a la situación actual, permite entender la profundidad de la rebelión fiscal en una zona relativamente ‘cheta’ como Carlos Paz, donde los inspectores de la Impositiva fueron echados a patadas de los locales comerciales. Los comerciantes organizaron una ‘cadena telefónica’ y hasta una ‘red de piquetes’ para enfrentar colectivamente a los inspectores. Una asamblea nacional de comerciantes, que sesionará en Carlos Paz el jueves 16, deberá debatir un ‘apagón nacional de protesta’ e incluso una ‘huelga impositiva’. En la zona serrana, el comercio tuvo una quiebra del orden del 40 por ciento y hasta se conoció el suicidio por razones económicas de 14 comerciantes (Clarin, 13/1). La clase obrera no tiene ninguna necesidad de solidarizarse económicamente con los comerciantes de cualquier tamaño para intervenir decisivamente en esta crisis. Es que ella pone al desnudo el carácter antiobrero de la deuda externa, de los impuestos al consumo, de los compromisos con el FMI y del gobierno menemista y sus cómplices opositores; no es para nada una casualidad que la oposición le eche agua a la rebelión fiscal y que la vanguardia de la represión anti-comercial esté representada por el radical cordobés, Mestre. Llamamos a aprovechar la oportunidad que brinda esta crisis para reclamar el cese del pago de la deuda externa; la nacionalización de los pulpos bancarios y de los fondos de pensiones; la derogación de todos los impuestos al consumo y el establecimiento equivalente de impuestos a las ganancias y al patrimonio; el repudio a los acuerdos con el FMI, y un aumento general de los salarios. La rebelión fiscal plantea de nuevo la cuestión política de acabar con el gobierno menemista. El conjunto de estos objetivos exige preparar la huelga general indefinida y convocar a un congreso de base de los trabajadores.

Pasados 10 días del plenario de delegados que ‘convalidó’ la reforma negrera del convenio (ver nota), la oposición telefónica, organizada por la Mesa de Enlace, no había sacado una posición pública contra la traición de Rodríguez-Guillán. Las concesiones de este sector a la burocracia han sido decisivas para posibilitar el atropello de Rodríguez y Guillán. Después de haber dejado pasar, sin lucha, el levantamiento de dos asambleas generales que iban a rechazar la reforma del convenio, la Mesa de Enlace aceptó que Guillán, con sólo 8 votos a favor, pudiera vender la sede del sindicato para saldar una quiebra que es responsabilidad de la conducción (la oposición se abstuvo). Y votó luego, con la burocracia, con excepción de la Lista Naranja, una reforma del Estatuto del gremio, que prolonga el mandato para la directiva de 2 a 4 años. El sector pro-CTA, que hegemoniza la oposición, disfraza su política capituladora con el argumento de que va a ganar las elecciones por la dirección del sindicato Buenos Aires este año, por lo cual no hay que ‘hacer olas’ (no luchar). La Lista Naranja lanzó una gran agitación en el gremio "Por la derogación del acuerdo antiobrero de Rodríguez y Guillán". Allí se denuncia la ‘jubilación anticipada’ como un retiro voluntario en cuotas; la‘tercerización’ a las contratistas como una política de reducción de salarios y conquistas, y la polivalencia como la creación del trabajador ‘orquesta’. Concluye llamando a realizar asambleas por edificio para pronunciarse por la derogación del "acuerdo antiobrero", y a trabajar por una asamblea general, que rechace y lance un plan de acción contra los despidos, por la jornada de 7 horas de trabajo y el básico de 1.000 pesos para el cuadro inicial. Allí se convoca a todos los telefónicos del país a impulsar esa lucha y romper con la burocracia rodriguista.

A fines de diciembre, los índices de desocupación y sub-ocupación habían trepado a un escalofriante 32 por ciento de la población económicamente activa. El ‘dato’, que involucra a 4 millones de argentinos y a sus respectivas familias, es, con todo, una imagen atemperada de la realidad. Efectivamente, ese 32 por ciento de trabajadores desocupados o sub-ocupados trepa al 50 (o aún más) en las barriadas obreras o en los sectores más carenciados de la clase obrera. La gravedad del problema llevó al menemismo a presentar cifras burdamente truchas de desempleo, en una desesperada intentona de salvar imagen. "Ha surgido evidencia concreta —señala Wálter Graziano en La Nación— según lo que se desprende de la información aparecida en diferentes matutinos, de que al menos el secretario de Programación Económica, Eugenio Pendas, y quizá también otro u otros funcionarios han manipulado información oficial concerniente al vital tema del empleo y desempleo (...) la manipulación en cuestión no parece tener otro objetivo que llevar a la población a la errónea creencia de que en el período transcurrido entre los meses de mayo y de octubre del presente año, se han generado muchos más trabajos y mucho menos desocupados" (22/12/96) En la provincia de Buenos Aires, nada menos que "un 38,7 por ciento de la población tiene problemas laborales", según cifras oficiales. "Allí está Bahía Blanca, la ciudad con mayor desocupación de la Argentina: el 22 por ciento. Todo eso se supo el viernes, y para Eduardo Duhalde fue el peor día en su carrera hacia la Casa Rosada" (Página 12, 15/12). Duhalde pretendió salir del paso diciendo que "hay mucho trabajo en negro". Pero, como indica Página 12, "los emprendimientos en los que deposita sus esperanzas no parecen suficientes para revertir la tendencia. En Bahía Blanca, donde se produjo el récord de desocupación del país, con el 22 por ciento, las dos obras más importantes son la creación de la zona franca (!) y la puesta en marcha de una megaplanta de fertilizantes que erigirá Pérez Companc, que en ninguno de los dos casos afectará el índice de desocupación antes de las elecciones de 1997" (ídem). Los pavimentos y las calles realizados en la provincia a costa de la explotación brutal de los desocupados, no han generado, según cifras oficiales, más de 25 mil puestos de trabajo. La realidad explosiva de la miseria y la desocupación en la provincia, ha agregado más elementos a la crisis del peronismo. Duhalde reclama "políticas activas para fortalecer las pequeñas y medianas empresas" y compartir los fondos que tiene el ministro de Trabajo para los programas de reconversión laboral. Pero la variante de impulsar a las pymes para crear mayor empleo, como ‘generadoras de trabajo’ en el discurso oficial, no resulta seria ni para el propio gobierno. En una reunión de ministros y asesores de la mayor confianza de Menem, uno de los participantes habría señalado, relata Clarín, "tenemos que ser más sinceros. La desocupación está implícita en el actual esquema económico. Lo que falta son planes de contención social para desempleados"(24/12) La política de flexibilización laboral, que las patronales quieren acrecentar todavía más, ha provocado que, según expertos en la materia, sólo dos de cada cinco trabajadores ocupados sean estables y estén en blanco. Ello quiere decir que para la inmensa mayoría de los trabajadores ‘ocupados’, el despido está presente a través de la sistemática precarización del trabajo (por ‘contrato’, a ‘prueba’). Según la Encuesta de Indicadores Laborales encargada por el Ministerio de Trabajo, que se realiza mensualmente y es de carácter oficial, en octubre "continúa la progresiva sustitución de trabajadores con contratos de duración indeterminada (estables) por personal con contratos flexibles o en periodos de prueba" (Página 12, ídem). Según ese mismo organismo, en el mes citado, considerado como positivo y con una ‘reactivación’ económica en marcha, el empleo sólo creció el 0,8 por ciento, con puestos de trabajo de "baja calidad laboral: 9.4 por ciento de personal con contrato de duración determinada y 18.6 por ciento de trabajadores en periodo de prueba" (Página 12, ídem). Para las patronales, estos últimos están eximidos de toda carga social. En este aspecto, las cifras son terribles: "De cada cien trabajadores incorporados por las empresas en octubre, sólo el 34.9 por ciento lo fueron con contratos de duración indeterminada (estables); 27.6 ingresaron con contratos acotados por el tiempo (por lo general, unos pocos meses); 36.5 fueron tomados a prueba y los operarios restantes, consiguieron su empleo por agencia" (Página 12, ídem) . El 75 por ciento, en condiciones precarias, es decir, integrantes de "un nuevo sector que se agrega a la categoría de desocupados- subocupados, —la de semi-ocupado o con despido asegurado" (Prensa Obrera Nº 524, pág. 5). La desocupación y la flexibilidad, por lo tanto, son dos tendencias del capitalismo que se complementan. Como señala el analista de Página 12 ya citado, las "nuevas modalidades" de trabajo "son utilizadas por las empresas para sustituir trabajadores estables, contando para ello con el subsidio fiscal (del estado) (...) de esta manera la desgravación de las modalidades flexibles de contratación tomó el lugar de la vilipendiada promoción industrial, que el gobierno de Menem denunció y enterró" (Página 12, ídem). "Si esto sigue así —continúa Página 12— en el 2000 todos los argentinos estarán en periodo de prueba" (ídem). En esto consisten las ‘políticas activas’ de las que habla Duhalde. Es decir, la situación no se agota en la calamidad actual del desempleo. Impulsar el movimiento de los desocupados, más que nunca se convierte, entonces, en una necesidad del conjunto de la clase trabajadora argentina.

Desde estas páginas dimos cuenta de la valiosa lucha de Rotográfica Argentina, en un terreno que calificamos como "uno de los más difíciles del movimiento obrero", el recurso de crisis. Y caracterizamos como un gran golpe a la patronal y a la burocracia ongarista el rechazo de la rebaja salarial, a la extensión de jornada y a los despidos, a pesar de que se aceptó resignar un premio del 9% por cuatro meses. A poco de andar, la cosa pasó a mayores. El taller ha retomado la senda de la lucha en forma más profunda. La patronal no ha pagado aguinaldo, retrasó la quincena y no paga el adelanto de vacaciones a los compañeros que les va tocando salir. Los gráficos, que sufrieron este tipo de prácticas durante años sin poder revertirlas, han dicho basta. Una masiva asamblea general de fábrica resolvió un verdadero menú de medidas para enfrentar de lleno la política negrera de la patronal. Se resolvió el envío masivo de telegramas conminatorios por los atrasos en los pagos, se votó ‘apretar’ al Sindicato para denunciar en forma urgente al Ministerio la caída del acuerdo de resignación del premio del 9% por incumplimiento de las fechas, y se adoptó la actitud de no tomar las vacaciones si no está la guita con la correspondiente carta-documento. Pero falta el plato fuerte del menú. Concientes, porque así lo discutió la asamblea del taller, de que las medidas jurídicas o administrativas son ‘tortugas’ al lado de la urgencia de las necesidades obreras, se resolvió unquite de colaboración de todo tipo de extras, algo que afecta la salida de importantes trabajos, en especial del sector valores, donde hay compromisos de apuro con clientes importantes. La medida se toma después de meses de lucha para cobrar las extras a su verdadero precio con el 50% o el 100% de recargo, según el caso, algo que durante mucho tiempo no se respetó. Esta circunstancia mide el valor político de la medida, lo que se juegan los compañeros, y expresa además un salto en la conciencia política del taller, que toma la iniciativa y desplaza el centro de gravedad a una medida de acción directa. El revés para la empresa fue tal que la gerenta de Personal fue víctima de un ataque de nervios y llantos que graficó el fracaso de la política patronal. Eso sí, la señora no estuvo sola a la hora de la angustia, porque los burócratas ongaristas planteaban esperar 5 días hasta una audiencia con la empresa en donde se dialogaría todo. Claro está, sin cobrar ni comer, algo secundario para los defensores de esta "fuente de trabajo" en perpetua crisis. En pocos días habrá elecciones de interna, postergadas por el conflicto. El taller se sale de la vaina por reemplazar al sector de delegados controlado por la burocracia —ya hubo varios pedidos de renuncia—; el problema es que compañeros honestos, de base, den el paso. Adelante, compañeros, Rotográfica indica que en el gremio gráfico, como en el conjunto del movimiento obrero, se pueden "saltar etapas" desde los golpes recibidos hacia la organización, la lucha antipatronal y el cambio a una dirección clasista.

El desempleo en el Gran Córdoba llegó a su registro histórico más alto, y colocó en ridículo a la propaganda oficial sobre el ‘crecimiento en el empleo’ por las ‘inversiones’ de la industria automotriz.Con el 18,8% de desocupación, y si se suma la sub-ocupación del 17,5%, estos es casi 180.000 trabajadores, Córdoba pasó a ‘compartir el liderazgo’ de las ciudades devastadas por el desempleo, junto a Mar del Plata, Tucumán, Bahía Blanca, Rosario y el conurbano bonaerense. Ninguna provincia ha conocido un crecimiento tan brutal de la desocupación en tan poco tiempo. Según otros datos del Indec, entre mayo de 1994 y mayo de 1996 se destruyeron 78.244 puestos de trabajo, entre ellos los casi 14.000 empleos en el Estado provincial que se cobró el ‘ajuste’ de Menem-Mestre. La naturaleza del ‘boom’ automotriz proclamado por funcionarios y empresarios a partir de la firma de los ‘convenios’ Fiat-Smata, ha quedado al desnudo. El régimen automotriz ‘argentino’ ha sido dictado por los grandes pulpos con el objetivo de instalar plantas de ensamblaje y ‘cabeceras de puente’ para importar piezas y unidades terminadas. La política del ‘auto mundial’, simbolizada en el ‘Palio’ de Fiat, consiste en derivar una parte cada vez mayor de la fabricación de los coches a subcontratadas, que producen piezas y subconjuntos dentro y fuera del país con salarios inferiores a los de las terminales, y condiciones de ‘ultraflexibilidad’(que significan menor ocupación de trabajadores). Como al mismo tiempo, las terminales tienen garantizado un inmenso cupo de importación de unidades terminadas (pueden importar vehículos por el monto de la inversión y de la exportación que declaren), casi la mitad de los coches que se venden en el país es traída de afuera por las propias terminales (48,5% en el primer semestre de 1996). La importación es concebida como un medio para eliminar a la competencia ‘nacional’ y provocar una aguda concentración industrial. Esto explica que la política en curso, lejos de ‘crear puestos de trabajo’ los disminuye, cuestión que ha venido a confirmar la ‘incuestionable’ encuesta del Indec. Según un economista (Roberto Feletti), "el aumento (en la desocupación) puede explicarse por la fuerte expulsión de mano de obra que registró el sector metalmecánico a mediados del 96" (La Voz, 8/1).

La gran huelga de varias industrias y servicios que tiene lugar en Corea del Sur ya fue calificada como "la primera de semejante amplitud en la historia del país" (Le Monde, 3/1). La lucha fue desatada por la aprobación subrepticia de una ley que "autoriza a los empresarios a despedir en masa a los huelguistas y reemplazarlos por trabajadores temporales, así como a aumentar hasta 56 horas la semana laboral"(La Nación, 13/1). Estas leyes ‘flexibilizadoras’ fueron exigidas por la Federación de Industrias como respuesta capitalista al colapso del ‘milagro’ del ‘tigre asiático’. Desde principios de septiembre, las ‘chaebol’ (las gigantescas corporaciones capitalistas del país, como Samsung, Daewoo, Hyundai) venían reclamando "congelamientos salariales y recortes a las normas laborales" (The Economist, 14/9). La burguesía sudcoreana, como en todos lados, quiere salvar sus beneficios afectando las conquistas sociales. La reacción obrera fue proporcional a los derechos que la burguesía vino a conculcar. Ante la profundización de las medidas de fuerza, el gobierno dictó el arresto de los dirigentes de la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), que no tiene legalidad. Pero esto no hizo más que llevar más leña al fuego, porque de inmediato, junto a la otra central —la Federación de Sindicatos Coreanos (FKTU)—, sí reconocida oficialmente,"dieron un ultimátum" al gobierno: "si en una semana no modifica la polémica ley laboral recientemente aprobada, se enfrentará a una huelga general sin precedentes que incluirá la actividad del sector público" (cable de Reuter, 9/1). Ocurre que junto a las leyes flexibilizadoras, se aprobaron "fuertes recortes en el funcionamiento de los sindicatos" (ídem) y otra ley que "aumenta los poderes de la policía secreta" (Le Monde, 3/1). El gobierno respondió al ultimatúm con despidos masivos en la administración pública, con la expectativa de "que los sindicatos no se atreverán a cumplir las amenazas y que las protestas, que se prolongan ya desde hace varias semanas, irán reculando poco a poco" (Reuter, ídem). También fue allanada la sede de la KCTU y de los sindicatos metalúrgico, hospitalario y automotor, sin practicar todavía arrestos. La réplica a esta ofensiva fue declarar un paro general nacional para el 14 y 15 de enero. "Siete dirigentes sindicales contra los que pesa orden de detención... dirigen las huelgas desde la catedral, custodiada por centenares de obreros armados con barrotes de hierro" (La Nación, 13/1). El régimen de Kim Young Sam, debilitado por la crisis económica previa, fue duramente golpeado por la amplitud del movimiento huelguístico. "La extensión de los enfrentamientos casi seguramente implicarán que el gobierno tendrá que buscar algún tipo de compromiso", dice el Financial Times en un editorial (7/1). Es el mismo significado que tiene la declaración de la OCDE, una institución de las naciones económicas más desarrolladas, que rechaza la nueva legislación porque no legaliza el funcionamiento sindical. Se trata de una puerta que abre el imperialismo para cooptar a la burocracia sindical y levantar la sublevación popular. Según un cable, el presidente de la KCTU, Kwon Young Kil, en una carta librada el 7/1 a organizaciones sindicales de todo el mundo, reclama "reabrir la discusión parlamentaria para corregir la ley laboral, incluyendo a los representantes sindicales". Las direcciones sindicales han hecho saber que no esperan que el gobierno derogue las leyes flexibilizadoras, pero sí que se avenga a una negociación. Admiten que se establezca el despido sin causa, pero a condición de que sea compensado por un seguro o indemnización a los cesanteados. Dada la belicosidad de las masas, esta contrapropuesta oficiosa constituye una capitulación. La impresionante reacción del proletariado sudcoreano "podría extenderse a los Tigres asiáticos y otros países vecinos"; "las autoridades indonesias enfrentan un creciente desafío de un sindicato independiente cuyo líder está encarcelado. Los trabajadores tailandeses, en reclamo de un mayor bono de fin de año, quemaron el mes pasado en Bangkok una fábrica de la japonesa Sanyo, y los sindicatos indios se movilizan contra las reformas neoliberales. Lee Cheuk Yan, secretario general de la Confederación de Sindicatos de Hong Kong, dijo que los cambios afectaban a muchísimos obreros asiáticos y ‘la única solución es defenderse’. Consideró que ‘la tendencia en Asia está a favor del nacimiento de nuevos sindicatos independientes, como en el caso de Corea del Sur’... (En la India) el mes pasado, unos 200.000 empleados de aseguradoras estatales hicieron huelga contra la privatización e ingreso de empresas extranjeras. Otras similares se dieron en los bancos"; en Filipinas, "hay una multiplicación de huelgas en grandes empresas", etc. (Página 12, 10/1). El Financial Times informa que en Corea del Sur, los "costos laborales por unidad crecieron un 46 por ciento desde 1985, comparados con el 25 por ciento en Taiwán y un 4 por ciento en los Estados Unidos"(7/1). En Singapur, hay un "alto nivel de los salarios, que ascendieron en algunos casos arriba de los niveles europeos" (ídem, 14/11). El derrumbe sudcoreano, como el de Singapur o Indonesia —que están sólo un escalón más abajo—, está indicando la definitiva incorporación de aquéllos al inmenso pelotón de naciones que se estrechan en una

Para el 7 de febrero se ha anunciado la visita de Menem a Mar del Plata. La anfitriona es la burocracia sindical del Sindicato del Pescado y la Comisión Mixta de "Defensa del Puerto". El propósito del encuentro es adaptar milimétricamente el proyecto de Ley Nacional de Pesca a las necesidades de las grandes empresas pesqueras. En realidad, se trata de garantizar un marco de "seguridad jurídica" a las inmensas prebendas que ha venido recibiendo este sector industrial, en constante ascenso merced a subsidios, reembolsos y a la superexplotación de los obreros del pescado. El Partido Obrero llama a movilizarse el 7 de febrero contra el representante máximo del régimen negrero y entreguista, a organizar una jornada de lucha por todos los reclamos planteados: subsidio de 500 pesos a los desempleados, reincorporación de los compañeros despedidos en el INE y en la Colonia Chapadmalal, no a la privatización de ESEBA, paritaria y convenio colectivo único para los trabajadores del puerto.

El ‘estallido’ sudcoreano constituye una reacción popular a una muy grave situación económica y política de conjunto en todo el Sudeste asiático."La imagen de unos Tigres Asiáticos ultraeficientes, con gran productividad y mansedumbre por parte de unos trabajadores con derechos laborales computables en cero, está siendo golpeada en su principal vitrina de exhibición: Corea del Sur" (Página 12, 10/1). Toda la región, y especialmente los países líderes, están al borde de grandes crisis. "Singapur —decía el Financial Times el 14/11, el país "en la cima del Sudeste asiático"— "está soportando su peor aflojamiento económico en una década" . Corea del Sur concentra los problemas característicos del Sudeste asiático. Su crecimiento económico cayó en 1996, como consecuencia de "una recesión para los stándares coreanos, fruto de un aflojamiento en las exportaciones debido a su pérdida de competitividad por los altos costos de producción" (Financial Times, 6/1). Como resultado de la crisis del sistema bancario y de la elevada deuda de la industria, "las compañías coreanas pagan tasas de interés de más del 12% —dos veces más altas en términos reales que en Japón y en Taiwan" (ídem, 9/1). Es precisamente "su propio sistema bancario (el que ahora) explota" (The Economist, 21/12): "Al 1º de julio, 3 mil millones de dólares (de la cartera de créditos de los bancos) fueron clasificados de ‘incobrables’, un 18% más que al inicio del año... Pero el verdadero cuadro es peor. Las regulaciones bancarias sudcoreanas no exigen declarar los préstamos ‘morosos’ hasta seis meses después de impagos sus intereses, y aun así, sólo deben reservar el 15% del préstamo para cubrir las pérdidas. Cuando se abandona toda esperanza de cobranza se manda a reservas el 75% del valor del crédito" (ídem). Los bancos tienen acciones en las industrias que son contabilizadas en los balances "a sus precios de compra" : "si ellos revaluaran sus carteras a sus precios corrientes de mercado, los siete bancos sudcoreanos más grandes reportarían una pérdida de alrededor de mil cien millones de dólares en el año que concluye el 31 de diciembre" (ídem). De ahí que "los beneficios (que declaran los bancos) son mayormente artificiales" (ídem). Los ‘chaebol’, informaba también The Economist el 14/9, están "vaciando industrialmente" al país, debido al "sobreendeudamiento" y a los "desbalances" empresarios. La ‘afamada’ industria de ‘chips’electrónicos está sufriendo "una dramática caída de beneficios" (ídem). Los de Samsung Electronic’s cayeron "un 60% en la primera mitad del año, comparado con el mismo período del año anterior" (ídem). Antes de las grandes huelgas, "la Bolsa (había caído) al mínimo de los últimos 50 meses" (cable de Reuter, 9/1). Según un alto ejecutivo de Samsung, toda una serie de ‘sectores de punta’ de la industria sudcoreana tienden a desaparecer: "creo que textiles, petroquímica y astilleros son probables candidatos" (The Economist, 14/9). De acuerdo a la revista londinense, los principales grupos, como el ya citado, Hyundai, Pohan Iron & Steel Co (Posco), Sunkiong y Daewoo, ya han iniciado su "reconversión". Según un ‘consultor’ del gobierno, dos proyectos en marcha " serán quizás las últimas grandes inversiones en la industria pesada" (ídem). El "problema", decía ya en septiembre el vocero imperialista, es que las ‘unidades industriales’que cierran "tienen que ofrecerles (a sus trabajadores) mucho dinero" (ídem). La ‘flexibilización laboral’, no es una ‘imposición’ del ‘progreso’ capitalista, sino un dictado de su bancarrota mundial. La ‘flexibilización’ es la contracara de la ‘desindustrialización’ y del derrumbe económico a escala planetaria. El imperialismo reclama la ‘regularización’ del sistema bancario sudcoreano a las ‘normas internacionales’, para precipitar la bancarrota de sus competidores y confiscar sus capitales. Al final, la burguesía sudcoreana no pudo desembarazarse de su dependencia de Wall Street.

El anuncio de Roque Fernández, de que no habrá partidas extraordinarias (por fuera del presupuesto nacional) para pagar deudas con los jubilados (Clarín, 8/1), posterga por un año el pago de las sentencias ganadas por cerca de 70.000 jubilados. Y convierte en una gran farsa toda la polémica sobre la deuda ‘catastrófica’ del Estado con los jubilados que se desarrolló en los últimos meses. La aclaración de Fernández significa que sólo se apelará a la partida del presupuesto del 97 ya votado por el Congreso, que prevé apenas 20 millones para el pago "de estas contingencias". Con ello se pagarían, en efectivo, sólo las deudas con los "jubilados mayores de 76 años con problemas graves" (Ambito, 31/12). El resto tendrá que esperar a que se hagan "las previsiones de cómo se va a atender esa obligación a partir de los presupuestos de 1998 en adelante" (Clarín, 8/1). Ya la resolución de la Corte Suprema sobre las demandas de los jubilados por haberes mal liquidados, fue una estafa que no tiene antecedentes. La Corte reconoció el pago de una corrección de apenas el 10,17% a los 70.000 jubilados que tenían sentencia firme en su demanda de pago de retroactividades por movilidad a partir de Abril del 91, fecha del ‘congelamiento’ de haberes de la Ley de Convertibilidad. Ni siquiera el 13,78%,como transmitieron los voceros de la propia Corte, ya que un 3,28% se venía cobrando por una resolución ministerial previa (Ambito, 8/1). El 10,73% es un artificio arbitrario de la Corte, que extrapoló a 30 meses la última corrección semestral (por AMPO) de Abril del 94. El costo de vida, en cambio, desde la ‘convertibilidad’, aumentó un 63%. La minoría de la Corte votó por el 25%, basándose en un índice de actualización según el sueldo del peón industrial. La Corte reconoció el ajuste sólo hasta Marzo del 95, cuando entró en vigencia la llamada Ley de ‘solidaridad’ previsional, que eliminó la movilidad para las nuevas jubilaciones. En sus demandas, los jubilados pedían que se declare la inconstitucionalidad de esta ley. El gobierno y el Ministerio de Economía se han mostrado satisfechos con la sentencia de la Corte (La Nación, 4/1). Consideran como conquistas propias, entre otras, que el fallo deja establecido que, a partir de la ley de‘solidaridad’, no existe otra movilidad que la que anualmente fije el Congreso en la ley de presupuesto, quedando "desterrados todos los mecanismos indexatorios, incluidos los fijados por leyes especiales". Confirma la desaparición de la relación entre el haber previsional y los sueldos de los activos (desaparece el 82% móvil). Dispone que la movilidad automática de las jubilaciones no es una garantía constitucional (14 bis). El otro aspecto con que se regodea la burguesía, es que "si un jubilado considera que se encuentra inserto dentro de las prescripciones del dictamen de la Corte, deberá iniciar un nuevo juicio desde primera instancia y deberá esperar el cumplimiento de los mecanismos judiciales" (Julio Nazareno, presidente de la Corte, Ambito, 30/12). Y como sólo se puede reclamar retroactividad por dos años (los anteriores están prescriptos), se desalientan nuevas demandas, especialmente a los jubilados de sueldos bajos, que no van a pleitear varios años por 1.000 pesos de retroactividad y 50 pesos de aumento jubilatorio (Página12, 4/1). El ‘procesista’ Juan Alemann, en una nota que titula "Un fallo sin mayores consecuencias" (La Razón, 2/1), considera que la situación es totalmente manejable, a partir de que, aparte de los 70.000 beneficiados, hay otros 55.000 en trámite. Y otros, dice cínicamente, que podrían presentarse, "en su mayoría sus pretensiones están prescriptas y en muchos, los importes del reajuste son tan bajos, que les costará encontrar un abogado que se quiera ocupar del caso. Y otros, entre tanto, se murieron". Considera que no serían más de 2.500 millones de pesos los que están en juego, de los cuales, sólo 300 se pagarán en efectivo. El resto en Bocones y en cuotas. La estafa múltiple a los pasivos, entonces, consiste en que el fallo de la Corte licuó las deudas con un índice antojadizo, que no llega a cubrir ni la quinta parte del 63% que aumentó el costo de vida. En que desalienta la presentación de nuevas demandas. Que la miserable corrección será pagada, en la mayoría de los casos, en Bocones y a partir de 1998. Y que deja en firme las leyes menemistas de destrucción del sistema previsional. El saqueo permanente a los haberes de los jubilados es el precio de la política de vaciamiento del sistema previsional, por la reducción de los aportes patronales, el desvío de los aportes hacia las AFJP, la alta tasa de desempleo y la creciente incidencia de los contratos flexibilizados que desgravan el trabajo. El programa del Partido Obrero es: 1. el reconocimiento integral de la movilidad de las jubilaciones por el costo de vida; 2. la extensión automática a todos los jubilados, hayan o no iniciado demanda judicial; 3. pago inmediato y en efectivo, sobre la base del desconocimiento de la deuda externa; 4. derogación de las leyes de Reforma Previsional y de ‘solidaridad’ previsional.

Lenin lleva a su punto extremo la argumentación cuando recuerda que incluso en una situación insurreccional los bolcheviques participaron en elecciones: "Participamos, de setiembre a noviembre de 1917, en las elecciones al parlamento burgués de Rusia, a la Asamblea Constituyente". Lenin recuerda que a pesar de que los obreros y campesinos estaban "excepcionalmente dispuestos" a disolver el parlamento burgués más democrático, los bolcheviques no lo hicieron. Su conclusión es contundente: "está probado que, aún unas semanas antes del triunfo de la República Soviética, aún después de este triunfo, la participación en un parlamento democrático-burgués no sólo no perjudica al proletariado revolucionario, sino que le facilita la posibilidad de hacer ver a las masas atrasadas por qué semejantes parlamentos merecen ser disueltos...". Objetivos de la lucha parlamentaria Lenin decía que el revolucionario va al parlamento burgués para "sostener una lucha prolongada, tenaz, sin retroceder ante ninguna dificultad para denunciar, desvanecer y superar dichos prejuicios" (prejuicios democrático-burgueses y parlamentarios que tienen las masas, N. de la Red.). Por eso que el parlamento se convierte en una escuela: "es imposible", decía Lenin, formar "jefes revolucionarios" buenos, seguros, probados, con autoridad "sin hacer pasar a los ‘jefes’, entre otras pruebas también por las del parlamento" (subrayado de Lenin). Para concluir su arenga contra los loristas del ’20, Lenin les dice: "¿Quieren crear una sociedad nueva? ¡Y temen crear una buena fracción parlamentaria de comunistas convencidos, abnegados, heroicos, en un parlamento reaccionario! ¿Acaso no es esto infantilismo?". Para el lorismo hay caducidad histórica y política El lorismo parte de la inviabilidad de la democracia en la Bolivia atrasada. Pero no se detiene en esa tesis (caducidad histórica). Además, cree que casi siempre han "superado las ilusiones democráticas", por lo menos la última década (!), sí. Por eso, además de la "caducidad histórica" se presenta la "caducidad política". Sin embargo, no se anima nunca a convocar a "disolver el parlamento" sino simplemente a la abstención y al voto en blanco, condenando al POR a su inactividad y a su desaparición en las elecciones. Justifica su afirmación en el "asco" de las masas frente al parlamento y a los parlamentarios. Y cree demostrada la corrección de su planteamiento cuando una y otra vez se constata el abstencionismo masivo y la tendencia permanente de las masas bolivianas a la movilización y a la acción directa para resolver sus problemas. La política marxista no puede basarse en una supuesta "caducidad política" del parlamento por el "asco" que sienten los sectores de vanguardia y ni siquiera por el repudio de grandes sectores de la población al parlamento burgués y a la politiquería burguesa (corrupción, transfugio, demagogia, etc.). Para Lenin es "francamente criminal dejarse llevar por esos sentimientos". Tampoco puede decirse que las masas en todo momento han superado las ilusiones democráticas, por la acentuada tendencia de aquéllas a recurrir a la acción directa y a la movilización. El criterio leninista es claro: si no estamos en condiciones de "disolver" el parlamento, no podemos lanzarnos al boicot; tenemos la obligación, como revolucionarios, de participar en las elecciones. El lorismo utiliza un subterfugio diciendo que "participa" en las elecciones con voto en blanco o abstención. De esta forma, declara receso durante los procesos electorales y le sirve para tapar su pequeñez y su incapacidad. Además, le sirve para subrayar su supuesta "pureza revolucionaria". Los que van a elecciones son el imperialismo, la burguesía, los reformistas y los contrarrevolucionarios. Ellos, los superrevolucionarios, no pueden ensuciarse en ellas, porque... dan asco... Esa forma de plantear el problema es propio del infantilismo de izquierda. Los leninistas-trotskystas decimos: la burguesía y el imperialismo llevan a sectores importantes de las masas al carro electoral democrático-burgués (aunque los revolucionarios no lo queramos) y es precisamente por ello que debemos introducirnos en ese campo, para llevar desde el vientre de las instituciones burguesas, a las grandes masas, el mensaje revolucionario. Hay momentos en los que la burguesía arrastra incluso a los sectores de avanzada de las masas, al campo electoral, como sucede, por ejemplo, en la lucha contra las dictaduras y por las libertades democráticas. Es cierto que en algunas circunstancias puede servir el voto en blanco o la abstención, sobre todo cuando se puede crear una corriente activa en el seno de las masas que alimente esa tendencia. Pero es un absurdo convertirlos en la línea maestra de una organización que se reclama revolucionaria. No se puede confundir el abstencionismo de grandes sectores del campesinado, por ejemplo, con la superación de las ilusiones democráticas, porque ésta significa un nivel elevado en la evolución política. Esos importantes sectores demuestran simplemente que están al margen de la "democracia", que viven aislados, en su parcela, su comunidad o su tribu. El lorismo no logra comprender que la política revolucionaria del proletariado tiene que proyectarse a todos los niveles, combinar la lucha legal con la ilegal, para llegar a las grandes masas. Se trata de hacer un gran partido de masas y no simplemente pequeñas sectitas. Lenin señalaba que la desesperación y el subjetivismo de la pequeña burguesía está en la base de estas desviaciones políticas y complementaba su crítica diciendo: "no saben razonar, no saben conducirse como partido de clase, como partido de masas". Cretinismo antiparlamentario Quienes critican a la Oposición Trotskysta son las sectas maoísta y lorista, que padecen de la enfermedad opuesta, el cretinismo antiparlamentario. El maoísmo, por ejemplo, en Liberación Nº 19, plantea la consigna "Sabotaje total a las elecciones". Señala que cualquier participación en las elecciones burguesas, cualquiera que sea, es ya una demostración de que se trata de los "falsos izquierdistas" que legalizarán, legitimarán y prestigiarán a los candidatos burgueses. En esta concepción dogmática y antimarxista no entra para nada la concepción leninista de la obligatoriedad de participar en los parlamentos ultrarreaccionarios para combatir contra ellos, para difundir la doctrina revolucionaria de la destrucción del Estado burgués. A los maoístas les recordamos que ni siquiera estamos en guerra popular y prolongada para aplicar mecánicamente esta receta; resulta risible su posición en el sentido de que el abstencionismo DESTRUYE los cimientos mísmos de la "falsa democracia". El lorismo está, en los hechos, en una posición similar. Si bien habla de que no rechaza en principio la actuación en el parlamento, casi siempre plantea la abstención y el voto en blanco. Justifica su posición con la supuesta "superación de las ilusiones democráticas" de las masas. Cuando participa en elecciones, lo hace como si estuviésemos viviendo un proceso insurreccional, como fue el caso en 1985. Es la negación de la política leninista al respecto. Frente revolucionario Hasta el momento, las diferentes candidaturas se vienen cocinando a espaldas de las grandes mayorías, girando en torno a determinados caudillos que pelean por fungir como candidatos, en los diferentes niveles. Se utiliza como instrumento de chantaje e imposición de los candidatos de cada capillita la inscripción en la Corte Nacional Electoral. Los inscriptos, Izquierda Unida, Eje Pachacuti y Frente de Salvación Nacional, buscan otras capillas que puedan darles mayor cantidad de votos. Ciertamente que se trata de una pugna entre grupitos que no están preocupados en elaborar y plantear ante el país una clara respuesta revolucionaria frente al neoliberalismo y al post-modernismo. Nadie habla de la necesidad de estructurar la unidad en torno a un programa revolucionario que permita utilizar la lucha electoral y el parlamento como verdadera tribuna del pensamiento revolucionario. La Oposición Trotskysta plantea esta perspectiva revolucionaria. Si no se puede concretizar en la perspectiva de participar con candidatos en la arena electoral burguesa, llevaremos adelante una campaña en el sentido de repudiar a todos los candidatos de la derecha y de la izquierda reformista. No por principio y tampoco porque las masas han superado eternamente las ilusiones democráticas, simplemente por la imposibilidad de utilizar un mejor canal en la perspectiva revolucionaria.

El 14 de diciembre, The Economist informó que en 1996, los fondos de pensión chilenos "perdieron el 2%", en contraste con las tasas de crecimiento que durante más de 10 años promediaron el 12%. Las AFJP chilenas fueron el ‘pivote’ en torno al cual giraron todos los sistemas de ‘privatización’ jubilatoria que se han venido introduciendo recientemente en el continente. La imagen de los ‘fondos de pensión’ que tienen los chilenos, según el insospechado informe de The Economist, es dramático: "Pocos esperan ver alguna vez su dinero de nuevo. Menos aún se dan cuenta que las alzas y bajas de los mercados afectarán su confort durante su vejez. En las encuestas este año, los chilenos interrogados sobre las organizaciones en que más confiaban, destacaban entre las peores a los fondos de pensión ... Sólo los sistemas de salud privados se ubicaban más abajo". La ‘jubilación privada’ se ha transformado, ni más ni menos, en una ‘variable de ajuste’ de los negocios capitalistas, ya que cualquier derrumbe económico es ‘costeado’ por los aportistas compulsivos que son los trabajadores. Si la economía capitalista ‘va para adelante’, hay una jubilación miserable; en caso contrario, no hay nada. El régimen de los fondos de pensión son una muestra extrema del hipotecamiento de las masas en beneficio de la gran burguesía financiera. Los fondos de pensión son un ‘engranaje’ de la especulación financiera, que permite a los grandes bancos imperialistas y a los ‘fondos de inversiones’ reunir recursos con los que ‘operan’ en títulos públicos y acciones, exaccionando ‘compulsivamente’ a los asalariados y ‘engañosamente’ a la pequeñoburguesía que quiere defender sus ahorros. El derrumbe de los fondos de pensión chilenos ha sido seguramente superior a lo que indica The Economist. La caída de las acciones que cotizan en la Bolsa de Santiago, donde los Fondos ponen la plata de los trabajadores, "anotó un deterioro anual de 20% en 1996, con una contracción del volumen de 26% respecto de las realizadas un año antes" (El Cronista, 3/1). Es interesante destacar que entre las acciones que mayor caída tuvieron se destacan las de los grupos chilenos que entraron en las ‘privatizaciones’ argentinas: las eléctricas Endesa, Chilgener y Enersis cayeron un 33%, 22% y un 2%, respectivamente (ídem). Las papeleras, entre las que se encuentra la que se alzó recientemente con Alto Paraná, cayeron en promedio un 19% (ídem).

La dictadura de Fujimori se niega a dar satisfacción a los reclamos del MRTA, y peor aún, según diversas fuentes ha agravado las condiciones en que retiene a los presos políticos y sociales. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado el peligro que se cierne de una matanza sin precedentes no sólo sobre la embajada de Japón, sino fundamentalmente en las cárceles, reproduciendo las de las prisiones de Lurigancho, El Frontón y El Callao, en la última década, cuando fueron asesinados más de 250 prisioneros políticos. Las FF.AA. peruanas perpetraron estos crímenes, y otros como la famosa matanza de la Cantuta, ejecutada por el grupo ‘paramilitar’ Colina contra estudiantes y profesores. Las fuerzas represivas fueron ‘absueltas’ por estos crímenes en 1995. En diciembre pasado, el ejército secuestró al general retirado, Rodolfo Robles, por sus denuncias contra el grupo Colina, dirigido por uno de los principales jefes del Ejército y hombre ‘clave’ del régimen, lo cual provocó —según Clarín (6/12)— un "enorme rechazo popular a la violenta detención". La ‘democracia’ peruana, que se ha mostrado tan ‘generosa’ en materia de amnistías para las fuerzas armadas y policiales, no escatima en cambio, en las más terribles crueldades contra los presos políticos, al punto queThe New York Times (5/1) no dudó en definir a las cárceles peruanas como un "tríptico del infierno de Hyeronimus Bosch", "loqueros medievales" donde los presos "padecen condiciones escandalosas" (ídem). Las condiciones de hacinamiento son tan brutales, que Francisco Soberón, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú, sostiene que en esas condiciones "se hace imposible creer que puedan sobrevivir" (Clarín, 14/1). "Son tan inhumanas las condiciones —dice la madre de un preso—, que las revistas y diarios que les hacemos llegar deben ser de cinco años atrás. Tampoco podemos entregarles ropa de color, porque parece que las autoridades quieren que todo sea gris" (ídem).

El PARTIDO OBRERO ha lanzado una campaña de actos públicos "Por la Unidad Electoral y en la Lucha de los Obreros y la Izquierda". A lo largo y ancho del país, en los centros más populosos, el PO levantará tribunas para denunciar el ataque del gobierno y de los capitalistas contra las condiciones de vida de las masas trabajadoras y para promover la constitución de un frente de la izquierda y del movimiento obrero combativo. Invita a participar de los mismos, en igualdad de condiciones, a todos los partidos de la izquierda y a todos los integrantes del movimiento obrero combativo. El PO plantea la necesidad de una movilización de la vanguardia obrera y de la izquierda. La convocatoria de internas de la izquierda y el movimiento obrero combativo, la realización de Asambleas Unitarias, Plenarios Regionales, Conferencias, para elegir candidaturas únicas contra los partidos burgueses y votar cursos de movilización en favor de un Congreso de Bases de las organizaciones obreras y de los explotados, tienen ese objetivo. Por eso el PO levanta tribunas, sale a denunciar al gobierno y propone el común acuerdo entre todos los que acepten esta necesidad que nos impone la lucha política y de clases nacional. Para que esto fructifique, compañero, lo invitamos a que se sume a los actos y a que aporte financieramente. Porque esta campaña requerirá de muchos fondos para solventarla, para pagar la agitación, levantar las tribunas, alquilar el sonido, pegar los carteles y permitir el viaje de compañeros.

La dictadura del clan Milosevic marcha a paso acelerado hacia su desintegración. Tras casi 2 meses de impresionantes movilizaciones callejeras diarias, el bandido de Belgrado está siendo abandonado por sus apoyos más sólidos: la iglesia y el ejército. El giro militar comenzó a fines de diciembre, cuando una importante unidad de Nis, la segunda ciudad más importante de Serbia, se solidarizó con los estudiantes con una carta abierta."Los tanques de guerra —decía— apuntarán sólo contra los enemigos y si es necesario nos pondremos de parte del pueblo y asumiremos la conducción" (El Cronista, 31/12). Días después, el "jefe militar más importante de Yugoslavia, el general Momcilo Perisic", se reunió con representantes de los estudiantes y de la oposición, en una "confirmación de que las fuerzas armadas desobedecerían la orden de disolver las protestas" (La Prensa, 8/1). También "la Iglesia Ortodoxa de Serbia condenó firmemente al presidente Milosevic" (Le Monde, 4/1); así "pierde a un aliado vital" (The Guardian Weekly, 5/1). Después que el dictador "fortificó sobremanera y recompensó generosamente" a la policía, al punto "que cuenta con un hombre cada 265 habitantes, una de las proporciones más altas de toda Europa" (El Cronista, ídem), "los analistas creen que la estrategia del presidente no es simplemente aumentar el número de ellos sino importar deliberadamente policías que no conozcan a los manifestantes y no resistan órdenes de atacarlos" (La Prensa, 8/1). Ahora, Milosevic "ni siquiera domina totalmente a la policía ... algunos pueblos no cederán sus efectivos para el traslado a la capital" (ídem). Esto explica que "en el gesto de apertura más significativo en las últimas ocho semanas, (Milosevic) anunció una revisión ‘a la mayor brevedad’ de los resultados de los comicios", "respetar ‘hasta el fin la voluntad electoral de los ciudadanos’, y prometió que los responsables del fraude serán castigados" (La Nación, 12/1). Dos semanas antes, el gobierno había reconocido una victoria parcial de la oposición en municipios menores, y varias cortes electorales locales denunciaron el fraude. En Nis, "Ljubisa Ristic, presidente de la Unión de Izquierda, el partido encabezado por la mujer de Milosevic, dijo saber que por lejos había ganado la oposición" (The Militant, 6/1), lo que había llevado al gobierno a decir que "no ha ‘terminado de estudiar’ los resultados del escrutinio en Nis" (Le Monde, 6/1). La coalición opositora Zajedno y el imperialismo mundial se empeñan en evitar que se ‘desestabilice’ el régimen, para lo cual reclaman un acuerdo nacional que permita elecciones legislativas limpias para fines de año, e incluso "un gobierno de coalición" (La Nación, 13/1), aunque la ‘oposición’, frente al cuadro de crecientes movilizaciones, se ha negado a integrarlo (ídem). La desintegración del régimen, mientras tanto, avanza:"funcionarios del gobierno... criticaron a los extremistas del partido y a la prensa estatal, un hecho sin precedentes" (ídem). La prensa mundial ha confundido deliberadamente al movimiento popular de oposición a Milosevic, que tiene su epicentro en la movilización estudiantil, con la ‘oposición’ política reunida en Zajedno. Es evidente, sin embargo, que "los estudiantes insisten en distinguirse de los partidos de la oposición... ¿quién nos garantiza —se preguntan— que la oposición llegada al poder, se comportaría diferentemente de los actuales gobernantes?" (El Cronista, 31/12). Según informa The Militant, los estudiantes denuncian una ‘campaña de prensa’ en su contra de parte de los grandes medios (6/1). Los estudiantes le habrían dado a sus reclamos un carácter abiertamente antiimperialista: las consignas voceadas en las primeras movilizaciones frente a la embajada norteamericana en Belgrado fueron "USA, USA, queremos el cambio" (La Gauche, 22/11); llaman en sus escuelas a los representantes de los países imperialistas "embusteros" y "escoria americana" (Times, citado en The Militant, 6/1). Según Brecha (31/12), los estudiantes "han creado una‘policía’ propia. Nadie puede entrar en los predios de la Facultad de Filosofía, en el centro de la capital, si no demuestra que es estudiante". Las consignas con las que han pintado los ‘campus’ universitarios son un síntoma del carácter revolucionario democrático del movimiento: "Apaga la tele y enciende tu cerebro" (Le Monde, 11/12). Nada indica que el movimiento esté ganado por planteos ‘nacionalistas’, como se insinuó: "Los estudiantes recuerdan cuando la ley los obligaba a cumplir su servicio militar a los 18 años, mientras que ahora ha sido modificada permitiendo su aplazamiento hasta los 27 años para los estudiantes inscriptos en la universidad, para favorecer a ‘Marko’..." —el hijo de Milosevic— (ídem). El gobierno acaba de conceder una importante reivindicación estudiantil, "prometiéndoles considerar la rápida destitución del rector de la Universidad de Belgrado" (La Nación, 12/1). Otro aspecto de la crisis yugoslava es la actitud ‘prescindente’ de los gobiernos de Croacia y de Bosnia. Las burocracias restauracionistas de esas naciones, se han colocado objetivamente en el campo de la defensa del que acusaban de ‘criminal de guerra’ . La burocracia de Izetbegovic arguye su ‘temor’ a un gobierno que "no tenga suficiente autoridad para controlar al ejército y la policía" (Le Monde, 1/1). La lucha hace madurar constantemente a las masas y a la situación en su conjunto. Una masacre de Tien An Men, como sueñan los partidarios del ‘estado obrero’ del bandido Milosevic, acabaría con los masacradores.

Cuando se debatía entre una completa capitulación ante el gobierno y la declaración de un nuevo paro general, dos fallos judiciales le dieron un breve respiro a la política sin destino de la burocracia de la CGT. Es cierto que el fallo que declara inconstitucional los decretos anti-laborales y el que establece no innovar en su aplicación, muestran la fisura creciente del aparato del Estado desde el derrumbe del ‘plan Cavallo’. Pero esos decretos no cambian nada los fundamentos de la situación, que es la decisión del gobierno de imponer la liquidación de las indemnizaciones y los convenios de trabajo, además de la ‘desregulación’ y privatización de las obras sociales y el Pami. Esta decisión no puede ser revertida por vía judicial, toda vez que el conjunto de las patronales y del Estado respaldan a fondo la ‘flexibilización’. El gobierno finge una negociación con la CGT mientras apela los fallos, con la clara intención de ‘tener agarrada’ a la burocracia para cuando las apelaciones reviertan lo decidido en primera instancia. Lo que está ocurriendo es nada más que un ‘blanqueo’ de los conciliábulos que la burocracia mantenía con el gobierno en secreto, pero a los gritos. El temario no ha cambiado; las reivindicaciones las presenta el gobierno, la burocracia no reclama nada. Pero alcanzó este ‘blanqueo’ para que el MTA no solamente regresara al Consejo Directivo de la CGT, sino que además se anotara en la negociación. No hace falta tener el oráculo para predecir que esta negociación habrá de fracasar como las anteriores y que producirá una crisis en la CGT mayor a las de antes. El gobierno no renuncia al fondo de la cuestión, que es la ‘flexibilidad’ a rajatablas. Las patronales prosiguen sin pausa la ‘reconversión’ de trabajadores estables a precarios. Los contratos ‘flexibles’ significan además un espectacular ‘ahorro’ impositivo que ahonda el déficit fiscal y aumenta la deuda pública. Las patronales están interesadas, por sobre todo, en terminar con la indemnización por despido; aceptan que las otras ‘reformas’ laborales entren en vigencia en un plazo más largo. La tendencia a la capitulación completa es común al conjunto de la burocracia, como lo demuestra la aceptación, por parte de la CTA, de los despidos en masa en Fabricaciones Militares de Córdoba, y a la ausencia de un plan de lucha conjunto de los institutos de salud y técnicos afectados por despidos y no pago de los salarios. En varias regionales, los burócratas se encuentran negociando su inclusión en las listas para las elecciones parlamentarias de fin de año; es lo que ocurre en Córdoba con la burocracia de empleados públicos y de docentes. Pero la crisis de este esquema es inevitable, en primer lugar como consecuencia de la agitación y de las luchas que provocará el creciente derrumbe económico de las masas. Desocupados, estudiantes, trabajadores provinciales, trabajadores usuarios de la salud, los trabajadores y la pequeña burguesía afectados por la presión impositiva. El otro aspecto de la próxima crisis tiene que ver con la crisis de conjunto del gobierno y del peronismo, que impide anudar un acuerdo político del PJ con la burocracia sindical en relación a las elecciones. Para la burocracia sindical, la pérdida aún mayor de posiciones parlamentarias sería una señal de que va a ser barrida de otras posiciones de privilegio, como su monopolio de las obras sociales. Quienes siguen con la costumbre de estimar las perspectivas del movimiento obrero de acuerdo a la línea política de la burocracia, se van a equivocar, porque va a ser al revés; la burocracia va a remolque de los acontecimientos, como lo demostró el último paro general. Las consignas siguen siendo: retiro de los proyectos anti-obreros del Congreso; fuera el gobierno del Pami; seguro de 500 pesos a los desocupados; aumento de salarios y jubilaciones, pago inmediato y en efectivo de los montos establecidos en los fallos judiciales, extensivo a todos los jubilados; derogación de las leyes que encarecen las obras sociales; fuera el imperialismo anglo-yanqui de Malvinas; no pago de la deuda externa; que la crisis la paguen los capitalistas. Preparemos la huelga general indefinida, por medio de la agitación, la organización y las luchas.

Con esta resolución política culminó el V° Congreso, realizado en el local del PT, en La Cruz de Carrasco, los días 21 y 22 de diciembre, con la asistencia de congresales de Montevideo, del interior y un delegado del Partido Obrero de la Argentina. Desarrollo del Congreso Con la elección de la Mesa, de inmediato se pasó a considerar y aprobar el Orden del Día, que fue el siguiente: 1) Informe de Actividades. 2) Informe sobre Situación Política. 3) Elección del Comité Central y Comisión de Control. Durante dos días, se funcionó en régimen de plenarias y comisiones, producto de lo cual se acordaron distintas RESOLUCIONES. El Congreso ha señalado que las perspectivas de la evolución de la crisis económica internacional son de un agravamiento de la guerra comercial, de las crisis bancarias y financieras y de una tendencia a un crack de una magnitud incluso mayor a la caída de las bolsas de 1987. Gobiernos y partidos burgueses ya reconocen y discuten abiertamente dicha situación; esto significa una derrota ideológica de la burguesía. Los capitalistas son incapaces de ofrecer una perspectiva a las masas que resuelva la desocupación y la miseria. Los planteos de privatizadores y desreguladores ya han fracasado y no pueden ganar el respeto de las masas. Por ello planteamos que el gobierno blanquicolorado anunció su programa económico para el año 1997, achicamiento del Estado, excedentarismo, reducción de salarios públicos, desindexación salarial para los privados, mayor endeudamiento ante el crecimiento del déficit fiscal producto de la reforma previsional, privatización de UTE, Reforma de las Cajas de Jubilaciones Paraestatales, ley de inversiones y flexibilidad laboral. Nuestro Congreso lo denuncia. Este programa abiertamente antiobrero, que aparece ante los trabajadores como una perspectiva de mayor desocupación y miseria, debe ser encarado por un gobierno débil y golpeado políticamente. Nos referimos concretamente al resultado del plebiscito, donde un 50% por el NO significa una derrota gubernista y de sus aliados del SI, denota su enorme fragilidad y un repudio de las masas. Por ello hay que darle contenido a la consigna ORGANICEMOS LA LUCHA PARA DERROTAR AL GOBIERNO CAPITALISTA. El Congreso hace hincapié en el papel del movimiento obrero, en que es necesario que se lance a la lucha para enfrentar la ofensiva capitalista a través de un programa de reivindicaciones obreras. Se analizó también el papel de la burocracia sindical, su crisis, el triunfo en el VI° Congreso del PIT-CNT de resoluciones promovidas por la Coordinación Sindical Clasista (con base en el SAG, SUNTMA, SUDORA), que ha expresado la pérdida del control de la Central sindical por el ala derechista de la burocracia, que por primera vez quedó en minoría sobre la reforma de estatutos y en resoluciones políticas y programáticas. De toda esta situación, decimos que actualmente el gobierno no está jaqueado por las luchas de masas, pero existen elementos que permiten pronosticar una perspectiva de ascenso de las luchas obreras y populares. Dentro de toda esta situación, tenemos en cuenta el fenómeno Vázquez a raíz de su ´triunfo´ en el plebiscito, que lo coloca como árbitro y recambio de los capitalistas ante el agotamiento del gobierno blanqui-colorado. Ahora, con un dominio aplastante, con la unanimidad del FA, después de sus ‘radicalismos electoralistas’, va a concretar su Programa de derecha. Los ‘radicales’, la izquierda del FA, va a participar de este proceso cada vez más comprometida, cómplice (no será sólo el abrazo con Astori y Seregni), lo que plantea su liquidación política. Sintetizando, en función de esta caracterización con relación a la crisis del régimen político y a la emergencia de un período de grandes luchas, el Partido de los Trabajadores levanta un programa que expresa intereses y reivindicaciones de la clase obrera y de los explotados. Durante este período de luchas ha surgido una camada de activistas y militantes obreros y estudiantiles que ha chocado con la burocracia sindical; por ello el PT impulsa la organización de un Comité de acción gremial y política como un terreno de acción común y deliberación política, que plantee la necesidad de la construcción del Partido Obrero y de una organización de masas de la juventud por el socialismo. Este es el planteo hacia el activismo juvenil y antiburocrático, para recorrer juntos una experiencia de luchas y de organización política.

Ha pasado relativamente desapercibido el hecho de que los burócratas de la CGT están haciendo circular la versión de que presentarían candidatos propios para las elecciones parlamentarias de fin de año. Rodolfo Daer insinuó esta posibilidad cuando especuló que los diputados de Duhalde no apoyarían la posición de la CGT en el Congreso, con respecto a los proyectos de ley de ‘flexibilización laboral’. Se disolvería en este caso la Mesa Duhalde Presidente, que pocos, sin embargo, notan que funcione. De acuerdo a un trascendido que recoge La Razón (3/1), "La idea es conformar listas con profesionales y personas de renombre para sacarle el apoyo histórico que ha tenido el justicialismo en compulsas electorales de parte de los organismos sindicales". Como se puede ver, en la mejor de las hipótesis, la burocracia de la CGT no pretende formar un partido y menos aún de carácter obrero, sino transferir la responsabilidad parlamentaria a otro elenco de personas ajenas a la clase obrera. Esto se explica, no en razón del ‘renombre’ de los eventuales designados, sino por el hecho de que la mayoría del medio profesional vinculado a la CGT coincide con ésta en la privatización de las jubilaciones, de los accidentes de trabajo y, parcialmente, de la salud (autogestión hospitalaria y Programa Médico Obligatorio para Obras Sociales). También coincide con la ‘flexibilización’ en lo relativo a la polifuncionalidad y a la desregulación de horarios y jornadas de trabajo. Lo que le importa a la burocracia cegetista es exclusivamente el monopolio sindical de la relación obrero-patronal. Pero aun la lista de profesionales de renombre sería de improbable tramitación, porque incluso para eso es necesaria una estrategia política, que la burocracia de la CGT no tiene en absoluto. El proyecto es una ilusión o el pasatiempo de un vivo.

Los 17 compañeros despedidos del taller de Polvorines quedaron finalmente fuera. El resto de los talleres intentaron una resistencia con quites de colaboración. Pero ni la UTA, ni el cuerpo de delegados, fueron capaces de salir a la lucha frontal para frenar a la empresa. Los despidos fueron una provocación muy clara de la patronal, en momentos que el activismo y sectores de delegados venían preparando la resistencia a la política patronal. Que consiste en ir imponiendo una racionalización, reducción de personal y flexibilización de las condiciones de trabajo, mediante persecuciones, sanciones y despidos, la cesión a contratistas de tareas que hoy hace Metrovías o incluso el pasaje de personal de Metrovías a las contratistas (llamado "tercerización"). Como parte de esta política ya hubo, previamente, 30 despidos en el taller de Once. En esa oportunidad, una asamblea de más de 200 trabajadores del subte tomó importantes resoluciones: 1) rechazar la "tercerización", 2) nombrar una representación especial de 6 miembros del cuerpo de delegados y la UTA, para iniciar un reclamo a la empresa, consistente en dicho rechazo a la "tercerización" y otras reivindicaciones relacionadas con concursos y condiciones de trabajo en el personal de líneas, 3) comenzar un plan de lucha, si la empresa se mantenía en la política de despidos o desplazamiento de trabajadores. Pero a partir de ese momento, la dirección de UTA y un sector de delegados que se reclaman de izquierda, lanzaron una campaña contra las resoluciones tomadas. Bloquearon el accionar de la comisión especial de delegados, y desconocieron las resoluciones de la asamblea con el argumento de que eran ‘ultras’ o de que la representación de las líneas en la asamblea era minoritaria en relación a la de los talleres. Que las líneas están más atrasadas, que no estaban en condiciones de parar, que "la gente no da", etc. Argumentos éstos que no fueron planteados en la asamblea, donde no hubo mociones encontradas. Y al revés, suponiendo que existiera ese "desnivel" (muy cuestionado por activistas de las líneas que afirman que los que "no dan" son algunos delegados), las resoluciones de la asamblea debieron ser llevadas a todos los sectores para abrir el debate y enriquecer las medidas de organización, a fin de preparar la resistencia a la ofensiva patronal en curso. A partir de allí, una sola reunión con la empresa, de la que no se extrajeron conclusiones ni continuidad, aprietes patronales y un par de despidos que pasaron sin reacción. Y luego, los 17 despidos de Polvorines, que debieron ser respondidos en la línea de lucha que votó la asamblea general. Los que salieron, de espaldas a las resoluciones tomadas en común, a proclamar que no se puede luchar, crearon las condiciones de su propio pronóstico. La campaña para "echar para atrás", que incluyó rasgos de macartismo contra el activismo más decidido, culmina "demostrando" que "la gente no da". Es necesario un balance de los activistas para retomar la línea de la lucha contra la "tercerización" y los despidos. Reactivar la comisión de delegados, el pliego de reivindicaciones y las tratativas con la empresa. Al primer nuevo despido, asamblea y organización del paro. Como los compañeros choferes de UTA de Transporte del Oeste y los de "La Perlita", que con una lucha decidida quebraron a las patronales.

El 4 de octubre, la Lista Rosa se impuso con más del 50% de los votos en las elecciones de renovación de Comisión Directiva Provincial de la ADOSAC. Ese mismo día ganaba por abrumadora mayoría la filial Caleta Olivia. Fue el inicio de una seguidilla de triunfos que se continuó con las elecciones de los vocales docentes en el Consejo Provincial de Educación, órgano de conducción de la educación en Santa Cruz. En estas elecciones con voto obligatorio, la Rosa ganó las dos vocalías en disputa: en representación de las escuelas públicas y en representación de las escuelas privadas. Ya en diciembre, la Lista Rosa ganó como única lista la Comisión Directiva de la filial Río Gallegos y también la elección de los congresales de Río Turbio. La representatividad, por lo tanto, de nuestra Lista, es incuestionable. Sin embargo, en una resolución tramitada en secreto sin que nosotros conociéramos las novedades del expediente, y sobre la base de un verdadero montaje de mentiras y contradicciones, el Director Nacional de Asociaciones Sindicales resuelve el 30 de diciembre (un día hábil antes de asumir el electo secretario general, Mercado, su cargo) NO CONVALIDAR el proceso electoral del 4 de octubre. SE TOMO TRES MESES PARA MONTAR ESTA PROVOCACION. De entrada sabíamos que el gobierno buscaría algún pretexto para no entregarnos la conducción del gremio más numeroso y organizado de la provincia, pero la contundencia de nuestro triunfo había sido tal, que no encontraban la manera de hacerlo. Así llegaron, vacilando, hasta la fecha de asunción del mandato y sacaron una resolución que va a entrar en la antología de la arbitrariedad, el intervencionismo y la estupidez. Ya un plenario de la Lista Rosa del 14 de diciembre había decidido que si se planteaba alguna maniobra para impedirnos asumir, teníamos que enfrentarla decididamente, y asumir igual, defendiendo la voluntad de los afiliados. El 2 de enero asumimos al mediodía en la filial Gallegos, y en la Conferencia de Prensa ratificamos la decisión de asumir también en la Provincial. Todos los compañeros del secretariado electo viajaron desde sus localidades para estar presentes. Posiblemente, ni Moyano —el secretarios general— ni el gobierno esperaban de nuestra parte esta actitud, que fue tapa de los diarios durante casi una semana. Los compañeros del interior se quedaron y llegaron más. Las filiales y hasta los normalizadores de algunas de ellas respaldaron la actitud de la Comisión electa, y comenzaron a llegar adhesiones. El asunto se desbloqueaba por diversos caminos: algunos pronunciamientos de concejales y comités radicales del interior llevaron a la UCR de Gallegos también a pronunciarse solidariamente. La nota de CTERA al Ministerio de Trabajo reclamando por la anulación de la resolución 133 y el respeto al resultado electoral, empujó a que también se definiera la CTA. Las adhesiones del MTA y otros gremios nacionales, rompieron las dudas de algunos de los gremios de la provincia. A pesar de estar en período de vacaciones, con un elevadísimo porcentaje de docentes fuera de Santa Cruz, el activismo de la Lista Rosa supo responder: "En el fondo nos hicieron un favor", comentaba un compañero, porque la Comisión se ha consolidado mucho antes de lo esperado, cada Secretaría ha ocupado y puesto en marcha sus tareas, todos los días nos reunimos y en definitiva los vamos a hacer retroceder. La provocación de no dejarnos asumir ha generado sobradamente los anticuerpos que van templando a la nueva conducción como una organización para la lucha. Del otro lado de la situación santacruceña, en el poder las cosas van mal. Menem anuló por decreto la Zona Franca minorista y ha estallado el negociado de la exportación fraudulenta de los calamares, tan importante o más, por su monto, que la del oro. Ante esta situación, la ADOSAC planteó la necesidad de una reunión urgente de gremios, con el fin de organizar un reclamo salarial del 40%, que era lo que según el gobierno iba a bajar el costo de vida con la Zona Franca. El sábado está previsto un festival de rock en solidaridad con la ADOSAC, con lo cual los jóvenes rockeros toman partido en esta lucha. También los estudiantes del Centro, de la Universidad, se han pronunciado y reclamado al Ministerio de Trabajo. SE HAN DADO PASOS DECISIVOS pero LA RESOLUCION TODAVIA NO SE HA ANULADO, y se intenta ahogar económicamente a la Asociación, que está privada del manejo de sus propios fondos por la arbitrariedad del Ministerio. Llamamos a redoblar la campaña de adhesiones y a enviar telegramas al Director Nacional de Asociaciones Sindicales en reclamo del reconocimiento legal a los representantes legítimos de los docentes santacruceños.